Fuente: http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/10/26/44580.php
Organismos vinculados a esta problemática analizaron los avances y retrocesos de esta norma a doce años de su sanción en la provincia.
Señalaron que está pendiente la buena voluntad como política pública de que se sostenga en el tiempo y se le otorgue un presupuesto acorde.
Neuquén > La implementación de un programa provincial donde se establezcan las responsabilidades de quienes desarrollan tareas en instituciones públicas respecto a los procedimientos de atención en el caso de víctimas de violencia familiar, fue una de las conclusiones del foro realizado el pasado viernes en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue donde se analizaron los avances y retrocesos de la Ley Provincial 2.212.
Al cumplirse doce años de la sanción de la norma sobre atención de la violencia familiar, el Consejo Provincial de las Mujeres, la Dirección de Perspectiva de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del municipio, el Servicio de Prevención en Violencia Familiar y la Dirección de Áreas Sociales del hospital Castro Rendón, reflexionaron sobre la aplicación de la ley en los ámbitos competentes.
Los mencionados organismos, organizadores del foro, destacaron que el encuentro sirvió para reformular, ampliar o corregir, pensando siempre que los instrumentos que se construyen deben estar al servicio de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad y riesgo.
«Este foro sirvió para contextualizar en estos nuevos escenarios sociales y analizar qué pasa con la violencia de género, qué sucede con los dispositivos de atención a víctimas de violencia familiar, qué ocurre con las diferentes esferas del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los municipios, y especialmente en la provincia y en cada una de sus localidades», indicó María Angélica Riquelme, del Consejo Provincial de las Mujeres.
Destacó que a doce años de su implementación, la Ley 2.212 necesita de «algunos retoques». «Es fundamental que existan taxativamente en la ley las responsabilidades de cada área de acuerdo a los marcos jurídicos para lo cual es imprescindible capacitar a los operadores que trabajan en las instituciones públicas».
Por otra parte, Riquelme señaló que esos cambios deberán tener en cuenta la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en marzo de este año, que propone un abordaje integrador sobre el tema al contemplar la violencia fuera del hogar, por parte de parejas no convivientes o de ex parejas, los hostigamientos físicos, sexuales, psicológicos, la violencia institucional y mediática, entre otras formas de violencia contra la mujer.
La integrante del Consejo Provincial de las Mujeres sostuvo que «ha habido avances en la elaboración de los protocolos de abordaje de la violencia en la Policía y en los hospitales pero que aún resta que la buena voluntad se imponga como política pública, que se sostenga en el tiempo y se le otorgue un presupuesto acorde».
Riquelme no dejó de resaltar el trabajo de todas las organizaciones vinculadas con la violencia de género «que con mucho esfuerzo vienen trabajando fuertemente en esta problemática y que no miran para otro lado porque saben muy bien que todo esto causa mucho dolor, deja secuelas en la vida y en la salud de las personas víctimas de algún tipo de violencia y que en algunos casos llega hasta la muerte».
Mayor demanda
Valeria Amstein, de la Dirección de Perspectiva de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del municipio, sostuvo que la sanción de la Ley 2.212 fue un avance importante «en cuanto a la intervención del Estado y al desarrollo de políticas públicas sobre violencia familiar», en los últimos años se registraron retrocesos en relación al fortalecimiento de los dispositivos de atención y prevención que deben existir para la aplicación de la ley. «Hay cada vez mayor demanda, producto de la mayor visibilización del problema, sobre todo por parte de la sociedad civil, y cada vez menos recursos para dar respuesta a esta demanda creciente». «El foro sirvió para colectivizar estas visiones y poder proponer al poder político medidas a tomar», agregó.
Desde la tarea que el área a su cargo realiza diariamente con las mujeres víctimas de violencia, Amstein consideró necesario «avanzar en la legislación como en las políticas públicas del Ejecutivo». «La demanda es cada vez mayor, el problema de la violencia familiar afecta a muchísimas mujeres, pero claramente no es una prioridad para el Estado», concluyó.
Capacitación
«El tratamiento de la violencia en los espacios de denuncia es fundamental, creemos que es necesario que la Policía tenga más capacitación sobre el tema», advirtió Marina Pacheco, del Servicio de Prevención en Violencia Familiar.
«La violencia familiar está enmarcada dentro de lo que es la violencia de género y en nuestra provincia no escapa a lo que sucede a nivel nacional y mundial. Es un problema que se ha empezado a hacer cada vez más visible y actualmente las legislaciones han empezado a actualizarse, por ejemplo el caso de la Ley 26.485 que incluye la violencia en todos los contextos no sólo el familiar. Es una ley muy progresista pero que es fundamental bajarla al marco jurídico de cada provincia».
Precisó que la violencia hacia las mujeres, niños y niñas tiene relación con un cambio subjetivo a nivel de la comunidad. «Tiene que ver con poder cambiar las pautas culturales, creer que la mujer tiene menor jerarquía que el varón; más allá de que en las leyes se habla de igualdad en la práctica esta igualdad no se da. Esto no sólo se da en la sociedad sino también dentro de una familia. Y esta desigualdad es la que genera violencia».
Pacheco comentó que en la actualidad el Servicio de Prevención en Violencia Familiar realiza 40 tratamientos nuevos por mes de las 320 denuncias por violencia familiar que llegan a los juzgados de Familia. «A lo largo del año tendremos unas 400 situaciones en tratamiento y no podemos atender toda la demanda porque el servicio no dispone de los recursos humanos suficientes ya que está compuesto por dos trabajadoras sociales y 7 psicólogas. Estamos atendiendo los más urgentes debido a la insuficiente cantidad de profesionales que tenemos en el área, ya que nuestro servicio consiste en un asesoramiento que tiene continuidad en el tiempo».
Trabajar en la subjetividad
Vinculada al Servicio de Violencia Familiar en 1992, la psicóloga Anai Guillem expresó que en aquellos años «había un vacío legal, una dificultad enorme para resolver el problema de muchas mujeres víctimas de violencia». «Con el tiempo fuimos realizando un aprendizaje sobre una problemática que era casi desconocida, que estaba muy oculta y se fue trabajando en forma interdisciplinaria construyéndose un proyecto de ley a partir de la experiencia y el trabajo de muchos actores», recordó quien actualmente preside el Colegio de Psicólogos de Neuquén.
Guillem recordó que antes se utilizaba el término «mujeres maltratadas», es decir «que no se colocaba a la mujer como víctima cuando era un aspecto lamentable y doloroso de su vida que tenía que sufrir». «El cambio en estos últimos años mostró que nos interesa esa mujer para atenderla en su subjetividad. Quiero decir, correr a la mujer de esa posición de víctima de violencia y poder recuperarla en su capacidad de pensar, de sentir, de expresar lo que da lugar a desarrollar una serie de recursos para ir resolviendo sus problemas junto al equipo que la acompañe», describió la psicóloga.
Conclusiones
Entre las conclusiones arribadas en el foro realizado se destacan la importancia de la capacitación incorporando la violencia familiar en la currícula de formación en todos los niveles educativos; la modificación del Código Penal estableciendo la violencia familiar como delito; la necesidad de incorporar en el texto de la Ley la palabra «mujer» como sujeto de derechos y que la violencia familiar vulnera los derechos humanos de las personas; no se cumple la privacidad y reserva de identidad del denunciante, la creación de una escuela de capacitación provincial, la comisión de seguimiento y el registro único de datos.
Por otra parte, señalaron que la reiteración de las denuncias por 2.212 muestran una cronicidad y riesgo permanente, sin embargo siguen siendo leídas desde las instancias judiciales y policiales como una especulación de las víctimas en relación a la utilización de las medidas de protección que establece la ley; se observa un retroceso al haberse cerrado las oficinas por 2.212 dentro de las comisarías; incorporar la obligatoriedad de un tratamiento para las víctimas y victimarios con un plazo mínimo de sesiones y la elaboración de informes por parte de los equipos intervinientes; que los registros estadísticos de los juzgados también establezcan indicadores de riesgo.
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