La Cámara baja bonaerense aprobó anoche un proyecto de ley que establece un cupo habitacional para ser adjudicadas a mujeres golpeadas o acosadas intrafamiliar. La iniciativa, aprobada por todas las bancadas tiene la intención de propiciar la igualdad de oportunidades en la provincia.
El proyecto de ley presentado por la legisladora provincial Sandra Cruz, que preside de la Comisión de Políticas Sociales de Diputados, establece, en su artículo primero, una asignación del cinco por ciento de las viviendas construidas en el territorio provincial a partir de planes nacionales y provinciales para que sean adjudicadas a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, según los alcances de la ley 12.569 de violencia familiar.
La propuesta parlamentaria, que ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, revela un especial interés dentro de las perspectivas y problemáticas de género que “exige una solución de acción positiva”.
Al respecto, la legisladora -que responde al Frente Transversal Nacional y Popular- señaló que “buscamos propiciar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la provincia y generar condiciones para la reinserción social de mujeres que sufren esta problemática”.
Por otra parte, Cruz indicó que “el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo son derechos fundamentales e inalienables del ser humano que debemos alentar en todas sus formas”.
El proyecto, que luego de su aprobación fue girado a la Cámara de Senadores, estipula la creación de un Registro Especial en todos los distritos bonaerenses a los efectos de empadronar a las personas que estén en condiciones de ser beneficiadas.
Asimismo, el proyecto de ley establece que cuando las solicitudes no alcanzaren a cubrir el cupo de cinco por ciento contemplado en el artículo 1 de la presente ley, las unidades sobrantes del cupo podrán ser adjudicadas libremente a los solicitantes inscriptos en el régimen general.
Por último, la autoridad de aplicación realizará una evaluación anual de la implementación del cupo, de los niveles de demanda y la capacidad de cumplimiento, para proponer reformas en su implementación, sugerencias de ampliaciones si esto fuese necesario y toda otra información que pueda ser de utilidad pública en la materia.
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