Más provincias trabajan en un proyecto común contra la violencia doméstica

Provincia de Santa Cruz

07/11/2009 - El Tribunal Superior de Santa Cruz firmó esta semana un convenio con la Corte Suprema, para facilitar el acceso a justicia a víctimas de esa problemática. Ya son 20 las jurisdicciones que suscribieron acuerdos similares en búsqueda de estrategias comunes

A poco más de un año de la inauguración de la Oficina de Violencia Doméstica, el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz se sumó este viernes al convenio promovido por la Corte Suprema de la Nación que facilita el acceso a justicia para las víctimas de aquella problemática.

Así, la vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación, Elena Highton de Nolasco, y la ministra del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz Alicia de los Ángeles Mercau firmaron un convenio de cooperación..

Tras el acuerdo firmado con el Máximo Tribunal santacruceño, ya suman 20 las jurisdicciones del país que, tras la suscripción de ese tipo de convenios, trabajan en estrategias comunes para asistir a las víctimas de violencia familiar.

Las provincias que lo conforman son: Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, la Ciudad de Buenos Aires y, la última incorporada, Santa Cruz.

Gracias a este acuerdo, se lleva a cabo una política de asistencia a la víctima de violencia doméstica con el consenso de los otros poderes del Estado, lo que permite establecer derivaciones a sistemas de salud, patrocinio jurídico y refugios, entre otros.

Los acuerdos suscriptos entre la Corte y los superiores tribunales de justicia de los estados provinciales se firmaron con el fin de desarrollar actividades conjuntas de investigación, capacitación, difusión, promoción y elaboración de estadísticas relativas a esta problemática de alcance nacional.

Cabe recordar que el pasado jueves, Highton de Nolasco presentó el primer informe estadístico anual de la Oficina de VIolencia Doméstica. El documento muestra que cerca de 5.000 casos fueron derivados a la justicia Civil con un nivel de respuesta del 73 por ciento a través de medidas concretas dispuestas por los jueces.