Mujeres indígenas sufren más violencia

Fuente: Por Gabriela Barcaglioni

Las mujeres indígenas bolivianas sufren más violencia que las de otras etnias y clases sociales. Desde el Estado no hay leyes progresistas para erradicarla. Se sigue fomentando la reconciliación con la pareja ante un caso de violencia.
Durante el primer semestre de 2009 se produjeron 17 femicidios en Bolivia, según el registro que publica el Observatorio 'Manuela' violencia, feminicidio y mujeres en riesgo del CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la Mujer ); además el Servicio Alternativo Psico-Socio-Legal de la organización informó que de 203 mujeres en situación de violencia, 28,57% de ellas denunciaron haber sido amenazadas de muerte, intentos de asesinato y/o violencia extrema por golpes con objetos contundentes, quemaduras en la cara y el cuerpo, haber sido obligadas a ingerir alimentos envenenados y/o ser atacadas con armas punzo cortantes.
Ser mujer, indígena y pobre en Bolivia expone en términos concretos, en experiencias cotidianas, con nombres y apellidos, la raíz cultural de la violencia de género. En otros sectores de la sociedad boliviana, si bien la vulnerabilidad no es tan extrema, la violencia que los hombres ejercen sobre ellas también las convierte en víctimas de una situación que tiene su explicación última en el patriarcado, una matriz cultural que trasciende las barreras geográficas y se registra en sociedades que en apariencia se describen como disímiles.
Un informe reciente de la Coalición Nacional formada por diversas organizaciones sociales señala que 'la ausencia de normatividad e impunidad en casos de feminicidio, violencia sexual y violencia intrafamiliar hace que entre 2003-2004 se recojan datos alarmantes sobre esta problemática: son 439 mujeres asesinadas por esposos, amantes, concubinos, parientes o vecinos, de los cuáles tan sólo 18 casos tienen sentencia y 2 se encuentran en tramitación. Evidenciando que el 88% de mujeres son víctimas de algún tipo de violencia frente a un 12 % de hombres'.
Mujeres con polleras
Para Liliana Aguirre, periodista autora del artículo 'La Violencia se estrella contra las polleras' que describe a través de la crónica de un hecho cotidiano como la etnia y el género vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, señala que 'existe una mentalidad y acción discriminatoria y racista en la sociedad y que ello hace que se interiorice y opere diferentes tipos de violencia que, en muchos casos, se manifiestan sutilmente y para las personas y se tornan tan cotidianas que ni se percatan de ellas'.
Para la corresponsal de la agencia de noticias SEMlac, 'las mujeres con polleras, indígenas o cholas (como se las quiera llamar) son las más afectadas porque no existen doctoras cholas, jefas de prensa, catedráticas universitarias, entre otras profesiones destacas y ellas usualmente trabajan como comerciantes, empleadas doméstica o cocineras'.
Reconoce no obstante que desde que Evo Morales asumió la presidencia en Bolivia, el racismo contra los indígenas es explícito en los debates públicos, los medios de comunicación y la vida cotidiana, pero sin embargo 'ser pobre e indígenas en Bolivia puede volverse una pesadilla' sobre todo para las mujeres.
De forma concluyente expresa al ser consultada sobre la inclusión de la violencia de género como un tema de agenda política, que 'no lo es, no hay ninguna ley que busque erradicar la violencia de género, es más, cuando una mujer denuncia a su pareja por agresión, las autoridades policiales que manejan el caso le recomiendan conciliarse e irse a casa de la mano de su agresor'.
Propuestas simplonas frente a mandatos culturales
Afirmando la complejidad de la sociedad boliviana, los factores que agregan a la violencia contra las mujeres elementos étnicos María Galindo, de Mujeres Creando opina que 'en Bolivia conviven perfectamente una serie de mandatos culturales indígenas que son mandatos de sometimiento impermeables a la cuestión de la violencia contra las mujeres y plantea la intervención estatal-jurídica- policial como la base de solución sin hacer ninguna relación entre violencia policial y violencia contra las mujeres, sin hacer conexiones conceptuales básicas. Se trata por eso de una propuesta simplona que aísla la violencia intrafamiliar del conjunto de violencias sociales'.
La legislación vigente (art. 15 num. II de la Constitución Política del Estado) establece el derecho a una vida libre de violencia garantizando la prevención, eliminación y sanción de la Violencia de Género en ámbitos públicos y privados.
Al respecto, desde Mujeres Creando aseguran que 'hay una ley contra la violencia intrafamiliar que ha entrado como parte del paquete de 'equidad de género' elaborado por los organismos internacionales. Es muy similar a las propuestas en Perú o Chile o cualquier otro país de la región. Básicamente es una propuesta que evita el análisis de la violencia como parte de una relación de poder y dominación; evita el análisis detallado de la violencia como parte de un aparato cultural'.
La Coalición Nacional en su informe denunció 'la priorización de la reconciliación protegiendo la integridad familiar por los funcionarios judiciales' como un motivo que inducen a las mujeres víctimas a renunciar a sus derechos ante la Justicia.
La trama de prejuicios, mandatos culturales, la recurrente actitud de conciliar cuando una relación pone de manifiesto desigualdad de poder, las condiciones sociales, son solo algunos de los elementos que crean una estructura difícil de modificar para mejorar la condición de las mujeres en Bolivia y el derecho a vivir sin violencias.
El principal desafío parece estar centrado en desnaturalizar las violencias cotidianas, para lo cual la educación es una herramienta fundamental.
Ajustar la prevención a la sanción de los hechos que violentan a las mujeres.
Para Lourdes Peñaranda, del CIDEM, la incorporación de la figura de femicidio en la legislación penal del país, con una pena de 30 años sin derecho a indulto, sería una de las estrategias posibles para disminuir la violencia extrema, acabando con la impunidad que caracteriza este tipo de delito.
También desde distintas organizaciones sociales exigen que las normas tengan una orientación punitiva y no preventiva como una forma de revertir la situación de vulnerabilidad que caracteriza a las mujeres en Bolivia, especialmente a las mujeres indígenas y pobres.