Ocho de cada diez mujeres asesinadas no denunciaron"

Fuente: R. FERRANDO. VALENCIA

La presidenta del Observatorio de Violencia contra la Violencia de Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, está convencida de que es necesario continuar concienciando a la sociedad de la gravedad de los malos tratos. Montalbán lamenta que el mito de las denuncias falsas puede retraer a las víctimas a la hora de revelar su caso ante el temor de no recibir el respaldo que necesitan para romper la espiral de la violencia machista.
Foto: El País)

¿Por qué hace tanto daño a la lucha contra la violencia machista el mito de la denuncias falsas?
En la lucha contra la violencia machista es clave la sensibilización de toda la sociedad y garantizar la protección de las víctimas. El mito de las denuncias faltas presenta a las mujeres como farsantes, caprichosas o revanchistas. Este mito infundado puede rebajar el grado de sensibilización que la sociedad española ha conseguido. Además, puede retraer a las víctimas a la hora de denunciar la violencia que sufrenÉ temerán no ser creídas. Los datos e informes evidencian que las denuncias falsa en violencia de género son aisladas y excepcionales. Sólo una de 530 sentencias estudiadas apreció indicios de falsedad, según los magistrados expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Por lo demás, hay que decir que el sistema judicial está preparado para detectar y perseguir cualquier denuncia falsa.

¿Existe unanimidad entre los jueces? ¿Casos como el del magistrado de Familia de Sevilla son aislados?
Sinceramente creo que, en el ámbito judicial, se ha avanzado en la formación y sensibilización en este problema social.

¿Qué porcentaje de mujeres maltratadas calculan desde el Observatorio que no están denunciando?
Se calcula que unas 300.000. Las macroencuestas del Ministerio de Igualdad nos dicen que al año se producen unos 400.000 casos de violencia de género, de los cuales se denuncian en torno a 100.000. Por eso es tan importante que la víctimas que sufren malos tratos confíen en las instituciones y avisen de su situación.

¿Qué problemas están teniendo los jueces para proteger a las víctimas?
Los que derivan de las características propias de este fenómeno criminal. Es difícil obtener pruebas de cargo, pues normalmente son violencias dentro del domicilio y sin terceros testigos. Es difícil cuando las maltratadas renuncian o perdonan, pero los profesionales especializados conocen que el silencio o las versiones diferentes de lo ocurrido no equivalen a mentira, sino que la víctima suele presentarse temerosa y condicionada por la vinculación psicológica, económica o de otra naturaleza con el denunciado.

¿Están siendo útiles la batería de medidas de la ley integral contra la violencia sobre la mujer?
Tenemos que reconocer los avances. Contamos con mecanismos eficaces que castigan la violencia. En el ámbito judicial, la puesta en marcha de la especialización es un avance muy importante. Hoy, a diferencia de épocas pasadas, alrededor el 80% de sentencias dictadas por órganos judiciales son de condena, lo que demuestra que ha mejorado la recogida de pruebas de cargo, tan difíciles de obtener en este ámbito en el que la víctima está sujeta a presiones emocionales, económicas o familiares. En 2009 se han producido 55 dolorosas víctimas mortales, 19 menos que el año anterior. Hay avances, pero también tenemos que ser conscientes de las dificultades y obstáculos que se presentan en este empeño de eliminar la desigualdad.

¿Cuáles son la prioridades en la lucha contra el maltrato?
Una de las prioridades es que las victimas confíen en el sistema judicial y presenten la acusación, pues ocho de cada diez mujeres asesinadas por sus parejas no denuncian previamente. Otras, garantizar la protección y el respeto a las órdenes judiciales de alejamiento.

¿Qué medidas considera que se sería necesario que la Administración adoptara para proteger aun más a las víctimas?
Hay que seguir desarrollando e implantando los recursos previstos en la Ley. Avanzar hacia juzgados exclusivos que se dediquen sólo a esta materia, persistir en la formación especializada, y mejorar el derecho de información de la ofendida con asistencia jurídica antes de la interposición de la denuncia, para que así conozca plenamente sus derechos y la maquinaria que se pone en marcha. Todo ello acompañado de apoyo económico y social que permitan una nueva vida sin violencia, como son las ayudas para vivienda o para la incorporarse al mercado de trabajo.