Se sancionó hace más de un año y otorga herramientas para frenar la violencia de género, pero no se tuvo en cuenta en el presupuesto.
"Femicidios son los asesinatos de mujeres por parte de los varones motivados por el odio, por placer, o por sentido de propiedad sobre ellas”, definen desde la ONG La Casa del Encuentro, cuyo último relevamiento dio cuenta de que en todo 2009 se cometieron 231 crímenes de este tipo en la Argentina, 11% más que en 2008.
Y sólo en los últimos nueve días ocurrieron otros cuatro: el viernes 30 de marzo una mujer fue asesinada a palazos por su esposo en la localidad bonaerense de Dolores, mientras que en San Justo otro hombre mató a su pareja golpeándola primero con una maza de albañil y estrangulándola luego sobre la cama matrimonial. Un dato: en el primero de los casos el homicida ya había estado preso dos veces, por quemar a su primera mujer y por matar a otra, pero salió antes de cumplir la totalidad de la condena.
El martes 4 de mayo un hombre estranguló a su ex concubina, asfixió con un almohadón al hijo de ambos -de 3 años- y se quitó la vida colgándose de una soga en su casilla de Los Hornos. Y el jueves pasado, otro sujeto mató a su mujer, quemó el cadáver y lo enterró a un costado de las vías del tren, en la localidad de Valentín Alsina, enfurecido porque había sido despedido del trabajo.
A excepción del caso platense, cuyo responsable se suicidó, los de los otros tres fueron detenidos. La pregunta es, desde hace ya un buen tiempo, ¿estos homicidios no pueden evitarse a tiempo?
El 11 de marzo de 2009, y con los votos de 173 diputados, el Congreso nacional aprobó la ley contra la violencia de género, que otorga valiosas herramientas para instrumentar políticas públicas destinadas a prevenir y frenar el maltratato contra las mujeres. Pero ya pasó más de un año y la ley no sólo sigue sin reglamentarse (esto depende del Consejo Nacional de la Mujer), sino que en el presupuesto 2010 no se destinaron recursos para ponerla en marcha, según denunciaron desde la Coalición Cívica.
En un documento difundido a mediados de abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamó que se reglamente la norma y se le otorgue un adecuado presupuesto.
¿Cuáles son los beneficios concretos de esta ley de nombre extenso (“de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”)?
Algunos de los 45 artículos que la componen proponen hacer modificaciones de fondo en el sistema educativo para prevenir la violencia de género desde la escuela, fijan los ámbitos en los que se ejerce y definen los distintos tipos: física, psicológica, económica, patrimonial, sexual y simbólica.
Aunque aún no está reglamentada, algunos magistrados del fuero civil ya aplican las medidas cautelares previstas en la normativa y el tema -más allá de los papeles- está instalado a nivel judicial.
El viernes pasado, al elevar el pedido de prisión preventiva contra Juan Agustín Segovia (acusado de matar a su ex mujer Mónica Bauzá y sepultarla en su casa de Los Hornos), la fiscal Ana Medina hizo hincapié en el historial de violencia familiar, denuncias por agresiones físicas, constancias del expediente civil iniciado por la víctima por exclusión del hogar y varios testigos de esos episodios de violencia doméstica. Los mismos elementos tuvo en cuenta el juez de Garantías Fernando Mateos al ordenar su detención el pasado 8 de abril, 8 meses después de que el imputado denunció que Mónica había “desaparecido” de su vivienda de 68, entre 153 y 154. Los familiares de esta mujer de 43 años nunca creyeron que se hubiera ido sin decirle nada a nadie, abandonando a su dos hijos más pequeños, y no pararon hasta saber la verdad, que fue la más terrible.
“Se actúa después de que los hechos ocurren”
“Más allá de la reglamentación de la ley, lo que es lógico y necesario, hay que empezar a crear equipos inter y multidisciplinarios de violencia familiar que actúen de manera expeditiva”, opinó el psiquiatra forense Miguel Maldonado, haciendo hincapié en que “no hay organizaciones de este tipo y la Justicia actúa después de que los hechos han ocurrido”.
Claro ejemplo de ello es lo que sucedió el martes pasado en 611 entre 126 y 127, donde Rony Ernaldo Meza Rodríguez (31) estranguló a su mujer Lorena Gabriela Cáceres Miele (24) y asfixió con un almohadón a su hijo Josué Jesús (3), para luego escribir los motivos en una carta de dos hojas y colgarse en la misma habitación donde quedaron los cuerpos. La pareja estaba separada desde hacía un par de meses y la chica había denunciado maltratos y amenazas de parte de su concubino. Meza Rodríguez argumentó que haciendo lo que hizo podían estar “todos juntos para siempre”.
“El problema de la violencia intrafamiliar requiere más que la intervención de la Justicia -amplió Maldonado-; debe ser encarado como lo que es: un problema sanitario”. Según el especialista, un afecto a la violencia “enferma a todo el grupo familiar y la prevención es un aspecto muy importante. Hay que actuar rápidamente en cualquiera de las etapas en las que el problema aparezca”, a través de “un conjunto de profesionales”. ¿Cómo se debería proceder, entonces? Para Maldonado, es clave “excluir al miembro agresor de manera drástica y expeditiva sin que esto resienta el núcleo de la vida familiar, porque en muchos casos dependen de ese agresor para seguir comiendo”. En definitiva, esta problemática está atravesada por cuestiones culturales, sociales y económicas, y “así hay que abordarla”, concluyó el psiquiatra.
En otro de los casos mencionados en la nota principal, el imputado Héctor Montenegro (64), a quien en Dolores conocen como “El Loco”, ya estuvo preso dos veces: una por quemar a una de sus parejas con una plancha y otra, por matar a una mujer.
El viernes 20 de abril los vecinos escucharon gritos y llamaron a la Policía, que acudió imaginando de qué se trataba, por los antecedentes de violencia doméstica. Se encontraron a Perla de los Angeles Etcharrén (40) agonizando debajo de unos cartones, con la cabeza destrozada a palazos.
El problema, reflejado en números
De acuerdo al relevamiento realizado por el área de Investigación de la asociación civil La Casa del Encuentro, el 29% de los 231 femicidios cometidos en 2009 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (66 casos); seguida por Santa Fe, con el 28,12% (28 casos); Córdoba, con el 21,9%
(21 casos).
Otro dato interesante del estudio es que el 27% de las víctimas tenía entre 19 y 31 años y
36% entre 31 y 50 años. El 29% de los hechos fueron perpetrados por la pareja de la víctima (esposo, novio o concubino), mientras que otro 30% fue cometido por un ex.
Con respecto a la modalidad de los ataques, 79 de las 231 víctimas fueron apuñaladas y 64 baleadas.
FUENTE: DIARIO HOY
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