CHUBUT: Avances en la ley de violencia intrafamiliar

Avances en la ley de violencia intrafamiliar

Jueces, fiscales y defensores de la justicia provincial, funcionarios del Poder Ejecutivo y profesionales de distintos servicios de protección y asistencia, se reunieron ayer en la Casa de Gobierno en un nuevo encuentro tendiente a consensuar la reglamentación de la ley de violencia intrafamiliar.

“La violencia intrafamiliar es una violación de los derechos humanos”, se resaltó en la reunión de ayer.El ministro de la Familia y Promoción Social, Marcelo Berruhet, responsable del organismo convocante, subrayó “la alta participación” de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia y definió al encuentro como “una primera aproximación de donde van surgiendo ideas y posicionamientos” para alcanzar una ley reglamentada “con el aporte de todos”.

“La violencia intrafamiliar es una violación de los derechos humanos y hay que tomarla como tal y desde esa base avanzar en todo lo que se pueda desde el Estado en asistir a quien lo necesite”, reflexionó Berruhet.

El ministro abogó por “entender que el Estado es uno solo” y estimó que esta perspectiva “nos permitirá avanzar mejor frente a problemáticas actuales”, admitiendo que “desde el Poder Ejecutivo hacemos obviamente la autocrítica y en eso estamos trabajando a la par de esta reglamentación de la ley”.

Al respecto dijo que ese trabajo apunta a “fortalecer respuestas ante todas las flaquezas que pueda tener el sistema. Lo mismo tiene que pasar en los otros Poderes”, sostuvo, instando a lograr “un abordaje en conjunto de un tema tan importante y delicado como es la violencia”.

“DERECHO VIVO”

Berruhet dijo que desde el Poder Ejecutivo se ha conformado un equipo interministerial y “se está en proceso de armar un consenso para que pueda salir la mejor reglamentación, que sea aplicable a lo que especialistas llaman ‘derecho vivo’, que pueda pasar del papel a la acción y que sirva a los ciudadanos”, indicó.

El ministro consideró que “se avanza bien” y destacó que “se ha comprendido que este proceso de reglamentación tiene que durar lo menor posible”, aunque advirtió que “tampoco es cuestión de apurarse porque sí” y adelantó que “nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario”.

Anticipó asimismo la propuesta de conformar una comisión interpoderes para que “lo más pronto posible se pueda realizar la reglamentación de la ley”.

El fiscal de impugnación de la Procuración General, Alejandro Franco, expresó al concluir el encuentro “la satisfacción por la convocatoria integral del Ministerio de la Familia” y estimó que la ley sancionada es “un instrumento normativo muy apto para empezar a corregir las situaciones de abuso de poder en el interior de las familias”. Aseveró que se aspira a “dar un tratamiento integral a una compleja problemática” y se refirió a “los distintos niveles de intervención según las competencias”. “La sola intervención en términos de sanción hay que tomarla de manera rápida para solucionar un problema que hace pico en un momento pero muchas veces ha mostrado su fracaso si no va acompañada de medidas de tratamiento”, indicó.

El fiscal Franco destacó también “el tratamiento interdisciplinario” entre las previsiones contempladas por la ley, señalando que “permite el desarrollo de planes educativos desde la escuela para hacer conocer situaciones que deben incorporarse como dañinos al desarrollo de las personas y de los grupos familiares”.

Mariela González, jueza de Familia del Juzgado Nº 1 de Esquel, por su parte, rescató el significado de la reunión y la presencia de representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial. “Es muy rico ver el intercambio de ideas y pese a las distintas miradas que se pueden tener hemos llegado a un consenso generalizado que cuando hablamos de la violencia familiar estamos hablando de los derechos humanos”, aseguró.

“A partir de la reforma que se le hizo a la Ley de violencia la operatividad fue inmediata en algunos lugares, en otros lugares se está demorando un poco esa operatividad, habría que analizar porque, supongo que tiene que ver a la resistencia al cambio que tenemos a veces en la misma gente del Poder Judicial. Pero se está implementado, al menos en Esquel”, sostuvo.

La juez esquelense valoró también que “las estadísticas son importantes. Me parece conveniente empezar a diagramar la elaboración de estadísticas a nivel provincial. Lo que se ve con una estadística bien hecha sirve para organizar políticas públicas, para prevención fundamentalmente”, indicó.

La representación del Poder Ejecutivo estuvo encabezada por el ministro de la Familia y Promoción Social, Marcelo Berruhet, y el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Daniel Real; en tanto que por el Poder Judicial lo hicieron también los doctores Martín Alesi, y María Fernando Palma, de los juzgados de familias de Rawson y Puerto Madryn; el doctor Guillermo Ledesma Lozano de la Defensa Pública Civil Puerto Madryn; las fiscales Susana Vilaseca (Trelew) y Antonia Suárez García (Rawson) y otros funcionarios.

Los objetivos

La ley sobre violencia intrafamiliar se sancionó en marzo del año pasado y contempla la articulación de acciones de los Poderes del Estado Provincial, los municipios y la sociedad civil para realizar las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia familiar.

El Ministerio de la Familia y Promoción Social cuenta con un programa específico para abordar esta problemática cuyos principales lineamientos son la atención integral, el funcionamiento de espacios intersectoriales y de una red de trabajo interinstitucional e interdisciplinario y la unificación de los criterios de atención, entre otros.

Con ese objetivo programó una serie de reuniones la última de las cuales se llevó a cabo el pasado miércoles 21 de mayo, en la Casa de Gobierno.

Durante el encuentro de ayer se avanzó en el tratamiento de las dificultades en la intervención actual, entre las que se detectan la ausencia de estadísticas precisas en los casos de violencia intrafamiliar y de recursos económicos específicos ante la emergencia y la disparidad y la disparidad interpretativa de la ley en los distintos estamentos judiciales.

El equipo interministerial del Poder Ejecutivo, conformado por representantes de los Ministerios de Educación, Gobierno y Justicia y Familia, acordó previamente una serie de propuestas que incluye el armado de un protocolo de intervención; la conformación de una red de seguimiento; creación de un fondo especial para víctimas; coordinación de un circuito de actuación que posibilite celeridad y operatividad para una rápida atención de las personas.

FUENTE: EL PATAGONICO.NET