Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el allanamiento cometido por policías y funcionarios del Poder Judicial estatal en las instalaciones secretas del refugio de alta seguridad Sin Violencia, para mujeres en situaciones de riesgo, como son parejas de policías, de sicarios o con problemas graves de violencia intrafamiliar.
Por lo anterior, exigieron al gobernador José Reyes Baeza y al presidente del Poder Judicial, Rodolfo Acosta, la destitución de los funcionarios y de los elementos policiacos, además de demandar seguridad para garantizar la continuidad de su trabajo.
El incidente se registró el pasado 9 de junio, cuando el grupo de 14 hombres, seis de ellos fuertemente armados, llegaron al local, que por ley debe mantener reservada su ubicación, y rompieron las cerraduras del inmueble en una diligencia del ramo familiar, consistente en la entrega de forma inmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.
El grupo iba al mando de Román García, oficial notificador, quien se negó a identificarse, sólo mostró una copia de un oficio signado por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, quien autorizó el uso de la fuerza pública.
Los denunciantes señalaron que “el mandato judicial” se ejecutó en un refugio de alta seguridad, el único de esas características en el estado de Chihuahua, cuya dirección era antes de ser violado por las autoridades judiciales y hombres armados, un lugar seguro para que mujeres de Juárez y del resto del estado pudieran preservar su vida.
Debido a esto y a que el oficio no señalaba domicilio para realizar la diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil encargada de su administración, el personal del albergue les negó la entrada.
Indicaron que se les hizo ver que los protocolos de este tipo de instalaciones impiden el ingreso de hombres y mucho menos armados, debido a que algunas de las víctimas son esposas o compañeras sentimentales de policías, sicarios o personas ligadas a la delincuencia organizada, y por motivos de seguridad.
Pero estas circunstancias fueron desdeñadas por los funcionarios, quienes ingresaron de forma violenta “aventando muebles, buscando bajo la cama, provocando una situación de psicosis colectiva en las mujeres y sus hijos e hijas que se encontraban en ese lugar que hasta esa fecha consideraban seguro”, se indica en el comunicado emitido de manera conjunta por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Refugio Sin Violencia.
La menor que buscaban no se estaba en las instalaciones como se les informó, se indicó.
FUENTE: DIARIO.COM.MX
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