martes, 5 de octubre de 2010

ARGIBAY RECLAMÓ CAMBIOS EN LAS LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS


La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay reclamó cambios en la legislación para que sea penado el cliente de las redes de trata de personas y advirtió que los programas oficiales de asistencia a las víctimas de ese delito "no tienen presupuesto ni personal especializado".

"El cliente debería ser penado porque es partícipe de mantener a la mujer en situación de inferioridad, de indefensión y de vulnerabilidad", enfatizó Argibay.

Sin embargo, la magistrada consideró que "no todo debe pasar por el Código Penal" y argumentó: "Tampoco quiero que la Justicia penal sirva para resolver todos los problemas".

La jueza expuso anoche en el encuentro regional "Derechos humanos, grupos vulnerables y trata de personas".

La cumbre comenzó ayer en la ciudad misionera de Posadas y finalizará hoy con la disertación, entre otros invitados, de la embajadora de Estados Unidos en Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez.

"Es importante dejar de repetir que tenemos programas magníficos para la trata, si los programas no tienen presupuesto ni personal especializado ni refugios para las víctimas. Necesitamos un mayor control, pero para eso necesitamos presupuesto, debemos disponer de medios y de tiempo", resaltó la jueza Argibay.

Hasta ahora, el gobierno nacional actualmente tiene en funcionamiento el programa Víctimas contra la Violencia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que coordina la socióloga Eva Giberti.

La ministra del máximo tribunal añadió: "No puede haber esclavos en la República Argentina. Estas personas (por las víctimas) son niñas, niños y mujeres jóvenes. No puede haber más esclavos sexuales".

En esa línea, recordó que "Argentina abolió la esclavitud en 1813 y fue precursora en castigar la esclavitud sexual en 1936" y consideró que, "después, se borró con el codo lo que se escribió con la mano".

Las declaraciones de la ministra de la Corte se produjeron luego de que la Cámara de Diputados fracasara esta semana por falta de quórum en su intento de debatir un proyecto que modifica la Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

En uno de los dictámenes, los legisladores habían incluído tanto el castigo penal para los "clientes" de redes de trata, como así también se había eliminado la figura del "consentimiento" para las personas mayores de 18 años.

fuente: la capitalmdp.cpm

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