sábado, 31 de julio de 2010

RIO GALLEGOS: 1º MATRIMONIO IGUALITARIO





NUESTRA ASOCIACIÓN ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER MATRIMONIO DE MUJERES EN LA ARGENTINA Y EN LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS, POR EL COMPROMISO EN LA QUE TODOS Y TODAS VIVAMOS INCLUÍDOS EN UN MUNDO SIN DISCRIMINACIÓN, Y EN LA QUE TODOS Y TODAS VIVAMOS CON LOS MISMOS DERECHOS.

viernes, 30 de julio de 2010

Nicaragua: OIM incluye al sector privado en reintegración de víctimas de trata


La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en conjunto con el gobierno de Nicaragua, organizó esta semana una reunión de empresarios con el objeto de incluir al sector privado en la reintegración económica de las víctimas de trata de personas.
El cónclave se celebró en el poblado de Chinandega –al noroeste de Managua, cerca de la frontera con Honduras –, uno de los principales lugares de origen de las víctimas.

Aunque aún existe poca información sobre la magnitud del tráfico de personas en Nicaragua, se sabe que es un fenómeno de mayor incidencia en las áreas fronterizas donde se registra una pobreza extrema.

La directora del Proyecto de la OIM contra la Trata, Brenda De Trinidad, señaló que la discusión del tema con empresarios es una idea novedosa. “Las conversaciones se centraron en cómo el sector privado puede ayudar a las mujeres provenientes de familias marginadas a superar la pobreza extrema y la violencia”, indicó.

De Trinidad explicó que este proyecto es el único en Centroamérica que busca fortalecer la red de apoyo local de autoridades, empresarios y sociedad civil para que las víctimas de trata que vuelvan a sus hogares reciban la asistencia médica y sicológica necesarias, además de capacitación para el trabajo y el inicio de una nueva vida.

La iniciativa de la OIM –financiada por Estados Unidos – planea realizar talleres similares en otras áreas fronterizas de Nicaragua y en El Salvador y Guatemala.
FUENTE. ONU

El juego perverso de ....COSMÉTICA DE LA MUERTE

Polémica por una línea inspirada en crímenes de Ciudad JuárezCosmética de la muerteUna empresa norteamericana lanzó productos de maquillaje alusivos a los asesinatos de mujeres en México. Tras el rechazo de organizaciones feministas, la firma pidió disculpas.Una fuerte polémica despertó, en México y en Estados Unidos, el lanzamiento de una línea de cosméticos de la firma MAC, con sede en Nueva York, inspirada en los centenares de asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, en la frontera entre los dos países. En la colección, que iba a ser anunciada oficialmente en septiembre, predominan los tonos ocres e incluso el “rojo sangre”, mientras que los productos tienen Denominaciones tales como “Juárez”, “Quinceañera” (por la edad promedio de las víctimas), Ghost Town (Pueblo Fantasma), Factory (Fábrica, por los lugares donde trabajaban las mujeres asesinadas), Bordertown (Ciudad fronteriza) o Sleepwalker (Sonámbulo). En México, la mayoría de las opiniones que se conocieron están en contra del anzamiento, aunque también hay organizaciones involucradas en la condena del femicidio y el reclamo de justicia que se han manifestado a favor por entender que “ayuda a centrar la opinión internacional” sobre el tema. De todos modos, por lo que han salido a decir los voceros de la empresa, parece un hecho que el proyecto quedará trunco. MAC pidió disculpas y anunció que donará 100 mil dólares a los grupos feministas mexicanos, para respaldar su lucha.
En la colección abundan las sombras rojas combinadas con colores ocre que simulan los parajes desérticos de Juárez, donde aparecen los cuerpos de las mujeres asesinadas, las que en muchos casos fueron violadas y mutiladas. Sin embargo, Marisela Ortiz, de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, consideró que la línea de cosméticos “no representa de ninguna manera una ofensa; por el contrario, ayuda a centrar la mirada internacional en este tema en momentos en los que la violencia derivada del narcotráfico ha invisibilizado los asesinatos de mujeres en Juárez”.
Por el contrario, Yuridia Rodríguez, del Observatorio de Femicidios en México,
pidió que los productos nunca lleguen al mercado. “Es denigrante, deben retirarlos y ofrecer una disculpa pública”, dijo en referencia a la colección.
La firma MAC y la empresa Rodarte, responsable del diseño, anunciaron que en compensación donarán 100.000 dólares para Organizaciones que abogan por el esclarecimiento de los femicidios. “Como asociación hemos decidido rechazar su donación”, comentó de todos modos Marisela Ortiz. Igual postura fue la que adoptó Yuridia Rodríguez.“El donativo no es suficiente. Se deben retirar los productos. ¡Hay una sombra para ojos que tiene forma y color de mancha de sangre y está combinada con color tierra!”, insistió Rodríguez al reiterar su postura en contra de la iniciativa.
La responsable del Observatorio mexicano opinó que “no parece que sea una
campaña diseñada para posicionar el tema. No parece que sea para sensibilizar ni
concientizar sobre los femicidios”.
Ante las críticas, la empresa MAC pidió disculpas. “Lamentamos profundamente que
la línea de maquillaje MAC Rodarte haya ofendido a algunos”, expresó la encargada de comunicación de MAC, Catherine Bomboy. “De ninguna manera estaba inspirada en la reprensible violencia contra las mujeres en Juárez”, aseguró. A modo de compensación ofreció el donativo de 100 mil dólares “para ayudar a la mujer de Juárez”. Anticipó que el monto ofrecido es “el primer paso de una iniciativa que se prolongará varios años”. Según la responsable de MAC, las respuestas negativas ante la campaña “nos han enseñado más acerca de las circunstancias sumamente difíciles de las mujeres de Juárez”.
La colección de MAC ya había sido rechazada por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de México. El organismo
sostuvo que la campaña “muestra insensibilidad y desconocimiento del dolor que
representa la muerte de esas mujeres para sus familias, para la sociedad de
Ciudad Juárez y para nuestro país”. Más allá de la mala recepción de la idea, se
afirma que las creadoras de la línea de cosméticos, Kate y Laura Mulleavy, sólo
intentaron poner el nombre de Ciudad Juárez sobre el tapete, conmovidas por los
hechos allí ocurridos. El año pasado habían presentado, en Nueva York, una
colección de ropa basada en las fábricas maquiladoras de Juárez y en las
trabajadoras explotadas del lugar. El número de asesinatos de mujeres en esa
ciudad fronteriza llega a 500.
FUENTE. PÁGINA 12

COMO SE "PRESENTAN" A SÍ MISMOS LOS VIOLENTOS...


¿Quién escucha al golpeador?
Una mirada desde adentro que muestra cómo funciona el programa Las Víctimas contra las Violencias y el periplo que continúa a una denuncia. El papel de las Brigadas contra la Violencia Familiar. Cómo se presentan a sí mismo los violentos. El relato de los hijos.

Por Eva Giberti
El hombre se acercó a la empleada administrativa, exaltado: “¿Cuándo me van a atender? Hace media hora que espero...”. Una mujer sesentona y corpulenta que lo acompañaba, y que era su mamá, subrayó, con el mismo modo: “¡Yo no voy a perder aquí toda la mañana! ¡Y quiero que me escuchen para que se sepa la verdad!”

Eran las 11.15. Habían sido convocados ese día a las 11, según constaba en la citación que mostraban. El policía de guardia, entrenado en esas escenas, se limitó a mirarlos. La empleada administrativa, detrás de la ventanilla, respondió: “Están demorados unos minutos, ya los van a atender...”.

En ese mismo momento una profesional llamó al hombre y le pidió a la señora que esperara. Otra vez discusión: “Yo quiero entrar con él, porque él es demasiado bueno y no va a contar toda la verdad, lo que le ha hecho vivir la loca de su mujer durante años...”.

Le explicaron: “Ya la vamos a escuchar, señora. Primero pasa el señor”.

Escena reiterada. ¿Dónde? En el Cuerpo Interdisciplinario contra la Violencia Familiar, que depende del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Este Cuerpo Interdisciplinario cuenta con abogados, psicólogos, trabajadoras sociales y un agente policial en la puerta de ingreso al local.

Fue creado por el Art. 6º del Decreto Nº 235/96, reglamentario de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar y comenzó a funcionar el día 4 de noviembre de 1997.

Era convocado por los Juzgados de Familia y/o Defensorías Nacionales y recibe los expedientes iniciados en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil por denuncias relacionadas con violencia familiar. Actualmente sus miembros asumen los expedientes con las denuncias recibidas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, derivados por los jueces, donde se ha labrado un acta con los dichos de el o la denunciante. En esa instancia se confecciona un informe que describe la situación en que se encuentra la supuesta víctima.

Durante las últimas décadas, en las cuales se posicionó la violencia familiar como un delito que ya no podía mantenerse encerrado puertas adentro, se colocó el énfasis en las víctimas del violento. Hoy en día el tema se ha instalado en la agenda informativa. Y la tarea pionera, que iniciaron diversas instituciones en la década del ’80, actualmente no constituye secreto doméstico, ya que los medios difunden datos a escala mundial referidos a la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

Acerca de esta política es imprescindible advertir que estamos frente a violencia de género, aunque mantengamos las tradicionales nomenclaturas de violencia doméstica, familiar o conyugal. Utilizar este lenguaje arriesga disimular o tornar invisible la desi-gualdad de género que constituye el eje del problema del cual la violencia familiar es un indicador. Feroz y a veces homicida, razón por la cual lo atendemos, pero sin distraernos: es un recurso o instrumento destinado a mantener las características de las relaciones entre hombres y mujeres, reguladas por la desigualdad y la explotación de las mujeres que se expresa en múltiples niveles, uno de cuyos paradigmas es el golpeador. Frente al cual la ley garantiza su derecho a la defensa y a la apelación.

¿Quién escucha al golpeador?

Puede contar con un defensor una vez que la denuncia se ha judicializado. ¿Quién atiende a su defensor que se presenta reiteradamente “para apurar el expediente”?

Lo hace el Cuerpo Interdisciplinario que desde el año 2008 –y después de numerosos avatares técnicos y administrativos– ingresó como parte del Programa Las Víctimas contra las Violencias y fue modificado por nosotros en su filosofía y procedimientos: es el encargado de cerrar el circuito de estudios y diagnóstico que el juez precisa para sentenciar al violento, una vez que se evaluó el riesgo intrafamiliar para la víctima, sus hijos y la convivencia de acuerdo con lo que la ley indica. Lo cual sólo constituye un segmento de la atención que merece la violencia de género y el ejercicio del poder patriarcal del cual las pautas de la Justicia son tributarias.

Se supone que una vez instalada la denuncia de la víctima en el ámbito de la Justicia es suficiente, porque Su Señoria excluyó del hogar al golpeador durante tres meses. ¿El golpeador permanecerá silencioso sin demandar ser escuchado? No se queda tranquilo, a menudo ronda la casa de la que fue separado, pretende volver con su mujer usando intermediarios o la manda amenazar.

Este es un punto de inflexión, significativamente ausente de la mayoría de las prédicas y descripciones referidas al tema violencia familiar, que finalizan sin mencionar la continuidad del circuito de la violencia más allá de la exclusión del hogar.

El que ha delinquido busca ser escuchado y la ley indica que deberá ser evaluada la peligrosidad de la convivencia familiar. Si los equipos técnicos de los juzgados y los peritos judiciales no son convocados o no alcanzan a cubrir la multitud de historiales que deben atender, el Cuerpo Interdisciplinario, por mandato del juez, tiene obligación de realizar el diagnóstico de violencia intrafamiliar para que Su Señoría cuente con otros elementos, más allá de la denuncia inicial, y saber qué sucedió durante la vida de esa organización familiar.

La familia cercana del violento
y la vivienda compartida


Motivo por el cual no solamente escuchamos al golpeador sino también citamos a miembros de su familia: su madre o padre, hermanos, hijos y a la propia víctima. A partir de allí, la violencia familiar pone entre paréntesis la posición de víctima/victimario para desarrollarse en una escena que se desenvuelve delante nuestro según lo que vemos y lo que escuchamos.

Ya no se trata de una víctima narrando su historia, sino de un paisaje de violencia en el que los vecinos –con los que se conversa en la visita domiciliaria– excede notoriamente de lo que habitualmente se analiza. Sus momentos e historias se enhebran según la usanza y modalidad de los orígenes institucionales de la familia que incluía a los parientes, los siervos y la corresidencia, dirigida y comandada por el pater.

De este modo, la señora sesentona, madre del golpeador y suegra de la denunciante, que encaraba con agresivos modales a la empleada administrativa, se sienta delante de una psicóloga y de una trabajadora social, si es que una abogada no ha debido intervenir previamente para explicarle las características del expediente que se tramita. Entonces surge la “denuncia grave” contra su nuera: “Sólo le interesaba salir a pasear, nunca se ocupaba de mi hijo ni de los chicos. Mi hijo volvía de trabajar y no tenía comida preparada ni estaba ella esperándolo. Ella le gasta todo el dinero que él gana. Una vez le tiró con un adoquín de la construcción que estaban haciendo dentro de la casa y lo lastimó a él. ¿Cómo va a decir que él es violento? Yo lo conozco bien porque es mi hijo. Pero es un hombre y ella tiene que portarse como una esposa”.

Las madres del golpeador, que con frecuencia reproducen estos dichos, describen a la denunciante como si fuera una mantis religiosa, una mujer araña que devora a su compañero malgastando su dinero, acorralándolo con sus maldades y descuidos, además de proceder como una mala madre.

Es un parámetro interesante que permite conjeturar las pulsaciones que quizá latieran en esa familia, cuando el varón incluye en su descargo “que su mujer le tiró un ladrillo” sin explicar que previamente él la había trompeado. Si alguien denominase a estas escenas “violencia cruzada”, es decir “los dos se pegan”, carecería de perspectiva. Porque el ladrillazo se torna un recurso defensivo ante los puños de un varón mucho más fuerte que ella. Para lo cual interesa comparar la estatura entre ambos, realidad que tenemos ante nuestros ojos. O sea, es el mundo donde lo simbólico del lenguaje yace astillado entre insultos y golpes para dejar paso a la categorización de los estudios de género como relación social y no como construcción simbólica. El género como construcción simbólica es el que describe –entre otras teorizaciones– las posiciones de dominio sobre las mujeres, buscando su sometimiento, y el género como relación social pone en evidencia cómo funciona ese dominio.

Alcanza con escuchar a la suegra y no sólo al golpeador para comprenderlo. Lo que permite diagnosticar que esta víctima debió ser doblemente víctima, dadas las acusaciones de esta señora. (Dejo abierto el capítulo que describe cómo se distribuyen las relaciones de dominio cuando las ejercen mujeres con papel preponderante, zona que no corresponde sea ocultada si pretendemos reconocer y estudiar las diversas formas de la violencia estructural.)

Los diálogos con los golpeadores
y violentos en general


Es preciso entrenarse para escuchar a quien fue denunciado como golpeador. Si en ese expediente encontramos que en un primer momento la víctima o un vecino alcanzó a llamar al número 137 (a nuestra Brigada contra la Violencia Familiar perteneciente al Programa Las Víctimas contra las Violencias, que interviene los 365 días del año y durante las 24 horas) encontramos una notoria ventaja para la apreciación real de los hechos. Porque el informe de la Brigada se realiza desde el domicilio de la víctima al cual se llega cuando el denunciado con frecuencia ha huido (en otras oportunidades un patrullero llega rápidamente –por el llamado de la Brigada que solicita su intervención por si el golpeador permanece en el domicilio– y lo detiene). Detrás de esa intervención llega la Brigada cuyos profesionales asumirán la atención de la víctima. Estos profesionales ingresaron en el domicilio momentos después del llamado telefónico de ella o de un vecino, de manera que toman contacto con la escena donde se desarrollaron los ataques y en su informe describen el estado en que se encontraban las habitaciones y la situación de los hijos, aterrorizados después de presenciar la golpiza contra la madre.

Cuando el expediente que recibe el Cuerpo Interdisciplinario incluye el informe de la Brigada que intervino debido al llamado al 137, los colegas que deben evaluar la situación cuentan con un documento inapreciable.

De manera que las argumentaciones del denunciado acerca de su inocencia o de lo escaso de la violencia quedan desmentidos por una evidencia rotunda.

Pero no siempre interviene esta Brigada. Los expedientes llegan desde los juzgados y frente al agresor contamos con lo que él nos pueda decir, también algún familiar a quien se ha citado y también sus hijos. Además de entrevistar a la víctima lo más brevemente posible, para no revictimizarla, ya que se cuenta con los datos obtenidos por la Oficina de la Corte y en algunas oportunidades por los colegas de la Brigada contra la Violencia Familiar (137).

Casi sistemáticamente el violento se presenta como víctima de una mujer mentirosa, con la cual nunca debió formar pareja. Esto sucede en cualquiera de las clases sociales. En oportunidades, miente: “Solo la empujé porque estaba nervioso. Ella me hace perder la paciencia”. Sin embargo, la intervención hospitalaria informa una fractura de costilla.

Son personas que llegan irritadas a esa entrevista y algunos intentando impresionar como personas calmas y moderadas. Pero siempre –como es lógico– defendiendo sus derechos que describen vulnerados por su compañera. Es infrecuente que reconozcan su responsabilidad en el hecho. Suponen, y así es, que están bajo sospecha por parte de quien los entrevista y que les resultará complejo desactivarla. La capacidad diagnóstica de quien lo entrevista juega su eficacia después de la previa lectura del expediente donde se describe la denuncia. Este fenómeno reclama un entrenamiento profesional y poder escucharlo con suficiente distancia emocional (es una manera simplista de referirse a las distintos momentos del entrenamiento).

Lo escuchan una psicóloga y una trabajadora social. Ambas también escuchan a los otros miembros de la familia que han sido citados.

La percepción social que tienen los violentos acerca de lo que significa una mujer suele ser coincidente en lo que se refiere a inequidades de género: las consideran como sujetos inferiores destinadas a servirlos y obedecerlos, comenzando por la disponibilidad de sus cuerpos femeninos. De allí surge “lo que es propio o le corresponde al varón y a la mujer”, según sus creencias. Si la mujer “no cumple” con “lo que es propio de ella por ser mujer”, el golpeador pone en marcha lo que supone es “propio de él por ser varón”, el ejercicio de la violencia en cualquiera de sus formas. Que cada vez con mayor frecuencia termina en el femicidio, matándola.

Los hijos dicen lo inesperado

En las entrevistas con los niños y niñas, habitualmente testigos de los ataques y también sus víctimas, por lo general temen hablar de lo que ven que sucede entre sus padres. Pero algunos describen sin titubear y sin que se les pregunte. El procedimiento no demanda, por ahora, Cámara Gesell.

Algunos se quedan sentados esperando que sus padres finalicen las entrevistas, otros corretean por la sede o juegan con algunos juguetes disponibles, otros se acurrucan en los brazos de un familiar.

En oportunidades, la mirada de una profesional alerta pregunta al pasar “¿cómo te hiciste ese moretón en el brazo?”. El niño intenta taparlo con la manito y esa circunstancia sugiere la consulta pediátrica.

Aparece entonces que la violencia del golpeador, denunciada por la madre, también recae sobre los chicos, marcados por el pater familia y, ante nuestro pedido, confirmada por los médicos.

O sea, la idea de violencia familiar se va construyendo y ampliando mucho más allá de lo que los gritos desesperados de una víctima podrían sugerir.

Y en alguna oportunidad se produce un giro en relación con quien ha hecho la denuncia, cuando los hijos comienzan a contar que “su mamá les pega mucho, sobre todo a los más chiquitos”, situación descripta por una hermanita mayor. Lo cual modifica, en la misma sede del Cuerpo Interdisciplinario, la característica de la denuncia. Estamos ante una familia violenta, aun antes de realizar la visita domiciliaria que nos aporta datos concretos relativos a esa organización familiar. En estas circunstancias la denuncia de la madre y la primera intervención del juez, por ejemplo excluyendo transitoriamente al padre del hogar, abre un interrogante acerca de la sentencia definitiva después que Su Señoría ha leído la descripción, conclusiones y sugerencias que el Cuerpo Interdisciplinario produce.

Aquí finaliza la tarea prevista por la ley respecto del Cuerpo Interdisciplinario que dispone de escasísimos recursos para una orientación final en situaciones concretas de familias violentas. En realidad, es la sociedad la que no dispone de ellas porque esta índole de violencia sólo es un indicador de la violencia de género, que no necesariamente se soluciona enviando a los violentos y a sus víctimas a respectivas psicoterapias. Puesto que se arriesga la presencia de ideologías patriarcales como fundamento de aquéllas. Si estamos frente a una violencia estructural que sostiene las desigualdades entre los géneros, el problema es abarcativo y no alcanza con enfoques individuales, aunque éstos sean imprescindibles.

Interesa conocer el periplo que continúa a las denuncias, de allí la importancia de informar las acciones del Cuerpo Interdisciplinario en el cual las abogadas juegan un papel preponderante regulando y supervisando los expedientes, protagonistas mayores y soportes de todo lo que se actúa. También interesa saber que estas prácticas son las que advierten acerca de los engaños que pueden enmascararse detrás de acciones efectivas en beneficio inmediato de las víctimas: el ocultamiento de la desigualdad de género ante la sociedad. Sería riesgoso encandilarse con la necesaria “lucha contra la violencia familiar o doméstica”, postergando las acciones y los discursos que reclaman conciencia y oposición hacia esas desigualdades. Territorio donde, en nuestro país, nos falta un inmenso camino por transitar en la aplicación de las leyes de protección integral.
FUENTE. PAGINA 12

miércoles, 28 de julio de 2010

La trata es mayor en países más religiosos


En su nuevo libro, Lydia Cacho refiere que hay una creciente demanda de esclavas sexuales cada vez más jóvenes forzadas a tener sexo miles de veces en su vida.

Nan tenía quince años cuando una noche su padre la llamó y la presentó a un soldado que dijo necesitar jóvenes sanas y vírgenes para trabajar en el gobierno. Los padres recibieron el equivalente a 60 dólares estadounidenses y la promesa de que su hija volvería en un año preparada para trabajar. “Luego de caminar mucho me subieron a un viejo vehículo entre soldados, y cuando uno de ellos me tocó entre las piernas me oriné en la ropa. Se burlaron y me insultaron”.
Después de una violación tumultuaria, Nan fue vendida en un burdel de Tailandia donde fue explotada durante dos años. La adolescente fue rescatada del lugar y herida por un soldado que la acusó de traición. Ahora se dedica a hacer traducciones para grupos clandestinos de derechos humanos en Birmania, país donde nació, pero que es “un campo de exterminio de mujeres”.
La tragedia de Nan es una historia de esclavitud sexual compartida por 1.39 millones de personas en el mundo, que ha documentado la periodista Lydia Cacho en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata... sexual de mujeres y niñas en el mundo.
Durante cinco años, la fundadora y directora de un centro de atención para mujeres e hijos víctimas de violencia en Cancún, recorrió el mapa internacional de la trata de personas que involucra a países pobres y poderosos, donde mujeres y niñas son compradas, vendidas y revendidas “como residuos sociales, como trofeos y ofrendas”.
Lydia Cacho viajó a Turquía, donde el 50% de las mujeres emigrantes terminan en las redes de prostitución. En Irak e Irán confirmó que “cuanto más conservador y religioso es un país o un grupo social, más clara es su laxitud para explotar sexualmente a niñas, niños y mujeres de otras razas, creencias y países”. Conoció de viva voz la historia de una mujer norteamericana violada durante todo un día por 40 hombres yakuzas en Japón. En Camboya habló con Somaly Mam, una sobreviviente a la esclavitud que trabaja para abolirla.
En entrevista con KIOSKO, la periodista cuenta que llegó a Birmania cruzando ilegalmente por Tailandia. Ahí, habló con muchas víctimas pese a que la dictadura militar birmana arresta y tortura a quienes pretenden difundir violaciones a los derechos humanos. Disfrazada de monja caminó en el barrio mexicano de La Merced, uno de los dos lugares de la capital del país donde se contabilizaron mil 528 mujeres en situación de trata, 947 de ellas menores de 17 años y una tercera parte proveniente de Brasil, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
Para documentar el libro -traducido ya a 11 idiomas- Cacho entrevistó a víctimas, activistas, funcionarios de gobierno, clientes, tratantes, mafiosos, policías, militares y hombres arrepentidos. Encontró similitudes que hacen de la trata de personas un fenómeno creciente: pobreza, desigualdad, violencia, machismo, corrupción, omisión, injusticia, tolerancia, machismo y desamor.
En todos los países que visitaste el grado de corrupción es el mismo y están involucrados desde el policía hasta los que están en el poder.
Sí, eso fue para mí muy sorprendente. Incluso en países donde la corrupción está bastante acotada como en Turquía, que es uno de los estados proxenetas más notables del mundo en el sentido de que está legalizada la trata como en Alemania, Australia u Holanda, pero a diferencia de éstos, en Turquía es el estado mismo el que controla los burdeles y a pesar de eso, la corrupción es muy alta como la japonesa donde me entrevisté con una mujer colombiana que fue explotada y que había llegado al lugar a las 3 de la mañana y ver que a dos metros estaban los policías y sientes que estás en Tijuana, Durango o en Chicago. Se trata del mismo fenómeno y no es sólo un asunto de delincuencia global sino de ausencia de ética global y de la normalización de la prostitución que le da origen a la trata de personas.
Trata y narcotráfico
“Desde Costa Rica hasta Estados Uni dos, desde Rusia hasta Japón, desde Vietnam hasta Qatar, escuché el mismo razonamiento: la explotación sexual comercial es un asunto no de placer, sino de dinero”, afirma Cacho en su libro, donde destaca que la globalización ha creado un mercado con oferta y demanda inagotables, al grado que la esclavitud seguirá creciendo hasta superar la venta de narcóticos “por el simple hecho de que hay comunidades enteras y países que dependen del turismo sexual y de la trata y el sexo comercial”.
¿Cómo es eso posible?
Durante estos cinco años entrevisté a especialistas de diferentes países, pero también a agentes de la Interpol, Europol, FBI, CIA y DEA. Cuando inicié la investigación me encontré con cifras como la que el delito de la trata de personas arrojaba ganancias por 3 mil 500 millones de dólares. La cifra de este año es de 16 mil millones de dólares. Y la vinculación entre los narcotraficantes y las redes de trata de personas que hasta hace poco tiempo había sido negada por la mayoría de los gobiernos, nos indica que los narcotraficantes no sólo emplean las rutas de los tratantes sino que están entrando de lleno al negocio de la trata y a los negocios “lícitos” de prostitución que terminan siendo redes criminales de explotadores.
Al seguir la pista de las redes criminales, Cacho descubrió que quienes se dedican a la trata son los delincuentes menos perseguidos por la justicia, tienen poder económico y político.
En el libro, relata cómo los tratantes, una vez que “enganchan” a sus víctimas les hacen creer que para eso nacieron y no tienen otra alternativa que ser esclavas sexuales. La mayoría de las esclavas provienen de hogares donde hay pobreza, exclusión y violencia doméstica.
Lydia Cacho dice que resulta fácil engañarlas porque la trata de personas está relacionada con una cultura de cosificación de la mujer y es una evidencia de que en la actualidad hay una hipersexualización. “Aunque las mujeres, en el feminismo hemos avanzado muchísimo, en el tema de la sexualidad y erotismo hemos avanzado muy poco porque cargamos los mismos prejuicios que antes y ahora las adolescentes están descriendo su vida erótica no de una manera sana y empoderada sino mediante una hipersexualidad burda donde el fin es desnudarse para ser observadas por otros. Yo entrevisté a jóvenes en Inglaterra y en España que pasan el tiempo viendo pornografía en internet; chicos en Tokyo, cuya noción de pornografía es ver violaciones reales, igual que en Cancún, México”.
Cacho afirma que perseguir la trata de personas requiere de voluntad política y que atrapar a las mafias implicaría cerrar prósperos negocios lícitos donde se lava dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres y niñas.
La periodista destaca que los negocios dedicados a la prostitución son el origen de la trata de personas por las condiciones con las que obligan a trabajar a mujeres y niñas. “No es válido el discurso de que si se legaliza la prostitución se acaba con la trata”.
Para abolir la trata de personas, dice la periodista y activista, no sólo se requieren acciones judiciales. La cárcel no es el mejor remedio para acabar con la explotación sexual de mujeres y niñas en el mundo. Falta una transformación cultural, un cambio de paradigma.
La guerra contra la trata
Lydia Cacho advierte: “estamos en un momento muy peligroso. Hay que empezar a detener el fenómeno de la trata de personas porque está creciendo. En un problema complejo que hay que revelar y esa fue mi intención con este libro, porque me parece que sólo habíamos visto la mitad de la película”.
Asegura que si no lo hacemos “en diez años vamos a tener un presidente que va a anunciar una guerra contra la trata y ya vimos que la violencia no se resuelve con más violencia”.
En el libro, Cacho refiere que hay una creciente demanda de esclavas sexuales cada vez más jóvenes forzadas a tener sexo miles de veces en su vida. Pero ¿dónde están esos clientes? La respuesta -dice la activista- es sencilla. “En sus hogares con sus esposas e hijos, con sus novias; en sus empresas respetables y en las iglesias dando o acudiendo a misa. Están frente a los juicios de causas penales y civiles e investigan historias para diarios renombrados; trabajan en escuelas, universidades, son programadores de páginas web o futbolistas; están en todas partes”.
¿Los hombres deben empezar también por replantear su masculinidad?
Hombres y mujeres somos víctimas de esta cultura que reproduce los estereotipos del machismo. Las mujeres porque si se rebelan son víctimas de violencia y de los hombres porque son obligados a vivir una genitalización de su sexualidad. La mayoría de los hombres que entrevisté para esta investigación habla de lo infelices que son, pero me pregunto por qué tantos le tienen miedo a rebelarse ante un machismo que no les corresponde. Lo ideal es que hombres y mujeres seamos reeducados sobre lo que significa el amor, el respeto, la equidad de género y la paz.
Y en esa labor, que implica un cambio cultural, agrega, los medios de comunicación son co-responsables.
“Nunca había llorado tanto como lloré ahora al escuchar todas las historias de las víctimas, pero también esta investigación me hizo creer más que nunca en el periodismo porque pude darle voz a la gente y conocer un fenómeno que no conocíamos en su totalidad”.


Nan tenía quince años cuando una noche su padre la llamó y la presentó a un soldado que dijo necesitar jóvenes sanas y vírgenes para trabajar en el gobierno. Los padres recibieron el equivalente a 60 dólares estadounidenses y la promesa de que su hija volvería en un año preparada para trabajar. “Luego de caminar mucho me subieron a un viejo vehículo entre soldados, y cuando uno de ellos me tocó entre las piernas me oriné en la ropa. Se burlaron y me insultaron”.
Después de una violación tumultuaria, Nan fue vendida en un burdel de Tailandia donde fue explotada durante dos años. La adolescente fue rescatada del lugar y herida por un soldado que la acusó de traición. Ahora se dedica a hacer traducciones para grupos clandestinos de derechos humanos en Birmania, país donde nació, pero que es “un campo de exterminio de mujeres”.
La tragedia de Nan es una historia de esclavitud sexual compartida por 1.39 millones de personas en el mundo, que ha documentado la periodista Lydia Cacho en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata... sexual de mujeres y niñas en el mundo.
Durante cinco años, la fundadora y directora de un centro de atención para mujeres e hijos víctimas de violencia en Cancún, recorrió el mapa internacional de la trata de personas que involucra a países pobres y poderosos, donde mujeres y niñas son compradas, vendidas y revendidas “como residuos sociales, como trofeos y ofrendas”.
Lydia Cacho viajó a Turquía, donde el 50% de las mujeres emigrantes terminan en las redes de prostitución. En Irak e Irán confirmó que “cuanto más conservador y religioso es un país o un grupo social, más clara es su laxitud para explotar sexualmente a niñas, niños y mujeres de otras razas, creencias y países”. Conoció de viva voz la historia de una mujer norteamericana violada durante todo un día por 40 hombres yakuzas en Japón. En Camboya habló con Somaly Mam, una sobreviviente a la esclavitud que trabaja para abolirla.
En entrevista con KIOSKO, la periodista cuenta que llegó a Birmania cruzando ilegalmente por Tailandia. Ahí, habló con muchas víctimas pese a que la dictadura militar birmana arresta y tortura a quienes pretenden difundir violaciones a los derechos humanos. Disfrazada de monja caminó en el barrio mexicano de La Merced, uno de los dos lugares de la capital del país donde se contabilizaron mil 528 mujeres en situación de trata, 947 de ellas menores de 17 años y una tercera parte proveniente de Brasil, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
Para documentar el libro -traducido ya a 11 idiomas- Cacho entrevistó a víctimas, activistas, funcionarios de gobierno, clientes, tratantes, mafiosos, policías, militares y hombres arrepentidos. Encontró similitudes que hacen de la trata de personas un fenómeno creciente: pobreza, desigualdad, violencia, machismo, corrupción, omisión, injusticia, tolerancia, machismo y desamor.
En todos los países que visitaste el grado de corrupción es el mismo y están involucrados desde el policía hasta los que están en el poder.
Sí, eso fue para mí muy sorprendente. Incluso en países donde la corrupción está bastante acotada como en Turquía, que es uno de los estados proxenetas más notables del mundo en el sentido de que está legalizada la trata como en Alemania, Australia u Holanda, pero a diferencia de éstos, en Turquía es el estado mismo el que controla los burdeles y a pesar de eso, la corrupción es muy alta como la japonesa donde me entrevisté con una mujer colombiana que fue explotada y que había llegado al lugar a las 3 de la mañana y ver que a dos metros estaban los policías y sientes que estás en Tijuana, Durango o en Chicago. Se trata del mismo fenómeno y no es sólo un asunto de delincuencia global sino de ausencia de ética global y de la normalización de la prostitución que le da origen a la trata de personas.
Trata y narcotráfico
“Desde Costa Rica hasta Estados Uni dos, desde Rusia hasta Japón, desde Vietnam hasta Qatar, escuché el mismo razonamiento: la explotación sexual comercial es un asunto no de placer, sino de dinero”, afirma Cacho en su libro, donde destaca que la globalización ha creado un mercado con oferta y demanda inagotables, al grado que la esclavitud seguirá creciendo hasta superar la venta de narcóticos “por el simple hecho de que hay comunidades enteras y países que dependen del turismo sexual y de la trata y el sexo comercial”.
¿Cómo es eso posible?
Durante estos cinco años entrevisté a especialistas de diferentes países, pero también a agentes de la Interpol, Europol, FBI, CIA y DEA. Cuando inicié la investigación me encontré con cifras como la que el delito de la trata de personas arrojaba ganancias por 3 mil 500 millones de dólares. La cifra de este año es de 16 mil millones de dólares. Y la vinculación entre los narcotraficantes y las redes de trata de personas que hasta hace poco tiempo había sido negada por la mayoría de los gobiernos, nos indica que los narcotraficantes no sólo emplean las rutas de los tratantes sino que están entrando de lleno al negocio de la trata y a los negocios “lícitos” de prostitución que terminan siendo redes criminales de explotadores.
Al seguir la pista de las redes criminales, Cacho descubrió que quienes se dedican a la trata son los delincuentes menos perseguidos por la justicia, tienen poder económico y político.
En el libro, relata cómo los tratantes, una vez que “enganchan” a sus víctimas les hacen creer que para eso nacieron y no tienen otra alternativa que ser esclavas sexuales. La mayoría de las esclavas provienen de hogares donde hay pobreza, exclusión y violencia doméstica.
Lydia Cacho dice que resulta fácil engañarlas porque la trata de personas está relacionada con una cultura de cosificación de la mujer y es una evidencia de que en la actualidad hay una hipersexualización. “Aunque las mujeres, en el feminismo hemos avanzado muchísimo, en el tema de la sexualidad y erotismo hemos avanzado muy poco porque cargamos los mismos prejuicios que antes y ahora las adolescentes están descriendo su vida erótica no de una manera sana y empoderada sino mediante una hipersexualidad burda donde el fin es desnudarse para ser observadas por otros. Yo entrevisté a jóvenes en Inglaterra y en España que pasan el tiempo viendo pornografía en internet; chicos en Tokyo, cuya noción de pornografía es ver violaciones reales, igual que en Cancún, México”.
Cacho afirma que perseguir la trata de personas requiere de voluntad política y que atrapar a las mafias implicaría cerrar prósperos negocios lícitos donde se lava dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres y niñas.
La periodista destaca que los negocios dedicados a la prostitución son el origen de la trata de personas por las condiciones con las que obligan a trabajar a mujeres y niñas. “No es válido el discurso de que si se legaliza la prostitución se acaba con la trata”.
Para abolir la trata de personas, dice la periodista y activista, no sólo se requieren acciones judiciales. La cárcel no es el mejor remedio para acabar con la explotación sexual de mujeres y niñas en el mundo. Falta una transformación cultural, un cambio de paradigma.
La guerra contra la trata
Lydia Cacho advierte: “estamos en un momento muy peligroso. Hay que empezar a detener el fenómeno de la trata de personas porque está creciendo. En un problema complejo que hay que revelar y esa fue mi intención con este libro, porque me parece que sólo habíamos visto la mitad de la película”.
Asegura que si no lo hacemos “en diez años vamos a tener un presidente que va a anunciar una guerra contra la trata y ya vimos que la violencia no se resuelve con más violencia”.
En el libro, Cacho refiere que hay una creciente demanda de esclavas sexuales cada vez más jóvenes forzadas a tener sexo miles de veces en su vida. Pero ¿dónde están esos clientes? La respuesta -dice la activista- es sencilla. “En sus hogares con sus esposas e hijos, con sus novias; en sus empresas respetables y en las iglesias dando o acudiendo a misa. Están frente a los juicios de causas penales y civiles e investigan historias para diarios renombrados; trabajan en escuelas, universidades, son programadores de páginas web o futbolistas; están en todas partes”.
¿Los hombres deben empezar también por replantear su masculinidad?
Hombres y mujeres somos víctimas de esta cultura que reproduce los estereotipos del machismo. Las mujeres porque si se rebelan son víctimas de violencia y de los hombres porque son obligados a vivir una genitalización de su sexualidad. La mayoría de los hombres que entrevisté para esta investigación habla de lo infelices que son, pero me pregunto por qué tantos le tienen miedo a rebelarse ante un machismo que no les corresponde. Lo ideal es que hombres y mujeres seamos reeducados sobre lo que significa el amor, el respeto, la equidad de género y la paz.
Y en esa labor, que implica un cambio cultural, agrega, los medios de comunicación son co-responsables.
“Nunca había llorado tanto como lloré ahora al escuchar todas las historias de las víctimas, pero también esta investigación me hizo creer más que nunca en el periodismo porque pude darle voz a la gente y conocer un fenómeno que no conocíamos en su totalidad”.
FUENTE: EL UNIVERSAL.COM.MX

VIOLENCIA LABORAL EL FLAGELO DEL SIGLO XXI


Según el informe “Una amenaza a los Derechos Humanos. Aportes para su comprensión”, elaborado por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), dependiente de la la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO) del Ministerio de Trabajo, el 59 por ciento de las denuncias sobre violencia laboral fueron realizadas por mujeres: el 10 por ciento de ellas declaró haber sufrido violencia sexual, el 80 por ciento violencia psicológica, y el 9 por ciento restante violencia física. Aún cuando la violencia sexual representa sólo el 8 por ciento de las causas de denuncia, en estos casos la mujer es considerada un objeto a disposición del acosador, mientras que en general el acosador refiere que ha sido ella quien lo ha provocado.
Los y las denunciantes han estado expuestos/as en su gran mayoría a situaciones de violencia psicológica (82 por ciento) y, en menor medida, a situaciones de violencia física y sexual (10 y 8 por ciento respectivamente). Por su parte entre los varones, las situaciones de violencia física asumen mayor peso que entre las mujeres. Se han recibido consultas por este motivo en un 11,2 por ciento los varones y 8,7 por ciento las mujeres. Asimismo, del 82 por ciento de los y las denunciantes que dijo sufrir violencia psicológica, se observa que va a ser entre los varones que la misma asume mayor peso relativo que entre las mujeres, expresándose en un 85,9 por ciento contra el 79,5 por ciento respectivamente.
Los datos que componen la muestra corresponden a 320 casos atendidos por la OAVL. Si bien el organismo reconoce que los resultados del informe no pueden ser generalizados al conjunto de las personas víctimas de situaciones violencia laboral (por no ser una muestra estadísticamente representativa) si pueden ser suficientes para dar cuenta de este flagelo.
Contrariamente a lo que se supone, que las relaciones informales son el caldo de cultivo de un hostigamiento laboral, el estudio demostró que la mayoría de los casos registrados en la OAVL se encuentran bajo una relación laboral “formal” (91 por ciento), es decir, un contrato de trabajo, una liquidación salarial mensual, los beneficios de una obra social, aguinaldo y vacaciones pagas. Para Patricia Saenz, titular de la OAVL, esto puede deberse quizás “a que la existencia de la Oficina se difundió más dentro del ámbito formal, y tuvieron más posibilidades de conocer el problema y de informarse, pero también a que en el sector informal de la economía está más naturalizado el maltrato, la explotación, y no hay una mirada de derechos”.
“La primera manifestación que la víctima percibe como violencia laboral es la pérdida de confianza en su trabajo por parte de sus superiores. Estos últimos, que en un principio consideraban óptima o excelente la tarea realizada por el/la trabajador/a, comienzan a cuestionarlo/a permanentemente, encargándole funciones o tareas inferiores a las que venía realizando. Los compañeros de trabajo comienzan en general siendo solidarios con su problemática pero, en muchos casos y al cabo de un tiempo, se alejan por miedo a ser ellos también víctimas de situaciones de violencia laboral” refiere el informe.
Los motivos desencadenantes de la violencia suelen ser algún tipo de reclamo laboral (61,3 por ciento); una situación de enfermedad (17,3); accidente laboral (10); y/o a partir de embarazos (5,3).
El estudio avanza sobre algunos rasgos del perfil del acosador o acosadora. En la mayoría de los casos la violencia es ejercida por el género masculino (60 por ciento) y en menor medida el género femenino (30), aunque también se presentan situaciones donde el acoso es ejercido de manera simultánea por varones y mujeres (10). Pero también resulta importante decir que las mujeres acosan en mayor medida a otras mujeres, constituyendo un 86 por ciento del total de los casos registrados, y en menor medida a los varones, representando un 13,9. Entre los varones esta relación se invierte y se achican las distancias, representando un 46 por ciento y un 54 respectivamente.
El hostigamiento puede manifestarse de modo descendente o procedente de la jerarquía (88 por ciento), en forma directa o consentida en el personal a cargo o en un tercero externo; horizontal o procedente de los colegas; mixto u horizontal con complicidad de la jerarquía; y ascendente o procedente de los trabajadores hacia un superior. Al indagar por quiénes son acosados/as mujeres y varones, se evidencia que tanto mujeres como varones son acosados mayormente por un superior; situación que adquiere mayor peso entre las mujeres, representando un 92 por ciento y un 84,4, respectivamente. Por su parte entre los varones asume mayor peso relativo que entre las mujeres el hecho de ser acosados por un par o un tercero.
Según la CTIO, éste el punto de partida de un registro estadístico de los casos de violencia laboral en nuestro país, al ser ésta una de las formas de abuso de poder que se ejerce en condiciones de desigualdad.
Fuente : Artemisanoticias - Marta Espíndola

Irak abre dos centros de protección familiar para tratar los casos de la violencia doméstica


BAGDAD,
El Ministerio del Interior de Irak ha abierto dos centros de "protección familiar" en las comisarías de la capital, Bagdad, en lo que suponen los primeros establecimientos de este tipo para tratar con los casos de la violencia doméstica, otro tipo de violencia que afecta a este país, especialmente contra las mujeres.

El personal de los centros está compuesto en su mayoría por trabajadoras sociales e investigadoras, una medida importante en la cultura iraquí, orientada hacia los hombres, para que las mujeres se sientan más cómodas a la hora de denunciar abusos.

Hasta el momento, y debido a que los centros están situados en las comisarías y la violencia doméstica es un tabú, pocas mujeres se han atrevido a acudir a ellos para pedir ayuda. El Ministerio iraquí para Asuntos de las Mujeres considera estos centros como una victoria para las mujeres iraquíes.

"Siempre he llamado a este tipo de violencia el delito incalculable, porque no siempre termina ante los tribunales (...), es una cuestión grave si no hay centros civiles ni autoridades legales para resolverlo", afirmó una experta legal del Ministerio, Azhar al Shaarbaf.

Al Shaarbaf también señaló que los políticos iraquíes habían rechazado antes la idea de que las mujeres pudieran sufrir abusos y que habían ignorado esta cuestión. "Ahora, la clase política entiende las palabras 'mujer abusada', lo que supone un progreso, dado que la clase política es quien toma las decisiones", añadió.

Irak no tiene datos oficiales sobre las mujeres que sufren abusos, pero el Gobierno ya no niega que es un problema que necesita ser tratado. Un portavoz del Ministerio de Derechos Humanos, Kamil Ameen, indicó que un gran número de mujeres en Irak sufren abusos, ya sea mediante un trato poco respetuoso, insultos verbales o palizas.

No es inusual ver señales de violencia en el cuerpo de una mujer o escuchar gritos o llantos en las casas, pero las víctimas en pocas ocasiones se quejan o buscan ayuda. La tradición dificulta que una mujer se queje a la Policía de su marido porque podría ser vista, incluso por sus propios familiares, como alguien que trae la vergüenza sobre la familia.

"La razón es la naturaleza cultural de la sociedad. Cuando las mujeres sufren abusos, no tienen un lugar al que ir", indicó Ameen. "Aún tienen miedo y consideran las quejas como algo no aceptable en el plano social", añadió.

Una asistente que trabaja en uno de los nuevos centros familiares en el distrito de Qahira, identificada como Israa, afirmó que estas instituciones son una medida positiva, pero que su ubicación --en comisarías-- limitarán su utilidad. "No va a funcionar (...) porque la mujer que sufre abusos considerará ir a la comisaría, no a un centro social, y esto es socialmente inaceptable", afirmó.

Los centros no son refugios para mujeres maltratadas, y su principal misión es resolver el conflicto. En el caso de una mujer que es golpeada por su marido, por ejemplo, el culpable sería llamado para que firmara un documento por el que promete no volver a hacerlo.

El Ministerio de Derechos Humanos afirmó que ha intentado que los centros se localizaran en otros lugares, pero que no había tenido éxito. "Les pedimos que estuvieran lejos de las comisarías y que fueran independientes de las mismas para que las mujeres fueran con libertad", explicó Ameen. "No es fácil para nuestra sociedad, pero tenemos que comenzar por algún sitio, como en cualquier otro país", añadió.

FUENTE: EPSOCIAL

TUCUMÁN: SILBATAZO CONTRA EL ABUSO SEXUAL


Silbato Vs Silencio

Cuando la mujer dice No es No

Anímate a denunciar
...
Sábado 31 de julio a las 10hs


Plaza independencia frente al mastil


Por los abusos sexuales que sufrimos las mujeres tucumanas a diario, que se
pierden en las noticias policiales, y frente a un Estado que no da
respuestas, nos reunimos nuevamente en la peatonal del microcentro tucumano
a hacer sonar los silbatos.


Contraponemos al silencio, que rodea a esta violencia, el silbato. El
silencio aparece como un gran enemigo que se impone. (Nueve de cada diez
abusos no son denunciados)
el silencio es reforzado por el Estado, porque
cuando una mujer se anima a denunciar es humillada, puesta en el banquillo
de acusada. Esto construye un manto de impunidad, que ampara a los
abusadores.

Inicialmente, fueron las jóvenes cordobesas las que usaron el silbato frente
a un violador serial. Se unieron y organizaron para defenderse del agresor.

Consideramos que la violencia sexual es una de las formas más crueles y
dolorosas de la opresión de género. Nuestro cuerpo es considerado objeto y
por ello puede ser manoseado, ultrajado, violado.

Creemos que esta problemática social profunda, debe ser denunciada,
discutida, y remediada
.

Por esto, continuamos la campaña por la ley de emergencia nacional en
violencia sexual.

-Para que se aprueben protocolos de atención sanitaria a victimas de
violación que incluyan información y provisión obligatoria de anticoncepción
de emergencia (píldora del día después), exámenes y tratamientos de HIV y
hepatitis, y atención psicológica continua gratuita.

-Para que se reforme el código procesal penal de la provincia que garantice
que los fiscales tomen las denuncias en los hospitales y que las pruebas
allí recogidas eviten una nueva revisación y revictimizacion.


-Para que exista un Fiscalía especializada, efectiva en la búsqueda de
pruebas y que incorpore perspectiva de género.

-Para que no se repitan las tragedias de Romina Tejerina, Paulina Lebbos, y
de tantos otros casos que no se hacen públicos

-Para que en caso de violación se interrumpa el embarazo en hospitales
públicos de acuerdo lo previsto en el Código Penal.

FUENTE: RIMA

martes, 27 de julio de 2010

CHILE: MÁS DEL 60% de las mujeres que mueren en manos de sus parejas NO PRESENTAN DENUNCIA POR VIOLENCIA


Directora del Sernam: “Más del 60% de las mujeres que mueren a manos de sus parejas, no presentan denuncias por violencia intrafamiliar”
Martes 27 de Julio del 2010

Coyhaique-. A propósito de la muerte de Lorena Pineda Vargas, ocurrida el pasado viernes 23 de julio, a manos de su pareja, Pedro Muñoz Salgado, la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Ximena Carrasco Hauenstein, explicó que la violencia contra la mujer es un fenómeno muchas veces invisible no sólo para quienes la viven, sino también para la sociedad en su conjunto.

“Tenemos la tendencia a ver como ‘naturales’ ciertos comportamientos que resultan ser abusivos y esto nos ocurre por diversas razones: por la presencia de mitos al respecto, porque quienes la viven creen que son temas que no se deben comentar o porque es algo secreto del hogar; o porque da vergüenza. Todo esto provoca que las víctimas no sean conscientes de lo que está sucediendo y por tanto, que no puedan defenderse a sí mismas o a su entorno familiar. Esta conducta puede tener resultados fatales como los de Lorena, quien según información entregada por el Fiscal que investiga los hechos, no tenía registrada ninguna denuncia formal sobre la situación de violencia que vivía al interior de su familia y por tanto, desde la institucionalidad nadie pudo ayudarle”, indicó.

Según cifras que maneja el Sernam “en el año 2009, un 73% de las mujeres que fueron asesinadas por su marido, pareja o conviviente, no registraban denuncias en ninguna instancia formal: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal de Familia y Ministerio Público. Por tanto, hablamos de mujeres que estaban desprotegidas desde el punto de vista judicial, sin asesoría legal o psicológica, sin apoyo para encontrar una salida a su situación. Por eso el llamado es a no callar, a no vivir en silencio la violencia, no sólo en relación a las víctimas, sino también a quienes están en nuestro entorno: familiares, vecinos/as, amigos/as. Como comunidad tenemos el deber de no hacernos los ciegos y movilizarnos en torno a quienes están en riesgo de sufrir ataques o hechos de violencia intrafamiliar”, enfatizó la autoridad.

Finalmente Ximena Carrasco Hauenstein dijo que junto a la ley de violencia intrafamiliar, las mujeres deben estar alertas y solicitar ayuda “y acudir a la red de protección de nuestra región que se ha ido potenciando a través del tiempo. Hoy contamos con el Centro de la Mujer Rayen en Coyhaique y con el Centro Naá Alveré en Puerto Aysén, y la Casa de Acogida para Mujeres en Riesgo Vital, al que llegan las que son derivadas desde fiscalía, para protegerlas de cualquier hecho que pone en riesgo su vida a causa de la violencia”, concluyó.
FUENTE. EL DIVISADERO

GUATEMALA: Quince entidades que protegen a niños exigen detener violencia en este país



GUATEMALA, 26 Jul 2010 (AFP) -
Quince organizaciones que velan por los derechos de los niños, incluida Unicef, demandaron este lunes el cese de la violencia que vive Guatemala, donde un promedio de 18 personas son asesinadas diariamente, incluidos menores de edad.

"Es imperativo que los tres organismos del Estado guatemalteco, a través de sus autoridades, tomen medidas inmediatas efectivas e integrales para frenar esta ola de violencia que afecta a toda la ciudadanía con acciones que protejan el bienestar y la vida", detalla un aviso pagado publicado en medios locales por estas organizaciones.

Los niños y adolescentes no son inmunes a la violencia, pues son víctimas directas o quedan en la orfandad, de acuerdo con el comunicado suscrito por 15 entidades, entre ellas la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la Fundación Sobrevivientes y Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia).

Según estas entidades, durante este año al menos 321 menores han perdido la vida por la violencia, lo que significa casi dos niños por día.

"Es fundamental que las madres, los padres, la sociedad civil y el sector empresarial unamos esfuerzos rechazando la violencia como forma de solución a los conflictos y demandando que los organismos del Estado cumplan el rol que les ha sido asignado", agrega el aviso.

FUENTE. UNIVISION.COM

lunes, 26 de julio de 2010

De la violencia familiar a las violencias contra las mujeres


<span style="font-weight:bold;">[…] Las violencias cotidianas también son políticas. No tienen sexo. Que las mujeres sean en abrumadora mayoría las víctimas de las violencias de los hombres no habla de una condición masculina de fuerte e inherente agresividad, sino de un poder social y subjetivo que muchos hombres
ejercen desde las formas públicas y/o privadas del abuso.
Ana María Fernández


HISTORIA DE VIDA
“El día sábado 12 de diciembre de 2009 di por terminada una relación de noviazgo […] Ese mismo día me expresó que ‘yo con él no terminaba porque se iba a casar conmigo’. Me dijo también que no me iba a dejar tranquila, que me iba a buscar donde sea porque sabía mis movimientos, el lugar donde trabajo, los lugares que frecuento, etc.” Este párrafo forma parte del relato (y la posterior denuncia) que nos hiciera Mónica, una joven trabajadora de la educación, en el mes de junio del corriente año, en el servicio de asesoramiento legal Socorro Violeta. El escrito que se presentó ante la justicia consta de diez páginas repletas de diversas formas de violencia y de re-victimizaciones que sufrió Mónica, primero por parte de su ex novio; luego –y a la vez en simultáneo- en los pasillos judiciales cuando decidió efectuar la denuncia correspondiente.
Pasemos revista ahora por una de las enmarañadas formas de violencia que vivió Mónica:
-¿Es tu marido? (preguntó el funcionario del juzgado de familia)
-No
-¿Convivieron?
-No
-¿Tienen hijos?
-No, volvió a repetir Mónica.
-Entonces repetí conmigo (le dijo el funcionario) esto es una receptoría de denuncias contra violencia familiar, repetí: fa-mi-liar…

La impunidad institucional es también una forma de violencia. Ana María Fernández (2009) sostiene en su libro Las lógicas sexuales: amor, política y violencias que “para matar a una ex esposa, novia, amante a patadas o simular un suicidio, quienes realizan estas acciones cuentan con diversos grados de impunidad institucional”. Pactos del poder patriarcal, pactos hechos sentido común que se ciernen y tienen efectos sobre vidas concretas. Naturalizar las injusticias, intrincado mecanismo social productor y reproductor de violencias contra las mujeres, niñas y niños.

Ampliando significados…
La Ley Nacional 26.485 fue sancionada el 11 de marzo de 2009. El 19 de julio de 2010 cobra vigencia definitiva, con la firma de la reglamentación correspondiente; la normativa tiene alcance en todo el territorio nacional e involucra a los tres poderes del estado. La denominación misma adelanta su potencialidad: Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrolle sus relaciones interpersonales.

A través de 45 artículos avanza sobre las normativas existentes reconociendo las múltiples formas de violencia de género. Puntualiza cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, simbólica y económica-patrimonial, le pone letra al reclamo de igual salario por igual tarea. En los casos de violencia laboral se contempla el hostigamiento psicológico, proveniente de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o de niveles inferiores. Contempla también los casos en que es ejercida por un concubino o el novio de la víctima. Pueden ser también ex parejas y no exige como requisito la convivencia. Y la reconoce en ámbitos como organismos públicos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, y en los servicios de obstetricia.
Define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal”. Alcanza a aquellas conductas o acciones “perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. (Digamos, de paso, que desde Socorro Violeta hemos presentado la denuncia ante las autoridades competentes contra el agente que desestimó la denuncia de Mónica, a quien se la pretendió expropiar de derechos ciudadanos).

La ley destaca seis modalidades, entendiendo por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia: doméstica; institucional; laboral; contra la libertad reproductiva; obstétrica y mediática. Así, la violencia contra la libertad reproductiva es una figura que supone sanciones para profesionales de la salud que no brinden asesoramiento necesario para que una mujer pueda elegir si desea o no tener hijos/as y decidir el intervalo de los nacimientos, que no quieran proveer de algún método anticonceptivo por sus convicciones religiosas o se nieguen a realizar un aborto no punible.
La violencia mediática, en este caso serán susceptibles de sanciones los medios de comunicación que difundan mensajes o imágenes con patrones sexistas de dominación masculina, estimulen la explotación sexual de las mujeres, o contengan prácticas discriminatorias a través de expresiones, juegos, publicidades.
Reconocemos en esta ley, en sus definiciones y propuestas los nuevos saberes producidos por los grupos de mujeres y el trabajo sostenido a lo largo de años bajo múltiples formas de activismo; reconocemos que ensancha los términos de la llamada violencia familiar y/o doméstica, ante la constatación urgente y devastadora de las diferentes violencias perpetradas bajo el amparo del régimen heteropatriarcal.
Sin embargo, conviene adelantar que estas normativas sólo darán pasos de concreción fehaciente en la medida que las definiciones políticas vayan acompañadas de las partidas presupuestarias necesarias. Partidas que al día de hoy no están garantizadas. No alcanza con discursos en apariencia bien intencionados para que las políticas públicas contrarresten las diversas formas de violencia masculinista.
Junto con lo anterior, habrá que propiciar profundos cambios en agentes y funcionarios/as que tengan a su cargo la atención y los programas propiciados por esta ley nacional. Cambios que requieren de ofensivas políticas de formación y capacitación en las perspectivas de género y de derechos humanos; políticas que auspicien el ingreso de paradigmas igualitarios y antidiscriminatorios a la hora de tomar y analizar las denuncias recibidas. Paradigmas que reconozcan a las mujeres como sujetas de derechos, merecedoras de vidas sin violencias. Paradigmas que traigan otras argumentaciones a los imaginarios de quienes tienen la responsabilidad pública de prevenir, sancionar y erradicar las violencias sexistas.
En el caso de Neuquén insistimos, pese a los recortes presupuestarios y al vaciamiento de los programas provinciales en materia de derechos garantizados por ley, que las autoridades gubernamentales deberían generar los mecanismos necesarios para que, tomando la cosmovisión que plantea la ley nacional, se readecúe y revitalice la implementación de la Ley 2212. Ley que a esta altura resulta sumamente escueta, entre otras razones porque sólo reglamenta lo que debe hacer el poder judicial en materia de violencia familiar.
Como siempre, será necesario propugnar acciones y crear dispositivos para que las mujeres afectadas por las situaciones de violencias machistas puedan apoderarse de nuevos bagajes subjetivos que posibiliten la existencia real y efectiva del articulado de esta ley nacional.
FUENTE. LA REVUELTA.ORG

domingo, 25 de julio de 2010

MEXICO: Niños huérfanos de la violencia e invisibles



Un bebé se estrelló en el piso cuando su padre, que lo llevaba en brazos, fue asesinado en México. Otro de dos años vio desde su carrito cuando mataron a seis adictos en un centro de rehabilitación, entre ellos su madre. A uno más, de tres años, su madre nunca llegó a recogerlo en la guardería. Son el rostro más oscuro de la guerra mexicana contra los cárteles criminales del tráfico de drogas: una cantidad indeterminada de huérfanos, que se cuentan por miles, aunque no hay una cifra oficial.

Sólo en Ciudad Juárez, en la línea fronteriza con Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil los sitúan en 10.000, considerando que en tres años y medio han sido asesinadas más de 5.500 personas, que en 70 por ciento de los casos tenían entre 18 y 45 años.

Si se extrapola ese cálculo a la cifra nacional, de 25.000 muertos, con un promedio de dos hijos por adulto, la cifra es escalofriante: unos 30.000 huérfanos habría dejado hasta ahora la estrategia contra el narcotráfico del gobierno conservador de Felipe Calderón.

"Sabemos que son miles, pero nadie tiene idea de cuántos son ni dónde están", dijo a IPS Nashieli Ramírez, coordinadora general de la no gubernamental Ririki Intervención Social, y una de las voces más reconocidas en México en materia de infancia.

"No sabemos si están con sus familias extendidas (abuelos, tíos) o en la calle", dijo la experta, quien aclaró que el oficial Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene una estructura muy limitada para atender a esta población.

La contabilización de los casos, dijo, se tiene que hacer a través de las procuradurías de justicia de los 32 estados mexicanos, las que llevan el registro de los muertos. Pero no están capacitadas para atender y canalizar a los huérfanos, precisó.

En Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo más de 2.600 personas asesinadas en 2009, pero el DIF de su estado, Chihuahua, sólo tiene el registro de ocho niños huérfanos durante ese año, de los cuales dos fueron dados en adopción, de acuerdo con la dependencia oficial.

"El DIF no tiene manos para extender sus redes de atención y menos cuando la población afectada es tan alta", dijo Ramírez.

Las historias se reproducen. Una trabajadora * de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez contó a IPS que hace unos meses tuvieron el caso de un niño de tres años y medio al que su madre no buscó a la hora del cierre.

"Tratamos de distraerlo y horas después una compañera de trabajo de la mamá llegó y nos dijo que la habían balaceado, quería llevárselo pero no podíamos dárselo. Si no es la persona autorizada hay que entregarlos a las autoridades, según el reglamento", narró.

Finalmente lo recogió el padre y como la guardería sólo brinda el servicio a infantes a cargo de sus madres, el niño no regresó. "No supimos qué fue de él, ni si tuvo alguna atención", dijo la educadora.

En México, con una población de 107 millones, hay 38 millones de personas menores de 18 años y una cuarta parte de este grupo no ha cumplido seis años. Pero la atención a la primera infancia es una de las áreas más descuidadas de las políticas públicas.

Al inicio de su administración, el presidente Calderón anunció la creación de centros infantiles como el programa estelar de su gobierno en materia social. Pero los resultados han sido magros.

"El problema del programa es que está enfocado a dar trabajo a las madres, no a que los niños estén bien cuidados", dijo a IPS Catalina Castillo, de la Organización Popular Independiente de Juárez.

Muchos de los niños y niñas que han perdido a sus padres tienen que enfrentar además la discriminación alimentada por el discurso del gobierno, de que los muertos son criminales.

Es el caso de los hermanos Rodrigo y Raúl, de ocho y 10 años, que en 2008 perdieron a sus padres y quedaron al cuidado de la abuela materna. De acuerdo con Susana, su tía, el cambio de escuela, casa y ciudad detonó una conducta rebelde e introvertida, que aumenta cada vez que otros niños les preguntan si sus padres murieron "por narcos".

En Ciudad Juárez, la Fundación Integra atiende un particular grupo de huérfanos: los que están mutilados o discapacitados de manera permanente.

En tres años han atendido a más de 800 personas que de manera directa estuvieron expuestas a algún tipo de violencia, de las que 65 por ciento son menores de edad. Pero tienen una limitación: sólo tratan a quienes tengan familia que se haga responsable en la casa.

¿Y los que no? "Se canalizan al DIF. No podemos hacer más", dijo Laura Antillón, responsable operativa.

Cualquiera que sea su número, los huérfanos pertenecen a una generación rota por la guerra mexicana. Han visto morir a sus padres, son desplazados y discriminados. Pero ninguna autoridad los mira.

El 2 de junio, dos familias regresaban de vacaciones en el puerto de Mazatlán, en el pacífico mexicano, cuando fueron interceptadas por hombres armados en la carretera de Casas Grandes-Ciudad Juárez, de Chihuahua.

Se llevaron a uno de los viajeros, Mario Alberto Iglesias, de 32 años, y su cuerpo sin cabeza apareció horas después en un paraje cercano. Su esposa, María de Jesús Magallanes, quedó agonizante y murió días después en el hospital.

Una serie de fotografías, no publicadas en la prensa local, muestra a los hijos de la pareja -un niño de cinco años y una niña de tres- viendo a la madre desangrarse. En otra imagen, la que acompaña a este artículo, el pequeño permanece en la escena del crimen con la ropa manchada de sangre, en medio de militares armados, sin que nadie le ponga atención.

"Es la orfandad total. Nadie los ve, nadie los oye, ¿qué tipo de realidad están construyendo?", resumió Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común.

* La trabajadora en la guardería y algunos niños y familiares no se identifican, o se hace parcialmente, a pedido de las fuentes.
- Fuente:Daniela Pastrana - IPS

sábado, 24 de julio de 2010

UNICEF denuncia que 1.200.000 niños son víctimas del tráfico de personas


la directora ejecutiva de UNICEF España, Paloma Escudero, ha ofrecido un perfil de la situación actual del tráfico de menores en el mundo, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense.

Escudero ha revelado que entorno a "1.200.000 niños son víctimas del tráfico de personas en todo el mundo", de los que 25.000 se encuentran en países pertenecientes a la Unión Europea. Sin embargo, en los últimos siete años, el número de estados que han desarrollado una legislación para combatir la trata de blancas ha pasado de 55 a 125.

Además, en la última década, la Organización de Naciones Unidas ha reforzado la normativa en materia de tráfico de inmigrantes y personas gracias a la Convención de Palermo de 2000 y sus tres protocolos correspondientes, con los que pretenden conseguir los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Las mujeres, las más vulnerables

Un elevado porcentaje de los menores implicados en el comercia ilegal de seres humanos son mujeres asociadas al mercado del sexo, "sobre todo en países asiáticos", que se han convertido en destino preferente del turismo sexual, como ha explicado la directora de la ONG.

Las mujeres que nacen en entornos de extrema pobreza no son sólo más susceptibles a acabar en manos de las redes de prostitución, sino que también se tienen que enfrentar al matrimonio precoz y a los abusos de familiares cercanos.

"Un tercio de las mujeres entre 20 y 24 años de países en desarrollo se casaron antes de los 18". En los países de Asia del Sur son la mitad de estas mujeres las víctimas de los matrimonios antes de la mayoría de edad, de los cuales, un 60% se producen antes de los 16 años, según datos de UNICEF.

El 70% de los matrimonios de conveniencia de menores tienen lugar en familias sin recursos que además de normalizar el delito escudándose en la tradición cultural, encuentran estos acuerdos como uno de los pocos modos de subsistencia a parte de la mendicidad.

Los niños pequeños, también en peligro

Escudero también se ha referido a la adopción irregular como otra de las principales vías de tráfico infantil y ha aludido en concreto al reciente caso de Haití, donde, aprovechando la inestabilidad del país tras el terremoto, un gran número de falsos huérfanos cruzaron la frontera hacia República Dominicana de mano de las mafias.

Por último, la directora de la ONG, ha pedido un cambio de los actuales protocolos de actuación de las autoridades en los casos de tráfico de personas, ya que "el rescatado es tratado como un delincuente".

Además, el "trabajo psicosocial" con la víctima debería de ser mayor, ya que las secuelas psicológicas, como la vergüenza y la culpabilidad, pueden "dificultar la reinserción de la víctima y llevar a una recaída" en las redes de trata de personas.
FUENTE: EL MUNDO. ES

SANTA CRUZ : 37 VÍCTIMAS DE TRATA RESCATAS


Así lo confirmó el secretario de Derechos Humanos, Humberto Quiñones. La cifra corresponde desde el 2007 a lo que va de este año. Las víctimas fueron libradas en distintas localidades de la provincia. Además, afirmó que Santa Cruz no es una provincia de reclutamiento sino de destino.

La Trata de Personas es un delito que ocupa el tercer lugar de un terrible ranking internacional, el que está encabezado por la venta de armas y el tráfico de drogas. Tiene sus redes por todo el país y Santa Cruz, lamentablemente, no quedó excluida.
La Secretaría de Derechos Humanos trabaja desde el 2007 en el delito de Trata de Personas, es decir, un año antes que sea promulgada La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas.
Desde el trabajo que realiza desde entonces esa Secretaría, 37 mujeres fueron rescatadas en Santa Cruz; ocho de ellas durante el 2010, así lo confirmó ayer entrevistado por TiempoSur, el secretario de DDHH, Humberto Quiñones.
Se trata de mujeres, menores y mayores de edad, rescatadas en operativos policiales en distintas localidades de la provincia.
Todas las víctimas eran explotadas sexualmente, y aún no se detectaron casos de personas explotadas laboralmente.

Destino
Esta provincia, -como otras de la Patagonia- no suelen ser un lugar de reclutamiento como informaron algunos matutinos, sino de destino.
Las principales provincias de reclutamiento son las del norte del país como Misiones, Corrientes y Chaco.
Al respecto, el Secretario de DDHH dijo que lo informado durante esta semana “debe haber sido un error” dado que mantiene un diálogo constante con el Ministro de DDHH de Misiones y “lo que ellos notan, es que el reclutamiento se hace en su provincia con destino a Buenos Aires y Santa Cruz,
entre otros lugares”.

Rescate
En tres años, 37 mujeres fueron rescatadas de estas redes delictivas que funcionan en todo el país, pero también pasan fronteras.
Adolescentes y mujeres mayores fueron captadas como víctimas, por lo general, en allanamientos ordenados por la Justicia y efectuados por la policía.
Una vez que realizan un procedimiento, la policía tiene una tarea fundamental, detectar quién es la víctima.
El rescate en los operativos es “uno de los momentos más traumáticos de la situación” porque la víctima en muchos casos “se presume delincuente por estar en un lugar delictivo”, explicó Quiñones. Dada esa situación “se hace difícil identificar a éstas, pero con las capacitaciones ya no es tan difícil”.
Hoy la policía “está en condiciones de actuar debidamente, con posibilidades de error que puede haber en estos casos”, afirmó el Secretario de Derechos Humanos de la provincia.

Asistencia
Alojamiento, custodia, asistencia y contención, son algunas de las cosas que debe brindar a las damnificadas el Estado.
Cuando es rescatada una persona se le brinda un alojamiento, la custodia en Santa Cruz está a cargo de la policía provincial, desde la Secretaría de Derechos Humanos brindan asistencia y contención hasta su traslado, una vez que se efectúa éste, la custodia está a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Además, desde la Secretaría de DDHH se comunican con Secretaría del lugar de origen de la víctima, para saber que la recibirán y luego se hace un seguimiento para conocer cómo se encuentra la damnificada.
Cabe mencionar, que no siempre regresan a sus familias dado que en algunos casos son ellos los que actuaron como “entregadores”.

Ley 26.364

La Trata de Personas es una actividad criminal directamente asociada a la prostitución y el tráfico de personas, por la cual su cuantificación por la práctica ilegal es imprecisa dado a sus registros.
El análisis como dispositivo de victimización de los niños, niñas y/o mujeres pertenecientes a un cierto sector, ha hecho desmitificar la naturalización de la prostitución y explotación sexual, por lo que tanto hombres como mujeres, ya sean mayores o menores de edad se convierten y transforman en mercancía, constituyéndose en esclavos en pleno siglo XXI, y hace que los traficantes de personas ganen buena cantidad de dinero.
Es por ello que el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados sancionaron la ley 23.364, el 9 de abril del 2008, siendo promulgada ese mismo día.
Esta Ley prevé la trata, prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas.
El objeto de la mencionada Ley es implementar medidas para la asistencia de las mismas y dar herramientas a las fuerzas policiales, para sancionar aquellos que hacen la captación y transporte, tanto en el interior del país como hacia el extranjero de personas mayores y menores de edad.
También contempla cuando las personas son obligadas por engaños, fraude, violencia y amenazas, por intimidación, abuso de autoridad, situación de vulnerabilidad, concesión y recepción de pagos o beneficios (esto es en caso que la víctima diera su consentimiento).
FUENTE: TIEMPO SUR DIGITAL

viernes, 23 de julio de 2010

Comunicado del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable


Las y los integrantes del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ante los hechos ocurridos en relación a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles:

- Consideramos que, habiendo participado activamente desde 2007 en la elaboración de la Guía Técnica de Atención Integral a los Abortos No Punibles que regula la prestación sanitaria de los abortos permitidos por la ley, se ha dado un paso adelante con su reciente revisión, actualización y publicación.

- Consideramos también un paso adelante en el compromiso con una política pública que garantice el cumplimiento de la ley, la existencia de una resolución ministerial por parte de la máxima autoridad sanitaria.

- Entendemos que si bien la Guía se encuentra disponible desde el 2007, han existido serias dificultades para su implementación. En este sentido, el aval de una resolución ministerial cumple un rol fundamental para avanzar en la garantía del reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.

- Insistimos, a la luz de las expresiones contradictorias que han circulado en distintos ámbitos en estos últimos días, en la necesidad de trabajar en la implementación de la Guía, instrumento clave para que el Estado, sus funcionarios y los servicios de salud den cumplimiento a sus obligaciones.

- Entendemos que la insuficiencia en la vigencia e implementación de una política pública en materia de acceso a los abortos permitidos por la ley argentina, pondría al Estado en una situación de incumplimiento con las ciudadanas tal como lo refleja la denuncia que el Estado tiene frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

- Esperamos que las autoridades sanitarias adopten todas las medidas necesarias para implementar efectivamente la Guía Técnica, acompañada del aval institucional y político que se requiere.

Buenos Aires, 22 de julio de 2010.

Marta Alanis, Paola Bergallo, Mabel Bianco, Guillermo Carroli, Susana Chiarotti, Virginia Franganillo, Valeria Isla, Gladys Ponte, Silvina Ramos, Mariana Romero, Eugenia Trumper.

fuente: RIMA

ABORTO NO PUNIBLE ¿ DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

cuando una mujer pida la interrupción de un embarazo en los supuestos contemplados en el Código Penal, si corre peligro su vida o su salud y si ha sido violada. De acuerdo con la flamante normativa, cualquier mujer víctima de una violación, y no sólo aquellas “idiotas o dementes”, podrán reclamar un aborto en el sector estatal. El hospital no deberá exigir una autorización judicial. Un equipo interdisciplinario tendrá a su cargo el estudio de cada caso y deberá expedirse en un plazo máximo de cinco días hábiles. Para el diagnóstico deberá contemplarse no sólo el riesgo físico que la continuación de la gestación podría causar o agravar, sino también el daño psíquico. La respuesta tendrá que ser veloz.“En ocho días tiene que estar resuelto el aborto sin judicializarse”
a normativa impulsada por la provincia se fundamenta “en la necesidad de contar con pautas que permitan aplicar el aborto en los supuestos contemplados como no punibles en los términos del artículo Nº 86 incisos 1 y 2 del Código Penal”, señala el texto del protocolo.

Entre otros puntos, establece los siguientes “principios generales” que deberán aplicarse en todos los “efectores del sistema de salud”.

- La interrupción del embarazo en los casos mencionados en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal “no requieren autorización judicial”. En este sentido, ya se ha pronunciado la Suprema Corte de la provincia en más de un fallo.

- Todo personal que trabaje en temáticas de salud sexual y reproductiva deberá conocer “las instancias para la atención y contención y/o eventual derivación a hospital de referencia para la solicitud (o práctica) de aborto no punibles”.

- Se deberá “actuar con celeridad para que haya menor dilación posible en la evaluación del caso y si lo amerita la interrupción de la gestación”.

- Siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en el protocolo, el director o directora del hospital tendrá “la responsabilidad de brindar la atención y práctica solicitada”.

El protocolo deberá aplicarse en todos los hospitales que tengan servicios de tocoginecología. En cada uno se deberá conformar un equipo interdisciplinario “para la evaluación y contención de cada caso que se presente”, integrado por al menos cuatro miembros, entre ellos un tocoginecólogo, un psicólogo, un médico psiquiatra y un trabajador social. Ninguno podrá ser objetor de conciencia. Serán designados por el director. Este equipo tendrá un plazo máximo de cinco días para realizar el diagnóstico en cada caso y certificar si encuadra dentro de los supuestos previstos en el Código Penal. “A los fines de este diagnóstico debe considerarse a la salud como ‘un completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades’ (OMS Doc. Básico 42, Ed. 1999, pág. 1) Por lo tanto, deben considerarse situaciones tales como síndrome de estrés post-traumático, depresión profunda, intentos de suicidio y ser víctima de violencia, entre otros”, enumera el protocolo. Este punto deja en claro que deberán tomarse en cuenta los daños psíquicos que pueden generar en una mujer el hecho de continuar con un embarazo producto de una violación.
Según el protocolo, para someterse a un aborto, la mujer deberá dar el consentimiento informado, que quedará incorporado a su historia clínica. En el caso de menores de edad, lo darán sus representantes legales.

El documento establece además que el hospital deberá ofrecerle a la mujer “asistencia psicológica desde el momento en que solicita la interrupción del embarazo y hasta después de realizada la intervención, gozando de prioridad en la asignación de turnos”.

“Con el consentimiento informado, la interrupción de la gestación deberá efectuarse en un plazo no mayor a tres días hábiles, desde la elevación de lo informado por el equipo interdisciplinario”, precisa el protocolo. “En ocho días tiene que estar resuelto sin judicialización”, destacó el ministro de Salud provincial, en diálogo con este diario.

En aquellos casos en que la mujer embarazada solicitara interrupción del embarazo “aduciendo peligro para su salud” y el equipo interdisciplinario evaluara que no se configura dicha situación, deberá quedar registrado en la historia clínica, con la firma de los profesionales. Y a la paciente se le deberá informar por escrito los motivos del rechazo.

Cuando se trate de una mujer embarazada incapaz, el hospital deberá exigir el consentimiento informado del representante legal, la declaración de insanía o dictamen médico de un equipo interdisciplinario de salud mental y una denuncia judicial o policial de la existencia de la violación.

Los médicos que no quieran practicar un aborto podrán inscribirse en un registro de objetores de conciencia, que será de acceso público. “Pero el hospital deberá garantizar siempre que en el servicio haya un profesional que lleve adelante la intervención”, El objetor deberá suscribir una declaración en donde manifieste que ejercerá la objeción tanto en ámbitos asistenciales públicos, como privados.

fuente: página 12 - MARIANA CARBAJAL

ENLACE PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE

http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Polìticas_Publicas/Protocolos%20de%20Atención/PROTOCOLO-DE-ABORTO-

NO A LOS AVISOS CLASIFICADOS DE CONTACTO SEXUAL


Buenas prácticas se difunden
El Diario "La Mañana" de Neuquén ya no publica desde ayer avisos de contacto sexual.
Iniciada por el diario "La Arena " de La Pampa esta buena práctica, promovida por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,Democracia y Desarrollo(PIDHDD), FOPEA (Foro de Periodistas de Argentina), la Coalisión contra el Trafico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe y numerosas Organizaciones Feministas de Argentina y otros países, reconoce la estrecha relación entre el delito de trata y su publicidad a través de diversos medios, de los cuales los periódicos forman parte, no exclusiva, pero si de gran importancia.
El Diario "La Mañana" de Neuquén cuyo dueño es Carlos Schroeder y su Directora Claudia Kosman anunció ayer en su portada la decisión de no publicar más avisos de contacto sexual para prevenir y erradicar la trata de personas, priorizando el respeto por los derechos humanos sobre los intereses económicos
Es intención de todos estos actores sociales y organizaciones sociales continuar difundiendo esta experiencia para que sea replicada en otras provincias y en la región, por otros periódicos y medios de comunicación comprometidos con la prevención y erradicación de la Trata de Personas.
Felicitaciones a La Arena y La Mañana!!! por comenzar una buena práctica que se difundirá a todos los periódicos que consideren que si el proxenetismo es delito, hacerle publicidad también debería serlo.
Irene Castillo
Grupo de Estudios Sociales
fuente: RIMA