lunes, 22 de noviembre de 2010

TRES FEMICIDIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ EN EL TRANSCURSO DEL 2010

La violencia de género en Santa Cruz provocó durante este año tres homicidios.
Según “Desafíos y Compromisos”, ONG que lucha contra este flagelo, se estudia un cuarto caso para conocer si pueden engrosar la lamentable cifra.
En el 2010 se rescataron 8 víctimas de violencia y se detectaron dos casos de abusos gracias al trabajo en red que realizó la organización de forma conjunta con el Hospital Regional, Policía provincial, Ministerio de Asuntos Sociales, y la Justicia.
Más de un 50% habita la provincia, y un 30% de estas son jefas de hogares.
Hubo un aumento del 60% de denuncias en el 2010 respecto al 2009.
Dentro de cuatro días- el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia género.
Por ser mujer
“Son mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, por el sólo hecho de ser mujeres”, indicó a TiempoSur la titular de la organización Mónica Bersanelli, quien celebró el hecho de poder contar con estadísticas, que existen gracias a que hace dos años se creo la oficina de Violencia Doméstica.
La prevención es fundamental antes de llegar a este terrible final. A nivel mundial existe la campaña “Sacale la tarjeta roja al maltratador”, que llevó adelante en nuestra ciudad la ONG y que pudo se posible gracias a la participación de jóvenes.
Ley de género
Para denunciar un caso de vulneración de género en nuestra ciudad, indicó que antes que nada, la mujer debe acudir a la seccional más cerca de su domicilio, y realizar una denuncia y no una “exposición”. Aunque parezca obvio es importante el dato dado que de esta forma pueden intervenir la justicia.
También puede llamar al celular de la ONG, pese aunque la provincia o cuenta con una línea gratuita que funcione las 24 horas.
Bersanelli advirtió que Santa Cruz debe comenzar a trabajar con al Ley de Género que fue sancionada el año pasado y reglamentada este año. “La subsecretaria de la mujer trajo dos capacitaciones a nivel nacional para trabajar con esto”.
La ley tipifica los distintos tipos de violencia que existe: emocional, psicológica, física, sexual, obstretica económica, laboral.
“Esto no estaba plasmado en una ley”, acotó.
Incluso existe un Protocolo de la Violencia que aquí no se aplica porque no existe. Es el Consejo Nacional de la Mujer el que debe instruir alas provincias su aplicación, en nuestro caso, es la subsecretaria de la Mujer la responsable.
“de organizar esto”, vertió.
La ley marca la importancia de la denuncia, en donde cualquier Juez debe recepcionarla.
“Afortunadamente en Río Gallegos, el trabajo en conjunto logró que las comisarías reciben las denuncias”.
Los efectivos-sugirió - deberían estar capacitados para asistir a las mujeres en estos casos. “Esto es para que no se produzca la revictimización, es decir, de enviar la mujer de un lado otro, o no saber orientarla, atenderla bien por estar en estado de shock, y aprender a trabajar en red, porque el policía esta solo y a cualquier hora se necesita por ejemplo que la mujer sea resguardada”, fustigó.
No hay
Otra falencia es la ausencia de un lugar para victimas que se advierte en la ley.
La subsecretaria de la mujer cuenta con una oficina que atiende los casos de violencia, pero con un horario “acotado”.
“La victima necesita un gabinete especializado y no solo una línea telefónica, porque la victima es la primera vez que se anima denunciar, y puede suceder a cualquier horario y si no hay nada después termina con una muerte u hospitalizada. Esto no es fantasía, ocurre en Río Gallegos, y ni hablar de los noviazgos violentos”, alertó.
Lo “ideal” es que esto surga desde el Estado, aunque precisó que es un problema que incumbe a todos.
Todo fue advertido al gobierno, pero Bersanelli señaló que no hay personal especializado en esta temática en nuestra provincia, dado que la víctima no “puede ser atendida por cualquier persona”, culminó.
fuente: TIEMPO SUR

sábado, 13 de noviembre de 2010

RIO GALLEGOS...COMPROMETID@S CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

RIO GALLEGOS : futuros monitores en Derechos Humanos adhieren y están trabajando en la campaña


Grupo humano maravillo,dinámico, comprometido..realizando acciones concretas en la semana " CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"
Felicitaciones!!!

RIO GALLEGOS: alumnas del Polimodal 17 sumándose a la campaña" SACÁ TARJETA ROJA AL MALTRATADOR"


GRACIAS POR EL COMPROMISO!

CORRIENTES: media sanción para el refugio de víctimas de violencia intrafamiliar


La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad una iniciativa cuyo objetivo es proteger en lo físico y emocional a las mujeres que sufren maltrato físico o psicológico. A partir de la misma se construirán albergues en las ciudades de Corrientes, Goya, y Paso de los Libres.

“Hay en Corrientes un grito silencioso de cientos de mujeres que son golpeadas físicamente o maltratadas psicológicamente. Algunas son menores de edad, otras adultas. El Estado no puede estar ajeno a esta realidad, y debe intentar evitar hechos de desenlace fatal. De ahí, la idea de estos refugios temporales, por supuesto, a fin de protegerlas en su integridad” dijo a la prensa Nora Nazar, una de las autoras del proyecto, que pasó al ámbito del Senado para su sanción definitiva.
El texto de la futura nueva ley crea en el ámbito de la provincia de Corrientes “tres casas de refugios temporal que servirán de albergue seguro, a las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. Las mismas se ubicarán en las ciudades de Corrientes, Goya, y Paso de los Libres. Podrán abrirse casas de refugio temporal en otras ciudades cuando las necesidades así lo justifiquen”.
Dichos refugios tienen como objetivo principal albergar a las mujeres, niños, niñas y adolescentes de la agresión física, psicológica, sexual o emocional, al momento que demanden tal protección a las autoridades correspondientes y brindarles apoyo social, legal y de salud. De esta manera, se cubrirán temporalmente sus necesidades básicas de alojamiento y manutención, por 30 días o más, de acuerdo a la necesidad.
Las personas víctimas de violencia familiar que ingresen a estos hogares de refugio, recibirán obligatoriamente atención multidisciplinaria, para la recuperación del daño sufrido y su normal desarrollo social.
Se podrá ingresar mediante oficio judicial, por derivación directa de organismos del Estado provincial o municipal, que específicamente brinden servicios de asistencia psicológica o jurídica a víctimas de violencia familiar, a través de derivación de hospitales o centros de salud municipales y provinciales, que hayan detectado y determinado la situación de violencia familiar.
FUENTE:X SUPUESTO

TE VOY A HERIR UN POCO MAS...violencia en el hogar


Una vez por hora, duran­te las 24 horas del día, una persona pide ayu­da en la Oficina de Vio­lencia Doméstica de la Corte Supre­ma de Justicia de la Nación (OVD). No es fácil, para los ajenos al uni­verso judicial, trasponer las puer­tas del Palacio, las imponentes co­lumnas, los pasillos laberínticos. Sin embargo, entre enero y octubre, 5.928 personas se animaron para encontrar esa oficina donde -con solvencia profesional y calidez- van a escucharlas, brindarles conten­ción, ofrecerles asesoría jurídica y contarles dónde más pueden ayudarlas. Ocho de cada diez fueron mujeres. Del 20% de varones, la mayoría eran chicos y adolescentes violentados. Tam­bién algunos ancianos, maltrata­dos por familiares sin distinción de sexo. Y algunos pícaros que contes­tan la denuncia por agresiones de­nunciando por lo mismo a la agre­dida. La OVD se fundó en 2008 para facilitar el acceso a la Justicia, disminuir "los efectos de la disper­sión jurisdiccional" y elaborar esta­dísticas que permitan medir el al­cance de la problemática. Este año, la OVDrecibió un 20% más de de­nuncias.

El mismo in­cremento regis­tró el 0800-68537 (MUJER), el núme­ro del Gobierno de la Ciudad que ofrece contención y orientación, in­terviene en casos de emergencia y deriva a centros asistenciales. En el primer semestre de 2010 el 0800 atendió a 4.397 personas. Las pre­visiones del Gobierno para 2010 es que pasarán por algunos de estos programas unas 20.000 mujeres.

Del mismo modo, el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que dirige la prestigiosa psicoana­lista Eva Giberti, informó que casi el 70% de las llamadas del último año corresponden a mujeres maltrata­das (atiende también otras violen­cias). El programa, que actúa en la Ciudad, cuenta con abogados, psi­cólogos, trabajadoras sociales y una brigada móvil para asistir a la vícti­ma en situación de emergencia, sea en la calle o en su casa. El equipo viaja en un móvil no reconocible de la Policía Federal que frena al agre­sor. Ellos contienen a la víctima, la acompañan durante 72 horas e in­forman al juez interviniente. Hasta octubre recibieron 9.115 llamadas, 4.659 fueron comunicaciones rea­lizadas a la línea por primera vez y 4.456 fueron llamadas recibidas en veces subsiguientes. Esto indica, en promedio, un 16% más de llama­das que en 2009.

Las maltratadas son invariable­mente mujeres y, a veces, chicos. El término violencia familiar encubre la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Su lugar subal­terno en la sociedad hace que mu­chos hombres consideren que ellas son de su propiedad y están auto­rizados a "corregirlas", ergo, a mal­tratarlas. La escalada de violencia de género fue señalada con cruda ironía por el juez Eugenio Zaffaro­ni hace unas semanas, cuando dijo que más peligroso que una salide­ra bancaria es circular por la calle o alternar con la familia, aludiendo a que mueren más personas por acci­dentes de tránsito y mujeres a ma­nos de sus parejas o ex parejas que por obra de delincuentes. Según La Casa del Encuentro -una orga­nización feminista que registra los asesinatos de mujeres y niñas infor­mados en los medios gráficos- has­ta el 30 de junio de este año hubo en el país 126 asesinatos: dos cada tres días. O un aumento del 40% respecto de 2009. Zaffaroni dio en el clavo al mencionar que las inse­guridades más mortíferas todavía tienen mucho de invisible para los medios, para la sociedad y para las políticas públicas.

Años en el infierno

La violencia suele instalarse du­rante el noviazgo: una frase áspe­ra, una descalificación, una escena de celos. Después llegan el empu­jón, el primer golpe. Todo se bo­rronea con pedidos de perdón, flo­res, promesas y una disculpa que suena a amenaza: "Si no fueras así, si no me volvieras loco, sería­mos felices". Un período de paz. Otra descalificación. La crítica im­placable a los amigos y la familia. Otro golpe. Otro perdón y más flo­res. Un período de paz, más bre­ve. Otro golpe. Otro perdón. Otro golpe. Otro golpe. Otro golpe. Y, entretejida, la frase que desmoro­na progresivamente la autoestima de la víctima: "No servís como mu­jer, no servís como madre, no ser­vís para nada".

La espiral de la violencia se despliega rápidamente, hasta in­tegrarse a la vida cotidiana. Para entonces, probablemente ella se haya apartado de sus afectos para evitar el enojo y los celos, para que no sospechen o la vean marcada. Por vergüenza. Por culpa. Porque se creyó que no sirve para nada y que, si ella no fuera así, "hubieran sido felices". Porque tiene miedo: siempre tiene miedo. Y no sabe qué decirles a los hijos. "Yo cami­né sobre huevos cada minuto du­rante 15 años para evitar la explo­sión. Pero igual venía", dice E.

Una mujer maltratada -coin­ciden los especialistas- tarda seis años o más en animarse a denun­ciar. Antes eran alrededor de 20. Recién cuando los hijos obtenían autonomía, ellas se atrevían a "con­tar la verdad", a buscar ayuda y a sortear la imputación de querer "dejar a sus hijos sin padre", como le dijeron a E. en la comisaría la pri­mera vez que fue con la cara trom­peada.

Los efectos psicológicos de la violencia doméstica son devas­tadores, y sus secuelas han sido comparadas con las de la tortu­ra. "Mirá que pasaron años, pero si me gritan todavía se me enco­ge el alma", dice E., y nadie diría que esa sesentona fornida y son­riente les tuviera miedo a muchas cosas.

Fueron las campañas de las organizaciones de mujeres des­de fines de los 80 las que des­mintieron las dulzuras del hogar dulce hogar y desnaturalizaron la violencia doméstica, mostran­do que era una conducta tan fre­cuente como silenciada. También impugnaron que los golpes puer­tas adentro fueran un "problema privado", individual o de pareja. Si un asunto "privado" afecta a una de cada cuatro mujeres, de pri­vado ya no tiene nada. Estamos ante un escalofriante problema social. Los medios, gradualmente, se hicieron eco de esta evolución y aunque no falta el imbécil que titula "crimen pasional" para con­tar que el marido le prendió fuego a una chica, la difusión fue decisi­va para que muchas pensaran que era posible huir de la barbarie.

Si la violencia de género es un problema social, va de suyo que el primer responsable de combatirla y de socorrer a las víctimas es el Estado. En el ámbito de la Ciudad actúan tanto la OVD de la Corte Suprema como la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad y el Programa las Víctimas contra las Violencias, de Nación. También organizaciones no gubernamen­tales y del movimiento de muje­res, vinculadas o no a organismos oficiales. Una fragmentación que suele conspirar contra la eficacia de los recursos invertidos.

En lo que atañe al Gobierno de la Ciudad, el presupuesto asignado a la Dirección de la Mujer -respon­sable de las políticas públicas con­tra la violencia de género- sólo re­presenta el 1,7% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, área de la que depende. Y ese Mi­nisterio tiene adjudicado sólo el 6% del presupuesto total de la Ciudad. Una cifra, a veces, dice más que mil palabras. Quien acuda a pedir ayu­da para sí o para una familiar en­contrará profesionales dispuestos a darle una mano pero también una inocultable escasez de recursos.
Los problemas empiezan por el 0800, que debería atender las 24 horas pero a veces no atiende o da largamente ocupado. "Esta­mos previendo hacer más rotacio­nes a las operadoras y capacitar a más personas para que se in­tegren a la línea; se necesita más gente para extender el horario", admitió a Diario Z la directora de Mujer, Sonia Stegman. Es ele­mental, con lo que le cuesta a una mujer violentada decidirse a pedir ayuda no está bueno que sienta que del otro lado no hay nadie.

La operadora puede derivar a alguno de los siete Centros Inte­grales de la Mujer (CIM), donde se brinda asesoramiento jurídico, atención psicológica y, más tarde, talleres de reinserción laboral. En­tre enero y junio, los CIM atendie­ron 2.193 personas.

Para quienes no pueden pa­gar un abogado, la Dirección de la Mujer tiene convenios con la Uni­versidad de Buenos Aires, el Cole­gio Público de Abogados y la Aso­ciación de Abogados.

Otro ámbito de asistencia son los hogares y refugios. La mayoría de las mujeres recientemente ase­sinadas en el país por sus parejas o ex parejas habían requerido la in­tervención del Estado. Pero queda­ron a merced de las represalias del golpeador, enfurecido por la de­nuncia. Y pagaron con su vida la ineficacia de la respuesta pública.

"Sólo un ínfimo porcentaje de las amenazas se cumple -indica Analía Monferrer, coordinadora de la OVD-. Pero los juicios ora­les por lesiones graves o gravísi­mas, homicidio o tentativa de ho­micidio, siempre están precedidos por denuncias previas, en el fuero civil o en el penal, que no tuvieron respuesta adecuada: no se adop­taron medidas, o se adoptaron y no se cumplieron."

Aunque lo aconsejable es que la mujer permanezca en su casa con sus hijos y el juez dicte el perí­metro de exclusión del violento, a veces lo indicado es que la mujer y sus hijos se resguarden en un ho­gar o refugio. El Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) sugiere un refugio cada 80.000 habitan­tes. Si siguiera esa norma, la Ciu­dad debería tener 37.

Pero sólo existen un refugio y un hogar de medio camino, el Jua­na Manso, que recibe también a hijos hasta los 12 años e hijas has­ta los 18. Había otro hogar, el Eva Duarte, pero desde principios de año está cerrado por refacciones. "En ese momento había sólo cinco madres -explica Stegman-: tres se fueron a otros hogares y dos pre­firieron el subsidio habitacional." ¿A dónde fueron las tres primeras? ¿A hogares privados?

La Dirección de la Mujer se sos­tiene con una dotación de 270 tra­bajadores. El 0800, el hogar, el refugio y los CIM dependen del Pro­grama de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica, con un presu­puesto de $12.973.415 para 2010 (72% del total de la dirección).

El resto de los recursos se des­tina al Programa de Fortalecimien­to Políticas Igualdad de Oportuni­dades -con $4.923.100 para el año en curso- que debería articu­lar políticas de "empoderamien­to" de las mujeres.

"La Dirección de la Mujer está ninguneada en el ámbito del Go­bierno de la Ciudad. No le asignan presupuesto suficiente, no les dan un subsidio económico específico, y eso habla de la voluntad políti­ca real que hay para solucionar la violencia que se ejerce sobre muje­res, niñas y niños", dijo a Diario Z Mabel Blanco, médica y presiden­ta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Fabiana Túñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, opina algo parecido: "Se necesita más estruc­tura para dar respuesta. El trabajo que se realiza es bueno, pero fal­tan más hogares, refugios, más profesionales... más presupues­to". La que no coincide es Steg­man: "Nos han dado una priori­dad bastante importante", aunque no puede evitar decir: "Y ojalá nos den más".

Las mujeres golpeadas necesi­tan ayuda terapéutica para reha­cer su vida y el vínculo con sus hi­jos, que también atravesaron años de vivir en el temor, en la violen­cia, en la desautorización de la ma­dre. Y necesitan una vivienda y un trabajo. Aunque Stegman afirma que "los subsidios del Ministerio de Desarrollo Social dan respues­ta a cualquier tipo de problemática en términos generales y tenemos prioridad en la entrega de cual­quier tipo de programa de asisten­cia", las organizaciones de mujeres reclaman políticas públicas y sub­sidios específicos, adecuados a las especificidades de la violencia de género.

¿Qué debería garantizar el Es­tado? En primer lugar, acceso a la Justicia, esto es, un abogado que haga un efectivo seguimiento de las causas. Refugios suficientes donde las mujeres no sean sepa­radas de sus hijos adolescentes. En palabras de Mabel Bianco: "Es fun­damental reclamar la vigencia ple­na de la Ley Nacional contra la Vio­lencia de Género y esto requiere más presupuesto, mejorar y am­pliar el único refugio existente, ar­ticular con el Ministerio de Educa­ción para incorporar la prevención de la violencia, capacitar a la poli­cía para mejorar la denuncia y ac­ción policial, creación de subsidios, entre otras. Se necesitan políticas públicas".

Y, sobre todo, se necesitan enérgicas campañas de preven­ción de la violencia de género, indisociables de una ley de edu­cación sexual que la contemple. La Ley 1.688 contra la violen­cia (2005), ya exigía incluir esta cuestión en la currícula educativa. Nada se hizo. Hace falta educar desde el jardín de infantes contra el sexismo, en el respeto al otro. O, para ser precisas, a la otra.
FUENTE: DIARIO Z
DZ/KM

Olga Viglieca y Paula Soler Redacción Z

jueves, 11 de noviembre de 2010

BAJO ACUSACIÓN DE ADULTERIO, SE LAPIDA A LA MUJER VIOLADA


Las violaciones a mujeres en la occidental región sudanesa de Darfur han sido sistemáticas desde el inicio de la guerra civil en 2003. La ONG Alianza 149 lleva adelante una campaña para reformar la norma que confunde ese delito con el de adulterio, porque el artículo 149 del Código Penal de 1991 define violación como "zina", que en árabe significa relación entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí, pero sin consentimiento.
".Además la ley obliga a la mujer a presentar cuatro testigos varones para probar que fue "sin consentimiento Si ella denuncia una violación y no puede dar pruebas, la acusarán de adulterio y será castigada con 100 latigazos, si es soltera, o lapidada, si está casada.
"La reforma será muy buena para las sudanesas porque permitirá separar adulterio de violación. El agresor será castigado con una larga condena", señaló Amro Kamal, abogado voluntario de Monitor de Derechos Humanos de Sudán y miembro del directorio de Alianza 149.

El Código Penal sudanés "se supone que está basado sobre la shariá (ley islámica), pero es un problema que el artículo 149 no distinga entre zina y violación, no se ajusta a las normas islámicas", explicó.

En Darfur las mujeres violadas son expulsadas de sus comunidades
Los problemas en esa región, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en la década de 1970 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros.

La diferencia derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed ("jinetes a caballo").

Los Janjaweed, apoyados por Jartum, son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a las organizaciones guerrilleras.

Los combatientes son considerados responsables de la muerte de 300.000 personas y del desplazamiento de dos millones más.

La Alianza sugirió adoptar el derecho humanitario internacional para cubrir mejor las necesidades de las víctimas de Darfur.

Las mujeres viven con el permanente temor de ser violadas y expulsadas de sus comunidades. Muchas abandonan sus hogares y se van a campamentos montados por el gobierno. Algunas permanecen allí durante años.

"No es fácil para una mujer violada vivir en nuestra comunidad, en especial cuando queda embarazada. El entorno no acepta al bebé", explicó Mahbouba Abdur Rahman Ali, de la Organización de Empoderamiento de Mujeres.

El Acuerdo Integral de Paz, que en 2005 puso fin al conflicto de 21 años entre el norte, de mayoría musulmana, y el sur, de negros cristianos, requiere una reforma legal para ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, según la Alianza.

"Sudán no es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres", dijo a IPS una fuente de la Unidad Infantil y de la Familia. "Eso dificulta la labor de reformar la ley porque no hay ningún responsable de los asuntos femeninos", añadió.

Alianza 149 llama cada vez más la atención de los legisladores. Cuando lanzó la campaña, en enero, reunió a funcionarios del Ministerio del Asuntos del Interior, de la policía, parlamentarios y representantes de partidos políticos.

"Fue sensacional ver organizaciones de mujeres y representantes reunidos por una gran causa", señaló Fahima Hashim, integrante del directorio de la Alianza y directora del Centro Salmmah de Recurso sobre Mujeres.

Fuente: Ameco Press -Por Reem Abbas

ARGENTINA: presentaron protocolo para pericias en casos de abuso sexual



Fue en el marco del Primer Ateneo Pericial Anual del Cuerpo Médico Forense. Las actividades fueron encabezadas por la ministra de la Corte Carmen Argibay. Se busca evitar evaluaciones repetitivas que puedan revictimizar a los damnificados.
Es destacable “que cuatro oficinas del servicio público distintas hayan logrado, con un trabajo en conjunto, algo que va a ser beneficioso fundamentalmente para las víctimas de violencia” dijo la ministra Carmen Argibay durante la apertura del acto de presentación de El Protocolo Único para el Examen de Víctimas de Abuso Sexual
La responsable del programa “Las Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctora Eva Gilberti, precedió a la ministra de la Corte en el uso de la palabra destacando también que la participación de cuatro instituciones y de la doctora Argibay “es un hito” en la elaboración del protocolo en la búsqueda de atenuación del padecimiento de las víctimas de ataque sexual.
La directora del Hospital “Dr Teodoro Álvarez”, doctora Diana Galimbert, expresó que “la capacitación de los recursos humanos fue el eje” para abordar la temática. También aseguró que el protocolo además tiene como elemento importante “la incorporación de un glosario para que hablemos un lenguaje común”, refiriéndose a quienes intervienen cuando se suscitan casos de violencia sexual.
En tanto, el jefe del Departamento de Medicina Legal de la Policía Federal Argentina, doctor Jorge Brodsky, recalcó que quienes tienen que trabajar con las víctimas “deben tener una sólida formación técnica y humanística”. Recordó también que en principio “siempre debe darse por veraz la denuncia” de hechos relacionados con el abuso sexual.
Por último, la perita médica del Cuerpo Médico Forense, doctora Silvia Palomero, contó que “todos veíamos que hay una víctima que es reexaminada varias veces, lo cual hay que minimizarlo o suprimirlo” así como también la “superposición de efectores y producción de numerosos informes”. Dijo además que “el protocolo es una mezcla armonizada de lo mejor que podía aportar cada uno” de los intervinientes.
FUENTE: CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL
Informe de Prensa Nº 100 Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010

LA JUVENTUD DE RIO GALLEGOS ADHIERE A LA CAMPAÑA ...TARJETA ROJA AL MALTRATADOR


GRACIAS!!!

y siguen los varones adhiriendo a la campaña...



gracias!!

TRABAJADORES de la construcción ADHIEREN A CAMPAÑA " SACÁ TARJETA ROJA AL MALTRATADOR"


GRACIASS!!

PROTAGONISTAS : CAMPAÑA " SACÁ TARJETA ROJA AL MALTRATADOR"



PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ADHIEREN A LA CAMPAÑA " SACÁ TARJETA ROJA AL MALTRATADOR"

miércoles, 10 de noviembre de 2010

LEYES A TENER EN CUENTA



Leyes para tener en cuenta


En caso de secuestro de menor:

"Artículo 146.- Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare."

En caso de secuestro de menor dentro de la Republica Argentina la denuncia se debe encuadrar "Art.146" del CPNA

Convenciones, pactos, tratados:

De acuerdo a la Constitucion Nacional Argentina de 1994, las convenciones, pactos y tratados internacionales tienen valor y jerarquia constitucional


Declaracion Universal de los Derechos Humanos

Convencion de Montevideo

Pacto de Derechos Civiles y politicos

Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales

Protocolo de Kyoto

Pacto de Rio de Janeiro ( 2008 )

Convencion de Belem Do Para

Convencion de Beijing

Convencion de la Haya


LEYES SOBRE MINORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR


Ley 26.061 Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes


Ley 13.944 Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar


Ley 23.849 Aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño


Ley 25.358Aprobación de la Convención Interamericana de Restituciones Internacionales de menores.


VIOLENCIA

Ley 24.417 Protección contra la violencia familiar

Ley 26.485 Proteccion de las Mujeres


LEYES CONTRA LOS DELITOS SEXUALES Y ABERRANTES


Ley 25.087 Delitos sobre integridad sexual


Ley 25.852 Delitos contra la vida y la integridad sexual


Ley 24321 Desaparición forzosa


Ley 26.364 Ley de Trata

FUENTE: ONG VIDA

REPUBLICA DOMINICANA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FOMENTA EXPLOTACION SEXUAL


SANTO DOMINGO—La extendida violencia intrafamiliar, la falta de controles en la frontera y el turismo influyen de forma determinante en la explotación sexual de menores de edad en República Dominicana, indicó un estudio de Unicef.
"El entorno familiar es cómplice indirecto de la explotación sexual comercial", señaló el estudio elaborado para Unicef por el relator de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Sergio Pinheiro.

El especialista alertó el martes en Santo Domingo sobre los altos niveles de abuso infantil en República Dominicana, sobre la falta de un registro nacional de casos y de un servicio de atención para los niños menores de edad. El estudio no establece el porcentaje de menores de edad explotados.

Según el texto, "aún sabiendo que sus hijas estaban siendo explotadas, madres, padres y abuelas se beneficiaban, aceptando el dinero producto de la explotación (sexual), legitimando un quehacer criminal y absurdamente inadecuado".

De acuerdo con Pinheiro, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana no responde sólo a la pobreza o al turismo, sino también a la situación social, cultural y psicológica del país.

República Dominicana fue señalada este año por el Departamento de Estado estadounidense como un país donde "el turismo sexual es un problema, particularmente en los área costeras de descanso", donde abundan los hoteles "todo incluido".
El reporte "Violencia contra la niñez y adolescencia 2010: República Dominicana" de Unicef considera sin embargo que el turismo no es la causa única de la explotación sexual, sino uno de los factores.

Unicef señaló como ejemplo que los explotadores de menores de edad "son esencialmente dominicanos", aunque en las zonas turísticas de Boca Chica, Sosúa, Punta Cana, Santo Domingo, Las Terrenas y Samaná "el número de clientes extranjeros aumenta".

Además, el mercado binacional de Dajabón, en la zona limítrofe con Haití, facilita la explotación de los menores de edad debido a que "no hay control" fronterizo.

Diversas organizaciones no gubernamentales, como el Servicio Jesuita para los Refugiados y Migrantes (SJRM), han denunciado el tráfico de niños haitianos a través de la frontera para explotarlos como mano de obra barata o sexualmente en República Dominicana.

El sacerdote Regino Martínez, representante del SJRM en Dajabón, denunció el martes durante una visita al Congreso la supuesta complicidad de los militares dominicanos en el tráfico ilegal de personas y mercancías por la frontera con Haití.

FUENTE: EL PASO TIME

PERÚ: CONVULSIÓN POR EL ALTO NIVEL DE VIOLENCIA Y FEMICIDIO


Exigen acciones para detener la tasa de al menos 12 casos al mes

Ante la elevada violencia contra niñas y mujeres en Perú, que cobra la vida de 12 de ellas cada mes, y afecta a cuatro de cada 10, defensoras de Derechos Humanos (DH), exhortaron al gobierno del presidente, Alan García, enfrentar el problema.

En un comunicado, la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, (Demus), informó que en las últimas semanas, el país se ha conmocionado con noticias sobre asesinatos de mujeres por sus ex parejas, la violación de tres niñas por su padre, y la tendencia lamentablemente vigente en el sistema de justicia, de la impunidad en estos casos.

Cifras del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes); señalan que 286 mil, 462 mujeres fueron atendidas de 2002 a 2010, por haber sufrido algún tipo de violencia, lo que representa un promedio de 173 casos por día, además de unos 12 feminicidios por mes.

Jeannette Llaja Villena, abogada especialista en DH y directora de Demus, afirmó que en Perú se requiere mucho más que declaraciones públicas y frases de impacto mediático de parte de las autoridades.

“El propio presidente Alan García ha expresado su desacuerdo con la violencia, sin embargo esa voluntad debe expresarse en forma concreta en una acción concertada del gobierno contra las agresiones hacia las peruanas que se producen en la familia, la comunidad y el Estado”.

Es necesario, dijo, que el gobierno asuma como un problema prioritario la atención nacional de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, para lo cual es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue el presupuesto suficiente para concretar el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015.

“Tenemos el Plan Nacional, en el que están involucrados los ministerios de Educación, Salud, Interior y Justicia; sin embargo, sus limitaciones presupuestales impiden que se concrete adecuadamente mediante políticas públicas eficaces que permitan avanzar en el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres”.

Llaja Villena, agregó que además de presupuesto, se requieren mujeres y hombres sensibilizados sobre las causas de la violencia de género, funcionarias, funcionarios y operadores estatales, que puedan cumplir con su rol de orientación, prevención y sanción de acuerdo a los estándares internacionales de DH.

La mayoría de los crímenes contra las mujeres en Perú quedan impunes, tendencia lamentable y vigente en el sistema de justicia de ese país, a lo que se añade la debilidad que existe en los servicios de salud para detectar los casos de violencia entre las mujeres que acuden para atenderse alguna dolencia o malestar.

El Informe Mundial sobre la Salud y Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la violencia es un problema de salud pública pues genera graves daños psíquicos, físicos, privaciones y deficiencias en el desarrollo de las personas.

De igual manera, el estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres, revela que el 48 por ciento de las mujeres en Lima, y el 61 por ciento en Cusco reporta haber sufrido violencia física por parte de sus parejas.

Mientras que el 23 por ciento de las mujeres en Lima, y el 47 por ciento de Cusco, afirman haber sufrido violencia sexual. Es decir que más de la mitad de las mujeres en dichas ciudades señalan que han sido violentadas sexual o físicamente por sus parejas.

El Estado peruano ratificó la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

“Estos dos instrumentos forman parte de nuestro ordenamiento legal y son de obligatorio cumplimiento, además de que dan el marco para las leyes, normas y políticas públicas en la materia”, enfatizó Llaja Villena.

Fuente: Ameco Press

martes, 9 de noviembre de 2010

NUEVAS CAMPAÑAS SOBRE UNA VIEJA HERIDA: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INFANCIA MAPUCHE



Sólo entre los años 2001 a 2009, durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, se pueden individualizar al menos setenta niños, niñas y adolescentes mapuche agredidos directamente por personal de carabineros y policía de investigaciones. Si se suman las denuncias realizadas durante el actual gobierno, esta cifra se eleva rápidamente a una centena de menores de edad víctimas de la represión ejercida por las distintas instituciones que conforman el Estado de Chile.

No obstante, resulta ineludible la consideración que la política de represión y violencia estatal sistemática, ejercida a través de la militarización del territorio mapuche, afecta de manera indiscriminada, aunque en formas diversas, a la totalidad de los niños de este pueblo originario, quienes vivencian los efectos de allanamientos, hostigamiento y vigilancia a ellos y sus familias, intervención de espacios escolares, percibiendo al mismo tiempo los efectos negativos que provoca la política de criminalizar y judicializar las demandas de su pueblo.
Los principales objetivos que persigue la violencia histórica que el estado ha ejercido y ejerce hacia la infancia y adolescencia mapuche pueden ser sintetizados en dos ejes centrales: infundir miedo y favorecer la desmovilización del movimiento mapuche. Esta última idea se ve reforzada por la persecución penal y política de adolescentes mapuche y por las edades de los jóvenes asesinados por efectivos policiales en acciones de reivindicación territorial.
Además de los antecedentes mencionados, se debe considerar que la impunidad con que se ha ejercido y ejecutado la violencia represiva por parte de órganos del Estado, constituye un elemento fundamental para su perpetuación. Hasta la fecha, salvo escasas y decepcionantes excepciones, no ha existido un reconocimiento explícito del daño provocado ni la identificación de responsables políticos ni materiales de las graves vulneraciones de derecho efectuadas contra los niños, niñas y adolescentes mapuche.
En este punto, basta considerar el daño psicológico asociado al quiebre evolutivo y vital provocado por la persecución penal organizada contra los adolescentes Vania Queipul y Leonardo Quijón, quienes, habiendo sido finalmente absueltos, han visto interrumpidas de manera violenta e inexplicable sus dinámicas individuales y sociales, sin que nadie asuma la responsabilidad de haber vulnerado sus derechos y haber quebrantado sus procesos de desarrollo.
Por lo expuesto, no deja de resultar inconsistente y superficial el repentino interés de ex funcionarios de gobiernos concertacionistas en la instalación de campañas que promocionan la protección de la infancia mapuche. Inconsistente, porque no se ha explicitado ninguna forma de reconocimiento de la responsabilidad política en la represión que en algún momento auspiciaron y promovieron, avalándola en muchos casos, o manteniendo una silenciosa complicidad. Superficial, porque la profundidad y complejidad de la situación implica una reflexión ideológica que no se ha visto reflejada en ninguna propuesta política que aborde este grave problema desde las demandas del pueblo mapuche para el reconocimiento de sus derechos como pueblo originario.
En este sentido, las propuestas de intervención institucional a través de organismos como el Servicio Nacional de Menores, mantienen indemne el contenido de asimilación cultural y control social de muchos otros programas sociales destinados a abordar de una manera insuficiente y asistencial las demandas culturales y territoriales del pueblo mapuche.
Los conceptos sobre los que desarrollan técnicamente estos programas, no se fundamentan en la cosmovisión mapuche, manteniendo por lo tanto a la base la comprensión chilena de las estructuras y roles sociales, junto con las categorías cognitivas que los sustentan, generando así formas de intervención que no se fundamentan en los factores reales que originan el problema que buscan resolver.
No puede homologarse de manera simple y directa el daño vivenciado por un niño o niña que experimenta los efectos de la violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus formas, con aquellos niños que sufren, junto con sus familias, de manera constante y persistente la violencia de un Estado que se niega a reconocer sus derechos más básicos, como el vivir libres de la amenaza de violencia policial y/o armada. Difícilmente este mismo Estado puede generar las confianzas para promover un proceso reparatorio, sin interrumpir primero las condiciones de vulneración.
Por lo anteriormente señalado, la propuesta es el reconocimiento por parte del Estado chileno del grave daño provocado a la infancia y adolescencia mapuche, a través de sus sucesivos gobiernos y por medio de sus distintas instituciones. Este reconocimiento no puede ser sólo retórico, lo que claramente resulta insuficiente, sino debe fundamentarse en el desarrollo de mecanismos y procedimientos que permitan terminar con la impunidad que ampara a los responsables de ordenar, organizar y ejecutar la represión. La permanencia en el anonimato de los autores permite que continúen su acción sin limitaciones y escapen a la responsabilidad de dañar de manera permanente a aquellos que no tienen la posibilidad de protegerse ni defenderse.
Por otra parte, la interrupción de la vulneración de derechos, primer paso de cualquier acción reparatoria, debe fundamentarse en la desmilitarización de las comunidades mapuche, dado que es la presencia permanente de la policía chilena la que genera en los niños y niñas de este pueblo originario, un daño que se profundiza y reedita de manera constante.
Frente a esta problemática, no basta con crear la necesidad de proteger a la infancia mapuche, debe considerarse que la forma de establecer los mecanismos para restituir plenamente sus derechos y responder al Interés Superior del Niño, no puede desvincularse de las exigencias del pueblo mapuche por el respeto y cumplimiento de sus derechos colectivos (Observación N°11, Comité de los Derechos del Niño, 2009).

FUENTES:CLAUDIA MOLINA GONZÁLEZ
PSICÓLOGA
DEFENSOR AUTÓNOMO MAPUCHE
COLABORADORA GRUPO DE TRABAJO DE DERECHOS COLECTIVOS
COLABORADORA MAPUEXPRESS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Cronología y descripción de situaciones de represión y violencia ejercidas por
instituciones policiales del Estado de Chile contra niños, niñas y adolescentes
mapuche (2001 – 2009). / Leer Más: http://www.mapuexpress.net/images/publications/1_2_2010_15_6_15_1.pdf

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN: EJES PARA REINVINDICAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES


La historia y la cotidianeidad han demarcado a lo largo de los tiempos, casi como una lógica sectaria, aquellos lugares y espacios sociales conferidos, bajo el velo de la normalidad, a una supuesta plena realización de las cualidades de géneros que ostenta la humanidad. En este contexto, uno de los principales actores comunitarios dista de una expresión absoluta en sus derechos silenciados por el impune rótulo del simple carácter de inferioridad. Allí, la mujer, sujeto de perpetuidad de la especie, pese a reivindicar bastas banderas de justos reclamos, aún transita con la carga de visibilizar una voz de lucha, cuyo anonimato es también parte de la historia añeja.
Esto último se ve reflejado en la masividad de convocatoria que puede apreciarse en los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan año tras año en diversas localidades del país con el objeto de debatir, discutir, compartir experiencias y reflexiones para generar iniciativas atinentes a exaltar y defender sus derechos. Al reciente Encuentro realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, asistieron más de 30 mil féminas de todo el país, entre las que se encontraban 300 mujeres de Tucumán de distintos sectores sociales, con problemáticas particulares, divergentes posicionamientos ideológicos o políticos que se avocaron a participar de talleres donde se abordaron tópicos referentes a la trata de personas, violencia de género y sexual, aborto, convivencia familiar, salud, educación, trabajo, sindicalismo, desocupación. Aspectos que se enlazan en tendencias discriminatorias paralizándolas y aislándolas, por ello la necesidad de organizarse para transformar estas condiciones injustas en voces y brazos solidarios.

Roles y labores prefijados

"Objetivamente existe la opresión que se encuentra ligada con los orígenes mismos de la sociedad humana. Nosotras no inventamos a la discriminación, esta existe históricamente, no se debió a una cuestión natural sino a una determinación social que ha costado sangre, guerras, luchas de clases eternas", describió a EL SIGLO, Vicky Disatnik, referente de la Casa de las Mujeres Norma Nassif (organización asentada en nuestra provincia) como forma de patentar la génesis en el proceso de sometimiento al que se encuentra adosado este género.
En este sentido, esgrimió que a partir de la división de clases sociales "se dio un lugar especifico a la mujer y al hombre, los roles y tareas que fueron asignadas a la mujer pertenecen a un ámbito privado, dedicado centralmente a la crianza de los hijos y al trabajo doméstico, lo que en realidad esconde una superexplotación que se la considera como algo normal", explicó, pues sostuvo que a estas labores 'familiares' se le agregan, en la actualidad, el desempeño que ejecutan en otras áreas o actividades. Situación que le permite asegurar a Disatnik que "hemos avanzado enormemente en el ámbito de lo público. Sin embargo, el mundo de lo privado sigue estando principalmente en manos de mujeres. Todo lo relacionado con la responsabilidad en la atención de la familia es un capital exclusivo de las mujeres. No nos resulta fácil acceder al ambiente de lo público manteniendo la esencia del entorno privado".
Asimismo, recalcó que las posturas discriminatorias se sustentan en factores tales como la pobreza, la franja etaria (siendo las jóvenes el núcleo más propenso a sufrir distintos tipos de agresiones), el origen natal (la fracción correspondiente a los pueblos originarios es altamente perjudicada por acciones marginales). "La violencia familiar está centrada en las mujeres ya que se establece una sumisión ligada al poder, a la jerarquización dentro de la familia que es transmisora de un orden social prefijado generacionalmente, pero al mismo tiempo depositaria de este proceso", caracterizó Vicky.

Aborto: Una decisión consciente

En torno a la preponderancia de situaciones de coacción frente a las mujeres, quien además posee una orientación profesional atinente a la psicología, precisó que "el cuadro clínico de las mujeres golpeadas tiene que ver con una desinstrumentación. Las mujeres pierden hasta las más mínimas posibilidades de defensa y apelan a un discurso sesgado. En cambio, el hombre tiene un discurso absolutamente democrático. De esta forma, las mujeres se terminan identificando con aquel que las maltrata. Ante el discurso del marido, la mujer es la culpable, pierden sus capacidades e ingresan en cuadros depresivos muy serios. No se convierten en victimarias, sino en locas".
Según su postura, esta pérdida en las capacidades de reacción se debe a "siglos de educación, cultura y vida cotidiana ligadas a un lugar subordinado. Sobre las bases de las costumbres, las generaciones se van construyendo modalidades en el ejercicio del rol de la mujer" que debe cumplir, sostener y representar a los sectores sociales a los cuales pertenecen y los que determinaron su formación como sujeto. Otro de los puntos que generan amplios debates no carentes de iguales polémicas es aquel referido al planteo del aborto y las expresiones que manifiestan la necesidad de legalizar esta práctica con el objeto de menguar las tasas de fallecimiento de mujeres que lo practican de manera clandestina. "Esto es un drama en Argentina porque las muertes pertenecen a los sectores más pobres. Uno de los principales condicionamientos para avanzar en zanjar tal panorama se debe a que se siguen manteniendo estructuras muy rígidas y arcaicas que niegan la necesidad de las mujeres a cuidarse, a tener educación sexual, y a poder acceder a anticonceptivos gratuitos".
A partir de esta afirmación, Disatnik apuntó contra los estamentos eclesiásticos (católicos y evangélicos) que "ocultan, tapan e imponen los principios religiosos para mancillar y no reconocer que las mujeres tenemos capacidad moral para decidir. La Iglesia lo que desea imponer es la maternidad como destino, la maternidad forzada, la maternidad como mandato social y cultural. Cuando en realidad la maternidad debería ser siempre una decisión consciente y por lo tanto voluntaria".
Por esa razón, en los Encuentros se propuso como meta avanzar hacia una legalización del aborto para todas las mujeres, penalizar a los responsables, brindar un servicio sanitario público acorde a las garantías necesarias de salubridad para evitar los decesos, así "se desarmarían las clínicas siniestras que hay en el país que cobran fortunas sobre el dolor de las mujeres. La consigna nuestra es 'Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir'", apuntó Vicky, al tiempo de argumentar y dejar en claro que "ninguna mujer se hace un aborto con alegría, no es el único camino, es el último. No es un método anticonceptivo, tenemos que evitar que la mujer llegue a un aborto, por eso la importancia de la educación sexual. Sin embargo, las iglesias trabajan para que las mujeres no puedan decidir", indicó.
FUENTE: EL SIGLO DE TUCUMÁN

CATAMARCA: LO ENVÍAN A JUICIO POR VIOLENCIA FAMILIAR


Otro caso de violencia doméstica fue elevado para ser juzgado en una de las Cámaras en lo Criminal de Catamarca. El imputado es un hombre identificado como Ariel Humberto Nieva (29), quien está acusado de haber sometido a brutales maltratos a su pareja y a su beba de un año y medio, y que salieron a la luz gracias a la denuncia de la niñera, que había sido testigos de varios episodios similares.
Así lo resolvió el Fiscal de Instrucción Nº 1, Víctor Figueroa, quien recientemente cerró la investigación penal y elevó las actuaciones para ser ventiladas en debate. Nieva enfrenta cargos por un total de siete hechos delictivos, entre ellos lesiones leves, amenazas con armas, coacción y privación ilegítima de la libertad entre otros.
Nieva fue detenido el 15 de febrero pasado en un barrio de la zona norte de la ciudad. Ese día, cuando la niñera fue a trabajar como lo hacía habitualmente, advirtió que la pareja del acusado había sido golpeada. Cansada de ser testigo de los constantes maltratos, tanto a la mujer como a la beba y pese a que ella también fue amenazada de muerte para que no dijera nada, finalmente decidió vencer el temor y radicó la denuncia penal en la Unidad Judicial Nº 8.
Luego de la denuncia de la joven, también la pareja del imputado pudo superar el profundo miedo que le tenía a su pareja y contó ante la Justicia los tormentos que padecía desde hacía meses, cuando se había ido a vivir con el acusado.

Los hechos

El fiscal imputó al acusado por hechos ocurridos los días 13, 14 y 15 de febrero. Según la acusación, el primer día, agredió violentamente a su pareja porque la beba lloraba, y le dio una violenta patada. Además, tomó a la niña y le puso la cabeza bajo una almohada, mientas amenazaba a la mujer con matar a la pequeña.
Según el testimonio de la niñera, no era la primera vez que hacía una cosa así. Ya que anteriormente ella había sido testigo de hechos similares, como por ejemplo amenazar con ahogar en un balde a la beba, o encerrarla en la heladera.
Además de la paliza que le habría dado a la mujer, el imputado la amenazó de muerte para que no dijera nada. Y luego se retiró de la casa dejándola encerrada con la pequeña hasta el día lunes, cuando regresó.
Ese día, en presencia de la niñera, a la que también habría amenazado de muerte, volvió a golpear a la mujer y tomó una cuchilla y se la puso en el cuello a la víctima en forma amenazante.
Tras la denuncia de la niñera y la mujer, el imputado fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Luego fue indagado por el fiscal que intervino en la causa, pero negó tajantemente los hechos y dijo que él no era una persona violenta. Mientras tanto, la víctima y su beba se fueron hacia otra provincia por temor a represalias.
Para el Ministerio Público, los elementos de prueba colectados en la causa fueron suficientes para mantener las acusaciones en contra del imputado. Ahora deberá enfrentar a un tribunal por siete hechos delictivos.
FUENTE: EL ESQUIU.COM

NIÑ@S QUE CONVIVEN CON LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


El Gobierno de España anunció esta semana un plan para atender a niños y niñas que conviven con la violencia doméstica. Ha llegado el momento, según el gobierno y la oposición española, de dar un paso al frente y dejar de considerar a los hijos/as de las mujeres maltratadas víctimas colaterales. Es necesario que en Venezuela se haga lo mismo. No se puede perder más tiempo

Los hijos/as son víctimas directas de la violencia doméstica. De ahí que el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometiera este miércoles 27 de octubre, a satisfacer la demanda de ONGs españolas, al anunciar un plan que dará respuesta a las necesidades de la niñez víctima de violencia doméstica.

Estudios realizados en España reflejan que al menos en la mitad de los hogares en los que la madre es maltratada, también lo son los niños/as. De igual modo pueden ser lastimados por la violencia en contra de su madre, a través de objetos voladores, o mientras están en sus brazos.

Peor aún, cuando los niños/as sólo sean testigos de la violencia contra la madre, las consecuencias para su salud y su supervivencia son graves.
Lamentablemente, cuando una mujer está siendo víctima de cualquier tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, está tan enfrascada en defenderse que a menudo no puede darse cuenta del daño que también están sufriendo sus hijos/as. A veces permite hasta los maltratos físicos o verbales a éstos por parte del padre o padrastro, porque se siente incapaz de detenerlos ni siquiera en lo que respecta a sí misma.

UNICEF señala que presenciar o escuchar situaciones de violencia, aunque ellos no sean receptores directos, provoca efectos psicológicos negativos en los hijos/as de madres maltratadas, pues padecen violencia psicológica, que es una forma de maltrato infantil.
En la mayoría de los casos, también los niños/as son víctimas de la violencia física. Esto tiene como consecuencia que crezcan pensando que la violencia es una pauta normal en el relacionamiento entre adultos. Estos niños/as, constituyen su personalidad en función de la violencia, interiorizan los roles de maltratador o maltratada, los patrones de conducta violenta.
La violencia doméstica, ocurre durante la etapa de maduración psicológica del niño/a, donde una figura referente como el padre, arremete contra la madre. Los hijos/as de un maltratador crecen en el miedo, son propensos al estrés traumático, depresión y trastornos de personalidad, sin necesidad de que sean objeto directo del maltrato.
En definitiva, la violencia familiar doméstica siempre afecta a los hijos/as, ya sea como testigos o como víctimas directas de las agresiones. Los trastornos psicológicos que presentan estos niños/as son similares a los presentados por sus madres. Esto afecta las emociones, valores, pensamientos, rendimiento escolar y su adaptación social.
No sólo golpes
Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante críticas, desprecios, abandono o insultos, también son formas de violencia. No cabe duda de que a veces los golpes al espíritu son mucho más dañinos que los golpes al cuerpo y dejan heridas más profundas.

Constituye violencia no sólo el darles fuertes golpes a los niños/as, sino también gritarles, menospreciarlos, castigarlos excesivamente o negarles la atención, aceptación, y el amor que son tan imprescindibles para su desarrollo emocional y social.

También es un acto de violencia en el caso de los padres divorciados, el hablar mal del ex-cónyuge delante de los hijos/as o utilizarlos para hacerle daño al otro.

Las víctimas infantiles o/y adolescentes de este tipo de violencia por lo general continúan sufriendo calladamente. Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir ayuda. Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psiquis, en su espíritu, no tiene heridas físicas que mostrar al mundo para poder pedir ayuda. Como este tipo de abuso o violencia doméstica ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido, a veces durante muchos años.

Las situaciones de violencia familiar en las que los/as niños son testigos, pueden dar lugar a situaciones traumáticas crónicas, más aún cuando éstas ocasionan lesiones graves y homicidios en su presencia.

Tras la experiencia traumática se produce pérdida del sentimiento de invulnerabilidad, sentimiento bajo el cual funcionan la mayoría de los individuos y que constituye un componente de vital importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con el miedo a su propia vulnerabilidad.;

En el caso de los niños/as que no solo son testigos del maltrato hacia su madre sino que, a la vez, también son víctimas de esa violencia, la pérdida es todavía, si cabe, mucho más desequilibrante, pues afecta a un componente absolutamente necesario para el adecuado desarrollo de la personalidad del menor: el sentimiento de seguridad y de confianza en el mundo y en las personas que lo rodean.

Este hecho reviste especial severidad cuando el agresor es su propio padre, figura central y de referencia para el niño/a, y la violencia ocurre dentro de su propio hogar, lugar de refugio y protección; ya que se produce la destrucción de las bases de su seguridad, quedando el/la niño a merced de sentimientos como la indefensión, el miedo o la preocupación ante la posibilidad de que la experiencia traumática pueda repetirse, todo lo cual se asocia a una ansiedad que puede llegar a ser paralizante. Tristemente, en el caso de la violencia familiar, la experiencia temida se repite de forma intermitente a lo largo de muchos años, constituyendo una amenaza continua y muchas veces percibida como incontrolable.

La investigación realizada en el Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos (Pedreira) detectó que en casi el 60% de los casos de niños/as estaba presente la violencia familiar, directa o como testigos, En todos los casos aparecía el diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático.

Margolin y Gordis describen 4 conductas típicas de Síndrome de Estrés Postraumático en Niños: recuerdos repetidos de las situaciones a través de la visualización, conductas y juegos repetitivos relacionados con acontecimientos estresantes, actitudes pesimistas relacionadas con indefensión y futuro ante la vida, activación excesiva con hiperactividad y problemas de atención; estas conductas se hacen disfuncionales cuando se cronifican
Transmisión generacional

Una investigación de la Academia de la Ciencia de los Estados Unidos, afirma que “la tercera parte de los niños/as que sufrieron abusos o se vieron expuestos a la violencia paterna, se convierten en adultos violentos”.

Los varones que crecen en hogares violentos aprenden e interiorizan una serie de creencias y valores negativos entre los que se encuentran los estereotipos de género, desigualdades entre hombre/mujer, las relaciones con los demás, así como sobre la legitimidad del uso de la violencia como medio de resolver conflictos, que sientan las bases de comportamientos maltratantes futuros en las relaciones de pareja.

La mayoría de los autores, sostienen que la tendencia observada es que las niñas se identifiquen con el rol materno, adoptando conductas de sumisión, pasividad y obediencia. Y los niños con el rol paterno, adoptando posiciones de poder y privilegio

El estudio realizado en Colombia por Salas Bahamón acerca de los mecanismos de reproducción de la violencia en 2.295 mujeres, arrojó entre otros, como resultado, que la proporción de mujeres que no rompen el ciclo de violencia, es decir que no se divorcian o permanecen con sus compañeros violentos, es mayor cuando experimentaron altos niveles de violencia entre sus padres durante su infancia (63.3%

La violencia doméstica se produce en todas las clases sociales, sin distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos o religiosos, ningún hogar está exento de convivir con ésta.

Al fin y al cabo lo expuesto, no es más que una de las expresiones del poder patriarcal y de la socialización diferente entre los géneros (hombre, mujer) que éste impone, que actúa en el origen y mantenimiento de la violencia contra las mujeres, y que se trasmite a través de la sociedad y por consiguiente en la familia.

Fuente: Palabra de Mujer - asoc. POR TI MUJER

MISOGINIA Y PODER


La cultura patriarcal y la misoginia no respetan duelo ni dolor ajeno. Se filtran por los poros sin disimulo. Peor aún, sin pudor ni freno. Ayer (27/10/2010), varios editorialistas políticos hicieron gala de esa marca en sus columnas al empezar a introducir la idea de que la gobernabilidad está en riesgo, porque la presidenta Cristina Fernández no podrá conducir el país por su condición de mujer dependiente de las decisiones de su esposo, Néstor, ahora muerto.

Desde que llegó a la presidencia, Cristina Fernández fue blanco de críticas por su condición de mujer. Distintas voces y plumas buscaron descalificarla poniendo el foco en sus gustos por la buena pilcha y en su cuidado por la estética facial y corporal, aunque fueran rasgos que la caracterizan desde su juventud. La tildaron de gritona y mandona, dos adjetivos que refuerzan los estereotipos femeninos. Su incuestionable inteligencia y su brillante oratoria siempre quedaron, para algunos editorialistas, en segundo o tercer plano. O directamente invisibilizados.

“No se hizo esperar la misoginia rapaz, empezó a manifestarse como quien se relame frente al dolor ajeno. Rosendo Fraga ya pretende cambiar la agenda del gobierno de Cristina Fernández, desconociendo la capacidad política de la máxima autoridad de Argentina”, escribió ayer por la tarde, en su portal Urbanas en Red, la periodista pampeana Mónica Molina. Se refería a la columna del analista político, publicada poco después del mediodía en el diario La Nación, donde trató la figura de CFK como la de una esposa sumisa, sin poder de decisión, haciendo gala de machismo explícito. En el mismo diario, Carlos Pagni la trató casi de incapaz, de dependiente emocional y títere político de su marido. “Ella fue hasta ahora un inusual primer ministro, capaz de dotar de discurso, imágenes y hasta de algún control de calidad a una construcción política y económica que siempre estuvo en manos de su marido. La pregunta que está abierta es de dónde extraerá ella ahora ese insumo esencial que le era entregado llave en mano”, fue la pintura que hizo Pagni.

En un portal de noticias mendocino el editorial político, sin firma, replicó la misma idea: “Se ha muerto el hombre fuerte del Gobierno. El que le decía a Cristina y los ministros qué hacer... Cristina es la presidenta desde hace tres años aunque no ejercita todo poder por sí misma”.

Varios comentarios escuchados a lo largo de la jornada de ayer retomaron el concepto: “¿Podrá Cristina realmente gobernar?”, “¿sabrá manejarse sin él, teniendo en cuenta al PJ y a la oposición?”, “¿qué puede pasar en el país?”,”esta situación me recuerda a Isabelita Perón...”.

La descalificación, sin dudas, apunta a obturar su posible reelección, a acicatearle el poder, a reflotar el criterio misógino de que ganó las elecciones por ser esposa “de” y que apenas era una figura decorativa con buena labia.

“La misoginia fue el primero y más antiguo de todos los racismos”, escribió el jurista internacional Ney Bensadón. Ayer, quedó en primer plano. Se podrá compartir, acompañar o rechazar la gestión de CFK. Pero no se puede permitir que se golpee la investidura presidencial por machismo y misoginia.

Fuente: Página 12
POR MARIANA CARBAJAL

EL ESTADO HONDUREÑO SERÁ DENUNCIADO INTERNACIONALMENTE POR DEFENDER AGRESORES DE MUJERES


Contraviniendo convenios y tratados internacionales de protección a las mujeres contra la violencia, el Instituto Nacional de la Mujer, INAM, pretextando transversalización de género ahora defiende agresores de mujeres, según denuncia del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, a través de la distribución de un comunicado en un plantón frente al ente estatal, este miércoles 27 de octubre.
El Instituto Nacional de la Mujer se creó mediante el decreto No.232-98, del 30 de septiembre de 1998 y publicó en la Gaceta No. 28798 del 11 de febrero de 1999, por presiones del movimiento de mujeres de Honduras, en su lucha por los derechos de las mujeres.

Entre sus funciones tiene formular, promover y coordinar la ejecución y seguimiento de la Política Nacional de la Mujer, así como los planes de acción que la ejecuten y la integración de la mujer al desarrollo sostenible.

Desde el golpe de Estado las acciones de esta institución nada tienen que ver con los objetivos para los cuales fue creada, al contrario su caminar es un retroceso en los derechos de las mujeres.

En un comunicado bajo el titular “El golpe de Estado también nos robó el Instituto Nacional de la Mujer”, las Chonas manifestaron su condena “a las autoridades golpistas del INAM instancia que fue lograda por el Movimiento de Mujeres y Feminista de Honduras a través de una larga lucha de movilización, incidencia y cabildeo con el Estado obligándolo a cumplir con la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, como suscriptor de la misma”.

La denuncia señala que en un Estado corrupto e irrespetuoso de los derechos humanos especialmente de las mujeres, difícilmente se podía salvar el INAN, a tal grado que bajo pretexto de la “transversalización de género” se dedican ahora hasta defender agresores de mujeres como una posición política de ese ente estatal”.

En su discurso de llegada la actual ministra del INAM, María Antonieta Boto, que llegó con el régimen de Porfirio Lobo Sosa, dijo que “expreso la mejor de las voluntades para hacer un gobierno, además de transparente, lleno de objetivos alcanzables y realizables que beneficien a las mujeres”.

No obstante las acciones distan mucho de la práctica, ahora los agresores tienen una institución que gasta los recursos que son para las mujeres a quienes debe garantizarles políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia y la discriminación contra ellas.

La defensa de los agresores quienes tienen abogados a tiempo completo para salir impunes cuando son denunciados por violencia contra las mujeres, violenta la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que señala en su Artículo 2 en relación a la responsabilidad de los Estados, “c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;”

Igualmente la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará”, señala en su artículo 7 que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

“…abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

Con carteles que tenían mensajes de condena al INAM las mujeres de Visitación Padilla gritaban “no queremos ministra con bigote, queremos una ministra que piense y sienta como mujeres”.

El Movimiento Visitación Padilla ha denunciado que se ha profundizado la violencia contra las mujeres y que muchos casos donde los agresores son personajes que tienen influencias políticas, económicas o militares, la impunidad mantiene engavetados y hasta “extraviados” expedientes.

Con el golpe de Estado hay denuncias contra hombres que han estado fuertemente apoyando el golpe de Estado, entre ellos el periodista Armando Villanueva, quien tiene un proceso judicial por violencia contra su ex compañera Magda Flores, quien decidió hablar desde mayo de este año.

Sobre este caso, las Chonas han denunciado que el expediente ha estado extraviado desde unos días después de la audiencia inicial donde Villanueva enfrentó cargos por violencia intrafamiliar por su reincidencia, aunque fue apresado en mayo logró su libertad sin que hasta la fecha haya cumplido con el servicio comunitario, es decir le tocaba barrer calles, acá es la alcaldía municipal, rectorada por el edil Ricardo Álvarez quien tiene la obligación de ejecutar esta disposición judicial, pero no hay resultados.

Se sospecha que el expediente se “extravió” para que Villanueva siga con privilegios desde el Poder Judicial y se defienda en “oscuridad”, no en libertad, según lo ha manifestado Visitación Padilla.

Otro de los casos es el de Juan Carlos Reyes, esposa de Gabriela Núñez, quien fungió como ministra de Finanzas en la dictadura de Roberto Micheletti.

Reyes está denunciado por acoso sexual contra la directora de Recursos Humanos de Banprovi, Lesbia Pacheco, cuyas denuncias casualmente se extraviaron del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, rectorado por Ramón Custodio, furibundo defensor del golpe de Estado.

Después de permanecer por más de una hora, las chonas se marcharon pero advirtieron que “volveremos. Ay de aquellos que defiendan agresores de mujeres”.

Este es el contenido del comunicado:
EL GOLPE DE ESTADO TAMBIEN NOS ROBO EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” CONDENA a las autoridades golpistas del Instituto Nacional de la Mujer “INAM” instancia que fue lograda por el Movimiento de Mujeres y Feministas a través de una larga lucha de movilización, incidencia y cabildeo con el Estado obligándolo a cumplir la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) como suscriptor de la misma.

El Instituto Nacional de la Mujer NO tiene la característica de los demás Secretarias de Estado, nosotras en tanto que mujeres organizadas logramos lo que ningún sector de la sociedad ha logrado hasta ahora, crear su propio espacio como mecanismo de aplicación de la política de igualdad de oportunidades dentro del Estado, desde luego eso ha exigido de nosotras una vigilancia y cuidado para no convertirla en una CUEVA DE EMPLEO de los recomendados o activistas políticos.

En un Estado corrupto e irrespetuoso de los derechos humanos especialmente los de las mujeres difícilmente se podía salvar el INAM, a tal grado que bajo el pretexto de la “transversalizacion de género” se dedican ahora hasta defender agresores de mujeres como una posición política de ese Ente estatal.

El INAM (INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER) es un mecanismo especifico para tratar la problemática de las MUJERES buscando acortar las enormes distancias que existen entre el hombre y la mujer en cuanto al respeto y cumplimiento de nuestros derechos humanos tales como VIVIR UNA VIDA SIN VIOLENCIA, GOZAR DEL DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES IGUALES A LA DE LOS HOMBRES, PODER PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES EN CUALQUIER GOBIERNO, NO SER DISCRIMINADAS BAJO NINGUN PRETEXTO, es decir buscamos acortar distancias que nos permitan el goce del PRINCIPIO DE IGUALDAD por lo tanto la ley no permite ninguna variable como pretenden HOY las actuales autoridades de facto.

Queremos dejar constancia histórica de nuestro rechazo publico a tal comportamiento vamos a DENUNCIAR internacionalmente al actual Gobierno de facto por el irrespeto a la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

¡¡EL GOLPE DE ESTADO NO NOS GARANTIZA NUESTRAS CONQUISTAS!!

¡¡QUEREMOS UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Y POPULAR!!

Tegucigalpa MDC 27 de Octubre, 2010

MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA PAZ “VISITACION PADILLA”

Fuente: Género con Clase

sábado, 6 de noviembre de 2010

CHUBUT: UNIVERSIDAD DE SAN JUAN BOSCO - JORNADAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL


Con un Aula Magna colmada, se realizó una charla sobre violencia familiar y maltrato infantil, donde se destacó la necesidad de abordar en conjunto esa problemática social entre los diversos actores de la Salud y del Derecho.
Ante un numeroso público, en el aula magna de Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), se llevó a cabo la disertación que estuvo a cargo de los alumnos de cuarto año de la carrera de abogacía, quienes coordinados por el fiscal Daniel Báez, expusieron ante el numeroso público presente sobre la problemática que afecta a “todas las clases sociales” y revindicaron la necesidad de un trabajo en conjunto entre todas las instituciones.
Asimismo, brindaron un marco teórico y legal sobre el tema, destacando la necesidad de realizar la denuncia “ante la sospecha que se estén cometiendo actos de maltrato” contra los niños. Es una obligación moral que tenemos como integrantes de la sociedad, indicaron.

Mujeres, niños y ancianos, principales víctimas de abuso

Los alumnos indicaron que la violencia familiar hace referencia a cualquier tipo de abuso, sea físico, psicológico o sexual, que tienen lugar en la relación entre los miembros de la familia. “Es difícil aceptar que actualmente la familia es uno de los grupos socales en que se dan más comportamientos violentos, siendo las mujeres, niños y ancianos las principales victimas de abuso” manifestaron, destacando que “la violencia familiar, entendida como problema social, nos alcanza a todos”. Conocer el tema, participar activamente en la prevención e involucrarnos es una parte del trabajo que debemos realizar para evitar que un niño sea víctima de maltrato.
“La respuesta no la tiene una sola institución, sino que entre todos, la sociedad y las instituciones en conjunto, podemos empezar a aliviar este problema” indicó el doctor Daniel Báez al finalizar la charla, y destacó positivamente que la universidad y los alumnos pudieran generar un espacio de intercambio para el público en general. “La sociedad recibió y lo recepto. Eso es lo positivo”, agregando que “lo más abordado fue la violencia infantil, la violencia de género y la respuesta de las instituciones”.
Para finalizar la charla, un caso real ocurrido en el país fue el disparador de un arduo debate entre el público, entre los cuales estuvieron presentes, entre otros, el vicedecano Juan Carlos Morando, integrantes de la Asociación Víctimas de la Delincuencia, el concejal Pedro Giménez, la jueza Flavia Trincheri, la doctora Alicia Quantin, directora del Hospital, miembros de la Policía y el Poder Judicial, así como numerosos alumnos, docentes y miembros de la comunidad interesados en la temática.
FUENTE. EL DIARIO DE MADRYN

CREARON UN OBSERVATORIO IBEROAMERICANO PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS


La escalvitud laboral y sexual es un flagelo que se extiende en el continente. La Federación Iberoamericana de Ombusdman decidió crear de un organismo para enfrentar ese delito

La propuesta de creación de un observatorio iberoamericano en materia de migración y trata de personas la formuló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl Plascencia Villanueva, en la XV Asamblea Anual de la FIO que tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia. El funcionario, cuyo país es uno de los más afectados por este crimen, abogó en el encuentro por la adopción de una estrategia internacional coordinada para combatir las redes de tráfico de personas en el mundo.

Plascencia dijo a la agencia Notimex que las organizaciones criminales están asociando cada día más la trata de personas o redes de prostitución forzosa con el fenómeno de la migración. El tráfico de personas y su consecuente explotación sexual, comercial y laboral "está lastimando de manera creciente a mujeres y menores de edad en diferentes partes del mundo", dijo el funcionario. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que cada año hay en el mundo entre 600.000 y 800.000 personas que son captadas por las redes de trata de personas.

Ante este escenario, Plascencia consideró urgente hacer más visible este tipo de criminalidad "con legislaciones más adecuadas y con acciones coordinadas entre los Estados, a partir de políticas públicas". Fundó además su propuesta de crear el observatorio continental en la necesidad de resolver la falta de articulación de políticas públicas para atender y prevenir las violaciones de derechos humanos de los migrantes y para combatir la trata de personas. "No basta un esfuerzo unilateral", dijo, sino que se hace necesario "un trabajo conjunto (entre los países), con políticas debidamente enlazadas para enfrentar estas bandas de delincuentes".
El observatorio estará integrado por los miembros de la FIO (defensores del pueblo, procuradores y dirigentes de comisiones públicas de derechos humanos de los países iberoamericanos) y servirá de herramienta a los Estados para la formulación de políticas adecuadas a la atención de esta problemática, así como para prevenir y sancionar eficazmente el delito de trata, calificado como uno de los crímenes más graves en el mundo, junto con el tráfico ilegal de armas y de drogas.

La FIO se propone de este modo emprender acciones coordinadas de protección y proponer políticas públicas regionales, elaborar diagnósticos por país y región, establecer acciones precisas y mecanismos de coordinación interinstitucional en las estructuras de los respectivos gobiernos y poner en marcha mecanismos de coordinación que prevengan el secuestro de inmigrantes y la captación de gente que pudiera ser víctima de trata.

Beatriz Merino, presidente de la asamblea de la FIO y Defensora del Pueblo de Perú, expuso su preocupación por el incremento de número de víctimas del delito de trata en la región. Puso como ejemplo que, en su país, la defensoría que dirige ha registrado cerca de 800 víctimas desde el 2004. Estos casos de trata afectan en su mayoría a mujeres y niñas. En Perú, las principales zonas de captación de víctimas son Pucallpa e Iquitos, y las de explotación -es decir, las ciudades a donde son llevadas- son Lima y Cusco.

Beatriz Merino dijo a Efe que el observatorio creado permitirá elaborar "estrategias de intervención conjunta" y efectuar recomendaciones regionales para diseñar las políticas de Estado y atender "convenientemente estos temas de inmigración irregular y trata de personas".
Según la defensora del Pueblo de Perú, el observatorio hará también una supervisión de las políticas de Estado "que deben ser armónicas y regionales en esta materia de trata de personas y migración irregular".

La Federación que preside Merino reúne a defensores del pueblo de España, Andorra, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Venezuela, Bermudas, Brasil y Colombia.
FUENTE: INFOBAE.COM

SUDAN : LA VIOLACIÓN (ZINA) SIN PRUEBAS , acusan a las mujeres de adulterio.


Las violaciones a mujeres en la occidental región sudanesa de Darfur han sido sistemáticas desde el inicio de la guerra civil en 2003. La no gubernamental Alianza 149 lleva adelante una campaña para reformar la norma que confunde ese delito con el de adulterio.

El artículo 149 del Código Penal de 1991 define la violación como "zina", la relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí, pero sin consentimiento.

Además la ley obliga a la mujer a presentar cuatro testigos varones para probar que fue "sin consentimiento". Si ella denuncia una violación y no puede presentar esas pruebas, la acusarán de adulterio y será castigada con 100 latigazos, si es soltera, o lapidada, si está casada.

"La reforma será muy buena para las sudanesas porque permitirá separar adulterio de violación. El agresor será castigado con una larga condena", señaló Amro Kamal, abogado voluntario del Monitor de Derechos Humanos de Sudán y miembro de la dirección de la Alianza 149.

El Código Penal sudanés "se supone que está basado sobre la shariá (ley islámica), pero el problema es que el artículo 149 no distingue entre zina y violación, y eso es malo y anti islámico", explicó.

El caso de Darfur necesita un enfoque diferente.

Los problemas en esa región, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en la década de 1970 como una disputa por tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros.

Ese conflicto derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed ("jinetes a caballo").

Los Janjaweed, apoyados por Jartum, son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a las organizaciones guerrilleras.

Los combatientes son considerados responsables de la muerte de 300.000 personas y del desplazamiento de dos millones más.

La Alianza sugiere adoptar el derecho humanitario internacional para abordar las necesidades de las víctimas de Darfur.

Las mujeres viven con el permanente temor de ser violadas y expulsadas de sus comunidades. Muchas deben abandonar sus hogares y se van a campamentos montados por el gobierno. Algunas permanecen allí durante años.

"No es fácil para una mujer violada vivir en nuestra comunidad, en especial cuando queda embarazada. El entorno no acepta al bebé", explicó Mahbouba Abdur Rahman Ali, de la Organización de Empoderamiento de Mujeres.

El Acuerdo Integral de Paz, que en 2005 puso fin al conflicto de 21 años entre el norte, de mayoría musulmana, y el sur, de negros cristianos, requiere una reforma legal para ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, según la Alianza.

"Sudán no es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres", dijo a IPS una fuente de la Unidad Infantil y de la Familia. "Eso dificulta la labor de reformar la ley porque no hay ningún responsable de los asuntos femeninos", añadió.

La Alianza 149 está atrayendo la atención de los legisladores. Cuando lanzó la campaña, en enero, reunió a funcionarios del Ministerio del Asuntos del Interior, de la policía, parlamentarios y representantes de partidos políticos.

"Fue sensacional ver organizaciones de mujeres y representantes reunidos por una gran causa", señaló Fahima Hashim, integrante del directorio de la Alianza y directora del Centro Salmmah de Recursos sobre las Mujeres.

Fuente: IPS