El anuncio de la presidenta está en sintonía con el reclamo de organizaciones de primer nivel que conformaron en 2009 una Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN).
El reciente anuncio presidencial de destinar una asignación mensual a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación es la señal más fuerte dada en los últimos años por parte del Poder Ejecutivo para disminuir los índices de mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna), uno de los peores indicadores que tiene el país y que es medida internacional de la situación de inequidad de las naciones y, en particular, de sus mujeres.
Los índices de la Argentina son críticos, muy lejos de países con similares niveles de desarrollo y de los compromisos que asumió el Estado a nivel internacional para mejorar la situación de la población en el marco de los Objetivos del Milenio. En el año 2009, murieron por esta razón en la Argentina 55 mujeres por cada cien mil niñas y niños nacidos vivos. Fue la cifra más alta de los últimos 20 años. Y si bien estuvo particularmente incrementada por las muertes de mujeres embarazadas que tuvieron Gripe A, en los últimos 20 años este indicador no baja de 35, con picos de 47 (1996), 48 (2006), y 52 (1990). En Chile, un país con nivel de desarrollo similar, el índice está aproximadamente en 20 y en Uruguay en 15. La Argentina, en cambio, tiene cifras similares a las de Trinidad y Tobago y Jamaica, las más altas del continente.
El anuncio de la presidenta está en sintonía con el reclamo de organizaciones de primer nivel que, preocupadas, conformaron en el año 2009 una Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN). La Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y la Academia Nacional de Medicina –entre otros organismos nacionales e internacionales que integran la alianza– hicieron a fines de 2010 una propuesta integral que, entre otras medidas, abarcaba una asignación universal para embarazadas.
La propuesta ya se implementó en otros países de Europa y América Latina con resultados diversos durante la última década, dependiendo, entre otros factores, de su inserción en el marco de una política pública integral de reducción de la mortalidad de mujeres gestantes. En ese sentido, si bien ASUMEN aplaude la decisión gubernamental, señala como eslabones frágiles que no se haya extendido a mujeres puérperas (lo que evitaría el embarazo repetitivo de las mujeres a fin de mantener el subsidio, y que es nocivo para la salud) y una estrategia complementaria que es la regionalización de los servicios de salud: que cada servicio –desde una sala descentralizada hasta un hospital– reciba a las mujeres que le corresponden de acuerdo a la complejidad que puede abordar y que haya disponibilidad para el traslado de una unidad a otra.
La propuesta del Ejecutivo apunta a disminuir la mortalidad materna aumentando los controles durante el embarazo para evitar complicaciones que deriven en muertes. Para eso, las mujeres que quieran recibir la Asignación por Embarazo para Protección Social deberán inscribirse en el Plan Nacer del Ministerio de Salud y cumplir con los controles prenatales. Si bien el Plan, que se desarrolla desde 2003, no tuvo hasta la fecha los resultados buscados, se espera que sí colabore con que más mujeres de sectores vulnerables accedan al sistema de salud durante el período crítico del embarazo y parto.
Justamente, son las mujeres de estos sectores las más afectadas por la mortalidad materna. Según una investigación financiada por el Ministerio de Salud en el año 2008, y realizada –entre otros organismos– por el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Hospital Durand, el 75% de las mujeres puérperas asistidas en las maternidades públicas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son pobres, y de ellas el 36% indigentes.
Aproximadamente 300 de estas mujeres mueren cada año en la Argentina por razones que la Organización Mundial de la Salud señala como evitables. Según un estudio realizado por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (en base a estadísticas del Ministerio de Salud) sobre los años 2004-2008, el embarazo terminado en aborto causó el 26,7% de las muertes de mujeres gestantes; las causas obstétricas indirectas, el 18,5%; las causas obstétricas directas, el 16,7%; la hipertensión, el 14,2%; las infecciones, el 12,5%; y las hemorragias, el 6,4%. Estamos hablando, fundamentalmente, de mujeres con dificultades para hacer seguimiento de los embarazos deseados, y que no reciben buena atención cuando llegan a las instituciones de salud; o que, cuando quieren o deben interrumpir el embarazo no pueden hacerlo porque está prohibido o porque, cuando sus casos se encuadran dentro de los abortos no punibles, los hospitales se niegan a practicárselos y deben recurrir a abortos clandestinos que suelen desencadenarles infecciones y hemorragias.
El vínculo entre la mortalidad de mujeres gestantes y la pobreza se evidencia en el sesgo regional de este indicador: mientras la mayoría de las provincias con índices más altos son las del noreste y noroeste del país, con índices de hasta 160 muertes de mujeres cada cien mil nacidas/os con vida –similares a los de los países de menos desarrollo–, las cifras en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz o Río Negro no superan el dígito.
Con esta medida, que entrará en vigencia a partir de mitad de año aproximadamente, el Estado intentará comenzar a desovillar el nudo de un índice que es evidencia de exclusión y marginalidad, que avergüeza al país a nivel internacional y cuya solución es una acción de justicia social. No sólo tenemos actualmente un indicador altísimo, sino que, de continuar la tendencia actual, no lograríamos cumplir con el compromiso que asumimos en el año 2000 en relación con los Objetivos del Milenio: descender 13 muertes cada cien mil niñas y niños nacidos vivos para 2014.
FUENTE: TIEMPO ARGENTINO - por Sandra Chaher
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