jueves, 24 de marzo de 2011

"podrán cortar muchas flores pero nunca detendrán la primavera"


“Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera”, es la frase de Pablo Neruda que puede leerse en la placa colocada en la vereda del Colegio Nacional de Buenos Aires que recuerda a los desaparecidos de la dictadura militar.
Las 30 mil flores cortadas en los 2.818 días que duró la dictadura, que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, florecen cada vez que se reclama “Memoria, Verdad y Justicia”.
Los “desaparecidos” se convirtieron en el símbolo del horror y los más de 340 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en el emblema de un “proceso” que intentó sólo eso, acallar la voz de aquellos que lucharon por sus ideales.
Los cerca de 500 hombres y mujeres, que hace 35 años eran bebés y niños, son el estandarte de una lucha que no cesa en busca de la identidad.
Aquel conjunto de rasgos que hacen que las personas se diferencien entre sí, la identidad, en definitiva, es la que también perdieron sus padres en los centros clandestinos que, como dice el `Nunca Más´, “ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado”.
También vale contar a los hoy ex presos políticos que lograron salvar sus vidas y se convirtieron en los testigos “clave” para poder reconstruir y ver lo perverso que fue el plan de exterminio del gobierno militar.
Tampoco hay que olvidar a los miles de exiliados en el exterior y también los exiliados internos, aquellos que se exilaron “en su barrio o en su ropero”, como dice Pino Solanas en el película `El exilio de Gardel´.
Cientos de ciudadanos extranjeros figuran, además, en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.
La dictadura argentina heredó muchos aspectos del nazismo y el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible.
Así se dejó de lado a las minorías, por ejemplo, judíos, descendientes de los pueblos originarios, homosexuales, ateos, testigos de Jehová, por ejemplo.
Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, y hubo un especial ensañamiento con la comunidad judía, que tiene entre 1.800 y 2.000 desaparecidos.
La dictadura no sólo tuvo “número de víctimas”, hubo otras cifras que significaron un “saldo negativo” desde el punto de vista económico.
A comienzos de 1977, el entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, inició un experimento monetario denominado “la tablita”, un sistema de devaluaciones que dio comienzo a la especulación o “bicicleta financiera”.
En 1979, el sistema financiero se volvió incontrolable para el gobierno, los precios minoristas subieron un 139 por ciento y el consumo cayó abruptamente.
Otro número que refleja la fuerte caída de la economía del país es que en los siete años de la dictadura se quintuplicó la deuda externa argentina. De 9.738 millones de pesos en 1976, ascendió a 45.069 millones de pesos en 1983.
El día del golpe de Estado, 24 de marzo de 1976, se dio inicio a 2.818 días de dictadura, donde hubo 30 mil desaparecidos, 500 niños apropiados, funcionaron 340 centros clandestinos. Estos son los números del horror, de las flores cortadas. 35 años más tarde vivimos en democracia, hay 102 nietos recuperados, 120 cuerpos identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, 196 represores condenados durante 2010, y 8 son los juicios por delitos de lesa humanidad previstos para éste año. Estos son los números de la Justicia y la Verdad, de la primavera.
Y si de números hablamos, exactamente dentro de 7 meses, el 23 de octubre, los argentinos vamos a elegir al sexto Presidente desde el retorno de la democracia en 1983.
Recordemos entonces, que hubo una época en la que no pudimos elegir, no había candidatos, ni partidos políticos, ni opiniones diferentes. Tal vez, parezca una simple cuestión de números, tal vez no.

CELS: Incentivar el debate sobre Derechos Humanos

El juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura fue lento, pero constante desde su reapertura en 2001 y su posterior confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2005.
Durante el último año se han producido importantes avances, tanto por el aumento de los juicios orales iniciados como también por la apertura de nuevas investigaciones relativas a delitos que no habían sido considerados hasta ahora.
En diversas causas se ha imputado a partícipes civiles de la represión y por primera vez fue condenado un responsable del delito de violación sexual en un centro clandestino de detención.
De acuerdo con los registros del CELS a marzo de 2011, un total de 1.707 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado desde la reapertura de los juicios. Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, 182 imputados obtuvieron sentencia (167 resultaron condenados y 15 absueltos).
Además, se realizaron los primeros juicios en las provincias de Salta, Santiago del Estero y La Pampa y en las ciudades de San Rafael y Rosario. En Chaco, finalizó el primer debate por la causa “Caballero” y se encuentra en desarrollo el juicio oral por la Masacre de Margarita Belén.
No obstante, persisten serias demoras en la tramitación de causas. Los datos analizados por el CELS, muestran que desde 2006 hasta 2010 se dictaron 43 sentencias. Sólo 9 de ellas han sido confirmadas por la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) y 6 se encuentran a la espera de la resolución de la Corte Suprema. Para consolidar este proceso, es imperioso que ambas instancias se expidan sobre los recursos presentados.
También es imprescindible que el Estado encuentre mecanismos para avanzar con celeridad en la realización de estos juicios. Cuanto más se prolonguen los procesos, más lejana es la posibilidad de que los responsables por crímenes de lesa humanidad cumplan las penas impuestas y las víctimas obtengan justicia.
La consolidación del proceso es responsabilidad de todos los poderes públicos y del sistema político. Durante 2010, el Congreso Nacional de la Nación, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corte Suprema se pronunciaron sobre los juicios a los cuales definieron como una política de Estado de carácter irrenunciable.
En un año electoral, sería significativo que las fuerzas políticas incentiven un profundo debate sobre las políticas de derechos humanos y vuelvan a explicitar su apoyo al proceso de justicia, demostrando que más allá de las diferencias partidarias, este tema constituye una prioridad en la agenda pública.
La sanción de los crímenes más atroces cometidos en nuestro país afianza la igualdad ante la ley y la edificación de los límites éticos para nuestra convivencia como sociedad”.
FUENTE: EL PERIÓDICO AUSTRAL

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