La comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia se reunió para estudiar los proyectos que buscan modificar la forma de denuncia de maltratos físicos, sexuales o psicológicos, y los que penan el trabajo de menores, pero establecieron que primero acerquen posturas los asesores.
La reunión de la comisión que preside la peronista Claudia Rucci comenzó pasadas las 16 de este martes. Los proyectos a discusión plantean la modificación de la ley 24.417 -Violencia familiar, sobre maltrato físico, sexual o psicológico por integrantes del grupo familiar-, sobre la forma de denuncia.
Los principales proyectos son de Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) y de Sergio Pansa (Peronismo), pero antes la variedad y el pedido del diputado Gustavo Ferrari de incorporar un proyecto de su autoría acordaron que primero se establezca un orden en asesores. Sucede que el proyecto de Ferrari fue tiene como cabecera la comisión de Legislación Penal, por lo que tendrían que pedir formalmente el cambio de cabecera.
Estos proyectos establecen, en líneas generales, que los agredidos podrán denunciar los hechos en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad policial o judicial. Además considera por grupo familiar conviviente “el originado del matrimonio, uniones de hecho, ascendientes, descendientes y colaterales”.
En otros puntos proponen que el juez interviniente deba ordenar la exclusión del autor de la agresión de la vivienda donde habita el grupo familiar; la prohibición de acercamiento del presunto agresor a la víctima o a su lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares habituales; y ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la víctima.
Si bien figuraba en el temario el tratamiento de las modificaciones al Libro II – Título V Delitos contra la libertad-, del Código Penal, referido a delitos contra la libertad individual y trabajo de menores de edad, el tema también pasó a asesores, que se incorporarán a lo que vienen elaborando Legislación del Trabajo y Legislación Penal.
Otro proyecto que quedó pendiente es el pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "Mujeres, Paz y Seguridad". Ante la propuesta de Juliana Di Tullio (FpV) se consideró, en lugar de pedir un informe, citar a algún funcionario de Cancillería para que aborde el tema.
Sí obtuvo la aprobación de la comisión el proyecto de resolución repudiando las declaraciones del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán Rene Goane descalificando el desempeño de mujeres en el sistema de administración de justicia argentino.
FUENTE: Noticias Congreso Nacional
* desde nuestra perspectiva, la ONG NO ADHIERE A "TRABAJO"infantil, lo denominamos EXPLOTACIÓN INFANTIL.
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