En América Latina y el Caribe se han adoptado normativas para proteger a las mujeres y se han homologado de acuerdo a los estándares internacionales, pero cuando la aplicación de las leyes falla, ellas quedan a merced de sus victimarios, aseguró Ileana Alamilla.
La profesional de las ciencias jurídicas aseguró que ese tema fue abordado recientemente en Washington, Estados Unidos, donde se analizaron los avances y progresos desde la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belem Do Pará, en alusión al lugar donde fue acordada, en 1994.
Una de las conclusiones derivadas de ese evento de alto nivel fue el apoco avance en la aplicación de sus disposiciones por parte de los Estados; Elizabeth Abi Mershed, Secretaria Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó el vínculo entre la violencia machista y la discriminación, citó Alamilla.
Durante el evento se hizo reflexión en el caso de Guatemala donde 6 mil mujeres han sido muertas de forma violenta entre el 2000 y el 2010; también se abordaron temáticas como lo salvaje de la forma en la que se les quita la vida, la impunidad con la que sucede, lo multitudinario de las violaciones sexuales y la naturalidad con la que la sociedad asume la violencia, añadió la periodista.
Uno de los aspectos más vergonzosos para Guatemala, es la acción de inconstitucionalidad que interpusieron tres abogados de Quetzaltenango, encabezados por Romeo Silverio González Barrios, en contra de tres artículos de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, promulgada en mayo de 2008.
Ellos argumentan discriminación basándose en criterios bíblicos, lo que contradice al Estado laico; es tal su aberración y descaro que llegan a asegurar que se promulgó para “elevar a la mujer a condición de hombre” y con falacias buscan fundamentar la negación de una realidad que determinó la creación de la norma, aseguró la articulista.
Las mujeres defensoras de las garantías de esa población y luchadoras para erradicar la violencia, han reaccionado con dignidad, presentado a la CC un memorial en derecho Amicus Curiae, en donde hacen una notable exposición con argumentos consistentes basados en la legislación nacional e internacional, que contradicen la pretensión de los abogados, enfatizó la periodista.
Entre sus excelentes argumentos sostienen que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres constituyen un hecho público y notorio que se evidencia en la sobrevaloración de lo masculino sobre lo femenino; además que los Estados, entre ellos Guatemala, han reconocido que la violencia contra las mujeres constituye una ofensa contra la dignidad humana y es una manifestación de las históricas relaciones desiguales de poder entre los sexos.
Fuente: Ameco Press
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