sábado, 8 de octubre de 2011

Gobierno Vasco facilitará a las víctimas de género a vivir en otro municipio


Cada día doce mujeres denuncian ser víctimas de violencia machista en Euskadi. 4.285 casos hubo el año pasado. Se trata de una realidad cotidiana que se hace públicamente más visible cuando ocurre un asesinato, y en lo que va de 2011 ya se han producido tres en la comunidad autónoma.

La lucha contra esta lacra obsesiona a las administraciones desde hace años y eso mueve a los poderes públicos a dotarse de armas legales. En el País Vasco, el Ejecutivo de Vitoria sacó ayer a exposición pública el anteproyecto de la Ley de prevención de la violencia machista contra las mujeres y de atención y recuperación integral de sus víctimas.

Bajo este minucioso título se desgrana toda una regulación que va desde la prevención hasta la articulación de mecanismos de protección. Naturalmente, se obliga a las administraciones a poner a disposición de las víctimas toda una serie de servicios que les ayuden a llevar una vida normalizada. Así, no sólo se recoge la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de disponer de pisos de acogida para maltratadas, sino que se regula el derecho de las mujeres a abandonar su pueblo o ciudad si así lo desean para acudir a equipamientos existentes en otra localidad. En Euskadi medio millar de víctimas vive en pisos de acogida y equipamientos dependientes de ayuntamientos y diputaciones, en muchos casos acompañadas de sus hijos.
En realidad, la ley no aporta grandes novedades en cuando a fórmulas de protección, sino que viene a recoger los servicios que ya existen y a los que se les da un paraguas legal. Además, según la directora de la Oficina de Atención a la Violencia de Género del Gobierno Vasco, Mariola Serrano, «se amplía el concepto de violencia machista» para aplicarlo no solo a la que ejerce la pareja o expareja sobre la mujer, sino también a cuestiones como el acoso en el trabajo, delitos contra la libertad sexual y hasta trata de mujeres.

Reeducación de agresores

Por otra parte, se hace énfasis en la reeducación de los maltratadores, para lo que se establecerán programas «con el fin de evitar la reincidencia y modificar patrones de conducta violenta». Y en cuanto a los instrumentos de protección para las maltratadas, la norma recoge el derecho de las víctimas a contar con los mecanismos tecnológicos (teléfono, pulseras GPS...) y de cualquier otro tipo, «así como los recursos policiales pertinentes», para evitar nuevas agresiones.
El texto legal llega después de un año de contactos entre administraciones, instituciones de todo tipo y organizaciones de atención a maltratadas. También se ha hecho un análisis de leyes similares en el ámbito europeo, estatal y en otras comunidades autónomas.

FUENTE: OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO - MADRID

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