jueves, 31 de marzo de 2011

RIO GALLEGOS: EL FEMICIDIO DE GABRIELA MONTENEGRO A JUICIO


A un año y cinco meses del brutal asesinato de Gabriela Montenegro, crimen que conmocionó a toda la localidad de Pico Truncado, la causa ya fue elevada a juicio, así lo confirmó Alberto Luciani representante de la familia Montenegro.
Recuérdese que esta causa tiene como único imputado al ex marido de la víctima, quien fue detenido el 16 de octubre de 2009.

Declaraciones
Para conocer cómo va la causa TiempoSur habló con Alberto Luciani quien informó: “El debate oral está para fijar fecha entre los meses de septiembre y octubre de este año”.
El representante además manifestó que actualmente la causa “tiene como imputado el ex marido de Gabriela Montenegro, quien se encuentra detenido y alojado en la Alcaidía de Pico Truncado. En tanto el expediente sigue su curso”.
La causa está caratulada como “Homicidio calificado con ensañamiento”.


Expectativas

A pesar de que aún falta fijar solamente la fecha para dar inicio con el debate, el abogado de la familia Montenegro tiene confianza en el Poder Judicial: “Esperamos que en el debate se aclare y se llegue a la verdad de lo acontecido. Vamos a pedir la condena del imputado y que se garantice su debida defensa, pero tenemos confianza de que se va a hacer justicia en el juicio oral y público que se va a realizar”.
Luciani finalizó expresando: “nosotros tenemos expectativas de que haya una condena en el debate”.

Triste hallazgo

Gabriela Montenegro desapareció el 6 de junio de 2009 y el sábado 4 de julio del 2009, en horas de la tarde, fue encontrada muerta en la “Laguna de los Patos”. Un cerco de 500 metros rodeaba el lugar donde una persona encontró el cadáver, que fue identificado por fuentes policiales y gubernamentales como el de Gabriela Montenegro.
El lugar donde estaba ya había sido rastrillado por uniformados y civiles y el cerco perimetral había sido hecho por la policía, porque se habían encontrado unas huellas que serían de un auto de rodado chico.
La Laguna de los Patos deriva de las aguas servidas de la planta de Servicios Públicos, tiene acceso por la Ruta 43, donde nace una huella que lleva al lugar y otro de los caminos de acceso es por la planta de reciclado de la Municipalidad.


Allanamiento

Las investigaciones en torno a la muerte de la joven continuaron, las que llevaron a que el pasado 7 de julio de 2009 el juez Cimini, a cargo de la causa, ordenara un allanamiento en busca de elementos que esclarezcan el hecho.
El operativo se realizó en la zona de chacras y lo llevó adelante el subcomisario Albizu, junto a personal de la Seccional Segunda de esa localidad, lugar donde se recibió la primera denuncia de desaparición de Montenegro.
Según datos extraoficiales, en el lugar no se habrían encontrado huellas que sirvan como elementos relevantes para ayudar al esclarecimiento del crimen.
Por otro lado, el miércoles 22 de julio de 2009, con el patrocinio del letrado Alberto Luciani, la familia de Gabriela Montenegro se constituyó como querellante y de esa manera poder tener acceso a la causa.

Detención

Luego de tres meses de intensas averiguaciones con relación a la muerte de Gabriela Montenegro, el 16 de octubre de 2009 la causa dio un giro inesperado, cuando el juez interviniente en el caso ordenó la detención y arresto de Bosso -ex pareja de la víctima- quien está acusado de homicidio calificado.
El letrado tomó esta decisión porque el informe de los peritos motivó al juez a ordenar la detención de Bosso, de 31 años de edad, y acusarlo de homicidio calificado.
Cabe resaltar que en los procedimientos realizados en la etapa de instrucción se allanó una chacra en inmediaciones de la localidad, donde se habrían hallado elementos importantes. De este modo se estima que esos elementos -celular y ropa- implicarían a Bosso y los resultados de las pericias confirmaron esa versión.

Desmintieron rumores

El pasado 14 de octubre de 2009 en la localidad de Pico Truncado corrieron varios rumores que el único detenido por el homicidio de Gabriela Montenegro sería liberado, ante este rumor el asesor de la familia Alberto Luciani y la propia madre de la víctima “desmintieron tenazmente esa versión periodística.
Luciani también recibió los rumores de que Bosso sería liberado y por tal motivo se comunicó con la Jueza que subroga el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado la doctora Rovai. La letrada expresó que eso no era cierto, no hay ninguna presentación hecha por el imputado Mario Bosso para recuperar la libertad.
En ese contexto Luciani expresó en medios de comunicación del interior “queremos aclararle a la ciudad que nosotros nunca mantendríamos a un persona inocente detenida y si nosotros hemos pedido la detención y el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado y otro Juez de Caleta Olivia lo mantienen detenido, es porque existe un cúmulo de pruebas muy importantes y cuando varias partes se ponen de acuerdo en una evaluación de la causa hay pruebas serias, no estamos hablando de una persona inocente”.
FUENTE: TIEMPO SUR

FUENTE: TIEMPO SUR

LOS PREJUICIOS SEXISTAS Y CLASISTAS


Los fundamentos expresados por los jueces Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués –apuntaron Sofía Caravelos y Laurana Malacalza, abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ)– se basan en prejuicios de carácter sexista y clasista. Esta resolución entiende que el contexto de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas, es decir, ser niñas y pobres, actúa como un factor para absolver al imputado del delito de corrupción de menores y atenuarle la pena por el otro delito impuesta por el tribunal de primera instancia. Expresar, además, que las niñas víctimas habían tenido experiencias sexuales previas y considerar estos supuestos como un atenuante a la pena impuesta al imputado pone de manifiesto las concepciones prejuiciosas y discriminatorias en las que los jueces fundan sus resoluciones. En esta resolución, como en otras, no sólo se produce un proceso de revictimización sino de invisibilización de las situaciones de violencia sexual sufridas por niñas y mujeres. En este sentido, el sistema penal actúa como un factor legitimador de estas prácticas así como de los estereotipos de género que las subyacen.”

FUENTE. página 12 - por MARIANA CARBAJAL

MEXICO: ATIENDE CEAVIT 15 CASOS DIARIOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


Tehuacán. El maltrato en el hogar es una práctica constante en el municipio según datos que reveló la directora del Centro Especializado en Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar (Ceavit), Felipa Rojas Torres.

Diariamente acuden a las instalaciones del Ceavit alrededor de 15 mujeres, tan sólo de este municipio, para pedir el apoyo del personal del centro debido a que sufren agresiones por parte de sus parejas; semanalmente se atienden entre cuatro y cinco quejas de la región.

Los agresores suelen utilizar más la violencia psicológica, mientras que los más violentos llegan a utilizar los golpes como método para lastimar a sus esposas, de ese total de 15 alrededor de cinco reportan que sus esposos las agreden físicamente, detalló la encargada.

Pero también hay mujeres que agreden a sus esposos, informó la funcionaria al indicar que por los datos que se tienen en el centro se deduce que por cada 10 mujeres que denuncian hay dos varones que piden la intervención por el maltrato de que son objeto.

Entre los datos que aportó la directora resalta el hecho de que en su mayoría quienes se deciden a denunciar son mujeres jóvenes, lo cual es una señal de que se están repitiendo patrones familiares de violencia hacia el sexo femenino.

Rojas Torres manifestó que el Ceavit pretende ser la primera instancia conciliadora entre las parejas, de modo que cuando reciben una queja se gira un citatorio para que acuda el presunto agresor y se busca establecer acuerdos entre los involucrados, a fin de poner fin a las agresiones y mantener la familia.

Cuando ese esfuerzo no da resultado el personal toma bajo su responsabilidad la representación legal de la víctima para que, en caso de que así lo decida, se proceda con la demanda penal ante el Ministerio Público.

FUENTE:LA JORNADA DE ORIENTE- MEXICO

UN ABUSO QUE ES UNA CUESTIÓN DE CLASE



Casación liberó a un pastor condenado por abusar de mujeres a las que convencía de que así se salvarían del fin del mundo. Dos eran adolescentes. Ahora, los jueces consideraron que NO hubo corrupción porque ese nivel social “acepta relaciones a edades muy bajas”.

En un polémico fallo, la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense anuló una condena a un pastor de un culto no reconocido por corrupción de menores en perjuicio de dos niñas de 14 y 16 años de familias pobres, al argumentar que el delito no se configura al tratarse de “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”. La sentencia, de los jueces Horacio Piombo y Ramón Sal Llargués, fue recurrida ante la Suprema Corte de la provincia por el fiscal adjunto ante Casación Penal, Jorge Armando Roldán, quien consideró, en diálogo con Página/12, que “discrimina a los sectores sociales más humildes y por ende más vulnerables a determinados delitos” y también “incurre en la falacia de incluir otro argumento que no tiene apoyo en las constancias probadas en la causa como la supuesta experiencia de las menores con otros hombres”. Las dos chicas, igual que otras mujeres que concurrían a la Iglesia Evangélica Jesús es el Camino de la localidad de Merlo, fueron abusadas sexualmente por el pastor. Se probó en el juicio que por el año 2000, las sometió a un proceso de “lavado de cerebro” para hacerles creer que se venía el fin del mundo y que sólo se salvarían las que engendraran hijos de él.

Tres organizaciones, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), adelantaron a Página/12 que presentarán un amicus curiae en el que denunciarán los “prejuicios sexistas y clasistas” en los que se basan los fundamentos expresados en el fallo y a la vez dejarán sentada su preocupación por la repetición de resoluciones firmadas por la misma sala de Casación que atenúan penas en casos de condenas de delitos sexuales sin argumentos jurídicos contundentes.

La sentencia del Tribunal de Casación favoreció al pastor Francisco Avalos, actualmente de 59 años. Fue firmada el 15 de marzo, pero recién trascendió ahora. De nacionalidad paraguaya, Avalos había creado la “Iglesia Evangélica Jesús es el Camino” que tenía su sede en el barrio Parque San Martín, de Merlo, donde se habría instalado a fines de la década del ’80. En el juicio oral –aunque no público por tratarse de víctimas menores que fueron violadas–, se probó que actuaba con la ayuda de una mujer que oficiaba de colaboradora suya, ante un grupo “elegido” de mujeres de la feligresía, “influenciándolas y sometiéndolas psicológicamente bajo todo el poder del fanatismo religioso que también les inculcaba, al punto que, al menos las menores, no estuvieron en posición de negarse a lo que en realidad era, la satisfacción de los deseos sexuales del imputado, que se fue valiendo de su grey como un harén”, afirmó Roldán en el recurso extraordinario que elevó ante el máximo tribunal provincial.

El 8 de septiembre de 2004, el Tribunal Criminal Nº 4 de Morón lo condenó a 18 años de cárcel “por cuádruple abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado un ministro de culto, en concurso ideal con dos hechos de promoción de la corrupción a menor de edad calificados por intimidación, todos en concurso real entre sí”. Los delitos fueron cometidos entre los meses de abril y agosto de 2000 contra dos chicas, de familias humildes, que tenían 14 y 16 años en el momento de los hechos. Luego de mantener relaciones sexuales en varias oportunidades con Avalos, las niñas tuvieron cada una un hijo del pastor. Avalos se aprovechó de su “situación de vulnerabilidad”, según quedó demostrado en el juicio oral, e introdujo entre sus fieles la idea de un inminente fin del mundo y que sólo se salvarían aquellas que tenían un hijo con él, por ser “elegidas de Dios”. Les decía que se encarnarían en figuras bíblicas. Y las citaba para mantener relaciones sexuales con él, dándoles turnos, y haciéndoles creer que engendrar un hijo suyo era una “obra para el mundo”, y que ésa era su “misión en la tierra”. En el juicio oral declararon como testigos varias mujeres que también resultaron las “elegidas” de Avalos para procrear con él, entre ellas la mamá de una de las niñas abusadas. Con ella también el pastor tuvo un hijo. La investigación se inició a partir de la denuncia del padre de una de las niñas, que al regresar de un viaje descubrió que su hija estaba embarazada.

Al revocar la condena por los delitos de corrupción de menores, Casación le redujo al pastor la pena casi a la mitad, 9 años y seis meses de prisión, y ordenó su excarcelación. Avalos lleva 8 años de cárcel efectiva. Sin embargo, seguirá detenido, informó el fiscal Roldán, debido a que por los hechos que se ventilaron en el juicio oral se abrieron nuevas investigaciones y quedó procesado por otros delitos. Habría tenido 18 hijos con fieles que concurrían a su iglesia.

En el fallo de la Sala 1, el juez Piombo pronuncia el primer voto y aporta los argumentos para absolver a Avalos del delito de corrupción de menores. Sal Llargués adhiere a ese voto. Para los dos jueces, “hoy solo situaciones muy excepcionales de deterioro moral como las que implican despertar prematuramente la sexualidad de un menor no púber, o desviarla, llevándola al exhibicionismo masivo o a la aberración, o convencer de la naturalidad del trato sexual entre padres e hijos pueden permitir aplicar una figura que condensaba inicialmente ideas más pacatas o victorianas”, sostuvo Piombo. A continuación consideró que, “lo hecho por el encartado (Avalos), tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas; que, además, poseían experiencia sexual –incluso en yacer con otros hombres– (...) no lo veo como algo moralmente edificante pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual”, de las víctimas. “Este argumento resulta discriminatorio de los sectores sociales más humildes”, alegó el fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación. Además, aclaró, “se incurre en la falacia de incluir otro argumento que no tiene apoyo en las constancias probadas de la causa que es la supuesta experiencia de las menores con otros hombres”.

En su apelación ante la Suprema Corte, el fiscal Roldán consideró que el Tribunal de Casación incurrió “en absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba” al absolver a Avalos por el delito de promoción de corrupción de menores.
FUENTE: MARIANA CARBAJAL - PAGINA 12

miércoles, 30 de marzo de 2011

ESPAÑA:AUMENTO DE FEMICIDIOS, BAJA DE DENUNCIAS... ¿ nos preguntamos porqué?


La tasa de violencia machista en el ámbito familiar pasó de 16,6 denuncias por cada 10.000 habitantes en 2009 a 16,4 el año pasado, el primer descenso de este indicador de la última década.

La tasa de violencia machista en el ámbito familiar pasó de 16,6 denuncias por cada 10.000 habitantes en 2009 a 16,4 el año pasado, el primer descenso de este indicador de la última década, dato que contrasta con las 74 mujeres asesinadas en 2010, 18 más que en el año anterior.

Para dar la vuelta a esta situación, el Ministerio del Interior está modificando los criterios de evaluación de riesgo de las mujeres maltratadas, ya que se ha detectado que los agresores que terminan asesinando a sus parejas o ex parejas suelen tener antecedentes por otro tipo de delitos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una comparecencia en el Congreso en la que ha detallado el balance de criminalidad del año 2010 y ha informado de ese ligero descenso en el número de denuncias por malos tratos.

"Son unas pocas denuncias menos. Es una variación relativamente pequeña, creo que deberíamos ser prudentes para los próximos años", ha subrayado Rubalcaba, que ha reconocido que 2010 fue un "año malo" por el altísimo número de mujeres asesinadas, una tendencia negativa que parece que se mantiene en los primeros meses de 2011.

El titular de Interior ha anunciado que tras detectarse determinados casos concretos en los que la valoración de riesgo de la víctima no se ajustaba al peligro real, el Gobierno ha decidido reajustar estos criterios, analizando con más profundidad el perfil del maltratador, así como sus posibles antecedentes.

A día de hoy, el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género incluye los datos de 193.491 mujeres y de ellas 30.261 cuentan con medidas policiales de protección.

Rubalcaba ha destacado el aumento exponencial del número de agentes especializados en la lucha contra la violencia machista, que ha crecido un 300 por ciento desde 2003.

En este sentido, el vicepresidente del Gobierno ha vuelto a pedir a las mujeres que se sienten amenazadas que no duden en denunciar porque se sentirán más seguras y protegidas frente a sus maltratadores.

FUENTE: OBSERVATORIO DE LA MUJER/ MADRID

CAMPAÑA JUNTA DE ANDALUCÍA: EL CLIENTE ES PROSTITUYENTE


La Prostitución es abuso de poder y desigualdad
Detrás de la Prostitución hay pobreza, miedo, abuso,violencia...
Consumir Prostitución no te hace hombre, te convierte en agresor y te hace cómplice.

¿Aún no lo ves? las Mujeres no somos mercancías. No compres nuestros cuerpos.

http://www.mujereslobby.org/images/stories/campanas/Camp2010-2011%20.mp3
http://www.mujereslobby.org/images/stories/campanas/Camp2010-2011%20.mp3

LA HABANA: VIOLENCIA DE GÉNERO,EN BÚSQUEDA DE UNA ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO


La Habana.- Si bien las estadísticas en Cuba muestran una presencia femenina creciente en el universo laboral, profesional y entre las personas graduadas universitarias, todavía las cubanas siguen sintiendo el peso de dobles y triples jornadas dentro del hogar.
Las mujeres de esta isla caribeña representan el 66 por ciento del sector profesional y técnico, 52 por ciento del universitario y 52 por ciento del personal de la salud que brinda cooperación internacional fuera del país, según datos oficiales.
Ante indicadores como estos, no faltan quienes creen que no queda mucho más que hacer en cuanto a la igualdad de género en la isla; sin embargo, al valorar las condiciones en que ocurre esa participación, resulta que casi siempre estas mujeres asumen otras responsabilidades dentro de sus casas y familias, en condiciones de sobrexigencia que desencadenan malestares físicos y sicológicos.
A esa opresión invisible también deben enfocarse los estudios y campañas de bien público sobre la violencia contra las mujeres, opinó la especialista en género y comunicación Isabel Moya Richard, directora de la Editorial de la Mujer, quien condujo dos sesiones del taller Violencia contra las Mujeres "En busca de una estrategia para el cambio".
Realizado en varias jornadas, durante el mes de marzo, por el Programa de Género y Cultura del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR), en colaboración con la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte (ISA), el encuentro reunió a 15 estudiantes de diseño, comunicación social y realización audiovisual, con la intención de capacitar y sensibilizar en temas de género, violencia y comunicación.
Como ejercicio final se conformarán cinco grupos multidisciplinarios para desarrollar igual número de estrategias comunicativas, para que una de ellas sea ejecutada en noviembre, como parte de la Campaña que anualmente desarrolla el OAR durante la Jornada por la No Violencia contra la Mujer.
A criterio de Moya, la convivencia de viejos y nuevos paradigmas de mujeres y hombres tipifica lo que sucede en la isla en cuanto a las relaciones de género y el tratamiento de los seres humanos en los medios de comunicación masiva. En los mismos espacios existen diferentes niveles de emancipación, subordinación y participación femenina, por lo que es mucho más complejo visibilizarlo en los medios, resaltó.
Por otra parte, la publicidad mantiene, como tendencia, los mismos criterios estereotipados sobre lo femenino y lo masculino que aparecen en los medios internacionales, donde las mujeres se reducen a los roles de objeto sexual, madres, esposas y encargadas de labores domésticas.
"Repetimos esto acríticamente: nos consideramos una sociedad alternativa, que tiene que trabajar no solo sobre presupuestos alternativos, sino sobre imágenes alternativas", apuntó la estudiosa.
La prensa también contribuye a reforzar estereotipos cuando ofrece diferente tratamiento a hombres y mujeres de similar ocupación, y enfatiza en la exteriorización de los atributos femeninos socialmente construidos como la moda, el maquillaje, la cantidad de hijos, la sensualidad, etc.
No obstante, desde la comunicación masiva también se pueden modificar, reinterpretar y reconstruir esquemas, estimó Moya, pues los discursos mediáticos no constituyen un reflejo de la realidad, sino una realidad construida. "Cuando alguien me dice que la sociedad es así y punto, respondo que los medios pueden problematizarla y presentar otras imágenes de lo femenino y lo masculino", recalcó.
Para ello se precisa avanzar en la difusión de la teoría de género como una herramienta que permite aproximarnos a toda la realidad, y no solo a los llamados "temas de mujeres", uno de los propósitos de iniciativas como el taller dirigido a futuros profesionales de la comunicación.
"No es posible abordar un aspecto de la vida social, no hay producto que queramos vender, ni idea que queramos colocar, que no haya que mirar desde la perspectiva de género, porque la sociedad está conformada por seres sexuados que se relacionan entre sí y entre los cuales existen relaciones de poder, de muchos tipos", consignó la también presidenta de la Cátedra de Género y Comunicación Mirta Aguirre, del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

FUENTE: SEMlac. - Servicio de Mujeres de Latino América y el Caribe.

POR LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA





Audiencia ante la CIDH


Por los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en representación también de las organizaciones argentinas ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) participó de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina. La misma tuvo lugar en Washington (Estados Unidos) el pasado lunes 28 de marzo, en el marco del 141º período de sesiones de la CIDH y fue solicitada por un grupo de 12 organizaciones no gubernamentales de la región entre las que se encuentran la ADC, ELA y CEDES. Estuvieron presentes los comisionados Dinah Shelton, presidenta de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, María Silva Gillén y la Relatora sobre los Derechos de la Mujer, Luz Patricia Mejía Guerrero, quienes manifestaron la importancia y especial relevancia del tema y agradecieron la información proporcionada por las organizaciones.

Durante esta audiencia se presentó un diagnóstico sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en el efectivo ejercicio del derecho a la salud reproductiva y especialmente las consecuencias que tiene la penalización de la interrupción del embarazo en el goce de los derechos reproductivos de las mujeres en la región, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud reproductiva , a la intimidad, a la dignidad, a la libertad personal y al derecho a vivir libres de violencia y discriminación.

Las organizaciones alertaron sobre la necesidad de contar con marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho de las mujeres al aborto, pues existen en la región países en donde el aborto está totalmente penalizado (Chile, Nicaragua, Republica Dominicana, El Salvador y Honduras) y otros países donde los códigos penales establecen causales de excepción con diferentes grados de punibilidad (Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, Haití, Paraguay y Perú entre otros) cuyo cumplimiento es irregular.

Asimismo, llamaron la atención sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al aborto legal. Destacaron que la falta de implementación de protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo por parte de los Estados impide el acceso al aborto permitido y provoca confusión y desconcierto en los médicos encargados de realizar la práctica a mujeres, adolescentes y niñas que solicitan interrumpir un embarazo en los casos permitidos por ley. Enfáticamente, explicaron cómo la penalización del aborto propicia la prestación de servicios ilegales de interrupción de embarazos, generando un mercado clandestino e inseguro. En este contexto, las organizaciones manifestaron la importancia de que los Estados diseñen políticas públicas para atender el aborto clandestino o inseguro y prevenir daños a la salud y la vida de las mujeres.

La Comisión destacó también que en la gran mayoría de los estados de la región persisten influencias moralistas, religiosas y fundamentalistas en torno a la sexualidad que limitan el desarrollo de políticas públicas para la promoción del los derechos sexuales y el acceso universal a métodos anticonceptivos.

Finalmente, se requirió a la CIDH que en el Informe que realiza la Relatoría de Derechos de las Mujeres sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales con perspectiva de género, se incorpore un “capítulo específico sobre salud sexual y reproductiva y acceso a la interrupción legal del embarazo que contenga estándares de regulación que puedan servir de guía a los Estados a la hora de definir, modificar o crear leyes, normativas o protocolos en esta materia.

Que en el comunicado de prensa de este período de sesiones, manifieste su preocupación por la situación descrita e inste a los Estados a adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias, para que garanticen el acceso a la interrupción legal del embarazo a fin de proteger los derechos reproductivos de las adolescentes, jóvenes y mujeres de la región.
Que asimismo y conforme los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales” elaborados por esa Comisión, se inste a los Estados a producir y generar información estadística que permita monitorear el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Que en sus próximos períodos de sesiones, éste siga siendo un tema de preocupación de la Comisión para privilegiar audiencias en esta materia, y que en los casos o medidas cautelares que se sometan a su consideración, éstos sean prioritarios y se les brinde un abordaje integral que permita desarrollar estándares conformes con una interpretación extensiva de los derechos humanos de las mujeres, libres de prejuicios de género.”

Al finalizar, los comisionados manifestaron su especial interés en el tema y afirmaron que las peticiones planteadas serían ponderadas y llevadas a la práctica por la CIDH. Por su parte la Relatora sobre los derechos de la mujer luego de agradecer el aporte y la información brindada, pidió a las organizaciones que mantengan informado a dicho organismo sobre la evolución de este tema en los distintos países de la región.

La audiencia fue solicitada por 12 organizaciones no gubernamentales de la región entre las que se encuentran: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) (Argentina), la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico (El Salvador); el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) (Honduras); el Centro de Documentación y Estudios (CDE) (Paraguay); el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) (Perú); la Colectiva Mujer y Salud (República Dominicana); la Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica); la Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR) (Brasil); el Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) (México): Ipas Centroamérica; , la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (La Mesa) (Colombia); y MYSU, Mujer y
Salud (Uruguay).

fuente. ELA (EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO)

NIÑ@S :EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TURÍSTICA


Niños y alerta turístico
El grupo parece estar formado por un padre que lleva de su mano a tres de sus hijos e hijas para mirar cómo llegan los cruceros al puerto. Pero nuestra atención nos advierte algo más. El adulto no está interesado en observar las naves, sino en acercarse a los pasajeros varones, especialmente si viajan solos, de manera que éstos puedan observar a las criaturas.
Los turistas, que en su mayoría viajan con la decisión de conocer mundo y disfrutar, no se interesan por la oferta que el rufián les pone delante. Este es uno de los principios más difundidos por las organizaciones que promueven el turismo: los viajeros habituales, preocupados y ocupados por su viaje no quieren ser confundidos con los “buscadores” de aventuras con niños y niñas. Es uno de los motivos que nos conduce a rastrear a “esos otros”, los que han incorporado la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo.
Cualquiera que haya viajado por América latina habrá encontrado al descender de un barco o de un avión grandes carteles diciendo: “Tener sexo con niño es delito”. O bien: “En este país se cuida a los niños”. El interminable trabajo de la institución internacional Ecpat comenzó como una campaña desde los años ’90 en contra de la prostitución infantil en el turismo asiático, estrechamente ligado con el turismo sexual infantil, y sus aspectos de la oferta y la demanda de este fenómeno, junto con Save the Children –con quienes trabajamos– y Casa Alianza en el Caribe, preocupados por el fenómeno en América latina. Fue lento su ingreso entre nosotros, pero ya comenzamos mediante la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acompañado por el Ministerio de Turismo y por la Oficina Nacional de Migraciones que ha instalado, merced a la colaboración de Aeropuertos 2000, un circuito de carteles advirtiendo que nosotros también cuidamos de nuestros niños. Y que tener sexo con niños es un delito que se sanciona con la cárcel.
La campaña ha comenzado por sensibilizar ¿a quiénes? A toda la población, si bien los lugares claves son los puertos, aeropuertos y pasos internacionales. Hubo quienes no entendían de qué estábamos hablando al mencionar Explotación Sexual Comercial infiltrada en el turismo, que históricamente se denominó incorrectamente Turismo Sexual. La desviación del nombre se debe a que determinados visitantes del exterior no llegan en busca de paisajes nuevos, sino de niños que, en el Cono Sur, no han sido infectados por el virus del VIH, como sucede en otros países.
“¿Cómo se las arreglan los turistas para seducir a los chicos y a las chicas?”, fue la primera pregunta. Porque los rufianes son expertos y no improvisan. Las redes que se ocupan de ofrecer “mercancía infantil” están distribuidas mundialmente y no han sido escasas las compañías de turismo que ofrecían, junto con el paquete de “nuevas experiencias en un país lejano”, el exotismo de niños seleccionados por los reclutadores, particularmente aquellos que provienen de áreas carentes. O bien tramitan los encuentros sexuales de los visitantes coyunturales con los mayorcitos de doce o trece años, tarea que algunos adolescentes arriesgan iniciar a cambio de dinero para paco o comprar zapatillas de marca.
“Un turista no viene para eso...” es otro de los argumentos. Entre ellos se introducen pedófilos, o bien sujetos “curiosos” que buscan la oportunidad de ensayar estos contacto lejos de sus países, donde temen ser sancionados.
Estos adultos no siempre llegan caminando y con los niños de la mano. A veces descienden de taxis que conocen dónde se pueden encontrar criaturas “disponibles”. Estas redes incluyen múltiples miembros activos, incluyendo a los kiosqueros que conocen dónde “paran” los chicos cercanos a determinados hoteles.
Esta índole de turismo, perseguido en el mundo, se asentó en distintos países. Lo describí en el año 2004, en Página/12, cuando enuncié: “El alquiler de niñas para el turismo sexual ha sido denunciado reiteradamente; las técnicas son varias: los representantes de las criaturas las ofrecen a los clientes que las llevan consigo para vacacionar juntos durante una temporada (sistema largamente descripto por revistas europeas), o bien cuando llega un tour de visita a un país”.
En el año 2004, la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas realizó su congreso en Buenos Aires y convocó a las empresas hoteleras para trabajar con ellas. Posteriormente se constituyó el Código de Conducta destinado a la hotelería, apoyado por diversas instituciones internacionales.
La historia de la infiltración de la delincuencia sexual adulta en el turismo tuvo en la hotelería su primer articulador, cuando se facilita el ingreso de niños y niñas en las habitaciones que determinados turistas han alquilado. Este Código, entre sus indicaciones, alerta: “Capacitar a todo el personal vinculado a la empresa frente al tema de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, e informar a sus usuarios sobre las consecuencias legales en nuestro país de la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes”.
Es un tema que permaneció lateralizado entre nosotros, a pesar del cultivo de este delito en décadas anteriores, que no se limitó exclusivamente al turismo internacional, también al interno.
El Programa las Víctimas contra las Violencias comenzó mediante la sensibilización de los operadores expertos en migraciones, para ir un paso más allá de la rutina aduanera. Así se alerta, mediante folletos y carteles: la Copa de las Américas está muy cerca. Avanzamos sensibilizando a las personas de zonas carentes donde suponemos que los niños y niñas podrían ser tentados o arrastrados por sus cuidadores.
Una diferencia clave: no se trata de Explotación Sexual Comercial solamente, sino de su infiltración en el turismo, lo que implica la oferta de nuestras criaturas para el jolgorio sexual del delincuente ocasional o sistemático.

FUENTE: RIMA - (PÁGINA 12) - DRA. EVA GIBERTI

ARGENTINA: Asignación para embarazadas , deuda pendiente que se concreta


El anuncio de la presidenta está en sintonía con el reclamo de organizaciones de primer nivel que conformaron en 2009 una Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN).

El reciente anuncio presidencial de destinar una asignación mensual a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación es la señal más fuerte dada en los últimos años por parte del Poder Ejecutivo para disminuir los índices de mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna), uno de los peores indicadores que tiene el país y que es medida internacional de la situación de inequidad de las naciones y, en particular, de sus mujeres.
Los índices de la Argentina son críticos, muy lejos de países con similares niveles de desarrollo y de los compromisos que asumió el Estado a nivel internacional para mejorar la situación de la población en el marco de los Objetivos del Milenio. En el año 2009, murieron por esta razón en la Argentina 55 mujeres por cada cien mil niñas y niños nacidos vivos. Fue la cifra más alta de los últimos 20 años. Y si bien estuvo particularmente incrementada por las muertes de mujeres embarazadas que tuvieron Gripe A, en los últimos 20 años este indicador no baja de 35, con picos de 47 (1996), 48 (2006), y 52 (1990). En Chile, un país con nivel de desarrollo similar, el índice está aproximadamente en 20 y en Uruguay en 15. La Argentina, en cambio, tiene cifras similares a las de Trinidad y Tobago y Jamaica, las más altas del continente.
El anuncio de la presidenta está en sintonía con el reclamo de organizaciones de primer nivel que, preocupadas, conformaron en el año 2009 una Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN). La Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y la Academia Nacional de Medicina –entre otros organismos nacionales e internacionales que integran la alianza– hicieron a fines de 2010 una propuesta integral que, entre otras medidas, abarcaba una asignación universal para embarazadas.
La propuesta ya se implementó en otros países de Europa y América Latina con resultados diversos durante la última década, dependiendo, entre otros factores, de su inserción en el marco de una política pública integral de reducción de la mortalidad de mujeres gestantes. En ese sentido, si bien ASUMEN aplaude la decisión gubernamental, señala como eslabones frágiles que no se haya extendido a mujeres puérperas (lo que evitaría el embarazo repetitivo de las mujeres a fin de mantener el subsidio, y que es nocivo para la salud) y una estrategia complementaria que es la regionalización de los servicios de salud: que cada servicio –desde una sala descentralizada hasta un hospital– reciba a las mujeres que le corresponden de acuerdo a la complejidad que puede abordar y que haya disponibilidad para el traslado de una unidad a otra.
La propuesta del Ejecutivo apunta a disminuir la mortalidad materna aumentando los controles durante el embarazo para evitar complicaciones que deriven en muertes. Para eso, las mujeres que quieran recibir la Asignación por Embarazo para Protección Social deberán inscribirse en el Plan Nacer del Ministerio de Salud y cumplir con los controles prenatales. Si bien el Plan, que se desarrolla desde 2003, no tuvo hasta la fecha los resultados buscados, se espera que sí colabore con que más mujeres de sectores vulnerables accedan al sistema de salud durante el período crítico del embarazo y parto.
Justamente, son las mujeres de estos sectores las más afectadas por la mortalidad materna. Según una investigación financiada por el Ministerio de Salud en el año 2008, y realizada –entre otros organismos– por el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Hospital Durand, el 75% de las mujeres puérperas asistidas en las maternidades públicas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son pobres, y de ellas el 36% indigentes.
Aproximadamente 300 de estas mujeres mueren cada año en la Argentina por razones que la Organización Mundial de la Salud señala como evitables. Según un estudio realizado por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (en base a estadísticas del Ministerio de Salud) sobre los años 2004-2008, el embarazo terminado en aborto causó el 26,7% de las muertes de mujeres gestantes; las causas obstétricas indirectas, el 18,5%; las causas obstétricas directas, el 16,7%; la hipertensión, el 14,2%; las infecciones, el 12,5%; y las hemorragias, el 6,4%. Estamos hablando, fundamentalmente, de mujeres con dificultades para hacer seguimiento de los embarazos deseados, y que no reciben buena atención cuando llegan a las instituciones de salud; o que, cuando quieren o deben interrumpir el embarazo no pueden hacerlo porque está prohibido o porque, cuando sus casos se encuadran dentro de los abortos no punibles, los hospitales se niegan a practicárselos y deben recurrir a abortos clandestinos que suelen desencadenarles infecciones y hemorragias.
El vínculo entre la mortalidad de mujeres gestantes y la pobreza se evidencia en el sesgo regional de este indicador: mientras la mayoría de las provincias con índices más altos son las del noreste y noroeste del país, con índices de hasta 160 muertes de mujeres cada cien mil nacidas/os con vida –similares a los de los países de menos desarrollo–, las cifras en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz o Río Negro no superan el dígito.
Con esta medida, que entrará en vigencia a partir de mitad de año aproximadamente, el Estado intentará comenzar a desovillar el nudo de un índice que es evidencia de exclusión y marginalidad, que avergüeza al país a nivel internacional y cuya solución es una acción de justicia social. No sólo tenemos actualmente un indicador altísimo, sino que, de continuar la tendencia actual, no lograríamos cumplir con el compromiso que asumimos en el año 2000 en relación con los Objetivos del Milenio: descender 13 muertes cada cien mil niñas y niños nacidos vivos para 2014.
FUENTE: TIEMPO ARGENTINO - por Sandra Chaher

LA PAMPA, General Pico.: víctima de violencia de género grave


General Pico) - En uno de los episodios de violencia de género más graves de los últimos meses, una joven mujer de 30 años quedó desfigurada e inconsciente en una zanja, tras la brutal golpiza que le aplicó el marido. El suceso trascendió ayer cuando la víctima, acompañada de dos familiares, permaneció casi toda la mañana en la fiscalía, para relatar las horas de padecimiento que le tocó afrontar.
Según una fuente ligada a la causa, la agresión se inició el jueves hacia las 23.30, en una vivienda ubicada en el barrio El Molino. Allí, la pareja de la mujer -un hombre con varios antecedentes penales- comenzó a golpear a su esposa con brutalidad, después de una discusión familiar. La joven recibió una cantidad inusitada de trompadas en la cara y en el cuerpo. Pero la crueldad del agresor no finalizó allí. Después, la arrastró por la calle 2 hasta el cruce con la ruta provincial 1, donde empujó a la mujer hacia un canal de desagüe, donde terminó de lastimarla a patadas.
La joven, que además es madre, quedó tirada en estado de inconsciencia dentro de la acequia, hasta que horas después reaccionó. Como pudo, llegó caminando hasta su hogar. Un vecino, que le alquila la vivienda a la pareja fue quien dio aviso a la policía alrededor de las 3 de la mañana del viernes. Efectivos de la Comisaría Segunda se hicieron presentes y pidieron de inmediato la asistencia del Servicio de Emergencias Médica (SEM).
La mujer presentaba su cara desfigurada por las trompadas, con sus dos ojos hinchados y casi cerrados. Los golpes que tenía en el cuerpo eran múltiples y hasta se sospecha que podía tener el tabique nasal fracturado. Los médicos llevaron a la joven hasta la guardia del hospital Centeno, mientras la policía trataba de dar con el agresor.
Según se pudo establecer, la pareja convive desde hace unos siete años y en varias ocasiones el hombre fue denunciado por violencia familiar. Hasta ayer, el agresor no había sido localizado y se desconocía otro domicilio que frecuente. La fuente agregó que el golpeador es una persona con varias antecedentes penales y estaría libre por haber accedido al beneficio de la probation.
INFORMES
Por su parte, la víctima fue asistida en los tribunales por el Ministerio Público, donde el fiscal Alejandro Gilardengui se hizo cargo del caso. Se esperaba por los informes médicos, placas radiográficas y otros estudios que se realizaron a la mujer. Además, se buscaban procurar una contención psicológica de manera constante, tras la cruel agresión.
De acuerdo con los datos oficiales surgidos de la Unidad Regional II de la Policía, y que fueron dados a conocer por LA ARENA hace una semana, en todo el norte provincial se han realizado 59 denuncias por violencia de género y 63 exposiciones, entre los meses de enero y febrero de 2011.-
FUENTE. DIARIO LA ARENA

lunes, 28 de marzo de 2011

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CON UN MALTRATADOR



Los hombres maltratadores, se pueden encontrar en cualquier lugar y profesión, según una mujer que fue víctima de la violencia de su pareja después de recibir tratamiento psicológico individual y en grupo, llega a la conclusión de que cuanto más formado esté a nivel de conocimientos y ostente una profesión con éxito, es peor, para la mujer.
Tiene su lógica puesto que si da una imagen "fantástica" de cara a la sociedad por así decirlo, es un argumento que él tendrá para anularla cuando haya comenzado su proceso de dominio y sometimiento, ya que estará "muy seguro" de que será difícil que la crea alguien, si es que se decide a hablar y denunciarle.
El objetivo real del agresor es el poder, control y dominio de la pareja, no es amarla en la relación (admirarla , hacerla feliz, cuidarla, compartir, disfrutar lo que le guste de ella, cuando la pareja lo necesite renunciar a las propias necesidades, respetar lo que es importante para la mujer aunque no lo comparta...)
Los maltratadores tienen una serie de creencias sobre la mujer que hacen referencia a que es menos capaz y valiosa que el hombre y tiene que obedecerle. Otras creencias sobre la relación de pareja en la que la mujer debe estar al servicio del hombre y complacerle, si no lo hace, él puede enfadarse, puede utilizar la violencia para seguir teniendo poder sobre ella, por tanto la violencia es un medio para conseguir el dominio y la instrumentalización de la mujer.
Definición de maltrato según la American Psychological Association: "Un patrón de conductas abusivas que incluye un amplio rango de maltrato, físico, sexual y psicológico, usado por una persona en una relación íntima contra otra, para ganar poder para manterner el abuso de poder, control y autoridad sobre esa persona."
Los actos violentos que pueden cometer contra la pareja son los que hacen referencia a la violencia: psicológica, social, económica y física, que puede ser visible y no visible. Por ejemplo la violencia psicológica: son todos aquellos actos que dañan o pueden dañar emocional y cognitivamente, con el objetivo de producir dolor, hacerla creer que no tiene valor como persona, que es culpable del maltrato que está recibiendo, así como anularla, intimidarla, aterrarla y hacerla dependiente de él.
Acciones visibles: insultos, culpabilizarla de todo lo malo que sucede o de la violencia que recibe, burlas, humillaciones, observaciones mordaces, críticas, desprecios, miradas o posturas intimidatorias, amenazas, ponerla en ridículo...
Acciones invisibles: abandono y aislamiento emocional, incomunicación, negación del cuidado, falta de reconocimiento de las cualidades de la mujer, ensalzar a otras mujeres o personas y no alabarla nunca a ella, monopolizar las conversaciones para que ella no se pueda expresar, centrar las conversaciones sobre sus errores, descalificarla de manera soterrada, cinismo...
Sin embargo el hombre no comenzará a ejercer la violencia de cualquier forma, ni en cualquier momento..."sino que lo hace cuando percibe que tiene cierto grado de control sobre la situación de pareja, ya que de lo contrario se arriesgaría a que la relación se acabara al percibir la mujer que el hombre impone su criterio por medio de la violencia" del libro "Mi marido me pega lo normal" de Miguel Lorente Acosta
Dentro de este proceso de relación de pareja con un maltratador encontramos varias fases:
* Da una imagen ficticia y muy positiva de cómo es él y de sus intenciones, hasta que la tiene "segura", comprometida ¿cómo lo hace? Creando vínculos, es decir contrayendo matrimonio, iniciando la convivencia, dejándola embarazada, pagando hipoteca del piso juntos por ejemplo...
* Después empieza a debilitarla y anularla.
* Para pasar a culpabilizarla y responsabilizarla de la violencia a la que él la somete y también de "los problemas" entre ellos. Incluso la responsabiliza de él mismo.
* Esta violencia va a más y en muchos casos llega a la violencia física.
Así es que, en las relaciones que iniciemos tendremos cuidado en no dejarnos impresionar, y siempre pondremos por delante la igualdad, de tal manera que al principio de la relación podríamos probar a proponer idénticas iniciativas a las que tenga él , y ver qué reacciones observamos... ya que en la "igualdad" lo que es válido para él, ha de serlo para ella ¿no?
FUENTE: MARISA BABIANO - PERIODISTAS EN ESPAÑOL

domingo, 27 de marzo de 2011

EEUU: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - NÚMEROS DE EMERGENCIA Y ESTADÍSTICAS EN NY

La violencia familiar, a la que también se suele llamar violencia doméstica o violencia de pareja constituye un grave problema no sólo en la sociedad en general sino en nuestra comunidad en particular. Entre las casi 100 organizaciones de la familia de la Hispanic Federation existen varias que se dedican exclusivamente a combatir ese problema y delito, mientras que muchas más cuentan con programas o componentes para hacerle frente. Violence Intervention Program, o VIP, o Programa de Intervención contra la Violencia, es una de ellas, ya que tiene como misión fomentar y facilitar las relaciones no violentas de las parejas, familias y comunidades.
"Muchas personas tienen la percepción de que la violencia doméstica es solamente física, pero no es así", explica Cecilia Gastón, Directora Ejecutiva de VIP. "Hemos visto, por ejemplo, un aumento de las amenazas usando el estado migratorio de las víctimas y la destrucción de documentación de identidad".

Graves efectos sociales

La violencia doméstica es un delito gravísimo que también tiene profundas consecuencias sociales. En todo el Estado de Nueva York se produjeron en 2009, último año del que se dispone de estadísticas, 89 homicidios entre parejas, 43 de los cuales ocurrieron en la Ciudad de Nueva York. El número de casos de violencia no letal fue inmensamente mayor, ya que esas circunstancias dieron dio lugar a 35,244 procesos judiciales. Y se supone que el número de casos que nunca van a las cortes es aún mayor. Prueba de ello son las 262,327 órdenes de protección emitidas en 2009 y las más de 335,000 llamadas que recibieron las líneas de denuncia de violencia doméstica y agresión sexual del Estado de Nueva York.
Al costo humano se suma el costo económico de la violencia doméstica. Entre 2008 y 2009, los reclamos de indemnización financiera de las víctimas de esa forma de violencia aumentaron en un 25%, mientras que los de las personas que sufrieron agresiones sexuales se incrementaron en un 17%.

Cecilia Gastón ofrece una explicación sobre el agravamiento del problema. "La recesión económica ha tenido un gran impacto en nuestras comunidades", señala. "Y el impacto negativo se multiplica en nuestras mujeres cuando se tiene en cuenta la totalidad de los recortes presupuestarios".

Líneas de ayuda vital


Entre los servicios del Programa de Prevención de la Violencia figura una línea telefónica de emergencia bilingüe y gratuita que opera en la Ciudad de Nueva York y que recibe anualmente unas 10,000 llamadas. Quienes llaman a esa línea (1-800-664-5880) pueden obtener servicio de consejería, planes de seguridad, refugio, orientación e información y referidos a servicios sociales y otros programas de VIP.
Fuera de la ciudad, se puede llamar a la Línea Contra la Violencia Doméstica y Agresión Sexual del Estado de Nueva York, también gratuita. Los hispanohablantes pueden llamar al 1-800-942-6908 o visitar www.vipmujeres.org.
Por medio de su programa Compañeras, VIP brinda a las mujeres víctimas de violencia doméstica orientación y servicios de apoyo en sus oficinas de Manhattan, el Bronx y Queens. Compañeras les ayuda a elaborar un plan de seguridad y les brinda orientación individual y servicios para los hijos, además de ayuda en materia de albergue, vivienda, asistencia pública y los trámites de compensación a las víctimas de crímenes.

Los hijos: las otras víctimas

"El daño que causa la violencia doméstica", afirma Cecilia Gastón, "puede durar toda una vida y hasta cruzar generaciones, afectando la salud, la educación y el empleo de todos".
El Programa de Intervención contra la Violencia presta ayuda a las víctimas más vulnerables de esa forma de violencia mediante sus Servicios para niños y jóvenes, orientados a satisfacer sus necesidades emocionales y de desarrollo y educación.
Al respecto, el Programa de Intervención contra la Violencia cuenta con servicios de vivienda para las mujeres y familias abusadas, que ofrece mediante el Programa Residencial Moriviví y Casa Sandra.
Moriviví es una planta caribeña ("morir" y "vivir") que ante una amenaza exterior se contrae y cierra para protegerse. El programa ofrece a las mujeres y niños un ámbito transitorio seguro y acogedor, además de los demás servicios que presta la organización. Las mujeres y sus hijos pueden quedarse entre 90 y 135 en esas viviendas.
Casa Sandra es un programa de vivienda a plazo más largo para familias abusadas que han pasado por albergues provisionales y se trata de que superen el ciclo de violencia familiar adquiriendo autosuficiencia económica,

Programa para la comunidad mexicana

Gracias a una alianza entre la Fundación de la mujer de Nueva York y el Consulado General de México, VIP ofrece un programa que ofrece a las ciudadanas mexicanas en nuestra área acceso a recursos que puedan ayudarles a ellas y a sus familias a ponerse a salvo si han sido víctimas de violencia doméstica
Las personas interesadas en los servicios del Programa de Intervención contra la Violencia pueden llamar al 1-800-664-5880.

Y para recibir más información sobre las demás organizaciones que forman parte de la Hispanic Federation, pueden llamarnos al 866-HF AYUDA, o 866-432-9832, donde también pueden preguntar por los seguros de salud para los niños y las familias Child Health Plus, Family Health Plus y Medicaid.
Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, que es el 1-800-233-7432.
FUENTE: EL DIARIO DE NY video

COMO FRENAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO: EL DEBATE JURÍDICO



En el Congreso hay varios proyectos de ley que proponen considerar un delito específico la muerte de una mujer por violencia machista. Una reunión internacional de mujeres acaba de discutir el tema en Buenos Aires. La conclusión fue aconsejar no hacerlo. Los motivos, el debate.

Alrededor de 83 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año por el hecho de ser mujeres: ninguno de esos homicidios ocurrió en situación de robo, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante la ONG La Casa del Encuentro, en base a noticias publicadas en la prensa. En 53 casos, el acusado o imputado sería el esposo, la ex pareja, el novio o el ex novio. En otros diez femicidios se señala como autor a otro familiar directo, es decir, se contabilizan 63 asesinatos de mujeres dentro de su círculo íntimo en menos de tres meses. Frente a tanta sangría provocada por la violencia de género, se presentaron varios proyectos en la Cámara de Diputados para tipificar el femicidio como figura autónoma en el Código Penal. Sin embargo, expertas latinoamericanas, reunidas en Buenos Aires, consideraron que “no es necesario ni conveniente” avanzar por ese camino para combatir la violencia machista. “En los países donde se ha creado la figura penal de femicidio o feminicidio, cumple un rol simbólico. Y el Código Penal no puede cumplir sólo esa finalidad”, cuestionó la abogada y boliviana Julieta Montaño, reconocida internacionalmente por su extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Montaño fue una de las participantes del encuentro convocado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), para analizar exclusivamente la conveniencia de tipificar penalmente el femicidio, a la luz de la experiencia de otros países de la región que ya tienen esa figura. Las diputadas Cecilia Merchán, de Libres del Sur, y Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, impulsan iniciativas con esa finalidad, entre otros legisladores.

El relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro registró, entre el 1º de enero y el 21 de marzo, catorce muertes como consecuencia de quemaduras. “Otras nueve mujeres sufrieron quemaduras en 2011 pero lograron sobrevivir, aunque la mayoría permanece internada”, informó a este diario Fabiana Túñez, de la ONG.

La reunión de Cladem se extendió por dos días. Las especialistas, de Argentina, Bolivia, México, Panamá, Perú y Chile, coincidieron en que la violencia hacia las mujeres es “un problema grave” en la región y que falta “voluntad política” para enfrentarlo. Y consideraron que se debe combatir con políticas públicas de prevención, fundamentalmente, con presupuestos, recursos humanos y técnicos e infraestructura adecuados. Para lo cual –alertaron– es urgente contar con estadísticas oficiales sobre femicidios.

El debate

Cladem es una red feminista latinoamericana que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Por su trabajo ganó en 2009 el Premio Rey de España en Derechos Humanos. Del encuentro en Buenos Aires participaron expertas de la ONG, entre ellas, su coordinadora regional, la abogada paraguaya Elba Nuñez, la rosarina Susana Chiarotti, la mexicana Guadalupe Ramos Ponce, la boliviana Montaño, y Carmen Antony en representación de Panamá y Chile. Como invitada especial concurrió Villanueva, una de las popes en la región sobre esta problemática. La argentina Chiarotti es responsable del Programa Monitoreo de Cladem e integrante del comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vigila la aplicación en el continente de la Convención de Belem do Pará, de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las seis son referentes muy prestigiosas en sus países como especialistas en la temática.

A mediados de mayo el Cladem convocará a una reunión internacional, con juristas, penalistas y criminólogos de distintos países para seguir analizando la conveniencia de promover la sanción de leyes que tipifiquen el femicidio en el Código Penal. Por el momento, la conclusión de la mayoría de las especialistas del Cladem es que la definición del tipo penal específico dificulta su aplicación porque se traslada un concepto de las ciencias sociales –el femicidio– al derecho penal.

No sólo en la Argentina hay proyectos presentados en el Congreso para crear la figura específica: también en Perú, Paraguay, México, Panamá y Honduras. Como aquí, hay un sector del movimiento de mujeres que reclama la tipificación. En Bolivia todavía no hay iniciativas pero sí una demanda de organizaciones feministas. “Hay un apresuramiento por razones demagógicas y electoralistas. Pero meter la pala en el derecho penal se puede volver en contra”, alertó Chiarotti. “En algunos casos se trata de iniciativas del Estado como respuesta fácil al problema de la violencia de género, como si al tipificar el femicidio se resolviera”, objetó Núñez.

Son cinco los países que incorporaron ya la figura del femicidio en sus ordenamientos legales: Costa Rica, Guatemala, Chile, Colombia y El Salvador. Pero la definición del tipo penal varía de un país a otro. En algunos países se limita al homicidio cometido en el marco de una relación de pareja, como en Costa Rica y Chile. En cambio, en Guatemala y El Salvador, el alcance es más amplio y abarca a los asesinatos ya sean ejecutados por conocidos o desconocidos de la víctima. Pero uno de los problemas observados por las expertas es que la propia definición, por ser demasiado amplia y un tanto vaga, dificulta su aplicación. Por ejemplo, en Guatemala se define femicidio como “muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres”. Cómo se prueba esa tipificación es una de las dudas de las especialistas. “En muchos casos, las definiciones de femicidio implican una violación de los principios que rigen el derecho penal como la taxatividad y la legalidad”, apuntó a Página/12 la abogada Montaño, directora de la ONG Oficina Jurídica para la Mujer, de Cochabamba, Bolivia.

¿Cómo se puede acreditar si había relaciones desiguales de poder entre la víctima y el victimario? ¿Y si no se pueden probar, hay que absolver al imputado o se lo juzga por homicidio porque de lo contrario el caso quedaría impune? Estas fueron algunas de las preguntas que se hicieron en la reunión. “Redacciones tan confusas dificultan la prueba. ¿Cómo se prueba la misoginia o el odio, si los femicidas muchas veces dicen que mataron a su esposa o a su ex porque la quería tanto?”, indicó a este diario Núñez.

Voluntad política

Aunque su incorporación a los códigos penales en países de la región es bastante reciente (en 2007 en Costa Rica, en 2008 en Colombia y en 2010 en Chile y El Salvador, aunque en este último país entrará en vigencia en 2012), no se conocen condenas, observaron las expertas del Cladem. “Pero más allá de cómo esté tipificado, mayoritariamente acordamos en que el derecho penal no es idóneo para combatir la violencia contra las mujeres”, indicó Núñez, coordinadora regional del Cladem. Y agregó: “La mayoría opinó que no es necesario tipificar el femicidio como figura autónoma porque ya existe la figura del homicidio e incluso con agravantes por el vínculo”. El problema que observan en los países de la región, advirtió Montaño, es la falta de voluntad política para ejecutar políticas públicas integrales contra la violencia hacia las mujeres. “No se asignan presupuestos, recursos humanos, técnicos e infraestructura para que se lleven adelante”, cuestionó. “En los casos en los que no se tiene la figura penal, ese hecho se toma como excusa para no tener estadísticas sobre femicidios”, señaló Núñez.
FUENTE: PÁGINA 12 - MARIANA CARBAJAL

viernes, 25 de marzo de 2011

SANTA CRUZ NO TIENE CONDENADOS POR "TRATA"


Hubo un importante número de rescates en la provincia pero las causas son lentas y aún no hay enjuiciados.
El ministro de Justicia Julio Alak aseguró que en dos meses de este año se rescataron casi tantas víctimas como durante todo el 2010 en el país. No fue el caso de Santa Cruz, donde el año pasado se registró un número importante de rescates, sin que hasta el momento se conozca ninguna condena por este delito.
Un total de 520 víctimas de trata de personas fue liberado en los dos primeros meses de 2011, cifra que alcanza casi la totalidad de rescates en todo 2010, que fue de 569, informó el ministro de Justicia, Julio Alak. La cartera de Justicia destacó que las provincias se suman a la lucha contra la trata y que para combatirla Argentina ha acordado acciones con España, Portugal y Brasil.
Entre enero y febrero pasados 520 víctimas que eran “explotadas y esclavizadas por sus captores fueron liberadas a través de 25 allanamientos”, en los que además detuvieron a diez personas, precisa el informe del Ministerio de Justicia.
Alak explicó que “según las estadísticas, en estos dos meses se rescataron casi tantas víctimas como en todo 2010; cuya cifra final fue de 569 personas liberadas”.
Según el informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas, desde agosto de 2008 “las acciones permitieron liberar a 1.435 personas mayores y otras 262 menores de edad, sometidas principalmente a condiciones de esclavitud y explotación sexual y laboral”.
Desde entonces, rescataron a 1.697 víctimas en 786 allanamientos en los que se logró detener a 731 personas, informó la titular de esa oficina, Zaida Gatti.
Alak dijo que “la trata de personas excede a una organización delictiva marginal” y precisó que “en menos de dos meses” liberaron “a más de medio millar de peones rurales sometidos a explotación laboral por empresas multinacionales agropecuarias”.
El ministro destacó el reciente acuerdo alcanzado con todas las provincias en el marco del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), para prevenir e investigar el delito de trata de personas.
“No toleraremos ninguna forma de esclavitud o explotación, sea de origen laboral, sexual o cualquier otra que degrade al ser humano y viole sus derechos”, aseveró.
El convenio establece “un compromiso federal para coordinar estrictos controles para prevenir e investigar la trata de personas; es un fuerte avance en la lucha contra un flagelo que el gobierno nacional combate con todas sus armas”, señaló.
Los últimos dos años en Santa Cruz fueron bisagra para el ataque al flagelo de la trata, en especial en lo que hace a la reducción de mujeres para la prostitución. Se cerraron las Casas de Tolerancia de Río Gallegos y el año pasado varios cabarets del interior provincial siguieron el mismo camino. Hubo un trabajo coordinado entre la Secretaría de Derechos Humanos, la Policía y la Justicia Federal.
Pero todo ese esfuerzo se da de bruces a la hora de evaluar la situación “post” rescate, ya que no hay ningún condenado en los más de 40 casos de rescate ocurridos en los últimos tiempos.


FUENTE: EL PERIODICO AUSTRAL

CADA 15 SEGUNDOS UNA MUJER ES AGREDIDA


TOLUCA, México.- Tres de cada cuatro mujeres han sufrido o van a sufrir de violencia en manos de un hombre, y cada 15 segundos una mujer es agredida, afirmó Elda López Villegas.

Señaló que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, la violencia sobre la mujer es resultado de un sexismo universal y, por tanto, un serio problema de salud pública.

Al dictar la conferencia “Violencia Familiar”, explicó que la información que existe sobre homicidio, abusos y agresiones domésticas cometidas a diario, nutren páginas enteras con reflejos de un oscuro e incomprensible lado el ser humano, que es capaz de atentar contra los principios básicos de la supervivencia.
Añadió que la violencia es un cáncer social que afecta cada vez más a personas en el mundo; es decir, un problema que va en aumento y ante la falta de instituciones preparadas para su atención, no hay manera de evitar su avance; no obstante, es importante saber que a través de actividades desarrolladas conjuntamente entre el gobierno y la sociedad, será posible disminuir la prevalencia de este fenómeno.
López Villegas señaló que la violencia tiene un alto costo económico y social, es invisible porque quien por lo regular tiene un aislamiento cotidiano, rutinario y banal, al tiempo de que se convierte en un obstáculo para el desarrollo y una violencia flagrante; es decir, que es una medida cíclica donde desafortunadamente las conductas agresivas se heredan de padres a hijos y se manifiestan no sólo en el hogar sino en el ámbito en el que se desarrolla la persona que ha sido violentada.
“Aunque es cruel, para entender la violencia es cuando se vive, cuando se tiene un testimonio de vida porque es cuando nos sensibilizamos ante este mal que afecta cada vez más a un mayor número de mujeres, pero que conjuntamente se puede enfrentar este lacerante fenómeno”, finalizó.
FUENTE: PORTAL.MX

ESPAÑA: RECOMENDACIONES DE LA ONU POR DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO


El organismo pide a España que termine con las redadas por motivos étnicos o raciales y con la desprotección de las extranjeras maltratadas que temen ser expulsadas.


Discriminatorias. Así califica el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) las disposiciones relativas a extranjeras que padecen malos tratos y no tienen la documentación en regla existentes en España y solicita al Gobierno que “revise” la Ley de Extranjería y acabe con la situación de “desprotección” en la que viven estas mujeres.

El Comité ha realizado una serie de observaciones que recoge en un documento, presentado el pasado 10 de marzo, en el que asegura que la normativa “puede disuadir” a estas mujeres a presentar denuncias por violencia de género “por miedo a ser expulsadas del territorio en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado”.

En lo que va de año, 14 mujeres han perdido la vida por esta lacra social. De ellas, nueve eran españolas y cinco extranjeras. Sólo tres habían denunciado su situación y tenían una orden de protección en vigor.

Además, a través del documento, la ONU pide a España que erradique la práctica de los controles de identificación a inmigrantes que se desarrollan en base a criterios étnicos y raciales y en barrios de alta concentración de personas extranjeras. Entre otros aspectos, el informe recomendó que se dé “formación intensiva en derechos humanos” a los funcionarios encargados de aplicar la ley.

El Comité también se mostró preocupado por la inexistencia de estadísticas oficiales sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre denuncias y acciones judiciales sobre este tipo de delitos y advirtió que un bajo número de sentencias puede ser un indicador del temor de las víctimas a represalias, de falta de confianza ante los órganos judiciales o de una sensibilización insuficiente.

Asimismo, pide que se garantice el buen funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Recordó que las personas inmigrantes irregulares que cumplen 60 días de internamiento en estos centros quedan en la calle con una orden de expulsión, en una situación extremadamente vulnerable ante abusos y discriminaciones, por lo que pidió que se extremen las medidas para su protección.

El documento hace una serie de recomendaciones a las autoridades españolas para que vele por el uso responsable de los medios de comunicación, a fin de evitar la difusión de discursos que inciten al odio, que revise los procesos de admisión a las escuelas públicas y privadas para garantizar una distribución equitativa de alumnos y alumnas de todas las etnias y que revise los métodos para establecer la edad de las personas inmigrantes menores de edad, no acompañadas, entre otros aspectos.

Fuente: Ameco Press -
Por Gloria López

CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS FEMICIDIOS, todos los 25 de cada mes iniciaremos acciones concretas




en Ocasión de la Cuarta Internacional CONFERENCIA los feminicidios en contra
El parlamento Europeo en Bruselas, El 3 de marzo de 2010, Dedicar decidimos de
El 25 de Cada mes un Alguna Acción en Contra de la Impunidad de los feminicidios.
Por favor, difunda la noticia y organice algun Que una Acción considerará si Útil en El Combate de Los feminicidios EL 25 DE CADA MES.
Rendez-vous 25 de abril de 2011!

FUENTE: RIMA

* Femicidio

El término Femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El Femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad.
* El concepto Femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.


Femicidio “Vinculado”


Desde el Área de Investigación de La Asociación Civil La Casa del Encuentro, desarrollamos el téEn esta definición se registran dos categorías:

A) Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el Femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”.

B) Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran
de su propiedad.rmino Femicidio “Vinculado”, partiendo del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la
dominación.

fuente: ONG LA CASA DEL ENCUENTRO

jueves, 24 de marzo de 2011

"podrán cortar muchas flores pero nunca detendrán la primavera"


“Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera”, es la frase de Pablo Neruda que puede leerse en la placa colocada en la vereda del Colegio Nacional de Buenos Aires que recuerda a los desaparecidos de la dictadura militar.
Las 30 mil flores cortadas en los 2.818 días que duró la dictadura, que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, florecen cada vez que se reclama “Memoria, Verdad y Justicia”.
Los “desaparecidos” se convirtieron en el símbolo del horror y los más de 340 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en el emblema de un “proceso” que intentó sólo eso, acallar la voz de aquellos que lucharon por sus ideales.
Los cerca de 500 hombres y mujeres, que hace 35 años eran bebés y niños, son el estandarte de una lucha que no cesa en busca de la identidad.
Aquel conjunto de rasgos que hacen que las personas se diferencien entre sí, la identidad, en definitiva, es la que también perdieron sus padres en los centros clandestinos que, como dice el `Nunca Más´, “ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado”.
También vale contar a los hoy ex presos políticos que lograron salvar sus vidas y se convirtieron en los testigos “clave” para poder reconstruir y ver lo perverso que fue el plan de exterminio del gobierno militar.
Tampoco hay que olvidar a los miles de exiliados en el exterior y también los exiliados internos, aquellos que se exilaron “en su barrio o en su ropero”, como dice Pino Solanas en el película `El exilio de Gardel´.
Cientos de ciudadanos extranjeros figuran, además, en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.
La dictadura argentina heredó muchos aspectos del nazismo y el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible.
Así se dejó de lado a las minorías, por ejemplo, judíos, descendientes de los pueblos originarios, homosexuales, ateos, testigos de Jehová, por ejemplo.
Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, y hubo un especial ensañamiento con la comunidad judía, que tiene entre 1.800 y 2.000 desaparecidos.
La dictadura no sólo tuvo “número de víctimas”, hubo otras cifras que significaron un “saldo negativo” desde el punto de vista económico.
A comienzos de 1977, el entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, inició un experimento monetario denominado “la tablita”, un sistema de devaluaciones que dio comienzo a la especulación o “bicicleta financiera”.
En 1979, el sistema financiero se volvió incontrolable para el gobierno, los precios minoristas subieron un 139 por ciento y el consumo cayó abruptamente.
Otro número que refleja la fuerte caída de la economía del país es que en los siete años de la dictadura se quintuplicó la deuda externa argentina. De 9.738 millones de pesos en 1976, ascendió a 45.069 millones de pesos en 1983.
El día del golpe de Estado, 24 de marzo de 1976, se dio inicio a 2.818 días de dictadura, donde hubo 30 mil desaparecidos, 500 niños apropiados, funcionaron 340 centros clandestinos. Estos son los números del horror, de las flores cortadas. 35 años más tarde vivimos en democracia, hay 102 nietos recuperados, 120 cuerpos identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, 196 represores condenados durante 2010, y 8 son los juicios por delitos de lesa humanidad previstos para éste año. Estos son los números de la Justicia y la Verdad, de la primavera.
Y si de números hablamos, exactamente dentro de 7 meses, el 23 de octubre, los argentinos vamos a elegir al sexto Presidente desde el retorno de la democracia en 1983.
Recordemos entonces, que hubo una época en la que no pudimos elegir, no había candidatos, ni partidos políticos, ni opiniones diferentes. Tal vez, parezca una simple cuestión de números, tal vez no.

CELS: Incentivar el debate sobre Derechos Humanos

El juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura fue lento, pero constante desde su reapertura en 2001 y su posterior confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2005.
Durante el último año se han producido importantes avances, tanto por el aumento de los juicios orales iniciados como también por la apertura de nuevas investigaciones relativas a delitos que no habían sido considerados hasta ahora.
En diversas causas se ha imputado a partícipes civiles de la represión y por primera vez fue condenado un responsable del delito de violación sexual en un centro clandestino de detención.
De acuerdo con los registros del CELS a marzo de 2011, un total de 1.707 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado desde la reapertura de los juicios. Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, 182 imputados obtuvieron sentencia (167 resultaron condenados y 15 absueltos).
Además, se realizaron los primeros juicios en las provincias de Salta, Santiago del Estero y La Pampa y en las ciudades de San Rafael y Rosario. En Chaco, finalizó el primer debate por la causa “Caballero” y se encuentra en desarrollo el juicio oral por la Masacre de Margarita Belén.
No obstante, persisten serias demoras en la tramitación de causas. Los datos analizados por el CELS, muestran que desde 2006 hasta 2010 se dictaron 43 sentencias. Sólo 9 de ellas han sido confirmadas por la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) y 6 se encuentran a la espera de la resolución de la Corte Suprema. Para consolidar este proceso, es imperioso que ambas instancias se expidan sobre los recursos presentados.
También es imprescindible que el Estado encuentre mecanismos para avanzar con celeridad en la realización de estos juicios. Cuanto más se prolonguen los procesos, más lejana es la posibilidad de que los responsables por crímenes de lesa humanidad cumplan las penas impuestas y las víctimas obtengan justicia.
La consolidación del proceso es responsabilidad de todos los poderes públicos y del sistema político. Durante 2010, el Congreso Nacional de la Nación, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corte Suprema se pronunciaron sobre los juicios a los cuales definieron como una política de Estado de carácter irrenunciable.
En un año electoral, sería significativo que las fuerzas políticas incentiven un profundo debate sobre las políticas de derechos humanos y vuelvan a explicitar su apoyo al proceso de justicia, demostrando que más allá de las diferencias partidarias, este tema constituye una prioridad en la agenda pública.
La sanción de los crímenes más atroces cometidos en nuestro país afianza la igualdad ante la ley y la edificación de los límites éticos para nuestra convivencia como sociedad”.
FUENTE: EL PERIÓDICO AUSTRAL

AMÉRICA LATINA: MUJERES ANTE LA VIOLENCIA






El marco conmemorativo del 8 de marzo destaca las violencias a las que las mujeres se enfrentan en su vida cotidiana y la forma como ellas las resisten. En esta nota, el CLAM propone una reflexión sobre violencia, mujeres y ciudadanía, abordando cuatro ejemplos de agencia femenina que han conducido a la configuración de nuevas ciudadanías.

Orden y Violencia


Los efectos de la violencia desplegada por individuos contra otros trascienden su inmediatez y se inscriben en marcos de significación socialmente compartidos por los miembros de una sociedad. Esto significa, en primer lugar y como afirma la antropóloga colombiana Myriam Jimeno que el acto violento es “irreductible a meras patologías individuales o a la condición social de pueblos o personas ‘bárbaros’” (2002:3) y por ello es necesario entenderlo a la luz de lo que ella denomina ‘tejido cultural’.
En segundo lugar, independientemente de su legalidad, los actos violentos son con frecuencia considerados legítimos por sus perpetradores y, muchas veces, también por sus víctimas. Respecto a la violencia de género, organizaciones y movimientos sociales de mujeres, además de investigadoras e investigadores sociales, han evidenciado cómo las agresiones contra las mujeres están sustentadas en una norma de género que define roles, estatus y relaciones de poder entre hombres y mujeres. No obstante, es importante aclarar que los actos violentos son mucho más que la consecuencia de tales normas y más que meras herramientas empleadas por sus perpetradores para fines individuales.
En tercer lugar la violencia, según el análisis propuesto por Jimeno, en tanto acto expresivo, “delinea diferencias sociales tales como las étnicas, las de identidad y las de género, y construye ideas, por ejemplo, sobre la sexualidad” (Jimeno, 2002:3). Es decir que la violencia responde a los órdenes que la legitiman al tiempo que contribuye a mantenerlos. Aparte de la violencia del Estado, que como muchos autores han afirmado tiene una función conservadora, la violencia ejercida por individuos también tiene un carácter normativo. Aquellos actos que caracterizamos como “violencia ciega” responden a una lógica, son dirigidos y van más allá del mero accionar individual. Si bien, como señalara la antropóloga india Veena Das (1996), tales actos son experimentados por las víctimas como la irrupción de un desorden en sus vidas, este desorden se despliega para ordenar y regular determinadas dimensiones de la vida de las personas.


La agencia más allá de la resiliencia

La violencia como reafirmación de un orden, en este caso de género, puede amenazar la vida misma de las mujeres con el propósito de que actúen de conformidad a unas normas de comportamiento. A pesar de su capacidad amenazante, que en ocasiones puede convertirla en una fuerza desubjetivizadora, las mujeres no son simples objetos receptores de esta violencia. Diversos autores, entre ellos el psiquiatra francés Boris Cyrulnik (2000), han señalado que los sujetos consiguen desarrollar estrategias que les permiten sobreponerse a la violencia y continuar con sus vidas. A esta característica se la ha denominado “resiliencia”.
Sin embargo, la agencia de los sujetos no concluye aquí. Si entendemos este término según la propuesta de la filósofa norteamericana Judith Butler, para quien la agencia es “esa lucha en las condiciones no elegidas de la propia vida” (2009:33), ésta implica un acto de resistencia en sí misma. Butler evoca a Foucault para afirmar que, si bien el sujeto se forma “en relación con un conjunto de códigos, prescripciones o normas” (30), éste no es sólo su efecto, pues en esta relación existe un componente de autoconstitución, autoproducción de sí, donde el sujeto puede alcanzar la autorrealización de forma crítica frente a estos códigos, prescripciones y normas. Si por un lado los sujetos, en este caso las mujeres, se configuran como tales a través de su relación con distintas normas, entre ellas la de género, que legitiman y son legitimadas por actos violentos, por otro lado los sujetos no sólo intentan sobreponerse a los actos violentos que invocan los órdenes productores (de género, sexualidad, raza, entre otros), sino que también los cuestionan. La agencia que se ancla en el cuestionamiento de estas normas, puede conllevar a la construcción de nuevas formas de ciudadanía por parte de mujeres víctimas de la violencia.
En distintos países de América Latina, grupos de mujeres han resistido y cuestionado distintas violencias relacionadas con el establecimiento de la norma de género, muchas veces exponiendo sus propias vidas.


El movimiento de mujeres de Ciudad Juárez


Desde 1993 se han reportado más de 3 mil feminicidios en Ciudad Juárez, población mexicana ubicada en el estado de Chihuahua, en la frontera con los Estado Unidos. En lo que va de este año se han registrado 30 asesinatos más. El último ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando una mujer y sus dos hijas fueron ejecutadas en el interior de su vivienda por un grupo armado. Diversas teorías han intentado explicar este fenómeno y pocos han sido los casos en que los victimarios han sido procesados.
Ante la persistencia de estos crímenes y la escasa respuesta del Estado para detenerlos, en la década de 1990 se gestó un movimiento de mujeres (y algunos hombres) en esa localidad por la defensa del derecho a la vida y a la no violencia. Julia Monárrez, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y experta en temas de género, ha seguido de cerca tanto el fenómeno de los feminicidios como las acciones desplegadas por el movimiento de mujeres para ponerle fin y reclamar justicia. De acuerdo con Monárrez, autora del libro Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez y compiladora del volumen Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte de México, este movimiento se cimentó a partir de experiencias anteriores de mujeres que se habían organizado para formar cooperativas de trabajadoras de la industria de la maquila. En este primer momento, las organizaciones luchaban por el acceso a la tierra y a los servicios públicos, y buscaban el reconocimiento de familias encabezadas por mujeres para acceder a programas de bienestar social. Tras la visibilización de los asesinatos de mujeres en la década de 1990, la lucha de estas organizaciones se orientó hacia la condena pública de los feminicidios, la resolución de los casos, el impulso de leyes con perspectiva de género y el acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas.
Una de las primeras organizaciones en conformarse fue Nuestra Hijas de Regreso a Casa, que pugna por el esclarecimiento de más de 500 feminicidios en esta localidad, que reunió a madres de mujeres asesinadas. Encabezada por Marisela Ortiz, esta agrupación cobró relevancia a nivel nacional y posicionó junto a otras organizaciones y activistas el tema de los feminicidios en la agenda política nacional, acercando a organizaciones feministas de otros estados y poniéndole un rostro a las víctimas y sus familiares. Este movimiento, compuesto mayoritariamente por mujeres, ha luchado para que el Estado tenga una presencia efectiva en la zona y garantice los derechos de sus ciudadanas. No obstante, afirma Monárrez, la impunidad y la falta de justicia permiten que continúe el asesinato de mujeres, porque Ciudad Juárez es un lugar de “señores feudales, que se siente dueños de los estados, ejercen su mandato sin transparencia, sin sensibilidad y sin escuchar a los ciudadanos” .
A lo largo de estos años, destaca la experta, este movimiento se ha fortalecido en un contexto de gran adversidad, logrando que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos se pronuncien y emitan recomendaciones al gobierno mexicano. El movimiento consiguió llevar el Caso de Campo Algodonero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo favorable instó al Estado mexicano a reconocer la existencia de los feminicidios y a mejorar los métodos de impartición de justicia en la materia. En el ámbito más operativo, afirma Monárrez, el movimiento ha conseguido que ningún cadáver sin identificar sea llevado a las fosas comunes hasta que se cumplan con ciertos requisitos de investigación, como la recolección de pruebas de ADN que permitan identificar a la víctima y localizar a sus familiares.
A pesar de que el movimiento se ha expandido a otros estados de la República mexicana, la investigadora señala que el panorama sigue siendo preocupante. Desde 2008 la desaparición de jóvenes aumentó en un 67% y en los últimos años se han registrado ataques contra varias integrantes de las organizaciones sociales con el fin de replegarlas y silenciarlas. El mismo día en que se conoció el último feminicidio de este año en Ciudad Juárez, fue denunciado el “incendio intencional” de la casa de la vocera de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García, mientras acompañaba a la familia Reyes Salazar en un acto de protesta para esclarecer los asesinatos de los activistas Josefina y Rubén Reyes. Un día antes, fue incendiado el domicilio de la madre de ambas víctimas.
La poeta y activista Susana Chávez, quien acuñara la frase ¡Ni una muerta más!, fue violada y asfixiada el pasado 6 de enero. Marisela Escobedo, activista cuya hija de 16 años fue asesinada en 2008, también fue víctima de las represalias por denunciar estos crímenes. Luego de señalar a Rafael Barraza, el compañero de su hija, como presunto culpable, las autoridades lo detuvieron y trasladaron a Ciudad Juárez para ser procesado. Allí, Barraza confesó el crimen e indicó el lugar en donde había enterrado los restos de la víctima. A pesar de esto, los jueces lo absolvieron argumentando falta de pruebas. Escobedo apeló la absolución de Barraza y logró que otro tribunal revocara la sentencia anterior y lo condenara. No obstante, para ese momento él ya se encontraba prófugo. A raíz de este hecho, Escobedo protestó ante el palacio de gobierno, en la Plaza Hidalgo en la ciudad de Chihuahua, donde fue asesinada el pasado mes de diciembre.
A pesar de esto, el movimiento de Ciudad Juárez continúa luchando para que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas con igualdad de derechos y para que las autoridades reconozcan la gravedad de los feminicidios e implementen acciones serias para impedirlos.


La mesa de trabajo ‘Mujer y Conflicto Armado’

La violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, en el marco del conflicto armado colombiano no es un hecho aislado. Como afirma el Informe La Violencia Sexual en Colombia (2009) de la Organización internacional OXFAM: “El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado” (1). Esta tesis ha sido apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Constitucional de Colombia y numerosas organizaciones nacionales e internacionales.
Según ese mismo informe en la visita al país de 2001, la Relatora Especial de Naciones Unidas identificó “la esclavitud sexual, la esclavitud doméstica, la violación, mutilación sexual, el abuso sexual y la violación de los derechos reproductivos de mujeres combatientes como la anticoncepción y la esterilización forzada. Además, señaló que particularmente en este contexto los grupos armados establecen límites territoriales a la libertad de la circulación y toques de queda, imponen regímenes rigurosos de comportamiento social con restricciones a la vestimenta de las mujeres y castigos por ‘mala conducta’” (11-12). Entre otras prácticas de violencia sexual documentadas también se cuentan la prostitución forzada, la violación de mujeres líderes de organizaciones de derechos humanos y de mujeres lesbianas, el control moral de mujeres y niñas habitantes de las zonas en conflicto y la ejecución de mujeres con VIH (OXFAM, 2009).
Pese a que en el país se vienen realizando informes sobre violencia política desde finales de los años ochenta, las prácticas de abuso sexual perpetradas por actores armados como el ejército, los grupos paramilitares y la guerrilla han sido denunciadas y documentadas desde hace poco más de diez años. Este esfuerzo de documentación ha generado un ejercicio de activismo entre grupos de mujeres del país. La Mesa Mujer y Conflicto Armado es un ejemplo de ello. En ella confluyen grupos de mujeres y de derechos humanos (seis organizaciones de mujeres de base, trece organizaciones no gubernamentales, dos colectivos de mujeres, un observatorio, un centro regional y tres redes nacionales e internacionales) con acompañamiento de organismos de control e intergubernamentales.
Conformada en el año 2000, la Mesa documenta las violencias específicas contra las mujeres en el conflicto armado y su impacto, a partir de: talleres con mujeres de distintas regiones víctimas del conflicto; recopilación de testimonios; y revisión de informes y denuncias públicas. A partir de este trabajo han elaborado informes anuales sobre violencias contra mujeres, jóvenes y niñas. El más reciente fue publicado en enero de este año. Es el X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2000-2010.
Aparte de su valor documental, el informe anual de la Mesa ha sido una herramienta para la visibilización de las voces de mujeres víctimas de estas violencias, que tienen mucho que decir acerca del conflicto armado, pero a quienes pocos actores desean escuchar. Con el décimo informe, la Mesa se propuso además evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2001 por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, así como por otras organizaciones que se han pronunciado sobre este tema.
De forma paralela al trabajo de documentación, la Mesa Mujer y Conflicto Armado ha desarrollado herramientas de análisis que permitan entender mejor la problemática de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado con una perspectiva de género. Se destacan las observaciones sobre los procesos de militarización de los territorios y de la sociedad civil, a través de la “asignación de tareas militares a civiles y la ejecución de acciones civiles a militares” (18), así como la identificación de un proceso de militarización de los cuerpos de las mujeres. El informe afirma: “En el contexto de guerra, el cuerpo de las mujeres aparece como un territorio en el cual se expresa el poder de la cultura patriarcal. Las relaciones de poder marcan el cuerpo, lo obligan, lo dominan y lo someten a la negación, lo fuerzan a trabajos y exigen signos. El cuerpo de las mujeres se convierte en fuerza útil cuando es productivo y sometido. El cuerpo de las mujeres es campo político definido, disciplinado para la producción, para la reproducción y el dominio de los armados” (22).
Por otro lado, investigadoras y organizaciones sociales han llamado la atención sobre el peligro de reducir la violencia sexual al conflicto armado. Si bien es cierto que esta violencia se expresa de manera más extrema en el marco del conflicto, ésta no es consecuencia del mismo sino de una forma más generalizada de violencia contra las mujeres. Explicar la violencia sexual a través del conflicto armado puede restarle importancia a las razones estructurales de la violencia de género. Para varias estudiosas feministas la agenda de paz y conflicto armado en Colombia han cooptado los esfuerzos de los grupos de mujeres y aplazado, o restado importancia, a otras agendas como la autonomía reproductiva, la paridad económica y política, y el acoso sexual en el trabajo. No obstante, análisis como el de la Mesa llaman la atención sobre la importancia de estudiar la violencia contra las mujeres en relación con otros factores como el conflicto armado colombiano, sin dejar de lado la especificidad de las violencias basadas en género.


Internet como espacio de repudio y acción


Internet ha sido uno de los espacios elegidos por las mujeres, sobre todo las más jóvenes, para compartir vivencias relacionadas con situaciones de la vida urbana que constituyen formas de violencia simbólica relacionadas con formas de dominación de género. Han aparecido en el espacio virtual blogs, así como una intensa actividad en redes sociales como Facebook, Twitter y Orkut, donde mujeres jóvenes relatan experiencias callejeras vividas como violación de su intimidad. Piropos indeseados, improperios homofóbicos, flirteo insistente cuando no es correspondido y ser seguidas por la calle son las principales temáticas abordadas. Estos relatos se articulan a estrategias para desnaturalizar la agresión callejera y defender la privacidad, una puesta en acción del conocido eslogan feminista de “mi cuerpo es mío”.
Como muchas violencias legitimadas, es difícil catalogar el acoso como delito a pesar de la agresión sufrida por la persona hacia quien va dirigida. Al respecto, una internauta expresa: “Me alegro de haber encontrado este sitio, donde poder volcar nuestras experiencias, porque muchas veces una siente que si lo contamos nos van a decir que no es para tanto, que de última es un halago. Pero la realidad es que una va caminando, o en un tren o un colectivo y de repente se siente violada por un señor que cree tener derecho a decir cualquier cosa que le pasa por la mente y que una tiene que aguantarla”.
Un ejemplo de estas acciones reales en espacios virtuales es la llegada a la Argentina de Hollaback, un movimiento internacional que se inició en Nueva York con el fin de erradicar el acoso en la calle, que usa la internet y los teléfonos móviles. A través esta iniciativa se busca combatir el acoso verbal callejero ejercido generalmente por varones en la vía pública y posicionar en el debate público sobre seguridad esta forma de “violencia invisible” contra las mujeres, para que sea tenida en cuenta por legisladores, autoridades, policías, ciudadanos y ciudadanas. “El acoso en la calle es una de las formas más generalizadas de violencia de género y una de las mas carentes de legislación. Rara vez se denuncia y es culturalmente aceptado como ‘el precio que debemos pagar’ por ser mujer o por ser gay” explica este blog.
El blog también apunta a combatir los comentarios y actitudes discriminatorias en la vía pública contra personas trans y parejas del mismo sexo: “Creemos que toda persona tiene derecho a sentirse segura sin ser clasificada como un objeto. El acoso sexual es un crimen que propicia un ambiente cultural donde la violencia de género es aceptada cada vez más. Existen marcos jurídicos para el acoso y el abuso sexual en el hogar y en el trabajo, pero cuando se trata de las calles difícilmente se puede actuar en su contra”.

En nota publicada en el diario Página 12, la representante local del movimiento, Inti María Tidball-Binz, explica que no todas las mujeres perciben los piropos como un halago o algo positivo, sino que “muchas los experimentamos como un acto sumamente agresivo y desagradable. […] Algunos amigos me han dicho si no estoy exagerando. […] También me interesa reconocer el acoso que sufre gente transexual o gay en la calle. Me pregunto: ¿cuánta gente encontró el amor de su vida diciéndole un piropo en la calle a otra? No creo que muchas. Uno de los objetivos es que quien pretenda decir un piropo se dé cuenta de que no siempre esa frase es recibida como algo agradable” , agrega.
La activista feminista Dora Barrancos, directora del área de Ciencias Sociales y Humanidades del Conicet, explica en la misma nota que el piropo en la calle es una expresión que antes oscilaba entre la galantería y la ofensa y el acoso. “Hoy hay más provocación, comentarios más cercanos a la típica actitud grosera, que se aleja del piropo y es una manera un poco ultrajante, bien marchante del macho, una forma de violencia simbólica” .
A través de blogs como “Basta de sexismo” y “Exocitosis ”, se ha hecho una fuerte crítica a la campaña de Coca-Cola que apoya la propuesta de un concejal de la ciudad de Buenos Aires de promulgar el “día del piropo”. En ambos blogs se destacó el carácter violento de la forma como algunos hombres vulneran la libertad de circulación de las mujeres en la vía pública al abordarlas verbal o físicamente sin su consentimiento.


Las mujeres chilenas después del terremoto

El terremoto y maremoto que abatió a Chile el 27 de febrero de 2010, a las 3:35 de la mañana, con 8,8 grados en la escala de Richter, afectó hondamente a seis de las quince regiones del país, especialmente las de Maule y Bío Bío, provocando un derrumbe cuyo largo es un tercio del total del país.
En contextos de catástrofes de tales dimensiones, en otros países la violencia contra las mujeres y las niñas se ha exacerbado. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las mujeres tienen menos acceso a los recursos esenciales para la preparación, mitigación y rehabilitación después de estas tragedias. Esta situación es agravada por la división sexual del trabajo, ya que la industria agrícola y la economía informal, sectores en los que se desenvuelven mayoritariamente mujeres, son los más afectados por los desastres naturales. A esto se suma el desempleo y las dificultades de migrar, consecuencia de la atribución social de determinados roles a las mujeres, como la responsabilidad por el cuidado de los niños, los ancianos y las personas con discapacidades, a quienes deben garantizarles alimentación, vestuario, atención y suministros médicos, sin descuidar las obligaciones domésticas.
Además de estas problemáticas, también es común que haya un escalamiento de la violencia sexual; lo que se hizo evidente luego de los terremotos de Haití (2010) y del Perú (2007). Al respecto, Olga Segovia, coordinadora del Observatorio Regional: Ciudades, Violencias y Género, afirma que “es habitual que, tras una tragedia de estas proporciones, las ciudades afectadas vean aumentar el alcoholismo, la prostitución forzada y la violencia doméstica y otros problemas ligados a las diferencias de género” . Chile no ha sido la excepción.
Segovia relata que, en talleres realizados en distintas regiones del país, el Observatorio detectó que la oferta anticonceptiva también se vio afectada luego del terremoto. “Hay menos servicios, no hay por ejemplo una protección anticonceptiva porque no se están repartiendo píldoras en los consultorios, o no están atendiendo” , agregó. Si a esta situación de vulnerabilidad se le suma el hacinamiento en el que viven las víctimas luego de estas tragedias, situación en la que deben compartir baños y otros espacios en condiciones precarias de seguridad, los derechos de las mujeres se ven seriamente amenazados. Por esta razón, señala Segovia, es necesario que las mujeres se agrupen, enfrenten colectivamente estas dificultades y compartan experiencias con otras mujeres que se encuentran en la misma situación.
En este sentido, cabe destacar la labor realizada por el Fondo Alquimia, organización surgida luego de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, 1995) con el fin de apoyar organizaciones de mujeres chilenas, particularmente aquellas que viven en situaciones de exclusión. En una primera etapa postragedia, el Fondo Alquimia lideró una campaña para llevar alimentos e insumos básicos, tales como toallas higiénicas y artículos de aseo, a las mujeres de las regiones más afectadas por el terremoto. Posteriormente, durante los meses de mayo y julio de 2010, en asociación con Casa de los Colores, Centro Social Quidell y otras organizaciones locales de mujeres, el Fondo llevó a cabo veedurías con los objetivos de examinar la situación de derechos de las mujeres del Maule y Bío-Bío, identificar sus principales problemáticas, coordinar acciones para atenderlas y contribuir a la restauración del quehacer político de las organizaciones sociales en los territorios afectados.
A través del Fondo de Acción Urgente para América Latina, obtuvieron recursos que les permitieron llevar a cabo esta acción de monitoreo y denuncia. En un documento que recoge la metodología, acciones y resultados de las veedurías, la organización explica que esta labor “consiste en que las organizaciones informan, difunden y accionan, sobre las prioridades de las mujeres, a fin de garantizar que existe un marco de derechos humanos y una perspectiva de género en la distribución de ayuda y en el proceso de reconstrucción” (3).
Las organizaciones participantes llevaron a cabo talleres de prevención y denuncia de maltrato, violencia de género, violencia sexual y autocuidado con las mujeres afectadas, acciones de denuncia en medios de comunicación locales y regionales (prensa y radio) de las vulneraciones de las cuales eran objeto, así como capacitaciones en derechos humanos, ciudadanía y participación para el control de la gestión de los servicios públicos, con el fin de fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres como ciudadanas activas.
También gestionaron ante empresas prestadoras de servicios la reposición del alumbrado público y el mejoramiento del transporte en sectores alejados para garantizar la seguridad de las mujeres. Adicionalmente, consiguieron relocalizar la población transgénero de la ciudad de Talca, que inicialmente había sido ubicada como damnificada en un barrio a las afueras de la ciudad, dónde sufrieron hostigamiento por parte de los vecinos.
En acciones como estas, grupos de mujeres de México, Colombia, Argentina y Chile han trabajado en red con organizaciones locales, nacionales e internacionales, para transformar contextos generadores de violencia contra las mujeres, cuestionar los regímenes que las excluyen y subordinan, y fortalecerse como ciudadanas capaces de ejercer y exigir la garantía de sus derechos.

fuente: CLAM
por Manuel Alejandro Rodríguez Rondón
Colaboraron: Andrea Lacombe (Argentina)
Pilar Pezoa (Chile)
Franklin Gil Hernández (Colombia)
Leonardo Bastida Aguilar (México)