martes, 27 de diciembre de 2011

CALETA OLIVIA. :"ES TREMENDA LA VIOLENCIA ECONÓMICA QUE EJERCEN LOS HOMBRES"

La Supervisora de la Mujer y la Familia Dra. Marisa Leno presentó a su equipo de trabajo, y dijo que seguramente han trabajado bien en la gestión anterior por eso se determinó su nueva convocatoria por parte del intendente José Manuel Córdoba. Además, hizo hincapié que en Caleta Olivia es tremenda la violencia económica que ejercen los hombres.
“Es un honor para nosotras, porque cuando las gestiones cambian generalmente las personas cambian”, señaló la Supervisora de la Mujer y la Familia al presentar a su equipo de trabajo, donde también planteó sus objetivos para el 2012 como la trata de personas y la capacitación en esta temática, de la cual “poco se hablaba”. En este sentido manifestó que viajó a Paraguay a la Triple frontera para conocer del tema.
Al respecto, la profesional señaló: “Cuando uno trabaja a conciencia el área de la mujer y el sufrimiento va más allá del lugar que nos toca jugar”, y agregó: “Es un honor para mí y para el equipo de trabajo, que nos hayan convocado nuevamente porque significa que hemos trabajado bien y esta bueno que se reconozca. Y ahora hay que redoblar el esfuerzo, porque hay que ir por más”.
La violencia no es solo física

Asimismo mencionó: “Siempre estaré muy agradecido de la gestión anterior y ahora me toca trabajar con Córdoba”. Por otro lado habló sobre la violencia económica de los hombres sobre las mujeres: “En estas ciudades es tremendo, porque los sueldos de los hombres exceden los de las mujeres, aun el de las profesionales y es mucha la diferencia social y donde mas tenemos problemas es en esos hombres que cobran mas, aquellos hombres que tiene mas plata ejercer manipulación sobre todo con los hijos”.
Finalmente sostuvo: “Sabemos que en la violencia hay un ciclo porque hay una reconciliación y luego vuelven los golpes, nosotros no juzgamos a las mujeres, no juzgamos porque volvió, la seguimos, la acompañamos y la volvemos a seguir, pero no la llevamos a la casa abrigo”.

Los teléfonos para consultas y denuncias son el 4854277 y el 154781340 durante las 24 horas.

El equipo está conformado por Dos psicólogas Sociales y una Psicóloga y el Dr. Gustavo Zurita como asesor letrado, “y la idea sumar una Trabajadora Social y una psicóloga más”, concluyó.

FUENTE. DIARIO TIEMPO SUR

MERCOSUR: LOS INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, UN HORIZONTE LEJANO


Montevideo, 22 de dic- En la región de Sudamérica se ha actuado activamente para la promoción de la igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres, pero la voluntad formal no ha alcanzado el grado de efectividad en la vida cotidiana de ellas.

Así lo admite el informe "Sistema de indicadores comparables a nivel regional sobre violencia doméstica basada en género en el Mercosur", resultado de una consultoría realizada por dicha instancia regional.

El documento fue discutido durante la XXVI Reunión Especializada de la Mujer (REM) del Mercosur, realizada en Montevideo del 9 al 11 de noviembre, y en su ejecución participaron cuatro países -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- miembros del Mercosur y con representación en la REM.

Según el informe, los estados participantes "han actuado activamente para la promoción de la igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres en sus contextos nacionales, en la región y en el continente".

Sin embargo, y si bien así lo han expresado en la ratificación de los tratados internacionales correspondientes, la voluntad formal no ha alcanzado, según lo deja explícito el propio estudio, el grado de efectividad en la vida cotidiana de las mujeres.

La igualdad, en estos casos, no es un hecho. Se presenta pues una brecha entre el derecho formal y el derecho real a vivir una vida sin violencia.

A su vez, el informe da cuenta detallada de las debilidades de las leyes regionales de combate a la violencia doméstica o familiar, en tanto todas plantean como respuesta al delito medidas de sanción de tipo civil y no penal.

Armonías y disonancias

Tanto en Argentina, como en Paraguay y Uruguay, los trabajos de los estados en materia de violencia contra las mujeres involucran a los sectores salud, seguridad y justicia, contando a su vez con la coordinación de los mecanismos de género existentes en el país.

Según el estudio, los países de la región comparten deficiencias en el abordaje de la temática, fundamentalmente desde el punto de vista estadístico, por la falta de sistemática, lo que impide generar series históricas sobre la incidencia real del tema.

La perspectiva de la consultoría, que pretendía dar cuenta del panorama del área para la generación de indicadores regionales dirigidos a unificar los datos sobre violencia doméstica basada en género, parece estar aún muy lejos.

De hecho, uno de los aportes finales explicita las debilidades encontradas para alcanzar dicho objetivo: "Las experiencias relatadas se encuentran en diferentes fases de desarrollo, implementación y también poseen cobertura territorial variable".

Según el documento, "la multiplicación de sistemas de registros de informaciones, la tentativa de implementar un Registro Unificado en Argentina y la estandarización de las fichas en los servicios de Uruguay, constituyen avances importantes para las políticas de enfrentamiento a la violencia basada en género en toda la región".

El informe concluye sin embargo que, tras analizar comparativamente los sistemas disponibles en los cuatro países, estos "no permiten que se vislumbre un indicador sobre violencia doméstica basada en género que pueda ser aplicado para los cuatro países en la región".

Entre las limitaciones que aparecen se encuentra la alta variación entre el origen de los datos primarios (atención directa o centrales telefónicas), la cobertura del servicio (nacional, departamental, local), además de las diferencias en la forma de registro y la ausencia, en algunos casos, de informatización de los datos.

FUENTE. AMECOPRESS

NIÑ@S Y ADOLESCENTES PUEDEN DENUNCIAR SUS DERECHOS


Al cabo de cinco años de debates y trabajo, fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado lunes (19), el proyecto final de protocolo facultativo referido a comunicaciones de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. El instrumento permitirá que menores de 18 años o sus representantes denuncien abusos o violaciones de derechos humanos ante una comisión internacional formada por especialistas.

"Con este nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a "comunicaciones" o a un procedimiento de reclamación, la comunidad internacional ha puesto efectivamente los derechos de los niños en igualdad de condiciones con los demás derechos humanos y reconoció que los niños, niñas y adolescentes también tienen el derecho a apelar a un mecanismo internacional, al igual que los adultos”, expresa la coalición de ONGs que luchó por la concretización del Protocolo.

A partir de ahora, la batalla consiste en que los Estados ratifiquen el nuevo Protocolo lo más rápido posible. La coalición de ONGs ahora promete iniciar una campaña para que los estados miembros comiencen de inmediato las discusiones y procesos nacionales de cara a la ratificación. Para mostrar su compromiso en garantizar los derechos de niños y adolescentes, los Estados serán animados a adherir el Protocolo durante la ceremonia oficial de firma, que se realizará en 2012.

La premura de las ONGs para lograr la adhesión al mecanismo jurídico se debe al hecho de que este instrumento internacional solo podrá entrar en vigor, tres meses después de la ratificación y adhesión por parte de diez Estados miembros.

Una vez vigente, el Protocolo Facultativo de comunicaciones permitirá que el Comité Internacional sobre los Derechos del Niño reciba quejas o comunicaciones de niños, adolescentes o sus representantes sobre abusos o violaciones de derechos de los menores de edad cometidos por Estados miembros de la Convención.

Mientras analiza la denuncia, el Comité podrá pedir que el Estado adopte medidas provisionales para evitar cualquier daño irreparable al/ a la menor. También podrá ser solicitada protección con la intención de resguardar la integridad de los niños o adolescentes, y evitar que sea objeto de represalias, malos tratos o intimidaciones en razón de la denuncia.

Contexto

Una coalición internacional constituida por cerca de 80 ONGs, con el apoyo de más de 600 organizaciones de todo el mundo y coordinada por el Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) viene trabajando y presionando desde 2006, por la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a comunicaciones. El trabajo fue liderado por Sara Austin (Visión Mundial) y Peter Newell (Iniciativa Global para acabar con Todo Castigo Corporal contra los Niños)

Este Protocolo es el tercero de la Convención, que contempla mecanismos jurídicos contra el tráfico de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Es común que después de la aprobación de una Convención sean adicionados protocolos facultativos para complementar y agregar provisiones a la Convención, así como para ampliar los instrumentos de derechos humanos.

FUENTE. ADITAL

NACE EL PRIMER OBSERVATORIO VASCO DE LA VIOLENCIA MACHISTA


La dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, junto al resto de instituciones que trabajan en la erradicación de este tipo de agresiones, van a contar en breve con un nuevo aliado en su día a día. El consejo del Gobierno Vasco ha aprobado recientemente la creación del Observatorio Vasco de la Violencia Machista contra las Mujeres.

El nuevo órgano estará adscrito a la dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. «Nace para asesorar en la investigación, en el análisis y en la difusión de las características, las causas y las consecuencias de las distintas manifestaciones de la violencia machista contra las mujeres en nuestra comunidad autónoma y para realizar diagnósticos sobre la misma que nos ayuden a poner soluciones a este problema», asegura Mariola Serrano, directora de Atención a las Víctimas.
El observatorio asesorará tanto a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género y al resto de instituciones y administraciones que se ocupan de la lucha contra la violencia de género. De hecho, el nuevo órgano contará con representación de diferentes departamentos del Gobierno Vasco, de Emakunde, de las áreas de Asuntos Sociales de las tres diputaciones, de la asociación de municipios vascos Eudel, de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, del Ararteko, de EITB, así como de asociaciones que trabajen con mujeres en Euskadi. La presidencia corresponderá a la dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, dependiente del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Buenas prácticas

Según fuentes del Departamento de Interior, el Observatorio elaborará indicadores homogéneos para el análisis y evolución de la violencia machista contra las mujeres, formulará propuestas de mejora de los sistemas de información, propondrá la realización de estudios e informes de diagnóstico y evaluación, analizará los ejemplos de buenas prácticas recogidas en otros organismos similares, fomentará la relación entre instituciones, asociaciones, profesionales y personas expertas en violencia machista contra las mujeres, facilitará el intercambio de información y documentación entre distintas instituciones, y elaborará un informe anual sobre sus actividades.
Una vez que se terminen los trámites de constitución del nuevo órgano, el observatorio convocará su primera reunión durante el primer semestre del año que viene.

FUENTE: OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO / MADRID

MÉXICO: fueron atendidos más de 5000 casos de violencia hacia los adultos mayores


Explicó que el Instituto realiza de manera periódica jornadas contra la violencia hacia los adultos mayores, busca cualquier espacio público para hacer un llamado a ellos, a sus familias y a la sociedad en general sobre esta problemática, y brinda información sobre los servicios que ofrece el instituto.



A 20 meses de funcionamiento de la Agencia Especializada para la Atención de los Adultos Mayores Víctimas de Violencia Familiar se ha atendido 5211 casos, informó la directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal (IAAM-DF), Rosa Icela Rodríguez.

En un comunicado, la funcionaria capitalino dijo que 87 % de los casos se han resuelto favorablemente, y la delegación con mayor número de denuncias la encabeza lztapalapa.

Explicó que el Instituto realiza de manera periódica jornadas contra la violencia hacia los adultos mayores, busca cualquier espacio público para hacer un llamado a ellos, a sus familias y a la sociedad en general sobre esta problemática, y brinda información sobre los servicios que ofrece el instituto.

Este año se realizaron 796 eventos públicos con una asistencia de más de 800 mil personas, donde los adultos mayores conocieron sus derechos y la existencia de esta agencia.

Además se capacitó a mil 300 educadoras comunitarias, quienes tienen la encomienda de detectar casos de abuso o maltrato, e incluso hacer acompañamiento a las personas que así lo soliciten al Ministerio Público.

La Agencia Especializada para la Atención de Adultos Mayores Víctima de Violencia Familiar, empezó a funcionar el 9 de abril de 2010 y sus esfuerzos se concentran en "proteger y reconocer los derechos de los adultos mayores, que se encuentren en situación de abandono, conflicto, riesgo o peligro y que puedan ejercer, al mismo tiempo, su derecho de acceso a la justicia, con la colaboración de PGJDF", recordó Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo se suscribieron 494 convenios entre mujeres y hombres adultos mayores agraviados y sus familiares en primero y segundo grados, de acuerdo a reportes proporcionados por la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría.

Se brindaron 2 146 asesorías a igual número de personas adultas mayores, así como a sus familias con el propósito de que las mujeres y hombres adultos mayores reciban un trato de respeto y dignidad, y al mismo tiempo, contrarrestar la situación de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran, puntualizó.

El IAAM-DF suscribió el 12 de enero de 2010 un acuerdo con la PGJDF para desarrollar conjuntamente políticas públicas en materia de derechos humanos y garantizar el derecho a la información y el acceso a la justicia.

FUENTE: GRUPO FÓRMULA

miércoles, 21 de diciembre de 2011

VIOLENCIA ECONÓMICA

La violencia de género no son sólo los golpes, las amenazas o las vejaciones, sino también la violencia económica, es decir, la que se produce cuando el hombre evita que su pareja o expareja haga uso de los recursos materiales que ella tiene o de los compartidos dentro de la propia familia.
Así se ha puesto de manifiesto hoy en la jornada de sensibilización sobre violencia económica organizada, en el Instituto de la Mujer, por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en la que han participado expertas en la materia.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha señalado en su intervención que de las mujeres asesinadas el pasado año a pesar de haber presentado denuncia contra sus agresores (22), tres habían afirmado que sus respectivas parejas no les daban el dinero necesario para el sustento de los hijos.
"La violencia económica es una manifestación más de la violencia de género porque, en definitiva, es un modo por el que se pretende mantener una situación de dominación y subordinación sobre la mujer", ha afirmado Montalbán.
La presidenta del Observatorio ha indicado que en la actualidad la jurisprudencia se encuentra en una "fase inicial" de exploración de esta violencia y ha confiado en que los tribunales vayan consolidando su doctrina en esta materia.
"Nos queda una tarea ingente por hacer, aunque se han dado ya los primeros pasos", ha opinado Montalbán.
La presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez, ha subrayado que "la autoridad de la pareja a través del control de los recursos económicos sigue siendo invisible".
A su juicio, esta violencia económica impide en muchos casos que las mujeres denuncien los malos tratos, porque dependen económicamente de su pareja.
Martínez ha explicado que también se produce violencia económica una vez rota la relación sentimental, a través, por ejemplo, del impago, por parte del hombre, de la pensión alimenticia de los hijos o de su parte de la hipoteca de la casa que puede provocar un desahucio.
"Por eso es fundamental que la mujer logre la independencia económica", apunta.
Para la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Blat, es "absolutamente necesario" que se visibilice esta "forma indirecta de violencia de género", así como sus modalidades y las consecuencias que acarrea.


FUENTE. OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO / MADRID

LA DEPENDENCIA EMOCIONAL, UNA CÁRCEL INVISIBLE PARA LAS MUJERES


El viernes por la mañana estuve en un instituto de secundaria explicando el terrible tema de la violencia de género a un grupo de chicas y chicos de primero y segundo de bachillerato.

Preparé una intervención participativa para que fueran ellas y ellos quienes a través de sus propias palabras pudieran ir desmontando los mitos que siguen justificando este fenómeno tan monstruoso.

Preparé diez estereotipos para que los fueran desmontando. Creo que el que más les costó de entender fue el que dice que “si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por continuar conviviendo con su maltratador”. Y creo que les costó de entender porque no tenían en cuenta un factor tan decisivo en este tema como lo es la dependencia emocional.

Les hablamos del ciclo de la violencia y sus tres fases y de la dependencia emocional, esa potente herramienta que si no se controla adecuadamente y se va frenando poco a poco a partir de su reconocimiento, puede causar grandes estragos.

El agresor puede comenzar a aislar a la mujer de su entorno, de su familia y además a naturalizar ese tipo de amor posesivo y exclusivo que, si no se reconoce a tiempo por parte de la víctima como consecuencia del enamoramiento o de otros factores externos, puede causarle un perjuicio extremadamente doloroso.

Esto va a redundar en una autoestima cada vez más baja y sustentada básicamente en la necesidad de afecto por parte del agresor que, a su vez necesitará controlarla cada vez más haciéndola creer que si él, la vida de ella no tiene sentido.

Es muy complicado salir de esa situación y dar el paso de separarte o de denunciar a tu agresor cuando además te ha hecho creer que sin él tienes pocas posibilidades de ser o de existir como persona.

La libertad de la víctima deja de existir y es frecuente que se culpen de las reacciones hostiles que reciben, dando lugar a inversiones constantes de la responsabilidad respecto del malestar. Asimismo, demandan aquello no les es dado espontáneamente y que se supone que han de estar en las bases de un vínculo estable (atención, afecto, cuidado); los dependientes suelen entregar estos componentes de manera maximizada, por eso también estos vínculos carecen de simetría.

Me he permitido recordar estos factores para poder exigir socialmente que no se siga victimizando a las víctimas de este tipo de terrorismo, culpándolas de mantenerse al lado de sus agresores y de seguir recibiendo agresiones, porque la dependencia emocional es algo de lo que nadie, ninguna persona, estamos exentos cuando hay lazos afectivos o se está en la fase del enamoramiento.

Estoy muy harta de comentarios de algunos profesionales del sector sociosanitario en este mismo sentido.

A las víctimas se las tiene que ayudar, escuchar y no cuestionar sus palabras. A las víctimas se les tiene que ofrecer con delicadeza todo el apoyo institucional. Se las tiene que ayudar a que reconozcan su situación y reforzarlas para que se alejen de esa realidad perniciosa en la que viven. A las víctimas se las ha de saber entender entre líneas para saber que a veces dicen bastante más de lo que estamos escuchando. Hay que reconocer cuando piden ayuda, a veces desde el propio silencio.

Creo que ya está bien de culpabilizarlas de su propia situación de la que son sólo víctimas y no culpables. Hay que dar la vuelta a los mensajes neomachistas que encierran estos estereotipos que buscan culpabilidades entre las actuaciones de quienes las sufren.

Hay que desmontar estas trampas fáciles en las que en aras de una libertad inexistente en estas situaciones, se les exige que actúen como si realmente fueran libres.

Las prisiones no son sólo las de los barrotes. Hay otro tipo de prisiones que son invisibles, pero que existen y son mucho más represivas que las que se gestionan institucionalmente.

Y si el estado de derecho busca la integración de las personas privadas de libertad temporalmente por sus errores, ¿por qué no actuamos de la misma manera con las mujeres que ya son víctimas de una situación de privación de libertad dentro de su propia situación de pareja?, ¿por qué seguimos negándoles la condición de víctima de una difícil situación y les prestamos toda la ayuda que necesitan?

Las trampas del patriarcado, su inmensa capacidad de trasformarse y adaptarse a los nuevos tiempos para subsistir tienen mucho que ver en esto.

Pero las trampas se pueden desmontar y en ello somos muchas las personas comprometidas. Quizás tantas o más de las que se puedan imaginar. Y por tanto seguiremos denunciando estas situaciones y intentando desmontarlas.

FUENTE: AMECOPRESS

VIOLENCIA FAMILIAR, PROBLEMA MÁS PRESENTADO EN DIF EN 2011


Reynosa, Tamaulipas.- La Licenciada Carmen de la Cruz, Sub procuradora del sistema DIF Reynosa, dio a conocer las cifras anuales de los delitos más denunciados ante sus oficinas siendo la violencia intrafamiliar la que ocupa el primer lugar con un total de 292 casos. En segundo lugar se encuentra la violencia hacia los menores la cual cuenta con un total de 218 menores maltratados durante el año y que en la gran mayoría de las situaciones la violencia es perpetrada por parte de los padrastros de los niños, le sigue la violencia a las personas de la tercera edad con 17 casos presentados y finalmente la agresión hacia las personas discapacitadas con una cifra de 8 personas violentadas. Carmen de la Cruz asegura que una vez que la denuncia es interpuesta se lleva el caso hasta las últimas consecuencias y aunque la parte denunciante desee retirar los cargos se continúa con el proceso ya que se ha dado la situación en la cual la mujer retira la denuncia hacia su pareja alegando no querer perderlo o producirle algún daño y sin pensar que la situación de riesgo podría presentarse nuevamente. En este caso se puede proceder a demandar a ambas partes por encubrimiento. Es por esto que a las personas que acuden al DIF a presentar la respectiva renuncia además de brindársele apoyo legal se les ofrece terapia psicológica con el fin de que puedan sanar sus heridas emocionales y eviten caer nuevamente en estas problemáticas. Y hace la invitación a las mujeres de Reynosa a que acudan a las instalaciones del DIF que están disponibles las 24 horas para cualquier situación en la requieran ayuda profesional sin importar que no exista evidencia física. Y recuerda a las féminas que deben respetarse y valorarse y por ningún motivo permitir que se ejerza violencia sobre su persona.

FUENTE: EN LÍNEA DIRECTA INFO.MX

jueves, 15 de diciembre de 2011

MINISTERIO DE SALUD: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES SEXUALES

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

APRUEBAN AMPLIA REFORMA PENAL CONTRA EL FEMICIDIO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO


México, DF- Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la tipificación del feminicidio y la discriminación, y reformó 15 figuras jurídicas en el Código Penal Federal.

Durante al sesión las y los diputados aprobaron con 279 votos diversas reformas al CPF, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con estas reformas se tipificó el feminicidio como un delito que se castigará a nivel nacional con penas de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo, y se considera que comete este crimen quien prive dolosamente de la vida a una mujer cuando exista violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones.

El dictamen aprobado precisa que al servidor público que por acción u omisión realice practicas dilatorias en la procuración y administración de justicia, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión, y multa de 500 a mil días de salario mínimo e inhabilitación del cargo o comisión que desempeñe por un periodo de cinco a 10 años.

En el artículo 261 quedó estipulado que se considerará abuso sexual todo acto sexual sin llegar a la cópula cometido en contra de una menor de 15 años de edad. En el artículo 265 se establece que se sancionará como violación sexual la cópula sostenida con persona menor de 15 años, aun con su consentimiento.

La diputada Viggiano Austris explicó que con este dictamen se acatan más de 40 instrumentos internacionales en la materia, y agregó que estas reformas son una respuesta a los más de 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas que se han cometido en el país desde 2007 a la fecha, según organizaciones civiles.

La diputada de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) Teresa Ochoa Mejía, señaló que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado que de 2009 al primer semestre de 2010 se han registrado 728 asesinatos dolosos de mujeres.

“Detrás de estos crímenes de odio subyace una condición estructural e histórica de violencia y discriminación contra las mujeres, y de omisión por parte del Estado en su obligación de velar por nuestra vida y seguridad”
, sostuvo.

Esta iniciativa se trabajó con organizaciones civiles como el OCNF, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y con las observaciones de reconocidas feministas como Marcela Lagarde, Laura Carrera, Patricia Olamendi, Marta Lucía Micher y Nadia Sierra.

“Cumplimos varios mandatos: la corrección de una falta del Poder Legislativo, pero sin duda es un gran paso en el reconocimiento legal de la violencia de género y la discriminación. No sólo es feminicidio, son 15 tópicos que impactan esta reforma”, destacó.

El dictamen aprobado fue enviado al Senado para su ratificación y posterior entrada en vigor a nivel federal.

FUENTE: AMECOPRESS

PERCEVAL PIDE LA DEROGACIÓN DEL AVENIMIENTO E INCORPORAR EL FEMICCIDIO EN EL CÓDIGO PENAL


La subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, María Cristina Perceval, pidió este miércoles la derogación de la figura del “avenimiento” y la incorporación del delito de feminicidio en el código Penal. Fue al referirse al caso del violador que mató a su mujer luego de haber sido liberado. La funcionaria consideró que a estos cambios "debe sumarse una aplicación de la justicia con perspectiva de género, la consolidación de políticas integrales de asistencia a las víctimas en todas las jurisdicciones y la profundización de una sociedad más igualitaria".

Perceval se manifestó ante el feminicidio de Carla Figueroa, asesinada por su violador convertido en esposo luego de la aplicación del “avenimiento”.

Para la funcionaria, esta figura penal "muestra de manera aberrante la relación desigual de poder que subsiste entre varones y mujeres, no solo en nuestro ordenamiento jurídico sino en la naturalización por parte de la sociedad".

El “avenimiento” contemplado en el artículo 132 del código Penal como posibilidad de acuerdo conciliatorio entre la víctima y su agresor "que extingue la acción penal, es una rémora sexista, discriminatoria y contraria a la dignidad humana que debe ser derogada por nuestro Congreso Nacional", enfatizó.

Consideró que "aquella concepción que consideraba “honorable” el hecho de que el agresor pretendiera en matrimonio a la mujer violada, no sólo está presente en nuestras normas sino también en las sentencias de jueces y juezas y en las prácticas sociales, a las cuales no les resulta extraño".

Perceval ocupaba una banca en el Congreso nacional cuando se sancionó la Ley 26485 de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.

En ese sentido, recordó que durante la elaboración de esa norma "específicamente evitamos todo proceso conciliatorio o mediador porque nada puede componerse y, menos aun quedar impune, si existe una clara asimetría entre víctima y victimario".

"Esta misma desigualdad debe ser también combatida con el poder simbólico que posee el derecho penal, a través de la tipificación del delito de feminicidio, es decir, de crímenes por odio de género",
opinó.

Asimismo resaltó "el rumbo político que orienta nuestro proyecto de país desde 2003 y que obliga a mirar bajo el prisma de los derechos humanos al accionar de todos los poderes del Estado; mucho se avanzó en la legislación, en la formulación de políticas públicas y en las prácticas institucionales"

En ese sentido es que reclamó "la derogación del “avenimiento” y la incorporación del delito de feminicidio" como "materias urgentes en la lucha contra la discriminación a las mujeres".

Fuente: Télam

miércoles, 14 de diciembre de 2011

AVENIMIENTO CUESTIONADO


La legisladora salteña Sonia Escudero confirmó que durante el primer semestre de 2012 la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta volverá a discutir el tema de femicidio y también considerará la derogación de la figura de avenimiento prevista en el Código Penal, que permite a la justicia perdonar a un violador si la víctima así lo pide y su consentimiento es dado de forma libre.

Hace años que legisladoras con perspectiva de género reclaman la eliminación de este beneficio porque si hay un violador implicado hay una situación de violencia que impide una situación de igualdad y libertad. También este tema terminó en la agenda parlamentaria a partir de una tragedia, el femicidio de Carla Figueroa en General Pico.

En cuanto a la discusión sobre femicidio, Escudero informó que convocarán a organizaciones de la sociedad civil, ya que en la primera reunión asistieron principalmente referentes estatales.
La legisladora se refirió a la abogada e integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, Raquel Asensio, y la secretaria en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 38 de la Capital Federal, Ángeles Gómez Maiorano.

'Las funcionarias tienen una postura más conservadora y consideran innecesario incluir el femicidio en código penal'
, explicó la senadora salteña. Quienes comparten esta postura entienden que una de las formas de hacer visible los femicidios es contabilizándolos, es decir creando un registro oficial de las muertes violentas de mujeres a manos de una pareja, ex pareja o una persona cercana. En Argentina no hay cifras oficiales y el relevamiento que realiza La Casa del Encuentro sondea únicamente los casos publicados en medios de comunicación.
'Personalmente creo que el Código Penal argentino sí necesita ser modificado. En los casos de homicidio plantea un atenuante, que es la emoción violenta, y lo toman en cuenta la mayoría de los jueces en los casos de femicidio para reducir la pena. Nuestra legislación no tiene en cuenta la perspectiva de subordinación de la mujer, la cuestión cultural que subyace en los asesinatos de mujeres. Creo que hay que establecer límites a la emoción violenta como causal de disminución de la pena', dijo Escudero, quién coincide con la propuesta de extender el agravante relacionado al vínculo que mantenían el femicida y la víctima.

Los primeros países en incluir el femicidio en sus legislaciones penales fueron Suecia y España. Luego lo hicieron países latinoamericanos: Costa Rica, Guatemala, Colombia y Chile. También el Distrito Federal de México considera la muerte por violencia de género un delito grave. Hay proyectos similares en Honduras, El Salvador, Bolivia y Perú**. Indudablemente el femicidio es un problema grave en la región y Argentina cuenta desde 2009 con la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres como una medida efectiva en contra de la violencia machista. Sin embargo es necesario un mayor compromiso del gobierno nacional y las administraciones provinciales y locales de aplicarla. Las legislaturas provinciales tienen pendiente establecer los procedimientos de denuncia de las diferentes violencias y las obligaciones y recursos que deben tener los ministerios provinciales para intervenir en la asistencia y prevención de las violencias.


FUENTE: ARTEMISA NOTICIAS - POR Alejandra Waigandt
** PERÚ YA LO APROBÓ en el día de ayer.

SAN JULÍAN: 7 AÑOS DE CÁRCEL PARA UN VIOLADOR

Fue duramente un juicio abreviado que terminó el miércoles. La Fiscalía había pedido 8 años de prisión. El sujeto quedará alojado en la Alcaidía de Pico Truncado.

El pasado miércoles los integrantes del Tribunal Oral se reunieron en la sala de audiencia de la Cámara Oral de la Primera Circunscripción para dar por finalizado un juicio de instancia privada que dio inicio la semana pasada. En la jornada la Justicia falló y condenó a un sujeto de 24 años por violar en reiteradas ocasiones a una menor de 12 años. El hecho ocurrió en la localidad de Puerto San Julián. Los integrantes del Tribunal decidieron fallar y condenar al sujeto, de quien no se dio el nombre para resguardar la identidad de la víctima, a 7 años de prisión en cumplimiento efectivo por el delito de “violación en reiteradas ocasiones con acceso carnal”. El sujeto deberá cumplir su condena en la Alcaidía de Pico Truncado.
El juicio había comenzado el pasado 5 de noviembre, en esa oportunidad el sujeto (de quien se preserva la identidad para que no se la relacione con la de la víctima) confesó haber cometido el hecho y además dijo que estaba arrepentido por lo sucedido. Luego pidió que los jueces y el fiscal le realizaran preguntas.
Como el acusado confesó, se llevó a cabo un juicio abreviado. Luego de sus declaraciones los jueces dieron lugar a los alegatos. El primero en alegar fue el Fiscal de juicio, quien solicitó la pena de 8 años de prisión y en cuanto a lo requerido la Defensa compartió lo pedido por el Fiscal. Finalizado el debate, los jueces decidieron pasar a un cuarto intermedio, tras el cual dictaron la sentencia de 7 años de prisión efectiva.

FUENTE: EL PERIÓDICO AUSTRAL

PERÚ: 15 A 25 AÑOS DE PRISIÓN PARA QUIENES COMETAN FEMICIDIO


Lima, 14 dic. 11.- Después de una dura batalla, el Perú cuenta ya con la tipificación del feminicidio dentro de su ordenamiento legal. El pasado 1 de diciembre el congreso aprobó la modificación de un artículo del Código Penal, gracias al cual este crimen será castigado con penas de 15 a 25 años de prisión.

El texto, aprobado por 90 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones, señala textualmente: "El que a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación de afectividad aún sin convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años".

También establece que "cuando se presenten circunstancias agravantes", la pena no será menor de 25 años. Además, precisa que "si la víctima del delito descrito es o ha sido cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio". Ambos párrafos aprobados fueron una propuesta del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Hasta antes de esta modificación, el asesinato de mujeres estaba tipificado como parricidio, con apenas seis años de prisión que en la práctica se convertían en dos años, pues el victimario podía hacer uso de beneficios penitenciarios y reducir así su tiempo de cárcel efectiva.

Inmediatamente después de aprobarse la modificación, diversas organizaciones de mujeres y la hasta entonces ministra del sector, Aída García-Naranjo, mostraron su complacencia. "Nuestra estrategia es cerrar las brechas del feminicidio y que los indicadores que podamos mostrar este año sean menores a los del 2009 y 2010", declaró a la prensa.

García Naranjo dijo que el siguiente paso de su portafolio será cambiar algunos protocolos impuestos a las víctimas de violencia sexual, como la presentación de pruebas físicas sobre este acto contra las mujeres.

"Creo importante que se tipifique el feminicidio en el Código Penal y se incrementen las penas como una medida de prevención y protección", indicó Gaby Cevasco, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, quien recordó que muchas mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad situaciones de violencia, pero ni los agresores estaban en la cárcel ni las mujeres recibieron protección oportuna. "Ante esta falta de justicia, muchas mujeres desisten de continuar los procesos y eso se ha convertido en un riesgo mortal", precisó.

Por ello sostiene que la tipificación del feminicidio "es una manera de colocar a la mujer como sujeto de protección, reconocerla como un sujeto de derechos y, además, sancionar un crimen que se da por su condición de mujer, como efecto de las relaciones desiguales de poder, en un sistema que aún continúa valorizando lo masculino como superior".

Sin embargo, lograr la modificación del artículo del Código Penal no ha sido fácil. Desde hace muchos años, las organizaciones feministas y de mujeres vienen realizando campañas de sensibilización pública, pero sus resultados fueron infructuosos. El último intento de aprobar una ley en el parlamento, en septiembre pasado, cerró la posibilidad de usar esa vía para aprobar la ley.

Por ello, la Ministra de la Mujer, haciendo uso de su prerrogativa legislativa, envió al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley, el cual fue aprobado el 25 de noviembre y remitido al Congreso para su discusión con carácter prioritario.

Once feminicidios al mes

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, al mes son asesinadas 11 mujeres en el Perú. Entre enero y septiembre de este año el Ministerio de la Mujer registró 54 intentos de feminicidio y el Observatorio, seis.

La disparidad de cifras habla a las claras sobre la necesidad de un registro centralizado para conocer la real magnitud de este problema que ubica al país entre los que ostentan las cifras más altas de feminicidio en Sudamérica.

Pero además del número creciente de mujeres asesinadas también aumenta la violencia que se ejerce contra ellas. En los últimos meses, este fenómeno "ha adquirido características extremas, como quemar el rostro de la mujer con aceite o agua hirviendo, cortes múltiples con armas punzo cortantes, etc.; hechos realizados con premeditación y los responsables no han recibido la sanción correspondiente", reflexiona Cevasco.

Sin embargo, hay que resaltar que el Perú cuenta con 140 centros de emergencia mujer (CEM). Para 2012 se tiene pensado crear 40 más en diferentes partes del país, de tal modo que se cubran casi las 195 provincias del territorio nacional, informó la ahora ex ministra del sector.

Además, el MIMDES cuenta con la Línea 100, para que las mujeres que sufren cualquier tipo de vejaciones puedan acceder de manera gratuita a asesoría legal, psicológica, social, entre otros servicios.

Entre 2009 y 2011, según el MIMDES, se perpetraron 405 crímenes contra mujeres, de los cuales 245 fueron a manos de parejas o exparejas (34,8 % del total).

Para Cevasco, un segundo aspecto muy importante además del legal es trabajar sobre los imaginarios sociales para modificar la representación y percepción que existe de las mujeres, y que lleva a tolerar la violencia.

Menciona un diagnóstico realizado en 2010 por Flora, según el cual el 73,3 por ciento de los encuestados considera que puede tolerarse la violencia si las mujeres descuidan a las/os hijas/os; un 66,7 por ciento si él sospecha que le es infiel; un 40 por ciento que sí habría razón para golpear a su pareja si ella le desobedece.

"Estas ’razones’ expresan una percepción desvalorizada de las mujeres, como propiedad de la pareja que puede irrogarse el derecho de golpearla si no cumple sus órdenes o no actúa de acuerdo a su voluntad", explica.

"La mayoría de casos de feminicidio se ha dado luego que la víctima ha puesto fin a la relación de pareja. Es decir, la violencia, el castigo, va contra la autonomía de las mujeres, contra su libertad, contra su derecho de decidir. Y esto solo es posible cambiar, además de la sanción como medida de prevención, a través de campañas orientadas a cambiar la imagen de las mujeres que predomina aún en el imaginario social", concluyó.

FUENTE: AMECOPRESS - FOTO: AMECOPRESS

martes, 13 de diciembre de 2011

USHUAIA: INAUGURARON LA COMISARÍA DE MINORIDAD Y FAMILIA


Este martes quedó formalmente inaugurada la Comisaría de Minoridad y Familia, ubicada en las 60 Viviendas tira 5 de la ciudad de Ushuaia, cuya creación surge de los distintos hechos vinculados a la violencia familiar, de género y de menores de edad involucrados en situación de riesgo o conflictos con la Ley; y que llevan a plantear la necesidad de generar el espacio especifico policial para la atención de estas víctimas, que al tratar de con víctimas de violencia familiar o de géneros, “se debe prestar especial atención”, brindaron para ello; escuchas, orientación, contención y asesoramiento.

Este renovado servicio policial estará destinado directamente a mujeres, familias víctimas de la violencia de género, niños y adolescentes en situaciones de riegos, paraderos de menores delictivos, como así también de menores infractores de contravenciones o legislaciones preventual.

También se crea el Consultorio Médico policial para las víctimas que no han llegado por sus medios al Hospital Regional Ushuaia.

FUENTE: USHUAIA 24

LA PAMPA: Escrache de Mujeres a Jueces TIP

ASIMETRÍA ENTRE EL VICTIMARIO Y LA VÍCTIMA


El femicidio de Carla Figueroa, en General Pico, abrió la polémica alrededor de la figura del avenimiento prevista en el Código Penal, por la cual un tribunal puede acceder a perdonar a un violador si la víctima así lo pide, siempre que haya una relación afectiva previa entre ambos y que ella no actúe bajo presión y su consentimiento sea dado de forma libre y plena. Pero diversos especialistas en Derecho, con perspectiva de género, plantean que la esencia misma del fenómeno del abuso sexual es la asimetría entre el victimario y su víctima, lo cual impide cualquier ficción de libertad o de igualdad entre ambos, y reclaman su derogación..
En el caso, quedó en evidencia la ausencia de un acompañamiento psicológico ofrecido desde el Estado a la adolescente, como víctima de violencia machista, para reforzar su autonomía. “Sancionar y derogar leyes es sencillo. Lo que es difícil es pensar y sostener políticas públicas en todos los niveles que le permitan a una mujer víctima de violencia fortalecer su autoestima y reforzar su autonomía, para que no vuelva a una relación violenta”, advirtió la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En diálogo con Página/12, la abogada Perla Prigoshin, titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, se manifestó partidaria de la derogación del avenimiento. “Esta figura es una rémora de cuando los delitos contra la sexualidad de las mujeres eran considerados como delitos contra la honestidad. Se privilegiaba el honor de la familia de la víctima antes que su integridad sexual. Francamente, seguir sosteniendo esta excusa absolutoria frente a un delito contra las mujeres va en contra de la política de derechos humanos del movimiento nacional y popular”, opinó Prigoshin. En un sentido similar se pronunció Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) e integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. “El Derecho viene siempre después de los hechos. El avenimiento no sirve. No soluciona nada, por la propia personalidad del victimario y las condiciones de la víctima”, consideró Medina, al ser consultada por este diario. Medina se desempeñó 15 años en el Fuero Penal, como defensora, fiscal y jueza de instrucción. “Se necesita una tarea de educación ciudadana y concientización sobre la violencia de género. Y al mismo tiempo necesitamos un cambio de mentalidad de los operadores de la Justicia en relación con esta problemática. Son minoría todavía los jueces que han incorporado la perspectiva de género, como impulsa la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. Hay muchas resistencias. El Judicial es el más conservador de los poderes”, advirtió Medina.

Gherardi, directora ejecutiva de ELA, acordó con la necesidad de derogar el avenimiento, pero fue más allá y puso en el centro del debate las opciones que el Estado les está brindando a las víctimas de violencia sexual. “En estos delitos, el Estado da a las víctimas la opción de instar o no la acción penal: es una elección personal, que dependerá de circunstancias personales o decisiones privadas. Luego, avanzado el proceso, a través de la figura del avenimiento, el Estado da nuevamente la opción de no seguir adelante en determinadas circunstancias. Estas están bien explicadas en el Código Penal: no es automático, tiene que pedirlo la víctima, que tiene que ser mayor de edad, tiene que haber una relación preexistente, y el consentimiento debe ser libre. Mi preocupación y el punto que me parece que vale la pena señalar es si es correcto que el Estado se quede conforme con estas dos alternativas. ¿Qué le ofrecieron a Carla Figueroa? Denunciar y luego retirar la denuncia casándose con el señor que la había violado a punta de cuchillo y con el que había tenido un hijo siendo adolescente. En mi opinión, el problema es que durante el proceso, esta joven seguramente no tuvo muchas alternativas para armarse de un modo que le permitiera resolver con autonomía cómo quería seguir. Hay mujeres violadas por sus parejas que les llevan la comida a la cárcel hasta que salen. Y nada cambia. Depende de las herramientas que el Estado le dé a la víctima, para que esa historia sea otra”, observó Gherardi.

En el fallo del Tribunal de Impugnación de La Pampa, que otorgó el 2 de diciembre el avenimiento a Marcelo Tomaselli, se cita un informe del fiscal Alejandro Gilardenghi –que investigó la violación denunciada y ahora tiene en sus manos la pesquisa por el femicidio de Carla–, donde se destaca que la joven no recibió ningún tratamiento psicológico y se encontraba “prácticamente desamparada a nivel emocional sin ningún tipo de protección o resguardo por parte de su círculo familiar y social”.

La diputada Marcela Rodríguez presentó en 2008 y en 2010 un proyecto para eliminar la figura del avenimiento del Código Penal. Pero nunca fue tratado. En los fundamentos de la iniciativa, Rodríguez señala que ninguno de los otros bienes penalmente protegidos, ninguno de los delitos contra la propiedad o la vida admiten tal propuesta de acuerdo de impunidad cuando se cometen con violencia. “La violencia contra bienes públicos no puede ser eximida de responsabilidad criminal. Sin embargo, la violencia contra la integridad sexual de las mujeres en el marco de relaciones afectivas preexistentes sí puede eximirse de responsabilidad criminal, puede avenirse confinando el asunto al ámbito privado, en fin, a una protección de segundo orden, que en los hechos no es otra cosa que desprotección, impunidad y la apertura de una nueva puerta para que el agresor siga amenazando a la víctima, esta vez mediante la coerción para llegar a un avenimiento.”, dice el proyecto.

La vida de Carla Figueroa estuvo signada por la violencia machista desde la cuna. Cuando tenía 8 meses de vida, su papá asesinó a su mamá, y ella desde entonces fue criada por su abuela materna. A los 15 años quedó embarazada de Tomaselli. Mantuvieron una relación afectiva pero en marzo la pareja se separó. Un par de meses después, él la fue a buscar a la salida de su trabajo con la excusa de conversar, la llevó a un descampado y la violó amenazándola con un cuchillo. Cuando el caso ya iba a ser elevado a juicio oral y las pruebas en su contra eran contundentes de acuerdo con la investigación que llevó adelante la fiscal Ivana Hernández, la defensa de Tomaselli propuso el avenimiento y Carla aceptó, a pesar de que había manifestado mucho temor de que su ex pareja recuperara la libertad. Del expediente judicial surge que pudo ser manipulada. El planteo fue rechazado por unanimidad en primera instancia el 4 de octubre por la Audiencia de Juicio de General Pico: tres jueces consideraron que la adolescente de 18 años no estaba en condiciones de dar un consentimiento en forma libre y plena por la violencia sufrida. La pareja apeló el 18 de octubre y el 28 de ese mes se casó. Finalmente, el Tribunal de Impugnación de La Pampa concedió el beneficio a Tomaselli en fallo dividido. Y a los ocho días de recuperar su libertad, el joven asesinó a su flamante esposa.

FUENTE. PÁGINA 12 - POR MARIANA CARBAJAL

lunes, 12 de diciembre de 2011

PROGRAMA "LAS VÍCTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS" : comunicación GRATUITA AL 137


rigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar

Si sos víctima de violación, maltrato, golpes y/o abandono de familiares
Llamanos al 137
La atención está garantizada durante las 24 horas los 365 días del año.
Actúa sólo en C.A.B.A.

Si vos no podés pararlo, nosotros si.


¿Quién puede llamar?


Cualquier víctima de violencia familiar, vecinos que escuchen o presencien violencias en otro domicilio, instituciones, familiares de víctimas y cualquier otra persona que necesite orientación en violencia familiar.


¿Quién atiende el teléfono?

Un/a psicólogo/a del Programa "Las Víctimas contra las Violencias".



¿Qué ofrece?

La Brigada concurre hasta la escena misma de la violencia.


¿Qué es la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar?


Un equipo compuesto por un psicólog@, un trabajador/a social y dos oficiales de la Policía Federal Argentina, que se desplaza en un móvil no identificable y arriba al lugar del hecho.


¿El llamado es una denuncia?


No. El profesional que atiende la línea 137 orienta a la víctima y en el caso de que sea necesario desplaza a la Brigada.


DA INTERVENCIÓN EN CALLE Y DOMICILIO. Se ocupa EXCLUSIVAMENTE DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, EN EL MISMO MOMENTO EN QUE ESTAS ACCIONES VIOLENTAS SE PRODUCEN.


NO DUDE EN LLAMAR. Recibirá respuesta inmediata y acompañamiento profesional.

Las BRIGADAS garantizan la atención las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante sistema de guardias activas.


En situaciones de urgencia, ya sea la víctima o algún familiar o vecino puede llamar al número telefónico 137, con sede en el Centro de Llamadas del Programa.

Una vez verificado el llamado, un móvil no identificable con un psicólogo/a y un trabajador/a social acompañados por dos oficiales de la Policía Federal Argentina se desplazará hasta la escena, para dar respuesta inmediata, conteniendo a la víctima y desarmando al agresor que será conducido a la comisaría correspondiente.

Nuestra función es acompañar a la víctima, aportándole el apoyo jurídico, social y psicológico necesarios y en caso de ser necesario trasladarla a un hospital público.

Al mismo tiempo se informará al juez con competencia acerca del episodio.

El Equipo de Seguimiento creado para realizar el acompañamiento durante las siguientes 72 horas podrá alojarla en un ámbito protegido brindándole además, asistencia jurídica, si fuera necesario.

Una oficina de orientación y asistencia le ofrecerá a la víctima las direcciones de instituciones que puedan orientarla psicoterapéuticamente.

La experiencia en lo que se refiere a atención y asistencia a las víctimas de violencia familiar pone de manifiesto que las organizaciones que habitualmente reciben pedidos de ayuda por parte de dichas víctimas solamente ofrecen asistencia de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 20 hs. (Resultado del relevamiento de datos en todo el país).

Con tal motivo se creó una Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar.

Nuestro Equipo responde ante el llamado que puede ser realizado por la propia víctima, por un familiar o por un vecino que oiga o presencie situaciones de violencia. Este equipo responde ante situaciones de crisis de violencia familiar, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, en la escena misma donde ésta se desarrolla. Comenzó a actuar el 17 de octubre del año 2006.

La Brigada Móvil se encuentra formada por 90 profesionales (psicólogas y psicólogos y trabajadoras y trabajadores sociales) y 2 abogadas que acompañan y asesoran a la víctima, en caso de ser necesario, a realizar la denuncia en la Sede Civil.

El equipo está dividido en tres grupos: el de atención telefónica, el de intervención domiciliaria y el de evolución de los casos y seguimiento.

En cuanto a la atención telefónica, hasta el 28 de febrero de 2007, los llamados sólo ingresaban por dos canales: la comisaría jurisdiccional o el comando radioeléctrico (911). A partir del mes de marzo DE 2007, comenzó a funcionar nuestra línea directa: el 137.

Ante el llamado ingresado por cualquiera de las tres vías, se procede al desplazamiento de un móvil policial correspondiente a la jurisdicción en la cual está aconteciendo el hecho y al de un móvil policial no identificable que traslada al equipo de la Brigada Móvil de Atención a Victimas de Violencia Familiar.

El patrullero se encuentra tripulado por personal policial, quienes son los primeros en llegar al lugar y realizar un diagnóstico de la situación. Esto significa que tocan el timbre en el domicilio consignado, se presentan y evalúan la situación. La policía no ingresa a un domicilio sin una orden de allanamiento, salvo en situaciones extremas donde se escuchen amenazas o gritos que pudiesen hacer suponer un riesgo de vida para quienes están dentro del domicilio. Si no ocurre una situación como la mencionada anteriormente y se trata de un pedido de ayuda, se le indica a las/os profesionales del Equipo Móvil que pueden descender del vehículo y hacerse cargo de la situación.

El equipo entiende que hacerse cargo puede abarcar diversas alternativas: ofrecer contención a las víctimas, dar intervención al Servicio de Emergencias Médicas (SAME), acompañar al hospital si no se tratase de un caso que requiriese de la ambulancia, articular con Fiscalías, Defensorías, Juzgados y la Asesoría General Tutelar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según corresponda en cada caso.

La presencia de los 2 oficiales de Policía Federal Argentina que complementan la formación del Equipo Móvil tiene por objeto brindar apoyo y seguridad a las y los profesionales y a la víctima, como establecer cualquier tipo de comunicación que fuese necesaria, tanto con algún superior como con Fiscalías o Juzgados intervinientes.

Tanto las psicólogas y psicólogos cuanto las trabajadoras y trabajadores sociales intervienen en la atención y el acompañamiento técnico necesario según sean las características de la víctima y su situación.

Dado que la Brigada actúa en el escenario mismo donde se desarrolla la acción violenta, es posible que el victimario se encuentre presente.

Una vez acontecida la situación de emergencia, el caso queda a cargo del Equipo de Seguimiento, que constituye el segundo momento de las intervenciones.

Se cuenta con dos sedes:

Zona Sur de la Ciudad Autónoma de Bs. As.: Av. Vélez Sársfield 170.
Zona Norte de la Ciudad Autónoma de Bs. As.: Av. Las Heras 1855 1º.

DILMA ROUSSEFF SE COMPROMETE CON LA IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA EL MALTRATO A LA MUJER



La Presidenta de Brasil aseguró que la violencia doméstica contra la mujer "es un momento dramático, que muestra a los niños algo que no tendrían que ver, como es esa agresión cobarde, que no tiene justificación y que tiene que ser criminalizada".
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, inauguró este lunes la tercera Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres y reafirmó su compromiso con la construcción de una sociedad "igualitaria", en la que las mujeres "sean ciudadanas de primera clase" y "no víctimas de la violencia".

En su condición de primera mujer elegida para gobernar el país, Rousseff se comprometió con un millar de activistas reunidas en la conferencia a "honrar desde ese cargo a cada brasileña" y trabajar, en especial, por erradicar todo tipo de violencia de género.


Rousseff apuntó que "no se puede de ninguna manera aceptar que las mujeres, en este siglo XXI, que será el del empoderamiento de las mujeres, sigan siendo víctimas".

La jefa de Estado destacó que en la conferencia el miércoles próximo participará la expresidenta chilena y directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, de quien dijo "hace un trabajo de afirmación con dimensión internacional por el reconocimiento de la prioridad que tiene la igualdad de género en el mundo".

En su discurso, la mandataria también citó medidas adoptadas por su Gobierno en cuestiones de atención a la mujer, como planes para la prevención del cáncer de mama y de útero o la instalación de una amplia red de guarderías públicas a nivel nacional.

Asimismo, negó rumores en el sentido de que en una reforma de su gabinete prevista para el año próximo se haya planteado la desaparición o fusión de la Secretaría Nacional de Políticas para Mujeres con otra cartera y destacó el creciente rol de las mujeres en su Gobierno, que cuenta con nueve ministras.

Rousseff también instó a las mujeres a participar activamente en la lucha política, a fin de alcanzar las cuotas de participación que les corresponden como representantes de "más de la mitad de la población brasileña".

Con una mayor presencia en la vida política, Rousseff vaticinó que las brasileñas "harán una verdadera revolución pacífica para la construcción de una sociedad de iguales, en la que cada una pueda soñar y realizar sus sueños, incluso el de ser un día presidenta de la República", declaró.

FUENTE: EL NACIONAL.COM

COMUNICADO DE LA CONSAVIG acerca del femicidio de GRAL PICO


COMUNICADO DE LA CONSAVIG

Desde la CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de de Sanciones de la Violencia de género) manifestamos nuestra consternación por el femicidio de Carla Figueroa, hecho que pudo haberse evitado de no ser por la aplicación arbitraria de la aún vigente figura patriarcal y arcaica del avenimiento, consagrada en el art. 132 del Código Penal.

Considerando la importancia que para el gobierno nacional revisten los derechos humanos convocamos a nuestras legisladoras y legisladores a que deroguen de manera inmediata el instituto mencionado, el que se contradice con la Ley de Protección Integral 26.485, la Convención de Belén do Pará y el Protocolo Facultativo de la CEDAW.

Asimismo llamamos a la reflexión a quienes, siendo integrantes del Poder Judicial, “olvidan” interpretar las normas desde la perspectiva de género, obviando las consecuencias que sus sentencias pueden acarrear en la vida de las mujeres.

Finalmente instamos a las autoridades competentes a recurrir a las herramientas constitucionales aplicables a quienes, con su accionar negligente, no previeron este desenlace.

Dra. Perla Prigoshin
Coordinadora

REMOVER LOS ESTEREOTIPOS ES LA URGENCIA EN LA JUSTICIA


La especialización que la Ley Integral preveía de los profesionales concernidos con la respuesta contra la violencia de género no puede ser un mero rótulo sobre la puerta de un despacho o de una sala de vistas.


Es un concepto dotado de contenido, que presupone un conocimiento profundo de este fenómeno criminal, de las causas en que se sustenta, de las manifestaciones plurales con que se presenta, de diferente intensidad pero de análogo significado, y, desde luego, de los perniciosos efectos que provoca en sus víctimas no mortales, que se proyectan no solo en su calidad de vida sino en la tardía decisión de salir del círculo de la violencia o en una específica actuación en el proceso penal, no siempre favorable a la sanción del delito y a la defensa de sus intereses.

Desde la perspectiva de los operadores jurídicos, la especialización tiene que traducirse en una interpretación y aplicación del ordenamiento con criterios de valoración que acrediten el conocimiento del fenómeno, con soluciones específicas inspiradas en el derecho a la igualdad real entre mujeres y hombres, que es criterio de interpretación de las leyes, y en la expresión de razonamientos que reflejen otra lógica, diferenciada de la patriarcal, que visibilicen una efectiva remoción de obstáculos, equivalente a remoción de estereotipos que convalidan la desigualdad. En esta tarea, se impone una relectura individual y colectiva de los procesos de socialización por quienes van a aplicar el derecho, que permita detectar los posibles prejuicios, que pueden aflorar, consciente o inconscientemente, en las resoluciones judiciales.

En algún curso de formación del Consejo General del Poder Judicial se ha alertado del peligro de que los prejuicios del/a juzgador/a pudieran hacer pasar por voluntad de la ley lo que solo es la posición personal de algunos.

La aplicación de más de seis años de la Ley Integral exige introducir en el debate jurídico y valorar, sin menoscabo de la independencia judicial, y dado que la interpretación de las normas ha de realizarse en el sentido más favorable a la mayor efectividad de los valores y principios constitucionales, si la jurisdicción especializada está interpretando las normas en el sentido más favorable al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género.

Causa preocupación en este sentido la colocación asimétrica ante la ley en que se sitúan algunas interpretaciones existentes respecto de los aspectos que afectan a la seguridad jurídica, ofreciendo a las víctimas de esta violencia respuestas dispares en función de la provincia en la que residan.

Particular importancia alcanza la exigencia de acreditación en algunos tribunales de un determinado ánimo adicional -de discriminar o subordinar a las mujeres-, en los delitos vinculados con la violencia de género, que habría de perseguir el autor que de forma intencionada y voluntaria hubiera perpetrado la acción constitutiva del ilícito penal para afirmar la existencia del delito, elemento que el Código Penal nunca ha exigido desde la primera aproximación al fenómeno en 1989, referida a la tipificación de la violencia física habitual en el ámbito de la violencia doméstica, hasta nuestros días, con la consecuencia en aquellos casos de degradar los hechos, si no se ha acreditado dicho ánimo, a la consideración de falta o, incluso, absolución. Y con otra adicional: dado que el Código Penal tampoco ha exigido ni exige la acreditación de un determinado ánimo en los delitos de violencia doméstica, la violencia ocasional, a título de ejemplo, en este ámbito, protagonizada por una mujer o entre diferentes miembros de la familia, siempre sería delito, a excepción de la dirigida por un varón contra su pareja o ex pareja femenina, que sería falta o quedaría impune. La especialización efectiva, no nominal, se constituye para ofrecer desde la jurisdicción una respuesta eficaz contra la violencia de género, en el bien entendido de que referida solo al ámbito que le es propio: la restauración del derecho y la sanción del delincuente.

Sobre el Consejo General del Poder Judicial, que tiene atribuida la formación de los jueces, pesa la responsabilidad de ofrecer a la sociedad un cuerpo de magistrados y magistradas capacitados adecuadamente, con conocimientos no solo sustantivos y procesales generales sino propios de la especialización desde la que ejercen su función constitucional, debiendo garantizar una formación, dotada presupuestariamente, con contenidos suficientes, a impartir durante el tiempo necesario, seguido de una evaluación de su aprovechamiento, que garantice que la tutela judicial sea efectiva también para las víctimas de la violencia machista, y que impida que una resolución formalmente fundada pueda convertirse en denegación de tutela.
FUENTE. : OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO /MADRID

DOS MIRADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO


Las especialistas coinciden en que el hogar es el primer lugar en que ocurren este tipo de delitos. A dónde recurrir.

Sandra Chaher
Periodista especializada en temas de género.

Para las mujeres, el enemigo está en casa

Cuatro mujeres fueron asesinadas con un arma blanca en la madrugada del domingo en el barrio La Loma, de La Plata. Eran madre, hija y nieta, además de una amiga de la hija. Fue detenido hasta el momento como sospechoso un hombre de 27 años que mantenía una relación sentimental con la hija. Si se confirma que fue el autor de la masacre, estaremos ante un nuevo caso de feminicidio. Los cuatro asesinatos dispararán las estadísticas de asesinatos de mujeres por razones de género presentadas hace apenas unos días por la Asociación Civil La Casa del Encuentro –en base a los casos relevados por los medios de comunicación– y que ya en lo que va de 2011 habían superado en un 10% los datos de 2010, aunque las personas especializadas coinciden en que no estaríamos frente a más casos de feminicidios sino frente a una mayor difusión de los mismos.
Tanto estas cuatro mujeres como la mayoría de las víctimas de feminicidios son asesinadas en sus hogares y a manos de conocidos, la mayoría de las veces por parejas o ex parejas sentimentales. Según La Casa del Encuentro, en el año 2010, el 63% de los varones feminicidas había tenido algún vínculo emocional con las mujeres, y la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, tiene detectado que en el 85% de las denuncias de violencia que se presentan allí el agresor es una pareja o ex pareja sentimental.
¿Qué nos dice esto? Que el lugar más inseguro para las mujeres en las ciudades es su propia casa
y no la calle, por más que los alertas de seguridad nos prevengan sin distinción de sexo sobre la necesidad de cuidarnos por sobre todo de robos y asaltos contra la propiedad privada. Para las mujeres, su principal enemigo suele dormir del otro lado de la cama y ataca en el momento menos pensado sin recurrir a las armas habituales. Mientras las alarmas de seguridad nos dicen que podemos ser víctimas de asaltos con armas de fuego, estas son usadas por los feminicidas para asesinar a las mujeres, pero también armas blancas (los cuchillos nunca faltan en las cocinas) como las que se usaron contra las cuatro mujeres de La Loma, y las propias manos cuando no hay arma a mano pero el odio de género se desata.
En el año 2009, el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), decía como una de sus conclusiones principales que “la violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en América Central”. Si bien en esa región del continente se concentran los más altos índices de feminicidios del mundo (El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, México y Costa Rica están entre los países con más cantidad de feminicidios, según las estadísticas del Centro Reina Sofía de España), el alerta sirve para otras sociedades en las cuales la inseguridad específica que vivimos las mujeres aún no fue lo suficientemente visibilizada y abordada como para prevenirla y menos evitarla.
Las políticas públicas de seguridad se concentran en los riesgos que habitan en la calle a manos de desconocidos que atentan contra nuestras posesiones (billeteras, autos, llaves del hogar), sin embargo la mayoría de las mujeres no morimos en estas circunstancias. Podremos perder los bienes, pero no la vida. Los que nos asesinan están mucho más cerca y nadie nos previene de ellos. Según las estadísticas que lleva la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el lugar prevalente del asesinato de mujeres y varones es la vía publica (56%); pero si las estadísticas se desglosan y se analiza sólo los asesinatos de mujeres (la mayoría de los cuales son feminicidios, aunque no todos), el lugar prevalente es el domicilio particular (59%).
Hace décadas que el movimiento de mujeres alerta sobre este tipo de violencia específica que sufrimos las mujeres y que la sociedad quiso considerar “privada”, de puertas adentro, donde nadie debería inmiscuirse. Por eso el feminismo adoptó el slogan “lo personal es político”. Porque si no, ¿quién nos protege? Con el argumento del “no te metás” en la vida privada en particular, y en esta sociedad atravesada por la represión en general, las mujeres fuimos y seguimos siendo asesinadas, mientras los medios todavía hablan de “crímenes pasionales”. El mismo diario El Día, de La Plata, en una de las notas de cobertura del cuádruple asesinato dice que desde la investigación se está trabajando con la hipótesis del “asesinato por motivos personales”. Si el rol social y político que nos tocó a las mujeres fue hacernos cargo de la vida privada, ¿eso transforma nuestros asesinatos en privados? Si un hombre es asesinado en su casa por su hermano como producto de una discusión familiar, ¿tiene menos gravedad que si lo mata un ladrón en la calle? ¿La vida se cotiza por el lugar de ocurrencia de la muerte?
Las políticas de seguridad serán incompletas en tanto no incorporen la dimensión de género, y no sólo para prevenir los feminicidios sino la violencia misma que se produce en los hogares y de la que mujeres y niñas y niños somos las víctimas principales. El lugar más inseguro para cualquier mujer es su propia casa, y su principal victimario: su compañero o ex compañero sentimental.



Liliana González
Abogada. Licenciada en Criminología.
Presidente de CEPREVI-ARGENTINA.

Un modo patológico de comunicación humana instalado en la familia

La violencia como expresión psicopatológica individual o colectiva es la preocupación del siglo XXI, siendo sin dudas la patología más extendida en nuestro mundo civilizado, lamentablemente.
La violencia es una construcción social, no familiar o individual, ubicada dentro del sistema social concreto.
En la actualidad, la sociedad está particularmente interesada en prevenir y tratar los actos de violencia que se producen en el seno de la familia.
La violencia de género es un modo patológico de comunicación humana instalado en la familia que funciona de manera inadecuada. En ella se producen constantemente comportamientos que comunican el rechazo y la descalificación del otro, y aún la desconfirmación (cuando el otro es “invisible”
, hombres que no le hablan a la mujer durante largos períodos) siendo este comportamiento crónico, permanente y periódico.
A lo largo del tiempo se fueron construyendo numerosos mitos que intentan ocultar, explicar o justificar la violencia de género. Los mitos que más habitualmente se presentan pueden resumirse entre los siguientes:
–A la mujer víctima de violencia le gusta “ser victimizada”, por eso se queda en ese vínculo o establece otros iguales o similares.
–La víctima tiene un fondo masoquista.
–La víctima tiende a priorizar el bienestar económico a su bienestar físico y/o emocional y se queda en el vínculo por comodidad.
–Los casos de violencia doméstica son aislados, escasos; no representan un problema grave.
–Los casos de violencia ocurren en familias marginales, clases sociales carenciadas, estratos sociales inferiores que no poseen educación.
–Hay amores que matan.
–La víctima algo hizo para provocar la agresión.
–La violencia es producto del alcohol o las drogas.
–Las personas violentas padecen algún tipo de enfermedad mental.
–La violencia es producto de la pobreza, el subdesarrollo o el desempleo.
–El amor todo lo tiene que perdonar.
Ese tipo de violencia es difícil que se haga visible hacia los demás ya que, por lo general, únicamente surge cuando lamentablemente ya hay daños graves físicos o psicológicos. Lo expuesto se debe a que la violencia conyugal o de pareja se desenvuelve dentro de cuatro paredes y en un ciclo que presenta tres fases: de acumulación de tensión, episodio agudo, pedido de perdón y luna de miel. Es un círculo del que es difícil salir, pero no imposible.
Los diferentes tipos de violencia que existen son las físicas, visibles o no, las emocionales , las psicológicas y las sexuales propiamente dichas.
La prevención es la mejor manera de atacar la posible violencia familiar.
Las personas violentas tienen características especiales, suelen ser muy seductoras para con el afuera, pero dentro del núcleo afectivo, luego de conquistar a su posible víctima, se vuelven sumamente agresivos.
Hay algunos datos a tener en cuenta:
–Los celos excesivos.
–Controlar el dinero que se gasta de manera compulsiva.
–Irradiar a la mujer de sus amigos y prohibirle el vínculo con sus familiares.
–No permitirle trabajar o desarrollar su profesión.
Frases tales como: “Vos sos mía”, “Si te grito es por que vos me ponés nervioso”, “Te golpeo por que vos hiciste tal o cual cosa”, etc, tienden a hacerle creer a la mujer que son las culpables de esa violencia desvalorizándola e inutilizándola.
Es indispensable que cualquier mujer que sufra violencia lo verbalice, se lo comente a sus familiares, amigos, vecinos o médico o psicólogo.
Los pasos a seguir son la denuncia con patrocinio letrado. Si hay lesiones, se deben realizar dos denuncias: una en sede penal y la otra en sede civil para excluir al agresor y establecer una prohibición de acercamiento. En este último tiempo hemos visto una escalada impresionante de hechos violentos en los que resultaron víctimas varias mujeres.
Como primera medida es importante no vincularse afectivamente con personas con las características mencionadas y si ya lo están, iniciar tratamiento psicológico y realizar las denuncias que correspondan poniéndose a resguardo hasta que se disponga la exclusión del agresor y la prohibición de acercamiento
No hay que desconocer las amenazas, ni minimizarlas.
No es una vergüenza sufrir violencia, hay que atreverse a denunciar, perder el miedo. Las leyes amparan a las victímas.

FUENTE. TIEMPO ARGENTINO