El número de casos va en aumento cada año desde que se presentó el primero y se hizo público
Internacional, Derechos humanos, Violencia sexual, Infancia, Pederastia, Nueva York, Estados Unidos,
La violencia sexual sistemática perpetrada por miembros del clero de la Iglesia Católica en este y otros países llevó al no gubernamental ni confesional Centro de Derechos Constitucionales de los Estados Unidos (CCR por sus siglas en inglés) a representar a víctimas denunciantes de esas presuntas violaciones a los derechos humanos en un caso ante la Corte Internacional Penal.
El CCR representa a la Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), creada en Chicago en 1988. La Red no gubernamental nació hace dos décadas en Ohio, Estados Unidos, y se extendió por el mundo, hasta contar hoy día con más de 9.000 afiliadas y afiliados.
Barbara Blaine, trabajadora social estadounidense, fundadora y presidenta de SNAP, explicó que hace apenas dos semanas presentaron un suplemento adicional del caso a la Corte Internacional Penal, porque la respuesta ha sido tan grande que ya cuentan con 500 casos adicionales provenientes de 65 países más.
El CCR es dirigido por sobrevivientes "para proteger a niños y adultos vulnerables, poner fin a la violencia sexual e impedir que otros vivan los graves daños sufridos por víctimas y sobrevivientes y los riesgos que corren muchos católicos mientras no se haga justicia", dice su pronunciamiento.
Cinco querellantes individuales -víctimas y sobrevivientes de esa forma de violencia- presentaron el 13 de septiembre del año pasado los primeros casos ante la Fiscalía de la Corte Internacional.
Sus testimonios concretos documentan tres décadas de tales abusos contra más de 100.000 personas que, durante su niñez y adolescencia, fueron presuntamente abusadas por sacerdotes.
El número de casos va en aumento cada año desde que se presentó el primero y se hizo público para que la gente pudiera acudir a presentar sus querellas.
"Nos fuimos a la corte internacional porque, después de años de trabajo individual de sanación y de buscar que las iglesias locales se responsabilizaran, nos dimos cuenta de que el único interés de los jerarcas y sacerdotes es cuidar su prestigio, no a las niñas y niños", sostuvo.
Aclaró que se dieron cuenta de que la mejor forma de hacer justicia era llevar los casos al más alto nivel para que esto no les ocurriera a otras personas. "Hemos intentado todo en los países y nada ha funcionado, además de que sigue ocurriendo; por eso queremos llevarlo a la justicia para que allí se les impugne y se les impida seguir ejerciendo un cargo que les permite continuar en lo mismo", argumentó.
El caso en Corte busca asegurar que se reconozca la responsabilidad individual de los autores de esos delitos para que no puedan seguirlos cometiendo. Pretende exigir la imputación de responsabilidad de quienes perpetraron esos actos, pero también de quienes los ocultaron, ignoraron y encubrieron, que aparecen nombrados en los documentos.
Existe presunta evidencia de que los altos jerarcas de la Iglesia Católica mantuvieron un silencio cómplice y, en muchos casos han obstruido la posibilidad de justicia, destruyendo pruebas y desplazando a los curas denunciados ante las cortes locales de diversos países a otras regiones o naciones donde también continuaron incurriendo en los delitos de violencia sexual contra infantes.
Los tribunales de la Corte Internacional Penal con sede en La Haya, Holanda, son de carácter independiente de cortes locales y cuentan con su propio estatuto, conocido como el Estatuto de Roma, por el lugar en que fue diseñado.
Poseen un cuerpo de 18 jueces y un fiscal. Los Tribunales fueron creados en 2002 y tienen jurisdicción para procesar delitos graves que producen preocupación transnacional, más allá de las fronteras nacionales de cualquier país y para juzgar los males cometidos contra delitos tipificados por los derechos humanos.
Paralelamente al caso en la Corte Internacional, el grupo SNAP permanece activo en cada uno de los países, denunciando a sacerdotes pedófilos y demandando justicia. En México, en marzo pasado, miembros del SNAP y víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en ese país habían solicitado audiencia al Papa Benedicto XVI en su visita a la nación azteca, pero ni siquiera recibieron respuesta.
FUENTE y Foto: Archivo AmecoPress. -por María Suárez Toro
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