De acuerdo con la magistrada, la norma que entrará en vigor el 22 de junio enfrentará la impunidad y se ajustará a principios como justicia, igualdad real y plena entre los géneros, resarcimiento, respeto de los derechos humanos y la no discriminación.
La nueva ley tipifica conductas que el ordenamiento jurídico nacional no había considerado como delitos hasta ahora, destacó Ramos en un foro organizado por la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional.
El sistema judicial recibió el año anterior 33 mil 535 denuncias de hechos violentos contra féminas, en los cuales el 84 por ciento de las víctimas eran menores de 18 años, comentó.
La Fiscal General Adjunta, Ana Julia Guido, presentó los delitos y las penas que se incorporan al Código Penal como la violencia patrimonial, económica, laboral, la misoginia y el feminicidio, definido como asesinato sistemático de mujeres.
Guido resaltó que la ley establece como una obligación de todo ser humano denunciar en un período de 48 horas ante la Policía Nacional o el Ministerio Público el hecho de violencia del que haya sido testigo.
A criterio de la Comisionada Mayor Erlinda Castillo de la Policía Nacional, la norma fortalecerá la actividad de las Comisarías de la Mujer y la Niñez que ella dirige en Nicaragua y contribuirá a desarrollar mejores políticas públicas de protección integral a las víctimas de violencia.
Castillo anunció que la Policía Nacional dispondrá próximamente de una línea telefónica de emergencia con personal especializado para atender este tipo de sucesos que previene y castiga la ley.
En tanto, la encargada de atender los asuntos de mujer en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Débora Gradisson, llamó a intensificar las labores de promoción y las acciones educativas debido al alza de los índices de violencia.
La especialista aseguró que su entidad velará por el dictado oportuno de medidas precautelares y cautelares, el anticipo jurisdiccional de las pruebas de los delitos, así como las políticas de prevención, atención y protección de las víctimas.
Según Gradisson, la Procuraduría cuidará también porque el personal judicial que se designe para atender las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, hable lengua miskito o idioma inglés y conozca las costumbres de esas comunidades.
Fuente: Prensa Latina
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