JUJUY: ABUSO DE PODER

Mariana Vargas es abogada y militante por los derechos de género. Representó a Romina Tejerina y asesora a mujeres víctimas de violación. Ahora enfrenta una denuncia de un acusado por abuso sexual ante el Colegio de Abogados provincial y su continuidad laboral podría estar en peligro.



Uno de los casos más recientes, ocurrió en San Pedro de Jujuy cuando una chica se animó a denunciar el abuso sistemático que sufrió desde los siete hasta los catorce años por parte de su tío. Tuvieron que pasar varios años para llegar a esta instancia: como muchos adolescentes, dejó su pueblo para seguir una carrera universitaria , claro que en su caso, se conjugó el deseo de una nueva vida con la necesidad de olvidar lo que había pasado. Sin embargo, no pudo. La presencia inexorable de ese recuerdo la obligó a revelar lo que, hasta el momento, su familia desconocía y a llevar su caso ante la justicia provincial. Hace ocho meses que comenzó el proceso y su derrotero todavía está muy lejos de llegar a un final feliz. “Si bien la justicia está produciendo pruebas en la Fiscalía del Dr. Parentis -nos vamos enterando de cómo va el curso del proceso-, prácticamente exige un testigo ocular, cosa que en ningún caso de abuso sexual tenemos. Pero a la vez una chica de 25 años que hace semejante relato, no podemos no tampoco no creerle. Sabemos que el fiscal no tiene la más mínima intención de imputar y se producen verdaderos castigos sobre la denunciante: a diez años le hacen hacer una revisación médica que fue bestial (con fotos), por ejemplo: un grado de agresividad que lejos de querer recoger pruebas, parece que quieren castigarla”, explica Vargas.

El acusado se llama Antonio Salvador Sánchez. La Casa de las Mujeres Unidas por la lucha realizó un escrache en la empresa que empleaba a Sánchez y distribuyó afiches con su nombre y foto: “Hay un violador suelto”, advertían. Mariana Vargas, como otros integrantes del movimiento de mujeres, publicó esa información en su perfil de Facebook, solicitando la condena social. Como resultado del escrache, el acusado fue despedido de su trabajo y le presentó una denuncia a Vargas ante en Colegio de Abogados de Jujuy.

El presidente de la entidad, Dr. Mario Mallagray recibió el reclamo y fue elevado al Tribunal de Ética, al tiempo que aclaró que se siguió “el normal procedimiento” ante este tipo de casos. Pero la historia no termina ahí. Según Mariana Vargas fue el mismo Mallagray quien se ofuscó ante las actitudes de la abogada y decidió respaldar la acusación: “el abogado de esta empresa que se vio obligada a despedir (a Sánchez) es el presidente del Colegio de Abogados. El que estaba profundamente irritado era él porque no pueden tolerar que las mujeres decidan hacer justicia”.

Por otra parte, Vargas considera que su participación en la campaña no debería ser juzgada como parte de su conducta profesional: “Que yo sea abogada no quiere decir que no puedo publicar en mi Facebook algo que yo pienso y sostengo, porque es algo que tiene que ver con mi derecho de ejercer mis libertades. El movimiento de mujeres se arroga el derecho de condenar socialmente cuando la justicia no actúa, porque el problema es que en esta justicia no se puede delegar. Es una justicia que garantiza la impunidad porque nunca le cree a la víctima”, concluye.

Esta situación se replica en muchos reductos del país en donde se continúa estigmatizando a la víctima. 

En Jujuy, las instituciones judiciales actúan frecuentemente como un muro infranqueable cuando se trata de abordar casos de abuso sexual. En sus diez años de ejercicio, Mariana Vargas solo tuvo un caso con juicio oral que llegó a condena en San Pedro: “un caso emblemático, el de Martín Aramayo que es un médico cirujano que obligó a su paciente a hacer sexo oral en el momento en que le sacaban los puntos de la operación de vesícula y ahí tuvimos un fallo en que se planteó que como la víctima no lo mordió, ni gritó, en realidad consintió la relación, de haber existido. Esos son los fallos de Jujuy: nosotros tenemos uno ahora similar en donde nos plantean prácticamente lo mismo: un abogado -Torres-, que abusó de su hija desde hace diez años, ella escapa de su situación, hace la denuncia empujada por el Hospital al que había ido por contención psicológica y con esa presión ella hace la denuncia. Se logró la imputación por abuso sexual y durante seis meses no se detuvo al acusado, hubo tres escraches de la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha en Jujuy en el estudio de este abogado, se logró que se lo detenga y fue liberado hace una semana con un fallo por falta de mérito”.

Para Elsa Colque – dirigente que decidió inaugurar la Casa de la Mujer María Conti, luego del caso Tejerina-, las decisiones judiciales están impregnadas de una cultura arraigada en la provincia: “En esta parte ocurren estas cosas. Que un hombre tenga hijos hasta con su hija, esta muy naturalizado. Todavía existe el derecho de pernada en muchos casos.”

Mientras el juicio contra Sánchez continúa su marcha, organizaciones sociales expresaron su repudio a esta medida que podría poner en peligro la continuidad laboral de Mariana Vargas. En Jujuy, el trabajo social para proteger a las víctimas es tan importante como el judicial. Es que allí donde la justicia flaquea, hacen falta otros actores que puedan contener a las mujeres que todavía sufren la impunidad de las instituciones.

FUENTE: PLAZA DE MAYO.COM - POR MARIANA DRAGONETTI