EL DERECHO Y LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO

Acaba de ser lanzado en Buenos Aires el proyecto El cuidado en la agenda pública, liderado por organizaciones de la sociedad civil, que pretende tanto instalar el debate sobre la necesidad de políticas públicas de cuidado y la desigual distribución de tareas dentro del hogar, como crear conciencia sobre el cuidado como un derecho ciudadano. Según una encuesta realizada en el año 2011 por estas organizaciones: el 76% de niñas y niños están en los hogares a cargo de las madres y el promedio de días que los padres se toman de licencia por paternidad es 4,4. Representantes de dos de los países más avanzados en la región en este tema –Costa Rica y Uruguay- participaron del evento relatando sus experiencias.

 “En nuestras investigaciones encontramos que el cuidado no es sólo un problema de política pública si no que no hay demanda social: el 84% de los niños menores de 3 años no está escolarizado y el 87% de los padres dijeron que esto sucedía porque eran chiquitos. Sólo un 3% dijo que era porque no encontró vacantes. Esto evidencia que no está generado el derecho sobre el cuidado. La propuesta del proyecto es incentivar un cambio cultural” señala Lucía Martelotte, responsable del proyecto El cuidado en la agenda pública- Estrategias para reducir las desigualdades de género en Argentina por parte del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) –una de las organizaciones de la sociedad civil que implementará la propuesta junto al Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

El proyecto tiene tres etapas. Primero realizarán un diagnóstico –en base a entrevistas con personas claves del tema- que culminará en una publicación; en base a ese material se realizará un manual de capacitación que servirá de insumo para la realización de talleres destinados a decisoras/es en el tema; y por último se promoverán diálogos intersectoriales para la generación de política pública. El territorio de abordaje será la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses de Morón y San Martín, y San Salvador de Jujuy (Jujuy) y Resistencia Chaco).

Argentina es uno de los países más rezagados de la región en relación a las políticas públicas sobre este tema. De acuerdo a una investigación realizada por ELA –De eso no se habla: el cuidado en la agenda pública, basada en un estudio de opinión realizado en el 2011 en el Area Metropolitana de Buenos Aires, sobre la percepción de las personas en relación a temas de cuidado: en el 76% de los casos, las niñas y niños están en las casas al cuidado de las madres y sólo en el 22% de los casos se hacen cargo los padres. “En los últimos años, se han producido cambios en los roles que desempeñan los varones vinculados al cuidado de los y las hijas –se señala en el informe-. Sin embargo, el compromiso de los padres varones en relación con el trabajo de cuidado se refleja en aquellas tareas vinculadas con el espacio público (llevarlos a la escuela, al médico, realizar paseos), en comparación con generaciones precedentes y no con aquellas que deben efectuarse en el interior del hogar. En concordancia con tal fenómeno, se observa que en las últimas tres décadas poco ha variado el compromiso de los padres varones en las tareas domésticas del hogar.”

Si bien el concepto de cuidado abarca a la niñez, pero también a las personas con discapacidad o enfermedades, es en la infancia, y particularmente en los primeros años de vida, en los que se concentran la mayor cantidad de tensiones vinculadas al tema, tanto por la ausencia de cobertura pública como por la falta de hábito mencionada por Martelotte. Según la investigación de ELA: cuando en los hogares hay sólo niñas y niños menores a 3 años, el 70% de ellos/as no son enviados a instituciones de cuidado; y al preguntárseles a madres y padres por qué se quedaban en casa, el 87% respondió “porque aún no tienen edad para ir a la escuela”. “El aumento de la asistencia escolar a partir de los 3 años de edad se vincula con diversos factores, entre los cuales se puede destacar las representaciones sociales de las familias en torno al momento adecuado para que sus hijos/hijas asistan a estos establecimientos, la extensión de la obligatoriedad al nivel inicial a partir de los 5 años -que ha tenido un efecto positivo en la cobertura y la asistencia- y la pretensión de universalización de la educación a partir de los 4 años de edad mediante la Ley de Educación Nacional del año 2006, que implica un avance importante en términos normativos” se señala en la investigación.

En relación a las licencias por mater-paternidad, sólo el 20% de las mujeres tomaron la excedencia de licencia, de tres meses más sin goce de sueldo, prevista por la Ley de Contrato de Trabajo; la razón que dio el restante 80% para no tomarlas no se vinculó a la falta de deseo de hacerlo sino a la imposibilidad de prescindir durante tres meses de los ingresos económicos. En cuanto a los varones, el promedio de días de licencia por paternidad que se tomaron fue de 4,4. Si bien la ley establece sólo dos días para los varones, en algunos casos tomaron días extras para quedarse con sus hijas/os. Consultados sobre el período de tiempo que la ley les otorga: si bien el 56% consideró insuficientes los dos días, un 19% de los entrevistados no sabía siquiera cuánto tiempo les correspondía.

Uruguay

Andrés Scagliola.

El programa gubernamental del Frente Amplio (Uruguay) para las elecciones nacionales del 2009 incluía la temática de cuidados. ”Pero no se sabía cómo llevarlo adelante, de qué estábamos hablando, sólo definir el tema nos llevó dos años” recuerda Andrés Scagliola, director nacional de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de ese país, presente durante el evento de lanzamiento del proyecto El cuidado en la agenda pública.

Finalmente, en el año 2012 se creó un grupo de trabajo sobre el tema, en el 2011 se propuso el debate nacional sobre el alcance que tendría y, en el 2012, esta política pública fue validada por un gabinete social. Actualmente, el proceso enfrenta otro debate vinculado a cómo se financiará el sistema: con presupuesto estatal con copagos vinculados al nivel de ingreso de cada habitante, o si se creará un impuesto específico.

Mientras tanto, a partir de este año comenzaron a implementarse experiencias concretas que articulan sobre algunos programas ya existentes y que se concentran fundamentalmente en la capacitación de personal. “Estamos capacitando a cuidadoras y cuidadores de adultos mayores, y especializados en discapacidad y niñez –explica Scagliola-. Creemos que mientras desde el Estado se generan espacios específicos para estas personas, actualmente ya pueden insertarse en los ámbitos públicos y privados existentes. Otros dos proyectos que estamos desarrollando tienen que ver, por un lado, con un nuevo modelo de gestión de residencias para adultos mayores de larga estadía, que estamos haciendo en Paysandú, para definir un nuevo modelo de salud; y en primera infancia, y muy atado a situaciones de pobreza y pobreza extrema, estamos trabajando con las situaciones de cuidado requeridas desde los programas que trabajan con subsidios para familias.”

Costa Rica

Ana María Ortiz Rechnitz

Durante la presentación del proyecto también expuso Ana María Ortiz Rechnitz –representante de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica- que relató el proceso de ampliación de la red de cuidado para niñas y niños en ese país desde el 2010. La propuesta también era parte del programa gubernamental de la actual presidenta Laura Chinchilla, que ganó ese año las elecciones.

En Costa Rica existían desde hace 50 años centros de atención para niñas y niños. El cambio introducido por la nueva gestión tuvo que ver con ampliar, en alcance y en integración, esos espacios. “Les dijimos que debían atender un mínimo de 10 horas diarias y darles a los niños al menos 4 tiempos de alimentación –explicó Rechnitz-. Fue una tarea que realizamos junto al Ministerio de Salud y dando insumos para concretarla: a los gobiernos locales le ofrecimos dinero para crear nuevos centros de atención, lo cual les permitiría generar fuentes de empleo; preparamos a las madres que tenían hogares comunitarios para esta tarea; les dimos dinero a las asociaciones de desarrollo, solidarias y cooperativas para que adecuaran sus propios centros a los nuevos requerimientos; y a los centros privados les propusimos pagarles una subvención para que tomaran a niños en condición de pobreza y vulnerabilidad. La mayoría dijeron que no porque temían que si lo hacían perderían a su clientela de clase alta, pero algunos aceptaron y la experiencia demostró que sólo se fueron dos o tres de cada 20 niños. Es un modelo solidario que se basa en la integración social. Hacíamos esto o no sé qué pasaba. Costa Rica era un país que se estaba polarizando, y esta integración es la base de la democracia.”

Actualmente cerca de 30 mil niñas y niños son atendidos en estos centros, lo cual duplicó la oferta de cuidado previa al 2010, y el desafío es llegar al 100% de la población para el año 2023. La política se financia con un fondo de asignaciones familiares que recibe impuestos por licor, cigarrillos y multas de tránsito.

FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD -  Fotos: Gisela Castro