Legisladores de distintos bloques porteños destacan la importancia de la resolución, publicada ayer por Página/12, que promulga el protocolo sobre abortos no punibles aprobado en su momento por la Legislatura y vetado por Macri.
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| Con el fallo del juez Roberto Gallardo queda en vigencia el protocolo que se ajusta a lo dispuesto por la Corte. | Imagen: Pablo Piovano |
Legisladores porteños celebraron ayer el fallo judicial que declaró inconstitucional el veto aplicado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a la ley que instrumenta el protocolo para abortos no punibles y destacaron la importancia de la decisión que promulga la norma sancionada por la Legislatura. En la sentencia, publicada ayer en exclusiva por Página/12, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, dejó sin efecto el veto, por lo que ahora rige en la Ciudad un protocolo acorde con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre abortos no punibles.
La diputada Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) destacó que “con este fallo, todas las mujeres violadas, o que su embarazo ponga en riesgo su vida y su salud, podrán pedir la interrupción en centros de salud pública y privada de la ciudad de Buenos Aires”.
Según la legisladora, Macri no sólo había rechazado la decisión de la Legislatura, sino que “a través de su entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, elaboró un protocolo de actuación en el que un equipo interdisciplinario podía tomarse hasta 12 semanas para autorizar la práctica, además de solicitar el consentimiento de los padres en caso de tratarse de menores”.
“No se calculó el riesgo de realizar intervenciones en embarazos avanzados, cuando no tuvieran que suspenderse por la extensión de los plazos, o que se tratara de casos de violación intrafamiliar”, agregó González Gass.
La diputada porteña María Elena Naddeo celebró el fallo, ya que “devuelve a las mujeres y niñas el derecho a decidir sobre sus cuerpos”. “Nuevamente un fallo que hará historia viene a zanjar una disputa iniciada por el gobierno de Mauricio Macri en contra de las mujeres y adolescentes, al limitarles la posibilidad de acceso al aborto no punible en los casos que ya preveía el Código Penal hace casi 100 años”, dijo la diputada del Frente Progresista y Popular.
La presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña recordó que la Ley 4318, sancionada por la Legislatura, tiene por objeto garantizar la atención integral de los abortos no punibles contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal. Remarcó que establece como válido el consentimiento de la niña a partir de los 14 años, sin que tengan que intervenir sus padres o representantes legales.
“Gallardo asume el fallo de la Corte del 13 de marzo de 2012 y respalda el derecho de las adolescentes a emitir su propio consentimiento en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que legitimó la Ley 4318 de Salud Reproductiva para todas las personas en edad fértil”, afirmó Naddeo.
La diputada destacó que “el fallo, como la ley, evitan todo tipo de medida que entorpezca el acceso de las mujeres a esta práctica médica”. La Ley 4318, explicó, se enmarca en el cumplimiento del Capítulo 9º de la Constitución porteña y especialmente en su artículo 37, donde se reconocen “los derechos reproductivos y sexuales, libres de coerción y violencia como derechos humanos básicos, especialmente a decidir responsablemente sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos”.
El diputado Alejandro Bodart (Nueva Izquierda) consideró que “además de innovador por anular un veto, al restituir la ley de aborto no punible el fallo reafirma un derecho elemental de la mujer ya reconocido por la Corte Suprema”.
“Para evitar las trabas que ponen otros gobernadores tan retrógrados como Mauricio Macri haría falta una ley nacional de aborto no punible, como un primer paso hacia la despenalización del aborto”, sentenció el candidato a senador porteño.
La diputada María Rachid, quien presentó el recurso de amparo contra el veto de Macri, aseguró que la resolución “garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la ciudad de Buenos Aires porque hace una interpretación muy amplia del concepto de salud que atiende al bienestar no sólo físico sino psíquico y social”. “De esta forma, todos los casos de aborto estarían comprendidos en los casos de aborto no punibles, porque siempre que una mujer aborta es porque hay un riesgo a la salud: un embarazo afecta mi salud social”, agregó. “Esto ya pasó en España y en otros países, donde el aborto no punible se amplía tanto que abarca a todos los casos de aborto. De esta forma, la ciudad de Buenos Aires estaría a la vanguardia con relación a otras provincias argentinas”, opinó.
La legisladora aseguró que la decisión de Gallardo es importante también porque “pone un límite a la utilización del veto” por parte de un jefe comunal que “ha vetado casi el 25 por ciento de las leyes generales” sancionadas por la Legislatura. “Lo que viene haciendo Macri es inhabilitar al poder de la Legislatura y eso va en contra de la forma republicana de gobierno, porque además lo hace sin fundamento razonable”, dijo. Además se mostró esperanzada en que el jefe de Gobierno porteño no insista en su postura, apelando ahora el fallo de Gallardo, “como hizo en el caso del matrimonio igualitario”, lo que significaría “contribuir a consagrar un derecho históricamente reclamado por el movimiento de mujeres”.
Por su parte, Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, consideró que “el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema por parte del gobierno de Macri ha puesto a la ciudad de Buenos Aires entre los distritos con una posición más retrógrada en materia de derechos humanos, violando así el derecho al acceso a la salud y a la igualdad de las mujeres de nuestra ciudad. Esto es especialmente preocupante, ya que además afecta desproporcionadamente a las mujeres de sectores socioeconómicos bajos, lo cual constituye una gravísima discriminación a un amplio sector de nuestra población”.
El laboratorio expresó sus deseos de que “el jefe de Gobierno acate la decisión del juez Gallardo y no apele, para de esa forma asegurar un acceso efectivo a la salud y a la Justicia para todas las niñas, adolescentes y mujeres de la ciudad de Buenos Aires”.
FUENTE: PÁGINA 12
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