El plenario de comisiones del Senado que está tratando el proyecto de ley para erradicar la violencia doméstica avanzó con la discusión en este sentido, aunque todavía no existe un acuerdo para llevar la iniciativa al pleno de la Cámara Alta.
A mediados de este año, los senadores Aníbal Fernández (FpV) y Elena Corregido (FpV) presentaron una iniciativa mediante la cual prevén erradicar la violencia doméstica en el ámbito familiar a través de diferentes herramientas, entre ellas, algunas referidas a las facultades que tendrán los jueces para intervenir en estos casos.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda tuvieron varias reuniones para tratar este tema. La última fue este miércoles, y si bien no se llegó a un dictamen se avanzó en su tratamiento y en la creación de una propuesta que podrá ser llevada al pleno de la Cámara Alta.
Con participantes de distintos ámbitos y organizaciones que se dedican a tratar la problemática, se delinearon algunas nuevas previsiones que deberán ser incorporadas a la iniciativa original.
Los legisladores volvieron a destacar que las víctimas podrán hacer valer las leyes más recientes en este sentido en los procesos que se vinculen a su caso, por sobre las mandas provinciales.
Al mismo tiempo, recordaron que esta herramienta brindada por el proyecto se utilizará de forma independiente de los procesos de divorcio, alimentos, tenencia y regímenes de visita o cualquier juicio entablado en el marco del Derecho de Familia o procesos penales que afecten a las partes, dado que las previsiones de la nueva legislación no afectan ni reemplazan a estas instancias.
La propuesta especifica en sus fundamentos la definición de violencia doméstica: “Toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad de un integrante del grupo familiar”.
En tanto, también se faculta a los jueces para que cuando reciban una denuncia en relación a un hecho de este tipo disponga medidas de intervención urgentes, al margen de que las cuestiones de competencia en el futuro hagan que la causa pase a manos de otro magistrado. De esta forma se busca evitar algunas dilaciones clásicas del Poder Judicial a la hora de atender estas situaciones.
“La iniciativa tiene por finalidad garantizar el efectivo goce de estos derechos y sancionar a quienes, dentro del ámbito de los grupos familiares, los restringen, avasallan o lesionan. Propicia asegurar los derechos de las víctimas a recibir atención psicológica, médica y jurídica especializada, reparación de los daños sufridos, protección, seguridad, información y asistencia social dentro o fuera del hogar mediante programas adecuados, para su recuperación e integración familiar, social y laboral”, precisaron los senadores.
En este sentido, alegaron que “en lo atinente a los agresores, se pretende determinar su responsabilidad por el daño causado, la reparación de sus consecuencias, la sanción por el ilícito cometido y su derivación a programas o tratamientos especializados, a fin de superar las causas que dieron origen a su accionar violento”.
FUENTE. DIARIO JUDICIAL
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