miércoles, 18 de diciembre de 2013

CHINA LEVANTARÁ SANCIONES PARA TENER MÁS DE UN HIJX

China confirmó este año el viraje en su estrategia de mercado al aprobar cuestiones "determinantes" para el desarrollo del sector privado y el consumo interno, cambio que tuvo su correlato en un aspecto considerado esencial en la histórica Revolución Cultural: permitir que cada familia pueda tener más de un hijo.



En el XVIII Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) realizado en noviembre, el partido gobernante declaró con bastantes ambigüedades que realizará amplias reformas a su sistema económico para lograr "resultados decisivos" para el 2020.

Los nuevos líderes, encabezados por el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, impulsaron un modelo de crecimiento basado en el consumo interno que reemplace al actual, apoyado en las exportaciones y empresas estatales gigantes que comienzan a dar señales de agotamiento.

Lo principal es el establecimiento de una relación adecuada entre el gobierno y los mercados, en la que éstos jueguen un papel "decisivo" en la asignación de recursos.

Además y en una decisión histórica, China decidió abolir sus campos de "reeducación a través del trabajo" y suavizará su política de planificación familiar de un hijo único, lo que permitirá a más parejas tener dos hijos.

El gobierno informó que la política del hijo único, iniciada a fines de los 70, logró frenar la superpoblación del país y permitió a incontables familias salir de la pobreza o evitarla.

China ampliará la entrada de capital privado en su sector bancario y construirá un sistema de seguridad social "más imparcial y sostenible", que aumente "gradualmente" la edad de jubilación.
En materia económica y social, China ampliará la entrada de capital privado en su sector bancario y construirá un sistema de seguridad social "más imparcial y sostenible", que aumente "gradualmente" la edad de jubilación.

La economía de China experimentó un crecimiento de dos dígitos durante 30 años, pero el gobierno prevé que el ritmo de expansión se ralentizará y caerá a un 7,5% en 2014, el punto más bajo en 23 años.

China ampliará la entrada de capital privado en su sector bancario y construirá un sistema que aumente "gradualmente" la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años en el caso de los hombres y de 55 en el de las mujeres.

Además, planea una entrada en 2014, con más flexibilidad en lo político, lo económico y lo social, que la acerque al mundo del mercado para reintegrarse con más fuerza en el selecto club de las grandes potencias.

 fuente: Tiempo Argentino

RECLAMO POR EL JUEZ QUE NEGÓ UN DERECHO


El recurso fue presentado porque el Estado argentino no garantiza los derechos de una chica salteña de 14 años, embarazada producto de una violación. Un juez de esa provincia había prohibido la práctica. Organizaciones de mujeres expresaron su repudio.


La Corte Suprema nacional ya fijó que los casos de aborto no punible no deben ser judicializados
Imagen: Pablo Piovano

El Estado argentino fue denunciado ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la obstrucción ilegal en la provincia de Salta de un aborto no punible a una adolescente de 14 años que resultó embarazada en una violación. La presentación fue realizada por la secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, la abogada Norma Chiapparrone, quien detalló ante el organismo la gravedad del caso: la chica, que fue abusada sexualmente en los últimos dos años por su padrastro, perdió seis kilos en el último mes esperando la interrupción del embarazo que un magistrado le negó. El país deberá dar explicaciones ante el organismo internacional –si da curso a la demanda– por la arbitraria decisión del juez de Personas y Familia N° 2 de Salta, Víctor Soria, de prohibir el aborto no punible solicitado por la chica y su mamá, en abierta violación de la ley y del protocolo de atención de esos casos que rige en la provincia de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Organizaciones de defensa de derechos de las mujeres expresaron su repudio (ver aparte).

Chiapparrone explicó a este diario que realizó la denuncia ante la preocupación por el estado de salud de la chica. A fines de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en un caso de una joven de El Salvador a quien le impedían en su país un aborto terapéutico (ver aparte).

La chica salteña fue retenida en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la provincia, durante casi un mes y las abogadas que representan a la familia desde el viernes, Mónica Menini y Graciela Abutt Carol, de la Alianza de abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, presumen que ese hecho se debió a que las autoridades sanitarias pretendían que avanzara el embarazo para dificultar luego la interrupción e impedir al mismo tiempo que pudiera ser trasladada a otra provincia para acceder a su derecho. La chica fue llevada al centro de salud el 9 de noviembre por su mamá, Cristina. Ese día, la mujer encontró a su pareja desde hace diez años abusando de su hija en el baño de la casa en la que convivían. El hombre reaccionó al ser descubierto golpeando a la chica. A los cuatro días de estar internada por la golpiza y el abuso, se detectó que además estaba embarazada. Los abusos sexuales, se supo después, llevaban alrededor de dos años.

El 14 de noviembre, al enterarse del embarazo, Cristina solicitó que le practicaran un aborto no punible, previsto en el Código Penal. El hospital no realizó la intervención y mientras tanto, la asesora de Menores e Incapaces N°2 Claudia Flores Larsen presentó un recurso de amparo a favor del no nacido. El juez Soria hizo lugar a ese recurso y prohibió la práctica. El magistrado no sólo vulnera los derechos de la víctima, sino que además la considera una mera incubadora: en la misma resolución dispuso que el Ministerio Público comience los trámites para entregar a la criatura producto de la violación en adopción y ordenó al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia que en el término de 48 horas entregue un subsidio a la familia de la adolescente mientras curse el embarazo. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional el decreto del gobernador Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible –elaborado de acuerdo con las indicaciones del máximo tribunal del país– porque, alegó, “atenta contra la vida de los niños por nacer”.

Cristina logró sacar del hospital a su hija el sábado a la tarde, gracias a la intervención de las abogadas. “En el hospital estaba muy deprimida, no comía. En este momento ella no sabe de la decisión del juez”, contó a este diario la mamá, horrorizada por la negativa judicial a que su hija acceda a un aborto no punible.

En su presentación ante la CIDH, Chiapparrone detalló los alcances del fallo del 13 de marzo de 2012 de la Corte Suprema de la Nación, que confirmó que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación tiene derecho a un aborto no punible en la Argentina, y que al mismo tiempo ratificó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal –que establece esta excepción–. En esa sentencia, el máximo tribunal aclaró que no se deben judicializar los pedidos ni exigir siquiera la denuncia penal por el ataque sexual para garantizar la práctica. Chiapparrone explicó que la Corte Suprema no tiene jurisdicción para hacer cumplir ese antecedente salvo que le llegue por vía de un recurso. “Pero ese procedimiento requiere un tiempo que en este caso puede ser fatal”, advirtió a este diario y a la CIDH.

FIENTE. PÁGINA 12 -  Por Mariana Carbajal

martes, 17 de diciembre de 2013

ARGENTINA: FISCALES TENDRÁN ACCESO A INFORMACIÓN REGISTRAL

Julio Alak y Alejandra Gils Carbó acordaron el intercambio de información con registros nacionales de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.




El acuerdo fue firmado en la Sede Central de la cartera de Justicia y Derechos Humanos
El intercambio digital de información entre el Ministerio Público Fiscal y los organismos registrales dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acordaron cumplir hoy el titular de la cartera, Julio Alak, y la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El acuerdo firmado en la sede de la cartera habilita a los fiscales a la utilización de los sistemas de remisión y contestación de oficios e informes en formato digital con la Inspección General de Justicia; y también les facilita el servicio de consulta de dominio e inhibiciones de automotores y  motos de los registros nacionales de la propiedad automotor.

Por su parte, a través de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal se facilita el servicio SICOIT (Sistema de Consulta de Índice de Titulares de Dominio) y SICOIN (Sistema de Consulta de Índice de Inhibiciones), que permite corroborar las titularidades de dominio inscriptas en el registro, como así también consultas referentes a inhibiciones y anotaciones personales.

Según explicó Alak, el acuerdo firmado esta mañana “potencia el fortalecimiento de la Procuración General de Justicia y pone al alcance de los fiscales una información valiosísima para los procesos judiciales”.

Gils Carbó en tanto consideró el convenio como de una “significativa importancia”, y en ese orden señaló que “contar con esa información contribuirá de modo decidido a la aceleración de los procesos”.

Bienes decomisados y secuestrados

Alak y Gils Carbó también acordaron que el Ministerio Público Fiscal y el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados puedan intercambiar información relativa a los bienes involucrados en delitos de criminalidad compleja, que podrá ser utilizada con fines de monitoreo y supervisión; como así también en casos de investigación criminal y estudios tendientes al trazado de políticas de persecución penal en caso de la Procuración General De La Nación.

En ese orden se convino que una mesa de trabajo conformada por funcionarios de ambos organismos, se encargará de participar en la planificación, diseño y coordinación de políticas de recupero de activos de fuente ilícita, así como coordinar las normativas, acuerdos, propuestas y proyectos de ley sobre sistemas transparentes y eficientes de  administración de los activos recuperados que asegure su afectación a fines de utilidad pública.

Otros acuerdos

En el encuentro entre la procuradora y el ministro se convino asimismo promover el acceso a la justicia de las víctimas y denunciantes de delitos, sean parte querellante o particular damnificada, asegurando el seguimiento de la causa penal respectiva mediante el contacto directo con el fiscal interviniente.

En ese orden, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, se comprometió a facilitar el acercamiento de los damnificados o denunciantes a las unidades fiscales correspondientes, con el objeto de asegurar el conocimiento del trámite del proceso penal de que se trate.

Otro acuerdo firmado por Alak y Gils Carbó servirá para desarrollar actividades y proyectos en materia de formación e informática jurídico-legal; especialmente para facilitar el intercambio de información y promover la difusión de las actividades y servicios prestados por INFOJUS, para garantizar el acceso igualitario a la información jurídica.

Por último, otro convenio firmado permitirá intercambiar conocimientos y experiencias y elaborar informes técnicos requeridos en causas judiciales, y transferir tecnología referida a las acciones necesarias para la prevención, detección, investigación y sanción de la delincuencia organizada.

En ese caso, el Ministerio de Justicia se comprometió a promover la articulación y asistencia mutua entre la Procuración General de la Nación y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, a los fines del uso común de recursos tecnológicos e intercambio de conocimientos en materia criminalística y de investigación forense.

Junto a Alak y Gils Carbó estuvieron en el acto los directores del Sistema Argentino de Información Jurídica, Paula Pontoriero; de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, Florencia Carignano; y del Registro de Bienes de Secuestrados y Decomisados, Nicolás Barbier.

FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Anuncios de ONU Mujeres revelan sexismo generalizado

Anuncios de ONU Mujeres revelan sexismo generalizado

Plantón Justicia para Vanessa Landinez. Quito, Ecuador 13/12/2013

CUANDO LA JUSTICIA VULNERA DERECHOS

Contradiciendo un protocolo de la provincia para atender este tipo de casos y hasta un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el juez negó el derecho a interrumpir el embarazo e inició los trámites para entregar el futuro bebé en adopción.


En abierta violación de la ley y de un fallo de la Corte Suprema, el juez de Personas y Familia N° 2 de Salta, Víctor Soria, prohibió la realización de un aborto no punible a una niña de 14 años que resultó embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometía su padrastro. 
El magistrado no sólo vulneró los derechos de la víctima sino que además la considera como una mera incubadora: en la misma resolución dispuso que el Ministerio Público comience los trámites para entregar a la criatura producto de la violación en adopción y ordenó al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia que en el término de 48 horas entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional el decreto del gobernador Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible –siguiendo las indicaciones del máximo tribunal del país– porque –alegó– “atenta contra la vida de los niños por nacer”. “Salta se debe aún un Estado laico, estas decisiones son intromisiones de la Iglesia contra los derechos de las mujeres”, señaló a Página/12 la abogada Mónica Menini, defensora de la niña y su familia e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en Salta y de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres.

“¿Cómo me puedo sentir, si hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere? Es algo horroroso”, dijo ayer a este diario Cristina, la mamá de la niña. Fue ella quien descubrió a su pareja abusando de su hija en el baño de la casa en la que convivían, en la ciudad de Salta. Al verla, el hombre reaccionó pegándole a la niña. Una vecina tuvo que ayudarla para evitar que la ahorcara, contó la mujer a este diario. Este episodio ocurrió el 9 de noviembre. Cristina llevó inmediatamente a su hija al Hospital Materno Infantil, que depende de la provincia, para que la atendieran. La niña quedó internada. “El 14 de noviembre nos enteramos de que estaba embarazada y pedimos el aborto no punible”, precisó la mujer. La niña tenía entonces 13 años y cumplió 14 en los últimos días. “Psicológicamente está muy afectada por todo lo que le pasó. Pero no sabe todavía la decisión del juez”, agregó Cristina. La mujer supo a partir de ese ataque que su hija sufría abusos sexuales y amenazas de su padrastro desde que tenía 12 años.

Cristina lo denunció. El hombre quedó detenido desde entonces en la Alcaidía Judicial, en una causa a cargo del fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Eduardo Barrionuevo, quien creyendo que la interrupción del embarazo se llevaría a cabo según el protocolo provincial solicitó que se haga resguardo del material genético para incorporarlo en la elevación a juicio. En diálogo con este diario, Menini advirtió que en el hospital dilataron la realización de la práctica, violando el protocolo y el fallo de la Corte Suprema, que establece que no se deben imponer trabas arbitrarias ante un pedido de un aborto no punible.

La intervención no llegó a realizarse. La asesora de Menores e Incapaces NO 2, Claudia Flores Larsen, presentó un recurso de amparo a favor del no nacido. La niña permaneció internada hasta el sábado a la tarde, cuando a partir de la intervención de las abogadas de la familia, que tomaron el caso el viernes, lograron que le dieran el alta médica. Las abogadas sospechan que la mantenían retenida para que no pudiera acceder al aborto en otro lugar. “En el hospital estaba muy deprimida. Desde que salió por lo menos come”, contó la mamá. El embarazo lleva ya 9 semanas. Menini y Graciela Abutt Carol, de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, que representan a la familia, denunciaron penalmente a Flores Larsen el viernes por obstruir el aborto; quieren que se investigue si incurrió en incumplimiento de sus deberes de funcionaria o cometió otros delitos al impedir que se cumpla la voluntad de la nena y su mamá. Las abogadas presentarán, por otra parte, un pedido de juicio político contra el magistrado. El juez Soria hizo lugar al amparo de la asesora de Menores e Incapaces y en la misma resolución dispuso que el Ministerio Publico Fiscal comience los trámites para entregar el niño/a nacido producto de la violación en adopción y que el Ministerio de Derechos Humanos de Salta, en el término de 48 horas, entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo.

El magistrado, además, declaró “inconstitucional” el decreto 1170/12, que establece el protocolo de actuación ante abortos no punibles en la provincia “porque atenta contra la vida de los niños por nacer”. El asesor de Incapaces en turno NO 4 apelará la resolución judicial. También lo harán las abogadas de la niña y su madre, una vez que sean notificadas.

La abogada contó que el hospital habilitó que “la niña fuera visitada en la cama donde está internada por el cura de la institución y por una voluntaria que quería mostrarle fotos de abortos”. “No lo logró porque la madre defendió a su hija y amenazó con llamar a la policía”, destacó.

“La salud de la nena está en riesgo. Perdió seis kilos en las últimas semanas. El diagnóstico psicológico dice que se está dejando morir”, señaló Menini. La madre, adelantó, seguirá luchando para que su hija pueda acceder a su derecho a interrumpir ese embarazo que no quiere continuar.

FUENTE. PÁGINA 12 -   Por Mariana Carbajal

domingo, 15 de diciembre de 2013

VIOLENCIAS: EL DÍA DESPUÉS


Los primeros 60 días después de que una mujer toma la decisión de denunciar la violencia de género que padece son un lapso que debería marcarse en rojo. Es un momento de extrema vulnerabilidad, porque la violencia suele recrudecer en forma de revancha. Este mes, dos historias de toma de rehenes exhibieron ese trasfondo. En Capilla del Señor, una mujer fue rehén, durante cinco horas, de su ex pareja, que tenía orden de restricción para acercarse a su hogar. En San Martín, otro hecho similar terminó con la aparición de una mujer y su hija asesinadas. Decir basta es el primer paso, acompañar esa acción emancipadora es una responsabilidad pública que no termina de abordarse, a pesar de algunas iniciativas en el ámbito legislativo que no se concretan.



Miriam Toledo fue rehén durante cinco horas de su ex pareja Omar Deget. Ella ya lo había denunciado por violencia de género. El tenía una orden de restricción y no podía acercarse a su hogar. Pero, el viernes 29 de noviembre, burló a la Justicia. Entró a la casa, la tuvo cinco horas secuestrada y la golpeó con los puños y un machete en la cabeza, los codos y la espalda. La policía negoció con el agresor para que la dejara libre mientras él pedía la presencia de la jueza que le había dictado la prohibición de acercamiento a su ex esposa y a sus dos hijos.

Miriam estaba hacía veinte años con una persona que le pegaba. Un día decidió terminar con los golpes. Tenía miedo de que la matara, según relató su hermana María Blanco. Sin embargo, la valentía de animarse a empezar una nueva vida no fue suficiente. El la vigilaba todo el tiempo, ingresaba a la casa cuando quería, litigaba por la tenencia de sus hijos y cuando la Justicia dispuso –apenas– noventa días más de extensión de la restricción, decidió secuestrarla. Un gran fracaso.

Sin embargo, Hugo Matzkin, jefe de la Policía Bonaerense, presente en la toma de Miriam como rehén, minimizó: “Es un tema netamente familiar. El grupo de policía, muy profesionalmente, logró que se deponga la actitud sin ningún daño colateral. En el lugar se secuestró un arma de fuego y un machete”. Las lesiones contra Miriam no son un daño colateral, según la visión policial. Tampoco el miedo, el gran miedo. Y la ineficacia de las medidas dispuestas por la Justicia tampoco son –según la perspectiva del uniformado– un tema de políticas públicas sino una cuestión familiar.

Miriam no ingresó en la lista de femicidios que, hasta el 30 de septiembre, llegan a 209, según el Observatorio Adriana Marisel Zambrano, de la Casa del Encuentro. Se salvó de la muerte y, por eso, la historia de la toma de rehenes no termina enchastrada de daños colaterales color sangre. Pero no hay que esperar a que sea la víctima 210 para actuar. Ya son demasiados los femicidios y femicidios vinculados (crímenes perpetrados para lastimar a una mujer) como los de Silvina Eriz y su hija Valeria, que ya integran esa lista. El detenido acusado de los dos asesinatos es Pablo Peralta, que era la ex pareja de Silvina y –supuestamente– las tuvo de rehenes, durante seis horas, en la casa de ella en San Martín, el domingo 26 de noviembre. Pero cuando entró la policía, con el Grupo Halcón, las dos mujeres ya estaban muertas hacía casi veinticuatro horas.

Gabriela Consme tenía 24 años y vivía en Morón. El domingo 24 de noviembre se encontró con su pareja y le mandó un mensaje a su hermano diciéndole que estaba con miedo porque él la quería matar. No se supo más de ella hasta que la encontraron descuartizada el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Su mamá es una de las integrantes de Las Mariposas de Villa París, de Glew, que en medio del horizonte llano del conurbano bonaerense suelen recordar con estampas negras a las mujeres asesinadas por ser mujeres. Esta vez, la muerte las pateó de cerca. Myriam Noemí Machaca, integrante de esta organización comunitaria con perspectiva de género, espanta con su relato: “En la situación que nos tocó tan de cerca, su pareja (pero de una relación reciente) la mató, estranguló, la descuartizó y le arrancó los órganos: vagina, útero, y colocó el cuerpo en bolsas de residuos, con un claro mensaje de odio hacia las mujeres, tratándonos como basuras o pedazos de carne justo en el momento cuando nuestro grupo regresaba lleno de sueños y proyectos de nuestro viaje al Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, donde su madre también participó”.

¿Cuántas mujeres más tienen que morir para terminar con la violencia de género y para que cuando una mujer decida terminar con esa violencia su no realmente sea un no? La protección a las víctimas, y que las medidas de protección sean realmente efectivas, es una deuda pendiente. De hecho, el 14 por ciento de las 209 mujeres que perdieron la vida en lo que va del año ya habían pedido por su vida a la Justicia y denunciado a su victimario. También de las 255 mujeres muertas en 2012, 34 tenían denuncias previas contra su asesino y 14 contaban con medidas de exclusión o de prohibición de acercamiento, según los informes de la Casa del Encuentro.

La ex directora general de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ana Suppa, subraya: “Las mujeres, cuando hacen la denuncia, deciden romper el silencio, hacer público lo que padecen en privado. La denuncia es un momento importante en un proceso difícil hacia una nueva vida para cortar el vínculo con un hombre violento. El Estado debe estar presente integralmente junto con la comunidad para acompañarla, protegerla y brindarle herramientas para su autonomía en ese proceso”.


Subsidios y botones antipánico

Ahora existe más visibilización y repercusión de la violencia de género. Pero las víctimas siguen siendo vulnerables. Y el momento de la denuncia, el momento en que esperan que ese movimiento signifique un “nunca más”, suele transformarse en una historia sin fin y el acto de liberación, la trampa de la que quedan rehenes. ¿Qué hay que hacer? Un proyecto de ley propone el reparto de botones antipánico y otro, declarar la emergencia de la violencia de género. Son algunos puntapiés para empezar en pensar no sólo en fomentar que las mujeres cierren la puerta a su agresor y hagan la denuncia sino, también, en el día siguiente.**

“La idea es entregar obligatoriamente un botón antipánico a esas mujeres que tienen denuncias o medidas contra un agresor, de forma tal de estar protegidas ante aproximaciones. El gasto es mínimo para el Estado y se pagaría desde el Consejo de las Mujeres. Había disposición, pero siempre falta algo para que se traten estos temas y la iniciativa quedó trunca”, lamenta el diputado Gustavo Ferrari. El problema es que Ferrari deja la Cámara baja el 10 de diciembre sin que el proyecto, diseñado con el objetivo de otorgar una herramienta eficaz en situaciones de emergencia, haya sido tratado. La perspectiva, por lo tanto, no vislumbra que pueda llevarse a la práctica la iniciativa que disponía modificar la Ley 24.685 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y que implicaría que se les otorgue a las víctimas sistemas de alerta y localización inmediata georreferenciada conectados con autoridades y fuerzas de seguridad. El compromiso de seguir intentando que las nuevas tecnologías se puedan incorporar a la lucha contra la violencia de género recae, en 2014, en la diputada del GEN Virginia Linares, quien adelantó su compromiso de tomar la posta en la defensa de esta iniciativa.

Por su parte, la diputada radical Inés Brizuela y Doria propone declarar la emergencia de la violencia de género, que implicaría subsidios económicos y acceso a la vivienda de las mujeres que sufren, por ejemplo, insultos, amenazas, quita de la cuota de alimentos, violaciones o golpes. Si se concreta esta idea, muchas esposas o concubinas no tendrían que soportar quedarse en la casa que comparten con su agresor porque no tienen adónde ir, o no se verían sometidas a aguantar el maltrato porque el victimario es, a la vez, quien les da de comer a sus hijos. “Resulta imprescindible la intervención plena del Estado en el acompañamiento a la víctima, luego de realizada una denuncia sobre violencia sexista. La protección integral implica tener en consideración la dependencia económica que tienen las víctimas respecto del agresor, una circunstancia que habitualmente opera como un obstáculo para las denuncias. Es necesario afrontar esta situación, considerando una prestación dineraria mensual y que exista prioridad para la mujer víctima de violencia en la adjudicación de una vivienda única. No es menor la implementación de medidas estatales para desalojar al agresor, e instalar a la víctima y su grupo familiar en la vivienda. El retardo del servicio de Justicia en casos de violencia contra la mujer se traduce como complicidad del Estado.”

Desde el eslabón concreto adonde las mujeres acuden para que la Justicia no sea quieta como una estatua y se saque la venda para mirarle los ojos lastimados por palabras, acciones o golpes, la magistrada del fuero Nacional en lo Civil Virginia Simari, integrante de la Asociación Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), opina: “La vulnerabilidad que lleva a una mujer a ser víctima de violencia continúa luego de denunciar al victimario. La decisión de denunciar es un paso importante, pero no resuelve por sí el problema ya generado. Aun cuando es deseable contar con ámbitos de contención y refugio, no puede soslayarse que el problema radica en los hechos y vínculos que motivan la necesidad de denunciar. Es por tal razón que la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina promueve firmemente acciones de prevención de la discriminación y la violencia, tendientes a formar a las mujeres, apuntando a su pleno desarrollo como personas”.

La falta de respuestas ante una declaración en la comisaría o una fiscalía u otra oficina gubernamental es tajante. En los primeros seis meses del año, más de la mitad de las mujeres que fueron a pedir ayuda a un nuevo servicio de patrocinio gratuito en Capital Federal ya había realizado la denuncia, según se desprende del balance del primer semestre del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género de la Defensoría General de la Nación. En este marco se atendieron 469 casos de violencia de género en el ámbito familiar. El 99 por ciento de las personas asistidas fueron mujeres y el 91 por ciento, madres. En un 97 por ciento de los casos denunciaron violencia psicológica, en un 82 por ciento además se suma la violencia física, en un 47 por ciento patrimonial, en un 26 por ciento sexual y en un 19 por ciento simbólica. Por otra parte, en un 86 por ciento denunciaron que la violencia sufrida se daba con una frecuencia diaria o semanal y, en la misma proporción, la relación entre las personas agredidas y las personas consignadas como agresoras es de pareja o ex pareja. Mientras que un dato sustancial es que el 54 por ciento de quienes fueron en busca de un abogado/a que las defienda ya había realizado denuncias por hechos previos de violencia.

Las opciones pueden ser discutidas, pero existen: Justicia más expeditiva, subsidios para poder irse de la casa familiar, construcción de refugios secretos donde poder albergarse, botones antipánico para alertar ante la llegada de un agresor, custodia policial para que el maltratador cumpla con la orden de exclusión y defensa comunitaria de las víctimas.

Patricia Alba Sanmamed es abogada y defiende a Daiana, una joven de 19 años que terminó en otra de las tragedias de la violencia de género cuando tuvo que defenderse de las agresiones de Facundo, su novio, y lo mató en octubre de 2011. Ella apunta: “Para que las mujeres que denuncian no caigan en la doble trampa (primero la pareja, luego las instituciones ciegas que las cosifican nuevamente), hay que efectuar un abordaje de manera masiva e integral, esto es, toda la población debe sentirse parte de la acciones para que las muertes evitables de mujeres cesen de una vez, con altos gastos en inversión para procurar refugios transitorios, botones antipánico que en algunos casos han funcionado, traba de medidas cautelares en real tiempo record como dicen las leyes (no como ahora que, cuando llegó la cautelar, el tipo probablemente ya la mató), asegurar que estas restricciones de acercamiento se cumplan efectivamente poniendo, si es necesario, las custodias que hagan falta”.

La realidad cerca, muchas veces, a las mujeres entre la inseguridad íntima que las acorrala en las paredes de su casa y abrir la puerta para caminar por una vida sin violencia, pero con el abismo que implica, todavía, la falta de resguardo después de una denuncia. Sin embargo, existen posibilidades para que alentar a las víctimas a que declaren el maltrato no implique empujarlas hacia una situación de mayor peligro. “En el Poder Judicial debieran crearse fiscalías específicas abocadas a la violencia de género, para dar suficiente respuesta a las incontables denuncias que van a parar a los pasillos de tribunales, abarrotados de todo tipo de causas de otro tenor porque, actualmente, no aplican jamás la perspectiva de género. Yo viví que para la mayoría de la Justicia, salvo excepciones, una mujer que mata es asesina, pero un hombre que mata –probablemente– sólo quiso lastimarla. Por eso hacen falta acciones integrales en todos los sectores sociales y decisión política para que esto deje de ser una declaración de buenas voluntades que no impide, como claramente vemos a diario, que la sangre de miles de mujeres siga corriendo.”

“Aunque se han logrado muchos avances, aún queda un largo camino por recorrer para que las víctimas de violencia de género reciban un apoyo adecuado de parte de las instituciones y no sean revictimizadas. En este sentido, es necesario que el Gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales trabajemos de forma conjunta para garantizar los canales de información, las herramientas y los cuidados necesarios, que les permita a estas mujeres víctimas de violencia dar un corte a la situación en la que se encuentra inmersa”, propone Silvia Zubiri, directora ejecutiva de Fundación AVON en el marco del programa Alza la Voz contra la Violencia Hacia la Mujer.

El abogado Darío Witt es presidente de la Casa Abierta María Pueblo para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia y miembro del Instituto Nacional de Hombres Contra el Machismo (Inahcom), y diagnostica: “Han sido muchos los avances legislativos sobre igualdad de derechos durante los últimos años, quizá como nunca antes. Sin embargo, el asesinato de mujeres, encuadrable en conductas femicidas, persiste como una estadística dura, estable y muchas veces creciente. Ahora bien: cuando sucede una denuncia, ¿ocurrirá realmente que el tema dejará de ser técnicamente del ámbito privado y dará lugar a lo público para intervenir como sistema de protección solicitado? Enseguida nos respondemos que al no ser un problema identificado como una cuestión de inseguridad, la respuesta es claramente un no. ¿Impulsar campañas que promuevan hacer denuncias de manera masiva genera mayor protección para la accionante? Si no hay programas integrales para que la víctima sea acompañada social, psicológica y legalmente, además de protegida si hay riesgo de vida, la respuesta vuelve a ser un no. Hemos comprobado que el momento más peligroso y pre-femicida son los primeros 60 a 180 días de producido el corte del vínculo violento, y minimizar esta situación es altamente peligroso”.

Otra idea que surge es generar campañas de concientización que incluyan a los varones como protagonistas y, también, grupos de trabajo, con perspectiva de género, para que los agresores puedan terminar con su violencia. “Combatir a la cultura machista no implica luchar contra los hombres sino contra un sistema que nos atraviesa a todas las personas, que no es inmutable ni biológico, y por lo tanto posible de ser cambiado –se esperanza Witt–. Las soluciones siempre son comunitarias, por lo tanto comprometer a los hombres para que se sumen activamente a esta lucha no sólo es estratégico sino absolutamente necesario. Sólo así el camino para que exista verdadera igualdad de derechos entre los géneros logrará continuidad en el tiempo.”

Por su parte, la psicóloga Graciela M. González apela a la responsabilidad de los/las profesionales que tienen que atender a las víctimas: “Las leyes registran los cambios y progresos alcanzados como conjunto social, pero no bastan para cambiar las mentes de las personas. El hecho de que se hayan desactivado los elementos más feroces del patriarcado se debe fundamentalmente a las luchas del feminismo, que lograron que dejara de considerarse a la violencia contra las mujeres y los niños/as como natural; sin embargo, todavía tiene adeptos la anacrónica idea de que los hombres poseen derecho de vida o muerte sobre la mujer, como el pater familias romano. O la no menos anacrónica de que cuando las mujeres dicen no, en realidad quieren decir que sí. Los/as psicólogos/as, jueces, juezas y abogados/as no tenemos excusas para no oír a las víctimas”.

FUENTE: PÁGINA 12 -   Por Luciana Peker

** La Ong se permite opinar y ampliar medidas al respecto: Luego de la denuncia ¿que? , ¿ quienes se hacen cargo de la salud psicofísica de las víctimas y el núcleo familiar?, alentamos (y los dispositivos para regularizar la denuncia) han dado pasos importantes, pero si de manera inmediata no se opera con la víctima, no sólo otorgándoles herramientas económicas sino, por sobre todo empondertándola y acompañándola en el proceso de fortalecimiento bio-psico- social, seguimos dejándola entrampada en el circulo de violencia. Es una gran deuda pendiente hacia ellas. Por ello,resulta imperativo trabajar de manera integral.

viernes, 13 de diciembre de 2013

"NO SE ESTÁ HACIENDO LO SUFICIENTE PARA FRENAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTRE LAS ADOLESCENTES

Asociaciones y expertas alertan: la violencia de género se extiende entre los jóvenes. Cada vez son más los casos de mujeres jóvenes que llegan a los centros de la mujer y a los programas que tienen en marcha las asociaciones. Hace solo unos días un joven de 18 años asesinó a su novia de 14 porque ella no quería continuar con la relación. La presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, María Jesús Girona, asegura que las conductas machistas están muy presentes en los adolescentes, a quienes les cuesta identificar estos comportamientos como violencia. Su organización ha puesto en marcha la campaña 'Grabátelo' para prevenir la violencia de género en la juventud.





Mucha gente está advirtiendo que la violencia de género sigue presente entre los adolescentes. Sin embargo, existe la creencia de que estos comportamientos desaparecerán con el tiempo y con la llegada de nuevas generaciones, ¿es así? 

No, en absoluto. Lo que sucede es que cuesta ver reflejada esta realidad entre los adolescentes. Sí hay violencia de género entre la gente joven, aunque quizá no como antes o como en las relaciones adultas. Entre los adolescentes tiene mucho que ver con las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, como el whatshapp. La violencia de género no es tanto física como psicológica: mediante seguimientos, posesión, manipulación... Las conductas no han desparecido, se han transformado.

¿Cómo se está expresando la violencia de género entre la juventud? 

Sucede mucho en las redes sociales, como ya he apuntado, donde puede llegar a cobrar unas dimensiones de las que a veces no somos conscientes. Hay conductas agresivas y de posesión, en primer lugar de carácter psicológico: acoso, control sobre dónde está la persona, si lleva o no minifalda, si va o no pintada, por qué sale así de casa, si habla con alguien... Al fin y al cabo son los celos, que es algo que en los jóvenes se ha trabajado poco y que va in crescendo. Ya hay hasta un dispositivo en los móviles que te permite saber dónde está tu pareja en cada momento. Es un control excesivo sobre la otra persona. Y cuando una chica o un chico se sale del círculo que su pareja ha trazado, se producen estos ataques de celos u obsesión que llevan a actos compulsivos, de ira o histeria. Y pueden acabar en maltrato psicológico o llegar incluso a las agresiones físicas. 

Vosotros señaláis que muchas de estas conductas no son percibidas por los jóvenes como algo malo... 

En las campañas de prevención se suele decir que, si te sientes mal, es que algo va mal. Hay algunos comportamientos tan asumidos que ni siquiera se cuestionan. De ahí la importancia de hablar de los micromachismos. Se toman como algo natural actitudes que luego hacen difícil que creas que realmente estás sometida a la violencia. Parece que la violencia es física o no lo es. Y nada más lejos de la realidad: antes de la violencia física hay otra psicológica, que es también muy grave, y que es lo que más cuesta arrancar entre los jóvenes. Cuando vemos con ellos vídeos que recrean este tipo de relaciones, les resulta difícil ver que hay conductas que no son normales. Las adolescentes hacen suyo el modelo de amor romántico que se vende en la sociedad, donde el hombre es dominante y la mujer, sumisa, y donde el príncipe azul es lo único que parece existir. Por otro lado, está también el miedo a salir, a denunciar. Y hay también una falta de credibilidad hacia las mujeres. 

¿Se está haciendo algo para prevenir la violencia de género entre los jóvenes? 

El propio Observatorio de la Violencia de Género del Poder Judicial constata que cada vez hay más agresiones entre jóvenes, pero hay una falta importante de recursos. Igual que en todos los institutos hay medidas de prevención de problemas bucales, también debería haberlas para prevenir la violencia de género, pero no existen. Cuando ocurre un caso como el asesinato de esta chica de 14 años, la sociedad se mueve, pero al final se queda en nada y ese impulso desaparece. No se está haciendo nada por frenar la violencia de género entre adolescentes. No hay programas, ni proyectos, ni herramientas específicas para, por ejemplo, intervenir en los institutos y, si los hay, son mínimos. Hacen falta recursos de intervención con gente que esté trabajando en ello constantemente. 

¿En qué consiste vuestra campaña 'Grabátelo'? 

Trabajamos la prevención de la violencia de género, del sexismo y de los micromachismos. Por un lado, con jornadas para profesionales para aprender a detectar la violencia de género; por otro, con talleres con chicos y chicas. Los talleres tienen poca teoría y mucha práctica, con dinámicas donde reflejar lo que está pasando y que ellos se den cuenta de lo que es la violencia de género, de lo que son actos machistas y violencia psicológica. Cuando ven reflejadas algunas conductas te dicen "¡Ostras!, esto me ha pasado a mí" o "Le ha pasado a mi amiga", y hasta ese momento no habían sido conscientes. El objetivo es precisamente ese, hacerles conscientes de lo que están viviendo o de lo que está pasando en su entorno. Es un programa que estamos llevando a todas las federaciones territoriales. Nuestra idea es ampliarlo para intentar acceder a los institutos, pero es muy difícil entrar en las instituciones públicas.

FUENTE: OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO - MADRID

DEBEMOS CONVENCER A LOS MEDIOS DE QUE HAY UN VÍNCULO ENTRE LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La vulneración de la libertad de expresión de las mujeres –expresada en la discriminación tanto en los contenidos de los medios como en la ausencia de mujeres en la estructura laboral- es uno de los ejes de investigación de Margaret Gallagher, pionera en las investigaciones sobre comunicación y género a nivel global. 


Dice que el derecho de las mujeres a disfrutar de la libertad de expresión está actualmente socavado y que el abordaje de los contenidos de los medios es un problema mucho más amplio que el de la democratización de la estructura laboral de los mismos.

 Margaret Gallaguer es una investigadora irlandesa pionera en temas de comunicación y género, que basó gran parte de sus estudios en el vínculo entre la discriminación de género y el derecho a la libertad de expresión de las mujeres.

En la siguiente entrevista analiza qué puede esperarse de la recientemente creada en Bangkok Alianza Global en Medios y Género (GAMG) y luego se refiere a la necesidad de que las mujeres podamos disfrutar de la libertad de expresión y a las razones por las que es fundamental que ocupemos el 50% de los puestos en los medios, desde los más bajos hasta aquellos en los que se toman las decisiones.

¿Cómo evaluás la creación de la GAMG en el contexto del poco compromiso internacional que ha habido los últimos 18 años con el Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing referido a medios de comunicación? ¿Creés que la alianza servirá para que este compromiso aumente?

Yo creo que la creación de la GAMG es un paso positivo. El Capítulo J ha sido una de las áreas más descuidadas de la Plataforma de Acción de Beijing y la GAMG puede potencialmente crear visibilidad, incidencia y presión para que los temas vinculados a los medios sean tomados seriamente. Si luego la GAMG ayudará o no realmente dependerá de su liderazgo, compromiso y recursos. Es aún demasiado temprano para saber esto. Habrá que ver qué pasos dan UNESCO y otros grupos que integran la Alianza para que efectivamente ésta sea conocida, qué espacio se les da a las discusiones sobre género y medios en los encuentros y eventos internacionales, y qué recursos se destinarán para dar los primeros pasos –por ejemplo, la creación de una base de datos internacional para compartir información, o unir las bases de datos existentes- de tal manera que la Alianza tenga un sentido y sea algo más que palabras.

¿Cuál creés que es el mejor argumento para defender los derechos humanos de las mujeres cuando las empresas de comunicación invocan el derecho a la libertad de expresión para no modificar sus contenidos?

La libertad de expresión es un valor fundamental del sistema de medios en el marco de sociedades democráticas. Pero los derechos y la libertad no son neutrales. Desde hace décadas, las investigaciones vienen demostrando que los profundos desequilibrios en el  contenido de los medios y en la toma de decisiones significan que el derecho a la comunicación de las mujeres está siendo severamente limitado por capas de limitaciones estructurales, económicas y culturales vinculadas a temas de género. En febrero del 2010, fue aprobada la Declaración sobre las Diez amenazas a la Libertad de Expresión por parte del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el representante para la Libertad en los Medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial en Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Relator Especial en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR  por sus siglas en inglés). En esa Declaración fueron identificados los diez desafíos de la libertad de expresión para la siguiente década. Uno de ellos es la “discriminación en el disfrute del derecho a la libertad de expresión”. El reporte dice que las mujeres “luchan para que sus voces sean escuchadas y para acceder a información que sea relevante para ellas”. Poca representación, insuficiente cobertura, y la prevalencia de información estereotipada son citadas como obstáculos para el igual disfrute de la libertad de expresión. Debemos convencer a los medios de que existe un vínculo entre el desequilibrio de género dentro de ellos en relación al contenido y a la estructura laboral y los principios de la democracia y la libertad de expresión que los medios defienden.

¿Por qué este vínculo es fundamental?

Precisamente por lo que dije: sin un igual disfrute de la libertad de expresión las voces de las mujeres no pueden ser escuchadas. La igualdad de género en los medios depende de romper con los prejuicios internos del sistema de medios sobre la poca relevancia que se debe dar a las mujeres, tanto en la estructura laboral como en los contenidos. Cuando las mujeres sean capaces de ejercer plenamente su derecho democrático a la comunicación –para hablar, ser escuchadas y ser tomadas seriamente- habrá una mejor comprensión de cómo operan los prejuicios de género y de los pasos que sean necesarios dar para el logro de la igualdad.

La importancia de la igualdad en la estructura laboral de los medios se vincula a un principio democrático de igual representación. ¿Creés que además puede haber un efecto en los contenidos si más mujeres estuvieran trabajando en los medios?

La igualdad en las salas de redacción, y en las organizaciones de medios en general, es un tema vinculado a la igualdad en los derechos laborales de las mujeres, a la participación y a la toma de decisiones. Cuando hay barreras estructurales –o incluso de actitud- para que las mujeres periodistas asciendan en sus carreras, esto puede ser abordado como un problema de discriminación en el empleo. En muchos países hay legislación que prohíbe la discriminación basada en razones de género, y esto puede ser usado para combatir la discriminación de género en las salas de redacción. Pero creo que es un error asumir que hay un vínculo directo entre la presencia de las mujeres en los medios y el logro de la igualdad de género en los contenidos mediáticos. El tema del contenido –cómo se elige cada nota, qué aspectos son priorizados, las limitaciones con las que trabajan las y los periodistas- es algo mucho más amplio. No puede estar atado simplemente al género de los individuos que producen el contenido. Para modificar el contenido de los medios necesitamos un análisis mucho más profundo de toda la problemática, de la cual el género es sólo una parte.

FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD - Por Sandra Chaher, desde Bangkok

Marcela Lagarde: La idea de la violencia para dirimir conflictos y ganarle al otro es muy patriarcal y machista

jueves, 12 de diciembre de 2013

LOS INDICADORES DE GÉNERO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

La construcción de indicadores de género se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad y la misma que está vinculada a una perspectiva de derechos humanos. Se parte del principio de que los derechos humanos son producto de un proceso histórico que incide en la vida diaria de todas y cada una de las personas, mujeres y hombres; por consiguiente, estos derechos no son estáticos, ya que se derivan de las circunstancias en que se dan las diferentes etapas de la vida de las personas: sus necesidades, sus posibilidades, sus habilidades, etc.




El construir indicadores de género en un marco de derechos, implica la posibilidad de utilizarlos para la construcción de herramientas conceptuales de manera que dichos derechos se reconozcan y también para que se puedan defender. Uno de los retos en la defensa de los derechos humanos es encontrar las maneras de defender la universalidad de los derechos de todas las personas, al tiempo que construimos el respeto por la diversidad y la diferencia. Cuando se violan los derechos humanos, no solamente se hace en relación con la dimensión de clase, raza, orientación sexual, edad y cultura, sino también en función del género, ya que el hecho de ser hombre o mujer, define el cómo se manifiestan esas violaciones. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres y en especial de las violaciones a los derechos por cuestiones de género, lo que se propone es la expansión de los derechos humanos, y por consiguiente, la expansión del concepto de quiénes somos, percibidas como seres plenamente humanos y como ciudadanas.
En este contexto, el enfoque de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres como ciudadanas plenas tiene que estar respaldado por una enorme voluntad política, que modifique las concepciones actuales y contribuya a disminuir las asimetrías y la desigualdad en la calidad de la vida de las mujeres y los hombres. Se trata de construir sociedades en las que ninguna vida humana valga más que la otra, en donde las necesidades de los y las menores tengan la misma prioridad y el valor que la de los adultos mayores y en donde la edad y el sexo de las personas no determine la etapa de su vida en la que se le brinden servicios de salud con mayor o menor frecuencia o con mayor o menor calidad; en donde las responsabilidades domésticas y el cuidado de la familia sean compartidas y distribuidas de manera equitativa y el papel que juegan las mujeres y las niñas no sea relegado ni excluido de la toma de decisiones; en donde todos los niños y las niñas, independientemente de su lugar de residencia y su condición socioeconómica, tengan la misma oportunidad de ingresar y permanecer en la educación básica y que tengan la posibilidad de ingresar a los niveles superiores de educación que el Estado pueda ofrecer; y en donde el sexo o el estado civil no determine las oportunidades para conseguir un empleo y para recibir la capacitación necesaria para el desarrollo de las actividades, o para recibir el mismo salario cuando se hace el mismo trabajo y se invierten las mismas horas para realizarlo.




Todo ello implica que el Estado debe diseñar políticas de desarrollo relevantes a la equidad de género y dentro del marco de los derechos humanos, enfocándose a la reducción de tales brechas y valiéndose de información que le permita detectarlas. Sin embargo, en muchos países esta información relevante no se produce y no es posible conocer el significado y la profundidad de estas brechas. En otros casos, aunque la información existe, no se hace la desagregación requerida para conocer el fenómeno que queremos medir. Así que, para producir información cuantitativa para la formulación de planes nacionales, es necesario también producir información para sensibilizar a las autoridades, para hacer el seguimiento y monitoreo de las políticas y también para la rendición de cuentas de los organismos públicos.



La incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas contempla que la producción de éstas tome en cuenta las diferentes realidades socioeconómicas y culturales que hombres y mujeres enfrentan en la sociedad.
Esto significa que toda la información recopilada debe considerar que los factores basados en el género afectan e influencian en forma diferenciada a hombres y mujeres.



El proceso de incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas incluye la sensibilización y la capacitación del personal involucrado, tanto en el diseño como la recolección y tratamiento de la información, la presentación y difusión de los resultados. Es decir, un diseño que se base en un marco que asigne prioridad y haga visible la condición de las mujeres en los tópicos que se investigan; que la recolección y tratamiento de la información no estén sesgados por las concepciones estereotipadas sobre el papel que juegan mujeres y hombres en los distintos ámbitos de su vida; y que la presentación y difusión de resultados se realice mediante una adecuada producción de tablas y gráficos, que permitan visualizar en forma clara y sintética los aspectos claves de la inequidad de género, para que llegue al público en general de manera clara y oportuna.
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/26731/Guia%20asistencia.pdf

FUENTE: Mujer del Mediterráneo.

LA CLAVE PARA CONTRARRESTAR LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

Asegurar la incorporación de la perspectiva de género en el programa docente y en las escuelas.



Las escuelas deben ser el lugar donde se termine con los estereotipos de género. Sin embargo, en los salones de clases frecuentemente se refuerzan las diferencias de género tradicionales. La capacitación de los profesores casi nunca se orienta hacia la sensibilización sobre los aspectos de género. De manera que, es muy frecuente que los maestros tengan ideas de que las niñas son menos inteligentes y que es menos probable que tengan mejores resultados que los niños. Es muy común que se mantenga una orientación sexista en los libros de texto, pues se presenta a las niñas solamente desempeñando los papeles tradicionales del cuidado. Tales expectativas son sostenidas por los profesores y están implícitas en los materiales de enseñanza, los que confirman, en vez de dar por terminado, el “estatus quo”. Se necesita hacer una revisión del programa desde la perspectiva de género, donde sea necesario, rediseñarla bajo un modelo que incorpore los aspectos de género. La capacitación de género para los maestros tiene que ser un pre-requisito esencial para su nombramiento. Se necesitan medidas para asegurar un balance de género en la profesión docente y dentro de las escuelas, ello ayudará a proveer modelos positivos de comportamiento tanto para niñas como para niños.



En particular, en los países más pobres, el equipamiento del salón de clases y las facilidades disponibles en la escuela pueden ser una de las causas que la asistencia de niñas se dificulte. La ausencia de servicios sanitarios privados o de mesas y sillas, e inclusive la disponibilidad cercana de agua corriente, pueden ayudar a disuadir a las niñas para ir a la escuela. La distancia de la casa a la escuela también es considerada por los padres que se preocupan, como una gran barrera para la seguridad de las niñas. Por lo que la prevalencia de escuelas distantes, junto con las instalaciones precarias de las escuelas son impedimentos adicionales que operan para reducir la participación de las niñas en la escuela aún cuando están inscritas.
En los últimos treinta años, uno de los aspectos de la educación en donde se ha dado una transformación muy importante, es en el de la incorporación de mujeres en el nivel superior. La presencia femenina en la educación media y superior ha seguido un aumento constante, a pesar de que son pocos los cambios sociales que justifiquen este ritmo de crecimiento de la población femenina en las universidades. Durante mucho tiempo, su incorporación pasó desapercibida y frecuentemente ésta se consideró solo como el “paso previo a un buen matrimonio”. Hoy en día las mujeres se incorporan a los estudios superiores con nuevas miras, buscando ejercer sus conocimientos en los espacios públicos y en el mercado de trabajo. No obstante la ampliación de la matrícula educativa femenina en este nivel, así como su ritmo de crecimiento, los destinos educativos de hombres y mujeres no se igualan. (INMUJERES, 1999).

FUENTE: MUJERES DEL MEDITERRÁNEO.

martes, 10 de diciembre de 2013

UN ESFUERZO GLOBAL PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entre el 2 y el 4 de diciembre se realizó en Bangkok, Tailandia, el Foro Global en Medios de Comunicación y Género convocado por la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Al cierre del mismo se constituyó una Alianza Global en Medios y Género (GAMG) que intentará apuntalar el debate sobre el tema con vistas a la revisión, en el 2015, tanto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing. Esta alianza, que nació ya en Bangkok con casi cien organizaciones asociadas de todo el mundo, es un intento porque el debate internacional sobre desarrollo, pero particularmente sobre género, no excluya el relevante rol de los medios de comunicación en el logro del mismo.






 Hacía 20 años que no se realizaba un evento mundial sobre comunicación y género. El último, justamente, se celebró también encentral2 Bangkok en 1994, con el objetivo de apuntalar el debate que se daría un año después en Beijing durante la Conferencia Mundial de la Mujer convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Pero ese encuentro, llamado La comunicación como fuente de poder para las mujeres, no fue convocado por un organismo de las Naciones Unidas sino por organizaciones de la sociedad civil. Esta es la primera vez que un foro de este tipo es convocado desde la Organización de las Naciones Unidas, concretamente desde  la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La realización del Foro Global en Medios de Comunicación y Género- Hacia una Alianza Global, que se realizó la pasada semana en Bangkok, indica el esfuerzo, por parte de esta organización, de instalar en el debate  internacional la necesidad imprescindible de que los temas de género, y particularmente la comunicación, sean parte de los elementos que se consideren imprescindibles en una agenda futura de desarrollo. No habrá desarrollo sustentable ni justicia social si las mujeres estamos excluidas de la ecuación y, en el logro de la igualdad, los medios de comunicación ocupan un lugar central.

El Foro, que convocó a periodistas, académicas/os, organizaciones de la sociedad civil, funcionarias/os, directivas/os de medios de comunicación y de organizaciones profesionales de periodistas de todo el mundo, no contó sin embargo con la participación de las máximas autoridades de los organismos de Naciones Unidas. Irina Bokova, directora de UNESCO, cuya presencia estuvo confirmada en un principio, finalmente no pudo asistir. En su lugar y a cargo de todo el evento, estuvo el Director Asistente de Comunicación e Información de UNESCO, Janis Jarklin. Tampoco estuvo presente ONU Mujeres, el organismo de las Naciones Unidas para las Mujeres; en su lugar se proyectó durante la apertura del evento un mensaje realizado en video de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora del organismo.

El secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, estuvo representado por Luc Stevens, quien durante su exposición vinculó el acceso a la comunicación de las mujeres como parte de su derecho a la libertad de expresión. “La equidad de género es también un derecho básico y es uno de los Objetivos del Milenio. El hecho de que las mujeres puedan expresarse libremente contribuirá al cambio social” expresó.

Otro tema que también sobrevoló todo el foro –además del derecho a la libertad de expresión de las mujeres y la necesidad de unir indisolublemente los conceptos de igualdad de género y desarrollo sostenible- fue el doble rol de los medios de comunicación –particularmente de los nuevos medios disponibles a partir de la tecnología digital-en relación al logro de la igualdad: por un lado son herramientas fundamentales de las que las mujeres disponen y que utilizan para empoderarse y, por otra parte, son fuertes reproductores de la desigualdad. Kalpana Sharma, periodista hindú, se refirió en este sentido, durante la ceremonia de apertura, a cómo los medios de su país reprodujeron innumerables veces la grabación del video de la violación a una mujer.

Si bien el evento fue llamado Foro Global sobre Medios de Comunicación y Género, la mayoría de las referencias y presentaciones estuvieron vinculadas a la representación de las mujeres en los medios de comunicación y al lugar que ocupan dentro de la estructura laboral. Hubo poquísimas referencias a cómo esta situación afecta a personas con identidades de género diversa.

La formación de una alianza global

El objetivo con el que se realizó el Foro Global en Medios de Comunicación y Género fue la conformación de una Alianza Global en Medios y Género (GAMG), cuyo objetivo será –fundamentalmente en los próximos dos años- apuntalar el debate global sobre comunicación y género en el marco de la reformulación, en el 2015, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la revisión de la Plataforma de Acción aprobada durante la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, además de la revisión, también en el 2015, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (realizada en el 2003 y 2005).

El Plan de Acción aprobado en 1995 en Beijing incluye a los medios de comunicación como una de las 12 áreas prioritarias de acción para el logro de la igualdad de género. Durante los procesos de revisión de Beijing realizados desde entonces (tres hasta la fecha, cada cinco años), el énfasis puesto en los medios fue bajísimo, lo mismo que la atención que da al tema el trabajo constante de la Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW por sus siglas en inglés).

La GAMG nace entonces para llenar el vacío que hubo sobre el tema en los últimos 20 años por parte de los organismos encargados del seguimiento del tema. Pero además lo hace en un contexto esperanzador, ya que en los últimos años se vienen detectando, en distintos lugares del mundo –y Argentina es un buen ejemplo de ello- avances en el logro de la igualdad en los medios.

El Plan de Acción de la GAMG –cuya versión definitiva estará disponible antes de fin de año en la web de UNESCO-, que fue debatido durante varios meses por especialistas de todo el mundo y discutido durante los tres días del Foro en Bangkok por participantes de los cinco continentes, tiene como aspectos destacables –además de la inclusión en el mismo de los aspectos conceptuales señalados del desarrollo unido a la igualdad y la libertad de expresión- el compromiso de que el trabajo de la GAMG se realice en el marco de los derechos humanos y define como los objetivos centrales del mismo: 1) Influenciar los debates que tendrán lugar en el 2015 –agenda post Objetivos de Desarrollo del Milenio y Conferencia Mundial de la Mujer, que se realizará el mismo año en Pekin-; 2) Desarrollar acciones tendientes al logro del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en los contenidos de los medios y dentro de la estructura laboral de los mismos.

La referencia explícita al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de las mujeres es fundamental, ya que éste suele ser el argumento con el que las empresas mediáticas rechazan cualquier tipo de regulación.

Incidencia sobre Pekin y los ODM

En relación a la Conferencia Mundial de la Mujer que se realizará en el año 2015 en Pekin, en revisión de la Conferencia Mundial de la Mujer de 1995 de Beijing, la GAMG propone, entre otras iniciativas, que se discutan acciones afirmativas y/o sistemas de cuotas para las empresas de medios de comunicación; convocar a encuentros con directivas/os de medios para discutir estrategias de acción; involucrar a las personas jóvenes; y promover que las periodistas sean convocadas en los procesos de reconstrucción de la paz.

En relación al debate de la agenda de desarrollo post 2015, promueven que se asegure un igual tratamiento para mujeres y varones en los medios, la seguridad de las mujeres en los mismos y una representación justa de las imágenes, entre otros temas.

Algunas de las acciones prioritarias que realizará la GAMG durante los años 2014 y 2015 serán la inclusión de personas jóvenes en el logro de la igualdad en los medios; la promoción de educación formal, y de investigaciones y literatura, que incluyan contenidos de comunicación y género; promover la cooperación entre empresas de comunicación, Estado y sociedad civil; y la búsqueda de fondos para proyectos sobre comunicación y género.

La GAMG nació en Bangkok con la inclusión de 74 instituciones de todo el mundo, tanto organizaciones de la sociedad civil, como espacios académicos, asociaciones profesionales de periodistas, organismos internacionales y empresas de medios de comunicación. Entre ellas, y más reconocidas en esta región del mundo: la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Geena Davis Institute on Gender and Media, Inter Press Service, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la misma UNESCO. Quien desee suscribirse a la GAMG puede hacerlo a través de este link.

FUENTE. COMUNICAR IGUALDAD - Por Sandra Chaher, desde Bangkok