viernes, 7 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL TREN DE LA IGUALDAD

TÍTULO ORIGINAL: España en el túnel del tiempo por la reforma de la ley del aborto

El sábado, miles de personas marcharon en Madrid en contra del proyecto de reforma de la ley de aborto que promueve el gobernante Partido Popular y que haría España se caiga del mapa de Europa por su conservadurismo. Mujeres, hombres, jóvenes y niños provenientes de varios estados del país tomaron el Tren de la Libertad que lxs llevó a la capital. La acción se transformará en una película documental realizada por buena parte de las directoras españolas. Si bien el Ministro de Justicia dijo que seguirá adelante con la reforma, en el PP las aguas están divididas por el alto costo político que implica.



Miles de personas –mujeres pero también varones, jóvenes y niñxs- se manifestaron el sábado 1 de febrero en Madrid reclamando al gobierno del Partido dest3Popular (PP) que retire el proyecto de ley de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada que impulsa y que implicaría un enorme retroceso en relación a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que rige en España y que legaliza el derecho de acceso al aborto hasta la semana 14, en sintonia con la enorme mayoría de los países de Europa.




La marcha estuvo integrada por mujeres de varias regiones del país -Asturias, Alicante, Vigo, Barcelona, Huelva, Sevilla- que llegaron a Madrid en un movimiento que simbólicamente fue llamado El tren de la libertad, ya que la iniciativa surgió semanas atrás de dos organizaciones de mujeres de Asturias que propusieron ir en tren a Madrid a manifestarse frente los edificios del gobierno central.

Una delegación de 15 mujeres entregó el manifiesto Porque yo decido en el Congreso de lxs Diputadxs, que es el que finalmente deberá decidir si aprueba o no el proyecto del PP. Allí dicen, entre otras cosas: “Porque vivo en democracia y soy demócrata acepto las reglas de juego que deslindan derechos de pecados y ley de religión. Ninguna mayoría política nacida de las urnas, por muy absoluta que sea, está legitimada para convertir los derechos en delitos y obligarnos a seguir principios religiosos mediante sanción penal”.

Desde el PP la respuesta a la manifestación vino del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, principal impulsor de la propuesta de ley. El funcionario dijo durante la tarde del sábado, y en el contexto de la convención que el PP que se celebraba en Valladolid: “No hablamos de un tema de moral, de conveniencia electoral, sino de defensa de los derechos fundamentales. (…)Tenéis mi compromiso personal que no habrá ni un grito ni ningún insulto que a este ministro le vaya a hacer abdicar del compromiso de cumplir el programa de regular los derechos de las mujeres y del concebido”.

La enorme marcha que llegó el sábado a Madrid fue registrada por 14 equipos audiovisuales dirigidos por más de 60 directoras de cine de la península ibérica que decidieron sumarse a la iniciativa y la transformarán en cortos y en un documental.

Algunos de los testimonios recogidos elsábado en la marcha por los medios de comunicación españoles dan cuenta de la preocupación de la gente porque España retroceda en el tiempo. La actriz Aitana Sánchez-Gijón resumió de esta forma el sentir general: “Estoy triste por tener que volver a luchar por un derecho que ya habíamos ganado. Yo recuerdo haber ido a manifestaciones con mi madre hace 30 años. Esta ley que nos quieren colar es retrógrada y responde a los intereses de una minoría”.


Sólo dos causales para acceder al derecho

El proyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada impulsado por el gobierno del PP, vuelve a transformar al acceso al aborto en un delito, como era antes de la reforma del 2010, pero con menos supuestos de despenalización que los que tenía en ese entonces. Si se aprobara la reforma, y se eliminara el derecho de acceso al aborto del que gozan hoy las mujeres españolas, solamente habría dos situaciones en las cuales una mujer podría abortar: si fuera violada (y esto fuera denunciado en las 12 primeras semanas de embarazo) o si hubiera un “grave peligro” para su vida o salud física o psíquica (hasta las 22 semanas).

Ahora bien, tal como explicó la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –partido político que cuando estuvo en el gobierno aprobó la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de la que gozan las mujeres españolas-, las mujeres deberían pasar por dos informes médicos, la obtención de dos certificados, dos visitas al ginecólogo y siete días de reflexión antes de que el Estado las autorice a realizarse un aborto por alguna de las dos únicas causales permitidas.

Resistencias e interna política

A pesar del ímpetu puesto en la aprobación de la reforma por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la misma no levanta vuelo y está comenzando a ser abandonada por el mismo Partido Popular, no sólo porque algunxs de sus integrantes no la apoyan por completo sino porque, debido a las enormes críticas que recibió dentro y fuera del país, les está implicando un costo político muy alto.

La propuesta de reforma, presentada en diciembre del 2013, fue inmediatamente rechazada por el movimiento de mujeres de España que organizó la peregrinación a Madrid del pasado sábado. A ese rechazo se sumaron  otras ciudades de Europa e incluso hubo reacciones dentro del Parlamento Europeo.

Antes de la enorme manifestación del sábado 1 de febrero, más de mil reconocidas mujeres españolas –escritoras, periodistas, académicas, intelectuales y artistas- firmaron un manifiesto contra la reforma. El texto del mismo decía, entre otras cosas: “Como mujeres libres, nos negamos a aceptar una maternidad forzada, y a la intervención de cualquier profesional o instancia de poder en nuestra decisión de ser o no madres, intervención que subordina nuestra posición como sujetos autónomos al criterio de otros, convirtiéndonos en menores de edad, y dañando así nuestra independencia”. Firmaron el manifiesto, entre otras, las escritoras Rosa Montero y Almudena Grandes; las artistas Ana Belén, Maribel Verdú, y Ariadna Gil; las periodistas Pepa Bueno y Mercè Rivas Torres y la ex ministra socialista Ángeles González-Sinde.

En los últimos días, y en sintonía  con la peregrinación del 1 de febrero en Madrid, se organizaron manifestaciones y marchas también en otras ciudades. Londres, París, Amsterdam y Bruselas fueron algunos de los escenarios de Europa. En Buenos Aires, el jueves 30 de enero, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se manifestó frente a la Embajada de España en esta ciudad y también lo hicieron en Neuquén lxs integrantes de la Colectiva Feminista la Revuelta (ver Argentina acompañó el reclamo español).

En Francia –donde acaba de aprobarse una enmienda a la ley de aborto que amplía el derecho en lugar de restringirlo (ver Francia protege el derecho al aborto ante el avance conservador)-, lo que está sucediendo en España generó muchísimas dest2inquietudes. La  ministra socialista por los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, envió una carta a la ministra de Sanidad de España, Ana Mato, en la que criticaba la reforma señalando: “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un elemento importante del derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. Cuando ese derecho se restringe se obstaculiza toda la autonomía de las mujeres”. A su vez, activistas, políticas e intelectuales francesas –entre las que había ex y actuales diputadas y ministras- firmaron un manifiesto en el que señalan que “la libertad de las mujeres para elegir si tener un niño o no es la clave de acceso para el conjunto de los demás derechos. Sin la libertad de disponer de su cuerpo, resulta imposible imaginarse la igualdad en la pareja, en la familia, en la empresa o en la esfera pública”.

A comienzos de enero, en el Parlamento Europeo, los partidos de izquierda y los liberales pidieron al gobierno español que diera marcha atrás con un proyecto que calificaron como un retroceso en los derechos de la mujer y sus libertades y que además fomenta la desigualdad, y están juntando firmas para que el tema sea debatido de manera formal. Las personas que representan al PP en ese espacio defendieron la reforma argumentando que se trata de un asunto interno del estado español.

Hacia dentro de España la situación también es compleja políticamente. En el Parlamento, todos los sectores políticos –a excepción claro del PP y seis diputadxs de Unió Democràtica de Catalunya- rechazan la reforma. A fines de enero, el presidente del país, Mariano Rajoy estuvo en el Congreso junto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro Gallardón. La sensación que dejó fue que la reforma no es prioritaria para el PP –aunque sí parece serla para el ministro Gallardón- y que aceptarían modificaciones en el largo camino político que aún le queda por recorrer. El proyecto fue aprobado hasta ahora por el Consejo de Ministrxs, pero está a la espera de informes técnicos de varias organizaciones antes de llegar al Parlamento. Este trámite, teniendo en cuenta la resistencia política y social, podría llevar hasta un año.

Argumentos y datos

Junto al proyecto de ley, el Ministerio de Justicia presentó la Memoria de análisis de impacto normativo, que se supone justifica al mismo. Allí se señala que, de transformarse en ley, se generaría un “impacto neto positivo” en la economía, porque derivaría en un incremento de la natalidad y que tendría un impacto de género positivo porque apoya la maternidad.

El segundo argumento despertó todo tipo de críticas por la concepción maternalista y bien alejada de la igualdad de género que propone. En cuanto al primero, es mentiroso, ya que está probado en todo el mundo que las leyes restrictivas no disminuyen la práctica del aborto, pero sí lo hacen más riesgoso debido a la clandestinidad. En la misma España hay estadísticas recientes que lo confirman. De acuerdo a un informe del Ministerio de Sanidad difundido en diciembre del 2013: los abortos en el 2012 –cuando ya estaba vigente desde dos años antes la ley de plazos que lo legalizó- disminuyeron un 5%.

El documento Memoria también dice que con la actual ley de plazos aumentaron los abortos entre las menores de 19 años. Sin embargo, según el mismo informe del Ministerio de Sanidad, en 2012 la tasa de aborto en esa franja de edad se situaba en 12,95 mientras que un año antes era de 13,65.

“Si había algo de lo que estábamos seguras en el Ministerio de Igualdad era que el número de abortos iba a descender –dijo días atrás en su blog la periodista española Nuria Varela, integrante del equipo del PSOE al frente del Ministerio de la Igualdad durante la gestión de José Luis Zapatero que aprobó la actual ley de plazos-, puesto que la ley del 2010, la ley en vigor, ya desde su nombre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo indica que adopta todas las recomendaciones internacionales y las tiene en cuenta, es decir, que asume que lo importante en la reducción de los embarazos no deseados es una buena educación sexual y el fácil acceso a métodos anticonceptivos que además sean seguros y asequibles”. Es decir, la disminución del aborto en el 2012 respecto a años anteriores no tiene que ver con la legalidad de la práctica –ya que las mujeres abortan con o sin ley- sino con la implementación de políticas de derechos sexuales y reproductivos que permiten reducir los embarazos no deseados.

Actualmente, Europa comparte la misma tendencia en regulación del aborto que la mayoría de los países de Europa, parte de Asia y América del Norte: las mujeres pueden acceder al aborto sin restricciones, es decir sin necesidad de estar encuadradas en una causal específica. Si se aprobara la reforma de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada que propone el PP, quedaría emparentada con los países más restrictivos de su continente (Polonia e Irlanda) y del mundo (la mayor parte de América Latina, Asia, Medio Oriente y parte de Oceanía). Es decir que además de ser un enorme paso atrás para las mujeres, si se aprobara la nueva ley retrotaería a España a las raíces conservadoras que creían haberse dejado atrás en las últimas décadas, luego de la llegada de la democracia.

FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD - Por Sandra Chaher

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