En diciembre del 2012, pocos días después del vergonzoso fallo de la Cámara Penal de Tucumán que absolvió a las 13 personas imputadas por el secuestro y desaparición de Marita Verón, fue aprobada por el Parlamento Nacional una reforma a la Ley de Trata del 2008, largamente pedida por la sociedad civil.
Poco más de un año después, representantes de organizaciones sociales y políticas reclaman mayor presupuesto, jerarquización del tema en el organigrama del Estado y que sea reglamentado el Consejo Federal que incluiría a la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas sobre el tema.
“Creemos que la Oficina de Rescate a las víctimas del Ministerio de Justicia, la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX) y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata trabajan muy bien. ¿Qué falta? Presupuesto y jerarquización política del tema” sintetiza Fabiana Túñez, integrante de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que realiza acompañamiento jurídico y psicológico a personas víctimas de este delito en la primera etapa de realización de la denuncia. La PROTEX, a su vez, depende del Ministerio Público Fiscal y su finalidad es prestar asistencia a las Fiscalias de todo el país en las causas judiciales por secuestros extorsivos, trata de personas y delitos conexos a la trata. Y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata es un organismo creado por la reforma de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, de diciembre del 2012, con el objetivo de ejecutar un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas .
La reforma de la Ley de Trata dio fin a cuatro años de reclamos desde las organizaciones de la sociedad civil y sectores comprometidos con el tema por las deficiencias con que había sido aprobada la ley en el 2008. Los puntos centrales de la reforma fueron la eliminación de la figura del consentimiento en víctimas mayores de 18 años, la no excarcelabilidad de las penas y la creación de dos nuevos organismos – el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata- que deberían diseñar, aprobar y ejecutar la política nacional y federal en materia de trata de personas.
Un tema que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil es la asistencia a las víctimas una vez pasada la denuncia inicial. Actualmente, la Oficina de Rescate, terminada la etapa de denuncia, deriva cada caso a los puntos focales sobre trata en las provincias que es donde debe concluirse la asistencia y, sobre todo, la posibilidad de reinserción de esa persona en la comunidad y de sostenerse económica, vital y emocionalmente. Esta etapa es la más difícil y donde las organizaciones perciben más falencias en las políticas públicas.
“Nosotras proponemos que esta asistencia debe ser integral, desde los aspectos psicológicos y emocionales, a los jurídicos y los económicos, de tal manera de ayudarlas a redefinir sus proyectos de vida -sostiene Túñez-. Y debe ser sostenido en el tiempo. Si no hay acompañamiento, es muy difícil que ellas puedan sostenerse. Nosotras hablamos de no menos de cinco años de acompañamiento; esto ahora no se está haciendo.”
“Políticas públicas sobre trata tenemos –señala a su vez Viviana Caminos, integrante de la Red Alto al tráfico y la Trata-, lo que faltan son recursos económicos. Actualmente los recursos se van creando a medida que se presentan los problemas, pero no hay un presupuesto dedicado al tema. Cuando la Oficina de Rescate deriva un caso a las provincias, eso se hace sin recursos. A veces, quizá, después de un operativo, hay una derivación de 20 personas y en las provincias no hay presupuesto específico para abordar esos casos.”
En relación al Comité, que comenzó a funcionar en octubre del 2013 en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministrxs, y que está trabajando en la articulación de organismos del Estado que trabajan el tema y sensibilización de áreas que pueden aportar en las tareas de asistencia y prevención, Túñez alerta sobre las dificultades de la transversalización de la perspectiva de género: “Cuando intentás trabajar en forma transversal, la experiencia nos dice que se termina haciendo muy poco. Tanto trata, como violencia y otros temas de género deberían tener el rango de una secretaría de Estado con presupuesto propio e independencia económica”.
Además del Comité, ya en funcionamiento, está pendiente la creación del Consejo Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, en el que participarían las organizaciones de la sociedad civil junto a integrantes de los tres poderes del Estado. Para comenzar a funcionar, el Consejo requiere que sea reglamentada la reforma de la Ley de Trata aprobada en el 2012, hecho que aún no se produjo y que es reclamado tanto por las organizaciones como por diversos organismos del Estado. “El Consejo es fundamental porque tiene que ver con la posibilidad de supervisar desde la sociedad civil la tarea que realiza el Estado sobre el tema” señala Caminos. Túñez agrega, entre las tareas centrales del Consejo que aún no pueden concretarse, la definición de una política nacional sobre trata y la posibilidad de controlar el efectivo cumplimiento de las mismas en cada una de las provincias.
Por otra parte, la semana próxima la Fundación La Alameda presentará un recurso de amparo en la justicia solicitando la reglamentación de la ley que permitiría que comenzara a funcionar el Consejo, pero también reclaman que cese el funcionamiento del Comité por “ser manifiestamente ilegal en razón de contradecir las disposiciones de la ley 26.842“. La abogada Fernanda Gil Lozano -ex diputada nacional y actualmente asesora de Gustavo Vera, representante de La Alameda, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a donde éste llegó como representante de la Coalición Cívica en octubre del 2013- explica que la denuncia contra el Comité tiene que ver con que éste “fue creado por decreto del Poder Ejecutivo y no a través de la reglamentación de la ley“, y que, al no existir el Consejo, el Comité no cumple con el objetivo que le otorgó la ley que es implementar la política pública diseñada desde este mismo Consejo.
Fuente: Conectar igualdad . Por Sandra Chaher
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