martes, 23 de junio de 2015

FEMINICIDIO: UN RECORRIDO QUE MUESTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA REGIÓN

La violencia hacia las mujeres traspasa el debate en las universidades y la militancia feminista y se instala con fuerza en la agenda pública. Así lo demuestra un recorrido por los marcos legales de los países de la región, aunque la poca efectividad de las políticas públicas evidencia que todavía queda un largo camino por recorrer.



En los estados de América Latina y el Caribe poco a poco pareciera cerrarse el debate sobre qué hacer cuando una mujer es asesinada por la violencia machista. Así lo demuestra el avance producido en materia legislativa en 18 países de la región mediante la tipificación del delito de femicidio o feminicidio en los ámbitos administrativo, civil y penal, que investiga y sanciona ese accionar. Sin embargo, los datos y las noticias diarias encienden luces de alarma frente un hecho que se impone: no se evita la muerte, expresión más extrema de la violencia ejercida hacia el género femenino. Según informes de organizaciones internacionales, los pasos dados para garantizar el pleno ejercicio de derechos y la igualdad son “dispares” y “heterogéneos”. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? ¿Qué rol tienen la academia y los movimientos de mujeres que encabezan estos cambios?

Según la historiadora Dora Barrancos, el avance de la equidad de género en las universidades en las últimas décadas resulta notorio. Sin embargo, destaca que, en lo que se refiere a la violencia de género, “los letrados de las universidades no han sido capacitados para intervenir en una denuncia sobre acoso tanto dentro de la universidad como en el ámbito privado. Estamos frente a discriminaciones aún en instituciones donde se supone hay una reserva de criticidad, pero aún ahí hay discriminación”.


En este sentido, el debate teórico conceptual ha sido fecundo y consiguió traspasar los límites de los claustros universitarios. Una de las principales referentes en la materia es la catedrática mexicana Marcela Lagarde. Según explica esta antropóloga, militante feminista y ex diputada, el término femicidio es una categoría utilizada por Diana Russell y Jill Radford en Francia, que traducida al castellano “es una voz homóloga a homicidio” y sólo significa asesinato de mujeres. Pero, según puntualiza la mexicana, “estas autoras definen al femicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios”.


Con todo, Lagarde da un paso más y realiza un aporte teórico singular al postular una diferencia entre femicidio y feminicidio. Con el segundo concepto identifica la responsabilidad del Estado. “Es la inexistencia o debilidad del estado de derecho, en la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo. (…) El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz”, detalla Lagarde.



¿Pero qué ocurre en términos legales? En diálogo con Nodal Universidad, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), aclaró que los países de la región han tomado ambos términos prácticamente de manera indistinta.

En suma, para Bianco, el aporte de la academia va más allá de los conceptos y le atribuye un rol importante a los análisis de campo sobre este flagelo que se convierten en materia prima para la militancia de base.

Del dicho al hecho




Uno de los frutos más importantes del activismo en la academia y en las organizaciones sociales fue la concreción de un marco legal que contemple la violencia hacia las mujeres. En este sentido, nuevamente Lagarde fue una de las primeras en apuntalar una red de acción que poco a poco se conformó a lo largo y ancho del continente. Y, precisamente, la ola que comenzó a teñir de violeta feminista a Latinoamérica y el Caribe en materia legal comenzó en México en 2007. Desde entonces, ha sido explícita -al menos en la letra de la ley- la intención por parte de los estados de la región de proveer herramientas para trabajar en la erradicación definitiva de la violencia contra el género femenino, que incluye a mujeres, lesbianas y trans.

En una entrevista a Diario Femenino, durante su visita a la Argentina para participar de la marcha #NiUnaMenos, Lagarde reconoce que el mayor reto es que se aplique la legislación que contempla la violencia hacia las mujeres: “Es un camino arduo. Esas leyes tienen que bajar a la sociedad, filtrarse en la enorme montaña que es el patriarcado. Tienen que abrirse camino sobre todo en las instituciones, porque son los funcionarios quienes aplican la legislación”.






En diálogo con Nodal Universidad, Natalia Gherardi, miembro del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), comenta que en el ámbito académico, a pesar de la existencia de una Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho, aún “son marginales las experiencias de formación” profesional con enfoque feminista. Sin duda, se trata de un verdadero obstáculo, ya que quienes transiten por las universidades serán los que ocupen las magistraturas, diseñen y apliquen las políticas públicas y, por lo tanto, se corre el riesgo de que, frente a la carencia de formación académica específica, acaben por revictimizar a las mujeres que acudan a la justicia.

En tanto, el documento, publicado en marzo último, “A 20 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing” del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, también resalta la cuestión institucional: es fundamental que la autonomía femenina se exprese en la toma de decisiones mediante el acceso a cargos de poder real dentro del Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Sin embargo, resta un largo camino por recorrer. Según grafica ese texto, “las cifras de violencia muestran que los esfuerzos son todavía insuficientes y urge ampliar la acción de los Estados para prevenir y atender la violencia contra las mujeres”.

Sin letra chica

Todos los países de la región ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A su vez, catorce de ellos han ratificado protocolos de actuación internacionales y han tomado la Convención de Belém do Pará como norma marco en sus respectivas constituciones.

Para subsanar la falta de articulación real entre los diferentes instrumentos legales, ONU – Mujeres elaboró un “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”. Además, la asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alessandra Guedes, informó recientemente que en septiembre de este año presentarán una estrategia y un plan de acción a los países de América Latina en vistas de fortalecer el sistema de salud con el foco puesto en la violencia contra las mujeres. “La idea es tener un marco a nivel regional de los pasos que debemos tomar para fortalecer la respuesta del sistema de salud pero también su relación con los demás sectores”, puntualizó la especialista.

¿Qué es la violencia hacia la mujer?

“Son muy altas las cifras de feminicidio”. “América Latina es la segunda región que presenta los índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano”. “Una de cada tres mujeres denuncian ser víctimas de violencia por parte de sus parejas”. “La mató por amor”. Existen diferencias en el lenguaje y en el tratamiento de la información que relata el flagelo de este tipo de violencia. Algo parecido ocurre en el terreno legal.

Gherardi apunta que cuando se revisan las experiencias de América Latina se verifica que el derecho no se ha utilizado eficazmente para promover la equidad de género. Cuando, en realidad, se trata de “una herramienta poderosa para generar cambios sociales”. Asimismo, resalta que, en toda la región, se evidencian “grandes brechas entre el reconocimiento normativo y su ejercicio efectivo”.

En este sentido, otro rango de diferencias se evidencia a la hora de definir qué es violencia machista. Muchas de las concepciones que se utilizan con frecuencia no son acordes a la Convención de Belem do Pará, que la define -en sus artículos 1 y 2- como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La precisión la dan la presidenta de la Feim y Mariana Winocur, autoras y compiladoras del informe “A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: para América Latina y el Caribe objetivos estratégicos y esferas de preocupación”, publicado en febrero último.

Por otra parte, Bianco destaca que pocos países contemplan en su legislación que la violencia sexual puede ocurrir dentro de las relaciones de pareja estables. En Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Jamaica y Santa Lucía no se reconoce la violación en las uniones de hecho. En Honduras y Nicaragua se menciona indistintamente que la persona perpetradora puede llegar a ser hombre o mujer sin considerar las desiguales relaciones de poder entre ambos géneros.

Para la legislación argentina -Ley 26.485, reglamentada parcialmente- el femicidio constituye un agravante “por violencia de género” y es sancionado independientemente de quien lo cometa. Costa Rica y Chile incluyen solamente el femicidio que haya sido cometido por cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, natural o adoptivo o con quien se haya tenido algún tipo de relación similar. Así, dejan afuera el ámbito público y el hecho perpetrado por desconocidos o grupos armados ilegales.

Cuentas pendientes



Una de las grandes falencias de los gobiernos y del trabajo académico en particular es que la recopilación de datos y la elaboración de métodos de medición estandarizados en la región no existen. La falta de precisiones al respecto, incluso, dificulta conocer fácilmente qué países cuentan con leyes que tipifican el delito. Las organizaciones de mujeres son el principal eslabón en la creación de instrumentos para conocer esta realidad, principalmente, a través del sondeo de medios de comunicación.

También son importantes las organizaciones internacionales. La CEPAL para estos casos recomienda la complementariedad de dos formas: encuestas que muestren la prevalencia de la violencia contra las mujeres y los registros administrativos en los distintos niveles y servicios públicos de los estados. Y, muestra, a su vez, que uno de los ámbitos de más confianza para denunciar son los espacios de salud.

Según Bianco, “América latina y el Caribe es la región donde se registran más femicidios, particularmente en países como Guatemala, México y República Dominicana, y aún así no todos reconocen legalmente el femicidio”.

En cifras












En Centroamérica y México, el femicidio “se ha incrementado”, destaca el informe de ONU-Mujeres de 2014, y consigna que entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades del país entre 2007 y 2008. El 70 por ciento de las muertes violentas de mujeres en Guatemala es perpetrada con arma de fuego y casi una cuarta parte de las víctimas presenta señales de ensañamiento y tortura.

En Argentina, según la asociación civil Casa del Encuentro, muere una mujer cada 31 horas. “Sabemos que 15 mujeres mueren por día en Brasil solo por el hecho de ser mujeres”, lamentó la presidenta Dilma Rousseff al promulgar una ley que incluye el feminicidio en el Código Penal el 8 de marzo último. Según ONU-Mujeres son “cinco mil mujeres asesinadas anualmente” en ese país.
Según la representante del ELA, actualmente se encuentran vigentes discusiones muy interesantes acerca de la utilización de ciertos recursos como la difusión pública de las sentencias en litigios por cuestiones de género. Para esta especialista, no sólo “obedece a un deber de transparencia por parte del Estado y un derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía”, sino que permite conocer “de qué manera se aplica el derecho, con qué argumentos la justicia condena o absuelve, y por ejemplo si se recurre a visiones estereotipadas respecto de las mujeres, los varones o las relaciones sociales de género”. Además, Gherardi sostiene que es fundamental entender que las sentencias condenatorias de actos de violencia implican un acto de reparación para muchas de las mujeres involucradas quienes “a lo largo del proceso judicial logran superar su condición de “víctimas”, empoderarse y transformar sus vidas de modos más definitivos”.

El rol de Estado

Uruguay y El Salvador comparten el record de mantener la tasa más alta de mujeres asesinadas por una pareja o ex pareja en la región. De noviembre de 2013 a noviembre de 2014 fueron asesinadas 49 mujeres y murió una cada 15 días por razones de violencia doméstica, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior uruguayo. Según contabilizó la Coordinadora de Feminismos de ese país, a partir de la información difundida por medios de comunicación, ya son 20 las mujeres asesinadas en contextos de violencia machista en 2015.


Pese a que el movimiento feminista oriental cuenta con más de cien años de historia, recién hace casi dos años las organizaciones de mujeres decidieron construir un espacio donde debatir. En ese camino, realizaron el primer encuentro feminista del país y crearon La Coordinadora. “Tocan a una, tocan a todas” es la consigna de batalla que levantan cada vez que se enteran que una mujer murió a manos de un hombre y con la que el 3 de junio último movilizaron a más de diez mil personas en Montevideo.

“La evidencia señala que el principal problema no se vincula con el diseño de las normas sino con la ausencia de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación”, indica el Observatorio de la CEPAL en el informe “El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres” (2014).

“El feminicidio como figura legal es una herramienta política que ayuda, sin duda”, sostiene ante este medio Alicia Migliaro, vocera de La Coordinadora. No obstante, deja en claro que el trazo de la lucha es más profundo: “Nosotras creemos que a nivel social no hay conciencia de que la violencia hacia las mujeres está mal, es cruel, es sistemática, que sucede día a día y que está legitimada y avalada, porque son las formas en que los hombres y las mujeres se relacionan en el sistema capitalista y patriarcal. Lo trabajamos como categoría política para no reducir el problema a una cuestión jurídica. Esto tiene bases sociales y políticas que no vamos a tratar con mayores penas para los agresores”.



Fuente y fotografías: NODAL UNIVERSIDAD -  Por Carla Perelló y Guadalupe Morán.-


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