jueves, 30 de julio de 2015

ARGENTINA: TRATA DE PERSONAS, LOS NÚMEROS DE LA JUSTICIA

Desde la aplicación de la ley de trata, hubo casi diez veces más sentencias condenatorias que absoluciones. Un informe de la procuraduría especializada analiza tendencias de las resoluciones judiciales y traza un mapa del delito en el país.






En la Argentina, entre 2009 y fines de 2014, se registraron 106 sentencias condenatorias –y sólo 16 absolutorias– en juicios orales por el delito de trata de personas, según un informe difundido en su página oficial por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Las 106 sentencias condenatorias involucran a 220 imputados y 565 víctimas. De ese dato general surge que la Justicia de Mar del Plata es la que encabeza la estadística en materia de condenas con un total de 14 sentencias, seguida por Paraná, Comodoro Rivadavia y Rosario, con diez veredictos condenatorios cada una, mientras que en la Capital Federal sólo hubo dos juicios con condenas. Entre los condenados hay cinco policías que formaban parte de las organizaciones delictivas; dos de los agentes recibieron penas aplicadas por la Justicia marplatense.

El informe de la Protex cita un informe de la Oficina de las Naciones Unidas, publicado en noviembre de 2014, que analiza el juzgamiento del delito de trata a nivel continental. Se menciona allí que Argentina forma parte del grupo de naciones que superan las 50 condenas y que encabezan una estadística que incluye países en los cuales, entre 2012 y 2014, no se ha registrado ninguna condena por trata.

El ranking completo de condenas y absoluciones en Argentina es el siguiente: Mar del Plata (14 condenas); La Plata (9 condenas y 4 absoluciones); Paraná (10 y 2); Comodoro Rivadavia (10 y 1); Rosario (10 y 1); Córdoba (8 y 2); Bahía Blanca (6 y 3); Salta (8 condenas); Mendoza y Posadas (7 condenas); San Martín, Bs.As. (5 y 2); Resistencia (4 condenas); Tucumán (3 condenas); Capital Federal (2 condenas y 1 absolución); General Roca (2 condenas) y Corrientes (1 condena).

La Protex subraya que la estadística demuestra que “en la Argentina la explotación de seres humanos recorre sin excepciones la ancha y larga geografía de nuestro país, en las que hay jurisdicciones más activas y eficientes en el tratamiento de los casos”. Al mismo tiempo confirma que las mujeres conforman “el 99 por ciento de las víctimas de trata sexual”.

Afirma, también, que “la aplicación de la ley penal se ha mantenido constante desde la sanción de la primera ley de trata en el año 2008” y admite que “resta mejorar en la investigación del aspecto patrimonial de las ganancias producidas por el delito” en beneficio de las organizaciones ilegales.

En otro párrafo, resalta que en 2013 y 2014 “han surgido más casos y condenas de trata con finalidad de explotación laboral” y que “la acción y aparición de organismos públicos como agentes de detección de situaciones de trabajo esclavo ha incidido positivamente” para que ello ocurriera. Se resalta que “las condenas que incluyeron a funcionarios públicos representan un 4 por ciento” del total.

De las 220 personas condenadas en los 106 veredictos, un 63 por ciento son varones, y un 37 por ciento mujeres. “Se trata de un porcentaje de mujeres condenadas más alto que el promedio general para todos los delitos, si contemplamos que la población carcelaria total está compuesta por un 96 por ciento de varones y un 4 por ciento de mujeres”, se advierte en el informe de la Protex.

La tendencia apareció en un estudio realizado sobre la dinámica de la trata sexual en el país y por esa razón se alertó sobre “el riesgo de que pueda estar manifestándose un proceso de conversión de ex víctimas a actuales victimarias, cuando luego de años de haber sido explotadas sexualmente, esas mujeres son elegidas para roles gerenciales o de administración de los prostíbulos”.

Por esa razón, la Protex colabora con la Defensoría General de la Nación para proponer “un necesario debate sobre esta cuestión, estudiando la viabilidad de que casos como esos pudieran tener cauce en la cláusula de no punibilidad contemplada en el artículo 5 de la ley 26.364”, que condena la trata de personas. Respecto de la nacionalidad de los imputados, se aclara que la mayor parte son argentinos (147), de origen boliviano (35), paraguayo (25), y en menor cantidad personas nacidas en la República Dominicana (6) y Chilena (2).

“La alta cantidad de extranjeros condenados por trata se explica a partir de la transnacionalidad, como características del delito, que no se circunscribe al hecho y las víctimas, sino también a sus autores y a la movilidad de esos autores entre puntos de captación, transporte y consumación de la explotación”, precisa el informe de la Protex. El monto de la pena promedio es de cinco años, pero existe una tendencia muy marcada a fijar condenas por cuatro años, “que podrían categorizarse objetivamente como graves pero no severas”.

En las causas por trata analizadas “el 80 por ciento de las víctimas son mujeres”, lo que se corresponde con el hecho de que “el 85 por ciento de las sentencias condenatorias dictadas son por el delito de trata con fines de explotación sexual, y que todas esas sentencias de trata sexual tienen a mujeres como víctimas”.

De acuerdo a las bases de datos utilizadas, la mayoría de las víctimas son extranjeras: de las 492 víctimas cuya nacionalidad fue mencionada en la sentencia, 215 son de origen boliviano, 128 paraguayo, 122 son argentinas –en su mayoría oriundas de provincias–, de República Dominicana 24 y de Brasil 3.

La Protex considera que “es interesante practicar un estudio comparativo entre el número de procesamientos y el número de condenas que fueron dictadas” por cada jurisdicción judicial. Por ejemplo, en la actualidad, la Capital Federal “es la jurisdicción que más procesamientos registra (49 en total), por lo que tres condenas deberían pasar a ser varias más próximamente”. Otra ciudad con alto grado de procesamientos es La Plata, con 44 procesados y nueve condenados.

El fiscal federal de Mar del Plata Daniel Adler, consultado sobre el alto número de condenas por trata en su jurisdicción, opinó que lo ocurrido “el resultado del esfuerzo conjunto entre los jueces y el Ministerio Público Fiscal para investigar el delito de trata de personas y desmantelar las redes criminales que tienen como víctimas a mujeres vulnerables”.

Fuente. Página 12 -  Por Carlos Rodríguez

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