viernes, 18 de septiembre de 2015

" ENREDADAS" PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

III Encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España

Los próximos días 18 y 19 de septiembre la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España organiza un encuentro bajo el lema “Por nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias”. Es el tercero desde 2011 y en él la Red sintetiza la experiencia de los últimos años de trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres, que ha concretado también en un Plan de trabajo a tres años. Mercedes Rodríguez Ávila, integrante de la Red y “activista de la vida, el Feminismo y los derechos humanos de las mujeres” 







La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España surgió en 2010 con el objetivo de convertirse en un “espacio de encuentro de saberes y diversidad” e intentar construir “pensamiento colectivo”, una “mirada común”, atravesada por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva feminista y el derecho a manifestarse como ciudadanía activa, independientemente de la situación administrativa en la que cada cual se encuentre.

Las acciones que se llevan a cabo desde la Red –donde destacan los encuentros, con una amplia participación- tratan de contribuir al “proceso de empoderamiento, necesario para conocer y ejercer nuestros derechos” y buscan también lograr una “incidencia política”.

Entre los derechos que defienden destacan el derecho a migrar, “que no debe retroceder por las políticas neoliberales, peligro que se está haciendo evidente con la crisis de los refugiados en Europa”, el derecho a los cuidados, “desde una perspectiva feminista, destacando los derechos de las trabajadoras del hogar”, el derecho a participar, “no solo al sufragio, sino a estar activas”. Y desde luego, el derecho a una vida libre de violencias es prioritario, porque, como argumenta Mercedes, “en tanto la lógica patriarcal y el liberalismo económico siga imponiendo su verdad, es difícil cambiar el modo de relacionarnos y, por tanto, construir un mundo donde se respeten los derechos humanos de las mujeres”.

Especial vulnerabilidad

Las mujeres migrantes por su situación de subordinación como migrantes y como mujeres, están expuestas a la explotación y los malos tratos. “Son las condiciones y los contextos los que nos hacen más vulnerables”. Desde leyes o normativas, como la Ley de Extranjería, o el Decreto que niega la atención sanitaria a las personas “sin papeles”, a cuestiones de índole social y cultural.

“Las mujeres migrantes ocupan un eslabón inferior en la cadena de discriminaciones de género en la sociedad que se interseccionan con categorías como la etnia, clase, edad, discapacidad, idioma, religión, situación administrativa y laboral, el racismo institucional y social, que pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad, que provocan riesgos a una mayor invisibilidad, menor acceso a la información y dispositivos de protección para las víctimas de violencia de género”, asegura Mercedes.

De total de mujeres asesinadas en España en el periodo del 2003/2013 (766 mujeres), corresponde un 15,8% mujeres inmigrantes con documentación en regla y un 2,6% inmigrantes sin regularizar. Según la macroencuesta sobre violencia contra la mujer 2015 realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres que han nacido fuera de España afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas en mayor medida (27,7%) que las nacidas en España (14%), diferencias significativas.

Propuestas

Desde la Red se promueven iniciativas para ayudar a estas mujeres aquí, y además se hacen eco de reivindicaciones y campañas que se llevan a cabo por organizaciones en los países de origen, como el caso de la denuncia de las esterilizaciones forzosas en Perú o el apoyo a las 17 mujeres presas acusadas de haber abortado en El Salvador.

En el próximo encuentro habrá espacio para el diagnóstico, el análisis y la denuncia. Pero también para las propuestas y el intercambio de experiencias desarrolladas por las organizaciones integrantes de la Red. La acción formativa “Promotoras para la prevención de la violencia de género” es un ejemplo. O el trabajo con mujeres jóvenes y mayores que lleva a cabo Rumiñahui. O Deporte y Mujer Valencia. “Son muchas las experiencias positivas que se van a compartir”, asegura Mercedes, que defiende la “diversidad” como un valor fundamental.

“Queremos salir del Tercer Encuentro de la Red con la imagen de participación en la Marcha del 7 de noviembre. Es necesario trabajar para estar cada día más enredadas con otras para incidir en que la lucha contra la violencia de género se convierta en política de Estado, más allá de quien ocupe el Gobierno y para que se priorice la educación y la sensibilización, todos tenemos que ponernos las gafas de género”, concluye Mercedes.

Datos del encuentro

Viernes 18 de septiembre de 17 a 20:00 horas

Sábado 19 de septiembre de 10:00 a 16:00 horas

Lugar: Centro Cultural "La Corrala". Universidad Autónoma de Madrid. C/ Carlos Arniches, 3 y 5 Metro: L5 La Latina/ L1 Tirso de Molina

Más información: redmujeresamericalatina@gmail.com

Blog: http://redlatinas.blogspot.com.es/

Fuente y foto: Archivo AmecoPress, cedidas por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España y Ela R que R.




LA ELECCIÓN DE REINAS Y MISSES VISIBILIZA LA VIOLENCIA SIMBÓLICA

Título original:  Reinas y misses: cuando la violencia simbólica se ejerce con el auspicio del Estado


Elección de la Reina del Langostino y el Camarón.

Son parte de festejos municipales, promociones de productos, iniciativas turísticas, cualquier excusa parece buena para presentar el cuerpo de la mujer como principal atracción, mujeres que encajan en un molde preciso, cada vez más jóvenes. Los concursos de belleza en sus múltiples formas, son una práctica extendida y naturalizada, y sin embargo, chocan con la letra de la Ley 26485, que define a la violencia simbólica como “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”. Apeladas por esta contradicción entre un Estado que legisla contra la violencia al tiempo que auspicia este tipo de eventos, asociaciones de mujeres, organización de la sociedad civil y entidades públicas han comenzado a problematizar estas prácticas, contribuyendo a visibilizar su carácter violento, instalando el debate social y, sirviéndose de la ley para ganar algunas batallas. Los casos del Bikini Open, en Puerto Madryn; la Reina del Camarón y el Langostino, en Bahia Blanca; la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde fue aprobada en 2014 una ordenanza que obliga al Estado a abstenerse de la organización de estos eventos; y Orán, Salta, donde también se inició el debate social por el tema.  


COMUNICAR IGUALDAD- Octubre del 2014, miles de mujeres se dirigen desde todos los rincones de la Argentina hacia la ciudad de Salta en ocasión del concurso XXIX  Encuentro Nacional de Mujeres. En las conversaciones y los ánimos de las participantes, un prólogo trágico: Evelia Murillo, maestra rural, había sido asesinada semanas atrás por intentar proteger a una de sus alumnas de un hombre que venía a abusar sexualmente de ella. Mientras, en la misma provincia, otras nenas se preparaban, muchas con el entusiasta apoyo de sus padres y madres, para participar en el corso infantil de los carnavales de Orán, desfile de niñas pequeñas vestidas a la moda “tinelliana” que muestran sus dotes seductoras antes de la pubertad, o, como lo describe gráficamente la activista de la asociación Takuapú de esa ciudad, Silvia Jenefe, “nenas bailando delante de todos reggaetones guarangos, que hacen perreo, imágenes que rayan la pedofilia con hombres adultos bailando entre ellas, y que se registran en videos que después son subidos a internet para mayor denigración de las menores”.  Desde la organización de Jenefe, señalan el rol que la objetivización continua de las mujeres tiene en el alto índice de femicidios en la provincia.

“Venimos haciendo un monitoreo de los eventos públicos y privados, sobretodo en Orán, casos auspiciados por el estado municipal y que se llevan a cabo por empresarios de la noche que son los que manejan la cultura acá, y generan una cadena donde lo principal es la objetivación sexual  de la mujer. Corsos de conjuntos tropicales donde desfilan menores de edad, las letras de las canciones están plagadas de temas grotescos que ridiculizan y humillan a las mujeres” relata esta docente. La contradicción no se limita a que el estado autorice dichas prácticas, sino a que también las financia, otorgando, según denuncia Jenefe, fondos a los mismos empresarios de la noche, de las bailantas y las radios, que a través de la música que emiten y de los comentarios de sus locutores “cosifican a la mujer las 24 horas del día”.


Con más o menos carne a la vista, con chicas siempre jóvenes y a veces jovencísimas,  lo cierto es que la exhibición del cuerpo de la mujer, seleccionado y trabajado para satisfacción de la mirada masculina,  forma parte de las atracciones de muchas fiestas a lo largo y ancho del país. No ha sido hasta los últimos años cuando se ha comenzado a cuestionar este tipo de prácticas, visibilizando la violencia que ejercen. 

 La existencia de la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia, que por primera vez tipifica la violencia simbólica, ha dado respaldo legal a estas iniciativas. La colaboración entre organizaciones sociales y entidades públicas, junto a la creciente concientización de la sociedad, completan la ecuación.

No es un debate abstracto. El año pasado en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, se publicó la primera ordenanza que obliga a los poderes públicos municipales a abstenerse de auspiciar estos eventos. “Chivilcoy no escapa de la realidad del país, desde los últimos diez, quince años, el Estado venía organizando concursos de belleza, anteriormente existían este tipo de concursos, pero eran promovidos por organizaciones privadas” contextualiza Claudia Marengo, de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), organización impulsora de la iniciativa. “El campo sociopolítico de la ciudad posibilita que pudiéramos presentar la ordenanza, trabajamos el tema tanto desde el área de género de la CTA, como desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez. En la búsqueda de avales vimos un quiebre importante, nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo muy grande.”

Los avales fueron en efecto muchos, comprendieron entidades públicas como la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), la Red PAR – Periodistas de Argentina en Red. Por una comunicación no sexista-, personalidades como Eva Giberti o la periodista Mariana Carbajal, o la Madre de la Plaza de Mayo de la Plata Adelina de Matti quien aportó apoyos desde esa ciudad. También militando en la calle descubrieron, en las adhesiones particulares, a una población joven concientizada sobre este tipo de eventos. Una propuesta con un gran respaldo que se tradujo en una rápida aprobación: a mediados de noviembre del año pasado “participamos en el plenario de concejales, fundamentando el proyecto y pudimos ver que había bastante aceptación”. Sólo un mes después, la ordenanza se trasladó al recinto y en la última reunión del año del Consejo Deliberante, con el voto favorable de 8 de los 13 concejales presentes se dio vía libre a la ordenanza. El resto se abstuvo, pero ninguno adujo desacuerdo con el contenido para hacerlo, nos narra Marengo. Ya antes de la votación, el Intendente de la Ciudad, Darío Speranza, había anunciado que durante su mandato no se auspiciarían este tipo de eventos.

Otro funcionario público, el director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Sergio Raimondi, tuvo que posicionarse cuando la asociación Acciones Feministas le invitó, el año pasado, a que “pusiera a consideración el cese de las elecciones de reina dentro de las actividades culturales vinculadas con el organismo que representa”. Lo hizo favorablemente, retirando el auspicio a este tipo de actividades durante su mandato.  En la nota, le recordaban que “estas elecciones son selecciones discriminatorias basadas en estereotipos opresivos de mujeres y niñas”, y “refuerzan concepciones patriarcales de los roles de las mujeres  en la sociedad, incluida la cosificación y degradación de las niñas, y generadoras de otras violencias”.  Silvia Bajo, integrante de Acciones Feministas y firmante de la nota, nos relata cómo su organización viene impulsando “la visibilización de esta práctica como una forma más de violencia”. En la investigación que la organización llevó a cabo previamente, pudieron constatar la proliferación de “festejos entorno a una actividad productiva que ineludiblemente traen aparejada una elección de la reina, central para la fiesta” observando que, de tan naturalizado que está este tipo de evento “no se había prácticamente cuestionado”.

Al cuestionarlo en Bahía Blanca, en particular frente a la elección en Semana Santa de la Reina del Camarón y el Langostino con su anual desfile en concurso3tanga, la nota dirigida a Raimondi se hizo pública, llegó a los medios, se generó el debate. Y aunque a veces se presentó en los medios como si se tratara de un enfrentamiento entre mujeres,  feministas contra postulantes a reinas, lamenta Bajo, el debate al menos quedó instalado. Además, la CONSAVIG respaldó la iniciativa, presentando una nota no sólo para el caso de Bahía Blanca, sino con destino también a otras municipalidades. Acciones Feministas se dio cuenta de que sus esfuerzos tenían una respuesta social “cuando nosotras decimos ‘¿Qué hace un intendente, diputado o diputada observando a una chica desfilar en tanga?’, este mensaje llega”. Frente a esta constatación, Bajo reconoce que persiste, en particular entre quienes promueven el evento, el argumento de la libertad de elección: “Si las chicas quieren hacerlo, cuál es el problema, se preguntan”. “Pero en este debate no se cuestiona a las chicas, lo que se cuestiona es el papel del Estado”, subraya Bajo.

En esta idea incidieron desde 2003, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y otras organizaciones locales ante la convocatoria del OPEN BIKINI en Puerto Madryn. Alejandra Tolosa, entonces al frente de la delegación del INADI y actualmente integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) nos cuenta como “cada año presentamos notas dirigidas a la gestión municipal, a otros auspiciantes privados y al organizador, poniéndoles en conocimiento sobre la existencia de la ley, el significado de violencia simbólica, y lo que entendíamos que implicaba este concurso. En 2012 el organizador, privado, pensó que estaban prohibiéndole el concurso y no lo organizó, así se generó un debate que llegó a los medios”.

El OPEN BIKINI volvió a la ciudad por dos años más, hasta que en 2015 se desplazó a Playa Unión, Balneario de la Ciudad de Rawson, probablemente por falta de auspicios en Puerto Madryn, considera Tolosa.

Estrategias legales contra la violencia simbólica

Como concuerdan las personas con la que hablamos, la Ley 26845 es una herramienta fundamental para visibilizar y dar respaldo legal a las iniciativas que persiguen retirar al Estado de la organización de estos eventos, una herramienta que puede articularse con otras leyes. “Nuestro proyecto está fundamentado precisamente en la definición de violencia simbólica así como en las leyes de protección de la niñez. Sin el marco de esta ley tendríamos que haber armado un proyecto diferente; este proyecto, como está, no hubiese sido posible” relata Marengo sobre la experiencia de Chivilcoy. “La ley es muy buena en la letra pero falta voluntad política, recursos, refugios, capacitaciones, así que mucho menos le van a dar bolilla a formas de violencia más sutiles como éstas. La ley sirve para interpretarla y trabajar, y si es difícil aplicarla a lo público, más difícil es aplicarla en lo privado, ese es el siguiente paso” reflexiona Verónica Bajo desde Bahía Blanca.

Algunos actores apuestan por reglamentar en primera instancia: condicionar o prohibir la participación de personas menores de edad y excluir las prácticas más discriminatorias (aquellas que incluyen entre sus requisitos ser soltera, no estar embarazada…) son acciones que forman parte de esta opción. Marengo admite que “hemos debatido mucho esta temática. No estamos de acuerdo porque por más restricciones que pongas la violencia simbólica sigue estando, el objetivo de estos concursos es poner a las mujeres a competir con su imagen de acuerdo a la visión del varón, y ése es un objetivo violento”. Así, si bien celebra que al menos con la regulación se empezó a hablar, “regular en sí mismo no soluciona el problema, el Estado no puede promover este tipo de eventos”. Tolosa concuerda con esta idea: “La reglamentación sirve al menos para sacar a las menores mientras este proceso lento avanza, pero lo importante es que se visibilice la violencia simbólica que supone este tipo de concursos”.

FUENTE: Comunicar Iguadad - Por Sarah Babiker

263.000 MUJERES EXPLOTADAS

Tras 14 años de trabajo, Estrella padece varias enfermedades y dolencias asociadas al trabajo en la maquila: desde problemas en la columna, debido a movimientos repetitivos, hasta sinusitis crónica, provocada por la aspiración de las pelusas resultantes de cortar los tejidos.


Trabajadoras en una maquila de Nicaragua. Foto: Mathieu Etienne-Gagnon / Oxfam


La situación extrema de las trabajadoras textiles en varios países del sur de Asia, como China, Indonesia, Camboya, India, Bangladesh y Sri Lanka es hoy en día bien conocida. Sin embargo, la explotación laboral no se da sólo en este continente, en Centroamérica 263.000 trabajadoras textiles viven explotadas en las zonas francas o maquilas. Ellas representan un 58% del total de la fuerza laboral en el sector.

En el marco del segundo aniversario del derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, en el que murieron más de mil trabajadoras de talleres textiles, Oxfam Intermón ha hecho público el informe Derechos que penden de un hilo para denunciar las lamentables condiciones en la que producen ropa miles de mujeres en zonas francas para la exportación en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Precariedad en las maquilas de Centroamérica 

Jornadas de 24 horas ininterrumpidas, sueldos míseros y falta de higiene en las fábricas. 27 millones de personas en todo el mundo trabajan en las denominadas "zonas francas o zonas económicas especiales", conocidas coloquialmente en América Latina y el Caribe como maquilas.

Se estima que a día de hoy existen unas 2.000 zonas económicas especiales en todo el mundo. Estas zonas francas se han extendido por numerosos países latinoamericanos como una forma de atraer inversión extranjera, a cambio de mano de obra barata y no sindicada, generosos incentivos fiscales y regulaciones laxas. La industria textil se ha convertido en uno de los mayores usuarios de estas zonas. Las zonas francas suministran productos a poderosas empresas del mundo de la moda, multinacionales con fábricas subsidiarias y cadenas de producción en todo el mundo. 

La producción y la permanencia en el puesto de trabajo dependen de los contextos internacionales, según la demanda del producto textil. Las empresas transnacionales cierran y despiden a las mujeres sin pagar las prestaciones sociales correspondientes de forma frecuente.

Perfil típico de una mujer trabajadora de una maquila de Centroamérica 

Las mujeres constituyen más del 50%, y en algunos casos el 90%, del empleo en este modelo de producción. En las maquilas de El Salvador, por ejemplo, 9 de cada 10 trabajadoras de producción son mujeres, según constata un informe del Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO).

La diferencia salarial entre hombres y mujeres es mayor a medida que los salarios son mayores, y los hombres ocupan  los puestos de mayor responsabilidad, como funciones técnicas, de supervisión y administrativas.

Suelen ser mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años. Existe una regla no escrita de no contratar a mujeres mayores de 35 años. Aunque se pueden identificar trabajadoras con cierto nivel de educación, la mayoría de ellas no cuenta con formación más allá de la primaria completa o incompleta. Muchas son madres, el 80% según varios estudios y llevan la jefatura de hogares monoparentales. Otra característica que confirma la vulnerabilidad de estas empleadas es que muchas de ellas provienen de zonas rurales.

Salarios que no cubren los mínimos vitales 

Los salarios en las zonas francas de Centroamérica no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas del día a día. En Guatemala el salario mínimo de la maquila en 2012 cubría únicamente el 84% del costo de la "canasta básica" del país; en Honduras, el 67%; y en Nicaragua, el 49%. Sólo en el caso de El Salvador, el salario mínimo de la maquila era un 5% superior a la canasta básica alimenticia del país. Salarios por debajo de lo legalmente establecido para otros sectores de actividad (un 18,6% menos).

El precio de venta final de algunos de los productos que confeccionan, sin embargo, puede representar 300 veces que lo que gana la trabajadora por su elaboración. Es el caso por ejemplo de las camisetas de la NFL (Liga Nacional de Futbol Americano), vendidas a 25 dólares, mientras que la empleada que las fabrica sólo percibe 8 centavos por cada una.

Jornadas laborales interminables, producción inhumana y engañosa

Aunque la legislación laboral de los cuatro países de Centroamérica analizados en el informe Derechos que penden de un hilo presenta el derecho a una jornada de ocho horas diarias, no es raro encontrar casos de jornadas laborales de hasta un día entero de duración, para cumplir con los pedidos que de un día para otro se hacen a las fábricas. 

En maquilas de Honduras, las trabajadoras, ante la presión por cumplir las metas de producción, utilizan estrategias de "ahorro de tiempo" que en ocasiones violan los mínimos niveles de dignidad en el trabajo.

Estrategias de ahorro de tiempo de las trabajadoras/es en Honduras 

Un 79% (514 personas) no se levanta de su puesto de trabajo. 
Un 71% llega antes de la hora de inicio del turno para adelantar el trabajo. 
Un 58% no se comunica con ningún compañero o compañera. 
Un 46% reduce el tiempo dedicado al almuerzo.
Un 40% no toma agua para no ir al baño y así poder cumplir la meta.

Privilegios empresariales de una zona franca 

Las empresas suelen elegir zonas francas porque éstas les permiten producir con estructuras de muy bajo coste y sin demasiada fiscalización por parte de los gobiernos anfitriones. Cuentan con un paquete muy atractivo que incluye, por ejemplo, exención o aplazamiento de los derechos de aduana y de los impuestos sobre las ventas y sobre la renta, un tipo nominal de impuesto de sociedades menor que en el resto del país, y subvenciones para el empleo de recursos humanos locales. Dadas estas ventajas es muy común la presión del sector empresarial por promover este tipo de negocios en países pobres como los centroamericanos.

Coser en una cooperativa de comercio justo: una alternativa

Frente a este modelo de explotación laboral, en Oxfam Intermón reclamamos potenciar el comercio justo, por ser un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales.

En Oxfam Intermón trabajamos en comercio justo desde 1994. Actualmente, más de 76.000 mujeres se benefician de la relación comercial directa que sostiene Oxfam con organizaciones de comercio justo en todo el mundo. De ese total, más de 2.400 mujeres forman parte de organizaciones de productos textiles con las que colaboramos en el presente de forma directa.

Un salario digno, mejores condiciones laborales y equidad entre géneros son los mínimos para poner fin a las lamentables condiciones socioeconómicas de muchas mujeres.


Las maquilas y el comercio justo, dos modelos contrapuestos de producción en una misma industria: la fabricación de prendas de ropa. 

Fuente. Oxfam Internacional

lunes, 14 de septiembre de 2015

VIOLENCIA MACHISTA Y VIOLENCIA DE GÉNERO, ¿ IGUALES O DIFERENTES?




Violencia de género o violencia Machista son términos que suenan cada día en los informativos y deberían resonar cada minuto en nuestras conciencias.
Y conste que digo “por desgracia” porque la actualidad obliga a hablar de un tema que muchas veces se queda aparcado, y obliga más aún cuando se vislumbran las urnas en un horizonte cercano.
Y no son sólo esos términos.
Junto con los de “violencia machista” y “violencia de género”, leemos muchos otros, que se usan como sinónimos, o casi.
A una parte del espectro, violencia doméstica, familiar o intrafamiliar;  a otra parte, terrorismo machista, femicidios o feminicidios, y en centro el aparentemente aséptico violencia sobre la mujer o contra ella.
Pero ¿son realmente sinónimos? ¿Pueden usarse con la ligereza que muchas veces se hace?
La respuesta es más compleja y más trascendente de lo que a primera vista pudiera parecer.
Me vino precisamente a la cabeza cuando leía determinadas opiniones acerca de que el asesinato de una prostituta no se consideraba violencia machista, como se dijo también del asesinato de la amiga que acompañaba a la ex pareja también asesinada que todos tenemos presente, o de los hijos a los que se mata cuando no se mata a la madre.
Recordé un asunto acaecido hace algún tiempo en un pueblo de Valencia, en que un hombre acababa con la vida de la mujer que nunca atendió a sus continuos requerimientos a pesar del constante acecho a que la tenía sometida.
También entonces se suscitó el mismo debate.
Quizás convendría empezar haciendo una diferencia que no siempre se tiene en cuenta. Y es que una cosa son los conceptos legales y otra muy diferentes los jurídicos. Y la mezcla muchas veces siembra el germen de la confusión. Lo explicaré con un par de ejemplos.
En el Código Penal anterior al actual existía un delito llamado “infanticidio”, que consistía en dar muerte a un recién nacido por parte de su madre para ocultar su deshonra, concepto a todas luces diferente del gramatical, que se refiere a la muerte de un niño sin más.
Otro tanto ocurría con el “parricidio” que, aunque gramaticalmente no es sino la muerte del padre a manos de su hijo, extendía su concepto jurídico a muchos más parientes cercanos, incluído el propio cónyuge.
Y, sin necesidad de ir tan lejos, tenemos el propio concepto de “asesinato”, que en Derecho es un homicidio con unas circunstancias claramente tasadas que le dotan de un plus de reproche -alevosía, ensañamiento o precio- y que en lenguaje común abarca cualquier muerte intencional de otra persona.
Así las cosas, en materia de Violencia de Género la cuestión mucho más peliaguda.
El Derecho tan solo maneja expresamente los términos de Violencia de Género y de Violencia sobre la mujer.
El primero, definido en la ley integral, se refiere a la violencia ejercida por un hombre sobre quien sea o haya sido su esposa o pareja o relación análoga, y el segundo se usa exclusivamente para dar nombre a los juzgados y las secciones de fiscalía que conocen de estos delitos. Una dicotomía de difícil explicación cuando, además, en la práctica, se acaban conociendo estos juzgados como de Violencia de Género.
Término que, por cierto no aparece en un solo artículo del Código Penal. Otra cosa distinta es la Violencia Doméstica, que abarca toda aquella que se ejerce sobre personas dentro del círculo familiar, y que tampoco se usa expresamente en la ley, aunque sí que viene constituyendo una categoría bien definida -tal ocurre en el turno especializado de los abogados-, también conocida como violencia intrafamiliar.
Sin embargo, la Violencia Machista no tiene ningún reflejo legislativo expreso.
Y mucho menos el terrorismo machista.
Lo cual no quiere decir que no existan, ni tampoco que no se sancionen.
Y, desde luego, en esta categoría podrían incluirse perfectamente supuestos como los que se han descrito, el de la amiga también asesinada, el de los hijos, el de la mujer acechada por quien pretende tener relación con ella. E incluso se podrían incluir otros supuestos, como la trata, que hunde sus raíces en la situación desigualdad, y hasta algunos como la prostitución o la mutilación genital por la misma razón.
Un debate abierto pero que a día de hoy no tiene su reflejo en el Código Penal ni las leyes procesales.
Lo cual no quiere decir, insisto, en que no se castiguen ni merezcan el peor de los reproches, por descontado. Significa, ni más ni menos, que no serán competencia de un juzgado especializado. Y, lo que quizás es más trascendente, que sus víctimas no tendrán la consideración de víctimas de violencia de género a efectos asistenciales.
Aunque, teniendo en cuenta que la ley prevé ayudas para todas las víctimas de delitos sexuales y violentos, quizá la diferencia no sea tanta como a primera vista pudiera parecer.
Así que no nos armemos líos ni nos alarmemos innecesariamente. La violencia machista existe y podemos -y debemos- seguir llamándola así para referirnos a las acciones que estén dentro de ella.
Que la ley no las incluya dentro de su definición de violencia de género no pone ni quita nada, más allá de lo dicho. Y, como no hay que dejar de repetir, las soluciones no deberían venir de los juzgados sino de un momento anterior, de la educación en igualdad y de la inversión en prevención y concienciación social.
Los juzgados solo gestionan el fracaso de todo lo anterior, llaménse como se llamen. Y, créanme si les digo que la mejor noticia sería que estos juzgados dejaran de existir porque dejaran de ser necesarios.
Ojala lleguemos a ver ese día.

Fuente: Confilegal. - Por Susana Gisbert, fiscal.( España).-

ESPAÑA: LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE

Lo mejor, que tuviera el valor de comparecer para hablar de una temática que el miércoles pasado dejó casi vacíos los bancos del Senado. Ayer el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, informó ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados sobre la política del Gobierno en la lucha contra la violencia machista. Pero la intervención, sesgada y publicista, obvió cualquier recuerdo a las carencias, déficit y en definitiva, el fracaso que supone que cerca de 800 mujeres hayan sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en la última década. Lo que no se nombra, no existe. Al menos eso trata el Gobierno de producir.


Ministro, Alfonso Alonso, en la comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados




En la intervención del ministro no hubo referencias a la reducción de partidas para la lucha contra la desigualdad y la violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados y criticados desde las asociaciones de mujeres. No mencionó el recorte de competencias en violencia de género de los Ayuntamientos, a partir de la reforma de la Ley de Régimen Local, que ha provocado el cierre de algunos puntos de atención para las víctimas. Obvió los casos de mujeres que, aun habiendo denunciado, fueron asesinadas. Tampoco dejó espacio en su discurso a las carencias en formación de los sectores profesionales que intervienen en el proceso de atención y protección de las víctimas del maltrato –judicial, fuerzas de seguridad, ámbito médico…-. Y de los toques y recomendaciones recibidos desde organismos internacionales, ni asomo.

Alonso hizo un balance de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral, en el momento en el que se cumplen 10 años desde su entrada en vigor, basándose en cifras “exitosas” y exhibiendo cambios legislativos llevados a cabo por el Gobierno al que pertenece.

Así, tras alabar lo que denominó “madurez” de la política de Estado contra esta violencia y el compromiso unánime de la sociedad –el 98% de la población la rechaza-, el ministro mostró un balance en cifras: el teléfono 016, ha atendido hasta julio de este año más de 500.000 llamadas desde su puesta en marcha; más de 65.000 mujeres han recibido asistencia jurídica gratuita hasta diciembre de 2014; 215.000 mujeres se han beneficiado de la Renta Activa de Inserción desde 2006; de 2008 a 2014, 2.190 mujeres han sido beneficiarias del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos; desde 2005 hasta 2014 unas 20.000 mujeres han sido perceptoras de ayudas para cambio de domicilio; entre 2007 y 2014 se han recibido 1.052.244 denuncias; hasta 2014 se han instalado 2.742 brazaletes; a 31 de mayo de 2015, se habían cumplimentado en el sistema VioGén 1.900.000 valoraciones de riesgo; el gasto público global en violencia de género ha sido de más de 3.150 millones de euros durante de los últimos 10 años por parte del Gobierno y de más de 982 millones de euros por parte de las comunidades.

Fallos en el sistema de protección

Datos y cifras en los que no se ha incluido la bajada en las órdenes de protección (según datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial en 2009 un 60% de las denuncias terminaban en orden de protección, en 2014, el 46%) ni tampoco el aumento de casos en los que la víctima renuncia a continuar con el proceso judicial tras presentar una denuncia.

Y desde luego, el ministro no se detuvo en ninguno de los casos de mujeres que habiendo denunciado perdieron la vida a manos de sus parejas y ex parejas y cuyo análisis seguramente ponga de relieve fallas en el sistema que haya que abordar y solucionar.

No dijo nada de los “jalones de oreja” que el Estado español ha recibido últimamente por parte de los organismos internacionales. Por ejemplo, la condena que recibió España por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por el caso de Ángela González Carreño, cuyo marido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas. Ni una disculpa ha recibido esta mujer por parte del Gobierno. Entre otras cosas, el dictamen recomienda al Gobierno garantizar una formación del poder judicial que aborde los estereotipos de género. El ministro se congratuló ayer por la formación que reciben jueces y juezas. Sin embargo, es conocido y ha sido denunciado por expertas y organizaciones que lo que existe es un curso de un mes de duración y que solo puede hacerse vía online. Y que es insuficiente.

Tampoco ha hecho referencia a las carencias en materia educativa que entre otras, denuncia la Plataforma Impacto de Género Ya! en su análisis de los presupuestos generales del Estado con perspectiva de género. Las organizaciones critican que no exista una partida específica para tal materia, a pesar de que la ley integral “obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe del cumplimiento”. Al no haber presupuesto, se deja todo en manos de la buena voluntad del profesorado, que reclama también formación en la materia.

Begoña San José, integrante de la Plataforma, insiste en que esta situación “va en contra de las recomendaciones de la CEDAW y de lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, ratificado por España en 2014. Asimismo, la ONU recomendó a España recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. A pesar de estos indicadores, silenciados en la intervención del ministro, Alonso dice que “se configura la igualdad como un principio rector del sistema educativo".

Puntos de atención locales

El ministro se ha servido del silencio y la ocultación para sostener una imagen, unas cifras y apreciaciones que frente a otras, se resquebrajan. Quizás el caso más claro es la ausencia de referencias a las consecuencias que ha tenido la reforma la ley de Régimen Local que, como ya han denunciado expertas y organizaciones, ha provocado el cierre de puntos de atención municipales. Estos centros, que prestan servicios sociales de atención (psicológica, judicial y social), se encuentran sin recursos y con seria amenaza de ser cerrados al perder la financiación por parte de los ayuntamientos, ya que la nueva ley establece que las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% por las comunidades autónomas o el Estado. Muchas mujeres han buscado apoyo históricamente en estos puntos para recibir ayuda frente a las situaciones de maltratos. No se sabe a dónde podrán dirigirse ahora.

Si esto se pone de manifiesto, el ministro no puede sostener que “además de mantener y mejorar los mecanismos de respuesta existentes”….como dijo ayer. Si se sabe que sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) percibieron en 2014 el subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, y que solo se contabilizan 900 contratos de bonificación a aquellas empresas que contrataron a víctimas de violencia de género (0,7% de las denunciantes) en todo el Estado español, no se puede defender con dignidad que desde el Gobierno “se han centrado los esfuerzos en mejorar la contratación de las víctimas, que ha aumentado un 56%”.

Finalizado el balance, el ministro anunció que en las próximas semanas se lanzará una nueva plataforma online denominada “Por una sociedad libre de violencia de género” que recogerá información sobre recursos, servicios y acciones de prevención y concienciación social. También ha adelantado que se está “ultimando material didáctico” que estará a disposición de los centros educativos y que se va a “intensificar la formación a los agentes implicados”.

Fuente y archivo de fotos:  AmecoPress, cedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 


sábado, 12 de septiembre de 2015

OTRO PASO EN EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO

En los últimos años las problemáticas vinculadas a la igualdad y la no violencia de género han cobrado una visibilidad inusitada. Se han reconocido derechos que pocos años atrás no estaban problematizados de manera extendida, cuyo tratamiento ha sido promovido por y desde el Estado.






En este contexto, se han sancionado normas que constituyeron verdaderos hitos legislativos tendientes a reparar una histórica relación de desigualdad que ha mantenido durante siglos a las mujeres en una posición de subordinación. Asimismo, se crearon dispositivos y se generaron instancias institucionales a fin de darles cumplimiento. Sin embargo, todavía es mucho lo que queda por hacer para remover los patrones socioculturales que continúan discriminando y cosificando a las mujeres y que generan desigualdad, violencia y muerte.

La problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno: constituye un reclamo social que interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el pasado 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna de “Ni una menos” son la expresión de una comprensión colectiva cada vez mayor respecto de algo tan esencial como que vivir una vida libre de violencia por razones de género es un derecho inalienable de todos y todas, que llama a redoblar los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a un plexo normativo ejemplar.

Y el reclamo que se hizo ver y oír provino de personas de diferentes edades, sexos y géneros, variados orígenes étnicos, a niveles de formación y trayectorias, nucleando también una diversidad de procedencias políticas, sociales y geográficas. Lo que quedó en claro en aquella memorable jornada fue que quienes abrazamos la consigna quisimos aunar nuestras voces en contra de las diferentes expresiones de la violencia de género, consensuando la necesidad de concretar avances en torno de cinco puntos muy precisos. Más allá de adherir a ellos mediante una foto difundida en Internet, desde el lugar de responsabilidad que hoy me toca ocupar impulso este proyecto que se propone abordar uno de esos ejes, el de garantizar el efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

Mi propuesta, que es acompañada por senadores y senadoras de diversas bancadas, apunta a crear un cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, que tendrá como misión garantizar su acceso a la justicia. Este cuerpo, que dependerá del Poder Ejecutivo Nacional, brindará patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género. A su vez, desarrollará mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial. Las personas que integren este cuerpo sólo podrán acceder a él mediante concurso público de oposición y antecedentes y se exigirá una instancia obligatoria y permanente de formación especializada en la materia.

Me gustaría aquí que nos detengamos un instante en la razón de ser de esta iniciativa. Con legítima duda, quien esté leyendo esta nota puede preguntarse por qué no crear cuerpos de abogados especializados para cada delito del código penal. Entre las múltiples razones que se podrían esbozar, hay dos que son decisivas y que, a mi entender y en opinión de especialistas que he consultado, justifican la necesidad de la intervención estatal propuesta.

En primer lugar, por la magnitud del problema. De acuerdo con los datos de la Asociación Civil La Casa de Encuentro, en 2008 una mujer fue asesinada cada 40 horas. En 2014, cada 30. En los últimos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1808 femicidios, que dejaron cerca de 1500 niñas y niños sin madres, no siendo pocos los casos en los que quedaron bajo la tutela de los femicidas.

También es importante destacar la desigualdad de posibilidades para acceder a la justicia que tienen las víctimas de violencia de género en función de su localización geográfica. El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito.

En cuanto a los casos que llegan a instancia judicial la situación es preocupante. Según información de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Scjba) más del 50 por ciento de las causas iniciadas en el fuero penal por hechos típicos de violencia familiar (lesiones leves, graves, amenazas, pero también homicidios, abusos sexuales, otros delitos contra la integridad, apremios ilegales y otros delitos contra la libertad) fueron archivadas y sólo el 5 por ciento elevadas a juicio. Retengamos estos datos: una de cada dos denuncias son archivadas y solo cinco de cada cien llegan a juicio. El resto de esos miles de dramas son invisibles a los ojos de la Justicia.

La segunda razón que me llevó a trabajar este proyecto, y a mi juicio la más importante, es la convicción de que el estado tiene un rol fundamental e indelegable a la hora de garantizar el real acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y de evitar su revictimización en instancias judiciales. Para ello, es necesario adoptar políticas concretas que aseguren una intervención oportuna y efectiva, que sólo puede ser brindada por un equipo idóneo y especializado en la materia, con conocimientos profundos respecto del ciclo de la violencia machista y del entramado sociocultural que la invisibiliza y sostiene. A diferencia de otros delitos, la violencia de género es cíclica e incremental.

Sin embargo, en los casos de violencia de género las posibilidades de que un hombre que acostumbra a amenazar o intimidar a su pareja y/o hijos cometa daños físicos a la misma víctimas es muy alto. Es en la interrupción de esta escalada de violencia machista donde el estado puede ser parte de la solución antes que del problema, marcando la diferencia entre la vida y la muerte.

Por tal motivo, si ponemos a disposición de las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del estado nacional que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos y el acceso real al recurso judicial podremos evitar que este tipo de violencia siga escalando hasta sus expresiones más extremas e irreversibles.

Una sociedad que reclama contra la violencia de género puede hacerlo porque está empoderada, porque sabe que en los últimos años ha habido una profunda transformación tendiente a incluir y ampliar derechos, los conoce y exige su cumplimiento. Con una conciencia cada vez mayor acerca de que “lo personal es político”, que los casos de violencia contra las mujeres no constituyen hechos aislados, y que el estado debe seguir profundizando el rol que ha asumido, protegiendo y garantizando los derechos de las mujeres y de los colectivos de la diversidad, la medida de discriminación positiva que someto al debate legislativo se propone corregir las persistentes desigualdades de una estructura patriarcal anquilosada, para que cada víctima cuente con profesionales del derecho que la asistan y acompañen y no tengamos que decir #NiUnaMenos.

Fuente: Página 12 - Juan M. Abal Medina -Senador nacional (FpV).

viernes, 11 de septiembre de 2015

SE DENOMINA FEMICIDIO, NECIxS!

Título original: Degolló a su concubina frente a sus hijos, pero no fue femicidio.

CÓRDOBA,Argentina. La Cámara Séptima, con jurados populares, condenó a Néstor Omar Carnero a 27 años de prisión sin admitir la figura de femicidio. Había una denuncia previa por amenazas y una exclusión del hogar, pero entendieron que no fue violencia de género. 





"Esto era para perpetua sí o sí, le cagó la vida a mis tres hermanitos, mató a mi mamá”, decía desgarrada Gabriela tras escuchar que el asesino de Marta Núñez, Néstor Omar Carnero, fue condenado a 27 años de prisión y no a perpetua, porque el jurado no admitió la figura de femicidio.

“No era lo que esperábamos, a mi hermana no me la van a devolver, pero sin dudas Marta fue víctima de violencia de género”, reprochaba también María Núñez, la mujer que tiene la custodia de los tres hijos de la víctima y el femicida, y en los próximos meses los tendrá a los tres viviendo en su casa.

Minutos antes, en uso de su última palabra, había reclamado justicia por la mujer, brutalmente asesinada el 4 de diciembre de 2013 en su humilde vivienda de Cañada de Luque, ante la mirada horrorizada de los niños. “Merece salir de la cárcel como mi hermana salió de su casa, desfigurada y en un cajón”, había dicho María, despertando un profuso aplauso del resto de los familiares y allegados a la familia.

En un juicio con jurados populares, la Cámara Séptima encontró a Carnero culpable de coacción, tenencia ilegal de arma, desobediencia a la autoridad, violación de domicilio y homicidio calificado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación, aplicándole la pena de 27 años de prisión perpetua.

La figura coincide con lo solicitado en su alegato por el abogado defensor, Leonardo Flores, pero no con el monto de pena que había pedido, entre 12 y 15 años. “No hubo femicidio, el fallo es excelente”, expresó al término de la audiencia, y despertó la ira de los familiares de Núñez que le reprocharon su accionar.

El fiscal Altamirano, en cambio, había planteado desde el principio que se trató de un “femicidio atroz” y había solicitado la prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. La denuncia realizada por la víctima dos meses antes de su asesinato por amenazas, que había derivado en la exclusión del hogar de Carnero, demostraba el antecedente violento que no fue considerado en la sentencia.

"Hubo mal trato, la vieron golpeada, Carnero ejercía poder y dominación y ella un rol pasivo, aunque no de sumisión, y había una denuncia previa por amenazas", enumeró Altamirano en su alegato para graficar la violencia de género. Y agregó: "la forma del asesinato y la brutal golpiza previa, la denostación de la víctima aún después de muerta y la violación a la orden de restricción". 

En dos semanas se conocerán los fundamentos del fallo, y es muy posible que el fiscal presente un recurso de casación.

El caso

 Marta fue degollada el 4 de diciembre de 2013 en su humilde vivienda de Cañada de Luque, en presencia de sus tres hijos. Dos meses antes, Carnero había sido excluido del hogar por haber amenazado a la mujer y a sus hijos. 

Además de la imputación por el asesinato, Carnero carga también con dos causas previas por haber amenazado a Marta y a los niños, y por tenencia ilegal de arma de fuego. 

“El papi la mató a la mami”, le dijo llorando la mayor de las hijas a un vecino, que rápidamente pidió ayuda a la Policía y contuvo a los niños, horrorizados con la escena.

Con un auditorio repleto de familiares y allegados a la víctima, y unos pocos de Carnero, el juicio con jurados populares culminó este miércoles entre gritos e insultos. En 15 días se conocerán los fundamentos. 

Fuente: DíaaDía - Por Laura Giubergia.

martes, 8 de septiembre de 2015

ESPAÑA: LEGISLADORXS MACHISTAS

Título original: El senado se vacía cuando toca hablar de violencia de género

Las nuevas tecnologías tienen a nuestro favor dar la oportunidad a que gestos reprobables no pasen desapercibidos. Así ha ocurrido recientemente cuando a través de las redes sociales se distribuía la imagen del Senado, vacío para hablar de violencia de género, mientras las mujeres siguen siendo maltratadas y asesinadas.

El pasado miércoles, dos de septiembre, el Senado debatió dos mociones consecutivas. La primera sobre Venezuela, la segunda sobre violencia de género. En la primera, casi todos los asientos de la cámara estaban ocupados. Después, cuando tocaba hablar del Pacto de Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres, el Senado se quedó casi vacío.

No parece que los datos y estadísticas recogidos en informes exigidos por ley y distribuidos por organismos oficiales arañen sus conciencias. Tampoco las noticias difundidas por los medios de comunicación cuando las mujeres acaban siendo asesinadas a manos de sus parejas o exparejas - 30 según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género durante lo que llevamos de 2015-. De nada sirven las macroencuestas que diseccionan el maltrato y su denuncia ni las reclamaciones de las asociaciones de mujeres que conviven cada día con la atrocidad. Para las personas que dicen representarnos –afortunadamente no para todas, aunque tampoco las que se quedaron a la sesión han sido muy virulentas en condenar la actitud de aquellas que abandonaron la cámara- la lucha contra la violencia machista no es una prioridad.

El 10% de las mujeres de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psicológica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y 11% violencia económica, según la Macroencuesta oficial 2015, cifras que se incrementan un 33% en las mujeres con discapacidad. Más de 126.000 mujeres al año denuncian la violencia de género (datos del Consejo General del Poder Judicial), aunque siete de cada diez mujeres que la han sufrido (el 67,8%) nunca lo han denunciado (Macroencuesta 2015)

En Europa, el 33% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual y el 5% han sido violadas desde los 15 años. Respecto a las relaciones de pareja o expareja, el 22 % han experimentado violencia física y/o sexual y el 20% han sufrido violencia física y/o sexual a manos de otra persona distinta a su pareja desde los 15 años. Sólo el 33% de las mujeres que han sufrido violencia a manos de su pareja y el 26% de las víctimas de violencia por parte de una persona distinta a su pareja se pusieron en contacto con la policía u otro tipo de organización tras el acto más grave de violencia sufrido (encuesta europea de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014).

Insistimos en los datos, para ilustrar la magnitud e importancia del asunto. Por si sirve de algo. Mientras el Senado se vacía y las calles se preparan para acoger a todas aquellas personas que quieren un mundo libre de violencias machistas el próximo 7 de noviembre.

Fuente: Archivo AmecoPress, 

EL ABUSO SEGÚN LAS CLASES SOCIALES

título original: Por una sentencia que defienda el consentimiento

Los acusados son alumnos de los colegios más caros de Lomas de Zamora. Concurrieron a una fiesta en una casa en la que también participaban las dos víctimas, de 15 y 16 años. Los chicos las manosearon y abusaron de ellas. Pidieron cinco años de condena.



Hoy se conocerá el veredicto de un juicio muy especial en los tribunales de Lomas de Zamora: los acusados son dos adolescentes de clase alta, jugadores de rugby, uno de ellos hijo de un médico, director de un hospital del Gobierno de la Ciudad. Se les imputa haber abusado sexualmente de dos chicas, que tenían 15 y 16 años al momento de los hechos, durante una fiesta de cumpleaños en una casa, a la que no estaban invitados –y presionaron para ingresar junto con otros amigos–, y en la que no había ningún adulto presente. Víctimas y victimarios eran alumnos de los colegios bilingües más caros de la zona. En su alegato el fiscal pidió 6 años de prisión para ambos.

El delito que se les imputa es abuso sexual doblemente agravado, (por haber sido cometido por dos o más personas y por haber resultado gravemente ultrajante para las víctimas), reiterado por tratarse de dos hechos. Uno de ellos tenía 17 años y el otro 18, en ese momento. Uno iba al colegio Balmoral. El otro habría sido expulsado de esa escuela y terminó sus estudios en 2013 en el Lomas High School. Los dos eran alumnos de sexto año cuando fueron denunciados.

El juicio, a cargo del Tribunal Unico de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se desarrolló entre el 21 y el 31 de agosto, a puertas cerradas. Solo pudieron ingresar familiares de víctimas y victimarios y sus abogados, por tratarse de menores de edad. Fueron cinco audiencias. Los acusados se negaron a declarar. Las dos chicas, en cambio, dieron pormenorizados detalles de los ataques sufridos aquella madrugada del 14 de octubre de 2013. También prestaron testimonios casi una veintena de amigos y amigas de unos y otros, que estuvieron presentes en aquella fiesta.

Para hoy está citada la audiencia donde se dará a conocer el fallo. El tribunal, ubicado en Talcahuano 278, primer piso, de la localidad de Banfield, está conformado por las juezas Isabel Acion –presidenta– y Miriam Beatriz Buzzo y Marta Pascual. En su alegato, el fiscal Jorge Venzano pidió seis años de prisión para cada uno de los adolescentes acusados. El abogado de una de las chicas, Ciro Annicchiarico, reclamó cuatro años y medio para uno y cinco años para el otro. Y además, pidió que siguiera la investigación judicial para individualizar al resto de los atacantes, “ya que quedó claramente probado que los aquí imputados no fueron los únicos que participaron del escarnio que ellas sufrieron”, señaló frente al Tribunal. Si fueran adultos, podría caberle una pena de 8 a 20 años de prisión. La defensa pidió la absolución: no negó que las dos adolescentes hayan sido abusadas en el cumpleaños, pero sostuvo que no se sabía quiénes las habían manoseado. Sin embargo, durante el juicio oral, el fiscal le pidió a una de las víctimas que estaba declarando si podía reconocer a sus atacantes y la chica se dio vuelta, los buscó entre el público y los señaló dando su nombre y apellido. Este diario resguardará los datos personales de las y los involucrados por tratarse de menores de edad.

Las chicas declararon que las metieron por la fuerza en una habitación de la casa –donde se hacía la celebración, en la zona más residencial de Banfield– y varios jóvenes las manosearon en los pechos y genitales, sin dejarlas salir del lugar a pesar de sus esfuerzos por escapar, mientras escuchaban risas. A una de las víctimas la encapucharon. A la otra la atacaron con la luz apagada. Las adolescentes sólo pudieron identificar a dos de los agresores. Una le vio el rostro a uno de ellos. Pero fueron fundamentales para avanzar con la acusación, los testimonios de otros invitados, que declararon como testigos en la instrucción de la causa –entre ellos el hijo del diputado y ex intendente lomense, Martín Insaurralde– y datos de publicaciones que hicieron en Facebook los propios involucrados en los días posteriores a la fiesta.

Prestaron sus testimonios durante el juicio también los peritos psicólogos que examinaron tanto a las víctimas como a los jóvenes responsables, quienes ratificaron sus conclusiones acerca de la confiabilidad de los relatos de las chicas como sobre la completa normalidad psíquica de los imputados. Declararon además las madres de las dos adolescentes, que relataron cómo se enteraron de lo que les pasó a sus hijas y las consecuencias psicológicas que aún hasta hoy sufren: ambas continúan en terapia.

En su momento el episodio tuvo amplia repercusión mediática porque familiares y amigos de las víctimas realizaron una marcha frente al colegio al que concurría uno de los imputados, el Balmoral, ubicado en la zona residencial de Banfield. La noche del 13 de octubre de 2013, un alumno de ese colegio, de tercer año, festejaba su cumpleaños de 15 en su casa, ubicada sobre la calle Alvear, a pocas cuadras del Balmoral. Entre sus invitadas, estaban las dos chicas, amigas de otro colegio de Lomas. Según declararon en la causa varios de los invitados, los dos acusados, de diecisiete y dieciocho años –en ese entonces–, llegaron a la fiesta sin haber sido invitados, en banda, junto a otros adolescentes de la misma edad, la mayoría alumnos de sexto año del Balmoral, que se identifican como parte de un equipo de fútbol conocido como La Gloriosa, que participaba por ese momento en un torneo de unas canchas privadas, cercanas al campo de deportes del colegio, que serían propiedad del padre de uno de ellos. También declararon en la instrucción –algunos con identidad reservada– que eran conocidos los de La Gloriosa por tener conductas agresivas y que por esa razón los dejaron entrar a la casa por temor a ser golpeados en el colegio como represalia.

La causa se abrió a partir de la denuncia que hizo la madre de una de las víctimas, el 16 de octubre de 2013, primero en la comisaría 2ª de Banfield y a los pocos días en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal María Cristina Luzuriaga, sobre quien recayó la investigación del caso. Las chicas prestaron declaración testimonial. Contaron de los manoseos que sufrieron por encima y por debajo de su ropa interior, que escuchaban risas burlonas y que en el grupo de varones había incluso otra chica que también se reía de la situación. Las víctimas declararon en cámara Gesell y relataron en detalle los hechos a partir de un extenso cuestionario que les fue haciendo una perito psicóloga del Ministerio Público Fiscal. En virtud de las pruebas recolectadas, en noviembre de 2013 la fiscal Luzuriaga solicitó al juez de Garantías del Fuero Joven Nº 2 de Lomas de Zamora, Mariano René Alessandrini, la detención de los dos adolescentes acusados de “abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos o más personas y por resultar gravemente ultrajante para las víctimas, reiterado (dos hechos)”. Pero el magistrado denegó el pedido, por considerar que no existía peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Los dos adolescentes imputados llegaron al juicio con una restricción de acercarse a las víctimas, dictada por la Justicia, después de que se cruzaron con uno de ellos una noche de febrero de 2014, cuando iban a tomar un micro en Lomas con amigas para ir a bailar a una disco en la ciudad de Buenos Aires. El chico estaba por tomar otro micro para trasladarse al mismo boliche. Una de las adolescentes denunció que el joven la miró de forma intimidante y le gritó “violada”, “cagona”. La escena la descompuso, llamó a su madre, que recién la había dejado y se encontraba cerca, y se retiró del lugar. Al denunciar el hecho, contó además que tenía problemas para dormir, que la situación le daba mucho miedo porque el grupo de chicos que la atacó en la fiesta frecuenta los mismos lugares de diversión que ella, que esos pibes “no tienen freno”, que ella tenía temor de volver a encontrárselos y que le sigan diciendo cosas, y que un día la vean sola y vuelva a pasarle lo mismo que en el cumpleaños.

Un mes después tuvo otro episodio que la volvió a atemorizar. Denunció que recibió en su celular una llamada y cuando preguntó quién hablaba, una voz de un desconocido le dijo “los del Balmoral” y escuchó a varias personas riéndose detrás de esa conversación y otra voz que le gritó “violada, ¿ya no te acordás de nosotros?”.

Tal vez, el veredicto de hoy quiebre la impunidad, que en otras oportunidades, según testigos, habían quedado hechos similares protagonizados por los mismos imputados y otros jóvenes del mismo grupo de amigos que se “divertían” hostigando y abusando a chicas en bailes y fiestas.

“El poder no da derecho al abuso”

“Si cabe encontrar una particularidad a este caso es que se trató de hechos en los que están involucrados, tanto por parte de las víctimas como de los imputados y sus amigos, jóvenes de clase media acomodada de la zona, que no son justamente los sujetos procesales que habitualmente estamos acostumbrados a ver en estos procesos, tanto de menores como de adultos”, advirtió a Página/12 el abogado de la querella, en representación de una de las denunciantes, Ciro Annicchiarico. El letrado consideró que “este caso va a dar lugar a una seria y profunda reflexión acerca de la educación y los valores que los adultos, tanto a nivel familiar como desde el sistema educativo, estamos brindando a nuestros chicos”.

“Como dije en mi alegato, hay cosas que no se deben hacer y punto. Disponer de dinero o de una cierta cuota de poder social, no da derecho a abusar de alguien que es más débil. Lo que pasó no es una broma, es un delito, y nuestro jóvenes muchas veces no terminan de comprender y de internalizar eso, no ven adecuadamente la línea que separa una broma, un juego, que muchas veces es agresivo y mortificante respecto de otros más débiles, de un delito. Y eso, sin ninguna duda es responsabilidad nuestra, de los mayores, que no fijamos pautas claras desde el seno familiar, que no se fijan y se imponen pautas claras desde la escuela, pública o privada, que no se comunican valores y prohibiciones claramente desde los medios masivos de comunicación, en los que hoy día vemos que se normalizan y aceptan como “gracias” conductas violentas, reñidas con la ética más elemental, fomentándose groserías, irrespeto por los derechos ajenos. Lo vemos todos los días en la televisión, lo escuchamos en muchas emisoras de radio, hacer y decir barbaridades por parte de adultos que, obviamente, después funcionan en los chicos como legitimación de ese tipo de acciones y conductas”, agregó Annicchiarico.

Fuente: Página 12 -   Por Mariana Carbajal