lunes, 14 de septiembre de 2015

ESPAÑA: LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE

Lo mejor, que tuviera el valor de comparecer para hablar de una temática que el miércoles pasado dejó casi vacíos los bancos del Senado. Ayer el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, informó ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados sobre la política del Gobierno en la lucha contra la violencia machista. Pero la intervención, sesgada y publicista, obvió cualquier recuerdo a las carencias, déficit y en definitiva, el fracaso que supone que cerca de 800 mujeres hayan sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en la última década. Lo que no se nombra, no existe. Al menos eso trata el Gobierno de producir.


Ministro, Alfonso Alonso, en la comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados




En la intervención del ministro no hubo referencias a la reducción de partidas para la lucha contra la desigualdad y la violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados y criticados desde las asociaciones de mujeres. No mencionó el recorte de competencias en violencia de género de los Ayuntamientos, a partir de la reforma de la Ley de Régimen Local, que ha provocado el cierre de algunos puntos de atención para las víctimas. Obvió los casos de mujeres que, aun habiendo denunciado, fueron asesinadas. Tampoco dejó espacio en su discurso a las carencias en formación de los sectores profesionales que intervienen en el proceso de atención y protección de las víctimas del maltrato –judicial, fuerzas de seguridad, ámbito médico…-. Y de los toques y recomendaciones recibidos desde organismos internacionales, ni asomo.

Alonso hizo un balance de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral, en el momento en el que se cumplen 10 años desde su entrada en vigor, basándose en cifras “exitosas” y exhibiendo cambios legislativos llevados a cabo por el Gobierno al que pertenece.

Así, tras alabar lo que denominó “madurez” de la política de Estado contra esta violencia y el compromiso unánime de la sociedad –el 98% de la población la rechaza-, el ministro mostró un balance en cifras: el teléfono 016, ha atendido hasta julio de este año más de 500.000 llamadas desde su puesta en marcha; más de 65.000 mujeres han recibido asistencia jurídica gratuita hasta diciembre de 2014; 215.000 mujeres se han beneficiado de la Renta Activa de Inserción desde 2006; de 2008 a 2014, 2.190 mujeres han sido beneficiarias del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos; desde 2005 hasta 2014 unas 20.000 mujeres han sido perceptoras de ayudas para cambio de domicilio; entre 2007 y 2014 se han recibido 1.052.244 denuncias; hasta 2014 se han instalado 2.742 brazaletes; a 31 de mayo de 2015, se habían cumplimentado en el sistema VioGén 1.900.000 valoraciones de riesgo; el gasto público global en violencia de género ha sido de más de 3.150 millones de euros durante de los últimos 10 años por parte del Gobierno y de más de 982 millones de euros por parte de las comunidades.

Fallos en el sistema de protección

Datos y cifras en los que no se ha incluido la bajada en las órdenes de protección (según datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial en 2009 un 60% de las denuncias terminaban en orden de protección, en 2014, el 46%) ni tampoco el aumento de casos en los que la víctima renuncia a continuar con el proceso judicial tras presentar una denuncia.

Y desde luego, el ministro no se detuvo en ninguno de los casos de mujeres que habiendo denunciado perdieron la vida a manos de sus parejas y ex parejas y cuyo análisis seguramente ponga de relieve fallas en el sistema que haya que abordar y solucionar.

No dijo nada de los “jalones de oreja” que el Estado español ha recibido últimamente por parte de los organismos internacionales. Por ejemplo, la condena que recibió España por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por el caso de Ángela González Carreño, cuyo marido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas. Ni una disculpa ha recibido esta mujer por parte del Gobierno. Entre otras cosas, el dictamen recomienda al Gobierno garantizar una formación del poder judicial que aborde los estereotipos de género. El ministro se congratuló ayer por la formación que reciben jueces y juezas. Sin embargo, es conocido y ha sido denunciado por expertas y organizaciones que lo que existe es un curso de un mes de duración y que solo puede hacerse vía online. Y que es insuficiente.

Tampoco ha hecho referencia a las carencias en materia educativa que entre otras, denuncia la Plataforma Impacto de Género Ya! en su análisis de los presupuestos generales del Estado con perspectiva de género. Las organizaciones critican que no exista una partida específica para tal materia, a pesar de que la ley integral “obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe del cumplimiento”. Al no haber presupuesto, se deja todo en manos de la buena voluntad del profesorado, que reclama también formación en la materia.

Begoña San José, integrante de la Plataforma, insiste en que esta situación “va en contra de las recomendaciones de la CEDAW y de lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, ratificado por España en 2014. Asimismo, la ONU recomendó a España recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. A pesar de estos indicadores, silenciados en la intervención del ministro, Alonso dice que “se configura la igualdad como un principio rector del sistema educativo".

Puntos de atención locales

El ministro se ha servido del silencio y la ocultación para sostener una imagen, unas cifras y apreciaciones que frente a otras, se resquebrajan. Quizás el caso más claro es la ausencia de referencias a las consecuencias que ha tenido la reforma la ley de Régimen Local que, como ya han denunciado expertas y organizaciones, ha provocado el cierre de puntos de atención municipales. Estos centros, que prestan servicios sociales de atención (psicológica, judicial y social), se encuentran sin recursos y con seria amenaza de ser cerrados al perder la financiación por parte de los ayuntamientos, ya que la nueva ley establece que las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% por las comunidades autónomas o el Estado. Muchas mujeres han buscado apoyo históricamente en estos puntos para recibir ayuda frente a las situaciones de maltratos. No se sabe a dónde podrán dirigirse ahora.

Si esto se pone de manifiesto, el ministro no puede sostener que “además de mantener y mejorar los mecanismos de respuesta existentes”….como dijo ayer. Si se sabe que sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) percibieron en 2014 el subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, y que solo se contabilizan 900 contratos de bonificación a aquellas empresas que contrataron a víctimas de violencia de género (0,7% de las denunciantes) en todo el Estado español, no se puede defender con dignidad que desde el Gobierno “se han centrado los esfuerzos en mejorar la contratación de las víctimas, que ha aumentado un 56%”.

Finalizado el balance, el ministro anunció que en las próximas semanas se lanzará una nueva plataforma online denominada “Por una sociedad libre de violencia de género” que recogerá información sobre recursos, servicios y acciones de prevención y concienciación social. También ha adelantado que se está “ultimando material didáctico” que estará a disposición de los centros educativos y que se va a “intensificar la formación a los agentes implicados”.

Fuente y archivo de fotos:  AmecoPress, cedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 


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