viernes, 18 de septiembre de 2015

LA ELECCIÓN DE REINAS Y MISSES VISIBILIZA LA VIOLENCIA SIMBÓLICA

Título original:  Reinas y misses: cuando la violencia simbólica se ejerce con el auspicio del Estado


Elección de la Reina del Langostino y el Camarón.

Son parte de festejos municipales, promociones de productos, iniciativas turísticas, cualquier excusa parece buena para presentar el cuerpo de la mujer como principal atracción, mujeres que encajan en un molde preciso, cada vez más jóvenes. Los concursos de belleza en sus múltiples formas, son una práctica extendida y naturalizada, y sin embargo, chocan con la letra de la Ley 26485, que define a la violencia simbólica como “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”. Apeladas por esta contradicción entre un Estado que legisla contra la violencia al tiempo que auspicia este tipo de eventos, asociaciones de mujeres, organización de la sociedad civil y entidades públicas han comenzado a problematizar estas prácticas, contribuyendo a visibilizar su carácter violento, instalando el debate social y, sirviéndose de la ley para ganar algunas batallas. Los casos del Bikini Open, en Puerto Madryn; la Reina del Camarón y el Langostino, en Bahia Blanca; la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde fue aprobada en 2014 una ordenanza que obliga al Estado a abstenerse de la organización de estos eventos; y Orán, Salta, donde también se inició el debate social por el tema.  


COMUNICAR IGUALDAD- Octubre del 2014, miles de mujeres se dirigen desde todos los rincones de la Argentina hacia la ciudad de Salta en ocasión del concurso XXIX  Encuentro Nacional de Mujeres. En las conversaciones y los ánimos de las participantes, un prólogo trágico: Evelia Murillo, maestra rural, había sido asesinada semanas atrás por intentar proteger a una de sus alumnas de un hombre que venía a abusar sexualmente de ella. Mientras, en la misma provincia, otras nenas se preparaban, muchas con el entusiasta apoyo de sus padres y madres, para participar en el corso infantil de los carnavales de Orán, desfile de niñas pequeñas vestidas a la moda “tinelliana” que muestran sus dotes seductoras antes de la pubertad, o, como lo describe gráficamente la activista de la asociación Takuapú de esa ciudad, Silvia Jenefe, “nenas bailando delante de todos reggaetones guarangos, que hacen perreo, imágenes que rayan la pedofilia con hombres adultos bailando entre ellas, y que se registran en videos que después son subidos a internet para mayor denigración de las menores”.  Desde la organización de Jenefe, señalan el rol que la objetivización continua de las mujeres tiene en el alto índice de femicidios en la provincia.

“Venimos haciendo un monitoreo de los eventos públicos y privados, sobretodo en Orán, casos auspiciados por el estado municipal y que se llevan a cabo por empresarios de la noche que son los que manejan la cultura acá, y generan una cadena donde lo principal es la objetivación sexual  de la mujer. Corsos de conjuntos tropicales donde desfilan menores de edad, las letras de las canciones están plagadas de temas grotescos que ridiculizan y humillan a las mujeres” relata esta docente. La contradicción no se limita a que el estado autorice dichas prácticas, sino a que también las financia, otorgando, según denuncia Jenefe, fondos a los mismos empresarios de la noche, de las bailantas y las radios, que a través de la música que emiten y de los comentarios de sus locutores “cosifican a la mujer las 24 horas del día”.


Con más o menos carne a la vista, con chicas siempre jóvenes y a veces jovencísimas,  lo cierto es que la exhibición del cuerpo de la mujer, seleccionado y trabajado para satisfacción de la mirada masculina,  forma parte de las atracciones de muchas fiestas a lo largo y ancho del país. No ha sido hasta los últimos años cuando se ha comenzado a cuestionar este tipo de prácticas, visibilizando la violencia que ejercen. 

 La existencia de la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia, que por primera vez tipifica la violencia simbólica, ha dado respaldo legal a estas iniciativas. La colaboración entre organizaciones sociales y entidades públicas, junto a la creciente concientización de la sociedad, completan la ecuación.

No es un debate abstracto. El año pasado en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, se publicó la primera ordenanza que obliga a los poderes públicos municipales a abstenerse de auspiciar estos eventos. “Chivilcoy no escapa de la realidad del país, desde los últimos diez, quince años, el Estado venía organizando concursos de belleza, anteriormente existían este tipo de concursos, pero eran promovidos por organizaciones privadas” contextualiza Claudia Marengo, de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), organización impulsora de la iniciativa. “El campo sociopolítico de la ciudad posibilita que pudiéramos presentar la ordenanza, trabajamos el tema tanto desde el área de género de la CTA, como desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez. En la búsqueda de avales vimos un quiebre importante, nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo muy grande.”

Los avales fueron en efecto muchos, comprendieron entidades públicas como la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), la Red PAR – Periodistas de Argentina en Red. Por una comunicación no sexista-, personalidades como Eva Giberti o la periodista Mariana Carbajal, o la Madre de la Plaza de Mayo de la Plata Adelina de Matti quien aportó apoyos desde esa ciudad. También militando en la calle descubrieron, en las adhesiones particulares, a una población joven concientizada sobre este tipo de eventos. Una propuesta con un gran respaldo que se tradujo en una rápida aprobación: a mediados de noviembre del año pasado “participamos en el plenario de concejales, fundamentando el proyecto y pudimos ver que había bastante aceptación”. Sólo un mes después, la ordenanza se trasladó al recinto y en la última reunión del año del Consejo Deliberante, con el voto favorable de 8 de los 13 concejales presentes se dio vía libre a la ordenanza. El resto se abstuvo, pero ninguno adujo desacuerdo con el contenido para hacerlo, nos narra Marengo. Ya antes de la votación, el Intendente de la Ciudad, Darío Speranza, había anunciado que durante su mandato no se auspiciarían este tipo de eventos.

Otro funcionario público, el director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Sergio Raimondi, tuvo que posicionarse cuando la asociación Acciones Feministas le invitó, el año pasado, a que “pusiera a consideración el cese de las elecciones de reina dentro de las actividades culturales vinculadas con el organismo que representa”. Lo hizo favorablemente, retirando el auspicio a este tipo de actividades durante su mandato.  En la nota, le recordaban que “estas elecciones son selecciones discriminatorias basadas en estereotipos opresivos de mujeres y niñas”, y “refuerzan concepciones patriarcales de los roles de las mujeres  en la sociedad, incluida la cosificación y degradación de las niñas, y generadoras de otras violencias”.  Silvia Bajo, integrante de Acciones Feministas y firmante de la nota, nos relata cómo su organización viene impulsando “la visibilización de esta práctica como una forma más de violencia”. En la investigación que la organización llevó a cabo previamente, pudieron constatar la proliferación de “festejos entorno a una actividad productiva que ineludiblemente traen aparejada una elección de la reina, central para la fiesta” observando que, de tan naturalizado que está este tipo de evento “no se había prácticamente cuestionado”.

Al cuestionarlo en Bahía Blanca, en particular frente a la elección en Semana Santa de la Reina del Camarón y el Langostino con su anual desfile en concurso3tanga, la nota dirigida a Raimondi se hizo pública, llegó a los medios, se generó el debate. Y aunque a veces se presentó en los medios como si se tratara de un enfrentamiento entre mujeres,  feministas contra postulantes a reinas, lamenta Bajo, el debate al menos quedó instalado. Además, la CONSAVIG respaldó la iniciativa, presentando una nota no sólo para el caso de Bahía Blanca, sino con destino también a otras municipalidades. Acciones Feministas se dio cuenta de que sus esfuerzos tenían una respuesta social “cuando nosotras decimos ‘¿Qué hace un intendente, diputado o diputada observando a una chica desfilar en tanga?’, este mensaje llega”. Frente a esta constatación, Bajo reconoce que persiste, en particular entre quienes promueven el evento, el argumento de la libertad de elección: “Si las chicas quieren hacerlo, cuál es el problema, se preguntan”. “Pero en este debate no se cuestiona a las chicas, lo que se cuestiona es el papel del Estado”, subraya Bajo.

En esta idea incidieron desde 2003, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y otras organizaciones locales ante la convocatoria del OPEN BIKINI en Puerto Madryn. Alejandra Tolosa, entonces al frente de la delegación del INADI y actualmente integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) nos cuenta como “cada año presentamos notas dirigidas a la gestión municipal, a otros auspiciantes privados y al organizador, poniéndoles en conocimiento sobre la existencia de la ley, el significado de violencia simbólica, y lo que entendíamos que implicaba este concurso. En 2012 el organizador, privado, pensó que estaban prohibiéndole el concurso y no lo organizó, así se generó un debate que llegó a los medios”.

El OPEN BIKINI volvió a la ciudad por dos años más, hasta que en 2015 se desplazó a Playa Unión, Balneario de la Ciudad de Rawson, probablemente por falta de auspicios en Puerto Madryn, considera Tolosa.

Estrategias legales contra la violencia simbólica

Como concuerdan las personas con la que hablamos, la Ley 26845 es una herramienta fundamental para visibilizar y dar respaldo legal a las iniciativas que persiguen retirar al Estado de la organización de estos eventos, una herramienta que puede articularse con otras leyes. “Nuestro proyecto está fundamentado precisamente en la definición de violencia simbólica así como en las leyes de protección de la niñez. Sin el marco de esta ley tendríamos que haber armado un proyecto diferente; este proyecto, como está, no hubiese sido posible” relata Marengo sobre la experiencia de Chivilcoy. “La ley es muy buena en la letra pero falta voluntad política, recursos, refugios, capacitaciones, así que mucho menos le van a dar bolilla a formas de violencia más sutiles como éstas. La ley sirve para interpretarla y trabajar, y si es difícil aplicarla a lo público, más difícil es aplicarla en lo privado, ese es el siguiente paso” reflexiona Verónica Bajo desde Bahía Blanca.

Algunos actores apuestan por reglamentar en primera instancia: condicionar o prohibir la participación de personas menores de edad y excluir las prácticas más discriminatorias (aquellas que incluyen entre sus requisitos ser soltera, no estar embarazada…) son acciones que forman parte de esta opción. Marengo admite que “hemos debatido mucho esta temática. No estamos de acuerdo porque por más restricciones que pongas la violencia simbólica sigue estando, el objetivo de estos concursos es poner a las mujeres a competir con su imagen de acuerdo a la visión del varón, y ése es un objetivo violento”. Así, si bien celebra que al menos con la regulación se empezó a hablar, “regular en sí mismo no soluciona el problema, el Estado no puede promover este tipo de eventos”. Tolosa concuerda con esta idea: “La reglamentación sirve al menos para sacar a las menores mientras este proceso lento avanza, pero lo importante es que se visibilice la violencia simbólica que supone este tipo de concursos”.

FUENTE: Comunicar Iguadad - Por Sarah Babiker

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