En los últimos años las problemáticas vinculadas a la igualdad y la no violencia de género han cobrado una visibilidad inusitada. Se han reconocido derechos que pocos años atrás no estaban problematizados de manera extendida, cuyo tratamiento ha sido promovido por y desde el Estado.
En este contexto, se han sancionado normas que constituyeron verdaderos hitos legislativos tendientes a reparar una histórica relación de desigualdad que ha mantenido durante siglos a las mujeres en una posición de subordinación. Asimismo, se crearon dispositivos y se generaron instancias institucionales a fin de darles cumplimiento. Sin embargo, todavía es mucho lo que queda por hacer para remover los patrones socioculturales que continúan discriminando y cosificando a las mujeres y que generan desigualdad, violencia y muerte.
La problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno: constituye un reclamo social que interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el pasado 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna de “Ni una menos” son la expresión de una comprensión colectiva cada vez mayor respecto de algo tan esencial como que vivir una vida libre de violencia por razones de género es un derecho inalienable de todos y todas, que llama a redoblar los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a un plexo normativo ejemplar.
Y el reclamo que se hizo ver y oír provino de personas de diferentes edades, sexos y géneros, variados orígenes étnicos, a niveles de formación y trayectorias, nucleando también una diversidad de procedencias políticas, sociales y geográficas. Lo que quedó en claro en aquella memorable jornada fue que quienes abrazamos la consigna quisimos aunar nuestras voces en contra de las diferentes expresiones de la violencia de género, consensuando la necesidad de concretar avances en torno de cinco puntos muy precisos. Más allá de adherir a ellos mediante una foto difundida en Internet, desde el lugar de responsabilidad que hoy me toca ocupar impulso este proyecto que se propone abordar uno de esos ejes, el de garantizar el efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.
Mi propuesta, que es acompañada por senadores y senadoras de diversas bancadas, apunta a crear un cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, que tendrá como misión garantizar su acceso a la justicia. Este cuerpo, que dependerá del Poder Ejecutivo Nacional, brindará patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género. A su vez, desarrollará mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial. Las personas que integren este cuerpo sólo podrán acceder a él mediante concurso público de oposición y antecedentes y se exigirá una instancia obligatoria y permanente de formación especializada en la materia.
Me gustaría aquí que nos detengamos un instante en la razón de ser de esta iniciativa. Con legítima duda, quien esté leyendo esta nota puede preguntarse por qué no crear cuerpos de abogados especializados para cada delito del código penal. Entre las múltiples razones que se podrían esbozar, hay dos que son decisivas y que, a mi entender y en opinión de especialistas que he consultado, justifican la necesidad de la intervención estatal propuesta.
En primer lugar, por la magnitud del problema. De acuerdo con los datos de la Asociación Civil La Casa de Encuentro, en 2008 una mujer fue asesinada cada 40 horas. En 2014, cada 30. En los últimos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1808 femicidios, que dejaron cerca de 1500 niñas y niños sin madres, no siendo pocos los casos en los que quedaron bajo la tutela de los femicidas.
También es importante destacar la desigualdad de posibilidades para acceder a la justicia que tienen las víctimas de violencia de género en función de su localización geográfica. El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito.
En cuanto a los casos que llegan a instancia judicial la situación es preocupante. Según información de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Scjba) más del 50 por ciento de las causas iniciadas en el fuero penal por hechos típicos de violencia familiar (lesiones leves, graves, amenazas, pero también homicidios, abusos sexuales, otros delitos contra la integridad, apremios ilegales y otros delitos contra la libertad) fueron archivadas y sólo el 5 por ciento elevadas a juicio. Retengamos estos datos: una de cada dos denuncias son archivadas y solo cinco de cada cien llegan a juicio. El resto de esos miles de dramas son invisibles a los ojos de la Justicia.
La segunda razón que me llevó a trabajar este proyecto, y a mi juicio la más importante, es la convicción de que el estado tiene un rol fundamental e indelegable a la hora de garantizar el real acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y de evitar su revictimización en instancias judiciales. Para ello, es necesario adoptar políticas concretas que aseguren una intervención oportuna y efectiva, que sólo puede ser brindada por un equipo idóneo y especializado en la materia, con conocimientos profundos respecto del ciclo de la violencia machista y del entramado sociocultural que la invisibiliza y sostiene. A diferencia de otros delitos, la violencia de género es cíclica e incremental.
Sin embargo, en los casos de violencia de género las posibilidades de que un hombre que acostumbra a amenazar o intimidar a su pareja y/o hijos cometa daños físicos a la misma víctimas es muy alto. Es en la interrupción de esta escalada de violencia machista donde el estado puede ser parte de la solución antes que del problema, marcando la diferencia entre la vida y la muerte.
Por tal motivo, si ponemos a disposición de las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del estado nacional que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos y el acceso real al recurso judicial podremos evitar que este tipo de violencia siga escalando hasta sus expresiones más extremas e irreversibles.
Una sociedad que reclama contra la violencia de género puede hacerlo porque está empoderada, porque sabe que en los últimos años ha habido una profunda transformación tendiente a incluir y ampliar derechos, los conoce y exige su cumplimiento. Con una conciencia cada vez mayor acerca de que “lo personal es político”, que los casos de violencia contra las mujeres no constituyen hechos aislados, y que el estado debe seguir profundizando el rol que ha asumido, protegiendo y garantizando los derechos de las mujeres y de los colectivos de la diversidad, la medida de discriminación positiva que someto al debate legislativo se propone corregir las persistentes desigualdades de una estructura patriarcal anquilosada, para que cada víctima cuente con profesionales del derecho que la asistan y acompañen y no tengamos que decir #NiUnaMenos.
Fuente: Página 12 - Juan M. Abal Medina -Senador nacional (FpV).
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