martes, 30 de junio de 2015

URUGUAY: LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La cantidad de muertes por violencia doméstica en Uruguay es 10 veces mayor a las que se registran en España y cinco veces mayor a las que se conocen en Chile. Estas cifras surgen de una investigación presentada ayer en el Palacio Legislativo, realizada por la ONG Por la integración, que trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica.




El abogado Bautista Duhagon, quien expuso sobre la investigación, señaló que mientras en lo que va del año 2015 en nuestro país fallecieron 15 mujeres a causa de violencia doméstica, en España lo hicieron 13 y en Chile, 27. Sin embargo, explicó que la diferencia en la cantidad de habitantes ubica los índices de Uruguay muy por encima a los de estos dos países. España cuenta con 47 millones de habitantes y Chile con 18 millones. En tanto, en Uruguay apenas habitan poco más de 3 millones de personas.

Duhagon fue más allá y aseguró que según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Uruguay lidera el índice de homicidio de mujeres por violencia doméstica, que asciende a 0,73%. El mismo valor se registra en El Salvador, país que en 2012 fue catalogado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como "el más violento del planeta". En tanto, en España el índice es de 0,12% y en Chile es de 0,23%.

El abogado agregó que según cifras del Ministerio del Interior, en 2013 las denuncias por violencia doméstica se ubicaron en 23.988 y en 2014 ascendieron a 29.122. Destacó que estas cifras coinciden con la cantidad de rapiñas, copamientos y lesiones que se denuncian. "Entonces, el primer problema que tenemos no son las rapiñas, es la violencia doméstica", manifestó Duhagon, cuestionando el discurso del ministerio.

Una mala ley

El experto también planteó una visión crítica de la ley de violencia doméstica aprobada por el Parlamento en 2002, a la que catalogó como "mala y deficiente".

Entre los aspectos que consideró negativos, se encuentra el impedimento de realizar una denuncia judicial por violencia doméstica fuera del lugar del hecho.

Agregó también que el Ministerio del Interior debería poner a disposición para estos casos el sistema informático con el que cuenta, que permite conocer los antecedentes de la persona con solo ingresar la cédula de identidad. En este sentido, aseguró que muchas veces la mujer denunciante llega a la audiencia y la Policía no tiene los antecedentes del agresor.

A su vez, impulsó la creación de un registro de agresores condenados y señalo que esta sería una herramienta importante.

Fuente: Elobservador.com.uy

CREAN UNA UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Título original: una justicia atenta a las víctimas.

La UFEM es la primera unidad creada en la Procuración General de la Nación con la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Responde, en parte, a “la histórica manifestación realizada bajo el lema Ni Una Menos”.




La Procuración General de la Nación creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que tiene “carácter permanente” y responde a “la necesidad de jerarquizar la estructura” fiscal dedicada específicamente a estos delitos. La resolución 1960/2015, que establece su funcionamiento, señala que la UFEM “es la reacción institucional a demandas de distintos órdenes”: los compromisos internacionales del Estado argentino y las exigencias de la ley de protección de violencia contra las mujeres; “un claro reclamo social” que fue visibilizado por “la histórica manifestación realizada días atrás bajo el lema Ni Una Menos”, y la necesidad de jerarquizar y profundizar lo realizado por “el Programa de Políticas de Género y por dispositivos similares de otros Ministerios Públicos Fiscales”.

La creación coincidió con el día de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Lompf), Nº 27.063, que “conduce a la oralidad plena del proceso judicial, para que todo se resuelva en audiencias orales en las que la víctima pueda estar y que también va a pasar las investigaciones a los fiscales”, señaló en diálogo con este diario la procuradora Alejandra Gils Carbó. “Hoy muchas veces no se sabe quién investiga las causas, si el juez o el fiscal, depende de los casos. Y el juzgado no suele tener equipos especializados en género, con lo cual da respuestas estandarizadas. De este modo, el ministerio público fiscal va a tener equipos especializados para abordar las causas con conocimiento y experiencia en la problemática. Y más adelante, con sus propios cuerpos de investigadores, porque la nueva ley establece laboratorios propios del ministerio público fiscal, a los que va a poder acceder la unidad.”



 La funcionaria señaló, también, que “el sistema acusatorio pleno recién se va a poder ver en funcionamiento en marzo de 2016. Ahí se va a notar la diferencia en la respuesta de la Justicia”. Entre otras cosas, señaló la funcionaria, la Unidad Especializada permitirá la rápida implementación de medidas de protección para las víctimas.

Fuentes de la procuración informaron que la titular de UFEM será Mariela Labozzeta, actual fiscal federal en Morón y que el año pasado trabajó como coordinadora de la Procuración General articulando tareas de fiscales de distrito de todo el país y en 2013 coordinó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) durante su primer año de funcionamiento.

La resolución que crea la UFEM indica, también, que el Programa sobre Políticas de Género, a cargo de Romina Pzellinsky, se convertirá en una Dirección General dentro de la Unidad. Ese espacio “tuvo dos horizontes bien definidos”, señala el documento: la adopción de medidas con perspectiva de género “para mitigar las desigualdades en las políticas internas de acceso y permanencia de las mujeres” dentro de la Procuración y “remover los obstáculos (...) que impiden a las mujeres víctimas de violencia el acceso efectivo a mecanismos judiciales eficaces y respetuosos de sus derechos”. En los dos años y medio que lleva de funcionamiento, el Programa intervino “en más de cuatrocientas sesenta causas”.

En un plazo máximo de 60 días, una comisión coordinada por Labozzeta deberá diseñar “un plan general” que de cuenta de estructura y funciones de la unidad. Con Labozzeta, trabajarán sobre el diseño el jurista Alberto Binder, los fiscales Marcelo Colombo (Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas) y Aldo de la Fuente (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil); la titular de la flamante Dirección General de Políticas de Género, Pzellinsky; Malena Derdoy, titular de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (Dovic), y el titular de la Dirección de Desempeño Institucional, Juan Pablo Iriarte.


La disposición que la crea establece que la UFEM permitirá “seleccionar y desplegar las estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales atravesados por las diferentes clases de violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, trabajar sobre los modos en que sus distintas manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su orientación sexual e identidad de género”.


La creación de la unidad, señaló Gils Carbó, “es la primera aplicación de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y es una respuesta al reclamo social ante las deficiencias que presenta la administración de justicia en materia de violencia de género”. “Sólo tenemos jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, pero la unidad sí va a poder trabajar en colaboración con fiscales de otros distritos.”

Fuente. Página 12 -  Por Soledad Vallejos

lunes, 29 de junio de 2015

CASO MARITA VERÓN: PROSIGUEN TAREAS EN TERMAS DE RÍO HONDO

Hoy llegará el georadar del Equipo Forense.

Las tareas para buscar los supuestos restos de María de los Ángeles“Marita” Verón en el predio del club Náutico de Termas de Río Hondo que perteneció a Ángel “El Mono” Ale, retomarán mañana luego del arribo del georadar que se concretará esta tarde.
El jueves pasado se dieron por concluidas las inspecciones en un pozo ciego del club, en el que de acuerdo con una versión que llegó a oídos del juez Fernando Poviña, podrían haber arrojado el cuerpo de la hija de Susana Trimarco.
Fuentes de la investigación explicaron que las tareas de mañana comenzarán con un trabajo de observación por parte del equipo que maneja el georadar, y que luego se realizará el rastreo por el terreno buscando anomalías.



Susana Trimarco y la hija de Marita


La desaparición

“Marita” desapareció el 3 de abril de 2002 cuando salió de la casa de su madre, supuestamente rumbo a la Maternidad para un control ginecológico. Nunca llegó a destino, y según determinó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán fue secuestrada para su explotación sexual.
El destino de la hija de Trimarco habrían sido los prostíbulos que manejaba Irma Lidia Medina (quien murió en febrero de 2013) en La Rioja. Al menos siete mujeres que fueron víctimas de esta organización la vieron en los burdeles “Desafío”, “Candy” y “Candilejas”. La Corte declaró la responsabilidad penal de 10 personas en la desaparición de la hija de Trimarco, entre las que se encuentra Daniela Milhein, ex pareja de Rubén “La Chancha”Ale.
Precisamente, Trimarco siempre sostuvo que el clan Ale estuvo detrás de la desaparición de su hija, y los acusó por sus presuntas relaciones con negocios ilegales. Sin embargo, nunca estuvieron imputados en la causa de “Marita”. Actualmente “La Chancha” y “El Mono” están detenidos acusados de lavado de activos, tras una denuncia de la presidenta de la fundación María de los Ángeles.

La pista “Termas”

La semana pasada, el juez federal Poviña dio curso a un dato que le llegó en el marco de la causa por lavado de activos proveniente de actividades ilícitas. La información daba cuenta de que en el club Náutico había una cabaña que era de “El Mono” Ale, y que en un pozo séptico de ese predio o debajo de la casilla, habrían arrojado el cuerpo de “Marita”.
Víctor Taleb, abogado de Ale, aclaró que la casilla fue de su cliente hasta 2007, y que el baño que hay en ella fue construido con posterioridad. De todas maneras, aseguró que “El Mono” quiere que excaven en todas las propiedades que consideren necesario, “porque él no tuvo, no tiene ni tendrá nada que ver con la desaparición de ‘Marita’ Verón”.
Las inspecciones en el pozo ciego se realizaron durante el miércoles y el jueves, y entre mañana y pasado trabajarán con el georadar para determinar si hubo algún movimiento en la tierra sobre la que está asentada la cabaña.

Fuente: La Voz Digital


ESPAÑA: CONCLUSIONES DE LA JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD

Es necesaria una mayor implicación y formación del personal médico en la violencia de género, según se concluyó en la Jornada sobre Violencia de Género y Salud celebrada ayer en la Organización Médica Colegial que analizó el papel del profesional médico en la prevención, detección, asistencia y tratamiento de los casos de violencia de género, un problema de Salud Pública. Es una información de medicosypacientes.com





La Jornada, organizada por la Vocalía de Médicos en Formación de la OMC, abordó el impacto sobre la salud de las agresiones y la violencia crónica, las consecuencias físicas y emocionales y el papel crucial del médico para saber identificar los signos y síntomas que reflejen un caso de violencia de género en las consultas.

La responsabilidad ética y judicial a la hora de denunciar un caso de violencia de género o las consecuencias negativas de la precariedad laboral de los profesionales médicos en la detección y manejo de estas situaciones de violencia, así como dar a conocer los circuitos y opciones disponibles para los profesionales sanitarios, fueron otros de los asuntos tratados en esta jornada temática.

El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendin; la vocal de Médicos en Formación de la OMC, Mónica Terán y el director de la Fundación para la Formación de la OMC, Juan Martínez presentaron este evento que contó con diferentes expertos en la materia como el Miguel Lorente Acosta, Profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género; Leonor García de Vinuesa, Médico de Familia y miembro de la Red Andaluza de Formación contra el maltrato a las mujeres para profesionales sanitarios; la Carmen Fernández Alonso, representante de SemFYC en "Family Violence Working Group de WONCA; Óscar Hernáiz, Magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada y María Cruz Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Contra la Violencia de Género Victoria.

Conclusiones

Solo se ve lo que se busca y solo se busca lo que se tiene en la mente. Es necesario el conocimiento de lo que define la violencia de género para poder identificarla.

El nivel de violencia tolerable se construye, lo define la cultura. En toda sociedad hay un grado de violencia que se considera aceptable para conseguir determinados objetivos.

En un 4,8% de los casos de violencia de género totales según la macroencuesta realizada en el año 2011, el maltratador es condenado. ¿Es invisible la violencia?

840.000 niños y niñas son expuestos a Violencia de Género cada año. La violencia de género produce un impacto en su salud, y generan una percepción de normalidad de la violencia sufrida, que perpetua las referencias culturales.

Según los datos de la OMS, el 40-45% de las mujeres que sufren violencia de género sufren también agresiones sexuales por parte del maltratador.

Cuando una mujer vive una relación de maltrato, experimenta múltiples situaciones de alto contenido emocional. Cada emoción vivida tiene una expresión en el funcionamiento orgánico y por tanto una repercusión en su salud.

La afectación de la salud del maltrato emocional al principio suele afectar solo al funcionamiento de los órganos, sin alterar su estructura, pero si la situación conflictiva persiste en el tiempo podría dar lugar a la enfermedad orgánica, minando la salud de la mujer y pudiendo dejar secuelas para su futuro.

La aparición de enfermedades psicosomáticas son variadas y de importancia variable; pueden ir desde contracturas musculares, dolores de cabeza, infecciones frecuentes a situaciones más graves como la fibromialgia, enfermedades autoinmunes, depresión grave y muchas otras.

En realidad podríamos decir que se enferma como se vive, de modo que no resulta difícil de comprender como el maltrato puede afectar gravemente a la salud.

Es imprescindible que los y las profesionales de la salud tomen conciencia que la detección de la violencia de género y la atención a las víctimas forma parte de su papel profesional.

En cualquier actuación con las mujeres que sufren violencia es necesario tener en cuenta su situación personal y adaptar las intervenciones respetando la voluntad de las mujeres.

Para que la atención a mujeres que sufren maltrato sea eficaz es necesaria la coordinación interprofesional e intersectorial. Es una responsabilidad profesional individual y colectiva la formación de los profesionales para ser capaces de actuar de forma eficaz con las víctimas y con otros profesionales que intervienen en la atención

La ley define a los y las médicos y al resto del personal sanitario como agentes cualificados en la lucha contra la violencia de género. Esta definición exige del personal médico un compromiso decidido para formarse, estar alerta y actuar activamente en la prevención, detección, asistencia y tratamiento de los casos de violencia de género.

La comunicación y en su caso la denuncia a la autoridad competente de los datos vinculados a la violencia de género obtenidos en el contexto de la asistencia sanitaria forman parte de la atención y tratamiento debidos a la paciente víctima de este tipo de violencia.

La Violencia de Género es un problema de salud pública, y es un delito perseguible de oficio, es un trauma extendido mucho más de lo que se muestra, la parte del iceberg invisible es inmensa, y el Sistema de Salud Pública español aún no está preparado para afrontarlo como es debido, no está a la altura de las circunstancias.

Los y las profesionales del sistema, de todos los departamentos implicados (médicos y médicas de familia, pediatría, profesionales de la enfermería y trabajo social...) deben enfrentarse a sus lagunas, a sus miedos, a sus necesidades, a los déficits, ponerlos en común y comunicarlo, así como elaborar y elevar vuestras propuestas, para dar respuesta a las necesidades, crear nuevos protocolos o recursos que tal vez no hayan sido hasta ahora nunca pensados y que puedan resultar de ayuda a la mujer y sus hijas e hijos menores que acuden a vuestras consultas para liberarse del ciclo de la violencia.

Fuente: Amecopress

JURISPRUDENCIA :SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La dependencia del MPF, a cargo de Romina Pzellinsky, difunde las posturas de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal sobre la suspensión del juicio a prueba en casos de violencia de género. Se trata de 15 sentencias dictadas por el Tribunal desde su creación.










El Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal ha sistematizado jurisprudencia de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal que comprende quince resoluciones emitidas desde marzo -fecha de inicio de su labor- hasta el 15 de junio de este año. Estas decisiones versan sobre la suspensión del juicio a prueba -SJP- en los casos que involucran violencia de género y su compatibilidad -o no- con los compromisos contraídos por el Estado Argentino al ratificar la Convención de Belém do Pará.

La selección realizada abunda en riqueza argumentativa y analítica, y ello se plasma en abordajes novedosos y reflexivos de las situaciones en cuestión.

En líneas generales, la Cámara viene sosteniendo que es razonable en sí mismo interpretar que las obligaciones contraídas por el Estado Argentino al ratificar la “Convención de Belém do Pará” tornan incompatible la SJP en los casos que involucran violencia de género, conforme lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Góngora”. Esta postura se expresa de modo más contundente en los votos de algunos de sus integrantes, mientras que otros aparecen suscribiendo una posición con un tinte menos absoluto.

El documento de trabajo que se presenta se organiza en distintos ejes temáticos que agrupan las principales pautas de análisis que fue tomando la Cámara para resolver, caso a caso, la SJP. Así, se sintetizan los aspectos más relevantes acerca de: el valor del dictamen del MPF sobre la SJP; la configuración de un hecho de “violencia de género” a los fines de la aplicación de la Convención de Belém do Pará; la relevancia de la opinión y la situación de la víctima; el sentido de la expresión “sancionar” del artículo 7.b y “juicio oportuno” del artículo 7.f de la Convención de Belém do Pará, y sobre la imposición de un tratamiento como regla de conducta. Por último, se presenta un resumen de cada uno de los casos resueltos por  la Cámara Nacional de Casación Penal.  

La recopilación se enmarca dentro de las objetivos del Programa que, tiene entre sus principales tareas, generar y difundir diversas herramientas de trabajo -dirigidas a quienes integran la Institución-, que contribuyan a enriquecer el abordaje de los casos, con los aportes y novedades relacionadas con la violencia de género que surgen desde una amplia variedad de ámbitos, entre ellos la jurisprudencia local e internacional.

link para bajar info:
http://www.fiscales.gob.ar/genero/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/PG_Programa-sobre-PG1.pdf


Fuente: Ministerio Público Fiscal. Argentina

sábado, 27 de junio de 2015

EL VELO DE LA MISOGINIA

Título original: Rata de laboratorio


Déjenme que les cuente mi problema con las chicas. Pasan tres cosas cuando están en el laboratorio: te enamorás de ellas, ellas se enamoran de vos y, cuando las criticás, lloran”, dijo el Premio Nobel de Medicina 2001, Tim Hunt, sin que se le mueva un pelo del bigote. Fue en el marco de una conferencia en Corea del Sur, aunque la animalada rápidamente dio la vuelta al mundo levantando rabiosas polvaredas. Y es que lo de Hunt podría ser sólo una bravuconada si no fuera por la notable inequidad en el acceso de las mujeres a las ciencias duras, sobre todo una vez terminadas las carreras de grado. En nuestro país, donde al menos desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y por impulso de Dora Barrancos, directora del área de Ciencias Sociales y Humanidades, se incorporaron medidas inclusivas para que el género no sea una barrera a la hora de acceder a becas de investigación, las respuestas al Premio “galán” Nobel tampoco se hicieron esperar y se pueden leer en los más diversos tonos. Aquí algunas de esas airadas contestaciones a esa muestra de machismo absoluto que exhiben algunos, entre pipetas y tubos de ensayo.

  
El velo de la misoginia

Un científico, Premio Nobel por añadidura, señala que las mujeres entorpecen el trabajo en el laboratorio. Lo dice en un espacio público, tal vez sin siquiera percatarse de que sus dichos son discriminatorios hacia personas que forman parte de la mitad de la humanidad. Lo hace en el siglo XXI repitiendo, tal vez sin saberlo, aun cuando lo diga en otra lengua y muchos siglos después, ideas muy semejantes a las que hacían decir a Pitágoras, en el siglo VI antes de Cristo en Grecia, país en el que, se dice, alguna vez nació la filosofía occidental, que: “Hay un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, las tinieblas y la mujer”. Ambos son, aun cuando estén separados por siglos y diferencias culturales importantísimas, profundamente misóginos.

La misoginia es una suerte de éter sutil que impregna nuestras relaciones cotidianas. Normaliza el acoso callejero transformándolo en “piropo”; disuelve la noción misma de violencia haciéndola equivalente a su forma más extrema: el femicidio; transmuta en oportunismo y gestos de ocasión la seriedad del “Ni una menos”; deja impune la violencia laboral; nos hace hesitar ante el evidente contenido agresivo, descalificador y violento de muchas observaciones que escuchamos a diario sobre nuestras capacidades profesionales, nuestro aspecto personal, nuestras obligaciones domésticas y hasta nuestra manera de manejar. Sólo por ser mujeres.

Claro que no pretendo que las mujeres seamos iguales, ni que sea “lo mismo” ser una campesina mapuche acosada por terratenientes o policías que una brillante científica de clase media, educada, ubicada en un prestigioso laboratorio. Desde luego que no. Las mujeres no somos iguales, sin embargo la misoginia nos homogeneiza, nos unifica, nos transforma en idénticas, hace posible que alguien, sin ruborizarse, afirme que las mujeres somos el caos, las tinieblas, el principio del desorden y el mal y lo diga en el siglo XXI, y con autoridad “científica”.

La operación es posible porque las sociedades en las que vivimos, las instituciones en que nos educamos, las formas de pensar la ciencia, el conocimiento, la filosofía, la literatura incluso, están profundamente atravesadas por relaciones de dominación patriarcal que normalizan las asimetrías generando un principio de visión y división del mundo que hace de la misoginia una suerte de éter, por así decir. Impalpable, normal, habitual.

Algo, sin embargo, se ha conmovido. Las mujeres reaccionamos a la voz de “Ni una menos...” y por un 3 de junio, en Argentina, nos acompañaron muchas y muchos. Hunt hace una observación sexista y muchas científicas, investigadoras, profesoras, respondemos, y el sujeto pide disculpas, cosa que muchos machistas locales jamás harían, y es presionado para renunciar a su cargo en la University College de Londres, así como a su pertenencia a la Royal Society británica.

Tal vez se empieza a rasgar el velo de la natural misoginia. Desnaturalizarla, me temo, llevará mucho más tiempo. Sin embargo algo se ha comenzado a modificar.



Fuente: La 12 - Por  Por Alejandra Ciriza ,Dra. en Filosofía. Investigadora principal del Conicet.

UNA FAMILIA EN SU LABERINTO

En diciembre de 2013, el empresario gastronómico llamó a la ambulancia y aseguró que había encontrado a su madre agonizando. Los investigadores lo acusan de haberla violado y asesinado horas antes. Su padre, que lo defiende, no podrá ser querellante.






El juicio oral al sommelier y empresario gastronómico Luciano Sosto, acusado de haber violado y asesinado a su madre en 2013, comenzará en octubre, y el tribunal que realizará el debate dispuso que su padre –y ex pareja de la víctima, de quien se encontraba separado al momento del asesinato– no podrá ser querellante, porque lo defiende. Carlos Sosto, padre del acusado, “no puede actuar como querellante cuando, en vez de impulsar la acusación, defiende a su hijo”, señalaron fuentes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8. “Sosto (hijo) ya tiene un defensor y dejar a esta querella hubiera sido permitir que el imputado tenga una defensa paralela”, agregaron. El abogado Fernando Díaz Cantón, representante del padre del acusado, adelantó que su cliente aceptó la decisión y que de todos modos él mismo asistirá a las audiencias “como público”.

Por el crimen de Estela Garcilazo, Sosto será juzgado a fines de octubre en audiencias a cargo del tribunal que integran Alfredo Alejandro Sañudo, Ricardo Angel Basílico y Fernando Larraín. La fiscal de juicio será Diana Goral y la defensa de Sosto estará encabezada por el abogado Guillermo Schmidt.

Sosto, que como sommelier obtuvo premios internacionales y como empresario fue dueño del restaurante Lucky Luciano, de Palermo, está preso en el penal de Marcos Paz desde hace un año y medio, cuando el juez de instrucción 1 porteño, Hernán Martín López, lo detuvo como autor del crimen de su propia madre. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal de instrucción Graciela Bugeiro solicitó que Sosto fuera juzgado por el “homicidio y el abuso sexual” de su madre, ambos agravados por el vínculo, delitos que prevén una pena de prisión perpetua. Garcilazo fue asesinada el 26 de diciembre de 2013 en un edificio de Seguí al 4400, en el que vivían el acusado y la víctima, cada uno en pisos diferentes.

Ese día, alrededor de las 15, Sosto llamó al servicio de emergencias del Hospital Alemán a las 15 y aseguró que había encontrado a su madre agonizando, tirada boca abajo en la cocina del departamento que habitaba. La médica de la ambulancia advirtió que la mujer llevaba muerta algunas horas y que tenía varios golpes, por lo que pidió al ambulanciero que diera intervención a la policía con un “código azul”. En su requerimiento, la fiscal Bugeiro detalló que Sosto se puso nervioso con la llegada de la policía y que se inquietó cuando le informaron que se practicaría una autopsia sobre el cadáver.

En la morgue, los forenses determinaron que Garcilazo había sido asesinada y que la causa de muerte fue “asfixia por estrangulación manual”. Por ello, Sosto quedó detenido cuando fue a la comisaría 23 a preguntar si podía retirar el cuerpo de su madre.

La información de la muerte resultó clave en la causa, ya que estableció que Garcilazo fue asesinada entre las 7.30 y las 11.30 de aquel 26 de diciembre, por lo que el juez y la fiscal sostienen que los llamados al servicio de emergencias a las 15 fueron simulaciones de Sosto para encubrir el crimen.

En el departamento del acusado, los policías encontraron un monedero con 10.800 pesos y una bolsa de papel con otros 6000, dinero que su ex marido y padre de Sosto –de quien estaba separada– le pasaba mensualmente. Una de las hipótesis de los investigadores es que ese dinero podría haber estado vinculado con el móvil del crimen, porque Sosto reconoció que era consumidor habitual de marihuana y cocaína y los pesquisas no descartan que necesitara dinero en efectivo para comprar dosis.

Durante las indagatorias, Sosto aseguró que el día anterior a la muerte de su madre lo había pasado encerrado en su propio departamento, viendo pornografía y consumiendo cocaína. La investigación estableció que el mismo día del asesinato, mientras se esperaba que la Unidad Criminalística llegara al edificio para retirar el cadáver de Garcilazo, Sosto envió mensajes de texto a su vendedor habitual para pedirle cocaína.

La autopsia determinó que en la vagina de Garcilazo había restos de una de las proteínas del semen. Sosto se defendió diciendo: “No me gustan las mujeres. Menos las mujeres grandes y mucho menos una persona que es mi madre”.

Fuente: Página 12 

viernes, 26 de junio de 2015

TRATA DE PERSONAS: " EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LAS PERSONAS NO SE CONSIDERAN VÍCTIMAS

Cecilia Merchán y Melisa  Elberling son, respectivamente, coordinadora e integrante del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas. En esta nota hacen un balance de la actuación de ese organismo desde su creación a fines del 2012 y de las fortalezas y debilidades de las políticas públicas sobre trata de personas en Argentina: hay asistencia, protocolos de atención y programas de reinserción laboral, sin embargo no son suficientes o falta articulación, además de las particularidades de un país federal. Y por detrás, la violencia simbólica de un sistema social, político y cultural que sigue considerando a las mujeres objeto de consumo.


Cecilia " Checha" Merchán y Mónica Patricia Bersanelli


Argentina es uno de los países de América Latina con mayores avances en materia de políticas públicas  para la prevención y sanción de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La participación de diferentes organizaciones y actores sociales y políticos en la sanción de la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008) y su posterior modificación y ampliación a través de la Ley 26.842 (2012), evidencian la necesidad de ajustar el accionar legal a las necesidades y realidades de las víctimas.

En un complejo panorama donde las redes de trata modifican los mecanismos del delito, las mujeres explotadas sexualmente no se reconocen como víctimas y las instituciones del Estado se capacitan y organizan para asistir a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos y de género, Cecilia Merchán (coordinadora ) y Melisa Elberling (psicóloga e integrante) del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, analizan las políticas públicas existentes para la prevención del delito de trata, los logros alcanzados y el trabajo que queda por hacer. 

¿Qué es y cómo funciona el Comité Ejecutivo?

Melisa Elberling: El Comité Ejecutivo es una coordinación de cuatro ministerios: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los cuales son coordinados, a su vez, por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se crea en septiembre de 2012 a partir de las modificatorias de la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Funciona como espacio de articulación y coordinación entre esos cuatro ministerios, que tienen como tarea específica, la prevención, combate, y asistencia de las personas damnificadas por el delito de trata. Es un espacio que se reúne periódicamente con los equipos técnicos y las personas que representan a cada uno de los Ministerios; su función es intentar delinear políticas públicas en contra del delito de trata que apunten a la prevención, sensibilización y difusión de la problemática. El Comité tiene un equipo de coordinación que viaja por todo el país para realizar talleres de capacitación donde se construye conocimiento con la gente a partir de los materiales y metodologías que hemos elaborado. Es un trabajo territorial que hacemos de manera permanente, con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas que están presentes en los territorios. También realizamos una campaña nacional que se llamó “Paremos la trata”, compuesta por diferentes piezas comunicativas que proponen otros lenguajes para hablar de un tema tan complejo como la trata de personas.

¿Cómo evalúan la aplicación de los protocolos de actuación?

M.E: Las áreas que atienden el tema de trata de personas dentro de cada ministerio tienen un protocolo interno de actuación que está en sintonía con los principios de los protocolos de los otros ministerios, lo cual da cuenta de una línea de trabajo fluida que tiene como eje la perspectiva de derechos humanos y de género. En este momento estamos trabajando en un protocolo conjunto que pueda reflejar el accionar del Comité como un cuerpo y dar cuenta de todo el proceso: desde que se realiza la denuncia hasta que la persona decide terminar con la asistencia. Por otra parte, existen resoluciones que facilitan el acceso de las personas víctimas de trata a algunos programas del Estado, particularmente programas dirigidos al empleo y la capacitación que contribuyen al proceso de salir al mercado laboral. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a través de la Sub Secretaría de Relaciones Laborales, pone a disposición de la víctima de trata el andamiaje que existe para todas las personas con vulneraciones de derechos: asignación universal por hija e hijo, inclusión en programas de empleo, financiación y sostenimiento de un emprendimiento productivo. Lo que vemos es que hay un cambio significativo, son los programas que se pueden ofrecer y la suma que tienen asignados, la aceptación es buena, las personas quieren ser incluidas, pero muchas veces no resulta suficiente.

¿Cómo analizan la forma en la que se están llevando a cabo los rescates?

Cecilia Merchán: En comparación con otros países latinoamericanos, Argentina ha avanzado mucho en la consolidación de políticas públicas alrededor de la trata de personas. En el año 2008 tuvimos la primera ley y hasta la fecha se contabilizan más de 8.500 personas rescatadas, 50% víctima de explotación sexual y 50% de explotación laboral. Durante estos años, los organismos del Estado se han capacitado y preparado: las fuerzas de seguridad tienen oficinas específicas de trata, el Ministerio de Desarrollo articula con todas las provincias, hay una oficina de monitoreo de avisos sexuales… se ha avanzado mucho, lo cual  no quiere decir que sea perfecto; creo que lo más complejo es abordar la asistencia después de los rescates, en la mayoría de los casos, las personas no se consideran víctimas, una vez que fueron rescatadas, muchas no quieren saber nada, y vuelven a caer en otra situación de prostitución. El vínculo de las personas que han sido víctimas de trata con el Estado es complejo, no es fácil asociar a todas las personas con una política integral; nadie te obliga a que recibas un refugio, por eso es importante que la posibilidad de ser asistidos por el Estado permanezca vigente hasta que las personas decidan  acercarse. Hay aspectos que fallan, el tema de articulación de los protocolos es complicado, sobre todo en las provincias, donde no hay condiciones homogéneas: por un lado hay provincias con buena voluntad y pocos recursos, otras que funcionan muy bien y otras que manejan altos niveles de complicidad con las redes de trata… Lo cierto, es que todos estos aspectos, hacen parte de la realidad del delito y del proceso de cada persona para reconocerse como víctima, por eso es importante que el primer contacto del Estado con las personas rescatadas sea a través de una profesional en psicología, capacitada para ofrecer la asistencia. En otros países las víctimas son abordadas por la policía, en Argentina, el primer contacto de las víctimas con el Estado se da a través de un equipo interdisciplinario; esto no es secundario, se trata de abordar el delito con una perspectiva de derechos humanos.

¿Cómo se ha modificado el delito de trata en los últimos años?  

M.E: Las formas de captación se complejizaron, los mecanismos están más aceitados porque se ha avanzado más en el conocimiento del delito de trata, pero la realidad es que los cuerpos de las mujeres siguen tomándose como objetos y esa mercantilización permite que se sostengan las condiciones de explotación, es un claro ejemplo de la relación del patriarcado y el capitalismo en nuestra sociedad; existe un andamiaje social y cultural que sostiene la máxima de las mujeres como objetos que se pueden comprar y vender.

¿Qué le modificarías a la ley?

M.E: Creo que la trata es una de las violaciones a los derechos humanos más crudas que existen y es necesario poder garantizar un piso de asistencia que sea parejo en todo el territorio. También me parece importante que exista la posibilidad de garantizar un patrocinio gratuito en lo civil, a modo de resarcimiento del daño causado por el delito de trata.

Fuente: Comunicar Igualdad - Por  Natalia Castro Gómez.-

PROPONEN CREAR FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

La diputada Alicia Gutiérrez presentó un proyecto para crear oficinas con personal sensibilizado y formado, donde no se revictimice a las denunciantes. Hay antecedentes en otras provincias, como Buenos Aires y Santiago del Estero.




Un lugar adecuado, con personal especializado y respuestas inmediatas para las mujeres que sufren violencia. Tal lo que ideó la diputada provincial Alicia Gutiérrez, del Partido Solidaridad e Igualdad, que presentó un proyecto de Ley para crear Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres. Según proyectó la legisladora, "las nuevas fiscalías se distribuirán territorialmente en cada una de las circunscripciones judiciales de la Provincia y dependerán funcionalmente del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación y operativamente del Fiscal de la Región donde esa fiscalía tenga su asiento". A principios de año, sólo en la ciudad de Rosario, las fiscalías recibían 200 denuncias semanales por violencia contra mujeres.

Entre otras tareas, las fiscalías deberán recibir denuncias, investigar y esclarecer situaciones en donde se haya producido algún tipo de violencia contra las mujeres, entendiendo que ésta consiste en "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, por su condición de tal".

Se propone que las mismas estén conformadas por equipos profesionales especializados y con perfil interdisciplinario. Esto es: abogados, psicólogos, trabajadores sociales y médicos formados profesionalmente en la problemática de violencia contra las mujeres. De este modo, se hace especial hincapié en la necesidad de conformar estas fiscalías con personal judicial capacitado y sensibilizado en la problemática, en tanto la triste experiencia demuestra --expresó Gutiérrez-- que "cuando tales investigaciones no son llevadas a cabo por autoridades apropiadas y sensibilizadas en materia de género o estas autoridades no colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos clave en las investigaciones, que afectan negativamente el futuro procesal del caso".

En este sentido, la autora del proyecto señala que la creación de las nuevas fiscalías es fundamental para mejorar el tratamiento judicial de las denuncias sobre violencia contra las mujeres en la medida que: "Si bien hay comisarías donde la recepción de las denuncias se realiza de manera apropiada a los protocolos establecidos, muchas veces ocurre que el tratamiento a la víctima se realiza reproduciendo estereotipos y formas de discriminación contra la mujer profundamente arraigados en nuestra sociedad".

Gutiérrez expresó que, "con el objetivo de colaborar en la modificación de situaciones que re victimizan a las mujeres en situación de violencia, la ley busca implementar fiscalías especializadas que ya tienen antecedentes en otras provincias, como Buenos Aires y Santiago del Estero. Inicialmente, se crearán un total de cinco fiscalías, una por cada región de la provincia".

En consonancia con esta preocupación, la Diputada Gutiérrez señaló que el compromiso social que se manifestó tras los consecutivos femicidios conocidos en nuestro país debe ir de la manos con el compromiso del Estado y se debe volcar "en el Poder Judicial a través de la recepción y seguimiento adecuado de las denuncias por violencia hacia las mujeres".

Para Gutiérrez, se trata de "un paso que debe ir de la mano con otras decisiones gubernamentales que seguramente se irán tomando a los fines de erradicar toda forma de violencia...#Ni una menos dejará así de ser una consigna necesaria para transformarse en el motor que ponga en movimiento los cambios culturales, sociales e institucionales en los que debemos involucrarnos como ciudadanos y ciudadanas".

Fuente: ROSARIO/12

LA ESCUELA, UN LUGAR PARA PROTEGER DERECHOS

ESTUDIANTES DE TODO EL PAIS COMPARTIERON LAS EXPERIENCIAS DE SUS COLEGIOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Susurradores para decir las cosas más suavemente. Teatralizaciones en la calle para ver cómo reacciona la gente. Un corto actuado por chicos. Alumnos de distintas provincias expusieron sus iniciativas en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.


Disertación en CENS N° 704 - Bahía Blanca. proyecto MALTRATO CERO
Gestión: Concejala Dra. María Gisela Ghigliani.-

Susurrar palabras de aliento en Chaco, recrear en obras de teatro situaciones de violencia en Salta, hacer un cortometraje sobre violencia en Córdoba, expresar por escrito los sentimientos y discutir lo que pocos se animan en Jujuy son algunas de las formas originales para trabajar sobre violencia que encontraron los distintos centros educativos que participaron de las Jornadas Federales “La violencia contra las mujeres; la escuela como escenario de protección de derechos” que organizó el Ministerio de Educación de la Nación. Las actividades empezaron ayer y continuarán durante todo el día de hoy en el Centro Galicia.

Las jornadas se realizan en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) y apuntan a que las escuelas “tengan las herramientas necesarias para generar propuestas educativas que visibilicen la violencia como una vulneración de derechos específica para la cual no debe existir el silencio pedagógico”, explicó el ministro de Educación, Alberto Sileoni. Las jornadas buscan promover el intercambio entre docentes, estudiantes y equipos de las jurisdicciones del país y difundir las políticas públicas que se desarrollan en relación a la violencia de género.

En la Escuela de Educación Secundaria Eva Duarte de la localidad de Barranqueras, en Chaco, el equipo de bibliotecarias de la institución trabaja con primero y segundo año. Luego de varias reuniones en la biblioteca, estudiantes y docentes realizaron una campaña donde compartieron frases que seleccionaron de los materiales elaborados por el programa y otras que recibieron en una cartelera pública destinada a este fin.

Eugenia tiene 14 años y está transitando el segundo año en la escuela Eva Duarte; Maiara y Jasmín tienen 13 y recién entran a la misma institución. Las tres integran el proyecto “Escuchame una cosita...”. En una de sus manos, cada una llevó un tubo de cartón forrado con diferentes estilos: los susurradores; y, en la otra mano, una pila de papelitos de colores con frases “lindas y de aliento”. “Pensamos que no servía empapelar toda la escuela con afiches porque nadie se para a mirarlos. Nos reunimos en la biblioteca a pensar y ahí salió la idea de hacer los susurradores”, explicó Eugenia.

Según Jasmín, “muchos chicos tienen miedo de hablar fuerte y el susurrador es algo más íntimo que permite decir muchas cosas”. Además, el sistema sirve para una escuela que “tiene mucha discriminación y prejuicios por ejemplo con los chicos homosexuales y queremos concientizar sobre estos temas de una forma linda”.

Otro problema que trabajan “hablando bajito es el embarazo adolescente porque hay muchas chicas que tienen por ejemplo 13 años y ya están embarazadas. Yo al menos conozco a cuatro”, explicó Maiara. “Y eso es porque no saben cómo ponerse el preservativo. Yo iba a la primaria con una, y cuando nos quisieron explicar sobre educación sexual enseguida fueron los padres a quejarse de que eso era tema para adultos”, agregó Eugenia.

Para mostrar el funcionamiento de los susurradores, Maiara tomó el suyo, forrado con lana de colores, y posó uno de los extremos del cilindro sobre el oído de la cronista. Con una voz suave leyó hacia el interior del tubo: “Primero tenés que quererte y valorarte a vos para que te cuiden y te valoren los demás”. Luego, le entregó el papel color verde que contenía la misma frase. “¿Ves que es lindo? A nosotras nos parece que la violencia es horrible, preferimos enfrentarla así, haciendo sonreír”, concluyó Eugenia.

Belén, Matías y Misael son estudiantes de cuarto y quinto año de la Escuela de Comercio Nº 1 Domingo T. Pérez, de la localidad de Pampa Blanca de Jujuy. “Venimos a exponer el trabajo que hicimos con ESI, para demostrar cómo afecta a nuestra sociedad la violencia. Como es un tema que nos afecta mucho, en los talleres fuimos viendo las diferentes formas de afrontarlo”, expresó Belén.

“En nuestro caso fuimos seleccionados por las autoridades de la escuela para traer nuestra experiencia. Nosotros hicimos un cortometraje y folletos para repartir en la comunidad y aprovechamos el Conectar Igualdad para subir lo que armamos y difundirlo a la comunidad, especialmente a escuelas primarias”, explicó Misael. “También hicimos muchos textos sobre cómo nos sentimos respecto de la violencia y cómo podemos combatirla. La idea es contar nuestra experiencia y mostrar nuestro material audiovisual”, explicó Matías.

También llegados desde Jujuy y cargados con cajones de morrones, tomates y chauchas que habían traído de regalo, los estudiantes del bachillerato provincial Nº 1 Fraile Pintado, localidad de Ingeniero J. Iturbe, Ledesma, contaron su experiencia. A partir de un episodio de violencia entre estudiantes que marcó a la comunidad escolar, realizan anualmente cuatro talleres sobre ESI.

Agustina, María Sol y Esteban tienen 15 años y cursan tercero en Fraile Pintado. “Hubo un caso que marcó a fuego la escuela, había una pareja y el novio le disparó a la chica en una pelea. Después se fue, pensando que la había matado. Cuando lo quiso agarrar la policía se suicidó. Por suerte la chica se salvó y con mucho esfuerzo terminó de cursar”, contó María Sol. “Desde el colegio empezamos a ver cómo enfrentar estas cosas y empezamos a tener mesas de diálogo y discusión”, explicó Esteban.

La directora, Arminda Figueroa, que acompañaba a los estudiantes, agregó que “desde la existencia de la ESI y de la Ley 26.150 tenemos las herramientas para poder afrontar estos temas. Nosotros teníamos miedo de charlar con los chicos, pero fuimos aprendiendo a lo largo de estos años que solo había que darles voz”, concluyó.

Mayra, Selena y Erica vinieron desde Salta, donde cursan en un colegio de arte. “Realizamos dos performances en la calle, una sin violencia física y otra con violencia” explicó Mayra. “La pimera vez nadie se paró siquiera a mirar, los actores se gritaban y la gente pasaba como si nada”, explicó Selena. “Sin embargo cuando aparecieron gestos de violencia física, se metió una señora. Fue raro porque se metió para que el chico la suelte a la chica pero diciendo que con la violencia no se juega”.

Cuando explicamos que era una actuación y preguntábamos qué les generaba eso, nos contestaron que no sabían si meterse o no porque eso es algo privado. Que se tiene que resolver adentro de las casas”, explicó Erica con cara de sorprendida. “Nosotras creemos que estas cosas no se solucionan en privado, sino que tienen que resolverse como sociedad, porque la violencia está demasiado metida”, concluyó Mayra.

Fuente: Página 12 - Informe: María Fernanda Rezzano.

miércoles, 24 de junio de 2015

BUSCAN RESTOS DE MARITA VERÓN EN RÍO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO

Peritos judiciales excavaban este miércoles en una casa de la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo en busca de los restos de María de los Angeles Verón, desaparecida desde 2002 en Tucumán, mientras su madre, Susana Trimarco, se manifestó "muy ilusionada" con la búsqueda porque se basa en "información seria".





El operativo de allanamiento y excavación fue ordenado por la justicia federal de Tucumán en una vivienda que, según fuentes policiales, pertenecería al dirigente futbolístico y condenado en causas por robo de soja Rubén "Chancha" Ale, denunciado por Trimarco como uno de los posibles secuestradores de su hija.


Efectivos y técnicos de la Policía Federal iniciaron las tareas en la casona en la zona del club Náutico de Las Termas, a unos seis kilómetros al oeste del centro de la ciudad, en inmediaciones del embalse Río Hondo. 

Los especialistas utilizan para el rastrillaje un equipo de georadar para detectar anomalías en el terreno que permitan orientar las excavaciones, explicaron los voceros.

De la labor, además de especialistas llegados de Buenos Aires y Tucumán, participan bomberos santiagueños, dado que también debieron drenar durante varias horas un pozo ciego para llegar al fondo y verificar si allí había restos humanos.

Susana Trimarco aseveró esta tarde tras llegar a la zona que tenía "un presentimiento que Marita puede estar aquí".

La presidenta de la fundación María de los Angeles se mostró contrariada por las excavaciones que llevan adelante efectivos de la Policía Federal, con la colaboración de los Bomberos Voluntarios termenses, porque dijo que se enteró por los medios de esta medida judicial.

Además, reveló que desconocía que la familia Ale, varios de cuyos integrantes fueron juzgados y condenados en 2013 acusados de participar en la desaparición de Verón, poseían casas en el predio que pertenece al Club Naútico.

Las fuentes señalaron que se intenta determinar si hay un cuerpo de una mujer en el interior de un pozo ciego de esa propiedad.

Sobre la posibilidad de que en ese lugar se encuentren los restos de su hija, Trimarco expresó: "Estábamos muy ilusionadas de encontrar a Marita con vida después de 13 años". Respecto de los Ale, dijo que podía "esperar todo de ellos porque son gente muy perversa".

"Todo esto es muy triste para Mica (su nieta e hija de Verón) y para mí. Pero tengo que enfrentar todo y que se hagan las medidas para que salga la verdad. Vivir con este calvario es una tortura que tengo que enfrentar", señaló Trimarco.

A diferencia de otras búsquedas que tuvieron resultado negativo, Trimarco recordó que había "ido a Córdoba y La Rioja, pero ahí yo sabía que no la iba a encontrar. Pero ahora, tengo una corazonada. Ha sido todo muy fuerte para mí".

En ese sentido, confió que el personal que trabaja en la excavación le aseguró que "la información que se maneja es muy seria" con respecto a la posibilidad de que en el predio de cabañas pudiera estar el cuerpo de una joven.

El oficio para realizar este trabajo de campo fue librado por la Justicia Federal con asiento en Tucumán, para el cual fueron convocados peritos de la Policía Federal de Buenos Aires con el apoyo de sus pares de la Delegación Tucumán, de la subdelegación de Las Termas y bomberos de esa ciudad.

Fuente. Minuto1.com

martes, 23 de junio de 2015

FEMINICIDIO: UN RECORRIDO QUE MUESTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA REGIÓN

La violencia hacia las mujeres traspasa el debate en las universidades y la militancia feminista y se instala con fuerza en la agenda pública. Así lo demuestra un recorrido por los marcos legales de los países de la región, aunque la poca efectividad de las políticas públicas evidencia que todavía queda un largo camino por recorrer.



En los estados de América Latina y el Caribe poco a poco pareciera cerrarse el debate sobre qué hacer cuando una mujer es asesinada por la violencia machista. Así lo demuestra el avance producido en materia legislativa en 18 países de la región mediante la tipificación del delito de femicidio o feminicidio en los ámbitos administrativo, civil y penal, que investiga y sanciona ese accionar. Sin embargo, los datos y las noticias diarias encienden luces de alarma frente un hecho que se impone: no se evita la muerte, expresión más extrema de la violencia ejercida hacia el género femenino. Según informes de organizaciones internacionales, los pasos dados para garantizar el pleno ejercicio de derechos y la igualdad son “dispares” y “heterogéneos”. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? ¿Qué rol tienen la academia y los movimientos de mujeres que encabezan estos cambios?

Según la historiadora Dora Barrancos, el avance de la equidad de género en las universidades en las últimas décadas resulta notorio. Sin embargo, destaca que, en lo que se refiere a la violencia de género, “los letrados de las universidades no han sido capacitados para intervenir en una denuncia sobre acoso tanto dentro de la universidad como en el ámbito privado. Estamos frente a discriminaciones aún en instituciones donde se supone hay una reserva de criticidad, pero aún ahí hay discriminación”.


En este sentido, el debate teórico conceptual ha sido fecundo y consiguió traspasar los límites de los claustros universitarios. Una de las principales referentes en la materia es la catedrática mexicana Marcela Lagarde. Según explica esta antropóloga, militante feminista y ex diputada, el término femicidio es una categoría utilizada por Diana Russell y Jill Radford en Francia, que traducida al castellano “es una voz homóloga a homicidio” y sólo significa asesinato de mujeres. Pero, según puntualiza la mexicana, “estas autoras definen al femicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios”.


Con todo, Lagarde da un paso más y realiza un aporte teórico singular al postular una diferencia entre femicidio y feminicidio. Con el segundo concepto identifica la responsabilidad del Estado. “Es la inexistencia o debilidad del estado de derecho, en la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo. (…) El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz”, detalla Lagarde.



¿Pero qué ocurre en términos legales? En diálogo con Nodal Universidad, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), aclaró que los países de la región han tomado ambos términos prácticamente de manera indistinta.

En suma, para Bianco, el aporte de la academia va más allá de los conceptos y le atribuye un rol importante a los análisis de campo sobre este flagelo que se convierten en materia prima para la militancia de base.

Del dicho al hecho




Uno de los frutos más importantes del activismo en la academia y en las organizaciones sociales fue la concreción de un marco legal que contemple la violencia hacia las mujeres. En este sentido, nuevamente Lagarde fue una de las primeras en apuntalar una red de acción que poco a poco se conformó a lo largo y ancho del continente. Y, precisamente, la ola que comenzó a teñir de violeta feminista a Latinoamérica y el Caribe en materia legal comenzó en México en 2007. Desde entonces, ha sido explícita -al menos en la letra de la ley- la intención por parte de los estados de la región de proveer herramientas para trabajar en la erradicación definitiva de la violencia contra el género femenino, que incluye a mujeres, lesbianas y trans.

En una entrevista a Diario Femenino, durante su visita a la Argentina para participar de la marcha #NiUnaMenos, Lagarde reconoce que el mayor reto es que se aplique la legislación que contempla la violencia hacia las mujeres: “Es un camino arduo. Esas leyes tienen que bajar a la sociedad, filtrarse en la enorme montaña que es el patriarcado. Tienen que abrirse camino sobre todo en las instituciones, porque son los funcionarios quienes aplican la legislación”.






En diálogo con Nodal Universidad, Natalia Gherardi, miembro del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), comenta que en el ámbito académico, a pesar de la existencia de una Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho, aún “son marginales las experiencias de formación” profesional con enfoque feminista. Sin duda, se trata de un verdadero obstáculo, ya que quienes transiten por las universidades serán los que ocupen las magistraturas, diseñen y apliquen las políticas públicas y, por lo tanto, se corre el riesgo de que, frente a la carencia de formación académica específica, acaben por revictimizar a las mujeres que acudan a la justicia.

En tanto, el documento, publicado en marzo último, “A 20 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing” del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, también resalta la cuestión institucional: es fundamental que la autonomía femenina se exprese en la toma de decisiones mediante el acceso a cargos de poder real dentro del Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Sin embargo, resta un largo camino por recorrer. Según grafica ese texto, “las cifras de violencia muestran que los esfuerzos son todavía insuficientes y urge ampliar la acción de los Estados para prevenir y atender la violencia contra las mujeres”.

Sin letra chica

Todos los países de la región ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A su vez, catorce de ellos han ratificado protocolos de actuación internacionales y han tomado la Convención de Belém do Pará como norma marco en sus respectivas constituciones.

Para subsanar la falta de articulación real entre los diferentes instrumentos legales, ONU – Mujeres elaboró un “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”. Además, la asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alessandra Guedes, informó recientemente que en septiembre de este año presentarán una estrategia y un plan de acción a los países de América Latina en vistas de fortalecer el sistema de salud con el foco puesto en la violencia contra las mujeres. “La idea es tener un marco a nivel regional de los pasos que debemos tomar para fortalecer la respuesta del sistema de salud pero también su relación con los demás sectores”, puntualizó la especialista.

¿Qué es la violencia hacia la mujer?

“Son muy altas las cifras de feminicidio”. “América Latina es la segunda región que presenta los índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano”. “Una de cada tres mujeres denuncian ser víctimas de violencia por parte de sus parejas”. “La mató por amor”. Existen diferencias en el lenguaje y en el tratamiento de la información que relata el flagelo de este tipo de violencia. Algo parecido ocurre en el terreno legal.

Gherardi apunta que cuando se revisan las experiencias de América Latina se verifica que el derecho no se ha utilizado eficazmente para promover la equidad de género. Cuando, en realidad, se trata de “una herramienta poderosa para generar cambios sociales”. Asimismo, resalta que, en toda la región, se evidencian “grandes brechas entre el reconocimiento normativo y su ejercicio efectivo”.

En este sentido, otro rango de diferencias se evidencia a la hora de definir qué es violencia machista. Muchas de las concepciones que se utilizan con frecuencia no son acordes a la Convención de Belem do Pará, que la define -en sus artículos 1 y 2- como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La precisión la dan la presidenta de la Feim y Mariana Winocur, autoras y compiladoras del informe “A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: para América Latina y el Caribe objetivos estratégicos y esferas de preocupación”, publicado en febrero último.

Por otra parte, Bianco destaca que pocos países contemplan en su legislación que la violencia sexual puede ocurrir dentro de las relaciones de pareja estables. En Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Jamaica y Santa Lucía no se reconoce la violación en las uniones de hecho. En Honduras y Nicaragua se menciona indistintamente que la persona perpetradora puede llegar a ser hombre o mujer sin considerar las desiguales relaciones de poder entre ambos géneros.

Para la legislación argentina -Ley 26.485, reglamentada parcialmente- el femicidio constituye un agravante “por violencia de género” y es sancionado independientemente de quien lo cometa. Costa Rica y Chile incluyen solamente el femicidio que haya sido cometido por cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, natural o adoptivo o con quien se haya tenido algún tipo de relación similar. Así, dejan afuera el ámbito público y el hecho perpetrado por desconocidos o grupos armados ilegales.

Cuentas pendientes



Una de las grandes falencias de los gobiernos y del trabajo académico en particular es que la recopilación de datos y la elaboración de métodos de medición estandarizados en la región no existen. La falta de precisiones al respecto, incluso, dificulta conocer fácilmente qué países cuentan con leyes que tipifican el delito. Las organizaciones de mujeres son el principal eslabón en la creación de instrumentos para conocer esta realidad, principalmente, a través del sondeo de medios de comunicación.

También son importantes las organizaciones internacionales. La CEPAL para estos casos recomienda la complementariedad de dos formas: encuestas que muestren la prevalencia de la violencia contra las mujeres y los registros administrativos en los distintos niveles y servicios públicos de los estados. Y, muestra, a su vez, que uno de los ámbitos de más confianza para denunciar son los espacios de salud.

Según Bianco, “América latina y el Caribe es la región donde se registran más femicidios, particularmente en países como Guatemala, México y República Dominicana, y aún así no todos reconocen legalmente el femicidio”.

En cifras












En Centroamérica y México, el femicidio “se ha incrementado”, destaca el informe de ONU-Mujeres de 2014, y consigna que entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades del país entre 2007 y 2008. El 70 por ciento de las muertes violentas de mujeres en Guatemala es perpetrada con arma de fuego y casi una cuarta parte de las víctimas presenta señales de ensañamiento y tortura.

En Argentina, según la asociación civil Casa del Encuentro, muere una mujer cada 31 horas. “Sabemos que 15 mujeres mueren por día en Brasil solo por el hecho de ser mujeres”, lamentó la presidenta Dilma Rousseff al promulgar una ley que incluye el feminicidio en el Código Penal el 8 de marzo último. Según ONU-Mujeres son “cinco mil mujeres asesinadas anualmente” en ese país.
Según la representante del ELA, actualmente se encuentran vigentes discusiones muy interesantes acerca de la utilización de ciertos recursos como la difusión pública de las sentencias en litigios por cuestiones de género. Para esta especialista, no sólo “obedece a un deber de transparencia por parte del Estado y un derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía”, sino que permite conocer “de qué manera se aplica el derecho, con qué argumentos la justicia condena o absuelve, y por ejemplo si se recurre a visiones estereotipadas respecto de las mujeres, los varones o las relaciones sociales de género”. Además, Gherardi sostiene que es fundamental entender que las sentencias condenatorias de actos de violencia implican un acto de reparación para muchas de las mujeres involucradas quienes “a lo largo del proceso judicial logran superar su condición de “víctimas”, empoderarse y transformar sus vidas de modos más definitivos”.

El rol de Estado

Uruguay y El Salvador comparten el record de mantener la tasa más alta de mujeres asesinadas por una pareja o ex pareja en la región. De noviembre de 2013 a noviembre de 2014 fueron asesinadas 49 mujeres y murió una cada 15 días por razones de violencia doméstica, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior uruguayo. Según contabilizó la Coordinadora de Feminismos de ese país, a partir de la información difundida por medios de comunicación, ya son 20 las mujeres asesinadas en contextos de violencia machista en 2015.


Pese a que el movimiento feminista oriental cuenta con más de cien años de historia, recién hace casi dos años las organizaciones de mujeres decidieron construir un espacio donde debatir. En ese camino, realizaron el primer encuentro feminista del país y crearon La Coordinadora. “Tocan a una, tocan a todas” es la consigna de batalla que levantan cada vez que se enteran que una mujer murió a manos de un hombre y con la que el 3 de junio último movilizaron a más de diez mil personas en Montevideo.

“La evidencia señala que el principal problema no se vincula con el diseño de las normas sino con la ausencia de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación”, indica el Observatorio de la CEPAL en el informe “El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres” (2014).

“El feminicidio como figura legal es una herramienta política que ayuda, sin duda”, sostiene ante este medio Alicia Migliaro, vocera de La Coordinadora. No obstante, deja en claro que el trazo de la lucha es más profundo: “Nosotras creemos que a nivel social no hay conciencia de que la violencia hacia las mujeres está mal, es cruel, es sistemática, que sucede día a día y que está legitimada y avalada, porque son las formas en que los hombres y las mujeres se relacionan en el sistema capitalista y patriarcal. Lo trabajamos como categoría política para no reducir el problema a una cuestión jurídica. Esto tiene bases sociales y políticas que no vamos a tratar con mayores penas para los agresores”.



Fuente y fotografías: NODAL UNIVERSIDAD -  Por Carla Perelló y Guadalupe Morán.-