La abogada y doctora en Ciencias Sociales Claudia Hasanbegovic asegura que, tras su experiencia en Uruguay, Argentina y El Salvador, además de buenas leyes se necesitan cambios político culturales que deben comenzar con las máximas autoridades. “Aunque existan leyes de avanzada, si los jueces las interpretan discrecionalmente, pierden su sentido”, señala. Y agrega que nuestro país no cuenta con un plan de acción contra la violencia de género con medidas concretas ni recursos adecuados.
-¿Cuál es el rol que debería cumplir el Estado para combatir la violencia contra las mujeres?
-Lo primero y fundamental es tener un plan de acción para el acceso a una vida libre de violencia y que funcione a nivel nacional, provincial y local. Yo participé en la elaboración de dos planes en el continente, el del Salvador y realicé el documento preliminar para el de Uruguay. En la Argentina, a fines del año pasado se aprobó un plan, pero no está a la altura de lo necesario, no establece prácticamente medidas concretas ni recursos adecuados. Su implementación es obligatoria según los convenios internacionales a los que nuestro país suscribe. Estos convenios suponen un elemento muy importante que es el control de convencionalidad, el Estado debe revisar toda su legislación y prácticas de sus instituciones para modificar aquellas que sean discriminatorias y violatorias de los derechos humanos, y si las hubiera debe erradicarlas. Para poder garantizar estas cosas es necesario elevar el rango del Consejo Nacional de la Mujer al de un ministerio. En lo que respecta al poder judicial, considero que hay que desarrollar un mecanismo de monitoreo para la aplicación de las leyes contra la violencia de género. Además es importante poder constituir un fuero único de violencia contra las mujeres, con jueces que tengan competencia en lo penal, lo civil, lo administrativo y lo laboral para poder cubrir todas las aristas.
-¿Cómo se puede lograr la implementación estas políticas?
-Una jurista costarricense, Alda Facio, dice que la ley no es el texto nada más sino que es un fenómeno mucho más complejo. Está el texto de la ley, la manera en que las instituciones lo interpretan y el elemento político-cultural, y los tres funcionan dialécticamente, se influyen mutuamente. Aunque existan leyes de avanzada, si los jueces las interpretan discrecionalmente pierden su sentido. En ese caso lo que falla es el elemento político cultural, que las máximas autoridades políticas del país tengan un discurso y un comportamiento en línea con la legislación, que los funcionarios judiciales tengan la formación correcta en temas de género, y que la sociedad civil se organice y reclame las modificaciones necesarias. Con la movilización de Ni una menos esto se pudo ver muy claro, se demostró que el cambio cultural está en marcha y le exige al Estado que se comprometa políticamente.
-En muchos casos se aplican leyes provinciales por sobre las nacionales. Por ejemplo, en Río Negro las comisarías de la familia funcionan bajo una ley provincial en contra de la violencia familiar pero no bajo la ley nacional contra la violencia de las mujeres, ¿qué consecuencias tiene esto?
-En este caso lo que sucede es que no se está cumpliendo con la ley. Por eso es necesario llenar de contenido estas legislaciones, que tengan un impulso político. La sociedad civil debería tener un plan propio para exigir el cumplimiento de las disposiciones. El principal problema en este caso es que las leyes de violencia familiar son funcionales a la ideología patriarcal, porque se abordan los casos como un problema entre iguales, se invisibiliza el abuso de poder del hombre hacia la mujer.
-¿Existen ejemplos exitosos en otros países de políticas estatales que ayuden a erradicar la violencia contra las mujeres?
-El caso de Uruguay es un buen ejemplo. La aplicación de medidas cautelares se hace de forma mucho más efectiva que en nuestro país, ya que aquí son las propias víctimas las que deben garantizar que se cumplan, llevar la orden a la comisaría, etc. En Uruguay, a los agresores les ponen una tobillera que es monitoreada por la policía, en una oficina especial, y lo insertan en un programa de reeducación para hombres violentos. A la víctima se la provee de un celular para que pueda comunicarse con la policía y que sirve como botón antipánico. Esto funciona así desde el 2013, y en el primer año menos del 10% de los agresores violó la medida cautelar, y los que lo hicieron fueron presos. Ninguna de las mujeres protegida fue asesinada. Otro ejemplo de una política que desarrollan en Uruguay que podría ser tomado por la Argentina es la existencia de subsidios para víctimas de violencia y una política habitacional que implica que el Estado les da la garantía a las mujeres para poder alquilar. Para elaborar el Plan nacional contra la violencia de género que está vigente utilizaron una metodología participativa, que yo ayudé a diseñar, que se nutrió, entre otras cosas, de propuestas de mujeres que habían pasado por situaciones de violencia.
Amplia trayectoria
Claudia Hasanbegovic es abogada, magíster y doctora en Políticas Sociales (Ph.D.) por la Universidad de Kent, Inglaterra; especialista en derecho de mujeres, docente universitaria en Argentina y el extranjero y asesora legisladores, ONG y el Ministerio de Justicia sobre legislación y planes de acción para combatir la violencia de género. Entre el 2008 y el 2011 fue prosecretaria letrada en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: Diario Río Negro. Por Marina Gamba
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