viernes, 29 de diciembre de 2017

PROTOCOLO DE VdG EN UNIVERSIDADES , HERRAMIENTA OPERATIVA FUNDAMENTAL

Título original:: El debate sobre cómo proceder ante la violencia de género

La Universidad de Buenos Aires tiene un protocolo de actuación que no se cumplió cuando un docente fue acusado por un grupo de alumnas. Lo que debe hacer una institución. Las demoras en la UBA en implementar el instrumento legal para este tipo de situaciones.



La denuncia de abuso sexual de las siete ex alumnas del Centro Cultural Sabato publicada por este diario el domingo pasado habilita a seguir preguntando por lo que deben hacer las instituciones frente a situaciones como éstas. ¿Alcanza con despedir al presunto agresor? Según el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” aprobado por la Universidad de Buenos Aires en diciembre de 2015, no sería suficiente. Referentes que vienen trabajando en su aplicación hablan de las los avances y las resistencias a este instrumento legal.

El Protocolo fue impulsado por estudiantes de la UBA. Entre ellos, la agrupación La Mella presentó en mayo de 2015 un proyecto para que la UBA discuta, genere y apruebe un Protocolo. Finalmente se aprobó el 9 de diciembre de 2015 y se votó un plazo de 180 días hábiles para implementarlo, por lo que el 1º de agosto 2016 se vencía ese período.

El Protocolo establece que un equipo centralizado se ocupará de su implementación y que las distintas unidades académicas deben nombrar un referente para su aplicación. Además, que a través de esta estructura se deben realizar tareas de sensibilización y prevención. También detalla cómo actuar ante las posibles denuncias.

Lucía Pedraza, estudiante y Consejera Directiva de la Facultad de Ciencias Exactas y responsable de género de La Mella, confirmó a este diario que la aplicación del Protocolo “se postergó, desde el mismo Rectorado. Cada facultad tardó en designar a un referente, abrir la casilla de correo que se exige para denunciar y difundir el protocolo”. “La UBA no puso a disposición los recursos que se necesitarían para tener esto funcionando bien”, agregó. La Facultad de Ciencias Económicas, dijo, es una en las que la aplicación del Protocolo está retrasada.

La historia que publicó PáginaI12 el domingo justamente está bajo el ámbito de esa unidad académica. Leonardo Bugliani, un profesor que daba un taller en el Centro Cultural Sabato de la Facultad de Económicas de la UBA, fue denunciado penalmente por abuso sexual por seis ex alumnas. Bugliani, según la acusación, captaba a las chicas a través de un espacio llamado Ágora Teatral que funcionaba en ese Centro, para luego llevarlas a su casa, donde habría cometido los abusos. Algunas eran menores de edad al momento de comenzar el taller. Las denuncias están en etapa de investigación, pero el juez a cargo ya libró la orden de impedimento de contacto de Bugliani hacia las chicas, y su casa fue allanada. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas tomaron conocimiento de una actuación por lo menos irregular de Leonardo Bugliani a mediados de 2016 por el relato de la madre de una chica que participaba del espacio. Según explicó Diego Berardi, director del Centro Cultural, en ese momento despidieron al acusado y se pusieron a disposición de la madre que se presentó a plantear el problema a la Facultad.

–¿Hubiera correspondido aplicar el Protocolo en este caso? –preguntó Página/12 a Pedraza.

Sí, porque el Protocolo habla de lo que ocurra adentro de la Universidad, incluso si son transeúntes. E incluso si pasa algo afuera de la Universidad, con dos personas de una Facultad. Encima (el acusado) es una persona contratada por la Facultad. Y ellas, aunque no sean alumnas regulares, son alumnas de un taller de la Facultad. El Protocolo puede intervenir, analizar la situación y después derivar adonde corresponda. Y que la madre cuando va a hacer la denuncia hable con una persona preparada y se canalice mejor (su denuncia).

–Según el Protocolo, ¿corresponde abrir un sumario aunque el acusado no sea personal estable de la Universidad?

El Protocolo deriva y acompaña a abrir el sumario en el lugar correspondiente. Sí. Y claramente no es lo mismo que la UBA te haga un sumario y te eche, a que te dejen de contratar. Se podría haber abierto una investigación. No importa si te convence o no lo que te dice el acusado; desde el punto de vista de género es un mal enfoque pensar que lo echás porque no te convence lo que dice, si los hubiese convencido tampoco correspondía no echarlo. Un profesional en ese tema no lo hubiese tomado igual. 

Freya Falsetti, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas e integrante de SOS La Mella, coincidió en que es importante “que la Universidad se haga cargo de esta problemática. Se tienen que garantizar las cuestiones básicas, que estas cosas no vuelvan a suceder. Además se tiene que investigar el vínculo con la facultad de Bugliani”.

Elida Cuñado, responsable de Derechos Humanos de la Asociación del Personal No Docente de la UBA (Apuba) no se mostró sorprendida: “Es un caso más de los tantos que cotidianamente se dan en nuestra sociedad. No sorprende para nada que suceda en la UBA. Estamos en un ámbito complejo, machista y en muchos casos muy misógino”, dijo en diálogo con PáginaI12.

Por otro lado, explicó que “conocemos y reconocemos el Protocolo como un avance y herramienta muy importante que conseguimos después de muchos años de insistir desde el espacio de Apuba y acompañando a los distintos claustros”. Cuñado agregó que tienen vínculo permanente con Valeria Thus, a cargo de la aplicación del Protocolo en la Universidad: “Presentamos distintas denuncias y obtenemos respuestas; estamos armando redes básicamente entre las mujeres de la UBA y se viene instalando en las distintas unidades académicas esta cuestión”.

Según Pedraza, en cada Facultad la aplicación del Protocolo está en un estadio distinto. “Donde funciona mejor es en Filosofía y Letras, FADU, y Exactas. Aunque tienen sus problemas de falta de recursos. Cada una tiene una persona a cargo, reciben denuncias. Hace poco se empezó a implementar pero más lento en Sociales. En el resto de las facultades todavía no tienen nada, no hay muestra que se esté implementando”, dijo. El año próximo, agregó, la UBA debería avanzar en la realización de una campaña descentralizada sobre el Protocolo y en el desarrollo de estadísticas: “La Universidad debería censar a su población y saber cuál es la situación de violencia de género adentro”. 

En 2016, La Mella llevó adelante un relevamiento entre estudiantes de la UBA para “establecer un estado de situación de las prácticas discriminatorias, abusos, agresiones y violencias basadas en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género”, según dice el Informe Preliminar sobre Violencia de Género en la UBA. La encuesta se llevó a cabo en abril de 2016 vía virtual y dio cuenta de diversas formas de violencia que se vive intramuros (ver aparte). El resultado, dice el documento, “aporta serios argumentos para implementar el Protocolo de acción institucional ante casos de discriminación, acoso y violencia de género”.

Cuñado insistió también en la importancia del Protocolo: “Necesitábamos una herramienta oficial de la UBA donde radicar denuncias. Esta herramienta nos da una garantía de que hay conciencia de género. No cualquiera entiende de que hablamos cuando hablamos de género. Entonces tener gente idónea y sensibilizada nos garantiza una buena recepción”. Y valoró también que este año la UBA haya dado un primer curso virtual de género para docentes y que el año próximo dictará una diplomatura para los no docentes.

Fuente:Página 12 - Por  Sonia Santoro  

miércoles, 27 de diciembre de 2017

ARGENTINA: EL MACHISMO DEL GOBIERNO IMPACTA EN LA VIDA DE LAS MUJERES

TÍTULO ORIGINAL: VIDAS DEVALUADAS 

AJUSTE La reforma previsional que aprobó el Congreso la madrugada del martes en una ciudad sitiada por las fuerzas represivas discrimina alevosamente a las mujeres: las amas de casa ya no tendrán acceso a la jubilación y las que lograron acceder son tratadas como ciudadanas de segunda, sin garantías y con menos compensación por la reducción de ingresos. La Asignación Universal por Hijo pierde un monto equivalente a seis leches por mes y las asignaciones familiares ni siquiera tienen compensación. Ciego y sordo a las masivas movilizaciones feministas que a través de la herramienta del paro pusieron en primer plano el trabajo invisibilizado que realizan las mujeres sin remuneración, esta reforma refuerza la división sexual del trabajo y la explotación de las vidas femeninas.



fotografía: Sebastián Mique

Son adolescentes ignorantes que se quedan embarazadas como premio o señoras de barrio norte que no laburaron nunca. Jubiladas que se patinan la plata para salir con sus amigas o madres aprovechadas para vivir de la leche de sus hijos. Son drogonas que se juegan la plata de la leche de sus hijos en vino o la ruleta y son doñas que ven la novela con la plata robada a las arcas del Estado. “Con la moratoria de los K se jubilaron señoras bien para salir con sus amigas”, las despreció Alieto Guadagni, Doctor en Economía y ex funcionario de la dictadura y de la democracia. “Muchas eran amas de casa de Barrio Norte que no habían laburado en su vida y que se la dieron igual y no son una, dos, tres, son miles”, sentenció el diputado santafecino del PRO Luciano Laspina sobre las amas de casa que llegaron a jubilarse por la moratoria previsional. “¿Qué preferís que una piba ignorante se embarace para cobrar una platita todos los meses y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida?”, se preguntó el ex candidato a Gobernador de Santa Fe, por Cambiemos, Miguel del Sel. En la misma saga de fantasear con que la maternidad es equivalente a sacarse la lotería, Julián Dindart (UCR), ex Ministro de Salud de Corrientes y que llego a Presidente de la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso de la Nación expresó: “Las adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo”.  La canaleta de los prejuicios sobre la maternidad como una apuesta con premios tuvo otro hit político. “Es un dato de la realidad, desde el momento que se implementó el programa de Asignación Universal por Hijo que lo que se venía gastando en juego y en droga ha tenido un crecimiento y no hay otra razón que no sea la de incorporar esa inmensa masa de dinero que circula, por lo menos en los datos del Conurbano”, aseguro Ernesto Sanz, ex titular de la UCR y fundador de Cambiemos. Los prejuicios contra las jóvenes, madres, trabajadoras no remuneradas y amas de casa no fueron en vano. Plin, caja. Las excluidas del discurso de la meritocracia van a tener un recorte en sus bolsillos. 

El martes a la trasnoche las cacerolas sonaban sin cámaras que las miren y la represión llegaba al Congreso de la Nación, incluso en turno trasnoche, con gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias. La ley de reforma previsional fue aprobada, el martes 19 de diciembre, con 127 votos a favor, 117 en contra y dos abstenciones con el objetivo del gobierno de quedarse con 60.000 millones de pesos. El contrapeso es que la reforma va a reducir los ingresos de unas 15 millones de personas, entre jubilados/as, pensionados/as, niñas y niños beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ex Combatientes de Malvinas y trabajadoras/es que perciben asignaciones familiares* [ y personas con discapacidad] Pero afecta, muy especialmente, a las mujeres. 

El 62 por ciento del total de jubilados son mujeres: el 87 por ciento de lxs pensionados son mujeres; el 86 por ciento de quienes se jubilaron a través de las moratorias previsionales son mujeres; el 64 por ciento de quienes cobran pensiones no contributivas (por vejez, invalidez o familias con siete hijos) son mujeres y el 99 por ciento de quienes administra la AUH y Asignación por Embarazo son mujeres, según datos de Anses, de julio del 2014. Desde el año pasado que se piden nuevos datos, pero ni en el 2016, ni en el 2017, el organismo accedió a dar la información. 

Brecha de género: 15.408 pesos menos, al año, por envejecer como mujer

La brecha de género entre mujeres y varones es de 24,5 por ciento, según las últimas cifras a las que pudo acceder Las/12.Por otra parte, la Encuesta Permanente de Hogares (EPC), del Indec, informó que, en el segundo trimestre de 2017, la jubilación media para mujeres fue de 8.513 pesos y de 9.797 para varones. Por lo que las señoras que son juzgadas por salir con sus amigas cuentan con 1.284 pesos menos por mes por lo que implica una vida como mujeres: ser las que socialmente tienen que cuidar a los hijas e hijos, atajar a nietos y nietas y ser recibidas para limpiar casas, ser maestras o enfermeras, pero obstaculizadas en tareas jerárquicas. El impuesto o peaje al género implica 15.408 pesos menos al año en la cartera. 

Las razones son múltiples: en el mundo laboral las mujeres ganan menos y tienen menos aportes por sueldos inferiores; realizan el doble de tareas de cuidado y trabajos domésticos que los varones (seis horas ellas y tres horas ellos) pero ese tiempo no es remunerado por el Estado y  la edad promedio en la que se jubilan es a los 63 años por lo que realizan menos aportes que los varones. Ahora la desigualdad de las mayores se va a volver mayor. Por supuesto esta realidad afecta también y más a las personas trans que pudieron acceder a la jubilación con su identidad autopercibida a partir de la Ley de Identidad de Género, pero que son marginadas de la formalidad laboral y los ingresos más altos. 

A partir de la nueva ley se cambia la forma de actualización de jubilaciones, pensiones y AUH. Por lo que jubilados y pensionados con treinta años de aportes y haberes de 10.000 pesos en marzo cobrarán un bono de 750 pesos y quienes no cumplan con las tres décadas de aporte (la mayoría de las mujeres que tuvieron que trabajar en la informalidad o interrumpir su carrera para cuidar a sus hijos/as o llegar a retirarlos de la escuela) cobrarán la mitad: 375 pesos. Los beneficiarios de la AUH percibirán un bono de 400 pesos, por única vez, por cada hijo/a que recibe la asignación.

Mala leche: 6,2 litros menos para cada piba y pibe

La Asignación Universal por Hijo y la prestación por embarazo, actualmente, representan 1412 pesos mensuales. La AUH debería subir en marzo, si no se hubiera aprobado la reforma previsional, a 1616 pesos, según la estimación del periodista y economista Alejandro Bercovich, con un aumento que tendría que haber sido del 14,5 por ciento. Sin embargo, se va a quedar en 1492,49 pesos (más el bono por única vez) con una actualización desinflada del 5,7 por ciento. La quita por cada hijo/a de la ley aprobada representa 124 pesos por mes por cada chico y chica y una pérdida neta por hijo de 470 pesos (contando el bonustrack sacado de la galera por el gobierno nacional después de las protestas). Por lo tanto, con un precio de mercado de 20 pesos por litro de leche (Sancor) la baja en la AUH implica 6,2 sachet de leches menos para cada piba o pibe, por mes, como efecto de la ley aprobada entre protestas y cacerolas.

Ante esta situación, La coalición de organizaciones de la sociedad civil que componen Infancia en Deuda advirtió que la reforma previsional afecta los derechos de la infancia. Carmen Ryan, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), e integrante de Infancia en Deuda, alerta: “Desde 2015 disminuye la inversión en infancia. De 2015-2016 bajó de 2,7 a 2,6 del Producto Bruto Interno y preocupa que puede seguir bajando, a partir de la reforma previsional, con la disminución de inversión en asignaciones familiares y universales. Además, no hay presupuesto previsto para el/la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes. Y algunos de los programas de niñez, sufren reasignaciones, subejecuciones y previsiones decrecientes contrarias a la ley”.

Asignaciones familiares: colgar los botines, los lápices y las actividades recreativas

En el caso de las asignaciones familiares para trabajadores/as registrados el 72 por ciento de quienes lo cobran son los varones. Aunque lo pueden cobrar las madres por su propio trabajo o del sueldo del padre si están separadas y su hijo/a se puede ver perjudicado por maniobras evasivas a su sostén. Pero, la reforma previsional, no derrama sino que contrae el dinero para guardapolvos, galletitas, carne, frutas, cumpleaños, zapatillas o mapas. Las o los empleados que cobren 21.921 pesos brutos y los o las monotributistas (A, B, C y D) pierden ingresos que el Estado destinaba a sus hijxs por 870 pesos durante 2018 por el recorte de asignaciones familiares, según los cálculos de Bercovich. Además, por hijo discapacitado se pierde 2.0005 pesos y por ayuda escolar anual 728 pesos. Y la CGT -que toma el té, mientras las mujeres toman la calle- no hace de esta merma un problema digno de reclamo. 

Hay que colgar los botines, las clases de natación y la cartuchera con lápices completos. Pero, en este caso, no se percibe ninguna compensación. “El bono no afecta a las asignaciones familiares, por ejemplo los trabajadores formales que perciben los ingresos más bajos y cuya asignación familiar está equiparada a la AUH”, señala la politóloga Pilar Arcidiácono, Investigadora de la UBA y el Conicet. Ella apunta que la nueva forma de calcular las asignaciones (tanto para quienes tienen empleo formal como para quienes se encuentran desocupados o informales) son un paso atrás que perjudica especialmente a quienes tienen  la mochila de la crianza en la espalda: “La fórmula de movilidad para las asignaciones había sido un gran paso en un contexto donde históricamente las transferencias a las familias con hijos no eran aumentadas (recordar que el Jefas y jefes  surge en 2002 con 150 pesos y finaliza de la misma manera hacia 2009) y se iban licuando su poder adquisitivo a lo largo de los años. Estas transformaciones no pueden leerse independientemente de la principales y vertiginosas medidas económicas de la nueva gestión (recomposición tarifaria, devaluación de la moneda, aumento de los precios relativos de los alimentos) que deterioran directamente el poder adquisitivo de las asignaciones y de aquellas políticas que tienen directa implicancia en el acceso a bienes y servicios que hacen al bienestar de las familias”.

Tres millones y medio de mujeres barridas por barrer

 “El impacto de la reforma previsional ampliará la desigualdad de género. El cambio en la fórmula de actualización de los haberes afecta especialmente a quienes cobran la jubilación mínima y se lograron jubilar por edad a través de las moratorias (sin contar con los treinta años de aportes). De las más de 5.370.147 de personas que entran en esta categoría 3.401.686 son mujeres. Esto no es casual, dado que en Argentina la participación laboral de las mujeres es un cincuenta por ciento inferior a la de los varones, debido a su responsabilización cultural en las tareas de cuidado y crianza. Además, los períodos de las licencias por maternidad no hacen aportes. Esto afecta directamente la posibilidad de la mujeres (especialmente las madres) de jubilarse y, cuando lo logran, lo hacen con haberes menores”, remarca Gala Díaz Langou, Directora del Programa de Protección Social de CIPPEC. Ella crítica: “Resulta evidente que una de las dimensiones más ignoradas en el análisis del gobierno sobre la reforma previsional es la de género. La ausencia del debate no es neutral, sino que genera que la reforma tenga impactos (probablemente no buscados) que podrían haberse subsanado agregando miradas”. 

Jubiladas de segunda: Si trabajaste en casa te perdes el bonustrack

“Esta reforma previsional es doblemente injusta con las mujeres porque del mismo modo que recorta la recomposición prevista para el año que viene genera una discriminación inédita entre quienes accedieron a jubilación por moratoria y quienes accedieron con los aportes completos”, subraya Bercovich. Las que no tenían vacante ni guarderías y tuvieron que dejar la oficina cuando su bebé cumplió tres meses o las invitaron a retirarse del negocio si tenían que faltar porque su hijo tenía fiebre son las que garantizaron que el sistema previsional tenga nuevas generaciones de aportantes. Sin embargo, son fustigadas como jubiladas de segunda. La socióloga Alejandra Beccaria, investigadora del Equipo de Seguridad Social, del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) advierte: “La discriminación entre quienes accedieron al beneficio previsional por el cumplimiento de los años de servicios y quienes lo hicieron a través de las moratorias tiene efecto inmediato en la implementación del bono compensador y tiene efecto aún más grave en adelante porque da a quienes accedieron sólo por el cumplimiento de los requisitos de aportes la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, mientras que a quienes accedieron por moratoria no les establece esa garantía”.

Los varones que accedieron a la jubilación por moratoria son uno de cada diez. En cambio las mujeres que aseguraron su ingreso por esa vía son casi la mitad de las que se encuentran jubiladas. Por eso, Claudia Danani, especialista en política social, también del equipo de Seguridad Social de la UNGS, remarca el machismo de las políticas públicas actuales contra las mayoría de las mujeres mayores: “Es posible suponer que si la distancia entre uno y otro grupo creciera al grupo de “jubiladas/os por moratoria” se les establecería el mismo piso de la Pensión Universal para Adultos Mayores: 80 por ciento del haber previsional mínimo. Esa política de diferenciación, que en la ley se justifica con la expresión “proporcionalidad que premia el esfuerzo de cotización”, castiga (otra vez) a las mujeres que trabajaron en condiciones de mayor irregularidad, desprotección y precariedad. Contra la idea de que la moratoria fue aprovechada por “señoras bien que usan el dinero para salir con sus amigas” (escandalosa imagen sexista que transmite lo superficial y ocioso de la vida de las mujeres), los datos indican que sólo un 25 por ciento de las mujeres que accedieron a la jubilación con la moratoria  nunca aportaron ni trabajaron y que, en cambio, en la otra punta,  el 31 por ciento de ellas lo hizo durante más de 25 años. Un país más justo debe compensar por esa desigualdad, no consagrarla”. 

En ese sentido, la Doctora en Economía Mercedes MercedesD’Alessandro, integrante de Economía Feminsta, crítica: “El gobierno de Cambiemos con esta reforma previsional está fabricando nuevos pobres: las amas de casa, las y los trabajadores precarizados, aquellos que no han podido completar los treinta años de aportes que demanda la ley solo podrán acceder a una pensión universal que hoy apenas llega a los 5.700 pesos”.

Fuente: Página 12 - Por Luciana Peker

miércoles, 13 de diciembre de 2017

LA PAUTA MISÓGINA

 El conductor Ari Paluch, denunciado por abuso en A24 y por otros relatos de acoso que revelaron locutoras que trabajaron con él, tenía un discurso machista que llegaba hasta a revictimizar a víctimas de violación. Sin embargo, la productora de su programa El exprimidor recibió, en diez años, casi 15 millones de pesos de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en el 2016 se vio beneficiada con una abultada pauta de más de 4 millones de pesos a nivel nacional. El caso Paluch abre el debate sobre la conducta de los anunciantes privados ante la violencia machista y los límites que puede poner el Estado a la violencia mediática y al fomento de diversidad de género en los medios de comunicación.



Debajo de la estrella amarilla aparece la frase de presentación: “Euro es El Exprimidor con Ari Paluch”. En el sitio de la productora Euro Comunicaciones aparece el logo “El Exprimidor con Ari Paluch, 20 años de grandes éxitos” y una foto del conductor, risueño y con una mano en la oreja. Además de Paluch la empresa ofrece acciones de vía pública, acciones de verano y creatividad en PNT´s (publicidad no tradicional). Pero no tiene ningún otro producto ni periodista o conductor en su oferta. Después del escándalo por el acoso a una trabajadora en A24 (que implicó el levantamiento del programa de televisión) y la fuga de pauta comercial del programa de radio la productora anunció que despedía a Paluch y que el programa seguiría con otro conductor. Sin embargo, antes de las denuncias el conductor ya tenía una conducta sexista explícita y al aire. Y la productora Euro Comunicaciones recibía una abultada pauta pública. 

En el 2007 Euro Comunicaciones S.A. recibió 110.000 pesos de pauta pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de junio del 2007 ganó las elecciones Mauricio Macri y la pauta se quintuplicó a 508.766 pesos en el 2008. En el 2011 Macri fue reelecto como jefe de Gobierno y ya ese año las arcas de Euro subieron a 919.257 pesos. Y, en el 2017, llegaron a 2.265.130 pesos. En total, en la década ganada de El Exprimidor, la productora cobró del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -del 2007 al 2017- 14.921.076 pesos.

A nivel nacional, Euro Comunicaciones (cuyo único conductor estrella era Ari Paluch, si bien no es socio de la firma) recibió un total de 4.201.811 pesos en el 2016 y 199.650 pesos en el primer semestre del 2017, según las últimas cifras publicadas por Jefatura de Gabinete. El programa El exprimidor, en Fm Latina (101.1) se anuncia por la virtud de contar noticias, tener móviles, buen humor y la línea abierta a los oyentes. En el primer semestre del 2017 Euro Comunicaciones (con El exprimidor como producto estrella y casi exclusivo) recibió 199.650 pesos. Y, si se suma el 2016 más el primer semestre más el 2017, el total es de 4.401.461 pesos.

La dimensión de la pauta oficial al programa de Ari Paluch parece, en principio, exagerada en relación a su impacto periodístico. Aunque los discursos que justifican el cierre de medios, los despidos masivos de periodistas y la falta de rescate a diarios, radios, agencias de noticias y sitios se basa en el argumento del fin del derroche del erario público y a la libertad de mercado como regente del trabajo de prensa y la libertad de expresión, la pauta a Ari Paluch no parece solo fruto de la meritocracia de mercado, sino, también, de su combustible de afinidad con el poder.

Ari Paluch se hizo amigo de Mauricio Macri cuando el -ahora- jefe de Estado presidió Boca. Los dos son hinchas fanáticos xeneises y Paluch siguió conduciendo, hasta el 2017, los actos en La Bombonera. Mauricio contó que el libro El combustible espiritual (del gurú espiritual en declive) era una de sus lecturas de cabecera y, en marzo del 2009, llevó al periodista a una reunión del Gabinete porteño en el Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza, para que dé cátedra sobre motivación en el trabajo. La relación no se cortó con el ascenso al poder. En la nota  de opinión “El watsapp de Macri”, publicada en Infobae, el 20 de junio del 2017,  Paluch hizo gala del acceso a los mensajes presidenciales, un beneficio que solo se logra con una cercanía íntima o un periodismo de investigación del que no suele hacer gala con otros representantes. Macri salió reiteradas veces en el aire de El exprimidor y Ari Paluch fue recibido, en marzo del 2016, en una entrevista pública en la Quinta de Olivos. Además a la gala de su fundación benéfica estaba anunciada la presencia de la primera dama Juliana Awada hasta que la denuncia por acoso hizo bajar a los invitados como de un Titanic. 

El ex legislador porteño Facundo Di Filippo, del  Partido Social de la Ciudad, critica: “La operatoria con Paluch repite la de (Fernando) Niembro: entrega de pauta de publicidad oficial de forma discrecional a los periodistas afines, constructores de la cortina mediática que cubre los descalabros del Gobierno. Si pudiéramos acceder a dicha distribución de los diversos ejecutivos, legislativos y entes descentralizados veríamos el entramado de la prensa y de los periodistas adictos. Justamente por este tipo de manejos oscuros Macri vetó en 2010 la Ley de regulación de publicidad oficial de mi autoría en la Ciudad de Buenos Aires”.

Give me five

El 21 de octubre Ari Paluch fue denunciado por una microfonista de A24 de abuso sexual cuando le tocó la cola, en una escena que fue captada por las cámaras del canal. Después de eso, se desvinculó de la señal de noticias. El programa de televisión lo producía “Crear Televisión” y -sin más tolerancia social para el machismo explícito- se rescindió el contrato. Ari Paluch dijo que había intentado hacer un give me five pero que no le salió (un choque los cinco sin GPS sobre las zonas íntimas femeninas) y el argumento careció de toda validez pública. El 25 de octubre la agencia de prensa de la fundación de Paluch, Manos en Acción (para ayudar a niños y familias vulnerables) avisó a los periodistas acreditados que la Gala de Manos en Acción no iba a contar con la presencia de Juliana Awada, la primera dama presidencial que -antes de la denuncia- estaba confirmada para los flashes de duelos de estilo y soberanía de la elegancia. 

Pero el give me five no fue un choque fallido, ni de una excepción, sino de una impunidad repetida. En la revista Noticias, del 31 de octubre del 2017, las periodistas Daniela Bianco y Giselle Leclercq juntaron doce testimonios de mujeres que denunciaron distintas formas de acoso, violencia y machismo de parte del autor de El combustible espiritual”. La maquilladora de A24 Sofía Rigler sumó su testimonio: “Cuando terminaba de maquillarlo me decía gracias. Pero una vez me dijo gracias y me dio dos palmaditas en la cola. Al mes me volvió a pasar lo mismo”. Pamela Selesan vive ahora en Indonesia y relató abusos cuando trabajó como locutora con él en el 2010: “Cuando llegaba yo tenía que entrar al estudio a darle un beso y cuando me acercaba, se abría de piernas. A él le gusta que te vistas sexy. En ese momento se usaban las calzas con remeras largas y él las corría y te decía ‘¡Qué colita!’”. También Bárbara García, Andrea Farelli  y Malena Dip sumaron sus relatos.  La primera locutora de El exprimidor, Federica Guibelalde, vive en el exterior (en Cánada) y su voz muestra que el machismo estaba más silenciado, pero no es una casualidad permanente, sino el jugo de un programa con banca. “En aquellos años, aceptábamos las conductas machistas como normales. Sufrí con él acoso. Desde comentarios, hasta ser destinataria de algún regalo inapropiado. Lo pude manejar hasta que quedé embarazada. Decía ‘qué bueno embarazada, mirá que linda’, algo muy perverso”, reveló. La diferencia es tajante: las mujeres ya no nos callamos más.  

La violencia sexual en el trabajo estaba legitimada. El machismo al aire también. Ari Paluch no tuvo conductas sexuales impropias, un eufemismo que usan en la NBC norteamericana para eludir hablar de violencia machista de las puertas para adentro del estudio de radio y televisión. Su machismo era explícito, a pesar del espaldarazo público entre los medios más beneficiados para comunicar información oficial. Un ejemplo es la revictimización que hizo con Giuliana Peralta. Ella fue violada por el jugador de fútbol Alexis Zárate el 16 de marzo del 2014. El 18 de septiembre de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Lomas de Zamora, condenó a Alexis Zárate a seis años y medio de prisión. En ese momento (y a pesar de la sentencia) Ari Paluch preguntó al aire si Giuliana era “fiestera” y aseguró que “si él la hubiese penetrado pero acabado afuera, no hubiera habido escándalo”. Los bolsillos llenos de pauta pública no implican hasta ahora -no solo con Paluch- ningún tipo de impedimento para revictimizar a una víctima de violación y minimizar la violencia sexual al lugar donde se vuelca el semen. 

Las mujeres ya no callan más. ¿La publicidad oficial y privada va ayudar a cambiar o va a cambiar de banca para que nada cambie? Después de bajar el perfil y salir de cámara Ari Paluch siguió en su programa de radio, de lunes a viernes, de 6 a 10 y de 18 a 20. Pero las denuncias (ahora) tienen costo: la pauta comercial de El exprimidor bajó en siete minutos porque las marcas no quisieron mezclarse con denuncias públicas de violencia de género. El alfajor “Jorgito” fue el primero en retirar sus avisos porque tenía auspicios en un segmento infantil y no quisieron legitimar una conducta riesgosa para chicos y chicas. Otros auspiciantes también fueron sacando sus publicidades y la tanda se acortó tanto que la productora Euro Comunicaciones decidió que Ari Paluch continuara hasta el 31 de diciembre y después fuera reemplazado. No hubo anuncios oficiales sobre la continuidad o interrupción de la pauta oficial, aunque, en un primer momento, fuentes oficiales, no dijeron que se terminarían los auspicios estatales. Al menos, por esta vez, el mercado fue más rápido. La mano invisible del mercado se hizo visible.

No está confirmado, pero uno de los posibles reemplazantes para El exprimidor” es Martín Ciccioli, que justo estos días protagoniza otro debate sobre homofobia mediática. En el programa de Mariana Fabbiani, en Canal 13, entrevistaron a Sebastián Sierra, amigo de Jonathan Uriel Castellari, golpeado en Palermo por su condición sexual. Ciccioli minimizó al aire la violencia intentando generalizar para quitar el peso que tiene la discriminación por identidad de género. “El foco y el eje es la violencia y las madrugadas de cobardía que tienen tanto hombres como mujeres, con la tendencia en aumento...”, especuló Ciccioli en el mismo tono de sus realitys donde la violencia es una obscenidad en vivo, sin raíz, sin prevención y sin límites. Sierra se molestó con esa frase y Fabbiani tuvo que intervenir para dejar en claro que se trataba de homofobia. Si los pronósticos se cumplen y Paluch es reemplazado por Ciccioli, no se trataría solo de limpiar prontuarios personales, sino de reemplazar la misoginia imperante en los medios por otros discursos que fomenten la igualdad y no el todo es lo mismo. 

El caso de Ari Paluch dispara un debate pendiente y necesario sobre el rol de la pauta pública y privada (que retiró los auspicios del programa El exprimidor y obligó a Ari Paluch a anunciar un paso al costado del micrófono) tanto a personas cuestionadas por sus conductas personales (por denuncias de abuso, acoso o violencia de género) como por la promoción de discursos claramente sexistas, discriminadores y misóginos que están contemplados como violencia mediática y simbólica en la Ley 24.685 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Las12 ahondó, a través de distintxs expertxs, sobre las posibilidades de incidir desde el Estado y los fondos públicos para frenar la propagación de la violencia machista o la discriminación por identidad de género y, especialmente, para fomentar programas y espacios que propicien la igualdad de género y la lucha contra la violencia y a favor de la diversidad sexual que hoy son mínimos en los medios de comunicación. 

La pauta en debate

¿La pauta oficial puede desalentar el machismo en los medios o no cumple ninguna función en relación a la equidad de género y la prevención y erradicación de la violencia machista? El director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, Santiago Marino, apunta: “El mayor problema respecto de la pauta oficial es la falta de regulación democrática sobre su proceso de administración y gestión. El manejo actual es discrecional y antojadizo, se basa en la lógica ami-enemigo y no responde a criterios claros. Estaría de acuerdo en que la pauta oficial tuviera criterios de género, entre otros”. 

La periodista María O’Donnell, conductora del programa Tarde para Nada (17 a 20) en Radio Con Vos (FM 89.9) reflexiona con prudencia: “Me preocupa que la pauta sea una evaluación de contenidos. Es un camino complicado por las puertas que abre. Cuando hay una situación palpable sí hay que actuar. Pero hay que buscar mecanismos transparentes, porque si no aumentás la discrecionalidad, salvo que intervenga el INADI o algún camino institucional. La pauta es una comunicación del Estado al lector u oyente. Está mal pensar la pauta como un subsidio. Hay que pensar maneras que la carga impositiva sea menor para medios chicos. Hay que diferenciar la pyme y la gran empresa. La publicidad oficial no es subsidio. La publicidad oficial se tiene que pensar en el destinatario y, por ahí, pautar en medios del conurbano o del norte. Ahora existe una resolución que establece algunos parámetros, con cierto emprolijamiento, pero no modificó la discrecionalidad”. 

En relación al caso Paluch, Marino coincide en no establecer reglas generales que puedan volverse riesgosas en su manipulación: “Hay que ser cuidadosos y no establecer criterios se segregación hasta que, por ejemplo, no haya fallos judiciales con sentencia firme al respecto. De todos modos acuerdo en que el Estado -con sus distintos agentes- debe contribuir al desarrollo de un discurso que esté alejado de las prácticas machistas, misóginas, homofóbicas o de cualquier tipo de segregación. Pero ayudaría mucho dar cuenta de recomendaciones de organismos tales como la Defensoría del Público (creada por la ley audiovisual) más que acciones en torno a la pauta oficial cuya administración, segrega a medios no comerciales y no vinculados a la línea editorial gubernamental”. En relación a la violencia machista en los medios la solución no parece ser permitir todo o disparar ante casos con alta repercusión, sino establecer pautas claras donde, por ejemplo, pueda intervenir la Justicia, el INADI o la Defensoría del Público, entre otros organismos con antecedentes en el diálogo frente a conductores (como Baby Etchecopar o Jorge Lanata) que expresan frases discriminatorias, revictimizantes o machistas frente al micrófono. 

“El Estado no puede premiar con recursos públicos a medios, productoras o conductores que realicen discriminación por motivo de género ni por cualquier otro motivo. El Estado es un anunciante que, si bien paga tarde, paga siempre y el ciento por ciento del precio. Tiene muchas ventajas. Por eso, ningún estándar en materia de publicidad oficial permite que los beneficiarios tengan conductas discriminatorias por más que un medio pudiese tener mucho rating”, delimita Martín Becerra, profesor de la Universidad de Quilmes y de la UBA, investigador del Conicet y especialista en análisis de medios.

Por otra parte, no se trata solo de quitar pauta oficial, sino también de promover en los medios públicos a mujeres, lesbianas, trans y periodistas y conductoras con perspectiva de género que ocupen espacios relevantes, continuados y no excepcionales de promoción de la igualdad de género. Y también que los medios gráficos, radiales, televisivos y digitales que denuncian la violencia machista y derriban estereotipos no sean ahogados por el desfinanciamiento, sino que puedan ser considerados como medios con llegada a mujeres, jóvenes y trans para la publicidad oficial. 

Becerra cree que el fomento de la diversidad es una opción a tener en cuenta para una comunicación más amplia que el zapping sin mucha oferta: “Una de las deficiencias que tiene el sistema de medios en Argentina es que falta diversidad de género y geográfica. Se puede estimular, premiar o reconocer a las empresas que tienen trabajo en blanco respecto a las que tienen trabajo precario. El Estado podría ponderar en las pautas publicitarias la diversidad de género junto con otros elementos en un país con problemas de discriminación. Por supuesto que la audiencia también importa. Es un conjunto de factores”. O´Donnell también apuesta a un fomento positivo de más diversidad a partir del fomento y, no tanto, de las sanciones. “Me parece que estaría bueno promover criterios de equidad de género, de la diversidad y más por lo positivo que por el control de contenidos”. 

En la web de Jefatura de Gabinete sobre pauta oficial, el sitio gubernamental explica que los mensajes que quedan excluidos de la publicidad oficial son: “Cualquier mensaje o anuncio que afecte los derechos consagrados por los tratados y declaraciones en materia de derechos humanos y sociales incorporados en la Constitución Nacional (…) La promoción o difusión que favorezca, por acción u omisión, de manera directa o indirecta, explícita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, filosófica o gremial, sexo, género, orientación sexual, posición económica, condición social, grado de instrucción o caracteres físicos”. 

¿La estigmatización de una víctima de violación como fiestera infringe esta norma? ¿Un conductor que alega que la vestimenta de niñas de 12 años incide en que sean víctimas de femicidio puede recibir pauta oficial? ¿Si se juzga a las chicas asesinadas por su ropa, conducta o hábitos nocturnos o se pregunta si las mujeres pueden opinar de fútbol o que si se niegan al acoso callejero es porque son feas, el Estado puede intervenir? La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) opina: “Los recursos del Estado a través de la pauta oficial pueden ser una herramienta para promover discursos que respeten ciertos estándares éticos, respetuosos de los derechos humanos, la igualdad de género, el respeto por la diversidad. Creo que establecer con claridad los compromisos a los que se obligan quienes reciban pauta oficial es parte de las regulaciones previas necesarias”.


Fuente: la 12 - por Luciana Peker 

LA DESIGUALDAD, UNA ESTRUCTURA

Graciela Rodríguez, es brasileña, integra la Red de Género y fue pionera en denunciar en la región el impacto del libre comercio en la vida de las mujeres.



Imagen: Leandro Teysseire


“El feminicidio en Ciudad Juárez es un producto de la globalización financiera”, sostiene la activista brasileña Graciela Rodríguez y explica esa relación en una entrevista con PáginaI12. Integrante de la Red de Género y Comercio, Rodríguez fue pionera en analizar y denunciar en la región el impacto diferencial del libre comercio en la vida de las mujeres y en particular en advertir cómo configura las violencias que las afectan. Fue una de las oradoras del Foro Feminista frente al Libre Comercio, que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cerró con una conmovedora asamblea de mujeres, lesbianas y trans.

En diálogo con este diario, Rodríguez destacó la importancia de la perspectiva feminista para analizar el tema, frente a otras miradas más tradicionales, “porque tiene una visión del trabajo, que es ampliada, que incluye el económico y remunerado, el invisible, el informal. Justamente la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres tiene que ver con eso, con esa nueva perspectiva del trabajo, que nos da una explicación mucho más acabada de cómo el capital crea mecanismos de control”, señaló la activista, que también forma parte de la Articulación de Mujeres Brasileras y del Instituto Equit, de Río de Janeiro, que trabaja por los derechos de las mujeres.

En América latina, la apertura comercial y la inserción subordinada en la globalización profundizaron las desigualdades de género, sostiene Rodríguez: se instalaron industrias que utilizan trabajo precario preponderantemente femenino, como las maquiladoras, al tiempo que las privatizaciones redujeron la calidad de los servicios públicos y obligaron a las mujeres a extender sus dobles jornadas de trabajo.

–¿Cómo se involucró con esta temática?

–Empecé a trabajar con el tema de la violencia hacia las mujeres en una organización feminista en Brasil a finales de los ‘80 y decidimos analizar el tema de las políticas económicas porque nos dimos cuenta de que la situación de las mujeres estaba ligada a su desigual incorporación al mercado de trabajo. Nos fuimos dando cuenta de que las desigualdades de género como las de raza son estructurantes del mercado de trabajo, porque son eficientes y funcionales al capital. Y al ser funcionales nos hemos dado cuenta que había que meterse a pensar las políticas macro, las negociaciones internacionales de comercio, de inversiones, para ver cómo eso tenía impacto en la vida de las mujeres y en esa situación de fortalecimiento de la desigualdad como un elemento del beneficio de las empresas. Y en la globalización se vio claro, cada vez se fue poniendo más evidente. Usaban a la mano de obra para bajar la tasa salarial, porque era más barato contratar mujeres o gente discriminada, en algunos países las personas negras, en otros de alguna etnia. Fuimos viendo como eso iba definiendo el mercado.  Estuvimos en la negociación contra la incorporación al ALCA, contra la OMC después. Fuimos parte de la creación de la Red de Género y Comercio, muy activa en los años en que fueron parando las negociaciones de la OMC en 2009.

–¿Por qué relaciona la globalización del comercio con los feminicidios en Ciudad Juárez?

–La globalización financiera trajo la incorporación de grandes contingentes de mujeres al mercado de trabajo en México, China, Indonesia, India. El caso de México en la maquila ofrece un ejemplo muy evidente de lo que ha sido el impacto de la liberalización comercial. Esta liberalización fue imponiendo una migración de las personas del área rural hacia otros lugares buscando empleo, hacia asentamientos urbanos o Estados Unidos, desagregando los tejidos sociales de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y en el caso de las maquilas, particularmente, llevando a las mujeres a esos territorios sobre todo del norte del país, en donde están aisladas, separadas de sus comunidades y su entorno de seguridad y expuestas a vulnerabilidades. El feminicidio fue un producto de ese fenómeno, se dio en esos territorios, y se dio por la expansión del libre comercio que destruyó la producción agraria. Mexico pasó de ser exportador de maíz a ser importador de ese mismo producto de EEUU. Y destruyó los tejidos sociales. Esa es la relación que pensamos.

El foro y la asamblea feminista fueron parte de la Cumbre de los Pueblos, que sesiona en paralelo con la XI Reunión Ministerial de la OMC. Rodríguez participó del panel “Las tramas de la violencia económica y el impacto del libre comercio”, junto a la uruguaya Alma Espino, de la Red de Género y Comercio-Ciedur y las argentinas Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del Ciepp-Conicet y Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus sigla en inglés) y Verónica Gago, investigadora del Conicet, docente de la Unsam e integrante del Colectivo Ni Una Menos.

–¿Por qué este foro feminista en el marco de las discusiones de la OMC?

–Estuvimos discutiendo justamente cuánto tiene que ver la OMC con nuestras vidas, con la vida cotidiana de la gente y particularmente de las mujeres. El tema de la producción alimentaria y de la soberanía alimentaria, o sea la capacidad que tienen los países de garantizar la llegada de alimentos de calidad a la mesa de las personas, es un tema que está extremamente afectado por las negociaciones de la agricultura de la OMC. Este tema ha sido el más central. Porque se le viene prometiendo a los países desarrollados una solución, frente a la falta de apoyo que tiene y que no puede tener –por las reglas de la OMC– la agricultura de los países más pobres. Este tema está profundizando la desigual distribución del trabajo en el mundo, la migración de millones de personas de los territorios más pobres de África, Asia, India, América latina, hacia los países del norte, con toda la problemática que eso significa. Pero ahí no terminan. En la OMC se negocian todos los temas de servicios, y ahí tenés millones de cuestiones, los servicios de acceso a agua, a la educación, a la salud, telecomunicaciones, turismo, transporte, servicios financieros. Algunos hablan de servificación de la economía, en el sentido de que cada vez más son los servicios los que ocupan gran parte del PBI de los países, entre el 60 y el 80 por ciento de las economías están destinadas a un conjunto de los servicios. De alguna forma eso feminiza el mercado de trabajo porque los servicios tienen mucha presencia de mano de obra femenina. Ya el empleo y el salario está siendo cada vez menos importante como categoría de inclusión al mercado y está siendo mucho más relevante todo el aspecto de financierización extendida de la vida cotidiana de las personas y su endeudamiento. Hablamos también de los flujos ilícitos de capital que también están proponiendo gran parte de los entretejidos de esta vitalidad económica que tienen los territorios y que está impactando directamente en las mujeres.

–¿A qué se refiere?

–Un ejemplo es lo que está sucediendo en Rio de Janeiro donde el tráfico de drogas y toda la circulación de ese recurso ilegal ha cambiado la cara de la economía local con el apoyo también del lavado de flujos ilícitos que hacen las iglesias pentecostales de mercado, como las llamo, que en alianza han creado toda una perspectiva económica muy activa en las favelas. Y tiene importancia cómo impactan en la vida de las mujeres, en las violencias que ellas sufren, en las redes de trata.

–¿Cuáles son las alternativas en este escenario de Latinoamérica con gobiernos que giran a la derecha?

–Pensar las alternativas es muy complejo porque hay todo un debate sobre las posibilidades de transición, cómo disputarle al capital esta mercantilización de la vida. Mucha gente la está encontrando al salir de los circuitos, otros lo piensan en controlar a las corporaciones o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estamos en un momento histórico civilizatorio donde es importante decir cómo el capitalismo se ha separado de cualquier regulación que lo controle y está autonomizando su forma más salvaje. Hay otros que pensamos que dentro del capitalismo no hay solución para este tema. ¿Cómo haces para construir procesos alternativos? Creo que el feminismo tienen mucho que aportar: nuestra posición viene a partir de la sustentabilidad de la vida y de un trabajo pensado en términos amplios y en cuestionar la división sexual del trabajo. Tenemos que disputar mucho ahí. Pero va a ser un trabajo arduo. No va a ser de un día para el otro.

Fuente. Página 12 - Por Mariana Carbajal