La violencia contra la mujer es la principal “cara escondida” de la inseguridad ciudadana en Centroamérica. Dos de cada tres mujeres asesinadas mueren por razón de su género.
La violencia contra la niñez, las minorías étnicas o los grupos con otras opciones sexuales, se consideran como otra de las inseguridades invisibles en la región.
La violencia contra las mujeres es, según el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, el delito más silenciado en la región.
Aunque la teoría general sobre inseguridad de género —y en especial la referente a la violencia contra las mujeres— ha avanzado bastante, en la región existen muy pocos datos y estudios empíricos sobre el tema.
El estudio refiere que se conocen dos hechos bien significativos, uno es que se trata de una práctica muy extendida, y en los países donde existe información el número de denuncias por violencia contra las mujeres se compara al de denuncias por hurtos y robos.
Y el otro hecho destacado es que en todos los países la mayoría de los incidentes ocurrieron en el ámbito familiar, “y su autor típico es el compañero o ex compañero sentimental”.
El contraste existente entre la falta de estudios y la extensión objetiva del problema, sugiere que la violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en América Central —y a tal punto que la opinión ni siquiera lo percibe como parte del problema del crimen—.
Resalta el estudio que el hecho de que esa violencia se dé dentro del hogar, contrasta con la respuesta común de las mujeres centroamericanas en el sentido de que el hogar “es uno de los lugares más seguros”.
Por lo demás y en el caso particular de nuestra región, las modalidades más comunes y más preocupantes de la violencia contra la mujer parecen ser el feminicidio, la violencia sexual y los casos de violencia doméstica o intrafamiliar.
Igual que pasa con el homicidio, el “feminicidio” es el delito contra la mujer más fácil de medir. El delito consiste en dar muerte a una mujer por razones asociadas con su género.
En Nicaragua, según la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, en lo que va del año 36 mujeres han muerto por violencia de género.
La red de Mujeres Contra la Violencia tiene otras cifras diferentes a las oficiales. Hasta la fecha contabilizan 60 mujeres asesinadas, la mayoría asesinadas por una persona cercana a ellas, y también sobresalió el uso de armas de fuego.
Granera mostró preocupación por estos casos de muerte de las mujeres como consecuencia de la violencia de género. Aunque aclaró que para esa institución, “con una mujer que muera por violencia intrafamiliar es un golpe muy grande”.
Muchas veces estos casos han sido estimulados por la venganza, como sucedió recientemente en Bluefields, donde un hombre premeditadamente planeó su salida de la cárcel bajo los argumentos de enfermedad y dio muerte a una niña de 13 años
El hombre había violado a la menor, la que quedó embarazada como resultado de la violación.
Para Fátima Millón, de la Red de Mujeres contra la Violencia, el hechor “ahí tuvo a las autoridades de su parte, de aliados para constatar de que él tenía una enfermedad”.
Menciona la defensora de los derechos humanos de las mujeres otro caso similar ocurrido en septiembre pasado, en el centro del país, donde la mujer fue asesinada por el hombre en venganza porque la víctima mantenía contra él una demanda de alimentos.
NO HAY POLÍTICA DE PERSECUCIÓN
“Hay una situación de indefensión para las mujeres”, resume Millón, quien señaló que no hay una política de persecución a los agresores, “el tipo puede huir y después volver y vengarse”, refiere Millón.
“¿De qué sirve que se diga que hay acceso a la justicia, si una mujer la recibe al año o el tipo anda prófugo? porque no hubo beligerancia por parte de las autoridades para detenerlo o cuando el tipo actúa en venganza, eso se ha evidenciado bien clarito”, cuestionó Millón.
A pesar del elevado subregistro existente, el número de denuncias por violencia contra las mujeres es comparado al de las registradas por hurtos y robos. En todos los países, la mayoría de los incidentes tienen lugar dentro del ámbito familiar.
La mitad de las mujeres centroamericanas han sido objeto de violencia durante su vida adulta y casi siempre quien las ha agredido es su compañero o ex compañero de vida. En Nicaragua, el 48 por ciento de las mujeres indicó haber experimentado violencia verbal por parte de su compañero o ex compañero.
“Esta tragedia silenciosa comienza a ver la luz, puesto que en casi todos los países el número de denuncias aumenta lentamente”, dice en parte el informe.
La inseguridad ciudadana no es igual para ambos sexos. El homicidio y la violencia callejera afectan más a los hombres de la región, mientras que la violencia doméstica y sexual afecta más a las mujeres.
El Informe Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano constata que unas 15 mil mujeres han denunciado haber sido violadas entre 2002 y 2005 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
En Nicaragua y Honduras más del 60 por ciento de las violaciones y entre el 50 por ciento y 90 por ciento de los abusos deshonestos (tocamientos, exhibición, entre otros) tienen como víctimas a mujeres menores de 20 años.
La percepción de inseguridad también varía por género. Con excepción de Honduras, en todos los países una mayor proporción de mujeres dicen sentirse inseguras en su barrio. También consideran que el nivel de violencia en la ciudad o pueblo donde viven es más alto de lo que creen los hombres.
El informe señala que atender las inseguridades invisibles es una obligación inexcusable del Estado. Sin embargo, la violencia contra las mujeres al igual que en contra de niños y niñas, o grupos étnicos, está casi excluida de la agenda del debate oficial sobre inseguridad ciudadana en la región.
IMPUNIDAD ABONA A LA INDEFENSIÓN
Para Fátima Millón, en Nicaragua el tema de la impunidad está abonando aún más a la situación de indefensión. Pero lo peor es que en el país no hay lugares seguros para las mujeres.
Recordó que en septiembre pasado, organizaciones sociales de la región abordaron el tema, donde conocieron que en los otros países el Estado asume los albergues de protección para las mujeres, mientras que en Nicaragua los mismos existen por la iniciativa de la sociedad civil. Aunque reconoce que esas son alternativas para “reparar el daño inmediato”.
También hay ausencia total de mecanismos claros, políticas públicas, que encaminen a la prevención y un efectivo acceso a la justicia.
La primera comisionada Granera reiteró que el delito con mayor denuncia en Nicaragua es la violencia contra la mujer y recordó que en el país se han efectuado algunas iniciativas tendientes a incidir en esta problemática. Mencionó por ejemplo, la instalación de más Comisarías de la Mujer y la Niñez, así como la coordinación con organizaciones nacionales e internacionales para atender el problema.
ESTRATEGIA ADECUADA
El informe recomienda implementar una estrategia adecuada para prevenir y corregir la violencia contra las mujeres, en la que deben tomar en cuenta las características que diferencian ese delito de otros delitos que inciden sobre la inseguridad ciudadana.
Por ejemplo, el mismo hace hincapié en que se trata de un delito casi siempre recluido a la privacidad del hogar, con muy poca conciencia social o pública y un severo subregistro, la identidad del autor casi siempre es conocida, es un fenómeno complejo, con diferentes modalidades y niveles de gravedad, y que suele implicar una secuencia de agresiones de creciente intensidad.
Para hacer visible el problema, el primer paso —refiere el estudio— es elevar el nivel de conciencia sobre su naturaleza, su magnitud y sus consecuencias para todos, a su vez destaca la importancia de combatir la impunidad, tipificar de manera más completa y precisa las conductas que deben ser penalizadas como formas de violencia contra las mujeres. Es por ello que el IDH plantea crear o fortalecer las jurisdicciones, las agencias o las secciones especializadas en delitos contra la mujer, que en el caso de Nicaragua la Policía ya cuenta con ese espacio: las comisarías.
Al tiempo que recomienda el IDH que los Estados deben contratar más mujeres policías, investigadoras, jueces mujeres o abogadas de oficio para atender a las víctimas. De igual manera, capacitar a los operadores del sistema de justicia para que atiendan con diligencia y castiguen con severidad las agresiones contra las mujeres.
También proceder a la detención inmediata del autor de este delito, aumentar las penas o no excarcelación en el caso de reincidencia, son otros de los planteamientos.
Está entre los delitos silenciados y que reflejan la inseguridad ciudadana en Centroamérica, dice el último Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pese al subregistro ese delito se compara al de los robos
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