LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia y tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea.

La experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación.

¿Qué es la inteligencia emocional?

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Las emociones nos hablan de quienes somos, de cómo sentimos, de cómo nos enfrentamos a nuestro día a día, a todas aquellas situaciones que nos suceden. Nos indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos.

Como tal, las emociones son neutras: no existen emociones positivas o negativas, simplemente, cambia la forma en la que las percibimos dependiendo también de nuestro autocontrol emocional. Cada persona experimenta una emoción de forma individual, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. De ahí que la regulación emocional también varíe enormemente en función de las circunstancias que nos rodean.

La inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente sobre dichas emociones, para así poder adaptarnos mejor al medio en el que nos insertamos. Teniendo en cuenta que las emociones son parte indisociable de nuestra vida diaria, trabajar la inteligencia emocional nos ayudará en aspectos tan diversos como el autoconocimiento, las habilidades sociales o la empatía.

El concepto de inteligencia emocional es relativamente reciente dentro del ámbito de la psicología. Surge cuando los especialistas se dan cuenta de que hay que adoptar una concepción amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas o, dicho de otro modo, que estas no se pueden reducir únicamente al cociente intelectual y que hay, por tanto, que distinguir distintos tipos de inteligencia. Dos de los precursores básicos de estas ideas fueron Daniel Goleman, quien popularizó el concepto de “inteligencia emocional”, y Howard Gardner, creador de la denominada “Teoría de las inteligencias múltiples”.

Inteligencia emocional y género

Emociones y género son dos conceptos que guardan mucha relación: mujeres y hombres no percibimos, reaccionamos ni gestionamos igual nuestras emociones, a pesar de que, en realidad las emociones son las mismas. Es necesario pues entender las emociones con perspectiva de género.

De esta forma, podemos afirmar que la forma que tenemos las personas de percibir las emociones está muy influenciada por el género. Mujeres y hombres no nos damos el mismo permiso para experimentar según qué emociones, o no vivimos con la misma intensidad cada una de las emociones que sentimos. Varía, incluso, la forma en la que nos enfrentamos a ellas, lo que da como resultado una vida emocional notablemente distinta.

Cuando hablamos de las emociones y el género, tenemos que tener en cuenta un factor fundamental: los estereotipos y le educación recibida desde nuestra infancia y nos dicta cómo debemos ser y comportarnos en función de nuestro sexo, qué patrones debemos seguir y a qué debemos dar prioridad. Se da una auténtica educación emocional que la mayoría de las personas interiorizamos de forma inconsciente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. Todo ello influye en todos los aspectos de nuestras vidas y también en como percibimos y manifestamos las emociones.

Mujeres y hombres nos damos más o menos permiso para conectar con determinadas emociones en función de nuestro género.

Cuando analizamos las emociones y el género vemos que realmente esta socialización, esta educación de género, esta manera de aprender a vivir como mujeres o a vivir como hombres, guarda una profunda relación en cómo percibimos y nos enfrentamos a todo aquello que sentimos y la forma en como lo manifestamos.

Coeducación emocional significa, precisamente, educar en común y en igualdad, al margen del sexo de las personas. Significa detectar todos los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, ser conscientes de ellos, reflexionarlos y poner en marcha las medidas necesarias para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento, potenciando aquellos aspectos que quedan anulados por el hecho de asumir los roles de género: la afectividad en los hombres o el desarrollo profesional en las mujeres.

ENTRE EL DERECHO Y LA REALIDAD ESTÁN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Título original:" Los antiderechos están cómodos en el poder 

¿Por qué estas niñas llegan tarde al sistema de salud? Y cuando llegan a tiempo, como sucedió en este caso, ¿por qué el Estado se encarniza con esas nenas que gestan y les generan daño dilatando en el tiempo el acceso a la salud?”, cuestionó Soledad Deza, abogada feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Se refería a la nena tucumana de 11 años, forzada a ser madre pese haber implorado que le “saquen esto que me puso adentro el viejo”. Para la activista, que alertó sobre el avance de “sectores antiderechos” a nivel nacional, este es un caso bisagra: “En Tucumán hubo un accionar político objetor transversal, impulsado por el Ejecutivo y convalidado desde el Ministerio Público. Los antiderechos no han necesitado organizarse en la puerta del hospital porque están en el poder”.

El caso de la niña tucumana, violada por la pareja de su abuela y forzada a ser madre a través de una cesárea, tiene varias semejanzas con el de la nena jujeña de 12 años que en enero pasado también fue forzada a ser madre pese a haber solicitado una ILE. En ambos casos, las niñas llegaron al hospital con varias semanas de gestación producto de una violación y se encontraron con un sistema de salud que, con el aval de funcionarios políticos y judiciales, vulneró su derecho a interrumpir el embarazo y a su intimidad, entre otros derechos.

“La gran semejanza en estos dos casos, y en muchos otros, es el abandono estatal. Creo que una niña víctima de abuso no puede pasar inadvertida en el sistema educativo, ni en su entorno. Tampoco puede pasar inadvertida en Desarrollo Social. Hay que alertar sobre esto, porque no hay educación sexual, se han incrementado las enfermedades, el embarazo adolescente no baja. Cuando el Estado tiene la oportunidad de actuar, termina interviniendo tarde o revictimizando a las niñas, imponiéndoles una maternidad forzada”, consideró la abogada.

Sin embargo, entre estos dos casos hay algunas diferencias que para Deza son fundamentales. “La nena de Jujuy llegó tarde al sistema de salud, con 25 semanas de gestación, y en 5 días se le garantizó la prestación que ella y su mamá eligieron. Les ofrecieron interrumpir el embarazo con medicamentos o con una cesárea y ellas coincidieron con la cesárea. Más allá de que técnicamente no fue un aborto, se respetó su decisión”, recordó Deza. “La diferencia con este caso de Tucumán es que la niña llegó con una gestación mucho menor, de 18 semanas, y el sistema de salud tardó 5 semanas en actuar, luego de una serie de barreras médico burocráticas y jurídicas diseñadas para dilatar y promover el avance gestacional”, explicó.

“En este caso intervino una fiscal de homicidio sin competencia, lo que inscribe como un crimen en el imaginario social una prestación médica que es lícita. Además, ha intervenido el Ministerio de Defensa pero defendiendo a la niña recién 5 semanas después. También se ignoraron informes médicos hechos por el cuerpo forense que hablaban de un alto riesgo obstétrico para la nena”, enumeró la abogada sobre el importante número de trabas que impuso el sistema médico y judicial tucumano. 

Además, según explicó Deza, a la niña tucumana no le ofrecieron la ILE a través de medicamentos. “Según lo que dice el comunicado de Andhes y Cladem, pareciera que la elección de la cesárea no le correspondió a la niña, sino a los profesionales que intervinieron. Dicen que hubo una justificación médica para hacerle una cesárea pero no sabemos si es verdad. Según la información que circula pareciera que no le han ofrecido alternativas para concretar la interrupción del embarazo por fuera de las cesáreas”, agregó. 

“Lo que pasó no es inocente. Se trata de una estrategia deliberada del sistema público de salud encabezado por una ministra que se ha pronunciado en contra del aborto. Estamos en una provincia donde el gobernador ha marchado en una plaza celeste. Donde el arzobispo difundió el nombre de la niña. Se trata de una acción política transversal muy perversa, de un andamiaje conservador mucho más sofisticado que lo que veníamos viendo. Los antiderechos están dentro de las redes de poder, más cómodos, más solapados”, dijo Deza sobre Tucumán, a la que consideró una “provincia obscenamente clerical, con un maridaje histórico entre la iglesia y el Estado: la única que no adhirió a la ley nacional que asegura anticonceptivos gratuitos”, agregó.

“Lo que hay entre el derecho y la realidad son políticas públicas. Y eso es lo que está fallando, con matices, a lo largo y ancho del país. Los sectores conservadores están buscando revertir una política pública que, desde el fallo F.A.L., es muy clara”, alertó la activista. “Estamos en un momento político donde se está avanzando sobre derechos que ha costado mucho conquistar y consolidar. Lo vemos en la baja de la edad de imputabilidad, la sentencia 2x1, las trabas en el acceso a la ILE. Hay una saña muy grande contra los sectores más vulnerables, que son a quienes los gobiernos neoliberales y los sistemas patriarcales desprecian y marginan”, concluyó.

Fuente: Página 12 - Por Azul Tejada.

MÉXICO:. MUJERES REPUDIAN DECISIÓN DE CORTAR RECURSOS PARA LOS REFUGIOS

- Mujeres de todo el país, 28 organizaciones, entre ellas la Red Intercultural de Refugios, colectivos de las zonas rurales y citadinas repudian en más de 12 pronunciamientos la decisión del Presidente mexicano de cortar los recursos para los Refugios y advierten que muchas mujeres serán asesinadas y miles de niños y niñas irán al desamparo.

Señalan que cegar las políticas a favor de las mujeres violentadas es un error y recordaron al Gobierno que los programas que intenta desaparecer están en las leyes, en los acuerdos internacionales firmados y en las recomendaciones de 2018 de la Convención contra Todas las Formas de Discriminación de la Mujer.

La decisión de desaparecer las estancias infantiles, los refugios en los que se salvan vidas de mujeres violentadas, el programa MICAELA de atención al cáncer de cuello uterino, los recortes al Instituto de Desarrollo Social INDESOL y el Programa Pro equidad del Inmujeres, contraviene 40 años de políticas institucionales y civiles en favor del avance de las mujeres, condena a las mujeres violentadas -nueve feminicidios al día- y deja en la intemperie a miles de niños y niñas.

Al mismo tiempo el Senador del partido Movimiento Ciudadana (MC), Samuel García, interpuso un amparo colectivo en Nuevo León, al que se sumó la sede de MC en Aguascalientes y esta semana lo hará Tamaulipas. Se trata de una batalla jurídica para defender a las estancias infantiles, los refugios y contra el recorte de los presupuestos para las políticas públicas de género.

El objeto del amparo es que el Gobierno Federal les regrese el presupuesto a las 211 estancias de Nuevo León, donde se perjudicarán a más de 5.500 niños y reconsidere no afectar los recursos para los refugios.

Las cartas y peticiones, muchas firmadas por las feministas que preparan el próximo encuentro nacional feminista, también reclaman que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconsidere y respete los acuerdos que el Gobierno Mexicano ha firmado. Anunciaron movilizaciones y protestas, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En menos de 48 horas suman más de 25 colectivos y grupos y 18.000 personas que han suscrito cartas, peticiones y pronunciamientos.

Igualmente, 21 de las 32 consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres advirtieron en un pronunciamiento difundido en redes sociales que la línea presidencial de cortar, sin mirar, los recursos para la política de género pronto se verán afectados "el PROEQUIDAD, el de Co-inversión Social, así como el PAIMEF, -este para prevenir la violencia de género- lo que tendrá implicaciones para los Institutos Estatales y Municipales de las Mujeres.

Una solicitada en Change.org que al cierre de esta edición tenía 15.000 firmas, mujeres de todos los partidos políticos, asociaciones y grupos de mujeres de base expresaron que la decisión del gobierno federal de suspender la Convocatoria para los recursos a los Refugios para mujeres en situación de violencia, atenta directamente los derechos de estas, sus hijas e hijos y que el Gobierno Federal omite el mandato del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Un documento firmado por Académicas en Acción Crítica señala que se viola la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia vigente desde 2007, donde se establecen obligaciones del Estado para garantizar el derecho de las mexicanas a no ser violentadas; la Constitución que incluyó en 2011 lo establecido en la Convención contra todas las formas de discriminación de la Mujer a CEDAW que en su artículo ocho y en su recomendación general 19 menciona que los refugios y la atención especializada, son servicios que los Estados deben establecer, así como los apoyos para garantizar el derecho a una vida sin violencia.

Igualmente, contraviene la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belem do Pará), cuyo artículo tres subraya el derecho de toda mujer a "vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". Obligados a garantizar estos derechos, los Estados deben "suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios".

Las integrantes de los consejos Consultivo y Social de Inmujeres, órganos auxiliares de ese Instituto, encargado de la política nacional de género, señalaron que todos esos programas en riesgo cuentan con reglas de operación, rendición de cuentas y entrega de resultados que analizan y miden su alcance.

Esas reglas atienden asuntos como: la construcción de ciudadanía, la prevención del embarazo en adolescentes, la democracia, la mitigación del cambio climático, la atención a las discapacidades, la prevención y atención a la violencia y el acceso a la justicia, entre muchos otros temas y en el caso particular de los refugios, para atender a mujeres que son víctimas de violencia extrema y que están en riesgo de violencia feminicida, con sus hijas e hijos.

Ellas también recuerdan las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado Mexicano, emitidas en 2018, relacionadas con el combate a la violencia de género contra las mujeres, que son de carácter vinculatorio - que obligan al Estado Mexicano- y agregan que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGA-MVLV) establece en su Artículo 52 que las mujeres deberán contar entre sus derechos con un refugio mientras lo necesiten. No brindar esos mecanismos a las víctimas, representa el riesgo de que el Estado incurra en una omisión.

Advierten que el gobierno tiene que reflexionar sobre el impacto negativo que estas medidas tendrán para las mujeres, las niñas y los niños, al ser menoscabado el ejercicio pleno de sus derechos. Admiten que dichos programas tienen que revisarse, que nuestro país necesita reconstruirse ante la violencia y corrupción, pero es su reestructuración con el fin de hacerlos efectivos, sí, pero "no la suspensión, lo que se requiere".

Opinan feministas de 32 entidades

Respecto al boletín de la Secretaría de Salud que anuncia que los recursos para los refugios están protegidos, que esos 17 millones de dólares son para esos refugios y que el texto oficial no aclara cómo se van a usar: "se los van a dar a las mujeres", como dice el Presidente, cuando están en riesgo ellas y sus hijos y no funcionan la medidas de protección previstas en la ley y luego de esa vida violenta, muchas han sido asesinadas. De 22 entidades y 27 organizaciones afirman que "no está claro el discurso".

Y se suman grupos como Madres Solteras AC; las redes de Mujeres Líderes, de SLP; la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Red de Apoyo a Mujeres Políticas, AC; la Coalición de Nacional de Mujeres Rurales, A. C., el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia AC; la Consultoría Jurídica y Estrategia Política; AMAM AC Asociación de Mujeres Abrazando México; la Red Mujeres Violeta A C, Ayuda Interpersonal A C; Labris Colectiva Feminista; Mujeres Indígenas Triqui Popoluca; Mujeres de Izquierda.

También Soy Humano A.C., CESOAMA AMEALCO, La CAMNAYA A. C.; Colectiva Mueran Mujeres Tlalpenses; Red Mujeres Violeta; El Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río; "HUITZITZILIN", Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C.

Se preguntan por qué no se aclara lo que hará el gobierno y si los recursos se entregarán solamente a los refugios manejados por entidades públicas. No explican las autoridades el procedimiento para que las mujeres afectadas puedan acceder a ellos y advierten que muchas de ellas no pueden salir del refugio por el grave riesgo que corren y en muchas ocasiones llegan sin un solo documento que las identifique.

Están de acuerdo que se revisen todos los programas, pero se oponen al cierre sin análisis y sin explicar qué está pasando. No se trata de cerrar los refugios, las estancias y los programas, si quieren que "nos fiscalicen".

Documentos completos de algunas protestas

El que circula en Change.org fue una petición lanzada por Rogelia González Luis, dirigente de las mujeres del Partido de la Revolución Democrática, con más de 15.000 firmas y está dirigida al presidente Manuel López Obrador.

A la letra dice: En México, las mujeres y menores tienen que enfrentar situaciones de violencia constantes, en muchas ocasiones estas no sólo ponen en riesgo su salud mental, sino que las y los pone en riesgo de muerte frente a la violencia física que sufren. Los refugios proporcionan alojamiento seguro para estas personas donde puedan tener las condiciones necesarias para poder tener una vida digna, reconstruir su autoestima, y encontrar mecanismos que las ayuden a independizarse.

Además, estos refugios y centros de atención externa, proveen acompañamiento jurídico, atención médica y psicológica, programas reeducativos, e incluso, bolsas de trabajo; que ayudan a las mujeres y a sus hijos e hijas, para poder mejorar su calidad de vida.

Es por ello que repudiamos la decisión del gobierno federal de suspender la Convocatoria señalada al título de este documento, que atenta directamente contra los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos; que necesitan mantener la atención que hoy se les brinda a través de las instancias de refugio y centros de atención externa a nivel nacional. Además de la omisión que hace del presupuesto de egresos 2019 destinado para esta causa.

La Red Intercultural de Refugios presente en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Baja California; hace un llamado al gobierno para que las más de 20.000 mujeres, niños y niñas, que hoy viven en los refugios, no queden en desamparo y expuestos a la ola de violencia que ya han sufrido; así como las más de 5.000 mujeres y menores que reciben atención integral en los diversos Centros de Atención Externa, que verían interrumpido su proceso. Unamos nuestras voces para exigir que se respeten los derechos de las mujeres y niñ@s. ¡Alto a la violencia en contra de las mujeres! ¡Ni Una más, ni una menos!

Académicas en Acción Crítica, el Centro de atención a la Violencia Doméstica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC (CAVIDA-ILEF) y el grupo Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C., dicen: La vida y los derechos de las mujeres no pueden ponerse en riesgo. Los refugios protegen vidas.

Es un agravio inaceptable para las mujeres la suspensión de la convocatoria de la Secretaría de Salud para asignar subsidios de prestación de servicios de refugio para las mujeres, sus hijos e hijas que viven violencia extrema.

Los refugios son un recurso imprescindible para evitar asesinatos de mujeres en un país donde la cifra de estos es de nueve mujeres al día y donde las tasas de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial son excesivamente elevadas. Muchas mujeres requieren de un refugio como último recurso para salvar su vida y con frecuencia la de sus hijos e hijas.

Los refugios existentes en México son de por sí insuficientes. La mayoría depende para su funcionamiento de recursos públicos pues no bastan los fondos que reciben de otras fuentes, como asociaciones civiles, IAP, dinero privado, organismos internacionales, rifas, trabajo de las usuarias (Inmujeres, 2015). Suspender los recursos para estas instituciones es poner en riesgo de muerte y lesiones a miles de mujeres.

La violencia contra las mujeres, en la casa o en la calle, no es un asunto privado, es un asunto de salud pública. El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con las leyes y tratados internacionales que ha firmado, así como con la jurisprudencia de la SCJN. En este caso, debe cumplir con:

. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que desde el 2007 reconoce las obligaciones del Estado para garantizar este derecho.

. Convención de la CEDAW que en su artículo ocho y en su recomendación general 19 menciona los refugios y la atención especializada, como parte de los servicios que los Estados deben establecer, y los apoyos para garantizar el derecho a una vida sin violencia.

. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belem do Pará), cuyo artículo tres subraya el derecho de toda mujer a "vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". Obligados a garantizar estos derechos, los Estados deben "suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios".

El Estado mexicano debe respetar también la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 35/2019 (10a.), del 15 de febrero de 2019, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se reafirma el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Esta implica que los derechos humanos "siempre deben mejorar" y que son graduales, es decir, que se garantizan mediante un proceso con metas a corto, mediano y largo plazo. Por tanto, cualquier medida que suponga la regresión de estos derechos es inconstitucional.

Sumada a la decisión de reducir y luego suspender subsidios a las estancias infantiles de las que dependen cientos de miles de madres trabajadoras para el cuidado de sus hijos e hijas, la suspensión de la convocatoria para acceder a recursos para los refugios limita gravemente los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva.

Por ello, manifestamos nuestro total rechazo a estas medidas y exigimos al gobierno que respete los derechos de las mujeres y cumpla con sus obligaciones hacia ellas mediante una política que reconozca las graves desigualdades y la violencia que las afectan y no sólo mantenga, sino también refuerce y amplíe las medidas necesarias para garantizar su derecho a vivir sin violencia y en igualdad.

Exhortamos a la Secretaría de Salud a reconsiderar esta decisión.

Exhortamos a las comisiones de igualdad de género de las cámaras del Congreso a pronunciarse y a tomar las medidas necesarias para garantizar, con presupuestos etiquetados, los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia y de las mujeres trabajadoras, así sea mediante una modificación del presupuesto aprobado para 2019.

Hacemos un llamado a la recién nombrada titular de Inmujeres, Nadine Gasman, para que intervenga a favor de las mexicanas.

Hacemos un llamado también a ONU Mujeres y el Comité de la CEDAW para que se pronuncien contra esta medida que atenta contra la vida de las mujeres.

La lucha contra la corrupción no puede ser un pretexto para acentuar la desigualdad de género y agravar la indefensión de las mujeres ante la violencia machista. Estancias infantiles y refugios están regulados por el Estado y este tiene la obligación de hacer cumplir sus lineamientos. De abandonar sus obligaciones para con las sobrevivientes de violencia, el Estado será cómplice y co-responsable de su muerte.

Académicas en Acción Crítica, ¡NiUnoNiUnaMás! Centro de atención a la Violencia Doméstica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC (CAVIDA-ILEF), Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C.

En las redes de feministas, organizadas virtualmente por el Pacto Nacional de Mujeres, se recordó un documento de 2018 sobre el presupuesto.

Sin las mujeres, el presupuesto no va. 

Desde 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene un anexo transversal que refleja las erogaciones que el Gobierno Federal, a través de diferentes dependencias, destina para la Igualdad entre mujeres y hombres.

Por ley, este es un anexo que no admite recortes y que debe ser progresivo, ya que el artículo 58 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Así pues, durante 10 años, este presupuesto ha pasado de 481 millones de dólares en 2008 a dos millones 395 de dólares para 2018. Aunque el anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres nunca ha rebasado el uno por ciento del total del Presupuesto de Egresos, los esfuerzos sostenidos en cada legislatura han permitido que su incremento no sea solo nominal, e incida en la disminución de las brechas de desigualdad, como son las violencias de género, el acceso a la justicia, el empoderamiento económico, trabajo no remunerado y las dobles jornadas, y muchos otros.

Si bien, aún falta mucho por hacer y los presupuestos sensibles al género requieren una evaluación de fondo, la disminución o eliminación de programas, como se propone en el proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2019, en los hechos significa dejar sin posibilidad de que opere a nivel estatal y municipal la política de igualdad que se ha venido diseñando desde hace décadas en nuestro país.

Nominalmente, el Anexo 13 del PEF 2019 representa un incremento de aproximadamente 15.000 millones de pesos, esto se debe a la incorporación en el anexo de programas prioritarios para la presente administración, pero significan un recorte o eliminación de programas prioritarios para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.

Hacemos un llamado a las diputadas y diputados del Congreso de la Unión en la Legislatura de la Paridad, a que actúen en congruencia y no permitan:

. La eliminación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), ni el de Coinversión Social (dirigido a organizaciones sociales)

. Las disminuciones al Fondo de Transversalidad (que llega a instancias municipales de mujeres), programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (CONAVIM), programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, y el programa de Salud materna, sexual y reproductiva.

La apuesta a los presupuestos sensibles al género es que sean transversales, y que en algún momento todos los programas y acciones contenidos en el presupuesto de egresos se diseñen como una política pública que considere los impactos diferenciados que tienen en la vida de mujeres y hombres, y con ello atender de una manera más eficaz e integral los retos que enfrenta nuestro país, para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Informa la Secretaría de Salud

Los recursos para la asignación de subsidios a refugios que atienden a mujeres e infantes víctimas de violencia extrema están garantizados, sólo se revisan las medidas para optimizar más ese dinero, aclaró el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

El funcionario precisó en conferencia de prensa que los recursos fueron aprobados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y ascienden a 346 millones 482.708 pesos.

Se revisarán las medidas para optimizar más ese dinero, "o inclusive, si es necesario, a través de otros programas y acciones para consolidar la atención a este grupo de población", detalló.

A su vez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que lo que se suspendió es la convocatoria emitida por la dependencia a finales de enero, y es una suspensión provisional mientras se analizan las estrategias para garantizar que los recursos lleguen a quien los requiere.

"No queremos cometer ningún acto de irresponsabilidad administrativa. La Secretaría está comprometida con el buen uso de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, y también con la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres, niños y niñas que sufren violencia de género", sostuvo.

De la misma manera reiteró el compromiso del Gobierno Federal con los derechos humanos, la equidad de género y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2019.

Comunicado desde Inmujeres

Integrantes de los Consejos Social y Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) manifestaron su consternación por la decisión de suspender los subsidios de diversos programas dirigidos a promover los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, como el de estancias infantiles y refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

"De continuar en esta línea, otros programas que se verán afectados muy pronto serán el PROEQUIDAD, el de Co-inversión Social, así como el PAIMEF, que tiene implicaciones para los Institutos Estatales y Municipales de las Mujeres", suscriben en el documento.

El documento recuerda que las recomendaciones hechas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado Mexicano, emitidas en 2018, relacionadas con el combate a la violencia de género contra las mujeres, son de carácter vinculatorio.

También que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGA-MVLV) establece en su Artículo 52 que las mujeres deberán contar entre sus derechos con un refugio mientras lo necesiten. 

"No brindar esos mecanismos a las víctimas, representa el riesgo de que el Estado incurra en una omisión", señalan.

"Hacemos un llamado a la reflexión sobre el impacto negativo que estas medidas tendrán para las mujeres, las niñas y los niños, al ser menoscabado el ejercicio pleno de sus derechos", agrega el comunicado, que exhorta al presidente mexicano a reconsiderar su decisión.

FUENTE: SemLac _ Por Sara Lovera

LAS ÓRDENES CATÓLICAS DEL MUNDO ADMITEN QUE ENCUBRIERON ABUSOS

La histórica cumbre para tratar el tema de los abusos a menores por parte del clero que comienza el jueves en el Vaticano está obligando a todos los líderes religiosos a alinearse con un cierto espíritu de catársis. Aunque sea a última hora y sobre la campana. Esta mañana, en un insólito gesto hasta la fecha, las congregaciones y órdenes católicas masculinas y femeninas lanzaron un comunicado conjunto en el que admiten haber encubierto casos de abusos. "El fuerte sentido de familia en nuestras órdenes y congregaciones puede hacer difícil condenar o denunciar el abuso. Esto dio lugar a una lealtad injustificada, a errores en el juicio, a lentitud en el actuar, a negar los hechos y a veces a encubrirlos. Nos sentimos necesitados de conversión y queremos cambiar".

Muchas de las congregaciones que ahora se adhieren al comunicado han negado de forma repetida su implicación en casos de este tipo. Pero ahora, a las puertas de la histórica reunión en la que participarán 190 líderes religiosos (obispos, presidentes de conferencias episcopales, curiales…), las asociaciones que agrupan a los superioras y superiores de todo el mundo (UISG y USG) reconocen "humildemente que no siempre" han actuado correctamente en los casos de abusos.

El documento, difundido por la oficina de prensa del Vaticano, admite que han vivido repetidos casos de abusos y que, en algunos casos, se ha mirado hacia otro lado. "Inclinamos nuestras cabezas con vergüenza al darnos cuenta de que este abuso ha tenido lugar en nuestras congregaciones y órdenes, y en nuestra Iglesia. Hemos aprendido que quienes abusan ocultan deliberadamente sus acciones y son manipuladores".

La tardía admisión, a pocas horas de que comience la cumbre, resulta algo precipitada y revela una voluntad urgente de redención mediática. "Nuestra vergüenza aumenta al constatar que no nos hemos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo" y que "la respuesta de las personas con autoridad no ha sido la que debía haber sido. No han sabido ver las señales de alarma o no se las tomaron en serio". Respecto a esta reunión, aunque consideran que "un encuentro de tres días es un tiempo breve", consideran que puede servir "a iniciar importantes procesos y crear estructuras de rendición de cuentas, así como sostener los procesos y estructuras que ya existen".

En muchas ocasiones las víctimas han denunciado casos que afectaban a órdenes y congregaciones que suscriben el documento. Pero en un amplio número de casos no encontraron ninguna respuesta. Algo que también admiten ahora. "Por nuestra parte, prometemos hacer todo lo que está en nuestras manos para escuchar mejor a los supervivientes, reconociendo humildemente que no siempre lo hemos hecho", añaden. También prometen que implementan "todo lo que durante el encuentro se decida respecto a la rendición de cuentas exigida a las personas en autoridad".

La unión de órdenes y congregaciones admite que hubo “una lealtad injustificada, a errores en el juicio, a lentitud en el actuar, a negar los hechos y a veces a encubrirlos". "Nos sentimos necesitados de conversión y queremos cambiar. Queremos actuar con humildad. Queremos identificar nuestros puntos ciegos. Queremos denunciar cualquier abuso de poder. Nos comprometemos a caminar con aquellos a quienes servimos, avanzando con transparencia y confianza, honestidad y sincero arrepentimiento", señalan.

fuente: El País - Por Daniél Verdú.

MÉXICO: ESTREMECEDORAS CIFRAS. LAS MUJERES NO ESTÁN SEGURAS

Alarmante aumento de feminicidio en México; en los últimos tres años el índice de asesinatos a mujeres creció 104%, con un total de 2 mil 560 casos.

El Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), proporcionó datos que indican que en el 2015 se registraron 422 asesinaos de mujeres por razones de género; en el 2018, aumento a 861.

En el último año, son cinco los estados en donde se concentró la mayor cantidad de feminicidios: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, -chihuahua y Sinaloa.

Asimismo, los municipios que tuvieron el mayor número de casos, son: Ciudad Juárez, en Chihuahua con 28; Culiacán, en Sinaloa con la misma cantidad, Monterrey en Nuevo León, con 19; Acapulco Guerrero, con 14; y Ecatepec, en el Estado de México con 14.

Durante el mismo tiempo, los asesinatos contra mujeres, que no son contabilizados como feminicidios, por no tener un componente de género,  crecieron un 58%, al pasar de 1.737 en 2015 a 2.747 en 2018.

Al menos 9 mil 225 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso en México durante los últimos 3 años.

Las lesiones en contra de las féminas, también tuvieron un aumento considerable en el mismo periodo, al pasar de 54.422 denuncias en 2015 a 60 mil 551 en 2018.

Incluso, las llamadas de emergencia relacionadas con violencia en contra de la mujer, aumentaron un 85% entre 2016 y 2018.

Fuente: La verdad

FEMINISMO ANTIPUNITIVISTA

La impunidad frente a las violencias machistas ha sido enorme en estos años, y en buena parte se ha debido a la existencia de una normativa y una judicatura patriarcal carente de formación y sensibilidad en perspectiva de género. Una carencia que se cultiva desde las mismas Facultades de Derecho en las que se imparte Derecho Eclesiástico, pero se desprecia abiertamente las aportaciones del feminismo jurídico.

En las Facultades de Derecho se sigue insistiendo en la neutralidad de la ley, en la idea de que el Derecho es ciencia o, cuando menos, una técnica eficaz y adecuada de resolución de conflictos, pero las mujeres somos conscientes de que no estamos a salvo ni frente al Derecho, ni frente a las decisiones judiciales, supuestamente imparciales, que se ocupan de ejecutarlo. No podemos asumir que la ley es orden ni la justicia es ciega, si la vivencia que tenemos del Derecho, su encarnación en nuestros cuerpos concretos, resulta tan distante de semejantes equivalencias.

Entre las mujeres el Derecho vence, pero no convence. Y, ojo, porque no se trata tanto de defender la objetividad del Derecho, que no es más que una profesión de fe, cuanto de exigir que sirva a los intereses de todos y todas, y no solo a los intereses de una parte. El Derecho es patriarcal porque cuando habla de violencia invisibiliza e inferioriza, con frecuencia, a las mujeres.

No es extraño, por tanto, que ante las agresiones sexuales que sufrimos, y animadas por un temor más que justificado, sean muchas las mujeres que pidan sanciones más severas, incremento de las penas, prisiones preventivas, prisión permanente revisable, castración química… en suma, restricción de derechos, también penitenciarios, a los varones que nos atacan. Los casos son múltiples, lamentablemente, y el goteo es tan constante que es lógico empatizar con este tipo de demandas. Sin embargo, hay que tener claro que esta pulsión punitivista no solo no soluciona nada, sino que empeora, por lo general, la situación de las mujeres.

La reacción punitivista, por más comprensible que sea, individualiza un problema estructural reduciendo la violencia sexual al estricto ámbito del consentimiento propio; el énfasis en el consentimiento, ejecutado desde una lógica patriarcal, acaba debilitando el énfasis en la coerción social a la que las mujeres estamos sometidas.

Como cuenta muy bien S. Watkins, en las campañas antiviolación que se protagonizaron en los campus universitarios de EEUU, en la época de Obama, “la idea del trauma personal reemplazaba a las nociones estructurales del dominio masculino y de la subordinación femenina” que había defendido el feminismo radical. Para la jurisprudencia feminista radical estadounidense la violencia sexual era el epítome de la desigualdad de género, la erotización del dominio y la sumisión, pero cuando lo único que se busca es criminalizar y castigar al agresor concreto, la referencia deja de ser la mujer “como clase” y pasa a ser, simplemente, el “yo”, la mujer “como víctima”.

Por lo demás, el punitivismo sobredetermina institucionalmente al movimiento de mujeres. Cuando las mujeres claman contra las violencias machistas constituyen una trama política que, como dice María Pía López, se lanza desde la corporalidad sintiente, desde la experiencia de la fragilidad común. Y es, precisamente, el reconocimiento de esa común vulnerabilidad el que nos permite evitar su captura securitaria. Cuando el Derecho nos protege solo mediante el uso de sanciones, nos fragmenta, nos despolitiza, y nos deja sin protección como grupo.

Finalmente, un proyecto legal desligado de un programa político-económico redistributivo, de una agenda social más amplia en torno a las violencias, y centrado únicamente en la justicia penal, tiene un alcance muy limitado, confirma el statu quo y alimenta las dinámicas utilitaristas del sistema. Dinámicas que pueden llevar a castigos espectaculares para los agresores señalados mediáticamente, represalias individualizadas de enorme calado para disuadir a terceros, pero que resultan inútiles, una vez eliminadas unas cuantas manzanas podridas.

El punitivismo es, además, un acicate para una extrema derecha sanguinaria que clama en favor de la cadena perpetua y la prisión permanente revisable, y que ha hecho del antifeminismo uno de sus ejes vertebradores.

Vaya, es cierto que, frente a un Derecho patriarcal, la protección de las mujeres requiere de un trato especial, pero ese trato no puede reducirse a una criminalización más vasta. Se requiere de un plan social y se requiere, además, de un sistema penal y penitenciario que incorpore, sin reservas, políticas preventivas. Un sistema en el que el poder judicial no trabaje desconectado de su entorno, solo y aislado, ninguneando a quienes pueden ofrecerle una visión más poliédrica de los problemas. Por eso, es esencial el papel de los psicólogos de vigilancia penitenciaria que evalúan el riesgo de reincidencia, por ejemplo.

En la sentencia del caso de La Manada, se dieron por probados unos hechos constitutivos de violación que fueron después calificados de abuso con prevalimiento, con el voto particular de uno de los magistrados, que pedía la absolución. La sentencia y las apreciaciones del voto particular generaron una gran oleada de indignación, pero lo que se buscaba no era tanto un incremento de la pena cuanto una tipificación adecuada; que se llamara a las cosas por su nombre y que se hablara de violación si era una violación lo que mostraban los hechos.

Frente a las mujeres, el Consejo General del Poder Judicial reaccionó apelando a la moderación, la prudencia, la mesura y la responsabilidad institucional «para evitar la utilización política de la justicia»; lo prioritario era salvaguardar la impunidad de las togas. Y una buena parte de las asociaciones de jueces y fiscales se comportaron también de manera corporativista, criminalizando, sin más, el activismo social, como si no fuera posible criticar las actuaciones judiciales sin incurrir en el más burdo retribucionismo; como si la «turba» de mujeres representara, por definición, un peligro que hubiera que contener, cuando esa «turba» era el fruto de una inteligencia colectiva atesorada gracias a la impresionante distancia que se ha abierto entre lo que los jueces reconocen como violencia y lo que nosotras experimentamos como tal.

En este tipo de casos de poco vale incrementar la pena. Se trata, más bien, de dar la batalla semántica para que la calificación y la valoración de las conductas se acomode a las vivencias y los testimonios de las mujeres, consideradas en su conjunto, y esto solo puede lograrse educando a los agentes jurídicos implicados e incorporando la prevención al sistema penal.

El Derecho es una extraña combinación de persuasión, burocracia y violencia, pero para funcionar, para generar orden, seguridad y justicia, esa combinación ha de ser equilibrada. No sirve de nada castigar si no se entiende el sentido del castigo. Si la violencia machista es un problema estructural, su abordaje no puede concentrarse únicamente en la figura del delincuente, ni en la de la víctima. No digo que no haya que castigar, digo que el castigo ha de aplicarse considerando que el delito no es el fruto de una patología individual (que también puede existir) sino de una red de relaciones profundamente patriarcales, y es esta red la que se tiene que erradicar.

FUENTE: la penúltima 

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