Hace un año, la historia de Lucía nos dejaba sin palabras. Ella, tan niña, con apenas 11 años, reclamaba una interrupción legal de embarazo en un hospital de Tucumán y el sistema público de salud le daba la espalda. Había sido abusada por la pareja de su abuela, que tenía su guarda. Violada por ese hombre y después, por el Estado provincial.
Fue necesario amplificar su voz, esa que no querían escuchar médicxs y autoridades sanitarias en la provincia o peor, que escuchaban pero preferían ignorar, para llegar a sacudir conciencias, quebrar resistencias.
Internada, Lucía lloraba en posición fetal, pedía que su mamá, que la estaba acompañando, la abrazara. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, le dijo a una psicóloga del hospital para exigir, con sus palabras, su derecho a abortar. En cambio, el gobierno tucumano, puso en marcha una maquinaria perversa, que la torturó durante semanas, que aniquiló su voz, a pesar de que un informe médico ya advertía que había “alto riesgo obstétrico” si continuaba ese embarazo forzado.
Esa frase de la niña quedó transcripta en su historia clínica y trascendió al mundo a través de PáginaI12: mostró la vergüenza argentina, donde en algunas provincias se pretende obligar a niñas como Lucía a asumir maternidades que no quieren ni buscan y tienen el sello de la violencia sexual.
Hoy Lucía ya no llora. Pudo interrumpir ese embarazo finalmente en un hospital tucumano, a partir del acompañamiento de organizaciones de mujeres y de derechos humanos como Cladem y Andhes y Mujeres x Mujeres, que reclamaron por sus derechos. Una trama solidaria feminista se tejió para garantizarlos.
--Su historia permitió visibilizar la impunidad de una objeción de conciencia desgobernada para gobernar los cuerpos gestantes, incluso con la máxima crueldad --dijo a PáginaI12 la abogada feminista Soledad Deza, de Mujeres X Mujeres.
--Todavía guardo la imagen de Lucía la mañana en que la vi por primera vez en el hospital donde estaba, acurrucada en posición fetal, en brazos de su mamá. Me impresionó verla frágil, presa de una situación que no quería y que, además, tampoco entendía. Teniendo que albergar "ese algo" que no había planeado, que ni siquiera había buscado...y habiendo tenido que transitar por el dolor de un abuso –contó a este diario la jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones V, Valeria Judith Brand, que veló por los derechos de la niña.
Con el paso de los meses, Lucía pudo visitarla en su despacho.
Le contó cómo estaba transitando sus últimos meses del ciclo primario, sus expectativas para el secundario, y un inminente viaje de egresados con sus compañeros, que nunca supieron que ella era Lucía, gracias a la preservación y cuidado de las autoridades escolares. Otra vez la red.
--La vi distinta. Nunca mencionamos nada de lo pasado… solo me dijo en un momento "ahora ya estoy curada".
La jueza escuchó a Lucía y sobre todo tuvo en cuenta sus deseos de mudarse y regresar a vivir con su mamá y sus hermanas. Por eso le ordenó al gobierno de Tucumán entregarle una casa en otro barrio –para evitar el estigma--, equipada con muebles y enseres. El gobierno provincial todavía no cumplió.
El 14 de febrero el violador de la niña, Eliseo Víctor Amaya, de 66 años, fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán.
Lucía solo pidió la foto de su agresor esposado yendo a la cárcel. Solo así podría descansar en paz, le dijo a su mamá.
En esa sentencia, el tribunal ordenó además, que el Ejecutivo provincial le brinde una beca a Lucía para que pueda terminar sus estudios y a la vez se le garantice “lo necesario para la asistencia socioeconómica y sanitaria” de la niña y de su grupo familiar. No se quedó solo en la reparación individual. Le impuso al gobierno tucumano que lleve adelante un relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes y campañas de educación y concientización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva. Además, dispuso que se pongan en práctica protocolos de prevención y de recepción de denuncias en toda la provincia.
El fallo contra Amaya trajo algo de justicia a Lucía y su familia.
Falta, todavía, que avance la causa penal contra medicxs y funcionaries del área de salud, impulsada por Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir y la APDH. La denuncia alcanza a la ministra de Salud de la provincia, Rossana Beatriz Chahla, que fue ratificada en su cargo por la nueva gestión del gobernador. La causa está parada.
-Mientras el sistema público de salud siga permitiendo que los médicos objetores de conciencia manipulen a las víctimas que tienen derecho a las ILE, la provincia estará en falta –dijo Emilio Guanini, de Andhes a es diario.
Ademas, la justicia penal todavía sigue persiguiendo a los médicos que garantizan las ILE. A fin de 2019 la misma fiscal Adriana Giannoni, que se ensañó con el equipo de salud que realizó la cesárea a Lucia y les abrió una causa por homicidio, inició actuaciones de investigación por otra interrupción legal de embarazo que se practicó en la provincia.
--Resulta paradójico, pero Lucía me enseñó que se puede renacer de lo más terrible, de lo más doloroso. Que siempre se puede volver a empezar... que ni el Estado ausente, ni los adultos encerrados en ideas medievales ni quienes no quieren mirar lo que pasa, pueden evitar que sigamos luchando para que nunca más haya otra Lucía entre nosotros –reflexionó la jueza Brand.
Es difícil el desafío. La violencia sexual, naturalizada como el agua de lluvia, y una trama antiderechos enquistada en el Estado provincial, que actúa con impunidad, encuentra otros cuerpos infantiles como campo de batalla. Y esas voces de niñas, probablemente no lleguemos a escucharlas.
Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal
