ALEMANIA: RESGUARDAN PRUEBAS DE VIOLACIÓN POR AÑOS

En casos de violación sexual, la víctima muchas veces no se siente psicológicamente capaz de levantar una denuncia, ya sea porque se siente humillada, avergonzada, traumatizada, o con miedo de ser re victimizadas ante instancias oficiales. Sin embargo, desde el año 2000, en Alemania, existe una iniciativa para resguardar las pruebas hasta que la víctima quiera denunciar el delito.

Mientras pasan las horas desde que ocurre una agresión sexual, la evidencia física se pierde. La mujer puede sentir la necesidad de bañarse, destruyendo pruebas como ADN del perpetrador en su piel o bajo las uñas. Los hematomas y las huellas de esperma se desvanecen, y las drogas que algunos hombres ponen en las bebidas de sus víctimas para narcotizarlas sólo son detectables en la sangre durante pocas horas.

Es por eso que, desde el inicio del año 2000, en Alemania organizaciones no gubernamentales y feministas promovieron la apertura de clínicas donde mujeres y hombres víctimas de violencia sexual, sin necesidad de levantar una denuncia, pudieran ir a hacerse exámenes anónimos. El personal médico asegura las pruebas y las envían a los servicios forenses correspondientes, donde permanecen guardadas por años, dependiendo de la clínica, hasta que la víctima decide que tiene el valor de proceder legalmente.

Las pruebas en este caso tienen una solidez jurídica y pueden ser utilizadas meses y en algunos casos hasta años después ante la Corte. El delito de violación en Alemania se puede denunciar hasta 20 años después de ocurrido el crimen.

Regina Czaijka, quien es encargada de Igualdad en la ciudad de Bochum, en el oeste del país, explicó al diario alemán Die Welt: “Queremos que la mujer, después de una violación, tenga la opción de si quiere levantar la denuncia directamente, o si quiere asegurar las pruebas primero. Luego puede decidir tranquilamente cómo quiere proceder”.

“Algunas mujeres simplemente necesitan tiempo para decir: viví una injusticia y lo denuncio ante la policía”. De acuerdo con datos de la organización Terre des Femmes, en Alemania, ocho mil mujeres levantan una denuncia por violación cada año, aunque se estima que la cifra real es mucho más grande. En 2012, sólo en 8.4 por ciento de los casos, el violador fue sentenciado. Eso pasa porque en el proceso, es la palabra de la víctima contra la del victimario, y porque muchas veces faltan pruebas y personas que testifiquen.

“El aseguramiento anónimo de pruebas puede ser un elemento esencial para que más mujeres tengan el valor de levantar una denuncia”, dijo la referente para violencia sexual de Terre des Femmes, Vanessa Bell, a Die Welt. “Porque hoy en día, las mujeres deben temer que no les crean y que se culpabiliza a ellas”.

Las clínicas para las diligencias anónimas muchas veces se encuentran en hospitales locales. Están financiadas por los estados alemanes, y el número y la cobertura difiere por región, ya que algunas entidades no le otorgan mucha importancia al tema. La sociedad civil también ha criticado que no todo el personal médico que atiende a las víctimas sabe interpretar y guardar las evidencias para que tengan una solidez jurídica.

El personal que atiende a la mujer tiene que ser capacitado para tratar víctimas traumatizadas y asegurar las pruebas de manera correcta. La doctora Mignon-Denise Keyver-Paik explicó a la cadena WDR que, en primer lugar, habla con la víctima sobre lo acontecido. Luego, tiene una maleta con materiales estériles para asegurar las pruebas, como tijeras para cortar las uñas, un peine para asegurar cabellos, bastoncillos de algodón para muestras en la vagina, la boca, y la piel.

También toma fotos de hematomas, y envía pruebas de sangre a un laboratorio, ya que muchos victimarios en Alemania usan narcóticos para dejar inconscientes a sus víctimas, por ejemplo, gotas en su bebida en la discoteca, las cuales sólo son detectables durante pocas horas. “Tenemos los mejores resultados mientras menos tiempo ha pasado”, expuso Keyver-Paik, “pero podemos asegurar pruebas razonables hasta una semana después, aproximadamente”.

En los últimos años las clínicas de aseguramiento anónimo de pruebas se han multiplicado en Alemania, aunque la financiación no esté asegurada de manera fija todavía. Lo que falta son estudios que comprueban la utilidad y necesidad de este servicio en los procesos legales. El porcentaje de sentenciados sigue siendo uno de los más bajos en Europa, según Terre des Femmes. Sin embargo, organizaciones que combaten la violencia sexual en Alemania consideran que las clínicas anónimas son una herramienta importante para lograr que eso cambie en el futuro.

Fuente: Cimac noticias

SANTA CRUZ, DOS MUERTES DE MUJERES: INCÓGNITAS SILENCIADAS

Casos Malvar y Barrera: la Comisión de Género de la UNPA pide que las investigaciones se hagan con perspectiva de género.

Las muertes de Liseth Barrera Carrasco y Zulma Malvar son casos que este año resonaron en Santa Cruz y movilizaron a las comunidades de Gobernador Gregores y Puerto San Julián respectivamente, en especial por el pedido de justicia.

María José Leno, representante de la Unidad Académica San Julián dentro de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género de la UNPA, dialogó con «En el Tintero», por LU12 AM680 y FM Láser 92.9, y habló sobre el acompañamiento que están brindando hacia ambas causas desde la universidad.

Liseth, murió el 13 de abril en Gregores, y la carátula de su caso actualmente es de suicidio, pero los familiares siguen apuntando hacia quien era la pareja de la joven, un cabo de la Policía. «La duda que tenemos respecto a Liseth es cómo puede llevar una carátula de suicidio en tanto no se han obtenido las pericias del barrido electrónico de las manos de Liseth y de su pareja», destacó Leno.

«Nos parece que a 4 meses, esas pericias ya deberían que tener un resultado y arrojar el esclarecimiento a la causa«, agregó, y dijo que «nuestra confianza en la institución del Poder Judicial tiene que mantenerse intacta, pero a la vez necesitamos que no se repliegue en sí mismo y pueda darnos las explicaciones coherentes».

Respecto al asesinato de Zulma Malvar, de quien se conoció su muerte el pasado 18 de julio, remarcó que la investigación le parece «desconcertante». «Entendemos que al menos algunas hipótesis de las que sostenían deberían estar como mínimo descartadas«, indicó.

Asimismo dijo que las muestras de ADN, las huellas dactilares, el recorrido con los perros, los registros de cámaras de seguridad, «toda la información la tiene la Justicia con los resultados». Hasta el momento, se han desarrollado dos allanamientos en la casa de Malvar y uno en la casa de la nuera.

Respecto del cambio de carátula, «obviamente esperamos que la Justicia lo cambie en tanto tenga los elementos para poder hacerlo», dijo Leno. En este sentido hizo la aclaración de que «en ambos casos nosotros estamos siempre solicitando la investigación con perspectiva de género«. Y en particular el caso Malvar «porque entendemos que al ser una mujer y al ser asesinada de la manera que fue, entendemos que fue parte de una situación de femicidio«.

Fuente: La Opinión Austral

CUANDO LAS PIBAS GARANTIZAN LO QUE EL ESTADO NO PUEDE (NI QUIERE)

Los casos de abuso en los ámbitos académicos sirvieron para rever el estado de situación actual en cada una de las instituciones. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral funciona el protocolo ante situaciones de violencia de género, pero son las organizaciones las que suelen mover los hilos.

El movimiento feminista expone el abuso que viven mujeres y el colectivo LGBTTTIQ+, y el ámbito académico no es la excepción. Tal es el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral donde, públicamente, se conocen cuatro casos emblemáticos que dan lugar al debate sobre la situación actual.

El protocolo de activación institucional ante situaciones de violencia de género hacia las mujeres fue aprobado en la universidad en octubre de 2018. Se presentó el 8 de marzo de este año y actúa en los casos que recepciona la Comisión de Género del establecimiento.

Sucede que el Gobierno Nacional, durante 2018, realizó un recorte en el presupuesto para educación que impactó de lleno en las políticas de género que implementan algunas de las universidades que cuentan con el protocolo, como es el caso de la UNPA.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) expuso, en el informe publicado en febrero de este año, denominado “El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década”, que entre 2016 y 2018 se produjo una caída del 9% del presupuesto educativo nacional en términos reales.

En los casos de abuso en la institución, fueron las organizaciones las que motivaron a actuar de forma inmediata, pero, sin un presupuesto, la asistencia a sobrevivientes de violencia de género no está del todo garantizada.

Romina Behrens forma parte de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género (CACG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral e indicó a La Opinión Austral cómo se trabaja en estos casos y habló de la necesidad de contar con un presupuesto acorde.

En principio, la CACG recepciona las denuncias y, a partir de ese instante, se activa el protocolo aprobado en octubre de 2018. “Hacemos una entrevista con la denunciante, que puede ser que esté viviendo una situación de violencia o bien conozca a alguien esa situación. Se hace la entrevista y, dependiendo la gravedad del caso, se hacen recomendaciones para que la autoridad de aplicación actúe”, detalló.

El objetivo es “ponerle fin a esa situación de violencia”, aseveró Behrens.

Posteriormente, la autoridad de aplicación inicia un proceso de sumario con la finalidad de aplicar los reglamentos que la UNPA ya tiene; por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo o el reglamento de alumnos, y con el protocolo se pueden realizar adecuaciones pedagógicas pensando en este tipo de casos, como lo es con la violencia de género que no está contemplada en la reglamentación.

Desde una adecuación pedagógica o de espacio, el objetivo final es tomar una medida hacia la persona denunciada, para que la víctima/sobreviviente de la situación no modifique su cotidianeidad, detalló la integrante de la Comisión de Género.

En todos los casos graves, la universidad tiene la obligación de hacer la denuncia en el ámbito de la Justicia. Asimismo, se contempla dentro del protocolo que la denunciante no necesita presentar una denuncia policial o judicial; basta con su testimonio. “El objetivo siempre es ponerle fin a la violencia; más allá de si la persona quiere denunciar o no a su agresor por fuera de la universidad”, explicó Behrens.

Hoy, la CACG acumula aproximadamente 18 casos. “No todos son de violencia de género, lo que ocurre es que como no hay herramientas para prevenir la violencia, caen dentro de ese protocolo. Pero, por ejemplo, no hay un espacio que atienda la violencia institucional”, resaltó la docente.

“Esto visibiliza otro tipo de violencias y la necesidad que hay de procurar herramientas para prevenir no sólo la violencia de género, sino todos los tipos de violencia, que son otros casos que no tienen dónde denunciarse”, agregó.

Por su parte, Celeste Alarcón, estudiante de la universidad e integrante de la organización La Caldera, realizó un repaso de los casos sucedidos en la institución y cómo trabajaron desde las organizaciones independientes para exponerlos y que se actuara sobre los mismos.

“Los casos de Cisneros y Subirá (NdR: ambos denunciados ante la Comisión de la UNPA) se denunciaron, pero no con el protocolo de actuación porque no existía en ese momento, entonces las organizaciones independientes de la universidad, como La Caldera o Juventud Socialista del MST, hicimos campaña individual para que los sacaran de la universidad”, resaltó a La Opinión Austral.

“En el 2018, el Gobierno Nacional recortó 3 mil millones de pesos a la universidades públicas y la UNPA decía que no había plata para garantizar que RS estudiara en contexto de encierro. Nos decían que no había plata. Acá lo que tenemos que pedir es presupuesto universitario para garantizar este tipo de casos”, afirmó la estudiante e integrante de La Caldera.

La cuarta es la vencida

Otros dos casos fueron los de Alberti y Caro. Con este último, la CACG actuó de inmediato y las autoridades lo sancionaron por tres meses, renunció a su cargo de consejero y le rescindieron el contrato de locación con la universidad.

“Las pibas organizadas pudimos lograr las sanciones; que hoy el protocolo y las autoridades actúen rápido es gracias a las organizaciones independientes de los estudiantes. Entonces, hoy se podría celebrar que las autoridades están actuando rápido ante los casos de violencia y que el protocolo está mostrando sus frutos, pero todavía hay cosas que saldar, como el presupuesto”, afirmó Alarcón.

Celebró la actuación inmediata luego de batallar contra el sistema en los dos primeros casos conocidos públicamente, “pero para mí es mérito de las pibas organizadas”, sintetizó.

En este contexto, la falta de presupuesto impacta de lleno en la falta de, por ejemplo, un gabinete psicológico que asista a víctimas/sobrevivientes de violencia de género. Hoy “una piba violentada tiene que pelear con uñas y dientes contra el Estado, depende pura y exclusivamente de vos, falta una asistencia integral y para ese protocolo tiene que aprobarse un presupuesto, para que haya profesionales”, concluyó Alarcón.

No existe la política, hay que crearla

Behrens indicó que el presupuesto para la Comisión de Género es mínimo: “es una lucha a nivel nacional, todas las universidades y áreas de género del país lo viven. Son aproximadamente 53 universidades y la mitad tiene protocolo. Todas peleamos por el aumento del presupuesto”.

“Hoy no contamos con las herramientas, no hay para las víctimas de violencia ni para nadie. No existe la política, hay que crearla”, concluyó.

La Comisión Asesora en Cuestiones de Género recepciona las denuncias en el mail a: genero@unpa.edu.ar.

Fuente: La Opinión Austral - Por Nazarena Malatesta

SHARENTING: EL PELIGRO OCULTO DE COMPARTIR FOTOS DE NIÑXS EN LAS REDES

Se calcula que cuando un menor cumple 5 años sus padres ya han compartido 1000 fotos suyas. Los especialistas advierten que el 50 por ciento de las imágenes que se distribuyen en redes de pedofilia y pornografía infantil son tomadas de esas publicaciones, que además violan el derecho a la intimidad de niñas y niños.

Cata mira a su mamá y se esfuerza por dar los primeros pasos. La cámara captura sus movimientos espásticos y tiernos. Teo come por primera vez. Tiene toda la cara enchastrada con papilla. La foto capta una mueca divertida. Manu ya está un poco más grande y algunas de sus respuestas ingeniosas quedan inmortalizadas en el Facebook de su papá, que comparte cada una de las ocurrencias del niño. Cientos de fotos y videos sobre niños y niñas son compartidas a diario en las redes sociales por los adultos a cargo de su crianza. Pero lo que parece un gesto inocente para compartir el crecimiento de los hijos oculta un riesgo: ¿qué pasa con esas imágenes?, ¿adónde van a parar?, ¿quiénes tienen acceso?

El nuevo fenómeno de la “crianza en línea” fue bautizado como sharenting. El término viene de las palabras en inglés share, que significa compartir, y parenting, crianza. Para entender su magnitud: algunos estudios consideran que cuando un niño cumple 5 años, sus padres ya compartieron en las redes sociales alrededor de mil fotos del menor.

Otro dato alarmante que sostienen los especialistas es que el 50 por ciento de las fotos que se distribuyen en redes de pedofilia y pornografía infantil son tomadas directamente de los posteos que se suben a Internet por voluntad propia. “Recuerde que cuando se sube información o imágenes a la web, ya no es posible tener el control de ellas ni poder borrarlas”, advierten desde Missing Children.

Unos años atrás una firma holandesa sacó a la venta tazas ilustradas con fotos de niños y niñas bajadas de Internet. Todas ellas tenían permiso de uso comercial, algo que los padres muchas veces aceptan en las condiciones de las plataformas sin tener idea. La iniciativa tuvo un alto impacto: la foto de tu hijo podía estar en esas tazas. La idea era concientizar sobre uno de los riesgos del sahrenting. “El niño de alguien en tu taza favorita”, era el eslogan con el que se presentó el emprendimiento, que todavía se puede encontrar en la web Koppie Koppie.

Los riesgos de compartir sin parar

Entre los peligros del sharenting se incluye el hecho de que las imágenes de los niños puedan ser distribuidas en sitios de pornografía infantil o pedofilia, usadas para secuestros o amenazas y hasta permitan el robo de identidad. Además de los riesgos que encarna el sharenting en relación al uso que un tercero puede darle a las imágenes, el fenómeno también impacta en el crecimiento de los niños y adolescentes, en la manera que desarrollan sus vínculos e interactúan con sus pares.

Esto cuenta Sonia Almada, psicóloga especialista en infancia y coordinadora del congreso internacional “Violencias hacia la Infancia y Adolescencia” , que se realizará entre el 21 y 23 de agosto, en la facultad de Ciencias Económicas. Según la psicóloga, es muy usual que los niños y niñas a partir de los 7 años comiencen a manifestar su incomodidad en relación a los posteos de los padres.

“Los adultos muestran a los niños en las redes como un objeto. Parece algo bello y bien intencionado pero no piensan en sus derechos, no piensan al niño como un sujeto y los chicos no tienen cómo defenderse. Los padres caen en la trampa narcisista de mostrar al niño como un logro, como un trofeo, y no dimensionan los riesgos”, explica Almada.

La especialista aclara que esas fotos que en principio parecen tiernas pueden humillar al niño en el futuro. Lo mismo que las anécdotas divertidas, que luego pueden ser usadas como objeto de burlas. “Son los padres convirtiéndose en haters”, agrega.

La solución, para Almada, es antipática, pero la única que prioriza a los niños: no compartir fotos de los chicos hasta que no tengan edad para opinar y decidir sobre su imagen. “Los padres se enojan cuando se los digo en el consultorio pero si estamos haciendo algo que afecta a los chicos directamente hay que dejar de hacerlo”, sostiene. La psicóloga concluye que es necesario un “cambio de narrativa y de mirada” hacia la infancia para que se considere a los niños dueños de sí mismos y no como propiedad de los padres.

Una nube que no es tan blanca

Una de las particularidades de la web, por la que se deposita tanta confianza, es la idea que la sociedad se hizo de ella. La idea de que Internet es una nube es un logro del marketing. ¿Qué puede haber de malo en una nube? Pero internet está muy lejos de ser esa imagen etérea. La verdadera infraestructura detrás de la web vendría a ser algo similar a enormes bibliotecas -los servidores-, que están repletas de discos, que son manejados por personas, que trabajan para empresas, que monetizan los datos.

Natalia Zuazo, politóloga especialista en tecnología y autora de Los dueños de internet, lo explica de la siguiente manera: “La idea de la nube es lo que nos venden las empresas para que no las relacionemos con lo que hay detrás. Ese marketing blanco y puro oculta que los datos se almacenan en empresas y que toda esa infraestructura tiene una importancia política”. Como ejemplo, Zuazo explica que internet está en manos de un puñado de compañías, todas ubicadas en Estados Unidos, y que por lo tanto se rigen bajo las leyes de ese país. “Hay una cuestión de soberanía que se contrapone y esto afecta a la protección de datos”, aclara.

Sobre las fotos que suben los padres, ya sea a las redes sociales o a otras plataformas, Zuazo remarca que estamos ante un gran problema para la privacidad. Más cuando se trata de aplicaciones desconocidas de las que se sabe poco y nada sobre los servidores que usan para almacenar los datos. Semanas atrás fue furor, por ejemplo, la aplicación para envejecer el rostro y millares de usuarios subieron su foto a FaceApp .

“Estamos ante un gran pico de inteligencia artificial y la inteligencia artificial necesita aprender de nuestras imágenes para hacer las predicciones. Necesitan bases de datos de muchísimas fotos”, agrega la especialista en tecnopolítica. El mayor peligro para Zuazo es no tener conocimiento certero de si esas imágenes, las que los usuarios suben inocentemente para compartir entre sus contactos, van a ser utilizadas para otros fines. “Las fotos las estás compartiendo con las empresas que firmás un acuerdo ya no son exclusivamente tuyas”, agrega.

Para Zuazo las dos grandes cuestiones que se desprenden del sharenting son el derecho a la intimidad de la otra persona -“no soy yo, es mi hijo”- y por el otro los peligros en cuanto a la seguridad. Recuerda que gran parte de los hackeos se produce con información contextual que brindan los propios usuarios a la red, información personal que expone la seguridad y propicia un “ecosistema inseguro”. A pesar de los riesgos, para Zuazo, algo está claro: “en tecnología es preferible trabajar con la educación de los usuarios que regular de más”.

“Tenemos que entender que si tenemos hijos hasta que no sean mayores y puedan tomar ellos mismos la decisión de mostrar o no su imagen hay que exponerlos lo menos posible. La imagen de cada persona es personal, es tan sencillo como eso”, finaliza.

El derecho a la intimidad

En la misma línea, desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) remarcan que el sharenting pone en riesgo el derecho a la intimidad de los niños. Si bien muchas veces los derechos de los chicos son ejercidos por los padres o sus representantes legales, el Código Civil establece la autonomía progresiva de los niños en la toma de decisiones que afectan sobre su persona. Este enfoque jurídico, que le da mayor protagonismo a los niños, establece que los chicos deben ser escuchados incluso cuando su voz entre en conflicto con alguna decisión de los padres.

“La Ley de Datos Personales no distingue entre los datos de los mayores de edad y de los menores. Es un defecto de la legislación que fue sancionada en el año 2000 cuando todavía no existían las redes sociales. En este sentido la ley no contempla qué sucede en los casos que la opinión de los niños entre en conflicto con la de los padres”, explica Eduardo Ferreyra, abogado especialista en derechos digitales e integrante de ADC. Para Ferreyra esto se soluciona dándole mayor participación a los niños al momento de hacer una publicación.

Según el abogado los padres deberían recordar siempre que cuando se sube una imagen a la red es imposible eliminarla por completo más tarde. Alguien pudo haberla capturado y guardado para usarla con otros fines. Por eso, remarca, es urgente que los adultos conozcan cuáles son las medidas de seguridad digital que deben tomarse.

“No estamos en contra de que una madre o un padre quiera compartir un momento de felicidad pero debe ser consciente de los riesgo que implica compartir determinada información”, subraya y recuerda que los abogados y especialistas en el tema todavía no conocen cómo “contrarrestar, impedir e intervenir” para frenar la viralización de imágenes. “Lo que se sube a internet es muy difícil que desaparezca por completo por eso lo más importante es concientizar a los padres sobre los riesgos en la seguridad que supone compartir fotos. Y recordarles que si los chicos ya tienen edad para decir, siempre hay que preguntarles”, finaliza.

Recomendaciones para publicar imágenes de menores

Eduardo Ferreyra recomienda atender las siguientes medidas de seguridad digital antes en caso de publicar fotos de menores recomendaciones antes de publicar fotos de niños en las redes sociales.

-Que la cuenta sea privada y que los contactos o “amigos” se reduzcan a conocidos reales. Una cuenta que tiene más de 600 amigos por ejemplo, es muy probable que ya no sea segura.

-Evitar subir fotos con información contextual de lugares que frecuentan los niños. Se refiere a la información que puede aportar un uniforme escolar, la entrada de un club o una calle identificable. Estos datos se pueden utilizar para secuestros virtuales u otro tipo de amenazas.

-Desactivar la ubicación de las aplicaciones y los teléfonos.

-Evitar subir imágenes que ridiculicen al niño. Algo que a la vista de los adultos puede ser simpático y divertido se puede transformar en objeto de burla en el futuro. Los niños pueden sentirse humillados.

-Es imposible borrar totalmente una foto que fue compartida en la web. Al interactuar en internet las personas construyen una reputación y algunas fotos pueden traer consecuencias a largo plazo.

-Si los chicos ya tienen edad preguntarles siempre antes de subir cualquier contenido sobre ellos.

Fuente: Página 12 - Por Alejandra Hayon

UN APP PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO

Un grupo de estudiantes que integran la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia de Género en Rosario creó una aplicación que da un alerta a cinco contactos seleccionados, y avisa dónde está la persona que pide ayuda, con sólo agitar el teléfono. 

La app se llama “No estás sola” y se encuentra disponible para cualquier teléfono con sistema Android, y en versión Beta (es decir, de prueba). Desde el 3 de junio, cuando se hizo el lanzamiento oficial, tuvo 7700 descargas. Consiste en un programa que activa una alarma cuando la usuaria agita el celular, y dispara mensajes a cinco contactos seleccionados, que también deberán tener bajada la aplicación. El alerta llega con la geolocalización de quien pide ayuda, y se actualiza cada dos minutos. Claro que todavía –sus impulsoras subrayan el todavía- hace falta que la aplicación esté prendida para que se active la alarma y tener el teléfono conectado a internet. Justamente por eso, las integrantes de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia de Género en Rosario –creadoras de esta herramienta- apelan al Estado para que se haga cargo de la inversión necesaria. “Hay muchas mejoras que queremos hacerle a la aplicación, pero para eso es necesario destinarle presupuesto y tiempo. Todo lo que hicimos hasta acá fue a pulmón, ahora es hora de que el estado lo tome en sus manos, y lo reconozca”, enfatiza Nazarena Galantini, estudiante de Filosofía y una de las fundadoras de la Campaña en Rosario. ¿Qué necesitan ahora? Que la app “funcione con la pantalla en negro, en otros teléfonos que no tengan sistema Android y que se pueda activar sin internet”.

La iniciativa surgió de un grupo de estudiantes. Todas integran la Campaña, que comenzó hace más de dos años en Rosario, y luego se expandió a todo el país. En el último verano, las noticias sobre intentos de secuestros en la vía pública a varias chicas que hicieron la denuncia policial inquietaron a Nazarena, quien empezó a idear una herramienta accesible, en el celular, para pedir ayuda ante el peligro, junto a María Sol de Zan, estudiante de Trabajo social y Débora Colasanti, de Ciencia Política. “Se nos ocurre a nosotras, somos tres las que laburamos en esto, buscamos la ayuda de otras personas, nos ayudó mucho un chico que es estudiante de ingeniería en sistemas, que es el que sabe cómo programarla. Nos juntamos con él, nos empezamos a juntar varios días seguidos para poder ir dándole forma, hicimos el diseño de la aplicación, las imágenes que aparecen, él fue haciendo la parte más técnica”, contó Nazarena.

“A partir de varios intentos de secuestro que hubo que se viralizaban por las redes, por whatsapp y todo, de pibas que en la calle habían tenido una situación en las que la habían querido intentar meter en un auto o algo así, empezamos a pensar con algunas compañeras de la campaña qué podíamos hacer para prevenir en esas situaciones de violencia que principalmente se dan en la vía pública, con algo que se pueda usar de manera urgente”, siguió el relato Nazarena, quien admitió que –de acuerdo con todas las estadísticas- las mujeres corren más riesgos en sus espacios íntimos que en la calle. “Esta idea surge a partir de esos casos concretos, porque no había una forma de prevenirlos, pero sabemos que incluso la aplicación sirve para situaciones de violencia dentro del hogar, también puede ser una herramienta para prevenir esas situaciones, porque nos preocupa muchísimo la violencia intrafamiliar, ya que sabemos que son la mayoría de los casos”, admitió Nazarena. Justamente, según la estadísticas del “Observatorio MuMaLá. Mujeres, Disidencias, Derechos”, que se realiza a partir de medios gráficos y digitales de todo el país, entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2019 se registraron 132 femicidios en todo el país. El 42 por ciento los cometieron las parejas de las víctimas, el 26 por ciento las ex parejas y el 10 por ciento otros familiares. Una mujer en peligro, esté donde esté, puede agitar su celular para pedir ayuda. Esa es la idea. Y que sea más fácil de activar que el botón de pánico.

“Para nosotras es evidente que la aplicación era una necesidad, por la cantidad de descargas, y porque tenemos todo el tiempo convocatorias a ir a presentarla. Hay grupos de pibas que se juntan y que nos llaman para que vayamos a informarles, para utilizarla como una herramienta de prevención, creemos que era una necesidad y un gran acierto”, expresó Marina Boldrini, también de la Campaña por la Emergencia Nacional en Rosario y activista de Mujeres de Barrio.

Sobre la accesibilidad, justamente, plantea que “en los barrios últimamente es más fácil tener un teléfono que una computadora, la mayoría de las personas hoy tienen un teléfono con Android. Las dificultades las estamos teniendo con los teléfonos que no tienen ese sistema operativo, por eso estamos pidiendo una inversión. Para la mayoría está siendo muy posible acceder”. La clave es la difusión. “Lo más importante es hacerla conocida”, dice. Como cada contacto elegido debe cargar la aplicación en su celular, también puede usarla para su prevención.

La repercusión fue internacional. El 23 de julio recibieron una afectuosa carta de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), colectivo formado por profesionales y expertos del campo de la psicología, la psiquiatría, la sociología, la pedagogía y el ámbito de los derechos humanos con el objetivo de favorecer la defensa y protección de comunidades, grupos e individuos especialmente vulnerables en Latinoamérica y España. “Queremos trasladarle nuestra efusiva felicitación por esta magnífica iniciativa orientada a ofrecer una eficaz herramienta para proteger a las mujeres que se encuentran en peligro”, dice la carta firmada por Luciana Cataldi y María Elisa Rosa, de CoPPA.

Un dato que el actual desarrollo de la aplicación no les permite conocer es la cantidad de veces que se activaron los pedidos de ayuda. “Para eso necesitamos que sea más sofisticada”, se sinceró Nazarena. “Por eso armamos una serie de proyectos que queremos presentar en el Concejo municipal de Rosario para crear una mesa de trabajo entre el municipio y la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia de Género, para poder avanzar con estas mejoras que se necesitan y el mantenimiento, que también tiene un costo. Queremos conseguir financiamiento para hacer mejoras”, agregó la activista. Nazarena lleva diez años de militancia feminista. “Empecé en la Universidad Nacional de Rosario, y si bien la campaña todavía no existía, nos organizábamos con nuestras compañeras para ir a los Encuentros Nacionales de Mujeres, discutíamos sobre el movimiento feminista, íbamos a las marchas del 8 de marzo cuando eran apenas de una cuadra de extensión. Ahora es un movimiento enorme”, enfatizó. 

Fuente: Página 12 - Por Sonia Tessa.

SIN LÍMITES PARA LA PRÁCTICA DE LA VIOLENCIA

Título original: Una niña invisible

No es casual que el fallo que otorgó una adopción prenatal, por fuera del marco jurídico argentino, lo haya firmado una jueza de Corrientes. De esa provincia es la diputada nacional por Cambiemos, Estela Mercedes Regidor, la que comparó fetos con perritos en el debate por la legalización del aborto: ella presentó en setiembre de 2018 un proyecto de ley para incorporar al no nacido al Código Civil argentino, para promover así la adopción pre natal y convertir a mujeres gestantes en incubadoras. No es la única propuesta con ese objetivo: también senadores antiderechos impulsan una iniciativa similar.

Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador Ricardo Colombi, radical como Regidor, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia". Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese compromiso “pro vida”.

La provincia no implementó un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con excepción de un caso que se hizo en marzo con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud públicos. Es más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en violaciones -o a sus madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y Ausentes Nº 1 del Poder Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de una niña de 10 años: “Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la bebé´”, contó un año atrás en Radio Sudamericana, una radio local.

En ese contexto, una adolescente de 18 años le dice a la jueza de Familia de Paso de los Libres que quiere abortar: “No quiero tener de nuevo otro bebe a la fuerza, producto de una violación”. Le cuenta que ¡desde los 13 años! su padrastro la abusa sexualmente y consecuencia de esas sesiones de tortura en su propio hogar, ya concibió una niña que tienen dos años. Y no quiere tener una criatura más así.

Es una adolescente que lleva cuatro años siendo violada por la pareja de su madre. ¿Nadie supo en su entorno, en la escuela, en el hospital cuando fue a parir dos años atrás el calvario que estaba viviendo? ¿Dónde estuvo el Estado para protegerla? Después del primer parto tenía que haber intervenido el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y hacer un seguimiento de su situación: garantizarle asistencia psicológica y lo que ella necesitara, asistentes sociales deberían haber ido a su domicilio para ver cómo estaba, algo que evidentemente no ocurrió porque si no se hubiera podido detectar tempranamente el segundo embarazo producto de los abusos a los que fue sometida sistemáticamente. Esa niña fue invisible.

La jueza de Paso de los Libres avaló su pedido de aborto, aunque no es requisito esa autorización. Pero en el Hospital San José, de Paso de los Libres, le dijeron a la adolescente que el embarazado ya estaba muy avanzado (¿según, qué criterio?) porque rondaba las 23 semanas (¿será cierto?) y que era riesgoso interrumpirlo. Mentira. Hay formas seguras de hacerlo, aun en ese momento de la gestación. El interés superior de esa adolescente fue vulnerado. La objeción de conciencia encubierta en centros de salud hace estragos: puede manipular, con falsa información, la decisión de una adolescente en estado de vulnerabilidad asfixiante, como la de esta piba, que se tuvo que escapar de su casa, como le contó a la jueza, y refugiarse en lo de una tía. ¿Dónde están las voces de la política para poner en el debate público el extendido problema de los abusos sexuales intrafamiliares hacia niñes y adolescentes y analizar en profundidad cómo actuar efectivamente para proteger a tantas chicas que son víctimas de este aberrante delito? ¿Es que no quieren buscar cómo poner fin a esa avalancha de maternidades forzadas que cuentan las estadísticas oficiales y que rondan cada año alrededor de 2500?

La adopción prenatal es ilegal. No está contemplada en nuestro ordenamiento legal. Convalidarla no tiene otro objetivo que construir el sentido de que la vida fetal, un no nacido, es una persona, un sujeto de derecho a ser adoptado. Abona a la cruzada antiderechos que pretende convertir en “criadas”, meras incubadoras, a pibas pobres que son abusadas ante el silencio cómplice y ensordecedor de una sociedad que prefiere mirar para otro lado. Duele.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal

LOS VIOLADORES GRUPALES DE CHUBUT

Título original: La manada de Chubut: investigan a 5 hijos del poder por violación grupal.

Luego de las violaciones, la chica debió abandonar la provincia. En enero de este año, acompañada por un colectivo feminista, se animó a contar públicamente la historia que 60 testigos avalaron ante la Justicia.

La justicia de Chubut juzgará a cinco hombres acusados de integrar una manada que, en septiembre de 2012, cuando dos de ellos eran menores de edad, violaron en grupo a una chica de 16 años. La agresión ocurrió durante una fiesta celebrada en la casa que la familia de uno de ellos tiene en Playa Unión; luego, la chica habría sido presionada para que no presentara la denuncia. 

El amedrentamiento, sin embargo, no perduró a lo largo del tiempo: en el proceso judicial que está por comenzar, alrededor de 60 testimonios avalan los dichos de la joven que denunció las violaciones. Los acusados son hijos de familias poderosas social y económicamente en la provincia. Originalmente, la denuncia fue realizada contra seis jóvenes, pero solo cinco de ellos llegarían a instancia de juicio, porque, según trascendió, el sexto habría declarado como arrepentido para aliviar su situación.

El viernes a las 9.30, en Rawson, se realizará la audiencia de apertura de la investigación.

La causa está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por pluralidad de actores”. Las violaciones ocurrieron en la fiesta de la primavera de 2012, pero fueron denunciadas en enero de este año. Inicialmente, trascendió via redes sociales, a través de las cuales el colectivo feminista Las Magdalenas, de Puerto Madryn, dio a conocer el episodio, para acompañar la voluntad de la joven M., que hoy reside en otra provincia y ya es mayor de edad.

De acuerdo con la denuncia, en medio de la fiesta, un evento tradicional en primavera en esa zona de Chubut, poblada por casas de descanso de la clase media alta de Trelew y Puerto Madryn, la joven habría sido llevada inconsciente por los acusados a una habitación. “Perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones”, escribió la joven en un testimonio que circuló en redes en enero de este año. En esa habitación, mientras cuatro varones se turnaban para violar a la adolescente, uno observaba y el sexto sostenía la puerta para que nadie más entrara.

En diálogo con este diario, fuentes que conocen la denuncia definieron a los acusados como “hijos del poder”. Tomás S., quien de acuerdo con la acusación velaba en la puerta para que no pasara ninguna otra persona en la habitación, viene de familia de empresarios originaria de Trelew; vive en Miami, donde tiene una empresa vinculada a la pesca. Joaquín P., quien colaboró con la Justicia, es hijo de un hombre poderoso en la zona portuaria de la provincia y hermano del intendente de un pueblo del interior de la provincia.

Dos de los acusados por las violaciones eran mayores de edad al momento de la agresión: Leandro V., nieto de un dirigente radical histórico, proviene de una familia conocida en la provincia y está vinculado al negocio portuario; Ezequiel Q., es de familia oriunda de Caleta Olivia pero suele vacacionar en Madryn; es abogado y vive en Buenos Aires.

Los otros dos acusados de las violaciones, en cambio, eran menores: Luciano M., hijo del propietario de una inmobiliaria renombrada en Madryn; Robertino V., nieto de un ex gobernador provincial, hoy es productor televisivo, fue en casa de su familia que ocurrieron las agresiones.

“En el pueblo era sabido que ellos contrataban entre todos a una prostituta y se juntaban para tener relaciones sexuales con ellas. Lo contaban a sus amigos. Había un patrón común. De la prostituta no abusaron, pero de la chica sí”, dijo a este diario una fuente cercana a la joven denunciante. 

Cuando las agresiones ocurrieron, “sus amigas la abandonaron, M. tuvo que irse de la ciudad, terminó la secundaria en otra provincia. Fue terrible. Este año, cuando quiso denunciar, todo Madryn la acompañó y apoyó como modo de pedirle perdón”. En 2012, agregó, en la ciudad era vox populi lo que había ocurrido en la fiesta, pero la condena social recayó sobre la víctima y no sobre los victimarios (que, como dieron cuenta algunos testigos, alardearon públicamente de lo sucedido) porque “ella era de salir todos los fines de semana, usaba pollera cortita”.

En febrero de este año, luego de que trascendieran las acusaciones, el fiscal Fernando Rivarola tomó declaración testimonial a personas que estuvieron en la fiesta donde la joven M. fue violada. Los testigos confirmaron los dichos de la denunciante. En marzo, la Justicia allanó las casas de los acusados y secuestró computadoras y teléfonos.

Fuente: Página 12 - Por Soledad Vallejos