viernes, 7 de diciembre de 2018

CADENAS GLOBALES DE CUIDADO: ES ESLABÓN LOCAL

En el lenguaje corriente, la idea de cadena global de cuidados se resume como “mujeres explotando a otras mujeres”. Isabel Otxoa cuestiona ese relato culpabilizador y reflexiona sobre dónde se pone el foco cuando hablamos de externalización del trabajo reproductivo.

Acción por el día internacional de las trabajadoras del hogar en 2015 en Madrid./ Bárbara Boyero



Como resultado de la reducción del costo de los productos finales conseguido gracias a las cadenas globales de valor, el precio del ordenador en el que escribo esto es mucho menor que si hubiese estado íntegramente fabricado en Euskal Herria. Es más, de haberse producido aquí, sería tan caro que yo no tendría dos ordenadores sino uno solo, o ninguno y estaría usando el de alguna biblioteca o el de un centro especializado en alquiler de equipos informáticos.

El acceso masivo a la tecnología informática en la forma actual, se sustenta en la cadena global de valor mencionada: la ciudadanía que disfruta de las ventajas del ordenador lo está haciendo sobre la existencia de un sistema que explota las materias primas y el trabajo de personas en los países empobrecidos. En el relato de este fenómeno, las palabras clave son gobiernos, instituciones financieras y transnacionales, y el hecho de que el resultado de la explotación capitalista del planeta tenga réditos también para quienes habitamos el primer mundo, no es algo que se coloque en primer plano cada vez que criticamos el sistema.

Según he leído en un artículo titulado “Cadenas globales y trabajo rural. La producción de arándanos en Uruguay” (2013) los hombres jornaleros no quieren participar en la recolección del fruto porque no les gusta la organización del trabajo y la corta duración de la zafra, y prefieren buscar otros empleos más rentables en áreas urbanas. Los contratistas resuelven este problema mediante una mayor incorporación de mujeres a esas tareas, dado que ellas muestran más disciplina en el trabajo y más compromiso con las metas exigidas por la empresa.

Quienes gestionan todo el asunto son las empresas agroexportadoras y sus capataces. En el caso de que las mujeres no aceptasen la tarea de recolección, parece ser que tampoco la asumirían los hombres, y en consecuencia quizá no encontrásemos arándanos en nuestros supermercados. En este relato, las palabras clave son agroexportación y nuevas formas de reclutamiento de mano de obra y en ningún momento se representa al jornalero como causante en ningún grado de la posición o condiciones laborales de la jornalera.

En otro terreno, dentro de las cuadrillas de trabajadores dedicados a pavimentar las carreteras durante los meses del verano, se observa que cuanto más lejano es el origen nacional del trabajador, más cerca está del manejo y aspiración de los vapores del chapapote caliente. Es posible que la técnica del vertido en el bache sea mejorable y que la existencia de trabajadores que necesitan aceptar un trabajo duro esté ralentizando la posible mejora en las condiciones en que se realiza la actividad. No he visto nada publicado a este respecto, pero supongo que las palabras clave del relato serían dumping social, industria de la construcción, categorías profesionales y organización del trabajo, y nadie le encontraría sentido a mencionar al hipotético oficial de 3ª oriundo de aquí cerca, que se ha liberado de los trabajos penosos gracias a la existencia del peón inmigrado.

La idea de cadena global de cuidados hace referencia a la división internacional del trabajo reproductivo y aparece en la obra de la socióloga estadounidense A.R. Hochschild en el año 2000. El concepto se utiliza en muchos estudios posteriores y resulta una referencia inexcusable tanto para tratar de migración como de empleo doméstico en los países ricos. Remito al Wikigender para conocer los términos en los que se define, porque lo que a mí me preocupa es la incidencia general del concepto, cuyas posibles matizaciones solo alcanzan a especialistas y estudiosas del tema. La cadena estaría constituida por mujeres de los países ricos, que ya no quieren o no pueden ser las responsables de los cuidados en su entorno y consiguen salir al mercado laboral trasladando sus responsabilidades de cuidado a mujeres de países empobrecidos, las cuales a su vez delegan el cuidado de sus familias en mujeres de sus propios países. Mujeres de aquí que prosperan, tienen empleos fuera de casa, acceso a la formación… a costa de las otras, las mujeres pobres y migradas que han ocupado su lugar. Tal como se ha difundido, la idea de la cadena global de cuidados nos culpabiliza se quiera o no, y en el lenguaje corriente ha terminado por formularse así: mujeres explotando a otras mujeres. Esta versión culpabilizadora resultaba muy previsible y tiene vida propia.

A partir de esto, en más de un trabajo académico o periodístico hemos podido leer que en lugar de luchar por nuestra verdadera liberación -como era nuestro deber- nos hemos tirado a lo fácil delegando el cuidado. Vamos, que el oficial de 3ª de la construcción, en lugar de hacer la revolución proletaria para mejorar sus condiciones de vida, se ha hecho a un lado para que sea otro quien baje a la zanja. También hemos leído las declaraciones de alguna trabajadora de hogar migrada (testimonio real) que, a continuación de decir que trabajaba con un horario y salario buenos, señalaba que gracias a que acudía el viernes a la noche a cuidar de las criaturas de una familia, ella, la empleadora, podía salir a cenar con su marido, en lo que sería una miniversión de la cadena.


Participantes en un plantón por los derechos de las trabajadoras del hogar, celebrado en 2012 en Barcelona./ Bárbara Boyero
El eslabón local de la cadena global de cuidados se forja sobre el principio de que el cuidado pertenece, está adscrito, a las mujeres, que lo llevan indisolublemente ligado a sus personas. Esa atribución injusta de la que las feministas siempre hemos renegado, se incorpora a la representación de nuestro ser y de ahí en adelante, la ausencia de las mujeres del país rico en las tareas de cuidado pasa a constituir una anomalía subsanada por ellas mismas con la contratación de empleadas de hogar.

Visto de esta manera, la trabajadora que cuida a la madre de un varón casado estaría sustituyendo a la nuera y no al hijo; en el cuidado de una madre la trabajadora estaría sustituyendo a las hijas y no a los hermanos de estas, y así sucesivamente; siempre serían mujeres las que habrían trasladado sus responsabilidades valiéndose del desigual reparto mundial de la riqueza.

Cuando muchas de nosotras nos hemos negado a cumplir el mandato patriarcal de ser madres, o hemos tenido una sola criatura, no estábamos delegando en las mujeres pobres de otros países la reproducción de la especie, estábamos transformando el ser mujer en nuestra vida individual. Lo mismo pasa con el cuidado. Sin embargo, el relato de la cadena no incorpora el avance que supone en sí misma la posición de muchas mujeres que se niegan a admitir la equiparación de los términos “mujer” y “cuidadora” y que reniegan del principio de que el cuidado es asunto suyo. Esta posición ha llevado a intensificar el reparto del cuidado dentro de muchas familias, ha forzado el aumento de servicios, todavía insuficientes, y también ha llevado a contratar más empleo de hogar. En bastantes ocasiones son quienes necesitan o quieren cuidado quienes contratan por sí; otras veces son sus hijos y sobrinos varones quienes lo hacen y en otras, muchas, son las mujeres de la familia.

Podríamos razonar de otra manera. De la misma forma que no ponemos el foco en quien valiéndose de la cadena global de valor tiene acceso al equipo informático barato, ni en el hombre que pudiendo hacerlo se niega a recolectar el arándano, ni en el que no maneja el chapapote porque hay otros que lo hacen… tampoco hay motivo para señalar a las mujeres; el que nos neguemos a ser las responsables del trabajo doméstico y de cuidados no nos sitúa como agentes responsables de las malas soluciones a la cuestión.

Si hoy día el cuidado sigue realizándose de casa en casa y con un grado de colectivización ridículo es porque existe una manera barata de obtener atención mediante el empleo de hogar sin mover ninguna de las estructuras sociales que tienen su origen en la división sexual/genérica del trabajo. Las buenas salidas son complejas y a largo plazo. Junto al reparto de tareas con los hombres y la mejora en calidad, cantidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas, hacen falta cambios transversales: empleo, educación, urbanismo, habitación… En realidad, todas las esferas rozan con el cuidado.

Para que todo eso cambie, un buen revulsivo es reivindicar todos los derechos laborales para las trabajadoras de hogar, las migradas y las nacidas aquí. Aunque en el contexto del contrato de trabajo doméstico la aplicación de muchos de esos derechos es imposible (readmisión obligatoria en el despido por maternidad o por el ejercicio de derechos constitucionales, mecanismos ordinarios de prevención de riesgos laborales, jornada, descansos y salarios homologables con el resto de sectores…), hay que seguir exigiendo equiparación y luchando contra la explotación en el empleo de hogar, sea quien sea la parte empleadora.

El relato de la cadena de cuidados puso de manifiesto algunos elementos que permanecían ignorados. El primero fue la ampliación de la mirada sobre la explotación de los recursos de los países pobres, que no se limita a la extracción y producción de bienes materiales sino que se extiende a lo que Hoschschild llama plusvalía emocional. También reveló la situación que se deriva de la ausencia de las mujeres migradas de sus núcleos familiares de origen, la brutalidad de la separación de sus criaturas y sus mayores, a quienes pasan años sin ver o -con suerte- tratan por Skype; los problemas de relación que acarrea la distancia o la dificultad de gestionar las emociones que genera el cuidar criaturas y personas mayores de otras familias cuando no se puede atender a las de la propia. En este contexto hay que mencionar la hipocresía en la gestión de la Ley de Extranjería, que somete a las trabajadoras de hogar migradas a los mismos requisitos y plazos que al resto de los sectores para conseguir los papeles, pero las controla mucho menos y mira para otro lado porque la organización actual de los cuidados las necesita.

Si me he animado a opinar sobre el eslabón local de las cadenas globales de cuidado es porque parece haberse incorporado al patrimonio de ideas feministas aceptadas sin mayor cuestionamiento. En palabras de una amiga, es triste que los hombres vuelvan a salir de rositas en este asunto. Expresado de manera más solemne, mi crítica es que hay una asimetría inaceptable en la designación de las mujeres del país de destino como beneficiarias directas de la explotación de otras mujeres, cuando en el resto de procesos en los que personas de países empobrecidos realizan tareas necesarias en o para las sociedades ricas, la descripción de los fenómenos va por otro lado. Además, el supuesto traspaso de nuestras responsabilidades de cuidado se sostiene en una atribución que las feministas negamos radicalmente para todas las mujeres.

Fuente: Pikara Magazine-Por Isabel Otxoa . Participó en la Plataforma por un servicio público vasco de atención a la dependencia y en la actualidad es integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia.

UN PODER JUDICIAL SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Los femicidios son la forma más extrema de la violencia de género que atraviesan nuestras sociedades patriarcales. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará (MESECVI) definió a los femicidios como “las muertes violentas de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Se trata de un fenómeno extendido a nivel global, regional y nacional; y su prevalencia va en aumento en todo el mundo cobrando proporciones alarmantes. En nuestro país, vemos un crecimiento significativo de los femicidios que sólo es denunciado en las calles por los cuerpos y voces del incansable movimiento de mujeres con el que hemos logrado visibilizar esta problemática históricamente acallada. 

En la Argentina, según surge del Registro elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se registraron 235 casos en el 2015, 254 casos en el 2016 y 273 casos en el 2017. En cada año más de 200 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madres y en todos los años más del 70% de los victimarios eran allegados, familiares, parejas o ex parejas de las victimas (70% 2015, 75% 2016 y 78% 2017). Según La Casa del Encuentro, en 2018, en los primeros 10 meses del año ya hubo 225 femicidios, uno cada 32 horas. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2018 hubo 260 femicidios (227 femicidios de mujeres y 33 femicidios vinculados). Evidentemente, año tras año, la historia se repite y empeora creciendo sostenidamente la violencia machista, porque los asesinatos no sólo no paran, sino que la violencia parece recrudecer: casi todas las víctimas de este año fueron apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas, degolladas, ahorcadas, descuartizadas, atacadas con hachas y machetes. El 10 por ciento de las víctimas de 2018, además, fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. Y más aún: 35 eran bebas, niñas y adolescentes, es decir, cada semana hubo un femicidio de una chica que no llegó a los 18 años. Y el último dato reciente que se suma a este panorama de modo escalofriante es que solamente en los últimos 10 días se registraron 13 femicidios.

En cuanto a su extensión territorial, se detecta la presencia del fenómeno en todo el país en diferentes proporciones y con diferentes y heterogéneas respuestas del sistema de administración de justicia según las provincias. A modo de ejemplo, en el año 2016, del total de 254 femicidios de todo el país, 22 contaban con sentencias condenatorias al momento del informe. 90 femicidios ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, sin contarse con ninguna sentencia condenatoria ni absolutoria, encontrándose la mayoría de ellos en proceso de investigación (47) o en proceso de juicio oral (18). En tanto, del total de 14 femicidios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires ninguno obtuvo sentencia, pero la mayoría se encontraban en proceso de juicio oral (8) y el resto en proceso de investigación (4). Este año 2018 fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las provincias donde más femicidios hubo en cantidad: suman la mitad de las mujeres asesinadas. Pero si se tiene en cuenta las tasas (la proporción de mujeres que viven en un lugar con las que fueron asesinadas) las peores cifras son de Tucumán, Neuquén, Corrientes, Chubut y Santiago del Estero.

En el mes de octubre en el Congreso Nacional, en ocasión de reunirse la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich para informar los resultados de su gestión, tanto ella como el Diputado oficialista Guillermo Montenegro (ex ministro de Seguridad de CABA) reconocieron públicamente que no se ha logrado reducir la cantidad de femicidios y que resulta evidente que es uno de los grandes temas pendientes para todos los funcionarios y legisladorxs sean del color político que sean. El fenómeno crece visiblemente y está claro que no se logran obtener resultados significativos. Es necesario abordar la cuestión de una manera distinta a como se viene tratando hasta ahora y revisar cuáles son las reformas que aún son necesarias. 

La Argentina ha generado hasta ahora importantes avances en materia legislativa para abordar la violencia de género, pero pareciera que estos aun no son suficientes. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres”, la Ley 26.791 que modificó el Código Penal incorporando como agravante el homicidio por razones de género y la Ley 27.452 “Brisa”, que establece un Régimen de Reparación Económica para hijxs de mujeres asesinadas por violencia de género, son parte del conjunto de normas vigentes importantes que, sin embargo, atraviesan actualmente serios problemas de implementación sobre todo por definiciones presupuestarias, y también resultan insuficientes y parciales a  la luz de los crecientes casos de femicidios a lo largo y ancho del país. Además de las transformaciones culturales que requiere cualquier intento de superar las relaciones propias de una sociedad machista y patriarcal, no hay ninguna duda de que quedan pendientes, entonces, definiciones políticas y reformas por parte del Estado, en todos sus niveles, para garantizar un abordaje eficaz de la más grave de todas las expresiones de la violencia de género.

En este contexto, el rol del Poder Judicial aparece en la centralidad de los principales obstáculos y barreras que existen hoy para avanzar en serio hacia la erradicación de la violencia de género: el acceso a la justicia y la impunidad. Nadie duda y nadie puede discutir hoy en nuestro país que el Poder Judicial y la enorme mayoría de sus operadorxs carecen en términos generales, cultural y procedimentalmente hablando, de perspectiva de género alguna. Existiendo legislación al respecto y en muchos casos teniendo los recursos necesarios, el desempeño del Poder Judicial hoy sigue explicando, en gran parte, tanto los problemas de acceso a la justicia por parte de las personas víctimas de violencia de género como los niveles de impunidad persistentes en las causas iniciadas en relación a la sanción a los agresores. El vergonzoso fallo judicial que absolvió hace pocos días a los asesinos de Lucía Perez representa, una vez más, la falta absoluta de formación y capacitación de los operadorxs judiciales que llevan adelante investigaciones de manera sesgada y resuelven los casos con argumentos plagados de estereotipos de género, tal como indicó la OEA al manifestar su preocupación y criticar duramente ese fallo. El crimen de Lucía conmocionó años atrás a la Argentina dando lugar a una nueva expresión en las calles del movimiento Ni Una Menos, como uno de los más importantes movimientos sociales de la historia reciente de nuestro país. Hoy el fallo que absuelve a sus asesinos vuelve a sublevar a las mujeres que nos organizamos frente al sometimiento retrogrado que pretende imponer un Poder Judicial que atrasa siglos, que es machista e ineficaz. 

Diversos informes de organismos especializados, entre ellos ONU Mujeres, han relevado las persistentes dificultades que se encuentran presentes en la región y en Argentina para garantizar el acceso a la justicia a personas víctimas de violencia de género y resolver los problemas de impunidad: las demoras en la iniciación de las investigaciones y en la recepción de las denuncias, la lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes, las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y de los responsables, la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales, la escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus familiares, el trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar con la investigación de los hechos, la ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género, la falta de protocolos y criterios rectores para la actuación especializada, entre otras.

En la Cámara de Diputados de la Nación quedan pendientes, en este sentido, dos proyectos de ley centrales para pensar el rol que seguirá cumpliendo, o no, el Poder Judicial en materia de femicidios y demás crímenes de género en las distintas provincias argentinas: la Ley “Micaela” y la Ley Federal de Femicidios. 

La “Ley Micaela” fue impulsada por proyectos de las Diputadas Rach Quiroga (FPV-PJ) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) a raíz del crimen de Micaela García, la joven militante violada y asesinada el año pasado en Entre Ríos. La iniciativa apunta a garantizar la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Los proyectos fueron debatidos este año en la Cámara de Diputados de la Nación y luego de alcanzar el consenso por unanimidad entre los bloques políticos en cuanto a su redacción final, y de estar listo el dictamen para ser tratado en el recinto para obtener una media sanción, el Poder Ejecutivo definió excluirlo del temario de proyectos a tratar. Por lo tanto, la Ley Micaela no será discutida ni aprobada en 2018 por decisión del oficialismo y deberá seguir esperando entonces.

Por otro lado, por la estructura federal de nuestro país, la competencia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar femicidios, y para delinear la política criminal en la materia, es exclusiva de las fuerzas policiales y de los Poderes Judiciales provinciales. Esto hace que la respuesta estatal a nivel nacional haya dado resultados tan heterogéneos entre cada provincia y territorio en los últimos años, permitiendo y habilitando muchas de las condiciones que hacen que los femicidios tengan respuestas erráticas e ineficientes o queden impunes e invisibilizados. Por este motivo, y en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre pasado, como día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, presentamos junto a otras diputadas del FPV-PJ y de distintos bloques de la oposición (Red por Argentina, Frente Renovador y Argentina Federal) y en representación de distintas provincias, un proyecto de “Ley Federal de Femicidios”. La iniciativa apunta a tres objetivos: que el Congreso Nacional declare de interés nacional la política criminal y de persecución penal para la investigación, sanción y reparación de los femicidios y demás crímenes de género; que se cree un Consejo Federal de lucha contra los Femicidios para poder avanzar y coordinar una política más eficaz, especializada y articulada en todo el territorio nacional; y que se incorpore por Ley a la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Nación la actual Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, como una política de Estado que garantice su funcionamiento tal como vienen reclamando las organizaciones de mujeres hace años. Este proyecto espera ser tratado también a comienzos del año entrante con expectativa de poder avanzar.

En definitiva, hoy en la Argentina persiste una enorme dificultad del aparato judicial -tanto a nivel federal como en las provincias- para entender la problemática de la violencia de género y adoptar pautas investigativas, medidas y sanciones en correspondencia a su especificidad y su gravedad. Las diversas estructuras judiciales provinciales -y sus diferentes normativas, recursos y prácticas- arrojan un cuadro de significativa heterogeneidad tanto en su forma general de abordaje de la violencia de género, como de los procedimientos, criterios de actuación y recursos específicos disponibles. Pero no solamente existe una necesidad de contar con un poder judicial fortalecido con recursos y herramientas jurídicas adecuadas, sino que es imperioso comprender que existen patrones socio-culturales, estereotipos y prejuicios entre lxs operadorxs judiciales que se cristalizan luego en prácticas, medidas y sentencias discriminatorias, investigaciones ineficaces y lentas, y procesos revictimizantes para la mujer, o persona víctima, que sólo reproducen la violencia y la impunidad. 

Transformar el Poder Judicial es hoy la principal deuda pendiente que el Estado y el Congreso Nacional tienen con la sociedad argentina para poder avanzar de manera efectiva hacia una Justicia que garantice el ejercicio de derechos con igualdad de géneros.  

Fuente: Página 12 - Por Mónica Macha ,diputada nacional.

sábado, 1 de diciembre de 2018

VIOLENCIA DE GÉNERO: NO DENUNCIAR TERCERAS PERSONAS EN UN DELITO

Título original: "NoMiresAOtroLado : cómo actucar ante una situación de violencia machista.

“La violencia contra la mujer es una causa de muerte tan grave como el cáncer y de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados”





Hasta que las mujeres y niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podemos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo”.

Esta frase, pronunciada hace años por Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, es el argumento que refleja que lograr una sociedad igualitaria, en la que mujeres y hombres convivan en equidad, está lejos de conseguirse, en especial si la pasividad se impone ante un problema que nos afecta a todos.

La violencia masculina hacia las mujeres puede manifestarse de muchas maneras. No sólo como forma física de agresión, sino también a modo de violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, social o vicaria –por la que el agresor genera daño a otra persona-, entre otras.

De hecho, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, se daba respuesta a su definición exacta. Así, ésta era reconocida como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Por todo ello, la actuación social resulta muy significativa, especialmente a la hora de detectar y denunciar cualquier tipo de manifestación marcada por estos indicadores.
No basta con la sensibilización social. Es preciso un proceso constructor”, afirma Ángeles Álvarez Álvarez, diputada socialista, representante en la Comisión de Igualdad del Congreso y experta en Violencia de Género.

El no mostrarnos impunes y denunciar cualquier caso de violencia machista es de vital –con especial redundancia- importancia, por lo que es necesario un llamamiento a la ciudadanía y al entorno de las mujeres que sufran violencia machista a no quedarse parados o justificar conductas que puedan ser constitutivas de violencia de género.

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, insistía en que el mensaje a trasladar a la sociedad "tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna”.

Atendiendo a dicho argumento, el Servicio de Estadística del CGPJ apuntó un total de 42.077 denuncias interpuestas durante el último trimestre. De entre las señaladas, 40.232 fueron consideradas mujeres víctimas de violencia de género.

No obstante, frente a ese número, tan sólo 152 –frente a 99 del año anterior- fueron interpuestas por familiares de la víctima, una cifra muy reducida ante la real que constituye el número de denuncias totales.

“Las víctimas de violencia de género son merecedoras de la unidad de todos y todas en la respuesta frente a un fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana”, aseguraba Carmona.

Ante esta situación, cabe plantear la siguiente pregunta: ¿por qué la sociedad no actúa frente a estos hechos?





Normalmente, las causas que se argumentan suelen traducirse en miedo, desconocimiento, o el hecho de que la víctima se niegue a declarar, lo que hace que se abandone la intención de denuncia.









Elena Palacios, inspectora jefa de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional (UFAM), asegura que en la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional, “el maltratador es un tío cobarde que focaliza la agresión contra la mujer porque la considera un ser inferior, es una relación de poder. De modo que no suele haber muchas probabilidades de que agreda al vecino que ha avisado a la Policía”.

Además, atendiendo a la renuncia a declarar por parte de la víctima, debemos tener en cuenta que “estamos hablando de un momento del proceso de violencia muy complejo, en el que a la mujer le cuesta mucho tomar esa decisión porque realmente tiene unas secuelas psicológicas muy importantes”, asegura Pilar Pascual Pastor, coordinadora de la Asociación Mujeres para la Salud.

Por lo tanto, aunque se den cualquiera de los casos señalados, lo esencial de una denuncia, por muy banal que pueda parecer su resultado, es dar a conocer el ciclo de violencia que se está dando. Ahí radica su importancia.

La última campaña de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanza un mensaje claro a la sociedad y advierte que “cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja”.
“No es cuestión de solidaridad, no denunciarlo es un delito”, afirman. Y de hecho, así lo dice el artículo 450 del Código Penal de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, castigado con penas de entre seis meses y dos años.

Cristina Almeida, abogada y presidenta del Club de las 25, insiste en que “hace ya décadas que la violencia de género no es un delito a instancias de parte, es decir, el que solo puede perseguirse cuando la víctima denuncia, sino que se investiga de oficio”.

Por ello, la violencia hacia las mujeres se convierte en responsabilidad de todos, pues supone un obstáculo que impide alcanzar la igualdad y el desarrollo de la sociedad, a la par que el respeto a sus derechos humanos.

“Existe obligación legal y moral de denunciar estos delitos, aunque se produzcan en el ámbito de la relación de pareja. Se actúa de oficio porque son delitos públicos, no privados ni semiprivados”, apunta nuevamente Palacios.

A esto se unen los argumentos de Pascual Pastor, afirmando que el problema reside en la base educativa. “Todavía, la pata de la educación no funciona, no está. Hasta que no hagamos realmente un proceso coeducativo desde el principio, no iremos realmente al núcleo del problema, que es la educación de género”.

Además, la coordinadora de AMS asegura que la diferencia de justicia entre hombres y mujeres es también una variable muy importante a tener en cuenta.

Entonces, ¿qué puedo hacer yo si mi vecino es un maltratador?


Si estamos viendo un caso de violencia de género que se está produciendo en ese mismo momento, lo primero que hay que hacer es llamar al 091, que responderá a modo de emergencia.
En casos más “preventivos”, en los que sospechamos que puede darse o se ha dado una situación violenta por parte del agresor, debemos llamar al 016 o 112. Quien le atienda dará parte a la Policía Nacional y se presentará en el domicilio de los malos tratos tan pronto como sea posible.

Una vez interpuesta la denuncia, pueden darse varias situaciones que serán clave para la consecución del caso: que la víctima niegue la existencia de malos tratos pero se observen lesiones patentes o, paralelamente, que lo niegue y además no se observen síntomas de violencia.

En el primero de los casos, la policía actúa. “Lo primero que hace es trasladarla a un centro de salud o un hospital cercano. En ese momento ya hay un parte de lesiones que se suma al informe de atestado que facilita la policía a la autoridad judicial”, explica la inspectora.

El segundo caso es más complicado. No existen pruebas, solo un testimonio, por lo que esta coyuntura se torna más difícil de solucionar. Aún así, es de gran importancia denunciar, el aviso se ha recibido y, lamentablemente, la escena de maltrato suele volver a repetirse, por lo que las autoridades competentes ya conocen las premisas necesarias de actuación en caso de que se dé nuevamente esa situación.

“La llamada o la denuncia son siempre fundamentales, incluso si la mujer no quiere denunciar o declarar”, argumenta Ana Galdeano Santamaría, fiscal decana de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

“Hay que tener en cuenta que pueden existir otras pruebas. En los juicios por violencia de género es muy importante conocer el contexto familiar de la víctima. Por eso, aunque ella no quiera colaborar, las denuncias de su entorno familiar, laboral, sanitario, etc. podrían permitir, al menos, investigar”, insiste.

De hecho, son muchas las situaciones envueltas en la segunda de las opciones. “La mujer en esos casos no decide por sí misma, está cosificada. No es que mienta, es que no sabe cómo salir de la situación en la que se encuentra”.

A pesar de todo eso, “cada vez más son los vecinos los que llaman al 091”, reconoce Palacios. “Las llamadas han aumentado mucho en estos años. Se ha hecho un gran trabajo en materia de concienciación”.

Datos relevantes relativos a la violencia masculina hacia las mujeres

Atendiendo a los datos ofrecidos por la ONU, las cifras reflejan la gravedad de la situación y ponen de manifiesto la necesidad de una actuación preventiva y resolutiva adecuada que termine por erradicarla por completo.



 - Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia sexual o física, principalmente por parte de un compañero sentimental.

- Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.

- Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir los 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.

- En todo el planeta, en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor se correspondía con su compañero sentimental o un miembro de su familia.

- El 71% de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.

- La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

Si a estos datos sumamos los recogidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el número de mujeres asesinadas a causa de violencia machista suma un total de 973 desde el 1 de enero de 2003 hasta septiembre de 2018 en España, de entre las cuales 45 sucedieron este último año.

Y si a estas cifras añadimos también la atención de menores víctimas mortales, se registran 27 asesinatos más, un dato que evidencia el largo camino que queda por recorrer para la eliminación plena de esta situación, siendo obvia la urgente acción social que se precisa.

Más opciones de colaboración
Asociaciones de mujeres:


Además de acudir a las fuerzas de seguridad, existen otras opciones compatibles a la lucha contra la violencia de género.



Una de esas soluciones reside en el papel de las asociaciones de mujeres, que cuentan con cursos, talleres, formación y asistencia psicológica -entre otras actividades preventivas- para abordar el problema desde una perspectiva más profesional y formada.

La Asociación de Mujeres para la Salud es una de ellas. Su función reside en actuar como centro terapéutico, un espacio de salud para las mujeres dispuesto a realizar actividades relacionadas con la sensibilización, divulgación y formación de todo aquello que envuelva la erradicación de este tipo de agresiones.
Con ello, sus objetivos van dirigidos, fundamentalmente, al empoderamiento de las mujeres y el fomento de su autonomía, así como a la salud mental e integral de las mujeres a través de sesiones individuales y de grupo.

Estamos en una sociedad en la que la violencia es estructural, todos estamos implicados en este gravísimo problema de salud pública de violencia contra las mujeres”, asegura su coordinadora, Pilar Pascual.

Por ello, cuentan con un espacio de salud abierto a mujeres víctimas de agresiones machistas. “Nuestra terapia es la psicoterapia feminista, intentamos que sea la mujer la que llame directamente, se informe y sepa exactamente quiénes somos y qué le ofrecemos. A partir de ahí fomentamos el empoderamiento de la mujer, que sepa lo que necesita, lo que quiere, y sea capaz de pedir ella misma la ayuda”, continúa.

En la asociación trabajan también la psicología de género, es decir, todos los malestares o conflictos que puedan tener las mujeres a lo largo de su vida a causa de la educación de género recibida.

La mayoría de las mujeres que acuden a nosotras no saben que están sufriendo violencia por parte de la pareja, porque se trata de un proceso que empieza muy lentamente y que la mujer va naturalizando y normalizando”, explican desde la asociación.

Por ello, es de gran trascendencia atender a todos aquellos rasgos que puedan destapar síntomas de violencia machista, pues muchas veces la propia víctima tarda en reaccionar ante la agresión.

No obstante, Pilar Pascual subraya un aspecto positivo. “Las mujeres cada vez nos estamos metiendo en más espacios de autonomía, nos hemos puesto las gafas moradas y nos damos cuenta de las desigualdades y las vamos enfrentando”.

Además, también afirma que cada vez son más las mujeres jóvenes que acuden en busca de ayuda a estos centros y asociaciones, lo que invita a pensar que somos progresivamente más conscientes y menos tolerantes. No obstante, queda un largo camino por recorrer. Esto es solo el principio.

Junto a esto, Pascual ofrece también una serie de consejos que orienten a tratar con una mujer maltratada que se niegue a denunciar o a pedir ayuda. “Lo que estamos viendo son las secuelas, no a una persona en su sano juicio”.

“Lo más importante es que ella no pierda la confianza con la persona con la que se desahoga, que no se sienta rechazada ni juzgada. Llevarle indirectamente folletos o hablarle de estos centros es buena opción, pero, sobre todo, es necesario que ella piense que la entiendes sin juzgarla”, afirma.

Sin embargo, advierte de que la base del problema se encuentra en la educación de género, orientar sobre este tema desde infantil para evitar una cultura machista, patriarcal y violenta hacia las mujeres.

“Las niñas tenemos que aprender que nos tenemos que proteger de los hombres porque suelen ser ellos los que ejercen violencia hacia nosotras. Esto hace que tengamos miedo al espacio público. Tiene que cambiar”.

Por todo ello, tenemos que implicarnos más socialmente. “La pasividad se produce por miedo a la reacción del agresor. Quitar esos miedos y explicar que no pasa nada es esencial. Puede haber un riesgo, pero como en todo. No podemos quedarnos impasibles ante la violencia”.

Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres:

Esta organización, fundada en 1977 como fruto de la experiencia de mujeres profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, sociólogas y abogadas, entra en contacto con mujeres maltratadas constatando que ésta problemática “tenía grandes dimensiones y unas características de invisibilidad y de tolerancia social que hacían muy difícil su solución”.

Por ello, desde su nacimiento hasta la actualidad, van combatiendo la violencia machista fomentando el apoyo a las víctimas y ofreciendo distintos métodos de colaboración social.

Su Programa Fortaleza, destinado a la erradicación de la violencia de género, ofrece prevención, protección, seguridad, información y valoración en cada caso tanto a las mujeres y menores como a profesionales, familiares, amigos y amigas –a la sociedad en general- mediante un conjunto coordinado de actividades llevadas a cabo por profesionales de distintas materias con experiencia acreditada.

“Nuestro programa responde a un modelo de trabajo y actuación integral que sigue las pautas recomendadas en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijin, 1995, para los programas de prevención e intervención con mujeres maltratadas.

Desarrollado en todo el Estado, su objetivo se focaliza en procurar la información, asesoramiento e intervención necesarios para dotar a las víctimas de conocimientos suficientes que le permitan afrontar la situación, así como la erradicación de conductas impunes y la intervención con mujeres en vulnerabilidad para lograr su empoderamiento y dotarlas de autoestima y de herramientas que les ayuden a superar el proceso de cronificación y maltrato.

“Plantear un modelo igualitario de relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad” es su meta, aseguran desde la organización.

En su programa de atención a la mujer, cuentan con distintos apartados de protección jurídica, acompañamiento psicológico y grupos, atención social, apoyo a menores, orientación socio-laboral y agresiones en espacios de ocio, con motivo de alimentar la inclusión social de las mujeres víctimas y fomentar su empoderamiento.

Además, dirigiéndose desde esta perspectiva hacia la actuación social, cuentan también con programas en los que brindan información sobre cómo derivar a una mujer a la comisión y dónde acudir.

Web de Recursos de Apoyo y Prevención ante Casos de Violencia de Género:

La web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género
permite a la ciudadanía la localización de las distintas opciones de prevención y protección que las administraciones públicas, organizaciones de mujeres, asociaciones específicas y demás entidades sociales ponen a disposición pública mediante consultas sobre mapas activos o según ámbito geográfico y tipo de recurso.

Fuente Y fotos: AmecoPress

MÉXICO: VIH EN MUJERES , LIGADO A DESIGUALDAD Y ACCESO LIMITADO






Las condiciones de desigualdad social y económica de las mujeres en México propicia que sean más vulnerables a contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hasta 2017 se estimaba que 48.6 mil mujeres adultas en el país vivían con esta infección.

Lo anterior de acuerdo con el Centro Nacional para Prevención y Control de VIH y el Sida (Censida) que como cada año presentó el balance de esta epidemia en México a propósito del 1 de diciembre Día Mundial del Sida.

Respecto a la epidemia en mujeres, Censida recordó en su informe que es diferente a los hombres, ya que existen condiciones estructurales de desigualdad social y cultural que propician el riesgo de infección en la población femenina y desde el punto de vista biológico, pues se ha comprobado que en las relaciones heterosexuales la mujeres son entre 2 y 4 veces más vulnerables a contraer la infección por el VIH que el hombre.

Al cierre del año pasado Censida calculó que 230 mil personas vivían con VIH en México, de estas 48.6 mil son mujeres adultas y los estados de Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas cuentan con la mayor incidencia de casos.

Censida también reportó que comenzó a medir el impacto que tienen los apoyos a las mujeres con VIH para que se trasladen y mantengan el tratamiento en los servicios de salud, pues en el análisis de seguimiento del tratamiento antirretroviral (TAR) que realizaron en el periodo 2010-2014, observó que a lo largo del tiempo las mujeres abandonan el tratamiento.

El primer año, 81 por ciento de mujeres lo mantuvo, para el quinto únicamente continuaban 43 por ciento, Censida lo asocia a la falta de empoderamiento, la dependencia económica, las restricciones en la movilidad y responsabilidad como cuidadoras principales de las hijas e hijos.

Las mujeres con VIH que recibieron recursos para el traslado en comparación con aquellas que no lo hicieron, tuvieron una mayor probabilidad de continuar en tratamiento, mientras las que no recibieron el  apoyo redujeron la probabilidad de continuar en tratamiento en 48 por ciento.

VIH Y EMBARAZO

México muestra una tendencia favorable en la baja de casos de transmisión perinatal de VIH. En 2013 se registraron 131 casos, para 2017 se confirmaron 79 lo que representa una disminución de 39.7 por ciento. Es decir, el año pasado hubo 0.04 casos de transmisión vertical por cada mil nacidos vivos.

No obstante la cobertura de pruebas para la detección de VIH en mujeres embarazada se mantiene a la mitad. Censida estimó que en 2017 el sector de salud público realizó 1 millón 163 mil pruebas de VIH de un total de 2.2 millones de mujeres embarazadas en México.

Cabe recordar que la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010  para la prevención y el control de la infección por el VIH establece como obligatorio que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a una prueba de tamizaje para la detección del VIH.

El Día Mundial del Sida fue declarado en 1988 por la Organización Mundial de Salud (OMS) en respuesta a la preocupación que manifestó la Asamblea General de Naciones Unidas respecto al Sida y la Conferencia Mundial de Ministraos de Salud sobre Programas de Prevención del Sida. Hasta 2017 se estima que 36.9 millones de personas viven con VIH.

Fuente: CImac

EL ÚTERO DE LOS HUEVOS DE ORO. UNA DISTOPÍA





¿Qué habría ocurrido si la «gestación subrogada» hubiese surgido de la iniciativa de un grupo de mujeres? ¿Lo pensaste alguna vez?

Imagina un grupo de mujeres dispuestas a alquilar sus úteros y vender a sus criaturas aprovechando ese enorme nicho de mercado que supone la infertilidad en los países desarrollados. Un grupo de mujeres emprendedoras y decididas a hacerse ricas a base de solucionar la papeleta a tanta gente dispuesta a pagar lo que sea por hacer realidad su deseo sin necesidad de meterse en aquellos líos de robo de bebés. Porque, claro está, la codicia por el bebé recién nacido ha existido desde siempre, y desde siempre estuvo en el origen de múltiples abusos y delitos, así que tampoco sería de extrañar que las primeras en percatarse de que ahí había un negociazo fueran las propias mujeres.

¡Menudo filón! –exclamaron frotándose las manos. Y perfilaron enseguida las líneas maestras del negocio. «Hagamos como los países de la OPEP con el petróleo: creemos una organización internacional de mujeres y fijemos la producción, la distribución y el precio de nuestras criaturas. ¡Van a pagar lo que nosotras digamos!»

Pues dicho y hecho, se organizaron.

Como necesitaban que el negocio fuera legal, presentaron propuestas legislativas ante las instituciones democráticas –y no tan democráticas– de sus respectivos países con el fin de regular la compraventa de sus propias criaturas. A medida que lo iban consiguiendo aquí y allá y pusieron en marcha la industria, les iba entrando un chorro de dinero y se colocaron en pocos años a la altura de otras industrias potentísimas, como la armamentística, la farmacéutica y, si me apuran, el narcotráfico. ¡Se estaban haciendo de oro! Y lo que es más, podían comprar voluntades.

En algunos países no fue tan fácil, ya que se dieron de bruces con colectivos abiertamente opuestos a la legalización. Pero estas mujeres emprendedoras y aguerridas –convertidas ya en un lobby económico muy poderoso– supieron simultanear hábilmente la acción política y la propagandística. No ahorraron en medios para untar a las directivas de las principales cadenas de televisión y compraron espacios de máxima audiencia para ir limando las reticencias de esa parte de la sociedad que todavía se dejaba influenciar por principios recalcitrantes, siempre negados al progreso y anclados en un pasado en el que se defendían paparruchas del tipo «derechos humanos» y antiguallas de esas. Y también invirtieron sumas enormes de dinero en propaganda: anuncios en internet, pasquines, carteles, paneles publicitarios…, y cubrieron fachadas enteras de edificios en las calles más transitadas de las grandes ciudades. Eran muy bonitos, los había hasta luminosos y con lemas del tipo «Nosotras parimos, nosotras decidimos vender lo que parimos» o «De mi útero a tu casa sin necesidad de intermediarios».

Colorín, colorado, esta distopía se ha acabado. Todo el mundo sabe que no fue así.

En realidad, si a las mujeres se les hubiera ocurrido la idea de vender a sus criaturas recién nacidas, no recibirían otra cosa que una inmensa y generalizada repulsa social y hasta puede que fueran lapidadas en algunos países, porque, en palabras de Silvia Federici, «la mujer que pide dinero por la reproducción es la más mala, es la sirvienta del demonio».

Este fue desde su inicio un negocio de hombres. De emprendedores, vaya. Ellos sí tuvieron las manos libres para crear un emporio muy lucrativo con la compraventa de bebés recién nacidos. Sólo que…, bueno, necesitaban mujeres que los trajeran al mundo, porque, claro, los hombres no pueden, y como las mujeres desarrollan un natural apego por esas criaturas que crecen en sus vientres, convencieron a quien quisiera oírles que esas mujeres no eran madres, que eran solamente «gestantes» de bebés ajenos. Gestante rasa y punto. ¿Por qué? Porque los compradores ponen dos células, dos, propias o también compradas, y eso ya es suficiente para decir que la mujer que involucra todo su cuerpo y su psique en la gestación durante nueve meses no es la madre. Ah, bueno.

Y así, reducen a la gestante –aun siendo imprescindible– a ser el peón peor pagado de la cadena o incluso le exigen que sea altruista, cosa que cuadra muy bien para hacer propaganda del negocio por diversos motivos: primero, porque la mujer, según los preceptos patriarcales que todo el mundo conoce, debe ser abnegada y entregada (y las madres todavía más); segundo, porque el altruismo de las gestantes viene de perlas para abaratar el producto, cosa que fomenta el consumo; y tercero, porque el dichoso altruismo tranquiliza la conciencia, sobre todo de quien compra un ser humano.

Pero no sólo eso. Diseñaron para las mujeres que decidiesen ser gestantes todo tipo de filtros, exámenes, análisis y evaluaciones que dieran satisfacción a rigurosos criterios impuestos por los compradores. Lo que viene siendo: «las que no cumpláis nuestros criterios o no os adaptéis al precio que queramos pagaros, podéis meteros eso de “mi cuerpo, mi decisión” por donde os quepa». La inmensa mayoría de ellas serán descartadas y sólo una de cada diez será aceptada. A partir de ahí, deberá firmar un contrato renunciando a derechos fundamentales tales como el control sobre su propio cuerpo y la filiación y custodia de las criaturas que traerá al mundo. Nada, bagatelas.

Pero por mucho que esos señores emprendedores nos usurpen los lemas de la lucha por nuestra emancipación y por nuestros derechos y pretendan que nos traguemos que hay montones de mujeres dispuestas a gestar, parir y entregar a sus bebés –no sólo a su hermana o a su mejor amiga, sino a cualquiera que pase por ahí y necesite su «ayuda»–, lo cierto es que la inmensa mayoría de las mujeres que se prestan a ello lo hacen por necesidad económica más o menos declarada, más o menos encubierta, más o menos acuciante, y ninguna de ellas renuncia al pago de dinero en la modalidad comercial ni a las migajas de la compensación por gastos en la modalidad altruista.

Y lo más curioso de todo es que quienes se lucran de esta distopía y quienes mercantilizan nuestra capacidad reproductiva y compran bebés exigen respeto. Un respeto que jamás se nos habría otorgado a las mujeres de haber sido nosotras las que pergeñáramos ese infame negocio y obtuviéramos beneficios millonarios de la venta de nuestras propias criaturas, seres humanos recién nacidos, vulnerables e indefensos.

Fuente: Tribuna Feminita - Por Berta O. García

viernes, 30 de noviembre de 2018

IMPOSIBLE VIOLAR A UNA MUJER TAN VICIOSA

Las sentencias judiciales se analizan por lo que dicen pero también por lo que omiten. Ileana Arduino y Leticia Lorenzo leyeron el fallo del femicidio de Lucía Pérez y explican por qué está más cargado de prejuicios que de fundamentos. Las preguntas enfocadas en la víctima (“autónoma, libre e independiente”, una chica superpoderosa), el uso anticuado de la idea de consentimiento y la ratificación del mito de que el abuso sexual no tiene que ver con personas conocidas. Un análisis a fondo de la sentencia del caso Lucía Pérez.



- La subordinación de la mujer es una cuestión histórica- dijo a los jueces Laurana Malcalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, durante una de las audiencias.



- ¿A qué se refiere con que es histórica? ¿De dónde saca eso? ¿Es una teoría suya? -respondió Pablo Viñas, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mar del Plata.

- Acá hay una defensora que es mujer, una secretaria de juzgado que es mujer. Acá hay mujeres que lograron acceder a lugares de poder. Está usted, que tiene un montón de títulos. Tuvimos una mujer presidente, tenemos una Gobernadora. Esa brecha hoy no existe- agregó Aldo Carnevale, otro de los jueces.

La argumentación del fallo del tribunal que juzgó cómo murió Lucía Pérez se inscribe en una rutina interpretativa, un guión atávico que avala las ficciones más recurrentes del orden jurídico y político en las relaciones sexo–afectivas: los varones proponen, las mujeres disponen dice el refrán.

Un denominador común de estos casos es que parece no ser tan relevante lo que efectivamente hizo la persona acusada (que se supone que es la razón por la que llegamos a juicio: porque alguna persona es acusada de haber hecho algo) y lo relevante pasa a ser lo que hizo o dejó de hacer a lo largo de toda su vida (sexual) la víctima.

En los casos de abuso, el acusador tendrá una doble obligación: probar que una persona lo cometió y probar que tiene una víctima sumisa y adecuada. Porque aunque la ley no exige dar con el piné de una buena víctima, lxs jueces habitualmente sí. Donde aparezca algún atisbo de autonomía, ejercicio de libertad, etc., estamos perdidas. Eso se valorará en sentido de “no se puede pensar que podría forzarse a una persona así a hacer algo que no quisiera”. Si queremos ejemplificar con el caso en concreto basta con ver las preguntas de las que parte el voto inicial para valorar si pudo o no haber consentimiento.


-¿Estaba Lucía en una situación de vulnerabilidad?

-¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que le imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos?

-¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?

-¿Existió una relación de subordinación entre Lucía y Farías que le hicieran mantener relaciones sexuales no consentidas?

-¿Las conductas previas y posteriores de Farías se corresponden a las de una persona cuya intención es abusar sexualmente de una menor y proporcionarle drogas hasta su muerte?

 Recién en las últimas dos preguntas se refiere a uno de los acusados (el otro ya desapareció del mapa) y obviamente lo que se dice de él se interpreta desde lo que ya se valoró sobre ella. Vemos un esquema de análisis puntilloso sobre la vida de ella, respecto del que es increíble tener que seguir argumentando que es inválido y  carente de razonabilidad por prejuiciado. Y luego la contracara: la ponderación de que él haya comprado facturas y una chocolatada como un indicio que corrobora que no responde a lo que habitualmente se presenta en un abusador. También ahí se sella el esquema prejuicioso de análisis y fundamentación.


Es evidente que esa concepción del perpetrador del abuso, que ni siquiera define pero deja entrever cuando apunta que no se corresponde con lo “habitual”, también es estereotipada, indisimulablemente lombrosiana. En una lectura de buena fe, que se haga cargo de todo el sesgo sexista que exuda ese voto, esa ponderación que estipula un “tipo” de abusador es en sí misma descalificable por las mismas razones.


Es un estereotipo consistente con el mito extendido de que el abuso sexual no tiene nada que ver con las personas cercanas entre sí, que es un asunto de sátiros agazapados en el callejón de la vuelta, entre desconocidos. La experiencia, la investigación y la teoría con perspectiva desterraron hace rato el mito del sujeto protagónico de la experiencia de la violación, invitando a comprender que la confianza previa, sobre todo cuando no todes les involucrades son adultes, es condición de posibilidad de los abusos y no garantía infalible de exclusión.

Es bastante evidente que la estructura de la decisión no es neutral. El pretendido uso “objetivo” y/o “técnico” de la dogmática, oculta concepciones que de todas maneras saltan a la vista.


La sentencia comienza con una estructura de preguntas centradas en la conducta de la víctima y se la construye “autónoma, libre e independiente”: una chica superpoderosa.  ¿Y el acusado? se lo construye con apoyo especular en la autonomía que le adjudican a ella por su vida privada, como prescindente en el juzgamiento ni más ni menos que de hechos que se le imputaban a él, como un pasivo proponente que gozó de un consentimiento gestado por ella durante toda su vida, porque en lo referente a ese día, no abundan pruebas para afirmar que lo hubo como categóricamente se afirma al decir no pudo no haber consentido.

En el campo del derecho ocurre algo similar a lo que ocurre en la política: eso es feminismo, no es análisis jurídico; eso es opinión, no es teoría; eso es pura emocionalidad, esto es conocimiento racional. 

Desbaratada esa operación disfrazada de argumento, a menos que alguien insista en que en pleno siglo XXI vale la pena insistir con la argamasa argumental que se construyó al  calor de considerar los delitos sexuales como delitos contra la honestidad y no contra la libertad de las personas, no queda más que aceptar que en el mejor de los casos esa intencional indiferencia tiene implicancias jurídicas específicas.   

 Estamos ante la reivindicación de prejuicios, una forma de intervención  excluyente en un contexto donde el reconocimiento de las identidades de género no se limita a respetar documentalmente y en el trato el género de las personas. También implica considerar en toda circunstancia y tiempo, procesos penales incluidos, que una mirada que prescinde de esa diversidad contrariamente a lo ancestralmente aprehendido, no es neutra: es parcial y es machista. 

En definitiva, si la escena judicial es la de la contienda, si el objetivo de un juicio es comprender, quién, cómo cuándo, dónde y porqué, pero se renuncia a otras formas de conocimiento, se reivindica como perspectiva epistemológica privilegiada, para usar de ejemplo el fallo reciente, la de varones husmeando y haciendo suposiciones sobre las conversaciones privadas de una joven de 16 años que, como murió, no las puede contradecir. El sexismo es una decisión institucional.

En ese punto, no deberían pasar tan cómodamente como argumentos “opinables”, cuestiones “culturales”: porque en el mismo dispositivo jurídico que dicen honrar, existen obligaciones específicas que esa sentencia, así fundamentada, omite escandalosamente.

 No es que somos “quisquillosas” o “susceptibles” con las palabras. Sencillamente es que están violando la ley y las convenciones internacionales de derechos humanos que establecen especiales garantías en razón de género, enjuiciar a las víctimas bajo la excusa de reivindicarlas insumisas y convalidando con su historia sexual un hecho posterior, es uno de los prejuicios más habituales, tanto así que en los lugares donde se custodia no introducir información de mala calidad para decidir, esta prohibido usar ese tipo de argumentos parra discutir consentimiento sexual.  No porque sea un privilegio, sino porque esos mismos instrumentos parten de reconocer la experiencia de la subordinación sexista entre otras.

Se trata de discutir en cada caso concreto cómo funcionan las opresiones. Lo que ocurre es que cuando se pretende que se lo hace, se renuncia a herramientas teóricas y conceptuales que harían de la perspectiva una revolución y no una cita elegante y vacía en los textos.  
¿O alguien puede afirmar que reivindicar a Lucía como un sujeto consintiente encuentra sustento racional en el hecho que se invoquen sus conversaciones privadas, que databan de seis meses antes a que el hecho ocurriera?. Curiosa aseveración del consentimiento, bien distinto a decir que no se puede probar que no lo hubo. Irrefutable por cierto, porque además de referirse a circunstancias que debieron ser ajenas al juicio público, la víctima está muerta. Luego el reduccionismo de limitar vulnerabilidad de una adolescente frente a dos adultos, indicando que materialmente no estaba en problemas porque no vivía en situación de calle, es cuanto menos, una visión un poco estrecha de lo que vulnerabilidad en las subjetividades adolescentes puede ser.  

Ese es el debate que creemos hay que dar en el campo jurídico. La exigencia de juzgar perspectiva de género no es obstinación por la condena a toda costa, es compromiso con decisiones justas. No es un debate de las feministas: es un cuestión crucial para el derecho, así sea normas, discursos, doctrina o jurisprudencia. Para que la intervención del poder judicial provea algún sentido, en lugar de provocar estallidos porque se dicen cosas que ya no son homogéneamente audibles para unas sociedades en un momento determinado. 

La línea argumental que propone no ponernos susceptibles con el fallo y asumir que las opiniones sobre la vida de Lucía la muestran como libre y determinada, con la piba ya cadáver, para ser explícitas, nos resultan incomprensibles. Ser reconocida como libre en una sentencia penal no honra mucho la lucha feminista y, la verdad, no se trata de opinar “bien” o “mal” de la vida sexual de la víctima, sino de no opinar, así de sencillo (tan sencillo que la misma sentencia se lo recuerda a la acusación al recordarle que el historial web de uno de los acusados “debe quedar comprendido en el principio de reserva del Art. 19 de nuestra Carta Magna,  ya que se tratan de situaciones de carácter íntimo que no constituyen prueba de cargo y que deben quedar exenta de la autoridad Judicial”). El juicio es sobre lo que pasó un día, y lo que hicieron o no otros, no sobre todo el año 2016. Para meterse en su vida el contexto lleva hasta el mes de abril y para valorar los hechos no pasa de la mañana en que el acusado compró chocolatada. Todos problemas que ese fallo tiene por haberse metido donde no debía.

No podemos pasar por alto la barbaridad que significa dar vuelta la vida de alguien para asumirla consintiendo un hecho, valiéndose de sus consentimientos pasados. En este punto el argumento es no tan veladamente violento: ofrece una lectura de la libertad sexual para excluir la responsabilidad del otro. Subliminalmente nos dividen en honestas o deshonestas; por más que ahora nos llamen “determinadas”.

Es una ostentación de ignorancia limitar el juicio sobre el consentimiento a las categorizaciones que ya las revisiones teóricas de la ciencia política han puesto en discusión largamente, por lo menos desde “El contrato sexual” de Pateman en adelante. Y quien quiera sugerir que la lectura no es pertinente, ignora que el discurso jurídico en su conjunto está asentado en las ficciones de libertad y responsabilidad que se nos adjudican como atributos universales en los relatos de la teoría política.

Solo el derecho puede inventarse una noción propia de consentimiento que, además, en lo medular, fue traficada de la escena del contrato matrimonial o el derecho privado, a la compleja trama de las vinculaciones sexualizadas. La reivindicación de un concepto “jurídico” de consentimiento es la opción preferente por la naturalización, deshistorización e invisibilización de las dimensiones socioculturales en juego, para decirlo con Yoliliztli Pérez Hernández en su didáctico texto sobre la necesidad de considerar el género, también cuando hablamos de consentimiento. Y da en el clavo: “No se trata solamente de consentir o no, sino fundamentalmente de la posibilidad de hacerlo (…) La pretensión jurídica formal y universal del derecho a la libertad sexual choca con las estructuras de género”.

El segundo eje argumental de peso es que la investigación fue un mamarracho, como cientos de investigaciones de las que se juzgan a diario, machacando una y otra vez sobre la sobreimpresión de horrores que significa haber dicho prematuramente que Lucía había sido empalada, su cuerpo lavado y demás elucubraciones. Una barbaridad con todos los involucrados. Pero esa grosería o exageración tiene resortes para ser resueltos, y es un deber del control de los jueces sobre las investigaciones comprometerse con que el control de calidad sea oportuno. Nadie va a dar explicaciones respecto de por qué dos años después, en el juicio oral, todo se limite a apuntarle a la fiscal, sobre quien debieron funcionar muchos otros mecanismos institucionales. Y antes.


Existe una etapa preliminar en los procesos judiciales en la que los jueces DECIDEN si un caso pasa a juicio, CÓMO pasa a juicio y CON QUÉ PRUEBA pasa a juicio. Si era tan evidente que esto era un mamarracho, la responsabilidad de los jueces era frenarlo. Si era tan evidente que los peritos eran impresentables, la obligación de los jueces era no admitirlos. Lo mismo ocurre con las conversaciones de Lucía privadas no referidas al hecho y referidas a su vida sexual pasada.

Si los jueces hubieran controlado con eficacia y perspectiva de género no podrían haber admitido esa información que no está sujeta al juego de la litigación y al espadeo de versiones, sino alcanzada por las prohibiciones de decidir con estereotipos que figuran en CEDAW y en las observaciones Generales del Comité Onu que interpreta esa convención. También en las leyes de violencias contra las mujeres y en todos los instrumentos de derechos humanos que exigen que todos los poderes del Estado tienen obligación de no sucumbir ante sesgos de raza, nacionalidad, género, edad, entre otros .

Aquí, sin embargo, no tuvieron empacho en hacer preguntas cuestionadoras a quien fue a declarar como testigo experta por la querella acerca de lo que la violencia de género es, pero dejaron pasar sin tensiones una cantidad de información inadmisible que contaminó de prejuicios la decisión.

Aún situándonos en el escenario de que todo haya sido un mamarracho, que la investigación haya sido horrible y no haya existido una sola prueba en contra de los acusados, han sido jueces quienes admitieron que llegara un caso así a un momento tan sensible como es un juicio. Y aparece al menos un poco sobreactuada la posición que asumen, de tarea titánica y heroica de decir “la” verdad, apoyándose en responsabilizar a la víctima y a la fiscal. Para olvidarse en la sentencia de un aspecto central: que están decidiendo para quienes están vivos y son parte en el conflicto. Los imputados, claro está, pero también la familia de la víctima.

Las formas importan. Un juicio no es una obligación de resultado: puede terminar con una absolución o puede terminar con una condena. Es difícil pero es así, lo justo o no justo se limita al camino recorrido, al proceso, a las oportunidades de ofrecer argumentos, a la calidad de la información que se produce y se deja entrar.

Es probable, incluso, que en algunos casos la solución no sea materialmente justa, porque la prueba se pierde, los acusados mueren o pierden la razón o no se logra convencer a quienes damos el poder de decidir. Alguien siempre va a vivir como total o parcialmente injusto el resultado de procesos que existen porque hay versiones en contradicción.

Pero cuando la decisión se salda centralmente a fuerza de prejuicios, cuando los jueces se atajan con expresiones del tipo “sin ánimo de juzgar la vida privada de la víctima” para acto seguido afirmar que le gustaba coger -si, además la sentencia confunde sencillez con vulgaridad- con personas de 26, 27, 28 y hasta 30 años, y por lo tanto dar por sentado que consintió una relación con una persona de 23 años (la versión sexista de la máxima “quien puede lo más, puede lo menos”), hacen a la decisión en sí misma violenta; se deja de hablar de los hechos para hablar de la víctima.  

Una sentencia de jueces técnicos basada en prejuicios, sea de condena o absolución, es arbitraria. Una exigencia elemental para la justicia en manos de jueces abogados es que deben dar razones legítimas y los prejuicios sexistas no lo son. Nos hablan de la opinión de los jueces sobre Lucía, pero no del hecho.

No reivindicaríamos inventar responsabilidades, pero lo cierto es que los fundamentos dados no avalan nada en ese sentido, ni se puede defender esa sentencia por los errores de otros o por lo que se sabe pero “no se dijo bien”. El problema aquí son las cosas dichas ante todo, que hablan centralmente de otra cosa, construyen libertades arbitrariamente para decidir arbitrariamente. Hagan la prueba: tachen los renglones dedicados a hablar de Lucía, los adjetivos sobre los fiscales – que no resuelven las obvias carencias de control que hubo durante todo el caso-  y vean cuánto queda de fundamento.

Las decisiones en algunos casos que involucran distintos niveles de violencia sexual y/o basada en el género de las personas, provocan estupor y tensión.  Según el tiempo social en que son dichas, como ahora y aquí en Argentina, pero hace meses en España con el juicio de “la manada” o recientemente en Irlanda donde se utilizó una bombacha como prueba de que el consentimiento había sido dado, desconciertan. Sentencias que se reciben como sopapos ante el nivel de reflexividad, revisión e incesante discusión respecto de las asimetrías de género y las violencias que la expresan.  

En otros momentos, o ahora mismo para otros casos, pasan completamente desapercibidas. Ya sea porque se transitan momentos en que las violencias sexistas de cada día están naturalizadas y no se está debatiendo el orden de género como en estos tiempos.

O, quizás de manera más dolorosamente frecuente, aún en plena efervescencia feminista hay víctimas que no encuentran ecos ni sus causas se vuelven amplificadores sociales que les provean atención sensible. Sobre esto último, siempre es bueno retomar la pregunta butleriana acerca de cómo se constituye la diferencia entre las vidas que importan y las que no, en el sentido de cuáles generan indignación, nos movilizan y se subliman en articulaciones colectivas y cuáles se pierden en la marea de violencias sin registro alguno.

En todo caso, no deja de ser un signo de la densidad vital de la movilización colectiva que una decisión judicial, que se supone cataliza y devuelve “decididos” los conflictos que atraviesan una comunidad, genere movilización, debate y (ojalá!) desate luchas.

Al fin y la cabo, las sentencias son actos de enorme poder, sustraídas de la mirada social, resguardadas bajo las llaves del oscurantismo gramático y el esquive de los conflictos reducidos a “causas”. Cuando son externamente interpeladas, suelen repeler las preguntas y las impugnaciones a fuerza de superioridad moral de (algunos) saberes jurídicos y el desprecio cuando no la indiferencia ignorante de otros a los que ni siquiera reconocen como tales, básicamente porque nos los conocen.   

Les invitamos a que detengan ahora la lectura de este texto y se den una vuelta por las curriculas de las facultades de derecho, la organización de los tribunales, los tratados de derecho penal, los debates de los congresos donde se discuten cosas importantes, los modos en que se usa el genérico masculino en las resoluciones judiciales. Van a ver qué lugar ocupan los saberes feministas, las formaciones en género.  

Por fuera de algunos corralitos con forma de áreas específicas que nos lleva años defender, de las materias especiales, de la “buena onda” de algunos cool hunter del debate que meten un poquito de género o hablan de “gafas violetas” como si en lugar de cuestiones de poderes solo fuera un detalle de la luz con la que miramos, está la nada. Estructuralmente no saben nada, ignoran. Si a eso le sumamos desinterés, las cosas empiezan a transitar por el lado de las complicidades.

De hecho los debates informales que han surgido sobre esa sentencia, están atravesados por un notable cisma conceptual que impide escucha. Claro que muches de les que criticamos ese fallo no ignoramos las operaciones ideológicas del discurso jurídico en el que está apoyado. Es precisamente porque reconocemos ese horror argumentativo que reaccionamos.

En cambio, quienes lo defienden ignoran bastante la historia de debates que el feminismo viene planteando en relación con categorías tales como la violencia, la sexualidad, el consentimiento, junto con los estragos que produce ignorar las asimetrías de género cuando los análisis reducen todo a la lógica del contrato en abstracto, ahistórico y patriarcado al margen.

No hablamos aquí de un debate novedoso, del último momento del cual las editoriales jurídicas o las casas de estudio no han podido aún hacer un up date a la altura del vértigo del debate. Solo por considerar las versiones más liberales por cuyas aguas navegan los juristas locales en otros asuntos, es importante destacar que al menos desde la década del ‘70 -segunda ola feminista mediante- la conciencia respecto de las violencias en aquel momento giraba bastante en torno a la cuestión de cómo los sistemas de justicia penal procesaban el abuso sexual.

De 1981 es el Manifiesto contra la Violación de Catharine MacKinnon, más aquí en el tiempo asesora del órgano persecutor de la Corte Penal Internacional para temas de género. Ese manifiesto fue pronunciado en un campus universitario -Stanford-  tras las habituales violaciones que los pueblan desde que existen. Ya por entonces planteaba cuestiones obvias aunque no saldadas. Como suelen ser indiferentes con estos debates, ignoran que llevan casi medio siglo y así resulta fácil, desde la ignorancia, acusar impaciencia en los demás.  Si bucearan en las arenas del feminismo lesbiano y afro encontrarían reflexiones muchos más profundas al respecto.

Y no es cierto que la cerrazón del discurso jurídico sea absoluta. Sólo que, como los errores de gobierno de derecha que “espontáneamente” siempre perjudican a los sectores populares, esas filtraciones son precisamente para contener los avances que conseguimos frente a las violencias sexuales.

Es así que el sello suele mantenerse firme y a distancia de las interpelaciones teóricas feministas cuando se trata de comprender más cabalmente la victimización en razón de género, repelidas bajo subestimaciones tales como colocarnos a todas el mote de “punitivistas”, mientras otras lecturas son convalidadas sin que nadie se sienta ultrajado en sus dominios técnicos.

Así ocurre por ejemplo, cuando esa sacralidad del saber jurídico es suspendida y jueces, fiscales y defensores echan mano de informes como los del Síndrome de Alienación Parental, que no existe científicamente pero aún circula en auxilio de varones denunciados por abuso sexual infantil por innumerables despachos judiciales. ¿Será que hay perspectivas y perspectivas? O que mamarrachos como el SAP se ensamblan perfectamente con los estereotipos de la madre mala, la loca vengativa, la especuladora mentirosa, mientras que la interpelación feminista al modo macho de pensar el consentimiento pone en crisis los estereotipos sexistas que el sistema de justicia ha ayudado a perpetuar?
La decisión, la práctica o la maña de ignorar un campo enorme de saberes que permitiría generar mejores conectores entre los sistemas de justicia y las realidades sobre las que deben decidir es dañina cuando es ejercida por les jueces.

Por más engolado que sea el esquive permanente a considerar siquiera alguna de las objeciones que la teoría feminista viene haciendo en el campo jurídico judicial, ese ninguneo judicial se lee socialmente y, por fortuna, produce reacciones. Es que, como canta Susy Shock con Sudor Marika, “ya no nos fumamos más tu violencia interpretativa”.



Fuente: Anfibia - Fotos: Gentileza Diario La Capital de Mar del Plata
*El título replica el título de uno de los capítulos de “Teoría King Kong”, de Virginie Despentes.