miércoles, 17 de octubre de 2018

LA VIOLENCIA DE GÉNERO SERÁ UNA ESPECIALIDAD EN EL ÁMBITO JURÍDICO

Título original: la violencia de género será una especialidad jurídica como la penal o la de menores.

ESPAÑA.
Los jueces tendrán una formación multidisciplinar sobre la materia y tendrán que aprobar un examen específico

   
   El Congreso quiere que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional.

   Así se ha plasmado en el informe de la ponencia de la Cámara Baja, aprobado el pasado miércoles, en la que se ha negociado el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir las medidas pactadas en el Congreso en materia de violencia de género.

   Este documento, , recoge la necesidad de una mejor formación de los jueces en materia de principio de no discriminación y, para ello, se introducen "pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer", análogas a otras especialidades ya presentes en el ámbito judicial y con un contenido que deberá decidir el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Según el texto aprobado, en la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas.

   LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES

   Además, se especifica que todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la carreras judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

   "El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos de acuerdo con el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer, incluyendo la normativa europea, y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres suscritos por España", especifica la norma.

   Del mismo modo, recoge que para el ascenso por escalafón será necesario que los profesionales hayan prestado tres años de servicios efectivos como jueces. Sin embargo, para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización "bastará con dos años de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situación administrativa del candidato".

   El documento también recoge que se podrán presentar a las pruebas selectivas o de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social, civil y penal y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer, los miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado y, como forma de acceso a la carrera judicial, los de la carrera fiscal. En ambos casos, será necesario haber prestado al menos dos años de servicios efectivos en sus respectivas carreras.

   EVALUACIÓN DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA MACHISTA

   Otra de las novedades que presenta esta reforma es que el Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provinientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos.

   Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados. Esta información se incorporará a la Memoria Anual del CGPJ, tal y como se reclamaba en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

   Además, se exige que el Poder Judicial impulse, junto con el Ministerio y las comunidades autónomas, la creación de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso. "Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual", se apunta.

   Este texto deberá pasar por la Comisión de Justicia en las próximas semanas, en donde deberá obtener el apoyo de la mayoría de los grupos y, después, volver a ser aprobado en el Pleno del Congreso, antes de pasar al Senado.

Fuente: Europapress.

PORTUGAL: SENTENCIAS IMPREGNADAS DE MACHISMO

Título original: Violencia sexual en Portugal: la " seducción mutua" como atenuante en la mayoría de las penas, suspendidas
  • Portugal vive una nueva ola de movilizaciones feministas por la suspensión de la pena de prisión a dos hombres que violaron a una mujer que estaba inconsciente, afirmando que había "una atmósfera de seducción mutua".

  • El año pasado, grupos feministas también salieron a la calle por una sentencia que, citando la Biblia, consideró el adulterio como un atenuante.


  • Según datos del Ministerio de Justicia de Portugal, solo el 37% de los condenados por diferentes crímenes sexuales acaba en prisión, ya que en el 58% de los casos se suspende la condena.



"La culpa de los acusados se sitúa en el medio, al final de una noche con mucho alcohol y en una atmósfera de seducción mutua". Es uno de los argumentos utilizados por los jueces de un tribunal de Oporto, Portugal, para suspender la pena de cárcel de cuatro años y medio a un camarero y a un portero de discoteca que violaron a una chica de 26 años que estaba inconsciente en el baño, según recogen los mismos jueces en los hechos probados.

Los acusados, "comprobando la incapacidad de la víctima de controlar su voluntad y su estado de inconsciencia", decidieron "mantener relaciones sexuales de cópula vaginal completa tras desnudarla de cintura para abajo", recoge la sentencia, firmada en junio y hecha pública a finales de septiembre. Un caso que suena tristemente familiar en España tanto por los hechos como por los argumentos utilizados en la sentencia y por las reacciones del Gobierno y de colectivos feministas.


"En Portugal, los tribunales son espacios de humillación y de agresión a las mujeres"







 cuenta a eldiario.es Adriana Lopera, del grupo feminista A Coletiva. "La democracia parece haberse quedado a las puertas de los tribunales, que siguen siendo machistas, ignorando los inmensos avances del final de la dictadura y todos los logros feministas de las últimas décadas".

La suspensión de esta pena es un caso más de un problema generalizado: según los últimos datos publicados por el Ministerio de Justicia portugués –correspondientes a 2016– solo el 37% de los condenados por diferentes crímenes sexuales acaba en prisión, ya que en el 58% de los casos se suspende la condena. En el caso específico del delito de violación, cuatro de cada diez condenados ven suspendidas sus penas de cárcel.

"La sociedad y la realidad de la vida es más compleja y no me gusta hablar de una forma homogénea sobre los tribunales o la justicia", afirmó a eldiario.es la secretaria de Estado lusa de Ciudadanía e Igualdad, Rosa Monteiro, en el marco de la celebración de una  conferencia por el empoderamiento de la mujer organizada por Unión por el Mediterráneo. "Creo que hay diversidad en las sentencias y no todos los jueces y sentencias son tan problemáticos y llamativos como estos", añadió.

Sin embargo, Lopera afirma que se trata de un problema sistémico y no de casos "problemáticos" determinados. "Esta nueva sentencia sobre el caso de violación de una mujer en Gaia es consecuencia de la forma que tienen los tribunales de ver a las mujeres, donde los comportamientos de los agresores son disculpados. Lo que esta sentencia ha probado es que este problema no es puntual, es estructural", asegura.

La activista recuerda que hace un año las mujeres volvieron a salir a la calle por otra  sentencia que, mencionando la Biblia, consideraba el adulterio como atenuante en la agresión machista de un hombre a su pareja. "El adulterio de la mujer es un gravísimo atentado al honor y la dignidad del hombre", afirman los jueces en el fallo. "En la Biblia podemos leer que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte. El adulterio de la mujer es una conducta que la sociedad siempre ha condenado (son las mujeres honestas las primeras en estigmatizar a las adúlteras), por eso se ve con cierta comprensión la violencia ejercida por el hombre vejado, traicionado y humillado".

Las denuncias por violación aumentaron el año pasado un 21,3%, pasando de 335 en 2016 a 408 en 2017, una tendencia que contrasta con el descenso generalizado del resto de delitos violentos. "Teniendo en cuenta el historial de los tribunales, las denunciantes son verdaderas heroínas, porque haciendo lo que se debe hacer, lo que sigue es un calvario: su testimonio es desacreditado, sus comportamientos, forma de vestir, los locales que frecuentan...



Todo se utiliza para transferir a ellas la responsabilidad de la violencia que sufrieron"



denuncia Lopera. "Estas sentencias funcionan como una invitación a la violación", añade.

"Los jueces necesitan una perspectiva de género y eso se reconoce", afirma Monteiro, que también admite la necesidad de hacer una revisión de la ley vigente. Monteiro asegura que más de 300 jueces han recibido formación en 2018 en materia de violencia machista.

Lopera afirma que el cambio de legislación es necesario, pero no suficiente. "Si no existiera una cultura machista en los tribunales, las leyes que tenemos podrían aplicarse sin sesgos machistas, pero ante lo que hemos asistido, concluimos que hay que cambiar la ley", asegura. "Sin embargo, el cambio de la ley no nos garantiza que terminen las formas machistas de fundamentar en los tribunales. Creemos que es el machismo de los jueces, y no la ley y el marco penal, el que hace que haya pocas prisiones efectivas", aclara.

Un mes después de la violación en cuestión se produjo presuntamente en el mismo bar otra grave agresión sexual a una joven de 18 años, según descubrió la policía judicial mediante escuchas a los acusados de la primera violación. El informe policial destaca las similitudes en ambos casos: las dos mujeres bebieron chupitos, no recordaban bien lo sucedido y ambas fueron contactadas por personas ligadas al bar en lo que los investigadores interpretan como una estrategia de poner a prueba la memoria de las presuntas víctimas, admitiendo que podrían haber sido drogadas.

Desde que se hizo pública la sentencia del primer caso, las portuguesas han tomado las calles en varias ocasiones bajo el lema "contra la justicia machista". Y prometen más. "No daremos tregua. Sabemos que el acceso a la justicia es desigual, que nos penaliza y humilla por ser mujeres y por eso no nos callaremos", sentencia.

Necesitamos un mejor periodismo contra la violencia machista.

Fuente:El diario. es 

jueves, 11 de octubre de 2018

ABUSOS EN CENTRO CATÓLICOS EN ESCOCIA

Título original: Un informe documenta abusos a menores en centro católicos de Escocia durante más de 60 años 

Las agresiones y castigos físicos con correas de perro y crucifijos se infligieron a los menores internados en dos hogares infantiles católicos, ya clausurados

Getty

El grado de sadismo relatado en el informe preliminar de Lady Anne Smith, magistrada del Tribunal Supremo de Escocia, sobre las prácticas de dos instituciones católicas, ya clausuradas, para niños durante décadas resulta estremecedor. Se describen abusos físicos y sexuales por parte de sacerdotes y religiosas, que incluían palizas con crucifijos o el uso de correas para perros.

El informe es parte de una investigación más amplia emprendida por el Gobierno escocés —Investigación sobre el Abuso Infantil en Escocia—. Su misión es determinar “la extensión y la naturaleza de los abusos infantiles en los centros para menores de Escocia durante el periodo a que alcance la memoria de las personas que están aún vivas y hasta el 17 de diciembre de 2014, para crear un archivo público nacional sobre el abuso infantil durante este tiempo”.

Los hechos relatados hacen referencia a dos instituciones concretas, ambas pertenecientes a la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: el Orfanato de Smyllum Park, en la localidad de Lanark, y el Hogar Infantil Bellevue, cerca de Glasgow.

En un comunicado remitido por correo electrónico, las Hijas de la Caridad describen las conclusiones preliminares de la investigación como “acontecimientos y prácticas que chocan frontalmente con los valores fundamentales que sustentan nuestra vida y nuestra misión. Ofrecemos sinceramente y de todo corazón nuestras disculpas a todos los que hayan sufrido abusos bajo nuestros cuidados”.

El informe describe como se “abusó emocionalmente de los niños de diferentes modos. Fueron frecuentemente humillados, controlados, insultados. Se les hacía sentir inútiles, se les denigraba y se les sometía a castigos totalmente injustificados”. El abuso emocional se veía exacerbado por la falta de apoyo familiar: los hermanos eran separados rutinariamente, a los niños se les decía que su familia ya no existía y se desalentaban las visitas de allegados (algunos familiares fueron echados del recinto), relata el documento.

Además de las agresiones físicas, “se abusó sexualmente de menores en Smyllum y en San Vicente de Paúl, en la localidad de Newcastle, un hogar regentado por la Orden en nombre de la Diócesis de Hexham. Los niños sufrieron abusos de sacerdotes, seminaristas, monjas, empleados y hasta voluntarios. Incluso surgieron comportamientos sexuales problemáticos por parte de otros niños”.

Investigación del Abuso Infantil en Escocia se puso en marcha hace tres años y examina casos y acusaciones que afectan a casi noventa instituciones, la mayoría de ellas pertenecientes a la Iglesia Católica.

“Para muchos de los niños que estaban en estos centros, los hogares eran lugares de miedo, control coercitivo, amenazas, disciplina excesiva y abuso emocional, físico y sexual, donde no encontraron amor, compasión, dignidad ni consuelo”, señala la magistrada Smith. Para los menores las palizas se convirtieron en un aspecto normal de su vida cotidiana.

Bellevue fue cerrado en 1961. Smyllum Park se mantuvo abierto hasta 1981. Hace dos meses, la policía arrestó y acusó a once mujeres y a un hombre, todos ellos presuntamente implicados en el abuso de menores en Smyllum.

ALIMENTADOS A LA FUERZA

 La humillación y malos tratos a los menores acogidos en Smyllum se extendía a lo largo del día y cubría todas las actividades del centro. La comida no era una excepción. El plato más habitual eran las gachas de avena, detestadas en el recuerdo de muchos testigos, que las recuerdan “grumosas e insípidas". Las monjas y los empleados del centro forzaban a los niños a tragarlas violentamente, y “seguían haciéndolo incluso cuando el menor lo estaba vomitando”, relata el informe. “Si no te comías las gachas, venían a por ti, por detrás, y te agarraban del pelo o de la barbilla”, relata una de las víctimas bajo el nombre de Fergie. “Te metían la comida a la fuerza en la boca. Apretabas los dientes , pero aun así nos tapaban la nariz para obligarnos a abrirla”. Y si todo eso no bastaba, los menores acababan recibiendo la correspondiente paliza. Por eso, cuenta la autora del documento , muchos de ellos aprendieron a esconder la comida en macetas, en sus bolsillos o en sus mangas. “Todo esto ocurrió, y fue un claro abuso físico y, en algún sentido, emocional”, concluye Lady Anne Smith.

Fuente: El País.es - Por Rafa de Miguel.

EL AJUSTE AFECTA MÁS A LAS MUJERES

Título original: Está probado que el ajuste afecta más a las mujeres 


La experta advierte que las campañas conservadoras contra la educación sexual tienen impacto negativo sobre las niñas, y subraya la importancia de la inversión pública entre 2000 y 2015 para acortar brechas de género.

Entrevista a la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho.

Imagen: Guadalupe Lombardo

La campaña que llevan adelante sectores conservadores contra la educación sexual “tiene el peor impacto que uno puede imaginar” sobre las niñas, advirtió la directora regional de ONU Mujeres, la brasileña Luiza Carvalho, en diálogo con PáginaI12. Y defendió que “la escuela universal y laica pueda enseñar esos contenidos”, porque de lo contrario “aumenta la tasa de fecundación a edades más tempranas”. Carvalho estuvo en Buenos Aires, donde se abrió una oficina nacional de ONU Mujeres, la agencia de Naciones Unidas dirigida al desarrollo y empoderamiento de la población femenina. En una entrevista con este diario, advirtió que las políticas de ajuste económico afectan con más fuerza a las mujeres. “Eso está probado”, subrayó. Además, destacó que el período de “la mayor inversión pública de toda la historia de América latina” transcurrió entre los años 2000 y 2015. “Estamos en un techo que tenemos que tratar de preservar. Porque todavía no logramos varios avances que quisiéramos”, dijo. Precisó que “las transferencias de ingresos, las pensiones no contributivas y el salario mínimo con mejor poder adquisitivo en los últimos 15 años favorecieron mucho la inserción de las mujeres en la economía”. En una entrevista con este diario, también se refirió al debate del aborto en Argentina, al problema de los femicidios en la región, y a la necesidad de visibilizar y combatir la violencia machista en la política.

Carvalho está a cargo de la oficina regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe desde 2014. Antes estuvo en Filipinas, como coordinadora del sistema humanitario ante el tifón Haiyan, el más destructivo a nivel mundial, que provocó más de 6 mil muertes y afectó a más de 14 millones de personas. También trabajó en Costa Rica, Venezuela, y Brasil, su país natal.

–¿Cuál es el objetivo de ONU Mujeres? 

Ningún país logró todavía llegar a la igualdad de género. Hasta Islandia, que es el país con los mejores indicadores hoy por hoy, todavía muestra algunas brechas. En nuestra región, vemos que mi país es uno de los campeones en feminicidios: mueren 4000 mujeres por año como consecuencia de la violencia machista. Han disminuido los feminicidios entre las mujeres blancas, y aumentado entre mujeres negras. Hoy hay una interseccionalidad muy fuerte entre raza y género. En Brasil, la mitad de las mujeres son afrodescendientes, estamos hablando de 50 millones de mujeres. En general, tenemos el triángulo norte con los índices más altos del mundo. Y también las cifras son muy altas en Argentina. Eso para hablar de un momento de violencia extrema. Hablamos también de violencia política: en México, donde hay paridad, varias concejalas y alcaldesas, de un estado específico, presentaron su renuncia de un momento a otro, lo que llamó la atención del tribunal electoral. Cuando el tribunal averiguó, descubrió que era por los acuerdos previos en los partidos, para que los suplentes hombres asumieran los cargos. Esa es una violencia política clara. Desde esos aspectos nuevos de violencia hasta la superposición de varios tipos de violencia. Esto es lo que enmarca la misión de ONU Mujeres. Pero también sabemos que conectado con esto tenemos el empoderamiento económico. Tenemos que promover el empoderamiento económico porque conocemos muy bien que no se puede salir de un ambiente violento sin tener recursos y oportunidades económicas.

Carvalho fue docente en la Universidad Estatal del Norte Fluminense y en la Universidad de Brasilia. Es licenciada en Administración Políticas Públicas para la generación de empleo por la Universidad de Campinas (Brasil) y estudió luego en Reino Unido, un doctorado en Sociología en la Universidad de Essex y una  maestría en Planificación y Desarrollo Social de la London School of Economics and Political Science .

–¿Porque se abrió una oficina en la Argentina en este momento?

–Tenemos una misión que es universal. La desigualdad de las mujeres está en todos los lugares. Que no hubiera oficina aquí fue un equívoco. El Gobierno nos buscó, establecimos un programa conjunto, hicimos consultas con la sociedad civil para ver en qué líneas deberíamos trabajar y lo que surgió fue la necesidad de apoyar al país para llegar al 2030 con el cumplimiento de los 17 objetivos de la agenda de Desarrollo Sostenible, pero específicamente en tres ejes: empoderamiento económico, combate a la violencia, y empoderamiento político de las mujeres. El surgimiento del movimiento Ni Una Menos fue la gran enseñanza de nuestra región. Nos trajo un compromiso. Este también es uno de los motivos por los que abrimos la oficina en Argentina, porque hay aquí varios ejemplos que se pueden expandir y generar una cooperación sur-sur de gran calidad con otras regiones, como África y Asia.

–¿Cómo se puede trabajar por el empoderamiento económico de las mujeres en un contexto, como el actual, de un fuerte programa económico de ajuste, que está causando desempleo y afecta en mayor medida a la población femenina y con un presupuesto que acaba de presentar el Gobierno al Congreso que tiene recortes significativos en áreas sensibles para las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción contra la violencia machista?

–Si creyéramos que el ajuste económico impide trabajar por la inclusión y la igualdad de género, estaríamos acreditando que los momentos de bonanza generan la inclusión o la mejoría de la situación de las mujeres y no es así. Hicimos un estudio recientemente –y vamos hacer uno específico para la Argentina– que se llama El Progreso Económico de la Mujer en América latina y el Caribe, donde se demuestra eso. Todos los momentos de gran crecimiento económico de esta región beneficiaron por igual a hombres y mujeres, pero las brechas de género no fueron suprimidas.

–¿Las políticas de ajuste afectan más a las mujeres?

Si, afectan más. Eso también está probado. Porque la tendencia de los gobiernos es tratar de disminuir la inversión pública y generalmente se afectan sobremanera algunas áreas específicas, de provisión de bienes públicos. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado y prever cuál va a ser la población más afectada. Por ejemplo, en la crisis de 2008/ 2009, hubo una afectación muy grande de los bienes de exportación, donde estaban fundamentalmente hombres y entonces, el impacto en pérdida de empleo fue mayor entre la población masculina. Como tuvimos de 2000 a 2015 la mayor inversión pública de toda la historia de América Latina, estamos en un techo que tenemos que tratar de preservar. Porque todavía no logramos varios avances que quisiéramos. 

–La política económica de este gobierno está generando despidos y, a la vez, promueve la creación de empleos precarizados.

Las mujeres están ya en el sector informal. En la región, el 88 por ciento de quienes están en trabajo doméstico son mujeres. Lo que sí hizo una gran diferencia para las mujeres de nuestra región fueron la inversión y la posibilidad de acceder a un sistema de seguridad social y de pensiones no contributivas.

–Como la Asignación Universal por Hijo.

–Claro. Ese tipo de política fue el gran factor que modificó mucho la situación de la región, estoy hablando de Colombia, Brasil, Argentina, Chile y México. Ahora lo que estamos viendo es que los gobiernos se están moviendo para disminuir las inversiones. En Brasil se aprobó una ley el año pasado que prevé para el 2019 un techo del gasto público, que afectará esa inversión social. Las pensiones no contributivas y el aumento del salario mínimo son fundamentales para la mujer. Como la mujer está muy concentrada en los trabajos en los que se gana el salario mínimo, el aumento del poder adquisitivo impacta muy positivamente en las mujeres. No es que las queremos todo el tiempo ahí. Las transferencias de ingresos, las pensiones no contributivas y el salario mínimo con mejor poder adquisitivo en los últimos 15 años favorecieron mucho la inserción de las mujeres en la economía. Esta región fue la que produjo el mayor índice de incorporación de mujeres en el mercado laboral: 56 por ciento, en términos absolutos y relativos.

–¿Qué impacto tuvo eso en el bienestar familiar?

Absoluto porque la mujer tiene mayor capacidad para decidir sobre el presupuesto doméstico. Una mujer que tiene autonomía económica, por más limitada que sea, tiene capacidad de salir de una relación violenta, donde puede estar pasando por situaciones de riesgo. Esto genera mucha mayor capacidad de toma de decisiones, de autonomía de la mujer, para decidir sobre sí y sobre su núcleo familiar. 

–¿Cómo analizó el debate que se dio en la Argentina en el Congreso por la despenalización y la legalización del aborto?

–Desde la ONU apoyamos las tres causales: riesgo de vida de la madre, anencefalia y violación. 

–Acá ya están previstas.

–Hay que ocuparse de que se implementen de manera correcta. El Estado debe ser el garante de la implementación de esa política. La mujer es quien debe tomar las decisiones sobre su propio cuerpo. Tenemos una gran preocupación de que las decisiones sobre algunos derechos de las mujeres pueden estar siendo tomadas por mayoría de hombres. 

–En los últimos años iglesias evangélicas y católicas han implementado una campaña muy fuerte contra la educación sexual integral con perspectiva de derechos. Se vio en Colombia, en Perú y ahora en Argentina. ¿Cómo impacta eso sobre la vida de las niñas?

Tiene el peor impacto que uno puede imaginar. Lo que estamos viendo en la región es que muchas veces las familias no asumen la responsabilidad de proporcionar una educación sexual correcta a los niños. Muchas veces, no se les da información certera. Los niños están iniciando su vida sexual cada vez a edades más tempranas. Nos preocupa especialmente porque es un tema relacionado con la salud pública. Estamos observando que nuestra región tiene la tasa de crecimiento vegetativo más alto en el rango etario entre 15 y 21 años. Estamos hablando de embarazos no planificados, no deseados, que les impiden a las adolescentes tener un proyecto de vida. Está probado que en muchos casos tienen relaciones sexuales no con sus pares, de sus  mismas edades, sino que son víctimas de abuso dentro de su propio círculo familiar. ¿Queremos saber quién va a asumir esa responsabilidad? Cuando la familia no enseña, la solución es que la escuela universal y laica pueda enseñar esos contenidos. Y si eso no pasa, está probado que aumenta la tasa de fecundación a edades más tempranas. Este es el alerta que las sociedades necesitan para entender este problema. No solo es fundamental la educación sexual en el ámbito escolar, también los servicios de salud deben estar disponibles para que las adolescentes puedan ir solas a la consulta y recibir la orientación que necesitan. Las mujeres tienen que tener la posibilidad de tener los hijos cuando lo decidan, por propia decisión. 

Es brasileña y mira con preocupación un posible triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Lo dice con un gesto de desprecio en su cara, cuando se nombra al candidato xenófobo y fascista, que sacó la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Aunque está atada a ciertos códigos de la diplomacia de las Naciones Unidas, no esquiva la pregunta y señala que “la igualdad de género es un tema de gran dificultad para este candidato”. Además, recuerda que “ya protagonizó distintas situaciones de humillación pública de mujeres parlamentarias, y tuvo comentarios absolutamente misóginos y que menosprecian a las mujeres”. “Su triunfo puede ser muy contraproducente para un proceso de avance que es muy difícil, muy arduo para las mujeres. Es una sociedad que está bastante polarizada –no es de ahora–, que está buscando soluciones, y que muchas veces trata de negar el sistema político para buscar una solución afuera. Estoy sufriendo mucho por mi país. Los analistas políticos, los formadores de opinión, los partidos con capacidad de poder aglutinar al electorado, no lograron generar un debate en la opinión pública que permita una toma de decisión más conciente”, dice.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal 







lunes, 8 de octubre de 2018

DERECHO DE VISITAS: EL ARMA DEL MALTRATADOR




Seré breve. La ejecución forzosa del régimen de visitas se inicia a instancia de parte legítima. Esta parte no puede ser el hijo o la hija que quisieran  ver al padre.  Los hijos y las hijas,  ni nadie en su nombre, pueden obligar al padre a cumplir el régimen de visitas. Al padre que incumple  nadie le puede obligar. A los hijos y a las hijas les pueden obligar los padres que tengan reconocido el derecho de visitas. Para obligarles pueden usar la fuerza pública organizada, la policía, los bomberos, la cárcel, todo con tal de que se cumpla el régimen de visitas.

Imagínese  qué pasa por la mente de un maltratador, que se caracteriza por usar la amenaza y la coacción en sus relaciones familiares, cuando se le concede el derecho a obligar a sus hijas e hijos y a la madre de éstos y de éstas,  a cumplir el régimen de visitas. Imagínese  el efecto que puede tener en un condenado por delito de violencia de género,   el reconocimiento de su derecho a usar la fuerza pública para ejercer su derecho de visitas, que es un derecho a relacionarse con los hijos e hijas.

Poner el uso de la fuerza pública en manos de quien usa la amenaza y coacción en sus relaciones familiares es un factor de riesgo de que ejerza el derecho de visitas en grado de violencia, es más, es un factor de riesgo de que ejerza  la violencia en ese marco de derecho de visitas  que le autoriza a imponer, obligar, exigir a que se cumpla su derecho.

[Imagínese  el efecto que puede tener en un condenado por delito de violencia de género,   el reconocimiento de su derecho a usar la fuerza pública para ejercer su derecho de visitas, que es un derecho a relacionarse con los hijos e hijas]

Es como si al condenado por lesiones a su ex pareja causadas con arma de fuego,  se le autorizara a  usar el arma de fuego para obligar a su expareja y a los hijos e hijas a cumplir el régimen de visitas.

El Estado es quien puede hacer uso de la violencia pero ésta no se pone en marcha si no lo pide la parte legítima. Es como si al maltratador se le reconociera el derecho a decidir cuándo se dispara el arma  que solo acciona el policía a la orden del Juzgado  instada por el maltratador.

Fuente: Tribuna Feminista - Por María José Blanco Barea

EL CALVARIO DE LAS MADRES QUE DENUNCIAN AL PADRE ABUSADOR

Título original: El calvario de las madres que denuncian abusos del padre hacia los hijos


Los jueces de familia suelen retirar la custodia del niño a la mujer en base al falso síndrome de alienación parental.
El Gobierno reformará la atención a los menores víctimas de delitos sexuales para evitar la discriminación femenina.


Montse, Inma y Marta son nombres supuestos. Pero ellas existen. Su caso es real. Las tres denunciaron que su pareja había abusado sexualmente de su hijo pequeño y han acabado pagando una alta factura. Los jueces les han retirado la custodia del menor al considerar que ponen al niño en contra de su progenitor de forma maliciosa para alejarle de él. La justicia les atribuye síntomas del llamado síndrome de alineación parental (SAP), un cuadro clínico que no está reconocido por la comunidad médica ni científica. Los expertos creen "muy improbable" que una mujer se invente abusos sexuales hacia su hijo y que si lo denuncia es porque está convencida de que ha ocurrido. Sin embargo, es dificil probarlo y muchos procesos judiciales, como el de las tres mujeres citadas, se archivan. Este diario ha tenido conocimiento de, al menos, una veintena de casos similares. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado cartas en el asunto. Fuentes del Ejecutivo español han explicado a EL PERIÓDICO que un grupo de expertos está trabajando por encargo del Ministerio de Justicia en la elaboración de un nuevo protocolo de atención a menores víctimas de abusos sexuales. Las mismas fuentes, han apuntado los profesionales y el mismo ministerio, están en “sintonía” con la declaración de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en la que esta se mostraba en contra del uso clínico y legal del mal llamado síndrome y apuesta por su erradicación.

El Pacto de Estado contra la violencia machista en materia de justicia ya plasmaba esa preocupación. Este texto indica que se realizarán “todas aquellas actuaciones que sean necesarias para evitar que el denominado síndrome de alineación parental pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales”. Y sostiene que el SAP “carece de base científica y está excluido de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas, por lo que será inadmisible como acusación de una parte contra otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de custodia de menores”.

Graves daños a los menores

El informe de la Asociacion Española de Neurosiquiatría, al que ha tenido acceso este diario, señala que ese mal llamado síndrome "no tiene ningún fundamento jurídico y entraña graves riesgos su aplicación”. Según esta entidad, “las complejas y con frecuencia violentas, o cuanto menos altamente conflictivas dinámicas que abocan en un litigio por la custodia de un menor, tienen que ser estudiadas específicamente. Es decir, caso a caso”.

El profesional de la salud mental, advierte, “no puede ocupar el papel de dictar la verdad o falsedad de un asunto, aspecto que corresponde a un juzgado”. En este sentido, este diario ha podido comprobar cómo los jueces utilizan dictámenes expedidos por la Unidad Funcional de Abusos al Menor (UFAM) del hospital de Sant Joan de Deu en Barcelona para descartar la existencia de abusos sexuales de menores y para retirar la custodia de los niños a las madres que lo denuncian.

La asociación insiste que estos expertos no deben tener en cuenta el SAP (“ya sea bajo esa rúbrica terminológica u otra”) porque, además de no ser correcto científicamente, se produce “un enorme potencial daño sobre menores y adultos privados de toda posibilidad de defensa”. Esta organización destaca que el SAP supone un “grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo”.

En su opinión, tiene un “sesgo de género”. La mayoría de los cónyuges “alineadores” son, según este síndrome, “mujeres que odian a los hombres". “Cualquier intento de estas por rebelarse ante el riesgo de la retirada de custodia de su hijo se convierte en nuevas pruebas de alineación y de programación que someten al hijo”, alega. En algunos de los casos se ha llegado a retirar la custodia madres por el simple hecho de llevar a su hijo al médico ante la sospecha de que su pareja abusaba de él.

Con la base del SAP, indicen los neuropsiquiatras, se desoyen las protestas o acusaciones del niño y de la madre de maltrato o abuso. Cualquier intento de queja del niño o la niña se convierte en nuevo síntoma de su programación. Otro de los efectos que se produce al clasificar a las mujeres es que estas no son escuchadas o tomadas en cuenta, desacreditándose su versión sin comprobar de forma precisa que sea cierta. El mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recomendado a las instituciones responsables de la formación de profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia machista que eliminen los contenidos que "aparezcan cargados de prejuicios, como el SAP," y garanticen una preparación "con sólidas bases científicas".  

Archivo sin investigación

Un informe de Save The Children sostiene que la mayoría de denuncias presentadas por madre o personal sanitario sobre abusos sexuales de niños "han sido archivadas sin haber llevado a cambo una investigación exhaustiva". Fuentes jurídicas apunta a la dificulta de prueba a la hora de esclarecer lo sucedido, ya que, si no hay lesiones evidentes, solo está el testimonio del menor. El pequeño, además, puede vivir los actos del progenitor como algo normal y así relatarlo.  

Esta asociación internacional, tras analizar varios casos, ha constatado la "falta de medios adecuados para garantizar el derecho de los niños y niñas de ser escuchados". En general, apunta, las pruebas periciales y las exploraciones judiciales realizadas por parte de los equipos técnicos de los juzgados se reducen a unas pocas entrevistas con el menor y con la madres, lo que los psicólogos y juristas consideran insuficiente para aclarar un caso de abuso sexual.

A su entender, "la mayor parte de las resoluciones de los juzgados de familia, una vez iniciado el proceso penal por abusos sexuales, se orienta a primar la restauración y normalización de la relación paterno filial con sus padres denunciados, frente a su protección como posibles víctimas". La lentitud de estos procesos es otro de los inconvenientes detectados, así como los "fallos importantes de rigor" en los informes periciales. La organización también ha detectado escasez en las medidas de protección respecto al niño y denuncia que las resoluciones judiciales, de entrada, "no dan crédito" al testimonio del menor, "bajo el argumento de que existe una inducción materna para la denuncia". Este hecho y ante la falta de pruebas, provoca archivos precipitadas.

Fuente: El periódico - Por J.G. Albalat

CURA PEDÓFILO DETENIDO EN SANTA CRUZ

Título original: Detuvieron al cura Parma por los abusos en Puerto Santa Cruz.-

Nicolás Parma está acusado de abuso sexual a menores de edad que convivían con él como novicios. Parma era entonces el cura “Felipe” de la Iglesia Exaltación de la Cruz, en la localidad de Puerto Santa Cruz, de donde, pese al escándalo, se fue entre lamentos de la comunidad y hasta un homenaje del Concejo Deliberante.





Parma declaró este fin de semana ante la jueza de Instrucción de esa comunidad costera, Noelia Ursino, que tiene mirada de género y es además reconocida por llevar los expedientes por delitos sexuales al día.

Después de cinco horas de preguntas en las que el cura acusado de pedófilo estuvo acompañado por una defensora oficial de Piedra Buena, Ursino decidió ordenar que quedase detenido en la comisaría local y ahora tiene diez días para resolver su situación.

Los abusos en la Iglesia Exaltación de la Santa Cruz se destaparon en 2016 gracias a que Yair, uno de los chicos que hizo ahí el postulado, decidió contarlo a través de un testimonio que fue enviado al Vaticano. Como no tuvo respuesta y la Iglesia no hizo nada para que hubiese una condena y ni siquiera apartó a Parma de la institución, el joven que el año pasado le contó su historia a TiempoSur, acudió a la Justicia ordinaria.


Yair tenía menos de 16 cuando fue víctima del cura Parma. Se había unido a la congregación en Salta, su provincia, y desde ahí lo mandaron hasta la localidad de Puerto Santa Cruz para que se convirtiera en sacerdote. Durante su estadía hubo mucha violencia sexual, que incluyó a otros novicios.


Cuando los abusos salieron a la luz, el padre “Felipe” fue llamativamente trasladado de apuro a un destino no develado. Durante todo este tiempo jamás se puso a disposición de la Justicia, el Vaticano lo mandó primero a Italia, anduvo por España y la semana pasada la jueza lo encontró en Tucumán.

Parma integra la congregación “Discípulos de Jesús de San Juan Bautista”, cuyo fundador es el salteño Agustín Rosa, también denunciado por haber abusado de varios novicios, pero además de enriquecerse con los fondos de la congregación. De las dos acusaciones, el Vaticano sólo se preocupó por la segunda y por eso estuvo varios meses preso durante 2016.

En el testimonio que Yair le dio a este diario el año pasado, dijo que no había sido la única víctima de Parma y que en medio de una fuerte depresión, cuando incluso fantaseó con la idea de morirse, decidió volverse a Salta para contarle a la máxima autoridad de la congregación que había un cura abusador en Santa Cruz.

Sin embargo, cuando lo hizo el cura Agustín Rosa le pidió que se callara la boca y que perdonara. La cosa no quedó ahí, sino que más tarde Rosa le pidió al joven que se dejara revisar para la detección del varicocele. Después se supo que con ese ardid, había un tendal de víctimas de abuso suyas.

Desde que Ursino tiene el expediente, en julio de 2017, logró varios testimonios, algunos de ellos clave para determinar una aproximación del número de víctimas y sumaron detalles que refuerzan la gravedad de las acusaciones.


Fuente: Tiempo sur - Por Sara Salgado.

sábado, 6 de octubre de 2018

LA VIOLACIÓN COMO ARMA DE GUERRA

“La violación en una zona de conflicto es la voluntad de destruir al otro y a las generaciones futuras a través de la mujer, y si el mundo lo entendiera así, no reaccionaría como si fuera un problema sexual”, insistió el médico congoleño Denis Mukwege.

Imagen: Leandro Teysseire


Los galardonados Denis Mukwege, médico ginecólogo, y la ex esclava sexual Nadia Murad.


El médico congoleño Denis Mukwege y la ex esclava sexual Nadia Murad, joven iraquí de la minoría yazidí, corriente preislámica arrasada y esclavizada por el Estado Islámico (EI), fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra. “Comparto este premio con todos los yazidíes, iraquíes, kurdos y todas las minorías y supervivientes de la violencia sexual alrededor del mundo”, dijo la activista de 25 años, que desde 2016 es embajadora de la ONU para la Dignidad de los Sobrevivientes de Trata de Personas y que milita para que las persecuciones cometidas contra los yazidíes sean consideradas un genocidio.

El comité noruego al otorgar el galardón sostuvo que Murad “es la testigo que habla de los abusos cometidos contra ella y otros. Ella ha demostrado un valor extraordinario al relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas” y recordaron que es “una de las cerca de 3000 niñas y mujeres que han sufrido abusos sexuales como parte de la estrategia militar del Estado Islámico, que usaba ese tipo de violencia como un arma contra los yazidíes y otras minorías religiosas”. Además, destacaron que “tras tres meses de cautiverio logró escapar y empezó a denunciar los abusos que habían sufrido ella y otras mujeres”.

En relación con el médico ginecólogo, el jurado argumentó que Mukwege y su equipo “han tratado a miles de pacientes que fueron víctimas de esos asalto” sexuales y que “ha condenado repetidamente la impunidad por violaciones masivas y ha criticado al gobierno congoleño y a otros países por no hacer lo suficiente para detener el uso de la violencia sexual contra las mujeres como estrategia y arma de guerra”.

Para precisar de qué se habla cuando se habla de violencia sexual, un  informe del ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon, detallaba, dos años atrás, que en los conflictos armados ese concepto supone “la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, esterilización forzada, el matrimonio forzado y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable perpetradas contra mujeres, hombres, niñas o niños, que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto”.

De esos horrores que usan principalmente el cuerpo de la mujer como campo de batalla, el médico cirujano, de 63 años, hijo de un pastor pentecostal, es un testigo directo desde hace casi tres décadas, en Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo. Murad, en cambio, fue una víctima del terrorismo sexual del EI, cuando en agosto de 2014 invadieron su aldea, Sinyar, al norte de Irak, y fue esclavizada, como lo fueron otras 3000 mujeres y niñas yazedíes –minoría religiosa que extiende sus raíces más allá del 2000 a.C. y cuya deidad principal es el ángel redimido Melek Taus (simbolizado por un pavo real)– y sobrevivió para denunciarlo a viva voz y por escrito. El año pasado, publicó el relato de su cautiverio, Yo seré la última, con prólogo de la abogada de derechos humanos Amal Ramzi Clooney, esposa del actor George Clooney.

Mukwege, que tras ser galardonado le dijo al diario La Vanguardia que “la violación en una zona de conflicto es la voluntad de destruir al otro y a las generaciones futuras a través de la mujer”, y que “si el mundo comprendiera así la violación, no reaccionaría como si fuera un problema sexual”, estudió medicina en Burundi y comenzó su práctica en el Hospital Cristiano de Lemera, en Kivu. Se especializó en obstetricia y ginecología en Francia, y regresó en 1989 al hospital de Lemera, institución que dirigía en 1996 cuando un grupo armado ingresó y masacró a 35 enfermos. Tras la destrucción del hospital por la guerra civil, Mukwege, que se convirtió en un especialista en tratamiento de heridas sexuales graves (mujeres cuya vagina y recto han sido destruidos con cuchillos u otros objetos), y a quien llaman Doctor Milagro, fundó el Hospital de Panzi, donde hoy continúa trabajando. Por su trabajo y denuncias en todos los estrados internacionales recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede el Parlamento Europeo, con el que también fue premiada, en 2016, Murad.

Un año antes de recibir ese premio, la joven activista relató ante el Consejo de Seguridad de la ONU –cuya resolución 1820 estipula que la violencia sexual “puede constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un elemento constitutivo de crimen de genocidio”– la masacre de los yazidíes. Frente a los líderes mundiales, la joven contó cómo el EI ocupó la aldea y lanzó un ultimátum: o se convertían al Islam o morían. Luego, asesinó a más de 700 hombres, entre ellos a seis hermanos de la joven, mientras que las mujeres fueron capturadas y convertidas en esclavas sexuales.

Murad, que logró escapar tres meses después, tras sufrir múltiples violaciones, sostuvo que aquel día “el EI no vino a matarnos sino a usarnos como botín de guerra, como objetos que se venden o se regalan”.

Fuente: Página 12

COLEGIO NACIONAL DE BS.AS. NADIE LAS , LOS Y LES ESCUCHÓ

Título original: La denuncia del 92 contra el docente.


Colegio Nacional de Buenos Aires

Ante la falta de respuesta de las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires a las denuncias contra el profesor Jorge Blumenfarb, un grupo de alumnos afectados por sus comportamientos machistas y sexistas, decidieron escarmentarlo, con la publicación de un aviso en el rubro 59 con sus datos. Fue en diciembre de 1992, al término del año lectivo. El hecho tuvo repercusiones durante el verano porque se inició una investigación para identificar a los responsables. La velocidad de respuesta no fue la misma que frente a las denuncias de los y las estudiantes. Entre febrero y marzo de 1993, padres y madres de alumnos de la división involucrada tuvieron reuniones con el rector Horacio Sanguinetti, según consta en la documentación que guardó el ex alumno Gabriel Delisio, quien actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura, consejero directivo y secretario adjunto del sindicato docente AGD de la UBA. En esos encuentros le entregaron una carta, firmada por 17 de ellos, donde se detallaban las conductas del profesor denunciado –que durante 1992 habían comentado con un regente y el vicerrector– y le piden que sean investigadas y que se ponga al tanto al “Tribunal de Etica del Colegio”. Algunas de las situaciones descriptas son las siguientes:

“Una mañana el profesor entró en el aula y al ver su escritorio sucio comento “Qué pasó acá! Se echaron un polvo?’”.

“Una vez una alumna estaba resolviendo un ejercicio en el pizarrón ante la atenta mirada de sus compañeros. Ante esta situación el profesor dijo: “Tené cuidado que estos te van a manchar toda”.

“Un compañero estaba conversando con una chica (a la cual el profesor conocía) en un pasillo. El profesor se acercó y le dijo al chico: “Demasiado hueso para tan poco perro!”. Este hecho se repitió reiteradas ocasiones y en distintos ámbitos del colegio con el mismo chico”.

“A este mismo compañero lo bautizó con el desagradable apodo de ‘primer nieto’ porque según el profesor, ‘vivía alzado’. Este comentario fue realizado durante una hora de clase, frente a todo el curso, y en otras ocasiones, como frente al curso de 4° 1ª”.

“Por otra parte se refería despectivamente acerca del tamaño del pene de este mismo chico alegando ‘te están creciendo pelos en la palma de la mano’ o ‘estás desarrollando músculos en el brazo derecho!’”. 

“A una chica de 2° año el profesor le dijo ´Si querés que te apruebe, tenés que transar con (fulanito). Vos elegís´. (En este caso fulanito es el nombre de otro compañero que a su vez era preceptor de otra división de 2° año)”. 

“Muchas veces, cuando hacía pasar a sus alumnas al pizarrón, corría el escritorio para mostrar a la clase las colas de las chicas”.

“Otras tantas, hacía entrar al aula chicas de otras divisiones para saludarlas y no las dejaba salir sin antes ‘pagarle el peaje’ que consistía en darle un beso el alumno del primer banco (el cual es muy feo y no tiene mucha suerte con la chicas)”.

“El profesor también ponía en duda la masculinidad de sus alumnos varones. A uno de nuestros compañeros le recomendó que fuera a Bunker”, una conocida discoteca con público mayoritario de personas homosexuales.

Fuente: Pagina 12 - Por Mariana Carbajal

jueves, 4 de octubre de 2018

OBLIGADAS A SILENCIAR, LAS NIÑAS ESTÁN EN PELIGRO

título original: Las niñas están en peligro

La información accedió a los medios de comunicación como un dato más, como una precisión que dejaba al descubierto una realidad que poco importaba dentro del ámbito cotidiano: mezclada con los hechos políticos y con la envergadura de las cotizaciones del mercado, no ocupaba mucho espacio ni interesaba particularmente.


Se trataba de lo que sucede con niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual, un hecho corriente, que no asombra, que tiene representatividad en la historia de la civilización. Se las encuentra como niñas embarazadas, como criaturas vejadas por sus padres, por sus hermanos mayores, casi como una costumbre que ocupa páginas distantes del asombro y de la indignación.

La originalidad de esta información reside en que el dato está localizado en quienes replicaron la estadística, una organización de corte internacional. Una de esas organizaciones de las que se dice que no son vinculantes, o sea que por muy certeros y útiles que sean sus cifras, no habrá quien se sienta obligado/a tenerlas en cuenta, menos aun a sentirse tentado de indagar a fondo en el tema y a tomar medidas capaces de resolver el problema, y ocuparse de las víctimas: especialmente difícilmente exista quienes legislen o diseñen políticas destinadas a ponerle fin a este desastre.

El alerta explota en las voces del Comité de Expertas, órgano responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará, que está integrado por expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales y ejercen sus funciones a título personal. Son mujeres, expertas en determinados temas que se reúnen para estudiar qué sucede con las víctimas de violación en determinada región, así como los abortos no punibles y la anticoncepción de emergencia.

Estos organismo tiene un estilo peculiar de decir lo que en realidad constituyen denuncias, por ejemplo, a menudo “lamentan” que algo grave suceda en determinada región. En esta oportunidad, “el Comité de Expertas lamenta que 201 niñas menores de 14 años hayan sido forzadas a continuar con sus embarazos durante el año 2017 en la provincia de Misiones, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor”.

Si reproduzco el texto del informe puede leerse que a través del mismo “en el Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará (2016), el Comité ha señalado que, de acuerdo con la normativa de la región, todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse producto de la violencia sexual y por lo tanto, “los Estados deben garantizar la atención especializada de niñas que han sufrido este tipo de violencia, investigarlo, investigar estas agresiones y asegurar su acceso a la interrupción del embarazo y a los servicios posteriores en condiciones de seguridad y sin discriminación”.

Quienes nos ocupamos de la violencia contra niñas y entrevistamos a las víctimas no dudamos del origen de esos embarazos y hemos presenciado el horroroso destino de estas criaturas que han debido parir con riesgo para sus vidas, su salud y asumir una criatura incestuosa o el engendro de una violación; obligada a silenciar la perpetua impunidad de los violentos y la bendición de los religiosos.


El Comité de Expertas sabe, y lo aclara, que la provincia de Misiones cuenta con un protocolo de atención a las víctimas de violación que incluye anticoncepción de emergencia y abortos no punibles. La preocupación de este Comité apunta a que en la práctica 201 niñas no pudieron acceder a los servicios que supuestamente están disponibles para estos casos. “Esto no solo deja en evidencia la falta de aplicación del protocolo sino también el incumplimiento del país en cuanto a garantizar la protección de las niñas que deben enfrentar gravísimas consecuencias en su salud psicológica, física y reproductiva”. Estos informes podrían multiplicarse en otras provincias en las que encontramos la misma índole de situaciones: embarazo  de criaturas que han sido sistemáticamente violadas como una “costumbre” de la región, que culmina en embarazos.

La falta de políticas públicas nos enfrenta con una multitud de niñas que sin posibilidades de educación ni recursos sociales –a veces tampoco recursos económicos– queden a merced de los varones que implementan su cacería. Así, los embarazos durante la niñez sellan el destino de estas criaturas y transforman a la niña en una víctima: las niñas están en peligro por el hecho de ser niñas.

Fuente: Página 12 - Por Dra. Eva Giberti