RECLAMO POR EL JUEZ QUE NEGÓ UN DERECHO

El recurso fue presentado porque el Estado argentino no garantiza los derechos de una chica salteña de 14 años, embarazada producto de una violación. Un juez de esa provincia había prohibido la práctica. Organizaciones de mujeres expresaron su repudio.

La Corte Suprema nacional ya fijó que los casos de aborto no punible no deben ser judicializados

Imagen: Pablo Piovano

El Estado argentino fue denunciado ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la obstrucción ilegal en la provincia de Salta de un aborto no punible a una adolescente de 14 años que resultó embarazada en una violación. La presentación fue realizada por la secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, la abogada Norma Chiapparrone, quien detalló ante el organismo la gravedad del caso: la chica, que fue abusada sexualmente en los últimos dos años por su padrastro, perdió seis kilos en el último mes esperando la interrupción del embarazo que un magistrado le negó. El país deberá dar explicaciones ante el organismo internacional –si da curso a la demanda– por la arbitraria decisión del juez de Personas y Familia N° 2 de Salta, Víctor Soria, de prohibir el aborto no punible solicitado por la chica y su mamá, en abierta violación de la ley y del protocolo de atención de esos casos que rige en la provincia de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Organizaciones de defensa de derechos de las mujeres expresaron su repudio (ver aparte).

Chiapparrone explicó a este diario que realizó la denuncia ante la preocupación por el estado de salud de la chica. A fines de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en un caso de una joven de El Salvador a quien le impedían en su país un aborto terapéutico (ver aparte).

La chica salteña fue retenida en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la provincia, durante casi un mes y las abogadas que representan a la familia desde el viernes, Mónica Menini y Graciela Abutt Carol, de la Alianza de abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, presumen que ese hecho se debió a que las autoridades sanitarias pretendían que avanzara el embarazo para dificultar luego la interrupción e impedir al mismo tiempo que pudiera ser trasladada a otra provincia para acceder a su derecho. La chica fue llevada al centro de salud el 9 de noviembre por su mamá, Cristina. Ese día, la mujer encontró a su pareja desde hace diez años abusando de su hija en el baño de la casa en la que convivían. El hombre reaccionó al ser descubierto golpeando a la chica. A los cuatro días de estar internada por la golpiza y el abuso, se detectó que además estaba embarazada. Los abusos sexuales, se supo después, llevaban alrededor de dos años.

El 14 de noviembre, al enterarse del embarazo, Cristina solicitó que le practicaran un aborto no punible, previsto en el Código Penal. El hospital no realizó la intervención y mientras tanto, la asesora de Menores e Incapaces N°2 Claudia Flores Larsen presentó un recurso de amparo a favor del no nacido. El juez Soria hizo lugar a ese recurso y prohibió la práctica. El magistrado no sólo vulnera los derechos de la víctima, sino que además la considera una mera incubadora: en la misma resolución dispuso que el Ministerio Público comience los trámites para entregar a la criatura producto de la violación en adopción y ordenó al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia que en el término de 48 horas entregue un subsidio a la familia de la adolescente mientras curse el embarazo. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional el decreto del gobernador Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible –elaborado de acuerdo con las indicaciones del máximo tribunal del país– porque, alegó, “atenta contra la vida de los niños por nacer”.

Cristina logró sacar del hospital a su hija el sábado a la tarde, gracias a la intervención de las abogadas. “En el hospital estaba muy deprimida, no comía. En este momento ella no sabe de la decisión del juez”, contó a este diario la mamá, horrorizada por la negativa judicial a que su hija acceda a un aborto no punible.

En su presentación ante la CIDH, Chiapparrone detalló los alcances del fallo del 13 de marzo de 2012 de la Corte Suprema de la Nación, que confirmó que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación tiene derecho a un aborto no punible en la Argentina, y que al mismo tiempo ratificó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal –que establece esta excepción–. En esa sentencia, el máximo tribunal aclaró que no se deben judicializar los pedidos ni exigir siquiera la denuncia penal por el ataque sexual para garantizar la práctica. Chiapparrone explicó que la Corte Suprema no tiene jurisdicción para hacer cumplir ese antecedente salvo que le llegue por vía de un recurso. “Pero ese procedimiento requiere un tiempo que en este caso puede ser fatal”, advirtió a este diario y a la CIDH.

FIENTE. PÁGINA 12 -  Por Mariana Carbajal

CUANDO LA JUSTICIA VULNERA DERECHOS

Contradiciendo un protocolo de la provincia para atender este tipo de casos y hasta un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el juez negó el derecho a interrumpir el embarazo e inició los trámites para entregar el futuro bebé en adopción.

En abierta violación de la ley y de un fallo de la Corte Suprema, el juez de Personas y Familia N° 2 de Salta, Víctor Soria, prohibió la realización de un aborto no punible a una niña de 14 años que resultó embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometía su padrastro. 

El magistrado no sólo vulneró los derechos de la víctima sino que además la considera como una mera incubadora: en la misma resolución dispuso que el Ministerio Público comience los trámites para entregar a la criatura producto de la violación en adopción y ordenó al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia que en el término de 48 horas entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional el decreto del gobernador Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible –siguiendo las indicaciones del máximo tribunal del país– porque –alegó– “atenta contra la vida de los niños por nacer”. “Salta se debe aún un Estado laico, estas decisiones son intromisiones de la Iglesia contra los derechos de las mujeres”, señaló a Página/12 la abogada Mónica Menini, defensora de la niña y su familia e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en Salta y de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres.

“¿Cómo me puedo sentir, si hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere? Es algo horroroso”, dijo ayer a este diario Cristina, la mamá de la niña. Fue ella quien descubrió a su pareja abusando de su hija en el baño de la casa en la que convivían, en la ciudad de Salta. Al verla, el hombre reaccionó pegándole a la niña. Una vecina tuvo que ayudarla para evitar que la ahorcara, contó la mujer a este diario. Este episodio ocurrió el 9 de noviembre. Cristina llevó inmediatamente a su hija al Hospital Materno Infantil, que depende de la provincia, para que la atendieran. La niña quedó internada. “El 14 de noviembre nos enteramos de que estaba embarazada y pedimos el aborto no punible”, precisó la mujer. La niña tenía entonces 13 años y cumplió 14 en los últimos días. “Psicológicamente está muy afectada por todo lo que le pasó. Pero no sabe todavía la decisión del juez”, agregó Cristina. La mujer supo a partir de ese ataque que su hija sufría abusos sexuales y amenazas de su padrastro desde que tenía 12 años.

Cristina lo denunció. El hombre quedó detenido desde entonces en la Alcaidía Judicial, en una causa a cargo del fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Eduardo Barrionuevo, quien creyendo que la interrupción del embarazo se llevaría a cabo según el protocolo provincial solicitó que se haga resguardo del material genético para incorporarlo en la elevación a juicio. En diálogo con este diario, Menini advirtió que en el hospital dilataron la realización de la práctica, violando el protocolo y el fallo de la Corte Suprema, que establece que no se deben imponer trabas arbitrarias ante un pedido de un aborto no punible.

La intervención no llegó a realizarse. La asesora de Menores e Incapaces NO 2, Claudia Flores Larsen, presentó un recurso de amparo a favor del no nacido. La niña permaneció internada hasta el sábado a la tarde, cuando a partir de la intervención de las abogadas de la familia, que tomaron el caso el viernes, lograron que le dieran el alta médica. Las abogadas sospechan que la mantenían retenida para que no pudiera acceder al aborto en otro lugar. “En el hospital estaba muy deprimida. Desde que salió por lo menos come”, contó la mamá. El embarazo lleva ya 9 semanas. Menini y Graciela Abutt Carol, de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, que representan a la familia, denunciaron penalmente a Flores Larsen el viernes por obstruir el aborto; quieren que se investigue si incurrió en incumplimiento de sus deberes de funcionaria o cometió otros delitos al impedir que se cumpla la voluntad de la nena y su mamá. Las abogadas presentarán, por otra parte, un pedido de juicio político contra el magistrado. El juez Soria hizo lugar al amparo de la asesora de Menores e Incapaces y en la misma resolución dispuso que el Ministerio Publico Fiscal comience los trámites para entregar el niño/a nacido producto de la violación en adopción y que el Ministerio de Derechos Humanos de Salta, en el término de 48 horas, entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo.

El magistrado, además, declaró “inconstitucional” el decreto 1170/12, que establece el protocolo de actuación ante abortos no punibles en la provincia “porque atenta contra la vida de los niños por nacer”. El asesor de Incapaces en turno NO 4 apelará la resolución judicial. También lo harán las abogadas de la niña y su madre, una vez que sean notificadas.

La abogada contó que el hospital habilitó que “la niña fuera visitada en la cama donde está internada por el cura de la institución y por una voluntaria que quería mostrarle fotos de abortos”. “No lo logró porque la madre defendió a su hija y amenazó con llamar a la policía”, destacó.

“La salud de la nena está en riesgo. Perdió seis kilos en las últimas semanas. El diagnóstico psicológico dice que se está dejando morir”, señaló Menini. La madre, adelantó, seguirá luchando para que su hija pueda acceder a su derecho a interrumpir ese embarazo que no quiere continuar.

FUENTE. PÁGINA 12 -   Por Mariana Carbajal

IMPIDEN EN SALTA UNA NORMA CONTRARIA A LAS CONQUISTAS DE LAS MUJERES

Título original: " Un freno ante los antiderechos"

Un proyecto para declarar como “pro vida” a la ciudad de Salta y otras medidas violatorias de derechos femeninos fueron rechazados en el Concejo Deliberante. Había sido impulsado por el PJ disidente. Proponía una asignación para continuar un embarazo producto de una violación.

Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Salta le puso freno al fundamentalismo religioso que buscaba declarar a la capital provincial como “ciudad pro vida” y pretendía imponer además una serie de medidas violatorias de los derechos de las mujeres, como la prohibición del uso, distribución, difusión o promoción en todas las dependencias de la municipalidad local de la llamada “píldora del día después”, que previene embarazos no deseados, y la suspensión de los protocolos de atención de los abortos no punibles. 

Tras un extenso debate, la ordenanza impulsada por un concejal que responde al senador nacional Juan Carlos Romero, del peronismo disidente, fue rechazada por 16 votos a cinco.

Los bloques alineados con el oficialismo del gobernador Juan Manuel Urtubey, el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra del proyecto “antiderechos” del concejal Aroldo Tunini, apodado “Torquemada” en los círculos políticos salteños, tras la presentación de esta propuesta.

“Este proyecto es engañoso porque da a entender que quienes no están con ‘ciudad pro vida’, están a favor de la muerte. Y la negativa surge porque se trata de intentos de normativas violatorias de los derechos de las mujeres, con conquistas logradas después de largos años de lucha, que tienen la opción de decidir sobre su vida sexual y reproductiva, a través de medidas concretas del gobierno nacional, del gobierno provincial y municipal”, sintetizó la posición mayoritaria la concejal Frida Fonseca Lardiez, del PJ.

El proyecto de Tunini fijaba una asignación económica para incentivar a las víctimas de una violación, que resultan embarazadas, a continuar con esa gestación, convirtiéndolas en una mera incubadora, tal como informó este diario en marzo. Buscaba la aplicación, como principio rector en todas las políticas públicas municipales, “garantizar el derecho humano a la vida a todos sus habitantes, desde la concepción y hasta su fin, por causas naturales”.

“El rechazo fue un triunfo colectivo del movimiento de mujeres que trabajó para que este proyecto no fuera aprobado, dándoles argumentos concretos a los concejales”, celebró en diálogo con Página/12 Tania Nieves Kiriaco, co-coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta. La iniciativa, destacó Kiriaco, permitió al mismo tiempo “empezar a profundizar sobre cuestiones de género” en el Concejo Deliberante de la capital provincial. En esa línea trabajaron referentes de la Multisectorial de Mujeres de Salta, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (RedPar), Cladem y la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, entre otras voces.

La iniciativa generó gran revuelo en Salta desde que se conoció, a comienzos del año legislativo. El jueves 14 de marzo fue rechazada en la Comisión de Derechos Humanos, que encabeza el kirchnerista Martín Avila, del bloque Memoria y Movilización. “No encontramos fundamentos al proyecto, en especial porque vulnera el derecho de igualdad, el derecho de las mujeres sustentados en derecho internacional, en leyes nacionales”, señaló Avila, durante el debate en el recinto. Recordó la Ley Nº 25.673 que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para erradicar la violencia contra la mujer y los convenios internacionales firmados por el país, para fundamentar su oposición.

La votación en contra de la ordenanza “antiderechos” fue analizada en el movimiento de mujeres como un signo auspicioso, en una provincia donde los fundamentalismos religiosos influyen en las políticas públicas, con fuerte impacto en la vida de las mujeres. “En Salta, existe una realidad que no se quiere ver y no se dimensiona por falta de estadísticas, debido a una fuerte cultura patriarcal en donde la enseñanza religiosa es obligatoria en escuelas públicas y donde no está incluida la educación sexual integral. A la vez que existe un marcado índice de niñas y adolescentes madres y denuncias por abusos sexuales que ocurren dentro del núcleo familiar, que en muchos casos no se denuncian”, recordó a este diario Kiriaco, del Colegio de Abogados local.

FUENTE: PÁGINA 12 -   Por Mariana Carbajal

TUCUMAN: DENUNCIAN POR HABER CUMPLIDO UNA LEY

Los médicos de la maternidad local practicaron un aborto no punible a una niña de 11 años violada por su padre. El caso encuadra en la legislación vigente. Pero ahora el dirigente del PRO tucumano denunció penalmente a los profesionales. Críticas de diversos sectores.

En un hecho insólito, el apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza (h), denunció penalmente a los médicos que realizaron días atrás un aborto no punible en un hospital público de la provincia a una niña de 11 años que había sido violada por su papá. La intervención se hizo conforme a la ley y al fallo de la Corte Suprema de Justicia, de un año atrás, que fijó los lineamientos para la atención de los abortos no punibles. Ayer, la ONG La Casa de las Mujeres Norma Nasiff presentó un pedido ante la Justicia para que la causa se archivara, con el argumento de que no hay ningún delito y se investigue al PRO-Tucumán por incurrir en “violencia institucional” en “su intento deleznable de impedir el acceso a políticas públicas de salud que garantizan el ejercicio de derechos humanos”.

“Es una denuncia maliciosa, una reacción espasmódica ante un sector de la salud que está actuando conforme a la ley y según los lineamientos del fallo FAL de la Corte de la Nación”, consideró en diálogo con Página/12 la abogada Soledad Deza, quien junto con su colega Mariana Alvarez patrocinó la presentación judicial de Vicky Disatnik, titular de La Casa de las Mujeres. Forenza “está queriendo infundir miedo a los médicos”, advirtió Deza. Y señaló que “el acceso al aborto no punible es una cuestión de derechos humanos de las mujeres”. “El Estado como garante de la administración de la salud pública y los profesionales de la salud pública como agentes del Estado tienen obligación de garantizar el acceso rápido, seguro, permanente, inmediato y en un ambiente cómodo para la interrupción voluntaria de un embarazo producto de violación. Y eso es lo que se está haciendo en Tucumán. Sus médicos y médicas cumplen con la ley, aunque al PRO le disguste; el aborto no punible en esta provincia es accesible en la salud pública y debe seguir siéndolo”, agregó Deza.

Tucumán es una de las provincias que todavía no elaboró su propio protocolo de atención de los abortos no punibles, como pidió la Corte. Sin embargo, en los hospitales públicos se están atendiendo los casos de acuerdo con la guía que redactó la cartera nacional en 2007 y actualizó en 2010, que está en línea con la sentencia del máximo tribunal. En realidad, la realización del aborto a la niña de 11 años no debió haber trascendido. Pero la intervención se filtró desde la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, donde se llevó a cabo el 10 de abril, y la noticia fue publicada la semana pasada en el principal diario provincial, La Gaceta. En el diario se consignó hasta el número del quirófano en el que se había practicado. La información sobre la práctica médica, que es confidencial como la de cualquier otra operación a una paciente, generó la reacción del PRO. Como sucedió el año pasado cuando el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri –también del PRO–, informó sobre la inminente realización de un aborto no punible a una víctima de trata que había sido violada en su cautiverio en un prostíbulo y esa información habilitó que una ONG católica presentara un recurso de amparo para frenar la intervención.

La denuncia de Forenza (h) quedó radicada en la fiscalía de Instrucción en lo Penal de la Sexta Nominación de Tucumán, a cargo de Diego López Avila. En su presentación, el ex candidato a concejal pidió que se investigue el delito de aborto, si hubo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de los médicos que asistieron a la niña. El apoderado del PRO es integrante de la Sociedad Rural de Tucumán, donde ocupa una silla en la Comisión de Aspectos Legales, Impositivos y Laborales. No es la primera vez que se ocupa de limitar un derecho: el año pasado hizo una presentación ante la Corte provincial –que fue rechazada in limine– para frenar el debate en la Legislatura tucumana de la ley que habilitó el voto a partir de los 16 años.

Desde la Alianza de Abogad@s por los DD.HH. de las mujeres –red federal que nuclea a más de cien profesionales del Derecho en todo el país– repudiaron la iniciativa del PRO y expresaron su apoyo a las y los profesionales de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes “que actuaron conforme a lo que manda nuestro Código Penal en su artículo 86 desde 1921, realizando la práctica respetando la intimidad de la solicitante, sin exigir denuncia policial ni intervención judicial”.

“Manifestamos nuestro más sincero repudio a este accionar que pretende únicamente infundir miedo a los profesionales de la salud para así lograr imponer barreras de accesibilidad o directamente impedir el acceso al aborto no punible en Tucumán”, señaló la Alianza en un comunicado de prensa.

FUENTE: PÁGINA 12 -   Por Mariana Carbajal