BAHÍA BLANCA: DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO AÑO 2017

TOTAL DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

 EN EL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA

La oficina de violencia de género, de la Fiscalía General de Bahía Blanca, república Argentina, dio a conocer la totalidad de denuncias por violencia machista - y  de manera detallada la modalidad de estas denuncias - la primera semana del mes de febrero del corriente año.

Resulta interesante el trabajo que lleva a cabo esta oficina pues, si bien sabemos que las mujeres que llevan a cabo la (s) denuncia (n) son sólo la punta de un iceberg, permite trabajar con datos certeros para quienes nos dedicamos a esta problemática y nos posibilita entrecruzar información valiosa para planificar estrategias de esta pandemia (OMS) que es la violencia machista.

Fuente: Oficina de Violencia de género / Fiscalía General Bahía Blanca.

¡NO SEAS CÓMPLICE !

Este video fue realizado en el año 2012 luego de solicitar permiso al Ministerio de la Mujer y la familia de Perú, por la autoría de imágenes.

La violencia contra las mujeres cada año va en aumento, es por ello que, lamentablemente, sigue vigente este video.

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EN LOS PROFESIONALES HAY MUCHO TEMOR A COMPROMETERSE

Socióloga Silvia Teodori. Fotografía: Pablo Piovano.

La investigadora estudió las trayectorias de mujeres que efectuaron consultas y denuncias en el Hospital Alvarez, de la Ciudad de Buenos Aires. El seguimiento abarcó en promedio unos diez años y muestra que los médicos tienen escasa capacidad para la detección de violencias, a la vez que, frente a los casos, actúan “psicologizando” o “medicalizando” el padecimiento.

Saltar la rayuela buscando el cielo, la salvación. La metáfora remite al camino de las mujeres que padecen violencia intrafamiliar. Una ruta muchas veces trágica que nunca es lineal, más bien está compuesta de avances, momentos de equilibrio, retrocesos y vuelta a saltar. “A los saltos buscando el cielo”: Claudia Teodori eligió titular con esa imagen su tesis de maestría en la que investigó sobre trayectorias de mujeres en situación de violencia familiar atendidas en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, el Alvarez. Según la investigación, el sector salud revela escasa capacidad para la detección de violencias, a la vez que, frente a los casos, actúa “psicologizando” o “medicalizando” el padecimiento.

–¿Aumentaron las consultas de hombres más que de mujeres entre 2008 y 2011?

–Sí y en 2013 los varones que entraron a la admisión del equipo de violencia superaron a las mujeres.

–¿Cómo llegaban?

–El 95 por ciento de estos consultantes varones son agresores, a diferencia de las mujeres, que casi todas son víctimas. Aparte, al reglamentarse la ley 26.485 en 2010 hay un cierto cambio de paradigma en el sistema de justicia y los varones también son objeto de derivación por parte de los juzgados.

–¿Las mujeres llegaron solas?

–En ese mismo año, un tercio llegó por recomendación judicial, por causa de ellas o de sus niños. Esto es lo que llamo en el libro “terapia por mandato”, que viene a complejizar la situación porque aparece una demanda que es externa a la propia persona que consulta.

–El hospital es uno de los primeros lugares donde llegan las mujeres que sufrieron algún episodio de violencia, pero el 93 por ciento de las mujeres no lo comenta con los médicos y los médicos no suelen preguntar tampoco.

–Es complejo, porque no solo que las mujeres pueden llegar a un servicio de emergencia de un hospital por lesiones. Lo que vemos es que ellas muchas veces no pueden decir que fueron golpeadas. Los sistemas de registro de información que producen los servicios de salud tampoco pueden visibilizar eso. Se registra lesión y no se registra que esa situación es producto de violencia física. Hay varias cuestiones involucradas. Otra es que hay una escasa sensibilidad para la percepción de problemas que son no orgánicos. Hay un modelo, una racionalidad médico científica que está siempre prestando atención a lo orgánico, a los signos físicos. Ahí hablo del problema de la visibilidad de la violencia. Muchas veces las mujeres tienen signos y síntomas que no están claramente asociados con una agresión, que tienen que ver con años de deterioro de la autoestima, con estrés, hay muchos problemas gastrointestinales, musculares, nerviosos, amén de los psicológicos, que pueden claramente ser atribuidos a situaciones de violencia. Si hubiera mayor sensibilidad podría el equipo de salud pescar algo de esto y abrir una pregunta. En la mayoría de las experiencias que se han estudiado, cuando a las mujeres se les pregunta en un clima ameno, directamente, si ellas están siendo víctimas de violencia, ellas responden que sí. Hay un video muy lindo de un ginecólogo colombiano en que describe esto: “yo tenía mucho miedo de preguntar pero cuando pregunté la paciente me agradeció esa pregunta que yo hice: doctor, yo hace muchos años que esperaba que usted me pregunte eso”. Sobre todo cuando son ginecólogos de atención primaria de las mujeres.

–¿Es solo falta de sensibilidad o de formación también?

–Son las dos cosas. Yo creo que hay una falta de incorporación de las cuestiones sociales a la formación médica. Se privilegia lo biomédico, la especialización pero poco se trabaja cuestiones culturales, subjetivas, y obviamente, falta toda perspectiva de género y de derecho en la formación de los profesionales, no solo los médicos, también en el campo de la salud mental. Los que mejor preparados están son los trabajadores sociales.

–En el libro usted dice que no hay categorías asociadas a la violencia en el registro de la emergencia.

–Aparece la lesión pero no hay posibilidad de documentar que eso corresponde a una situación de violencia.

–Y eso que el Hospital Alvarez es uno de los que más trabaja en el tema.

–Claramente es el hospital que más trabajo, programas y dispositivos tiene vinculados a cuestiones de género y acceso a la salud de las mujeres.

–Aun así no se llega a detectar a todas las víctimas que llegan al hospital.

–No se llega a detectarlas un poco porque pasan desapercibidas. En parte porque ellas buscan a veces no exponerse, se culpabilizan, hay una cuestión de la propia problemática, el hacerse difícil de ser miradas. Pero a la vez hay mucho temor a comprometerse de parte de los profesionales, mucho temor a la frustración porque muchos de esos casos de mujeres a veces recaen.

–¿Cuál sería la ruta crítica de las mujeres que padecen violencia?

–Es el camino que emprenden las mujeres a partir de que reconocen la situación de violencia y se la comunican a alguien. La búsqueda que ellas hacen en distintos ámbitos y sectores; en el ámbito de la propia familia, comunitario, puede ser con una denuncia policial. Se va armando así ese camino.

–Y en esa ruta las burocracias de los sistemas son muy grandes.

–Esos periplos en general son bastante largos y bastante tortuosos. Se van modelando esos caminos en función de las respuestas de las mujeres.

–Muchas veces las mujeres se pierden en el camino porque no llegan al otro punto de derivación.

–Y no lo sabemos tampoco. Lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires hay múltiples recursos para atender la problemática. Tenemos la información de todos los prestadores estatales, de ONG, de salud, de desarrollo social, sin conocer bien qué producen, qué mujeres atienden, qué trayectorias tienen.

–El factor tiempo es muy fuerte. Una de las mujeres entrevistadas llega hasta los 28 años de sufrir violencia y circular en esa ruta crítica.

–Sí, una mujer joven que desde su noviazgo temprano intentó diferentes caminos para salir de su situación de violencia, y al momento que yo la entrevisté habían pasado 28 años. Eso no quiere decir que lo haya resuelto.

–¿A qué se debe? ¿Qué lugar tiene la desarticulación entre organismos?

–Ese sería un factor determinante. La escasa articulación y la poca capacidad de seguimiento. Porque las mujeres consultan, son activas, en general habían consultado a cinco instancias cada una de ellas. Tal vez no fueron al lugar adecuado. Lo cierto es que no conocemos que haya tradición de hacer un seguimiento, un monitoreo de la propia práctica y del destino de esas mujeres. Las organizaciones intervenimos cuando ellas se acercan y hasta ahí podemos decir algo.

–¿Encontró un protocolo unificado?

–No. Y hay un paso anterior que sería un plan nacional para enfrentar la violencia que está pendiente todavía y de ahí se desprenderían varias líneas. Entre ellas un protocolo de articulación entre los distintos efectores. Por ejemplo, entre Salud y Justicia hay contactos informales.

–La suerte depende de quién la atienda...

–Depende del secretario del juzgado, del terapeuta, del equipo. Entonces, hay un diálogo de sordos entre Salud y Justicia. Justicia envía a Salud a un proceso terapéutico y pide que se documente que el tratamiento se cumplió pero en definitiva que la mujer concurra al tratamiento tampoco garantiza y pareciera que estos actores no conocen las expectativas uno del otro.

–En la investigación usted dice que la violencia no está jerarquizada como un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir eso?

–No tiene jerarquía en el sentido de que por ahí hay otras problemáticas que tienen mayor protagonismo. Es muy escaso el interés de los miembros del equipo de salud en formarse para conocer más de la problemática. Hay un campo muy interesante que se podría abordar desde la investigación que es cuáles son esos puentes que hay entre ciertos signos y síntomas muy habituales con situaciones de violencia. Y eso es un nicho de investigación que está muy verde todavía, muy vacante.

–Propone hablar de la violencia no como enfermedad pero sí como “carga oculta” para la salud, ¿puede explicar ese concepto?

–Sí, porque la violencia no es una patología pero trae múltiples consecuencias en el plano social, en entornos familiares, a nivel emocional y también a nivel orgánico y psicológico. Tiene una carga de enfermedad que está escasamente estudiada y que se podría hacer muy bien prevención en eso.

–Dice que hay una “psicologización” del problema, ¿cómo es eso?

–En los equipos de salud hay una tendencia a delegar el problema a otro servicio, actor o sector. Uno podría pensar que eso es parte del proceso de psicologización. Pero además uno podría pensar que al psicologizar el proceso, lo que se está haciendo es reducir el problema a una dimensión individual, personal, subjetivo de esa mujer, sin pensar que hay un contexto que probablemente la esté presionando, que puede ser mandato familiar pero también pueden ser cuestiones concretas de la sobrevivencia de ella y de sus hijos. No por elección, no porque hay un goce en mantener ese vínculo sino porque hay un contexto muy desfavorable.

–También habla de “medicalización”. Hay un testimonio muy fuerte de una mujer que dice que sentía que la estaban “dopando” y que eso no la ayudaba.

–Ese es uno de los hallazgos menos esperados de la investigación. Varias de las mujeres que entrevisté habían tenido un tratamiento con psicofármacos. El modo en que llegaron también es muy singular a ese tratamiento. Una crisis emocional frente a una situación de violencia con la pareja, llegan a un servicio de emergencias y lo primero que ocurre es que para calmarla la medican y ese es el inicio de un camino que después es muy difícil de revertir. En otros casos también son dramáticas las situaciones en que ellas describen que quieren dejar de la medicación y hay crisis de abstinencia muy riesgosas también. Entonces hay allí todo un campo para seguir viendo, que es parte de lo que voy a profundizar en una investigación que estoy encarando ahora, ingresando un poco más en eso.

–Otro aspecto que aparece son los intentos de suicidios de las mujeres que sufren violencia.

–Está vinculado. Me pareció altamente significativo que las mujeres que habían intentado quitarse la vida, que tenían alguna idea suicida, que me contaban en el contexto de la investigación, todas habían estado vinculadas con el uso de psicofármacos. En realidad hay también investigaciones que las mujeres en general consumen sustancias legales, no buscan drogas ilegales. Y que en muchos casos este consumo está vinculado con poder sostener la cuestión familiar, medicarse para poder aguantar. Pero a veces está vinculado a la respuesta que da el sistema de salud: medicarse para salir de la violencia. Medicarlas para que puedan ordenarse y entrar en un tratamiento. Y esto trae un riesgo muy grande. En principio la estigmatización, se les pone la etiqueta: “la loca sos vos”. Y por otro lado, el consumo de cierto tipo de medicación las lentifica. Ellas hablan de “embobada”, “empastillada”, “dopada”, con eso se pierden los reflejos.

–Hay también un testimonio que habla de cierta complicidad de un psiquiatra con el agresor.

–Sí, porque parece ser que en esos casos el responsable de llevar al tratamiento a la mujer para hacer una consulta ambulatoria es la pareja. Entonces ahí se produce una alianza de género, de poder, y por otro lado, me quedó algo en relación a los suicidios. Es difícil saber si usan los fármacos para aplacar sus síntomas o si se quieren matar.

–¿O sea que la metodología que usaron fue tomar pastillas?

–Sí, y aparte la relación entre ideación suicida y psicofármacos la encuentro en que todas habían estado consumiendo psicofármacos. Las que no habían pasado por tratamientos psiquiátricos no refirieron. Es una relación a explorar.

–¿Propuestas para mejorar? Algo ya planteó.

–En el plano más social y cultural hay mucho para hacer. Menciono allí el tratamiento que hacen los medios de comunicación. En términos generales, me parece que hay todavía un tratamiento que coloca una y otra vez a la mujer o en el lugar de objeto para vender algo en un lugar subordinado.

Algo que me parece sustantivo es el papel de cada uno de nosotros, de la familia, de la comunidad. Las mujeres muchas veces tampoco encuentran un respaldo en el propio entorno. En lugar de contar con apoyos muchas veces lo que le dicen la familia, las amistades, es “bueno, sé más tolerante”. Y la verdad es que es un mensaje muy riesgoso y me parece que habría que apelar a cada uno de nosotros, de ponerse en el lugar del otro, de acompañar, de comprometerse.

Fuente. Página 12 - Por Sonia Santoro

CUANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO TIENE CASTIGO

Argentina. El hombre violó la restricción de acercarse a su mujer y a sus hijos a menos de 200 metros. No era la primera denuncia de restricción violada. La mujer subió a un colectivo con sus chicos y el chofer la ayudó cerrando la puerta. Enfrenta una condena a un año.

Imagen: Guadalupe Lombardo

Un hombre denunciado por violencia familiar y que violó la prohibición judicial de acercarse a menos de 200 metros de su pareja, podría ser condenado a un año de prisión por “desobediencia a la orden de un funcionario público”. En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella recordó que la Justicia civil federal había prohibido a J. A. C. acercarse “a una distancia menor de 200 metros, por el plazo de 60 días, como así también cualquier tipo de contacto, sea vía mail o telefónica”, a su ex pareja, S.P.A. y sus tres hijos, dos de ellos en común con él. En diálogo con Página/12, el fiscal –que trabajó con la colaboración de Romina Pzellinsky, responsable del Programa de Género de la Procuración General de la Nación– explicó que “para el dictamen de requerimiento tienen un valor probatorio muy importante los dichos de la mujer”.

El 15 de febrero de 2013, a raíz de una causa por violencia que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 26, de la ciudad de Buenos Aires, a J. A. C., entonces de 32 años, le fue dictada y notificada la prohibición de acercamiento a S. P. A. y sus hijos, menores de edad al cuidado de ella. El hombre violó la orden el 26 de enero y el 5 de febrero, sin mayores consecuencias. El 24 de febrero, a las 8.30 de la mañana, la mujer salió de su casa, en Lanús, con sus hijos, camino a la parada del colectivo que los dejaría en casa de una tía de ella. La resolución da cuenta de que “al cruzar la calle, fue interceptada por el imputado C.”, quien –de acuerdo con testigos– estaba ebrio.

“Al principio, el imputado se acercó a los niños y los saludó con un beso a cada uno; posteriormente, insultó a la señora A., al grito de haberle quitado a sus hijos. Ella, con la única intención de resguardar la vida de los niños, intentó dialogar con C., pero éste se violentaba cada vez más, por lo cual decidió pedirle perdón y manifestarle que se había equivocado y que lo amaba, logrando con ello que se tranquilizara”. El hombre le propuso ir a la casa de la ciudad de Buenos Aires en la que habían vivido, la misma de la que había sido expulsado por decisión judicial. La mujer buscaba excusas mientras seguía caminando hacia la parada del colectivo; durante el trayecto, él “continuaba empujándola”.

El requerimiento del fiscal Gómez Barbella indica que, de acuerdo con las declaraciones de la víctima, ella “sabía cómo terminaría la jornada si esta persona la acompañaba hasta la casa, por lo cual, cuando arribó el primer colectivo, subió rápidamente y puso en conocimiento del chofer y los pasajeros esas circunstancias”. Todos la ayudaron: el chofer cerró la puerta del vehículo para que el agresor no subiera y se encaminó hacia la Comisaría de la Mujer del partido de Lanús, donde la mujer radicó la denuncia. Luego, ella continuó el circuito en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña.

La mujer radicó las denuncias el mismo día en que su ex violó la restricción de acercamiento por tercera vez, es decir, en febrero de 2013. La defensa del acusado apeló el procesamiento, sin éxito. El agresor fue indagado el año pasado. Desde entonces, y tras pasar de la Cámara porteña a la Justicia federal con sede en Lomas de Zamora, por cuestiones de jurisdicción vinculadas con el lugar donde ocurrió el episodio, la causa había quedado sin actuaciones. El requerimiento de elevación a juicio llegó sobre el filo del plazo en que podría haber operado la prescripción.

Con el requerimiento, J. A. C. llegará a un proceso judicial por un delito correccional que podría terminar con una pena de un año, es decir, sin cumplimiento efectivo. “Es un delito de desobediencia, con una pena relativamente leve”, explicó el fiscal Gómez Barbella. “No obstante eso, el requerimiento buscó poner la desobediencia en el marco de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres. Quise resaltar que se vulneraron los derechos de una víctima en la situación especial de un caso de violencia contra las mujeres. De hecho, el imputado tenía orden de restricción dictada a partir de un proceso por violencia. Desobedeció a un juez civil, por eso entendí que tenía que ir a juicio”, señaló.

La colaboración entre el fiscal Gómez Barbella y la responsable del Programa de Género de la Procuración, Pzellinsky, consistió en interpretar con perspectiva de género la resolución de requerimiento, a partir de leer desde allí los materiales ya acreditados. “Cuando valoramos la prueba junto a Pzellinsky, la abordamos respecto a la obligación que tiene el Estado de amparar a la víctima en casos de violencia contra las mujeres”, detalló el fiscal. El requerimiento indicó que un delito como el cometido por J. A. C. “no puede ser tratado como si fuera un hecho común y aislado, sino que debe atender a sus especiales características, según las cuales es de suponer que el encausado intente abordar a la víctima cuando se encuentra sola o acompañada por otras mujeres que, por ser vecinas del propio autor, no asistan a los estrados a deponer testimonialmente. No es casual que dichos abordajes se produzcan hacia la víctima cuando se encuentra en compañía de sus hijos y/o de otras mujeres”.

La denuncia realizada por S. P. A. fue acreditada por las actuaciones ante la Comisaría de la Mujer de Lanús y la Cámara porteña, así como por la prohibición de acercamiento que estaba vigente y un informe que indicaba que el agresor era, efectivamente, peligroso para la integridad de la mujer. Pero el requerimiento del fiscal valoró, con fuerza propia, los dichos de la denunciante. “No se advierte en el relato de A. indicio alguno de mendacidad, que lleve a descreer de sus dichos”, señaló. Además, “la víctima ha mantenido una conducta sostenida en su voluntad de cesar con el vínculo violento, ya que no sólo denunció a C. sino que luego denunció el incumplimiento” de la restricción.

fuente: Página 12 - Por Soledad Vallejos

SIN TREGUA

El 5 de noviembre del 2013 a Nélida la fue a buscar su marido a la escuela en donde era vicedirectora en Sauce, Corrientes. Ella se subió al auto y él la amenazó con matarla, la golpeó, le tiró un hacha y le quebró la nariz. Ella se salvó porque se tiró del auto y se convirtió en una sobreviviente. El estuvo ocho meses preso. Pero ahora salió en libertad y Nélida, junto a sus hijos, que ahora viven en Buenos Aires, apelaron la medida para que vuelva a la cárcel.

A Nélida B. le costó sangre, sudor y lágrimas llegar a ser maestra. No es una forma de decir que le costó sangre. Se casó embarazada a los 18 años. Era diciembre de 1977 y las madres solteras no estaban bien vistas. En cambio, a la violencia no la veía nadie. Su familia le pidió que se vaya a vivir con el novio y con la libreta. La espera no fue dulce. Apenas un año y medio después del primer beso, Rogelio, de 24 años, empezó a ser violento. El no paró más y ella no encontró forma ni ayuda para frenarlo. Su papá, César, intentó vengar los ojos morados de su hija con un cuchillazo entre hombres. Su papá murió, en el primer año del infierno, en 1978. Ni el duelo fue entre caballeros ni hizo efecto.

Rogelio salía por las noches de Sauce, un pueblo de Corrientes, donde la libertad tiene piernas de hombre y silencio de mujer, sin dar explicaciones ni despedirse para empezar otra vida. A ella, en cambio, le tapió con madera hasta la pequeña rendija de vidrio de la puerta. No podía ni pispiar el afuera. Y si ella se iba de la casa después de la golpiza, él violaba la orden de restricción de la Justicia y la sacaba a punta de pistola de la casa de su mamá, Elida, para que volviera. No es que la Justicia no supiera, es que no había justicia. El 25 junio de 1993, ella denunció los golpes. La Justicia caratuló el puño contra una mujer de ojos cerrados y sin más salida que su propia puerta como lesiones leves. El ring no era público, sino entre las paredes de su casa. Pero a él lo absolvieron por insuficiencia de pruebas y como papel picado para un Carnaval sin fiesta el archivo terminó triturado.

Nélida –que pide resguardar su identidad y su rostro– no encontraba otra puerta de salida que intentar agachar más, si hay más abajo, la cabeza. Hasta Nélida es un nombre propio que no le pertenecía. Rogelio le decía chancha. Y como chancha la trataba, sin comer nunca en la mesa con ella. Ella intentaba aguantar, silenciar, pasar inadvertida, perdonar. No veía escapatoria. Intentó refugiarse en la casa materna. Pero el 29 mayo del 2002 la hizo volver a punta de pistola. La Justicia también le concedió a Rogelio el sobreseimiento definitivo por abuso de armas. Igual que en las otras siete causas que marcan los antecedentes tan escritos como invisibles contra ella y contra otras mujeres del pueblo. El prontuario está a la vista. Igual que Rogelio, que pasea su impunidad.

Los hijos llegaron sin cesar y compartieron el miedo. Ella quería protegerlos. Pero no encontraba el volumen más bajo del silencio. Una golpiza que recuerda es el castigo por haber comprado una enciclopedia de Petete. Piensa si tal vez era demasiado roja, tal vez costaba demasiado dinero, tal vez albergaba demasiadas palabras. No hay tal vez que pueda explicar la violencia. Ella tenía a su bebé más chico en brazos y esquivó una botella que le apuntó directo a la cabeza. El castigo siguió sobre su espalda. Una espalda rendida a doblegarse para evitar que su vientre fértil recibiera más golpes.

Los libros volvieron a tener reprimenda. Ella terminó de tener hijos y decidió estudiar para maestra. A él nunca le gustó. Pero menos cuando el título estaba casi en las manos de Nélida. Antes que pudiera dar su último examen, armó una pila con todos sus textos y los quemó. Prendió fuego a todo el esfuerzo para ser maestra. Ella se recibió igual, con el apoyo de sus amigas de magisterio, y su mayor orgullo es que llegó a ser vicedirectora por concurso público. Los libros ya no necesitaban ser rojos y gordos. El tiempo pasaba para agilizar algunas cosas. El año pasado le entregaron una netbook y le dijeron que tenía que venir a Buenos Aires a capacitarse en aulas virtuales.

Antes de que pudiera viajar, el 5 de noviembre del 2013, él la fue a buscar –con el autito que había logrado comprarse Nélida– a las 15.30, cuando ella salía de la escuela. Nélida subió como siempre. Sin sentir que había otro camino posible. “Te voy a matar”, la saludó él. Ella miró a la traba de la puerta como única posibilidad de defensa. Y decidió tirarse a pesar de la velocidad de la ruta cuando él le anunció “Acá te vas a morir”. Las rodillas todavía le duelen del golpe de la caída. El rojo se convirtió en sangre que se esparció por el guardapolvo –el mismo que todavía conserva, quizá como prueba de la persecución, quizá como homenaje a su resurrección, quizás como una bandera de sobreviviente de la violencia machista, quizá como el emblema de su pasión por la docencia– cuando él le tiró un hacha y no cumplió con su amenaza de muerte por el mero azar de la puntería que pudo haber clavado en ese 5 de noviembre su último día. La nariz sí, entre otras cosas, le quedó quebrada.

Ese 5 de noviembre Nélida realizó la denuncia. La causa cayó en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzu Cuatiá del juez Martín Vega, que decidió dejarlo libre el 8 de septiembre, pasado en la causa por lesiones graves, amenazas de muerte y tentativa de homicidio calificadas por el vínculo. El fiscal Alberto Esper le dijo a Belén P., la hija de Nélida, que no iba a apelar la medida porque no había nada que hacer.

Nélida se vino a vivir a Buenos Aires para poder empezar una nueva vida. No le reconocieron su cargo y le dieron trabajo como docente pero con un sueldo de cuatro mil pesos menos que lo que cobraba en Corrientes. Pelea junto a Ctera, también, por la incorporación de la licencia por violencia de género. No tiene medidas de restricción ni un botón antipánico por si corre peligro. Y sí tiene miedo. “El me dijo que me va a matar y que me va a buscar hasta que me encuentre”, advierte. Y pide: “Yo quiero que esté preso o internado, si creen que no era consciente de sus actos porque tomó alcohol y medicamentos para la diabetes como pusieron en el expediente, sin hacer las pericias suficientes, pero no libre”.

Nélida está acompañada de su hija Belén, de 29 años, y de su hijo Emanuele, de 20. Ella sacó un crédito personal para poder pagar a un abogado –Fernando Soto– que apele la sentencia y revertir la libertad de quien le pudo quitar a su mamá y le impregnó la vida de violencias y de un miedo que siente latente, más presente ahora que nunca. El muestra su tatuaje en el hombro, un signo de pibe que reconstruye su vida y esculpe una identidad dibujada de cero. “No voy a seguir el mismo linaje. No le deseo a nadie la vida que tuve. Fui el que más lo enfrentó”, se diferencia con firmeza. Y con críticas a su pueblo natal –casi al borde del límite con Entre Ríos– donde “salir borracho y pegarle a tu mujer es normal” y con lecciones a la madre, a la que le explica, con una claridad plantada en una vida nueva, que ella no se tiene que responsabilizar porque es la víctima.

Emanuele es ejemplo de los hombres que sufren la violencia de otros hombres. Su papá le partió una silla cuando él descubrió que buscaba –con una identidad falsa– a sus compañeras de colegio por Facebook y les ofrecía plata para encontrarse con ellas. Hoy busca otra vida. Junto a su mamá y su hermana. Pero la sombra de la libertad ajena, que no es libertad propia, todavía los hace sentir pesadillas aunque tengan los ojos bien abiertos.

Fuente: Página 12 - Por Luciana Peker

CADA 30 HORAS SE REGISTRÓ UN FEMICIDIO EN ARGENTINA

El año pasado murieron 295 mujeres en manos de sus agresores. En Santiago del Estero se llevó a cabo, en 2013 el primer juicio.

Según revelaron en el Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, en el año 2013 se registró un femicidio cada 30 horas con un total de 295 mujeres asesinadas.

 Esta negra estadística es el reflejo de una grave problemática que fue analizada, el año pasado, por la coordinadora general de la Asociación Civil Casa del Encuentro, Fabiana Túnez, quien se basó en la información que es publicada a diario por agencias y diarios nacionales.

 “Quisiera estar acá para decirles que el número de femicidios de 2013 fue cero, pero lamentablemente no es así. Fue la cifra más alta de los últimos 6 años”, detalló Ada Rico, otra de las fundadoras de la Asociación Civil.

 El terrible informe detalla que unas 83 mujeres murieron baleadas, 64 fueron apuñaladas, 37 golpeadas y 28 fallecieron tras ser estranguladas. En ese sentido, se agrega además que en el 38 por ciento de los casos, los asesinos fueron esposos, novios, PAREJAS o amantes de las víctimas.

Asimismo, el informe de Casa del Encuentro afirma que la mayoría de las fallecidas tenía entre 19 y 30 años y gran parte de los crímenes se cometieron en las casas de las víctimas.

 Como si esto fuera poco, 11 de las víctimas se encontraban embarazadas y en 27 de los casos hubo indicios de abuso sexual. Otro dato a tener en cuenta es que en 46 casos había denuncias previas o medidas cautelares por hechos de violencia. 

 Los datos son por demás escalofriantes.

Los mismos se reflejan en las dependencias policiales de nuestra provincia, en donde diariamente las mujeres radican denuncias tras ser víctimas de golpes, precisó una fuente consultada por este medio.

Pedido a fiscales

 El Ministerio Público Fiscal (MPF) instruyó a sus fiscales para que cuenten con la colaboración de los profesionales de las brigadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que asisten a las víctimas de violencia de género y/o intrafamiliar. Desde su creación en 2006, el programa “Las Víctimas contra las Violencias” del que dependen estos equipos lleva un registro de sus intervenciones en casos de violencia sexual, de género e intrafamiliar.

 En el presente año, este pedido se reforzó y por ende los fiscales trabajan en profundidad, de manera especial en los casos de violencia contra la mujer. 

 La prioridad de los profesionales es escuchar a las víctimas. Según datos oficiales, alrededor del 90% de los agresores son hombres que mayormente tienen entre 19 y 40 años.

Fuente: Nuevo Diario Web