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domingo, 30 de julio de 2017

REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: ALTERNATIVAS VITALES

Título original: La vía de escape

Cómo funciona en España el sistema de viviendas para mujeres víctimas de violencia

Brindan el techo que la mujer necesita para dejar de convivir con su agresor. Hay distintos tipos, según la situación particular en cada caso. Zaragoza es el ayuntamiento que más desarrollado tiene el programa. En la Argentina ya hay proyectos para replicar la experiencia.




Tener un techo es el piso que las mujeres necesitan para empezar a salir de la violencia. Hace 35 años que el Ayuntamiento de Zaragoza, España, lleva adelante políticas públicas de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. “Es necesario ofrecerles alternativas vitales que les permitan reconstruir su vida, solas o con sus familias. Por ello, apoyarles en la independencia habitacional y económica es fundamental para poder lograr su autonomía y recuperación”, explica a PáginaI12 Arantza Gracia, concejala a cargo de los temas de igualdad. Aquí, los detalles de una experiencia que se busca replicar en la Argentina con varios proyectos para avanzar en políticas públicas acordes a las necesidades de las víctimas.
Como ya se afirmó en este diario, para muchas mujeres, el sueño de la casa propia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Son mujeres que atraviesan violencia de género, especialmente doméstica, y no pueden salir de esa situación porque dependen económicamente de su agresor o no tienen otro lugar donde vivir que no sea el techo que comparten. 

Con esa consigna como motor, en 1982 el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha un programa municipal de atención a las mujeres que atravesaban situaciones de violencia de género. 

La experiencia no es única. En España existen casas refugio o departamentos para mujeres con sus hijos e hijas desde los años 70. Empezaron las asociaciones feministas y ahora existe una red en la que confluyen diferentes modelos (religioso, feminista, institucional). Las mujeres acceden a estos recursos a través de las comisiones provinciales correspondientes, en las que participan instituciones, profesionales y asociaciones .

En Argentina, hay poco y nada más allá de los refugios para la primera emergencia. Sin embargo, la necesidad de las mujeres está y algunos distritos están tomando nota de esto. En mayo, por ejemplo, se aprobó en Concordia, Entre Ríos, un proyecto de ley que establece un cupo de viviendas para mujeres víctimas de violencia de género. En la Ciudad de Buenos Aires, hay varios proyectos en la Legislatura porteña que proponen distintas soluciones hoy inexistentes para dar un techo a las mujeres en situación de violencia de género.

“Tenemos un convenio con el Servicio Municipal de Igualdad que ofrece diferentes programas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, adaptados a los diferentes momentos vitales y necesidades que pueden existir”, explicó Pilar Aguerri Sánchez, jefa del Área de Gestión Social y Alquileres, Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Hoy cuentan con cuatro modelos distintos, según la situación de la víctima: Casa de Acogida, Pisos Tutelados, Acceso Extraordinario y Centro de Emergencia.

Para el primer momento, las mujeres que no tienen otro lugar donde vivir o pueden ser localizadas por su agresor, cuentan con la “casa de acogida” de estancia temporal, donde ellas y sus hijos e hijas tienen apoyo integral que les permite sobrevivir los primeros días.

Superada la urgencia, hay “viviendas de emergencia”, para las mujeres víctimas que hayan estado en casas de acogida pero siguen necesitando apoyo y alojamiento. Son viviendas funcionales, acondicionadas y amuebladas, por las que las usuarias no pagan gastos de alquiler ni de servicios. Durante esta etapa siguen recibiendo apoyo social, psicológico y jurídico.

 “Se trata de viviendas autogestionadas. Es un recurso de carácter temporal para la adquisición de la autonomía, a través de la atención integral y personalizada tanto a las mujeres como a las hijas e hijos. Estas viviendas podrán ser compartidas por más de una unidad familiar como experiencia hacia un proceso de independencia y autonomía. Hay un total de cuatro viviendas con este fin”, explicaron. 

Otra opción son las “viviendas tuteladas”. “Están dirigidas a mujeres y sus hijos/as que, teniendo cierta independencia e ingresos económicos, no pueden temporalmente independizarse y ser completamente autónomas. Se realizan contratos para usos asistenciales por un año con las residentes, que serán responsables, con los apoyos necesarios, de todos los aspectos relacionados con el alojamiento. La arrendataria se encarga de abonar el importe de alquiler mensual, así como los gastos ordinarios de comunidad y los de suministros, y se responsabiliza del cuidado y mantenimiento de la vivienda”, aclararon desde Zaragoza. Hay cinco casas para este uso, y este año sumarán cinco más. 



Luego hay otro tipo de viviendas, llamadas de “acceso extraordinario” para mujeres provenientes del proceso anterior que han agotado los sistemas ordinarios de acceso y  necesitan una vivienda para su integración definitiva o bien para aquellas mujeres que estando en proceso de atención de violencia de género necesitan, de forma especialmente urgente para su proceso personal, disponer de una casa. Cuentan con un  máximo de seis viviendas anuales.

En 2016, 17 mujeres y 16 menores de edad pasaron por una casa de acogida; 13 mujeres y 11 niños y niñas por los departamentos tutelados, y 49 mujeres por un centro de emergencia.

Arantza Gracia, concejala de Educación e Inclusión, es quien lleva el tema de Igualdad en Zaragoza. En respuesta a PáginaI12 explicó por qué apuntalar a las mujeres desde lo económico y lo habitacional es prioridad para el Ayuntamiento. 

–¿Qué es lo que les falta desarrollar en el campo de la asistencia y  acompañamiento a víctimas de violencia?

–Nunca es suficiente todo lo que hagamos, mientras haya mujeres que necesiten nuestra ayuda. El contexto socioeconómico actual tampoco es de gran ayuda. En estos momentos debemos replantearnos, por un lado, cuál es la acogida y atención que les damos en nuestros centros. El modelo de casa de acogida debe ser replanteado, porque es probable que ya no responda a las necesidades. Además, necesitamos siempre más pisos a precios asequibles. Aunque nunca llegarán a ser asequibles si no tienen ingresos, por lo que el impulso al desarrollo local y la implicación de las empresas en la inserción de las mujeres supervivientes es un trabajo esencial, pero complejo.

En el debe, Gracia contabilizó además “contar con un mayor equipo de atención psicológica que pudiera trabajar de forma más individualizada cada uno de los casos”. Así como “mejorar el trato institucional que las mujeres reciben. Esto no es competencia municipal, pero es algo que debemos exigir. La atención que reciben cuando van a denunciar; el acompañamiento en todo el proceso judicial y el propio proceso en sí; la atención sanitaria cuando hay agresiones físicas así como la protección policial ante el maltratador. Las decisiones judiciales respecto a la custodia de hijos/as, que incluso llegan a quitársela o a obligarles a ver a su maltratador en el intercambio en las visitas, son ejemplos de malos tratos institucionales que poco o nada ayudan a las mujeres a tomar la decisión de alejarse del maltratador y a poder recuperarse y reiniciar su vida”.

–¿Cuáles son las políticas fundamentales para que las mujeres puedan salir de esa situación?

–Cuando una mujer está sufriendo una situación de violencia de género no le resulta fácil romper el vínculo con su maltratador. Los principales problemas vienen dados por su situación emocional y su situación vital y económica. Por ello, trabajar en estas líneas y ofrecer alternativas y apoyos son fundamentales. Por un lado, está el daño psicológico. Los golpes físicos son una forma de otro tipo de violencia que generalmente la precede, la psicológica. El estado emocional de las mujeres que sobreviven a una situación de malos tratos es delicado, por lo que primero hay que trabajar su recuperación, en la sanación de sus heridas no sólo físicas, si no también emocionales. Por otro lado, es necesario ofrecerles alternativas vitales que les permitan reconstruir su vida, solas o con sus familias. Por ello, apoyarles en la independencia habitacional y económica es fundamental para poder lograr su autonomía y recuperación. Estas líneas son prioritarias y esenciales, pero no las únicas. En ocasiones, la situación devenida de los malos tratos les ha llevado a tener rotas muchas de las redes de apoyo que necesitamos las personas para vivir. Algunas, incluso, no las han llegado a tejer nunca, especialmente en el caso de mujeres migrantes. En este caso, es importante ayudarles a tejer esos lazos, a construir o reconstruir ese tejido que les permita resituarse y sentirse acompañadas.  

–¿Qué políticas implementan en materia de prevención?

–En muchas ocasiones se considera que con hacer campañas o talleres en los colegios ya se está interviniendo en prevención. Por desgracia, el aumento y cambio de formas de control entre adolescentes y el número de mujeres que siguen sufriendo malos tratos nos demuestran que nos estamos quedando muy lejos de lo que es necesario para romper con la violencia machista. Cuestiones que debemos atender en prevención son, de una parte, hacia las mujeres, trabajando el empoderamiento psicológico y económico. Por otro lado, hacia los hombres, en el aprendizaje de la gestión emocional y la resolución de conflictos de forma no violenta. Y, por supuesto, en global, en la identificación de conductas machistas, por desgracia muchas veces normalizadas; en la condena y rechazo social absoluto hacia cualquier tipo de actitud machista y en la dignificación y no revictimización de las mujeres que sobreviven a los malos tratos.

Fuente: Página 12 - Por Sonia Santoro.-














jueves, 20 de junio de 2013

APROBADA LA RED NACIONAL DE CENTROS DE ACOGIDA PARA EMERGENCIAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Madrid. Los pisos tutelados, los centros de emergencia y las casas de acogida que existen en las comunidades autónomas se integrarán en una única red de ámbito nacional. Se trata, según explicó el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de una iniciativa encaminada a mejorar la protección y la seguridad de las víctimas y de los y las menores a su cargo, así como favorecer su recuperación integral. Así lo anunciaba tras la conferencia sectorial que aprobó la Estrategia para la erradicación de la violencia de género.


Las comunidades autónomas se comprometieron a firmar, en el plazo de cuatro meses, un protocolo de derivación "que se rija por criterios de atención personalizada a las usuarias". Cuando la comunidad de origen considere que se trata de una emergencia, la derivación deberá resolverse en menos de 24 horas.

La creación de esta red nacional de casas de acogida no significa que vaya a haber más centros en los que atender a las mujeres víctimas de la violencia de género. Esta medida, incluida en uno de los siete objetivos que se propone la Estrategia (el número 6, mejorar la coordinación y el trabajo en red), consiste simplemente en integrar los dispositivos ya existentes.

La Estrategia, que será uno de los ejes del futuro Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en el que trabaja el Ministerio se articula en torno a siete ejes y 258 medidas.

  • Ruptura del silencio de las mujeres y su entorno. En este eje se han incluido medidas como la creación de códigos de autorregulación publicitaria. Además, se va a potenciar el servicio de información on-line del teléfono 016. También se va a impulsar, tal y como se acordó en la Cumbre Europea de Buenas Prácticas celebrada el pasado mes de abril en Madrid, la puesta en marcha de un servicio de atención telefónica a nivel europeo, el 116.


  • Respuesta más eficaz y personalizada. Las víctimas de la violencia de género estarán exentas del pago de las tasas, abogacía y procurador o procuradora. El Ministerio propone “informar exhaustivamente” de este reconocimiento de la justicia gratuita, para “animar a todas las mujeres que sufren malos tratos a denunciar”.


En este punto se incluyen también medidas de protección, como la extensión de la libertad vigilada para delitos de violencia de género. También un protocolo que se va a estudiar con Instituciones Penitenciarias para extender el uso de los brazaletes para vigilar el cumplimiento de las medidas de alejamiento durante los permisos penitenciarios. Asimismo, se va a avanzar en la interconexión de los subsistemas de recogida de denuncias de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales.

  • Atención a menores y grupos vulnerables (mayores, del ámbito rural, inmigrantes y mujeres con discapacidad). Más del 70 por ciento de las mujeres que declaran haber sufrido malos tratos tienen hijos e hijas menores. Aunque sin precisar, el Ministerio asegura que en la Estrategia “se van a adaptar a sus necesidades específicas todos los instrumentos de atención e intervención en los ámbitos sanitario, social y judicial”.


Además, el personal sanitario del medio rural recibirá formación especializada en violencia de género. En cuanto a las mujeres con discapacidad, destacan medidas como la mejora de la accesibilidad del teléfono 016, a través de una plataforma de vídeo interpretación.

  • Atención a otras formas de violencia, como los matrimonios forzados, la mutilación genital y la trata con fines de explotación sexual. Incluye medidas como la tipificación como delito de los matrimonios forzados. También, por primera vez en España, se prevé la próxima aprobación de un protocolo sanitario específico contra la mutilación genital femenina.


Asimismo se va a incentivar la contratación de mujeres que hayan sido víctimas de la trata, de igual manera que se promoverá la integración a través del empleo de las víctimas de la violencia de género, a través de la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género.

  • Mejorar la formación de todas las personas profesionales implicadas. En este objetivo destaca la inclusión en el contenido formativo troncal de todas las especialidades médicas las competencias genéricas referidas al conocimiento de la violencia sobre las mujeres.


  • Mejorar la coordinación y el trabajo en red, con el objetivo de avanzar hacia una ventanilla única para las víctimas de la violencia de género.


  • La evaluación, conocimiento y mejora continua es el último objetivo de la Estrategia. Incluye la realización de un estudio sobre los y las menores expuestas a la violencia de género, y un informe sobre el ciberacoso, que constituye una nueva forma de violencia de género entre parejas jóvenes y adolescentes.


Críticas y desconfianza

Sin embargo, la que está siendo difundida como una gran Estrategia encuentra desde el comienzo muchas críticas. Empezando por la ausencia del presidente del Gobierno en un tema tan importante, siguiendo por los escasos treinta minutos que estuvo la ministra Ana Mato en la reunión en la que se aprobó, pero sobre todo porque, según especialistas y responsables de varias comunidades autónomas, “no aporta ninguna medida significativa” ni el Gobierno aumenta la dotación económica.

El presupuesto es de 1.539 millones de euros que el ministerio de Mato defiende que representa una “aportación extra”, pero las autonomías gobernadas por partidos diferentes del PP dicen que no comporta ningún aumento sobre el dinero que ya se destina a la violencia de género.

FUENTE: AMECOPRESS

miércoles, 17 de abril de 2013

LA CUEVA DEL ENEMIGO


Muchas mujeres víctimas de maltratos no tienen un lugar para vivir más que el hogar compartido con su agresor. Los refugios y albergues representan soluciones provisionales, y son pocos los programas que permiten a las mujeres la posibilidad de acceso a una vivienda.

NECESIDAD DE VIVIENDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO


Si el gobierno me diera un rancho, yo no tendría que vivir aguantando violencia. Yo quisiera un lugar chiquitito, que se entre de costado, para poder estar tranquila y no tener que rendirle cuentas al tipo. Tengo al enemigo en la casa y me lo tengo que aguantar, porque es eso o la calle. Así lo siento yo. Sería mejor si tuviera un lugar.” Cuando Elisa cuenta su historia habla de sentir… Es que los golpes duelen en el cuerpo, los gritos retumban en los oídos y las humillaciones quedan rebotando en el inconsciente hasta que los años las hacen carne y terminan convenciendo. Pero como Elisa, muchas mujeres aceptan permanecer en situaciones de violencia intrafamiliar –o doméstica– (1) porque oponerse es enfrentarse, también, a una vida sin hogar.


Un estudio realizado recientemente en Argentina, Brasil y Colombia por el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE, por su sigla en inglés) (2) muestra que la dependencia económica aparece como el obstáculo principal para romper con una relación violenta, y en segundo lugar el no tener un lugar para vivir más que el compartido con el agresor. Para María Victoria Ricciardi, abogada y una de las autoras de la investigación, existe una relación clara entre la posibilidad de salir de los circuitos de violencia y la vivienda: 

“Exploramos las historias de decenas de mujeres de los tres países y los testimonios hablaban de la dificultad de terminar con situaciones de violencia por no tener, literalmente, adónde ir”.



No poder escapar del agresor es, además, un problema que afecta a mujeres de todos los sectores sociales: las que viven en barrios informales suelen carecer de medios económicos independientes, y aquéllas de mayores recursos sufren con la separación una pérdida de la calidad de vida más fuerte. A Jimena su marido la insulta, muchas veces le pegó y otras tantas amenazó con prenderla fuego. Más de una vez también los hijos de ambos, de cinco y tres años, presenciaron estos espectáculos violentos. Jimena es co-propietaria con su marido de una casa en Villa del Parque. Así figura en la escritura, pero él aportó un porcentaje mayor de dinero y por eso entiende que puede tomarse ciertas atribuciones: “En el último episodio de violencia, me echó de la casa con los chicos. Después de unos días recapacitó, nos dejó volver y se fue. Igual siento que estoy atada. Cuando discutimos o se pone nervioso siempre me hostiga con que lo usé, porque me quedé con su casa y con sus cosas. También me corre con que si nos divorciamos le corresponde pasarme sólo mil pesos para alimentos y yo con mi sueldo no puedo sostener la educación privada de los chicos”.

¿Hogar dulce hogar?

La violencia contra la mujer sucede básicamente en el hogar, y así lo evidencian algunas cifras.
En octubre de 2011, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) (3) atendió 719 casos en la Ciudad de Buenos Aires (48 más que durante el mismo mes de 2010), muchos de los cuales fueron evaluados con un nivel de riesgo entre alto y altísimo (4). El 62% de las personas afectadas fueron mujeres adultas (otro 16%, niñas) y en un 83% las víctimas denunciaron a sus ex parejas, concubinos, cónyuges o novios.
Además, las estadísticas se elevan claramente durante los fines de semana, feriados, fiestas y períodos de vacaciones, momentos difíciles porque los agresores no trabajan y muchas mujeres hacen esfuerzos por salir como estrategia para evitar posibles episodios de violencia.
En el último informe de investigación sobre femicidios (5) en Argentina, realizado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2011, la asociación civil La Casa del Encuentro (6) también da cuenta de un aumento del 10% de los asesinatos respecto a los datos de 2010. De los nuevos 237 casos, 137 fueron cometidos por esposos, parejas, novios o ex, y la mayoría ocurrieron en la vivienda que compartían.

Forzadas a convivir con sus verdugos, el lugar más inseguro para estas mujeres es su propia casa.



Cuestión de derechos

El derecho a la vivienda está incluido en diversos tratados internacionales de derechos humanos y es considerado un elemento de un derecho más amplio: disfrutar de un adecuado estándar de vida. Que es lo mismo que decir que el derecho a una vivienda no apunta solamente a tener un techo, y que las víctimas de violencia doméstica deberían vivir en seguridad, paz y dignidad (7).


“La vivienda es un derecho humano básico; es también un bien económico; es la base de la reproducción biológica y social, de inversión, de ahorro familiar. Es el seguro para la vejez, un refugio, la ilusión, un sueño a conquistar y una demanda solidaria. Sin este espacio de cobijo las personas pueden sentirse muy frágiles. La vivienda es también espacio habitable en sí misma y en relación con el barrio y la ciudad. Es decir, se vincula a los servicios e infraestructuras y a la calidad del espacio urbano en el que se ubica”, explica Ana Falú, ex directora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).


Muchas veces pionera en materia legislativa, Argentina sancionó en marzo de 2009 la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Siguiendo los lineamientos de la Convención Belém Do Pará (8), distintos artículos de la ley mencionada establecen, específicamente, medidas cautelares relacionadas con el domicilio de la víctima o el agresor y también la creación de programas temporales y definitivos de acceso a la vivienda a partir de asistencia económica y líneas de créditos para mujeres que padecen violencia (9). Sin embargo, a casi tres años de su sanción, estos últimos artículos no resultan plenamente aplicables por no haberse desarrollado todavía las herramientas o instrumentos operativos que permiten su oferta a las eventuales beneficiarias de la norma.
Por otro lado, al no existir datos y estadísticas nacionales sobre la prevalencia e incidencia de la violencia se hace difícil la realización de diagnósticos y la ejecución de políticas públicas de vivienda para las mujeres. Al parecer, nadie está viendo ni relevando el problema.
“Hoy las personas que sufren violencia doméstica y que han formulado denuncias no tienen ninguna prioridad ante la falta de vivienda, y tampoco es un dato que se esté teniendo en cuenta en ninguna iniciativa. Esto hay que entenderlo en el contexto general de que no hay datos en Argentina para medir la violencia, ni registros administrativos unificados”, describe Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) (10).

Por su parte, Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencias (11) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, recoge el guante y reconoce la falta:

“Aplicar políticas públicas relativas a la vivienda demanda, por parte de los funcionarios, imaginación, experiencia y presupuesto. Además de haber incluido una conciencia de género que les permita pensar en la relación vivienda y violencia. Lo cual no es habitual”.

Refugiadas
Ante una situación de emergencia, las medidas de exclusión del hogar del agresor y la prohibición de acercamiento priorizan la situación de las mujeres y de sus hijos o hijas. Pero cuando la gravedad del asunto no permite esperar el dictado de cautelares, las mujeres necesitan poder irse a un lugar donde vivan protegidas y contenidas. En nuestro país, el artículo 10 de la Ley 26.485 establece que el Estado Nacional deberá promover y facilitar la creación de servicios integrales de asistencia a las víctimas, debiendo garantizar “instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en los que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o del grupo familiar, debiendo estar orientado a la integración inmediata con su medio familiar, social y laboral” (12).

En la Ciudad de Buenos Aires existen dos casas-refugio (o de medio camino) estatales donde las mujeres pueden quedarse durante un tiempo (en principio no más de seis meses, aunque con excepciones), además de los centros que brindan asistencia frente a una situación de violencia (13). Sin embargo, se trata de soluciones provisionales, parches de emergencia que deben existir pero que no tienen perspectiva a largo plazo. Después de esos seis meses de “alojamiento” no hay nada.

Se agrega también que para poder acceder a los refugios o casas de medio camino es necesario cumplir con una serie de requisitos que muchas veces dejan afuera a quienes más los necesitan. Elisa vive en villa Fátima, en Soldati, trabaja como empleada doméstica, acaba de cumplir 38 años y lleva muchos soportando los malos tratos de su marido y padre de sus cuatro hijos: “Desde el año 2001 que hago denuncias cuando estoy en una situación de violencia extrema, y entonces me otorgan la medida precautoria, y por más o menos tres meses él no se puede acercar. Pero nadie controla… si quiere venir rabiado, aparece y te mata. También estuve en refugios, pero esa opción no cuenta más para mí, porque mi hijo varón ya es mayor de 12 años y no lo dejan que se quede a dormir con nosotros. Entonces tenés que empezar a separar a tus hijos. Y yo me aguanto la que sea, pero mis hijos van a estar todos conmigo. Además, no es una solución vivir en un refugio con los chicos. Ellos tienen que tener su casa, su lugar”.

La vida de Elisa es un mapa que no deja de mostrar dónde se hace agua: “Una de mis veces en un refugio conseguí, golpeando puertas, que me dieran un subsidio habitacional. Nos pagaron un hotel y durante esos meses estuvimos bien. Yo trabajaba, los chicos estudiaban. Por eso sé que podría salir adelante trabajando si tuviera un techo para mí y para los chicos. Cuando terminó el subsidio insistí pero no me lo renovaron. Me pasé tres meses así, hasta que lo tuve que llamar a mi marido. Encima te tenés que humillar y aguantarte la que se venga. Cuando estábamos en el hotel yo sentí que era libre, porque esa libertad no la podés sentir si no tenés una casa. Sin un techo no sos libre”.

El pedregoso camino de la justicia

Durante la investigación de COHRE también salió a la luz la gran dificultad que enfrentan las mujeres al intentar acceder a la ayuda disponible, como consecuencia de las deficiencias operativas del Estado —y específicamente de las dependencias competentes de los poderes Ejecutivo y Judicial, responsables institucionales de aplicar la normativa aprobada—.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo afronta la problemática mediante compartimentos estancos que llevan a que las áreas de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Salud o de Seguridad hagan sus respectivas partes con poca o nula coordinación. Similar panorama muestra el Poder Judicial, que obliga a la mujer afectada a lidiar con un entramado de organismos y ámbitos de actuación, que la deriva a denuncias penales o a mediaciones familiares, propias del fuero civil, para que se enfrente con su abusador.

Se agrega que una reciente investigación de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación advirtió que los casos de violencia de género no son siempre investigados con seriedad por los operadores de la Justicia Penal, que todavía creen que no les incumben los delitos que ocurren puertas adentro (14).

En definitiva, según Ricciardi el acceso a la justicia para las mujeres es muy complicado: “Sobre todo si se piensa en lugares alejados de los centros urbanos. Parece que el conflicto se tiene que adaptar al proceso de la justicia y no al revés. Entonces hay un montón de limitaciones que tiene la justicia, porque está pensada para otros casos y cuando se tratan de procesar estas complejidades no se encuentra la forma”.

1. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el término “doméstica” comprende toda violencia cometida por una persona con la cual la víctima tiene una relación íntima o por otros miembros de la familia (Ver:http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6s.pdf). Por otro lado, la violencia puede manifestarse de múltiples formas, que pueden superponerse o alternarse, entre las siguientes: violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, y simbólica.
2. Centre on Housing Rights and Evictions: organización de derechos humanos, con sede en Ginebra (Suiza), especialista en temas de mujeres y vivienda que acompaña el trabajo internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
3. La OVD, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, funciona desde el 15 de septiembre de 2008 exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de recibir denuncias de violencia doméstica (formuladas por varones o mujeres, indistintamente) que después se derivan a la justicia civil o penal, según corresponda.
4. El 48% exactamente. Ver Estadísticas octubre 2011: http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
5. Asesinato de una mujer cometido por un hombre que seconsidera propietario de su víctima. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres.
6. Espacio feminista social y cultural que, entre otras actividades, se ocupa de armar el único relevamiento de femicidios que existe en el país, en base a los casos publicados por agencias de noticias y 120 diarios de distribución nacional y provincial.
7. Véase artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional.
8. Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1994 y ratificada
por Argentina, declara que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Es el único instrumento internacional de carácter vinculante destinado a combatir la violencia de género.
9. Véase artículos 11 (inciso 2) y 10 (inciso 3) de la Ley 26.485.
10. ELA es una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja para alcanzar una sociedad más justa y equitativa para varones y mujeres, promoviendo el ejercicio de los derechos de las mujeres a través del acceso a la justicia y las políticas públicas.
11. El objetivo principal del Programa es la atención, acompañamiento y asistencia a las víctimas de violencia familiar y sexual.
12. Véase informe de COHRE: “Un lugar en el mundo. El derecho a una vivienda adecuada como elemento esencial de una vida libre de violencia doméstica. Los casos de Argentina, Brasil y Colombia”.
13. http://www.jus.gov.ar/atencion-al-ciudadano/ guia-de-derivaciones/violencia-familiar.aspx
14. http://www.pagina12.com.ar/diario/ sociedad/subnotas/3-51899-2011-02-10.html.

Por Mariana Fernández Camacho*
Le Monde DiplomatiqueAbril de 2012 


*Periodista, integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista).
Ilustración: Alejo Rotemberg (http://www.alejorotemberg.com/)

FUENTE:  Programa Las Víctimas Contra Las Violencias