ABUSO SEXUAL: LOS NÚMEROS DEL SILENCIO Y DEL DOLOR

Título original: Los números del silencio y del dolor

Seis de cada diez estudiantes de universidades públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires que sufrieron abuso sexual no hablaron nunca del tema. Y de los que pudieron contar, un 16 por ciento no recibió ayuda. Solo el 22 por ciento rompió el silencio y recibió la ayuda adecuada, en algunos casos con intervención judicial. Los datos surgen de la primera encuesta sobre experiencias traumáticas en la infancia y la adolescencia realizada en el país sobre una muestra de 2750 personas. Casi un 10 por ciento de quienes fueron consultados reconoció que vivió algún tipo de abuso sexual antes de los 19 años por parte de un adulto de su entorno familiar en la mayoría de los casos. El número de mujeres que respondieron afirmativamente duplica al de varones. En más de la mitad de los casos, el abuso ocurrió en la propia casa de la víctima o en la de sus abuelos. 

Las secuelas del abuso

El relevamiento entre estudiantes universitarios se hizo en 2008. Lo llevó adelante el Programa de Investigación en Infancia Maltratada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los resultados fueron publicados en la revista Derecho de Familia Nro. 46, Julio/ Agosto 2010, por la socióloga María Inés Bringiotti, quien dirigió el estudio, y es directora del Programa de Actualización: Abordaje Interdisciplinario de las Violencias en el ámbito familiar e institucional de la UBA y secretaria de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (Asapmi). Luego, en 2012, el mapeo se amplió a la población general, con 1260 casos (aunque no se trató de una muestra representativa, sí se cubrieron los distintos niveles socioeconómicos y educativos). “En esta instancia, los resultados fueron similares a la investigación entre estudiantes universitarios, pero más graves”, apuntó Bringiotti a PáginaI12: un 14 por ciento del total, dijo haber sufrido abuso sexual en la infancia, el doble en mujeres que en varones, pero en definitiva, un porcentaje significativamente alto también entre ellos. Además, surge que los casos se dan mayormente en el espacio intrafamiliar y cercano: 67 por ciento. El 19 por ciento habló y no recibió ayuda. Como en el otro relevamiento, quienes no pudieron hablar del tema llegaron al 65 por ciento.

Tal vez muchos de los testimonios que hoy inundan las redes sociales, provengan de aquellas estudiantes que una década atrás no encontraron la escucha empática para sacar del silencio a esas situaciones de abuso sexual vividas en la infancia. 

“Si hoy pudiéramos hacer una nueva investigación, los porcentajes seguramente se dispararían porque la gente está tomando conciencia”, remarcó Bringiotti. Los dos estudios apuntaron, entre otros ejes, a revelar la cantidad de casos tapados, que no quedan registrados en centros de salud cuando una persona sobreviviente de abuso sexual en la infancia (ASI) pide algún tipo de acompañamiento o, si lo denuncia en la justicia. 

“Muchas de las personas encuestadas que sufrieron abuso sexual en su infancia estaban pidiendo a gritos terapia”, agregó la investigadora.

La muestra respetó el porcentaje de matriculados de cada una de las áreas definidas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau): Ciencias de la Salud, Básicas, Aplicadas, Humanas y Sociales. También la proporción de estudiantes de universidades públicas y privadas. El 80 por ciento de la muestra pertenece a la UBA. Fue el primer estudio de prevalencia del Abuso Sexual Infantil (ASI) en la Argentina con una muestra de esas características. Y no volvió a repetirse.

Del total de encuestados en el ámbito universitario, el 9 por ciento respondió que había sufrido algún episodio de abuso sexual en su infancia o adolescencia: 11,9 por ciento de mujeres y 6,1 por ciento de varones. En cuanto a los abusadores, las respuestas fueron muy repartidas: madre (1 por ciento); padre (2 por ciento); abuelos (5 por ciento); hermanos (6 por ciento); primos (6 por ciento); padrastro/novio madre/hermana (7 por ciento); otros parientes (26 por ciento); conocidos (26 por ciento); profesores (4 por ciento, un caso mujer, los otros varones); extraños (32 por ciento).

Los tipos de ASI referidos por los estudiantes universitarios de la Ciudad de Buenos Aires van desde toqueteos hasta relaciones sexuales con penetración. En algunos casos se combinan varios. El 70 por ciento de quienes fueron abusados describieron manoseos. La mayoría de estos casos correspondió a mujeres. Señalaron haber sido sometidos a sexo oral el 11 por ciento –en porcentajes similares de ambos sexos–; el coito fue apuntado por el 7 por ciento: el doble de mujeres que de varones. Un 9 por ciento indicó “otras formas”.

Más de la mitad, padeció la situación de ASI entre una y cuatro veces. El 13 por ciento entre 5 y 10 veces, y un porcentaje levemente inferior, 11 por ciento, más de diez veces. Bringiotti destacó que la amplia mayoría (62 por ciento de quienes admitieron haber sufrido ASI) no pidió ayuda. Sólo el 22 por ciento pidió ayuda y recibió una atención adecuada.

FUENTE: Página 12

LEY MICAELA: UN SENADO UNÁNIME

Título original: un senado unánime

Los oradores opositores denunciaron “la hipocresía del Gobierno”, que recorta los presupuestos del área y declama la defensa de las mujeres.

Muchxs senadorxs mostraron uno de los carteles de las campañas feministas. 

Imagen: Leandro Teysseire

Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó ayer por unanimidad la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos (en Diputados, el miércoles a la noche, se aprobó por 171 votos a favor y uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo). En medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia, el oficialismo debió ceder a la presión social incorporar el proyecto en la orden del día de la sesión extraordinaria. Senadores y senadoras de todos los bloques opositores criticaron la “hipocresía del Gobierno” al asegurar la defensa de las mujeres y recortar en un 18 por ciento el presupuesto del área. Nancy González (FpV, Chubut) denunció que “desde hace un año y medio está cajoneada la ley de emergencia en materia de género”. María Magdalena Odarda (Frente UNEN, Río Negro), reprochó que no se había construido ni uno de los refugios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que empezarían a hacerse en febrero y que tampoco se organizó el cuerpo de asesores letrados gratuitos. 

La ley propone la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

La norma estipula la obligatoriedad de la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados.

El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INAM), que dirige Fabiana Tuñez, y el Ministerio de Modernización. En su artículo 4º, la ley establece: “Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, las que comienzan a impartirse dentro del año de la entrada en vigor de la presente ley. Para tal fin se podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres firmadas por el país”.

Consultados por este diario, desde el INAM (que es el organismo de monitoreo de la Convención de Belém do Pará y de otras sobre violencia de género) aseguraron que a la brevedad difundirán los detalles acerca de cómo serán los cursos, cómo se organizarán y quiénes van a dictarlos y evaluarlos. 

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género. El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardin contra Juan Darthes fue otra de las variantes que empujaron el proyecto, que se había presentado en 2017, tenía dictamen de comisión (consensuado entre diputados de todos los bloques) desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario por no ser tratado en el recinto.

Fuente: Página 12 

CADENAS GLOBALES DE CUIDADO: ES ESLABÓN LOCAL

En el lenguaje corriente, la idea de cadena global de cuidados se resume como “mujeres explotando a otras mujeres”. Isabel Otxoa cuestiona ese relato culpabilizador y reflexiona sobre dónde se pone el foco cuando hablamos de externalización del trabajo reproductivo.

Acción por el día internacional de las trabajadoras del hogar en 2015 en Madrid./ Bárbara Boyero

Como resultado de la reducción del costo de los productos finales conseguido gracias a las cadenas globales de valor, el precio del ordenador en el que escribo esto es mucho menor que si hubiese estado íntegramente fabricado en Euskal Herria. Es más, de haberse producido aquí, sería tan caro que yo no tendría dos ordenadores sino uno solo, o ninguno y estaría usando el de alguna biblioteca o el de un centro especializado en alquiler de equipos informáticos.

El acceso masivo a la tecnología informática en la forma actual, se sustenta en la cadena global de valor mencionada: la ciudadanía que disfruta de las ventajas del ordenador lo está haciendo sobre la existencia de un sistema que explota las materias primas y el trabajo de personas en los países empobrecidos. En el relato de este fenómeno, las palabras clave son gobiernos, instituciones financieras y transnacionales, y el hecho de que el resultado de la explotación capitalista del planeta tenga réditos también para quienes habitamos el primer mundo, no es algo que se coloque en primer plano cada vez que criticamos el sistema.

Según he leído en un artículo titulado “Cadenas globales y trabajo rural. La producción de arándanos en Uruguay” (2013) los hombres jornaleros no quieren participar en la recolección del fruto porque no les gusta la organización del trabajo y la corta duración de la zafra, y prefieren buscar otros empleos más rentables en áreas urbanas. Los contratistas resuelven este problema mediante una mayor incorporación de mujeres a esas tareas, dado que ellas muestran más disciplina en el trabajo y más compromiso con las metas exigidas por la empresa.

Quienes gestionan todo el asunto son las empresas agroexportadoras y sus capataces. En el caso de que las mujeres no aceptasen la tarea de recolección, parece ser que tampoco la asumirían los hombres, y en consecuencia quizá no encontrásemos arándanos en nuestros supermercados. En este relato, las palabras clave son agroexportación y nuevas formas de reclutamiento de mano de obra y en ningún momento se representa al jornalero como causante en ningún grado de la posición o condiciones laborales de la jornalera.

En otro terreno, dentro de las cuadrillas de trabajadores dedicados a pavimentar las carreteras durante los meses del verano, se observa que cuanto más lejano es el origen nacional del trabajador, más cerca está del manejo y aspiración de los vapores del chapapote caliente. Es posible que la técnica del vertido en el bache sea mejorable y que la existencia de trabajadores que necesitan aceptar un trabajo duro esté ralentizando la posible mejora en las condiciones en que se realiza la actividad. No he visto nada publicado a este respecto, pero supongo que las palabras clave del relato serían dumping social, industria de la construcción, categorías profesionales y organización del trabajo, y nadie le encontraría sentido a mencionar al hipotético oficial de 3ª oriundo de aquí cerca, que se ha liberado de los trabajos penosos gracias a la existencia del peón inmigrado.

La idea de cadena global de cuidados hace referencia a la división internacional del trabajo reproductivo y aparece en la obra de la socióloga estadounidense A.R. Hochschild en el año 2000. El concepto se utiliza en muchos estudios posteriores y resulta una referencia inexcusable tanto para tratar de migración como de empleo doméstico en los países ricos. Remito al Wikigender para conocer los términos en los que se define, porque lo que a mí me preocupa es la incidencia general del concepto, cuyas posibles matizaciones solo alcanzan a especialistas y estudiosas del tema. La cadena estaría constituida por mujeres de los países ricos, que ya no quieren o no pueden ser las responsables de los cuidados en su entorno y consiguen salir al mercado laboral trasladando sus responsabilidades de cuidado a mujeres de países empobrecidos, las cuales a su vez delegan el cuidado de sus familias en mujeres de sus propios países. Mujeres de aquí que prosperan, tienen empleos fuera de casa, acceso a la formación… a costa de las otras, las mujeres pobres y migradas que han ocupado su lugar. Tal como se ha difundido, la idea de la cadena global de cuidados nos culpabiliza se quiera o no, y en el lenguaje corriente ha terminado por formularse así: mujeres explotando a otras mujeres. Esta versión culpabilizadora resultaba muy previsible y tiene vida propia.

A partir de esto, en más de un trabajo académico o periodístico hemos podido leer que en lugar de luchar por nuestra verdadera liberación -como era nuestro deber- nos hemos tirado a lo fácil delegando el cuidado. Vamos, que el oficial de 3ª de la construcción, en lugar de hacer la revolución proletaria para mejorar sus condiciones de vida, se ha hecho a un lado para que sea otro quien baje a la zanja. También hemos leído las declaraciones de alguna trabajadora de hogar migrada (testimonio real) que, a continuación de decir que trabajaba con un horario y salario buenos, señalaba que gracias a que acudía el viernes a la noche a cuidar de las criaturas de una familia, ella, la empleadora, podía salir a cenar con su marido, en lo que sería una miniversión de la cadena.

Participantes en un plantón por los derechos de las trabajadoras del hogar, celebrado en 2012 en Barcelona./ Bárbara Boyero

El eslabón local de la cadena global de cuidados se forja sobre el principio de que el cuidado pertenece, está adscrito, a las mujeres, que lo llevan indisolublemente ligado a sus personas. Esa atribución injusta de la que las feministas siempre hemos renegado, se incorpora a la representación de nuestro ser y de ahí en adelante, la ausencia de las mujeres del país rico en las tareas de cuidado pasa a constituir una anomalía subsanada por ellas mismas con la contratación de empleadas de hogar.

Visto de esta manera, la trabajadora que cuida a la madre de un varón casado estaría sustituyendo a la nuera y no al hijo; en el cuidado de una madre la trabajadora estaría sustituyendo a las hijas y no a los hermanos de estas, y así sucesivamente; siempre serían mujeres las que habrían trasladado sus responsabilidades valiéndose del desigual reparto mundial de la riqueza.

Cuando muchas de nosotras nos hemos negado a cumplir el mandato patriarcal de ser madres, o hemos tenido una sola criatura, no estábamos delegando en las mujeres pobres de otros países la reproducción de la especie, estábamos transformando el ser mujer en nuestra vida individual. Lo mismo pasa con el cuidado. Sin embargo, el relato de la cadena no incorpora el avance que supone en sí misma la posición de muchas mujeres que se niegan a admitir la equiparación de los términos “mujer” y “cuidadora” y que reniegan del principio de que el cuidado es asunto suyo. Esta posición ha llevado a intensificar el reparto del cuidado dentro de muchas familias, ha forzado el aumento de servicios, todavía insuficientes, y también ha llevado a contratar más empleo de hogar. En bastantes ocasiones son quienes necesitan o quieren cuidado quienes contratan por sí; otras veces son sus hijos y sobrinos varones quienes lo hacen y en otras, muchas, son las mujeres de la familia.

Podríamos razonar de otra manera. De la misma forma que no ponemos el foco en quien valiéndose de la cadena global de valor tiene acceso al equipo informático barato, ni en el hombre que pudiendo hacerlo se niega a recolectar el arándano, ni en el que no maneja el chapapote porque hay otros que lo hacen… tampoco hay motivo para señalar a las mujeres; el que nos neguemos a ser las responsables del trabajo doméstico y de cuidados no nos sitúa como agentes responsables de las malas soluciones a la cuestión.

Si hoy día el cuidado sigue realizándose de casa en casa y con un grado de colectivización ridículo es porque existe una manera barata de obtener atención mediante el empleo de hogar sin mover ninguna de las estructuras sociales que tienen su origen en la división sexual/genérica del trabajo. Las buenas salidas son complejas y a largo plazo. Junto al reparto de tareas con los hombres y la mejora en calidad, cantidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas, hacen falta cambios transversales: empleo, educación, urbanismo, habitación… En realidad, todas las esferas rozan con el cuidado.

Para que todo eso cambie, un buen revulsivo es reivindicar todos los derechos laborales para las trabajadoras de hogar, las migradas y las nacidas aquí. Aunque en el contexto del contrato de trabajo doméstico la aplicación de muchos de esos derechos es imposible (readmisión obligatoria en el despido por maternidad o por el ejercicio de derechos constitucionales, mecanismos ordinarios de prevención de riesgos laborales, jornada, descansos y salarios homologables con el resto de sectores…), hay que seguir exigiendo equiparación y luchando contra la explotación en el empleo de hogar, sea quien sea la parte empleadora.

El relato de la cadena de cuidados puso de manifiesto algunos elementos que permanecían ignorados. El primero fue la ampliación de la mirada sobre la explotación de los recursos de los países pobres, que no se limita a la extracción y producción de bienes materiales sino que se extiende a lo que Hoschschild llama plusvalía emocional. También reveló la situación que se deriva de la ausencia de las mujeres migradas de sus núcleos familiares de origen, la brutalidad de la separación de sus criaturas y sus mayores, a quienes pasan años sin ver o -con suerte- tratan por Skype; los problemas de relación que acarrea la distancia o la dificultad de gestionar las emociones que genera el cuidar criaturas y personas mayores de otras familias cuando no se puede atender a las de la propia. En este contexto hay que mencionar la hipocresía en la gestión de la Ley de Extranjería, que somete a las trabajadoras de hogar migradas a los mismos requisitos y plazos que al resto de los sectores para conseguir los papeles, pero las controla mucho menos y mira para otro lado porque la organización actual de los cuidados las necesita.

Si me he animado a opinar sobre el eslabón local de las cadenas globales de cuidado es porque parece haberse incorporado al patrimonio de ideas feministas aceptadas sin mayor cuestionamiento. En palabras de una amiga, es triste que los hombres vuelvan a salir de rositas en este asunto. Expresado de manera más solemne, mi crítica es que hay una asimetría inaceptable en la designación de las mujeres del país de destino como beneficiarias directas de la explotación de otras mujeres, cuando en el resto de procesos en los que personas de países empobrecidos realizan tareas necesarias en o para las sociedades ricas, la descripción de los fenómenos va por otro lado. Además, el supuesto traspaso de nuestras responsabilidades de cuidado se sostiene en una atribución que las feministas negamos radicalmente para todas las mujeres.

Fuente: Pikara Magazine-Por Isabel Otxoa . Participó en la Plataforma por un servicio público vasco de atención a la dependencia y en la actualidad es integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia.

UN PODER JUDICIAL SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Los femicidios son la forma más extrema de la violencia de género que atraviesan nuestras sociedades patriarcales. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará (MESECVI) definió a los femicidios como “las muertes violentas de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Se trata de un fenómeno extendido a nivel global, regional y nacional; y su prevalencia va en aumento en todo el mundo cobrando proporciones alarmantes. En nuestro país, vemos un crecimiento significativo de los femicidios que sólo es denunciado en las calles por los cuerpos y voces del incansable movimiento de mujeres con el que hemos logrado visibilizar esta problemática históricamente acallada. 

En la Argentina, según surge del Registro elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se registraron 235 casos en el 2015, 254 casos en el 2016 y 273 casos en el 2017. En cada año más de 200 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madres y en todos los años más del 70% de los victimarios eran allegados, familiares, parejas o ex parejas de las victimas (70% 2015, 75% 2016 y 78% 2017). Según La Casa del Encuentro, en 2018, en los primeros 10 meses del año ya hubo 225 femicidios, uno cada 32 horas. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2018 hubo 260 femicidios (227 femicidios de mujeres y 33 femicidios vinculados). Evidentemente, año tras año, la historia se repite y empeora creciendo sostenidamente la violencia machista, porque los asesinatos no sólo no paran, sino que la violencia parece recrudecer: casi todas las víctimas de este año fueron apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas, degolladas, ahorcadas, descuartizadas, atacadas con hachas y machetes. El 10 por ciento de las víctimas de 2018, además, fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. Y más aún: 35 eran bebas, niñas y adolescentes, es decir, cada semana hubo un femicidio de una chica que no llegó a los 18 años. Y el último dato reciente que se suma a este panorama de modo escalofriante es que solamente en los últimos 10 días se registraron 13 femicidios.

En cuanto a su extensión territorial, se detecta la presencia del fenómeno en todo el país en diferentes proporciones y con diferentes y heterogéneas respuestas del sistema de administración de justicia según las provincias. A modo de ejemplo, en el año 2016, del total de 254 femicidios de todo el país, 22 contaban con sentencias condenatorias al momento del informe. 90 femicidios ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, sin contarse con ninguna sentencia condenatoria ni absolutoria, encontrándose la mayoría de ellos en proceso de investigación (47) o en proceso de juicio oral (18). En tanto, del total de 14 femicidios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires ninguno obtuvo sentencia, pero la mayoría se encontraban en proceso de juicio oral (8) y el resto en proceso de investigación (4). Este año 2018 fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las provincias donde más femicidios hubo en cantidad: suman la mitad de las mujeres asesinadas. Pero si se tiene en cuenta las tasas (la proporción de mujeres que viven en un lugar con las que fueron asesinadas) las peores cifras son de Tucumán, Neuquén, Corrientes, Chubut y Santiago del Estero.

En el mes de octubre en el Congreso Nacional, en ocasión de reunirse la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich para informar los resultados de su gestión, tanto ella como el Diputado oficialista Guillermo Montenegro (ex ministro de Seguridad de CABA) reconocieron públicamente que no se ha logrado reducir la cantidad de femicidios y que resulta evidente que es uno de los grandes temas pendientes para todos los funcionarios y legisladorxs sean del color político que sean. El fenómeno crece visiblemente y está claro que no se logran obtener resultados significativos. Es necesario abordar la cuestión de una manera distinta a como se viene tratando hasta ahora y revisar cuáles son las reformas que aún son necesarias. 

La Argentina ha generado hasta ahora importantes avances en materia legislativa para abordar la violencia de género, pero pareciera que estos aun no son suficientes. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres”, la Ley 26.791 que modificó el Código Penal incorporando como agravante el homicidio por razones de género y la Ley 27.452 “Brisa”, que establece un Régimen de Reparación Económica para hijxs de mujeres asesinadas por violencia de género, son parte del conjunto de normas vigentes importantes que, sin embargo, atraviesan actualmente serios problemas de implementación sobre todo por definiciones presupuestarias, y también resultan insuficientes y parciales a  la luz de los crecientes casos de femicidios a lo largo y ancho del país. Además de las transformaciones culturales que requiere cualquier intento de superar las relaciones propias de una sociedad machista y patriarcal, no hay ninguna duda de que quedan pendientes, entonces, definiciones políticas y reformas por parte del Estado, en todos sus niveles, para garantizar un abordaje eficaz de la más grave de todas las expresiones de la violencia de género.

En este contexto, el rol del Poder Judicial aparece en la centralidad de los principales obstáculos y barreras que existen hoy para avanzar en serio hacia la erradicación de la violencia de género: el acceso a la justicia y la impunidad. Nadie duda y nadie puede discutir hoy en nuestro país que el Poder Judicial y la enorme mayoría de sus operadorxs carecen en términos generales, cultural y procedimentalmente hablando, de perspectiva de género alguna. Existiendo legislación al respecto y en muchos casos teniendo los recursos necesarios, el desempeño del Poder Judicial hoy sigue explicando, en gran parte, tanto los problemas de acceso a la justicia por parte de las personas víctimas de violencia de género como los niveles de impunidad persistentes en las causas iniciadas en relación a la sanción a los agresores. El vergonzoso fallo judicial que absolvió hace pocos días a los asesinos de Lucía Perez representa, una vez más, la falta absoluta de formación y capacitación de los operadorxs judiciales que llevan adelante investigaciones de manera sesgada y resuelven los casos con argumentos plagados de estereotipos de género, tal como indicó la OEA al manifestar su preocupación y criticar duramente ese fallo. El crimen de Lucía conmocionó años atrás a la Argentina dando lugar a una nueva expresión en las calles del movimiento Ni Una Menos, como uno de los más importantes movimientos sociales de la historia reciente de nuestro país. Hoy el fallo que absuelve a sus asesinos vuelve a sublevar a las mujeres que nos organizamos frente al sometimiento retrogrado que pretende imponer un Poder Judicial que atrasa siglos, que es machista e ineficaz. 

Diversos informes de organismos especializados, entre ellos ONU Mujeres, han relevado las persistentes dificultades que se encuentran presentes en la región y en Argentina para garantizar el acceso a la justicia a personas víctimas de violencia de género y resolver los problemas de impunidad: las demoras en la iniciación de las investigaciones y en la recepción de las denuncias, la lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes, las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y de los responsables, la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales, la escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus familiares, el trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar con la investigación de los hechos, la ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género, la falta de protocolos y criterios rectores para la actuación especializada, entre otras.

En la Cámara de Diputados de la Nación quedan pendientes, en este sentido, dos proyectos de ley centrales para pensar el rol que seguirá cumpliendo, o no, el Poder Judicial en materia de femicidios y demás crímenes de género en las distintas provincias argentinas: la Ley “Micaela” y la Ley Federal de Femicidios. 

La “Ley Micaela” fue impulsada por proyectos de las Diputadas Rach Quiroga (FPV-PJ) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) a raíz del crimen de Micaela García, la joven militante violada y asesinada el año pasado en Entre Ríos. La iniciativa apunta a garantizar la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Los proyectos fueron debatidos este año en la Cámara de Diputados de la Nación y luego de alcanzar el consenso por unanimidad entre los bloques políticos en cuanto a su redacción final, y de estar listo el dictamen para ser tratado en el recinto para obtener una media sanción, el Poder Ejecutivo definió excluirlo del temario de proyectos a tratar. Por lo tanto, la Ley Micaela no será discutida ni aprobada en 2018 por decisión del oficialismo y deberá seguir esperando entonces.

Por otro lado, por la estructura federal de nuestro país, la competencia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar femicidios, y para delinear la política criminal en la materia, es exclusiva de las fuerzas policiales y de los Poderes Judiciales provinciales. Esto hace que la respuesta estatal a nivel nacional haya dado resultados tan heterogéneos entre cada provincia y territorio en los últimos años, permitiendo y habilitando muchas de las condiciones que hacen que los femicidios tengan respuestas erráticas e ineficientes o queden impunes e invisibilizados. Por este motivo, y en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre pasado, como día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, presentamos junto a otras diputadas del FPV-PJ y de distintos bloques de la oposición (Red por Argentina, Frente Renovador y Argentina Federal) y en representación de distintas provincias, un proyecto de “Ley Federal de Femicidios”. La iniciativa apunta a tres objetivos: que el Congreso Nacional declare de interés nacional la política criminal y de persecución penal para la investigación, sanción y reparación de los femicidios y demás crímenes de género; que se cree un Consejo Federal de lucha contra los Femicidios para poder avanzar y coordinar una política más eficaz, especializada y articulada en todo el territorio nacional; y que se incorpore por Ley a la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Nación la actual Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, como una política de Estado que garantice su funcionamiento tal como vienen reclamando las organizaciones de mujeres hace años. Este proyecto espera ser tratado también a comienzos del año entrante con expectativa de poder avanzar.

En definitiva, hoy en la Argentina persiste una enorme dificultad del aparato judicial -tanto a nivel federal como en las provincias- para entender la problemática de la violencia de género y adoptar pautas investigativas, medidas y sanciones en correspondencia a su especificidad y su gravedad. Las diversas estructuras judiciales provinciales -y sus diferentes normativas, recursos y prácticas- arrojan un cuadro de significativa heterogeneidad tanto en su forma general de abordaje de la violencia de género, como de los procedimientos, criterios de actuación y recursos específicos disponibles. Pero no solamente existe una necesidad de contar con un poder judicial fortalecido con recursos y herramientas jurídicas adecuadas, sino que es imperioso comprender que existen patrones socio-culturales, estereotipos y prejuicios entre lxs operadorxs judiciales que se cristalizan luego en prácticas, medidas y sentencias discriminatorias, investigaciones ineficaces y lentas, y procesos revictimizantes para la mujer, o persona víctima, que sólo reproducen la violencia y la impunidad. 

Transformar el Poder Judicial es hoy la principal deuda pendiente que el Estado y el Congreso Nacional tienen con la sociedad argentina para poder avanzar de manera efectiva hacia una Justicia que garantice el ejercicio de derechos con igualdad de géneros.  

Fuente: Página 12 - Por Mónica Macha ,diputada nacional.

VIOLENCIA DE GÉNERO: NO DENUNCIAR TERCERAS PERSONAS EN UN DELITO

Título original: "NoMiresAOtroLado : cómo actucar ante una situación de violencia machista.

“La violencia contra la mujer es una causa de muerte tan grave como el cáncer y de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados”

Hasta que las mujeres y niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podemos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo”.

Esta frase, pronunciada hace años por Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, es el argumento que refleja que lograr una sociedad igualitaria, en la que mujeres y hombres convivan en equidad, está lejos de conseguirse, en especial si la pasividad se impone ante un problema que nos afecta a todos.

La violencia masculina hacia las mujeres puede manifestarse de muchas maneras. No sólo como forma física de agresión, sino también a modo de violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, social o vicaria –por la que el agresor genera daño a otra persona-, entre otras.

De hecho, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, se daba respuesta a su definición exacta. Así, ésta era reconocida como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Por todo ello, la actuación social resulta muy significativa, especialmente a la hora de detectar y denunciar cualquier tipo de manifestación marcada por estos indicadores.

No basta con la sensibilización social. Es preciso un proceso constructor”, afirma Ángeles Álvarez Álvarez, diputada socialista, representante en la Comisión de Igualdad del Congreso y experta en Violencia de Género.

El no mostrarnos impunes y denunciar cualquier caso de violencia machista es de vital –con especial redundancia- importancia, por lo que es necesario un llamamiento a la ciudadanía y al entorno de las mujeres que sufran violencia machista a no quedarse parados o justificar conductas que puedan ser constitutivas de violencia de género.

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, insistía en que el mensaje a trasladar a la sociedad "tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna”.

Atendiendo a dicho argumento, el Servicio de Estadística del CGPJ apuntó un total de 42.077 denuncias interpuestas durante el último trimestre. De entre las señaladas, 40.232 fueron consideradas mujeres víctimas de violencia de género.

No obstante, frente a ese número, tan sólo 152 –frente a 99 del año anterior- fueron interpuestas por familiares de la víctima, una cifra muy reducida ante la real que constituye el número de denuncias totales.

“Las víctimas de violencia de género son merecedoras de la unidad de todos y todas en la respuesta frente a un fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana”, aseguraba Carmona.

Ante esta situación, cabe plantear la siguiente pregunta: ¿por qué la sociedad no actúa frente a estos hechos?

Normalmente, las causas que se argumentan suelen traducirse en miedo, desconocimiento, o el hecho de que la víctima se niegue a declarar, lo que hace que se abandone la intención de denuncia.

Elena Palacios, inspectora jefa de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional (UFAM), asegura que en la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional, “el maltratador es un tío cobarde que focaliza la agresión contra la mujer porque la considera un ser inferior, es una relación de poder. De modo que no suele haber muchas probabilidades de que agreda al vecino que ha avisado a la Policía”.

Además, atendiendo a la renuncia a declarar por parte de la víctima, debemos tener en cuenta que “estamos hablando de un momento del proceso de violencia muy complejo, en el que a la mujer le cuesta mucho tomar esa decisión porque realmente tiene unas secuelas psicológicas muy importantes”, asegura Pilar Pascual Pastor, coordinadora de la Asociación Mujeres para la Salud.

Por lo tanto, aunque se den cualquiera de los casos señalados, lo esencial de una denuncia, por muy banal que pueda parecer su resultado, es dar a conocer el ciclo de violencia que se está dando. Ahí radica su importancia.

La última campaña de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanza un mensaje claro a la sociedad y advierte que “cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja”.

“No es cuestión de solidaridad, no denunciarlo es un delito”, afirman. Y de hecho, así lo dice el artículo 450 del Código Penal de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, castigado con penas de entre seis meses y dos años.

Cristina Almeida, abogada y presidenta del Club de las 25, insiste en que “hace ya décadas que la violencia de género no es un delito a instancias de parte, es decir, el que solo puede perseguirse cuando la víctima denuncia, sino que se investiga de oficio”.

Por ello, la violencia hacia las mujeres se convierte en responsabilidad de todos, pues supone un obstáculo que impide alcanzar la igualdad y el desarrollo de la sociedad, a la par que el respeto a sus derechos humanos.

“Existe obligación legal y moral de denunciar estos delitos, aunque se produzcan en el ámbito de la relación de pareja. Se actúa de oficio porque son delitos públicos, no privados ni semiprivados”, apunta nuevamente Palacios.

A esto se unen los argumentos de Pascual Pastor, afirmando que el problema reside en la base educativa. “Todavía, la pata de la educación no funciona, no está. Hasta que no hagamos realmente un proceso coeducativo desde el principio, no iremos realmente al núcleo del problema, que es la educación de género”.

Además, la coordinadora de AMS asegura que la diferencia de justicia entre hombres y mujeres es también una variable muy importante a tener en cuenta.

Entonces, ¿qué puedo hacer yo si mi vecino es un maltratador?

Si estamos viendo un caso de violencia de género que se está produciendo en ese mismo momento, lo primero que hay que hacer es llamar al 091, que responderá a modo de emergencia.

En casos más “preventivos”, en los que sospechamos que puede darse o se ha dado una situación violenta por parte del agresor, debemos llamar al 016 o 112. Quien le atienda dará parte a la Policía Nacional y se presentará en el domicilio de los malos tratos tan pronto como sea posible.

Una vez interpuesta la denuncia, pueden darse varias situaciones que serán clave para la consecución del caso: que la víctima niegue la existencia de malos tratos pero se observen lesiones patentes o, paralelamente, que lo niegue y además no se observen síntomas de violencia.

En el primero de los casos, la policía actúa. “Lo primero que hace es trasladarla a un centro de salud o un hospital cercano. En ese momento ya hay un parte de lesiones que se suma al informe de atestado que facilita la policía a la autoridad judicial”, explica la inspectora.

El segundo caso es más complicado. No existen pruebas, solo un testimonio, por lo que esta coyuntura se torna más difícil de solucionar. Aún así, es de gran importancia denunciar, el aviso se ha recibido y, lamentablemente, la escena de maltrato suele volver a repetirse, por lo que las autoridades competentes ya conocen las premisas necesarias de actuación en caso de que se dé nuevamente esa situación.

“La llamada o la denuncia son siempre fundamentales, incluso si la mujer no quiere denunciar o declarar”, argumenta Ana Galdeano Santamaría, fiscal decana de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

“Hay que tener en cuenta que pueden existir otras pruebas. En los juicios por violencia de género es muy importante conocer el contexto familiar de la víctima. Por eso, aunque ella no quiera colaborar, las denuncias de su entorno familiar, laboral, sanitario, etc. podrían permitir, al menos, investigar”, insiste.

De hecho, son muchas las situaciones envueltas en la segunda de las opciones. “La mujer en esos casos no decide por sí misma, está cosificada. No es que mienta, es que no sabe cómo salir de la situación en la que se encuentra”.

A pesar de todo eso, “cada vez más son los vecinos los que llaman al 091”, reconoce Palacios. “Las llamadas han aumentado mucho en estos años. Se ha hecho un gran trabajo en materia de concienciación”.

Datos relevantes relativos a la violencia masculina hacia las mujeres

Atendiendo a los datos ofrecidos por la ONU, las cifras reflejan la gravedad de la situación y ponen de manifiesto la necesidad de una actuación preventiva y resolutiva adecuada que termine por erradicarla por completo.

 - Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia sexual o física, principalmente por parte de un compañero sentimental.

- Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.

- Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir los 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.

- En todo el planeta, en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor se correspondía con su compañero sentimental o un miembro de su familia.

- El 71% de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.

- La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

Si a estos datos sumamos los recogidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el número de mujeres asesinadas a causa de violencia machista suma un total de 973 desde el 1 de enero de 2003 hasta septiembre de 2018 en España, de entre las cuales 45 sucedieron este último año.

Y si a estas cifras añadimos también la atención de menores víctimas mortales, se registran 27 asesinatos más, un dato que evidencia el largo camino que queda por recorrer para la eliminación plena de esta situación, siendo obvia la urgente acción social que se precisa.

Más opciones de colaboración

Asociaciones de mujeres:

Además de acudir a las fuerzas de seguridad, existen otras opciones compatibles a la lucha contra la violencia de género.

Una de esas soluciones reside en el papel de las asociaciones de mujeres, que cuentan con cursos, talleres, formación y asistencia psicológica -entre otras actividades preventivas- para abordar el problema desde una perspectiva más profesional y formada.

La Asociación de Mujeres para la Salud es una de ellas. Su función reside en actuar como centro terapéutico, un espacio de salud para las mujeres dispuesto a realizar actividades relacionadas con la sensibilización, divulgación y formación de todo aquello que envuelva la erradicación de este tipo de agresiones.

Con ello, sus objetivos van dirigidos, fundamentalmente, al empoderamiento de las mujeres y el fomento de su autonomía, así como a la salud mental e integral de las mujeres a través de sesiones individuales y de grupo.

“Estamos en una sociedad en la que la violencia es estructural, todos estamos implicados en este gravísimo problema de salud pública de violencia contra las mujeres”, asegura su coordinadora, Pilar Pascual.

Por ello, cuentan con un espacio de salud abierto a mujeres víctimas de agresiones machistas. “Nuestra terapia es la psicoterapia feminista, intentamos que sea la mujer la que llame directamente, se informe y sepa exactamente quiénes somos y qué le ofrecemos. A partir de ahí fomentamos el empoderamiento de la mujer, que sepa lo que necesita, lo que quiere, y sea capaz de pedir ella misma la ayuda”, continúa.

En la asociación trabajan también la psicología de género, es decir, todos los malestares o conflictos que puedan tener las mujeres a lo largo de su vida a causa de la educación de género recibida.

“La mayoría de las mujeres que acuden a nosotras no saben que están sufriendo violencia por parte de la pareja, porque se trata de un proceso que empieza muy lentamente y que la mujer va naturalizando y normalizando”, explican desde la asociación.

Por ello, es de gran trascendencia atender a todos aquellos rasgos que puedan destapar síntomas de violencia machista, pues muchas veces la propia víctima tarda en reaccionar ante la agresión.

No obstante, Pilar Pascual subraya un aspecto positivo. “Las mujeres cada vez nos estamos metiendo en más espacios de autonomía, nos hemos puesto las gafas moradas y nos damos cuenta de las desigualdades y las vamos enfrentando”.

Además, también afirma que cada vez son más las mujeres jóvenes que acuden en busca de ayuda a estos centros y asociaciones, lo que invita a pensar que somos progresivamente más conscientes y menos tolerantes. No obstante, queda un largo camino por recorrer. Esto es solo el principio.

Junto a esto, Pascual ofrece también una serie de consejos que orienten a tratar con una mujer maltratada que se niegue a denunciar o a pedir ayuda. “Lo que estamos viendo son las secuelas, no a una persona en su sano juicio”.

“Lo más importante es que ella no pierda la confianza con la persona con la que se desahoga, que no se sienta rechazada ni juzgada. Llevarle indirectamente folletos o hablarle de estos centros es buena opción, pero, sobre todo, es necesario que ella piense que la entiendes sin juzgarla”, afirma.

Sin embargo, advierte de que la base del problema se encuentra en la educación de género, orientar sobre este tema desde infantil para evitar una cultura machista, patriarcal y violenta hacia las mujeres.

“Las niñas tenemos que aprender que nos tenemos que proteger de los hombres porque suelen ser ellos los que ejercen violencia hacia nosotras. Esto hace que tengamos miedo al espacio público. Tiene que cambiar”.

Por todo ello, tenemos que implicarnos más socialmente. “La pasividad se produce por miedo a la reacción del agresor. Quitar esos miedos y explicar que no pasa nada es esencial. Puede haber un riesgo, pero como en todo. No podemos quedarnos impasibles ante la violencia”.

Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres:

Esta organización, fundada en 1977 como fruto de la experiencia de mujeres profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, sociólogas y abogadas, entra en contacto con mujeres maltratadas constatando que ésta problemática “tenía grandes dimensiones y unas características de invisibilidad y de tolerancia social que hacían muy difícil su solución”.

Por ello, desde su nacimiento hasta la actualidad, van combatiendo la violencia machista fomentando el apoyo a las víctimas y ofreciendo distintos métodos de colaboración social.

Su Programa Fortaleza, destinado a la erradicación de la violencia de género, ofrece prevención, protección, seguridad, información y valoración en cada caso tanto a las mujeres y menores como a profesionales, familiares, amigos y amigas –a la sociedad en general- mediante un conjunto coordinado de actividades llevadas a cabo por profesionales de distintas materias con experiencia acreditada.

“Nuestro programa responde a un modelo de trabajo y actuación integral que sigue las pautas recomendadas en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijin, 1995, para los programas de prevención e intervención con mujeres maltratadas.

Desarrollado en todo el Estado, su objetivo se focaliza en procurar la información, asesoramiento e intervención necesarios para dotar a las víctimas de conocimientos suficientes que le permitan afrontar la situación, así como la erradicación de conductas impunes y la intervención con mujeres en vulnerabilidad para lograr su empoderamiento y dotarlas de autoestima y de herramientas que les ayuden a superar el proceso de cronificación y maltrato.

“Plantear un modelo igualitario de relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad” es su meta, aseguran desde la organización.

En su programa de atención a la mujer, cuentan con distintos apartados de protección jurídica, acompañamiento psicológico y grupos, atención social, apoyo a menores, orientación socio-laboral y agresiones en espacios de ocio, con motivo de alimentar la inclusión social de las mujeres víctimas y fomentar su empoderamiento.

Además, dirigiéndose desde esta perspectiva hacia la actuación social, cuentan también con programas en los que brindan información sobre cómo derivar a una mujer a la comisión y dónde acudir.

Web de Recursos de Apoyo y Prevención ante Casos de Violencia de Género:

La web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género

permite a la ciudadanía la localización de las distintas opciones de prevención y protección que las administraciones públicas, organizaciones de mujeres, asociaciones específicas y demás entidades sociales ponen a disposición pública mediante consultas sobre mapas activos o según ámbito geográfico y tipo de recurso.

Fuente Y fotos: AmecoPress

MÉXICO: VIH EN MUJERES , LIGADO A DESIGUALDAD Y ACCESO LIMITADO

Las condiciones de desigualdad social y económica de las mujeres en México propicia que sean más vulnerables a contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hasta 2017 se estimaba que 48.6 mil mujeres adultas en el país vivían con esta infección.

Lo anterior de acuerdo con el Centro Nacional para Prevención y Control de VIH y el Sida (Censida) que como cada año presentó el balance de esta epidemia en México a propósito del 1 de diciembre Día Mundial del Sida.

Respecto a la epidemia en mujeres, Censida recordó en su informe que es diferente a los hombres, ya que existen condiciones estructurales de desigualdad social y cultural que propician el riesgo de infección en la población femenina y desde el punto de vista biológico, pues se ha comprobado que en las relaciones heterosexuales la mujeres son entre 2 y 4 veces más vulnerables a contraer la infección por el VIH que el hombre.

Al cierre del año pasado Censida calculó que 230 mil personas vivían con VIH en México, de estas 48.6 mil son mujeres adultas y los estados de Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas cuentan con la mayor incidencia de casos.

Censida también reportó que comenzó a medir el impacto que tienen los apoyos a las mujeres con VIH para que se trasladen y mantengan el tratamiento en los servicios de salud, pues en el análisis de seguimiento del tratamiento antirretroviral (TAR) que realizaron en el periodo 2010-2014, observó que a lo largo del tiempo las mujeres abandonan el tratamiento.

El primer año, 81 por ciento de mujeres lo mantuvo, para el quinto únicamente continuaban 43 por ciento, Censida lo asocia a la falta de empoderamiento, la dependencia económica, las restricciones en la movilidad y responsabilidad como cuidadoras principales de las hijas e hijos.

Las mujeres con VIH que recibieron recursos para el traslado en comparación con aquellas que no lo hicieron, tuvieron una mayor probabilidad de continuar en tratamiento, mientras las que no recibieron el  apoyo redujeron la probabilidad de continuar en tratamiento en 48 por ciento.

VIH Y EMBARAZO

México muestra una tendencia favorable en la baja de casos de transmisión perinatal de VIH. En 2013 se registraron 131 casos, para 2017 se confirmaron 79 lo que representa una disminución de 39.7 por ciento. Es decir, el año pasado hubo 0.04 casos de transmisión vertical por cada mil nacidos vivos.

No obstante la cobertura de pruebas para la detección de VIH en mujeres embarazada se mantiene a la mitad. Censida estimó que en 2017 el sector de salud público realizó 1 millón 163 mil pruebas de VIH de un total de 2.2 millones de mujeres embarazadas en México.

Cabe recordar que la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010  para la prevención y el control de la infección por el VIH establece como obligatorio que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a una prueba de tamizaje para la detección del VIH.

El Día Mundial del Sida fue declarado en 1988 por la Organización Mundial de Salud (OMS) en respuesta a la preocupación que manifestó la Asamblea General de Naciones Unidas respecto al Sida y la Conferencia Mundial de Ministraos de Salud sobre Programas de Prevención del Sida. Hasta 2017 se estima que 36.9 millones de personas viven con VIH.

Fuente: CImac