COLOMBIA.-
El 8 de agosto del 2012, Jennifer Escobar Osorio viajó desde la ciudad de Pereira con destino a Colón (Panamá). Le habían ofrecido un trabajo “en zona libre, con contrato, y que ellos cubrían todos los gastos de traslado”.
Sus ‘contactos’ en la capital de Risaralda le ayudaron a sacar el pasaporte y la visa y le dieron 500 dólares. Pero cuando llegó a Colón, fue trasladada por un hombre a un bar, quien la despojó de sus documentos y dinero.
“Le notificó que adeudaba la suma de cinco millones de pesos y que el trabajo consistía en ejercer la prostitución en ese bar, trabajo que debía desempeñar todos los días”, se lee en una de las solo seis sentencias que en el último año se han proferido en el país por el delito de trata de personas.
En 5 de esos fallos, una mujer fue acusada y condenada por liderar la banda que engañó a las víctimas, que también son en su mayoría mujeres. En el país cada vez es más difícil llegar a las cabezas del fenómeno delincuencial, que es perseguido en el mundo. Una de las causas es que, por temor a venganzas, las mujeres afectadas no denuncian.
Ante la gravedad del tema, hace algunas semanas el exjuez español Baltasar Garzón pidió tipificar el tráfico de personas “como un delito de lesa humanidad” y pidió una coordinación regional de países para combatirlo.
Un estudio del 2012 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mostró un número total de 20,9 millones de trabajadores forzados en el mundo, de los cuales 18,7 son explotados por la economía privada.
En Colombia, el Valle ocupa el primer deshonroso lugar donde más se denuncia el delito de trata. El año pasado, 18 víctimas fueron repatriadas y este año ya son dos, según la Secretaría de Gobierno de ese departamento.
Además de Valle – que tiene el 41 por ciento de los casos– las principales regiones más afectadas en 2012 por el número de víctimas fueron Antioquia, con el 22 por ciento; Quindío, con el 16 y Risaralda, con el 13 por ciento. Hoy ese escalafón se mantiene, según la Policía, aunque el número de casos se redujo en un 26 por ciento, tras las capturas que se han dado a algunas de las redes que utilizan a las mujeres para llevarlas a otros países con falsas expectativas.
Así le ocurrió a Jennifer, que, enterada de las condiciones del supuesto empleo, que no correspondía con lo que le habían ofrecido, decidió escapar del sitio a donde la habían internado. Al día siguiente logró llegar hasta el aeropuerto de Ciudad de Panamá. “Una vez comentó lo que le había sucedido recibió ayuda de la aerolínea, quien le cambió su tiquete de regreso para ese día a las nueve de la noche”, dice la sentencia.
Su caso fue denunciado y un juez condenó recientemente a Jenny Marcela Ramírez Agudelo de 31 años y Leidy Paola Rodríguez Portela, de 23, a 8 años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas. Sin embargo, el juez les concedió prisión domiciliaria.
El Gobierno asegura que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado en el mundo, después del tráfico de estupefacientes y de armas. La trata interna, la explotación dentro del país, representa un 27 por ciento de los casos identificados a nivel mundial. Hoy se adelantan más de 350 investigaciones por el delito.
FUENTE: EL TIEMPO.COM - REDACCIÓN JUSTICIA
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