viernes, 31 de marzo de 2017

COMUNICACIÓN Y DERECHOS DE LAS MUJERES: CONVENCIÓN DE BELÉN DO PARÁ

Los medios influyen notablemente en la percepción de la sociedad de lo que consideran comportamientos y actitudes aceptables. La Convención reconoce el potencial de los medios de comunicación para incidir positivamente –o negativamente- en la promoción de la igualdad de las mujeres, y para aportar a la erradicación de los estereotipos de género.




 Por lo tanto, es importante la formación y sensibilización de periodistas y otro personal de los medios de comunicación en cuestiones de derechos humanos de la mujer y en las causas originarias de la violencia contra ella. Así, cuando informen sobre casos de violencia contra las mujeres lo harán respetando sus derechos y su dignidad. 

La incidencia en los medios influye en la forma de comunicar sobre la mujer, sus derechos y la violencia en su contra y repercute en las actitudes sociales. Es por ello que el Comité CEDAW establece la obligación de los Estados de adoptar medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer.

En consecuencia, los Estados deben impulsar mecanismos de control respecto a los contenidos transmitidos por programas televisivos, periódicos, revistas y promociones comerciales, para evitar los estereotipos de género. 

El Comité de Expertas/os valora positivamente el creciente uso que el Estado viene haciendo de los medios de comunicación como un instrumento de educación y sensibilización sobre la violencia contra las mujeres. Sin embargo, debido al aumento del número de mujeres víctimas de violencia, a sus causas históricamente enraizadas y al contexto social todavía permisivo con esta violencia, dichas acciones deben aumentar y ser realizadas en el marco de una estrategia estatal expresamente desarrollada en el plan nacional o sectorial, con asignación presupuestaria para asegurar su continuidad y con un mecanismo de evaluación de impacto.

INFO PARA DESCARGAR: 
  
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER
[ CONVENCIÓN DE BELÉN DO PARÁ]

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf


Fuente: Mujeres del Mediterráneo



CASO PRÓVOLO: DETUVIERON A MONJA POR ENCUBRIR A CURAS PEDERASTAS



La Justicia ordenó esta semana la detención de una monja del Instituto Próvolo que fue señalada por una testigo por encubrir y colaborar con los curas pederastas. Por le momento no se sabe si la mujer se encuentra dentro del país.



Ordenaron la detención de una monja por encubrir a unos curas.Es una religiosa japonesa que, según una víctima, contribuyó a ocultar los abusos. Podrían correr la misma suerte directivos y profesores del instituto.


Esta semana una adolescente, con identidad reservada, pudo relatar el horror al que fue sometida por el cura Horacio Corbacho mientras estuvo albergada junto a otros chicos sordos. La adolescente, denunció que fue violada vía vaginal y anal por el sacerdote cuando ella tenía 5 años y que la monja Kumiko "era quién les colocaba los pañales a los chicos abusados, ya que en muchos casos no podían ni sentarse por el sangrado que les generaban los abusos."





"Ahora, gracias a mi terapeuta, tengo valor para contar que fui violada", relató en Cámara Gesell con lenguaje de señas y la asistencia de una intérprete y un psicólogo.




Sergio Salinas, abogado querellante de la causa Próvolo, explicó que "ha quedado clara la participación y el grado de complicidad de esta monja que enseñaba lenguaje de señas".

"En el último testimonio, ella fue señalada como la persona que le puso el pañal a una menor de 5 años, ocultando la violación de la niña. Lo cual la hace cómplice primaria del delito de abuso", dijo Salinas.

Y agregó que habrá que ver cuando se levante el secreto de sumario cuál es la calificación jurídica que le corresponde. "Probablemente sea de complicidad primaria del abuso sexual, ya que es como si ella misma hubiese sido la abusadora. De no haber ocultado el hecho, los abusos se podrían haber frenado", sostuvo Salinas.

La víctima, quien estuvo albergada en el Próvolo hasta los 15, guió al fiscal de la causa Gustavo Stroppiana, a sus asistentes y a los abogados de ambas partes hasta el baño donde fue violada.

También guió a Stroppiana por el laberíntico edificio de ladrillo, donde hay numerosas habitaciones. De hecho, la joven recordó el momento en el cual, jugando con un compañero de su clase, subió hasta el altillo, donde había varias piezas cerradas. Señaló una en particular. Allí describió que los niños encontraron "cadenas, sogas y preservativos".


Al abrir la puerta, el fiscal descubrió que todavía había rastros de cosas que fueron incorporadas como prueba y que serán analizadas. Además encontró un huevo en la pared donde podría haber estado amurada una cadena, una mancha roja y restos de negativos de fotos.

Ya en el primer allanamiento al instituto, en diciembre del año pasado, ya se había secuestrado material pornográfico, fotografías y dinero en efectivo en las habitaciones de los curas.

Hasta el momento, cinco hombres permanecen detenidos y acusados por los abusos sexuales, dos de ellos son sacerdotes: Nicola Corradi, trasladado de Italia a la Argentina y que arrastra denuncias por violación y corrupción de menores desde hace 50 años; y el cura Horacio Corbacho, egresado del seminario en La Plata. Los otros tres presos son el celador Luis Ojeda, también sordomudo, el asistente y monaguillo Jorge Bordón, y el jardinero Armando Gómez.

Fuente: Minuto Uno.

FISCAL ACUSADO DE ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO

título original: Un fiscal general enfrenta graves acusaciones de acoso sexual y violencia de género


Julio César Castro encabezó la unidad de la Procuración dedicada a la violencia contra la mujer. Esta semana, Gils Carbó aprobó que se lo investigue internamente por hostigar a una empleada embarazada de su fiscalía.


Fiscal Julio César Castro

Es, básicamente, una ironía. En 2007, Julio César Castro era el fiscal a cargo de la UFISEX, la unidad del Ministerio Público dedicada a investigar delitos de violencia sexual, trata de personas y pornografía infantil, designado por el entonces procurador Esteban Righi. En una entrevista a Página/12 de aquel año, Castro, docente de derecho penal en la UBA y fiscal general ante un tribunal oral porteño con casi 25 años de experiencia en la Justicia penal, afirmaba una cifra alarmante: aseguró que apenas uno de cada diez casos de abuso sexual denunciados en la Capital Federal terminaba en condena. Con el tiempo, Castro se convirtió en una suerte de autoridad en la materia: dio charlas y conferencias, participó de debates sobre violencia de género en lugares como Cancillería. Hoy, el fiscal está literalmente del otro lado de la espada.

Este miércoles, de acuerdo a fuentes judiciales consultadas por Infobae, la procuradora Alejandra Gils Carbó aprobó una investigación interna que podría costarle el cargo al fiscal general. El motivo: una denuncia hecha por H., una sus empleadas en la Fiscalía General N°15 ante los Tribunales Orales del fuero penal porteño por más de dos años de acoso sexual y laboral, que ocurrieron desde mayo de 2012 hasta octubre de 2014: la empleada estuvo embarazada durante parte de ese período. Gils Carbó, luego de un dictamen de un Consejo Evaluador de tres colegas de Castro, le encomendó la pesquisa a la doctora Laura Elena Mazzaferri, fiscal federal marplatense, con un plazo de 60 días para producir y presentar un informe final.

La primera entrevista laboral, contó H., fue al menos incómoda: "Me estaba insinuando cosas que por supuesto estaban fuera de lugar", refirió. A los pocos días días, aseguró H., Castro le "ofreció con una actitud claramente seductora si yo quería que él me acercara a mi casa, ya que él vivía cerca". H. se negó. Poco tiempo después, según su relato, Castro la invitó a tomar un café "con la misma actitud intimidante y seductora". Nuevamente, la empleada dijo que no.

Las negativas, declaró la empleada en el área de Recursos Humanos de la Procuración, llevaron a un cambio en la actitud de Castro. El fiscal, aparentemente, habría dado la orden de que sus empleados le presenten los expedientes a solas en su despacho. Así, H. tuvo que estar a puertas cerradas con su jefe. En una ocasión el fiscal le lanzó que estaba "muy flaquita", para luego decirle que estaba "muy linda". Desde ese entonces, H. evitó estar a solas con él. En su denuncia, la empleada remarcó el supuesto hábito del fiscal de mirarle con insistencia los pechos y la cola.

Tiempo después, H. quedó embarazada, lo que la llevó a tomarse, en principio, dos días de licencia. Cuando volvió, según su relato, Castro la increpó enfrente de todo el equipo de la Fiscalía General N°15 sin darle chance de explicar por qué había faltado al trabajo. H. había venido de otra fiscalía de instrucción a la dependencia a cargo de Castro. Cuando el fiscal se enteró del embarazo, siempre según su testimonio, Castro le espetó: "¿Sabés cómo te vas a volver allá?".

El estrés llevó a H. a sufrir contracciones y pérdidas, un psiquiatra que consultó la instó a dejar su trabajo. Con el tiempo, vio cómo otros empleados dejaban la Fiscalía o eran reubicados en otras dependencias. Le comenzaron a retacear tareas, dejándola sin nada que hacer, sospechando que sería trasladada en cualquier momento. Una secretaria le lanzó un papel con un teléfono al cual debía comunicarse, lo que confirmó sus sospechas y la llevó a hacer su denuncia en la Procuración.

Allí, H. no solo contó su historia: dio también los nombres de otras cinco empleadas que habrían sufrido acosos. Aseguró que incluso en la primera entrevista Castro le dijo que "estaba soltero", que podrían "ir a tomar algo", que varias veces en la puerta de los tribunales de Talcahuano le reiteró sus invitaciones a salir. Con el tiempo, Castro hizo su descargo en la Procuración y negó todas las acusaciones. Incluso aseguró que estaba dispuesto a ser investigado para que se demostrase la supuesta falsedad de las acusaciones. Un Consejo Evaluador integrado por tres fiscales generales así lo dispuso, pero con el objeto de que la pesquisa no se limite a la denuncia de H.: la idea es comprobar o no la existencia de un patrón de conducta.

En diciembre del año pasado, Castro buscó convertirse en juez de Cámara: su pliego fue tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el senador salteño Rodolfo Urtubey. Según el diario Jornada, H. estuvo presente en la reunión de la Comisión que trató el pliego, cara a cara con su ex jefe. "No tengo problemas con vos y me siento bastante mal", le lanzó Castro a su ex empleada según el artículo. "Esto no es un reality show", se quejó Miguel Pichetto, presente en la reunión. Al menos dos senadoras presentes se pusieron del lado de la denunciante y la apoyaron.

No fue la única acusación en su contra que se le recordó: se habló también en la reunión de una presunta acusación de una menor que señaló al fiscal general por acoso a través de Twitter. Esto preocupó especialmente al Consejo Evaluador de la Procuración, que en su documento de ayer firmado por Gils Carbó requirió al Senado todo registro de la reunión.

Así, la Procuración tiene dos opciones con respecto a Julio César Castro. Luego de la apertura de la instrucción, el tribunal interno definirá si lo suspende de sus funciones. Al final del proceso, podrá fallar por la destitución. Es decir, Castro puede perder su cargo, más allá de cualquier chance de un expediente en un juzgado del fuero penal.

Hay también una tercera acusación que complica fuertemente al fiscal: la hecha por su ex pareja, una abogada de 30 años, que lo denunció por violencia de género ante el Juzgado Civil N°85. El 13 de marzo, el Juzgado resolvió imponerle a Castro una orden de restricción perimetral mientras resuelve la imputación en su contra; el fiscal no puede acercarse a más de 200 metros de su ex pareja o de su lugar de trabajo.

Fuente: Infobae

jueves, 30 de marzo de 2017

ARGENTINA. 50 AÑOS PARA UN VIOLADOR SERIAL

Título original: confirman la condena de 50 años a un violador serial 


La Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó así que Fabricio Alberto Álvarez Albarracín deberá pasar medio siglo en prisión y desestimó el fallo que le reducía la pena a 37 años y medio.

Según comentó a NA la abogada de las víctimas, Déborah Huczek, "las víctimas que padecieron una verdadera cacería humana y a quienes representé, se sienten aliviadas, emocionadas y agradecidas con la Justicia, luego de varios años de lucha".

El fallo de la Sala III, compuesta por los jueces Carlos Alberto Mahiques, Mario Magariños y Pablo Jantus, llegó tras una larga disputa judicial.

Fabricio Alberto Álvarez Albarracín

En primera instancia, el Tribunal Oral N°16 lo había condenado a 50 años de prisión con declaración de reincidencia (él estaba gozando de la libertad condicional cuando cometió estos delitos), pero luego, la defensa apeló y la causa recayó ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que el fiscal Javier De Luca, solicitó la reducción de la pena impuesta por considerarla "inhumana y degradante".

Tras esa solicitud, y en un fallo inédito, se hizo lugar al planteo del fiscal y se ordenó al Tribunal de Juicio N°16 que considerara la situación y redujera la pena.

Pero luego de idas y venidas, los jueces de ese tribunal se excusaron porque entendieron que la pena de 50 años era acorde a la ley.

La abogada indicó que "trato inhumano y degradante es lo que ellas han padecido por este sujeto que tenía condenas anteriores y que gozaba de la libertad condicional".

Y agregó: "Este individuo ha demostrado que la pena no cumple en él ningún fin resocializador y por ello, por su desprecio a la ley, no es merecedor de vivir en libertad".

En el nuevo fallo, la Sala III argumentó mantener la pena al considerar que no se trataba de "una pena cruel e inhumana en virtud de que la condena debe ser equivalente y proporcional con el daño proferido y con la culpabilidad demostrada". 

"La sanción corresponde al máximo legal que se puede aplicar, en virtud de la cantidad de delitos cometidos y que no resulta desproporcionada mucho menos injusta. La pena no tiene solamente como fin resocializar al individuo sino también castigarlo por lo hecho", indicó la Cámara en el fallo.

Albarracín habría cometido los ocho delitos que se le imputaron entre 2008 y 2009, en el momento en el que se encontraba cumpliendo libertad condicional en una causa en la que había sido condenado a 4 años de prisión por delitos también de naturaleza sexual.

Cuando la policía logró detener al hombre en la casa en la que vivía con su madre en el barrio de Flores encontró una cantidad de ropa interior femenina que sumaban más que la cantidad de hechos investigados, por lo que los detectives sospecharon desde ese día que el hombre habría cometido más ataques.

Fuente: Minuto uno

martes, 28 de marzo de 2017

BAHIA BLANCA:FEMICIDA LIBRE, A LA ESPERA DE PRÓXIMAS VÍCTIMAS

 título original *: Le dieron el alta psicológico a Pedro Cuchán en Monte hermoso
Título original **: Una chica, víctima de un psicópata.


PABLO CUCHÁN. Foto: La Nueva


  2017

"Se mostró armado emocionalmente y (su conducta) se condice con la adaptación que asegura haber logrado en su nueva vida”, dijeron las psicólogas.

 Pablo Víctor Cuchán, que estuvo 11 años preso por el crimen de Luciana Moretti en Ingeniero White y recuperó la libertad en abril del año pasado, recibió en los últimos días el alta por parte de las psicólogas a cargo de su tratamiento en Monte Hermoso.

   Así lo confirmó una fuente judicial que acotó que la decisión fue tomada por las licenciadas en Psicología Bárbara Nomdedeu y Franca Franceschini, al considerar que el homicida “se mostró armado emocionalmente y (su conducta) se condice con la adaptación que asegura haber logrado en su nueva vida”.

        Como un juego entre las miradas y el miedo: así es estar frente a frente con Cuchán

   El informe elaborado por las profesionales indica además que no existen “criterios para la continuidad del tratamiento psicológico”.

   “Después de resolverse su excarcelación, Cuchán concurre cada 15 días al Tribunal en lo Criminal Nº 1 y en su última presentación entregó una nota de ambas psicólogas de Monte Hermoso, en la que informaron sobre el alta del nombrado”, precisó el vocero.

   La terapia consistente básicamente en entrevistas personales era de carácter obligatoria y se había iniciado en septiembre de 2016.

Fuente: La Nueva 

LOS HECHOS ( AÑO 2004)



Luciana Moretti, la chica de 15 años cuyos restos fueron hallados el lunes en Bahía Blanca, fue descuartizada por el homicida, quien luego incineró los restos en una parrilla. Los investigadores aún no saben cómo murió la joven ni el móvil del crimen. Pero al allanar la casa del único detenido e imputado en la causa incautaron tres cuchillas y unas 30 bolsas de leña, que se habrían utilizado para quemar los restos de la adolescente. El principal sospechoso del caso es Pablo Cuchán, un joven de 25 años, hijo de una conocida familia de la ciudad de Ingeniero White, quien fue detenido el lunes. El joven en 2003 estuvo desaparecido durante una semana, tras una ruptura sentimental en la que lo acusaron de descuartizar al perro de su ex pareja. 
“Lo único que quisiera es que mi hija no haya sufrido con lo que le hicieron”, relató Julio Moretti, el padre de la víctima. Según el subdirector de la Departamental de Investigaciones (DDI), Daniel Herrera, Cuchán “será trasladado al juzgado para prestar declaración” ante la jueza de Garantías María Pía Fava. Herrera indicó que ayer se hizo una reconstrucción de lo que se conoce hasta ahora del hecho: la forma en que el imputado se deshizo del cuerpo de su víctima. Ahora esperan el informe de los peritos para hacer la entrega de las partes del cuerpo a su familia.
El comisario admitió que “aún no se sabe el mecanismo utilizado para matar” a la joven, porque “faltan las vísceras y partes vitales para determinar la causa, dado que nos falta el cuello, que podría indicar si fue ahorcada, no está el hígado, que nos podría hablar de una sobredosis”. “Si este hombre declarase nos ayudaría mucho”, reflexionó el jefe policial. A su vez, Herrera destacó que “se tuvo que hacer una nueva pericia odontológica en el cadáver porque el perito no estaba seguro y se constataron los datos con el odontólogo que atendía a la chica”.
Los investigadores revelaron que, tras ser quemada, la joven fue descuartizada y sus restos esparcidos en un cantero del patio de la casa del detenido, un taller de chatarra y un descampado. La policía sospecha que todo empezó el sábado 16 de octubre –el día en que desapareció la niña–, cuando el muchacho invitó a Luciana a su casa y por algún motivo –que aún se investiga– la mató para luego descuartizarla, quemarla y enterrar sus restos en distintos lugares. 
El primer hallazgo fue el de un cráneo calcinado, en un descampado ubicado a dos kilómetros del centro de Bahía Blanca. La noche del lunes último, restos óseos quemados y cabellos pertenecientes a Luciana fueron hallados enterrados en el patio de la vivienda de Cuchán, algunos de ellos en un cantero ubicado junto a la pileta de natación de la casa, situada cerca de la casa de Luciana.
Los investigadores recordaron que el detenido el año pasado llamó la atención cuando desapareció de su casa durante una semana, sin dejar rastros, tras una ruptura sentimental. Luego, regresó al domicilio que compartía con su ex novia, donde su perra fue hallada herida con varios cortes de arma blanca. 
“Yo no soy Dios, pero les digo a los papás de Cuchán que los perdono, ellos no tienen nada que ver con lo que hizo este tipo con el cuerpo de mi hija”, dijo el padre de la víctima. Sobre Cuchán, Moretti dijo que es “un psicópata”. “Se paseó durante toda la semana por el barrio como si nada hubiera pasado”, relató.

Fuente. Página 12 **

Los psicópatas saben utilizar el tiempo como una de sus herramientas para volver a encontrar a una nueva víctima, una vez encontrada, la ansiedad , la perversidad los envuelve rápidamente y, obnubilados, desconocen a la persona humana, cosifican a quien tienen delante y con saña y perversidad realizan estas aberraciones, en este caso en particular en el 2004 no estaba tipificada la figura de " Femicidio" en el art. 80 del CP, las violancias hacias las mujeres tampoco estaba tan visibilizada y las mujeres callaban de situaciones de violencia, por desconocimiento, por no saber dónde concurrir, por vergüenza. HOY NO.

¡LAS MUJERES DIJIMOS BASTA!

Existen leyes que nos amparan ( Ley 26485, CEDAW; Convención de Belén Dó Pará), instituciones en las que podemos ir a realizar denuncias ( Justicia: OVD, o, cualquier juzgado ante una situación de violencia; Comisaría de La Mujer y la Familia; Ongs Y en este caso en particular, al ser adolescente - menor para la justicia - Ley 26061).
 En el margen derecho de este blogs pueden encontrar los teléfonos de emergencias y organismos a dónde dirigirse. 
El año pasado comenzamos las mujeres a organizarnos en la marcha nacional " Ni Una Menos", hoy somos un marea imparable en cada marcha proclamando y exigiendo nuestros derechos.
El 8 de marzo salimos a las calles. Seguiremos manifestándonos hasta lograr la igualdad en la equidad, VIVAS NOS QUEREMOS.

Ong Desafíos y Compromisos

lunes, 27 de marzo de 2017

EL TATUAJE QUE MÁS DUELE, DISCRIMINACIONES A LAS MUJERES GITANAS




Arrastran el estigma de su género, su pertenencia a una etnia socialmente rechazada y el rol asumido de ser madres y esposas, en muchos casos con subordinación en la relación de pareja.


La triple discriminación de las mujeres gitanas Arrastran el estigma de su género, su pertenencia a una etnia socialmente rechazada y el rol asumido de ser madres y esposas, en muchos casos con subordinación en la relación de pareja 


«El tatuaje que más duele» es un eslogan que no pasa de temporada. Es el estigma al que diariamente se enfrentan las mujeres del colectivo gitano. Nacer en una etnia socialmente discriminada les marca de por vida. En la mayoría de los casos, su tabla de salvación llega a través de la Fundación Secretariado Gitano, una entidad social sin ánimo de lucro, con fuerte arraigo en Asturias, que lucha por romper los tópicos y trabaja activamente en programas de inclusión social.

ÁFRICA PREUS (IZQUIERDA), PEPA GONZÁLEZ (CENTRO) Y BEATRIZ ÁLVAREZ DE LA FUENTE (DERECHA)

Pepa González Martínez es la coordinadora de la Fundación en Gijón desde sus inicios, en el año 2000. Antes de instalarse en la sede definitiva, en el barrio de La Calzada, el Secretariado Gitano alquiló un piso y la primera reacción de los vecinos al conocer que su finalidad era trabajar para la integración del colectivo gitano no fue precisamente de alegría. Una sensación inicial de rechazo que fue cambiando paulatinamente a medida que comprobaban que se trataba de personas «normales»; una labor de concienciación a la que la Fundación contribuye con programas encaminados a su formación académica, su cualificación profesional para la incorporación laboral y la sensibilización de la sociedad. Un problema que se agrava en el caso de las mujeres por la triple discriminación que sufren en razón de su género, los prejuicios sociales y la desigualdad dentro de su propia cultura al asumir que su rol únicamente es el de madre y esposa y, en muchos casos, incluso con un papel de subordinación en la pareja.

Ni vales de comida, ni ropa

Una figura muy importante con la que el Secretariado Gitano logró integrar al colectivo en sus programas es la de Marcos, el mediador. Aunque su apariencia física ha llevado a creer que es un payo, en realidad es un gitano muy comprometido que asumió el papel de «fichar» a los primeros integrantes para que se implicaran en las actividades, además de tener un contacto directo con la elaboración de la ficha con los datos personales e intereses. Con ese primer diagnóstico, los orientadores hacían el seguimiento. El «boca a boca» y los atractivos programas de la Fundación hicieron el resto y hoy, prácticamente, la inmensa mayoría de personas de etnia gitana les tiene como referentes. Un dato significativo es que ni regalan vales de comida, ni ropa, por lo que las personas se implican directamente en las actividades programadas.
Pepa González maneja estudios que avalan que la comunidad gitana es la etnia más discriminada, «por encima de las personas migrantes», advierte. El Secretariado Gitano trata de dar un vuelco a la situación a través de la intervención social, la educación y el empleo, al ser las tres patas que sustentan los programas de intervención integral en materia de género.

El empoderamiento personal y la autonomía

El Secretariado Gitano puso en marcha, por primera vez en Asturias, en los años 2014 y 2015, el programa Sara Romí, con el apoyo del Instituto de la Mujer, para tratar el empoderamiento de la mujer gitana. Su objetivo era mejorar la calidad de vida y la incorporación a la actividad socio-laboral de mujeres gitanas con necesidades especiales, a las que caracterizaba un bajo nivel formativo, falta de cualificación y baja autoestima, promoviendo su empoderamiento personal y su autonomía económica mediante un asesoramiento permanente, la realización de itinerarios personales y profesionales que les dotase de capacidades para una mayor participación en el ámbito social y en especial en el ámbito laboral.

El proyecto Fendañí-Maestría surgió en el año 2015 como una necesidad desde la propia intervención con mujeres gitanas de Gijón en las que se detectó que, a pesar de dotarles de las herramientas y conocimientos necesarios en empleo o formación básica, existían aun impedimentos relacionados con la situación de exclusión social mantenida en el tiempo, la condición de mujer y la pertenencia a la etnia que frenaban o limitaban sus itinerarios de desarrollo personal. El taller «Pisando fuerte», iniciativa de la trabajadora social África Preus, que ha tenido un gran respaldo entre las mujeres gitanas, es una de las actividades enmarcadas en este proyecto.

El perfil de las beneficiarias

Existen registros de unas 150 mujeres adscritas a los diferentes programas del Secretariado Gitano en Gijón. En su mayoría son perceptoras del Salario Social Básico, que son derivadas por los servicios sociales municipales para incorporarse al Programa de Acciones de Acompañamiento Social de la Fundación, como medida complementaria de activación a esta prestación económica.

La población beneficiaria del Proyecto Fendañí-Maestría gira en torno a 50 mujeres, de las que el 56% tiene edades comprendidas entre los 19 y 35 años, mientras que el 46,50% tiene entre 36 y 64 años. El 72%  conforma unidad familiar nuclear con pareja e hijos (72%), el 19% son mujeres solas con cargas familiares y el 8,70% son mujeres solteras o viudas que viven solas .

La casi totalidad de las mujeres son perceptoras de rentas mínimas y manifiestan que los ingresos que perciben del Salario Social Básico no cubren sus necesidades, ni las de sus familias. Una vez descontado el pago del alquiler de la vivienda y los servicios básicos como electricidad y agua, apenas les quedan un 30% del salario para cubrir las necesidades más básicas, con lo cual dicen verse  obligadas a realizar otra serie de actividades alternativas; siendo la venta ambulante y  la búsqueda y venta de materiales para el reciclaje, como  chatarras, cartones y cobre, los recursos más utilizados.

Los orgullosos padres de Carmen

 En cuanto a los niveles de instrucción alcanzados, destaca de manera significativa el bajo nivel educativo de las mujeres. Los estudios sobre el abandono y fracaso escolar muestran que éste es, en gran medida, reflejo de las condiciones de desigualdad y exclusión social, mantenidas en el tiempo, en la que se encuentran las familias de etnia gitana. Además, representa el primer eslabón de diferenciación social con respecto al resto de la población que ha alcanzado, al menos, la educación obligatoria. Solo un 11,60% acredita certificado de estudios en EGB o ESO y  la mayoría solo cuentan con estudios primarios incompletos (58,20%), con conocimientos básicos de lectoescritura y cálculo (9,30 %), presentándose aún situaciones de total analfabetismo  en un 2,30 %.

Pero hay excepciones que marcan la diferencia y enorgullecen tanto a las responsables del Secretariado Gitano como a los padres. Beatriz Álvarez de la Fuente, coordinadora del proyecto Fendañí-Maestría, explica el caso de Carmen. Sus padres apenas tienen formación educativa, pero han conseguido que sus hijas lleguen muy lejos en los estudios. «Carmen llegó al Secretariado Gitano para recibir clases de apoyo en la Eso. Hizo el bachillerato y terminó la carrera de Pedagogía. 

Actualmente está realizando un máster en León con la beca Luis Sáez, un mecenas altruista que  donó becas de estudios para mujeres gitanas. Los padres de Carmen, al principio, estaban muy preocupados porque su hija se fuera sola a estudiar a León, pero ahora están muy orgullosos de ella y de sus hermanas, que también están estudiando».


El empleo y la maternidad 

La mayoría de las mujeres que han estado empleadas con contrato ha sido a través  de Planes de Empleo Locales, y en otras ocupaciones relacionadas con el sector servicios como dependientas, en el sector de limpieza de grandes superficies o como ayudantes de cocina, así como en sub - empleos como empleadas domésticas.

El inicio en la maternidad se da en edades muy tempranas y la mayoría comenzó a tener hijos antes de cumplir los veinte años, llegando en algunos casos hasta edad avanzada. Un envejecimiento prematuro, observable especialmente en las mujeres mayores de 35 años, con incidencia de enfermedades que no son propias de su edad como diabetes, afecciones óseas o problemas cardiovasculares. En relación a la etapa de la menopausia, existe un total desconocimiento y lo asumen ya como la antesala a la vejez.


Fuente: La voz de Asturias - Por Pilar Campo

sábado, 25 de marzo de 2017

MUJERES EN DICTADURA, EL TERRORISMO DE ESTADO SOBRE NUESTROS CUERPOS

ARGENTINA - A 41  AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR. 
FUE UN GENOCIDIO


En el marco de los juicios por lesa humanidad llevados a cabo en el país, creemos necesario mirar con perspectiva de género los hechos que sucedieron en la última dictadura.

Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% del total de los desaparecidos y desaparecidas entre 1976 y 1983, fueron mujeres. A partir de los testimonios de las sobrevivientes, sabemos que existía una violencia específica hacia ellas. Fue sistemática, planificada y aplicada en casi todas las detenidas, en los diversos Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país.

Torturas especializadas

En los CCD todos los maltratos estaban permitidos tanto para varones como para mujeres. Denigración, golpes, picana, submarino, violaciones, desnudez obligatoria. En el caso específico de las mujeres, además de todas las anteriores, incluían otros métodos. Por ejemplo, introducían objetos en las vaginas, cuando menstruaban no tenían acceso a protección, eran manoseadas por los torturadores, entre otras.

Además, como parte del plan de exterminio y desaparición, las mujeres embarazadas recibían los mismos tipos de vejaciones que todos. Los partos y nacimientos en cautiverio ocurrían incluso dentro de los CCD que contaban con salas especiales para ello. De hecho, muchas denunciaron que las torturas les produjeron abortos. Otras, que las condiciones de salud, higiene y limpieza eran pésimas. En muchos casos, a los siete meses de embarazo, aproximadamente, les inducían el parto, que en general eran cesáreas. Además de médicos, uniformados y civiles armados presenciaban los nacimientos. En otros casos, las detenidas empezaban el trabajo de parto y no recibían asistencia médica sino de sus mismas compañeras detenidas. Muchas veces se obligaba a las mujeres que acababan de parir, a limpiar el lugar donde habían dado a luz.

A todos estos métodos de tortura, se sumaba la incertidumbre sobre sus vidas y las de sus hijos, si iban a quedar juntos o si iban a ser liberados. Otra práctica común, era hacer que la detenida escribieran una carta para sus parientes, a quienes se la iban a entregar junto con sus hijos. Pero esto casi nunca ocurrió. Cientos de bebés expropiados fueron arrancados de los brazos de sus madres al momento del parto. De la mayoría de ellos, todavía no se conoce el paradero.

Lo que se calla

Sonderéguer, coordinadora de la investigación Análisis de la relación entre violencia sexual, tortura y violación a los derechos humanos, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes, indica que el castigo de la dictadura hacia las mujeres era no sólo por “subversivas”, sino también por ir en contra de lo que la sociedad patriarcal esperaba de ellas por ser mujeres.

Según la investigadora María Sonderéguer, las mujeres que fueron víctimas de la última dictadura militar en Argentina, sufrieron un doble castigo: Por militantes y por transgredir el orden machista establecido.
Sonderéguer señala que el silencio respecto de la violencia específica sobre las mujeres en la última dictadura se relaciona con dos razones. Por un lado “es una cuestión postergada” y por otro, “su tratamiento pone en discusión el orden sociocultural actual y no sólo el del contexto del terrorismo de Estado”. Al respecto también apunta que la impunidad con la que se ejecutó la violencia sexual durante el terrorismo de Estado “pone de manifiesto todos los prejuicios sexistas que subyacen aún hoy en la valoración de los delitos sexuales”.

Desde el año 2000 la Corte Penal Internacional considera delito de “lesa humanidad” a las violaciones, la esclavitud sexual, la trata, la esterilización forzada y los abusos sexuales cometidos dentro de un plan sistemático contra una población civil.

En Argentina, recién en 2010, este tipo de delitos cometidos sistemáticamente por los represores durante la última dictadura militar, pasaron a ser considerados de lesa humanidad.

Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto. Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias.
En Córdoba

En la Megacausa La Perla/La Ribera sí se juzgaron los delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad, tratados como tales y no simplemente bajo la figura legal de tormentos. Hubo siete condenas por abuso deshonesto, figura jurídica que que se refiere a actos sexuales que atentan contra la libertad sexual y no necesariamente llegan a la penetración. También los militares fueron juzgados y condenados por primera vez en Córdoba, por el robo de bebés.

La violencia que se ejerció en esos años sobre el cuerpo de las mujeres, no se puede igualar a otras. Su particularidad radica en que es consecuencia también, de una estructura de poder machista que se repite hasta la actualidad con diferentes caras. Esta mirada hacia el pasado y hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre mujeres, aporta a la reparación del daño como sociedad, a los procesos de justicia y a la construcción de una memoria colectiva que repudie el terrorismo de Estado.

También afirmamos que es imprescindible seguir analizando así la relación entre mujeres y Estado para poder problematizar y transformar las violencias que son ejercidas cotidianamente sobre nuestros cuerpos. Cada vez que en un hospital nos niegan la posibilidad de un parto respetado, cada vez que un policía no nos permite amamantar en la calle, cada vez que un funcionario público es miembro de una red de trata, entre múltiples ejemplos de situaciones que vivimos a diario.

Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto. Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias.


Fuente: LA TINTA. 

miércoles, 22 de marzo de 2017

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO TORTURA



Las organizaciones que formamos parte del proyecto Cerrando Brechas presentamos un informe al Comité contra la Tortura brindando información sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Argentina en materia de violencia contra las mujeres.

(Buenos Aires, 21 de marzo de 2017) – En el día de ayer, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), la fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21, organizaciones que trabajan conjuntamente en el marco del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, presentaron un informe sombra ante el Comité contra la Tortura.

El mencionado Comité es el encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención Contra la Tortura. Para tal fin, evalúa periódicamente a los Estados que se han comprometido por este tratado. En el 60° periodo de sesiones, que se llevará a cabo entre el 17 de abril y el 12 de mayo próximos, el Comité evaluará al Estado argentino y emitirá Observaciones Finales a modo de conclusión.

El informe presentado por las organizaciones integrantes de Cerrando Brechas releva el estado de situación de la violencia contra las mujeres en Argentina. Resalta los pilares en los que se basa la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales y cómo su intención de integralidad se ve opacada por líneas unidireccionales de trabajo, principalmente en temas de violencia doméstica (o violencia intrafamiliar). Asimismo, hace notar los numerosos problemas de coordinación y de superposición de esfuerzos que existen, aún dentro de las mismas unidades de gobierno.

Otro punto importante que se señala es la falta de información. En efecto, la “producción de información sobre violencia contra las mujeres continúa siendo fraccionada, diversa y esporádica. Esto no sólo dificulta la elaboración de diagnósticos para conocer la dimensión de las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres sino que también impide conocer el impacto y eficacia que tienen las políticas públicas existentes”.

Se destaca que aun cuando los registros administrativos sean sumamente necesarios para evaluar las políticas públicas que llevan adelante las instituciones del Estado, estos sólo pueden “capturar aquellos casos en los que las personas involucradas han tomado contacto con alguna de estas instituciones quedando así excluidos todos aquellos casos en los que las niñas, adolescentes y mujeres, no buscaron ayuda”. En este sentido, son las encuestas las que permiten conocer la prevalencia e incidencia de este fenómeno en la sociedad. Por este motivo, presentamos al Comité datos fundamentales que surgen de la primera encuesta de este tipo que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El informe sombra también destaca las distintas barreras adicionales que enfrentan las mujeres migrantes y las mujeres indígenas y resalta la importancia de contar con un enfoque interseccional en el abordaje de la violencia contra las mujeres.
Por último, se mencionan distintas formas de violencia insuficientemente abordadas y poco visibilizadas como ser la violencia sexual y las situaciones de violación dentro de las relaciones de pareja.

la versión completa puedas encontrarla en PDF en la fuente que citamos.

FUENTE: ELA ( Equipo latinoAmericano De Justicia y Género)


FEMINICIDIOS: TRES LÓGICAS DE PODER, PATRIARCADO, COLONIALISMO Y CAPITALISMO

Título original: "En el feminicidio convergen tres enormes lógicas de poder: patriarcado, colonialismo y capitalismo"

Expertos de El Salvador, Colombia, México y Guatemala reflexionan sobre la lucha contra la impunidad en una de las regiones con mayores tasas de violencia contra las mujeres.

  • "De un tiempo a esta parte, ya no se encuentran los cadáveres. Las mujeres están sin vida y las autoridades se niegan a buscarlas", señala Karla Salas, de México.
  • "La impunidad se vuelve el principal mecanismo para mantener la opresión contra las mujeres", afirma Silvia Juárez, de El Salvador.


"No fue el fuego, fue el Estado". La consigna que se ha popularizado en Guatemala tras la muerte de 40 niñas en un incendio durante su protesta por los abusos que sufrían en su internado, no deja, para Mercedes Hernández –investigadora experta en feminicidio– lugar a dudas: se trata de un "femicidio colectivo", un asesinato de las mujeres por el hecho de serlo cuyo responsable último es el Estado.

"Mi concepción del feminicidio es una forma de violencia política, una modalidad de exterminio social y una persecución hacia las mujeres por el hecho de serlo, que se manifiesta a través de los cuerpos individuales, pero que es un crimen contra la colectividad, contra la humanidad", argumenta la también directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala.

Guatemala es uno de los 16 países de América Latina y el Caribe que han tipificado el delito de feminicidio en la última década. Legislaciones, muchas de ellas avanzadas, que se han ido aprobando en una de las zonas del mundo con las tasas más altas de violencia contra las mujeres. Pero las conquistas jurídicas, fruto –en la mayoría de los casos– de los esfuerzos de los movimientos sociales, se topan con el muro de la impunidad, que alcanza "niveles alarmantes" en la región, según Naciones Unidas y se refleja en lemas globales como 'Ni una menos'. 




"Guatemala no es un hogar seguro". Manifestantes realizan un acto simbólico frente a la Casa Presidencial por la muerte de 40 niñas en un centro de menores. EFE

"Nos sentimos como en el mito de Sísifo: estamos siempre empujando esta piedra, esta montaña, de la justicia y cuando vamos a llegar a la cima, otra vez vuelve a caer", opina  Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social en México. Desde finales de 2011, 31 de los 32 Estados mexicanos han incorporado el feminicidio como delito. Todos salvo Chihuahua, apunta Salas, donde se encuentra Ciudad Juárez, "que dio la vuelta al mundo por la violencia extrema contra las mujeres".

Sin embargo, "el entramado de la impunidad", señala, se refleja en que el 97% de los crímenes –en general – "no se investigan ni se sancionan". En este contexto, desde su organización han optado por el trabajo en las calles, "sustituyendo al Estado". Desde hace unos meses han organizado "rastreos ciudadanos", operativos de búsqueda de los restos de mujeres y niñas desaparecidas tras ser torturadas y asesinadas en Arroyo del Navajo, una zona cercana a Ciudad Juárez.

Allí se ha identificado, explica, una suerte de "panteón clandestino". "Ni siquiera las entierran, las arrojan. Mientras en otros delitos los criminales tratan de borrar sus huellas, en muchos de los feminicidios no: los cuerpos se exponen, se lanza un mensaje a la asesinada pero también al resto de mujeres. Y todo esto frente a las autoridades ineficaces y cómplices", critica. 


El feminicidio en Ciudad Juárez es una práctica normalizada y silenciada EFE
 
"De un tiempo a esta parte, ya no se encuentran los cadáveres. Las mujeres están sin vida y las autoridades se niegan a buscarlas", explica Salas. "Nos hemos organizado junto a los familiares de las desaparecidas, pero también con la sociedad juarense, porque la transformación no va a venir de los gobiernos, sino de las personas organizadas", prosigue. Desde el comienzo de los rastreos, han encontrado a 28 mujeres que ya han sido identificadas.

Por otro lado, continúan litigando cada caso con el objetivo de que los tribunales vaya sentando jurisprudencia. Así se ha logrado, por ejemplo, que todos los asesinatos de mujeres deban ser investigados como feminicidios. "Se parte de esa hipótesis y en la investigación se determina si lo son o no. Según nuestras investigaciones, la regla es que son crímenes cometidos por razones de género", puntualiza.

"Es poner un techo a una estructura a punto de caer"

En el Salvador, la Ley para una vida libre de violencia para las mujeres entró en vigor en 2012. "Es un avance simbólico que no es menor: el Estado, por primera vez reconoce que la vida se pierde por razones de desigualdad históricas", comenta  Silvia Juárez, una de las expertas participantes en el proceso legislativo.

"Cuando nos permitimos evidenciar, a través de la ley, la discriminación, la impunidad se vuelve el principal mecanismo para mantener la opresión contra las mujeres. Es como poner un techo nuevo a una estructura desvencijada, a punto de caer: la estructura de los Estados sigue siendo patriarcal", razona. 

Juárez considera que en su país hay "un acomodamiento de la judicatura en evidenciar el feminicidio cuando solo lo comete la pareja". La norma, sin embargo, recoge una definición más amplia de feminicidio en un contexto donde "los asesinatos de defensoras de la tierra están a la orden del día". "No han sido sus parejas, han sido transnacionales a través de grupos de exterminio o las mismas fuerzas estatales", precisa. 

Lo mismo sucede en el caso de las pandillas. Las autoridades estiman, a veces, que "las mujeres asesinadas son parejas de los pandilleros por tener un hijo suyo, cuando las niñas y adolescentes son continuamente captadas para ser esclavas sexuales". En 2015, 574 mujeres habían perdido la vida de manera violenta en El Salvador, según cifras del Ministerio de Justicia. Ese año se contabilizaron más de 20.300 hechos de violencia contra las mujeres que incluían las muertes maternas y suicidios, por considerarse "muertes prevenibles", asevera Juárez.

Pese a todo, la salvadoreña considera que al menos hay que esperar una década para evaluar los cambios reales de la ley, pero insiste en que las autoridades deben cumplir con la norma e invertir en prevención. "El Estado no está invirtiendo ni un solo centavo en que estas violencias no ocurran. La prevención tiene que ver con la transformación cultural, y es la de mayor inversión y más a largo plazo", sentencia.

"Están asesinando a mujeres líderes de paz en Colombia"

Colombia ha sido de los últimos países latinoamericanos en subirse al carro de la legislación contra el feminicidio. En 2015 aprobó la ley 'Rosa Elvira Cely' como culmen de la lucha de los movimientos de mujeres del país. Uno de sus redactores, David Márquez, señala que, a pesar del poco recorrido, "ya hay condenas paradigmáticas e investigaciones serias".

Ahora el reto es, dice, que las medidas de protección y de atención se cumplan. "Muchas veces, una mujer que va a denunciar que su esposo la golpea se encuentra con un funcionario que le pregunta si es la primera vez. Si lo es, le responde que si vuelve a ocurrir se tomarán medidas", denuncia. 

La primera causa que se ha detectado en este tiempo de aplicación es es la relación de poder de pareja, pero la ley también contempla otros tipos de feminicidios, como los asesinatos de mujeres trans y lesbianas. "En el conflicto armado y fuera de él, se ha quitado la vida a mujeres por su naturaleza homosexual", comenta Márquez.

La norma cobra especial trascendencia en el proceso de paz que vive el país. "Están siendo asesinadas muchas mujeres que han sido líderes de paz, han trabajado en la restitución de las tierras o han defendido los derechos humanos en los territorios más apartados y más golpeados", añade.

Suma de desigualdades

Los expertos consultados coinciden en que el empobrecimiento de las mujeres las expone a un mayor riesgo de ser víctimas de feminicidios. Ocurrió con las niñas de Guatemala, que estaban bajo tutela estatal.
En el feminicidio convergen, tres "enormes lógicas de poder", según Hernández: "La más antigua y extendida es el patriarcado; pero también está el colonialismo, que permite entender por qué continentes colonizados tienen mayor número de asesinatos de mujeres, y el capitalismo, cuya misión esencial es despojar de valor determinadas vidas". 

En Colombia, e l 91% de los casos de violencia sexual se dan en los estratos sociales más bajos y en mujeres que no superan los estudios básicos, asegura Márquez. "Mujer, pobre y afrodescendiente... la suma de desigualdades expone a las mujeres a una situación de mayor riesgo de sufrir violencia de género", argumenta. Juárez coincide, pero matiza que el fenómeno "no es exclusivo de las mujeres empobrecidas".

En México, un ejemplo es el de las mujeres migrantes, sobre todo centroamericanas, que tratan de llegar a Estados Unidos.  "Tienen historias terribles: toman pastillas anticonceptivas para cruzar por el país porque saben que van a ser víctimas de violaciones por parte de agentes migratorios, maras, narcotraficantes...", critica Salas.

La experta relata cómo, en una frontera mexicana, la comisión legislativa que investigó en 2004 los feminicidios en el país halló un "monumento a la violación": un árbol en cuyas ramas habían colgado ropa interior de mujeres. "Los criminales la colocaban como un símbolo de las migrantes que habían pasado por ahí y habían sido violadas", recuerda.

 La llamada 'guerra contra el narcotráfico', constata Salas, ha desplazado la violencia feminicida del debate público: "A las autoridades les ha venido muy bien porque parece que les deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar". Rechaza el "uso nefasto" del lenguaje: "Cuando se relaciona los crímenes contra las mujeres con la prostitución o con drogas, se las manda automáticamente al lado del 'no me importa', porque 'esa mujer se lo había buscado".


"Cuando nos empecemos a preocupar por esa niña que no está en las aulas o esa mujer que no está en su trabajo o su casa, cuando decidamos saber qué pasó, avanzaremos. En México no vamos a poder reconstituirnos como sociedad mientras no reconstruyamos nuestro pasado reciente", concluye.

fuente: El diario es. - El Desalambre - Por Icíar Gutierrez

martes, 21 de marzo de 2017

CONDENA FIRME DE LA CORTE SUPREMA PARA EL ABUSADOR Y PEDÓFILO DE GRASSI

" La conspiración del silencio por la cual todo el mundo trabaja constituye, claro, la estrategia menos costosa" *

Se fragmentó esta conspiración
 hoy, se hizo justicia.

CONDENA FIRMA DE LA CORTE SUPREMA: 15 años de lucha para lograr que este " cura"  abusador, pedófilo fuera condenado . Mis respetos a las víctimas y mi profundo repudio a sus abogados y a las oscuras fuerzas religiosas, políticas, económicas, y periodísticas que siempre lo apoyaron.




De este modo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n°1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, que condenó a Grassi de 15 años de prisión como autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima que vivía en su fundación " Felices los niños" ( hay que se perverso para denominar a la fundación así).

Solo faltaría un último paso  - que debería haber sido el primero -  que la iglesia lo expulse, porque, vaya paradoja, en estos 15 años de lucha, los diveros poderes ( económicos, políticos y periodísticos) han colocado obstáculos de diversas modalidades para que Grassi hasta fuera encarcelado aún condenado.
La máxima cúpula de la Iglesia Argentina NUNCA SE EXPIDIÓ, ni mucho menos el vaticano. Aún ante los  reclamos de la sociedad a través de notas, marchas... no hicieron mella. Silencio de radio.




Reconocimiento especial desde el punto de vista jurídico al Dr. Gallego y equipo.









 Uno muy especial  al Dr. en psiquiatría Enrique Stola,** perito de parte del menor abusado que jamás bajó los brazos, demostró fehacientemente las atrocidades de ese animal, el daño emocional que ocasionó a la víctima ( hablo en singular ya que si bien existían muchas más, la justicia desestimó el relato de prácticamente todas). 
El Dr. Stola y su familia soportaron hasta último momentos amenazas de quienes defendían a Grassi. Recurrió a la justicia mediante cartas documentos. Lo comento para poner en contexto de qué manera y hasta último momento utilizaron todos los medios a su alcance para amedentrar y silenciar.

El victimario está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, Provincia de Buenos Aires. Por su alta peligrosidad la unidad penitenciaria de Sierra Chica ***.


* Cyrulnik, Boris; " La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia"; Ed. Granica; 1998.- Dr. en Neuropsiuiatría.

** Dr. Stola, Enrique, colaborador ad- honorem de la ONG. En el año 2013 nuestra institución organizó un seminario y contamos con su disertación.

*** Cárcel de Sierra Chica: cuyo nombre oficial es Unidad Penal N°2 es un establecimiento penitenciario de máxima seguridad ubicado en Sierra Chica, Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina y una de las cárceles más antiguas del país ya que fue inaugurado el 4 de marzo de 1882. 

Ong Desafíos y Compromisos