LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ESPERA DICTAMEN

El plenario de comisiones del Senado que está tratando el proyecto de ley para erradicar la violencia doméstica avanzó con la discusión en este sentido, aunque todavía no existe un acuerdo para llevar la iniciativa al pleno de la Cámara Alta.

A mediados de este año, los senadores Aníbal Fernández (FpV) y Elena Corregido (FpV) presentaron una iniciativa mediante la cual prevén erradicar la violencia doméstica en el ámbito familiar a través de diferentes herramientas, entre ellas, algunas referidas a las facultades que tendrán los jueces para intervenir en estos casos.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda tuvieron varias reuniones para tratar este tema. La última fue este miércoles, y si bien no se llegó a un dictamen se avanzó en su tratamiento y en la creación de una propuesta que podrá ser llevada al pleno de la Cámara Alta.

Con participantes de distintos ámbitos y organizaciones que se dedican a tratar la problemática, se delinearon algunas nuevas previsiones que deberán ser incorporadas a la iniciativa original.

Los legisladores volvieron a destacar que las víctimas podrán hacer valer las leyes más recientes en este sentido en los procesos que se vinculen a su caso, por sobre las mandas provinciales. 

Al mismo tiempo, recordaron que esta herramienta brindada por el proyecto se utilizará de forma independiente de los procesos de divorcio, alimentos, tenencia y regímenes de visita o cualquier juicio entablado en el marco del Derecho de Familia o procesos penales que afecten a las partes, dado que las previsiones de la nueva legislación no afectan ni reemplazan a estas instancias.

La propuesta especifica en sus fundamentos la definición de violencia doméstica: “Toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad de un integrante del grupo familiar”. 

En tanto, también se faculta a los jueces para que cuando reciban una denuncia en relación a un hecho de este tipo disponga medidas de intervención urgentes, al margen de que las cuestiones de competencia en el futuro hagan que la causa pase a manos de otro magistrado. De esta forma se busca evitar algunas dilaciones clásicas del Poder Judicial a la hora de atender estas situaciones.

“La iniciativa tiene por finalidad garantizar el efectivo goce de estos derechos y sancionar a quienes, dentro del ámbito de los grupos familiares, los restringen, avasallan o lesionan. Propicia asegurar los derechos de las víctimas a recibir atención psicológica, médica y jurídica especializada, reparación de los daños sufridos, protección, seguridad, información y asistencia social dentro o fuera del hogar mediante programas adecuados, para su recuperación e integración familiar, social y laboral”, precisaron los senadores.

En este sentido, alegaron que “en lo atinente a los agresores, se pretende determinar su responsabilidad por el daño causado, la reparación de sus consecuencias, la sanción por el ilícito cometido y su derivación a programas o tratamientos especializados, a fin de superar las causas que dieron origen a su accionar violento”.

FUENTE. DIARIO JUDICIAL

LA FISOLOFÍA DE LA SOSPECHA

Los diccionarios se saltan su regla fundamental. "Supuestamente", es el orden alfabético el que los organiza. Sin embargo, primero se pone el masculino y luego el femenino. 

A la a, primera letra del alfabeto, le hubiesen sido concedidos todos los honores si no fuera porque indica femenino. Así que la o, indicadora del masculino, por arte de magia, ha sido ascendida al primer lugar. De manera que gato siempre va delante de gata y completo delante de completa, por ejemplo. Los diccionarios no reflejan la realidad, ni la lengua, ni el mundo. Reflejan, simplemente, el poder de quienes los escriben.

Ha sido tarea del feminismo de las últimas décadas cuestionar, modificar y ampliar los saberes. Desde que las mujeres conquistaron el derecho a acceder a la educación masivamente y en todos los tramos –sólo en Occidente–, comprobaron estupefactas cómo la aparente neutralidad de la ciencia era sólo eso, aparente, una gran farsa, y el saber científico, un saber reducido sólo a una parte del mundo.

La elección de los temas de investigación, la forma de aproximarse a ellos, la interpretación de datos y resultados… tienen lugar bajo una perspectiva que pretende hacer universales unas normas y unos valores que responden a una cultura construida por los varones y defensora del dominio masculino. Cualquier forma de definir, clasificar, nombrar… es arbitraria, pero tiene una función ideológica porque determina una manera concreta de explicar la realidad. La representación de esa realidad se hace bajo los intereses del poder. 

En el caso de las mujeres, ha sido especialmente importante puesto que han sido representadas. Es decir, la prohibición expresa a las mujeres de acceder a la cultura y producirla, significaba la prohibición de explicar la vida y explicarse a sí mismas. La consecuencia es que tanto las mujeres como la vida han sido definidas por los varones, obviamente, bajo sus intereses y puntos de vista.

Este androcentrismo en las ciencias y la cultura ha producido una ingente cantidad de mentiras. Son las falacias viriles de las que hablaba Kate Millett. Algunas de estas mentiras, repetidas durante siglos, están tan arraigadas que resulta difícil incluso detectarlas. Como el orden supuestamente alfabético de los diccionarios que en realidad expresa una jerarquía en la que el masculino está por encima del femenino.

Ésta es la razón por la que el feminismo se puso a desmontar los saberes heredados, puesto que servían ideológicamente para perpetuar la dominación masculina. Por eso Amelia Valcárcel insiste en que el pensamiento feminista forma parte de lo que se denomina filosofía de la sospecha como fórmula de acercarse al saber: hay que aprender la componente de poder que reside en el núcleo de toda verdad y desconfiar de ciertas verdades aun aparentemente bien establecidas.

FUENTE: NURIA VARELA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO PSICOLÓGICO IMPERAN EN LA SOCIEDAD POBLANA (MÉXICO)

La Directora del IMP señaló que las mujeres muchas veces no pueden superar esta situación, debido a que piensan que también son culpables.

Directora del Instituto Poblano de la Mujer (IPM), Verónica Sobrado Rodríguez

Teziutlán, Pue.- El 47 por ciento de las poblanas han padecido violencia en el hogar y 80 por ciento,  maltrato psicológico, reveló la directora del Instituto Poblano de la Mujer (IPM), Verónica Sobrado Rodríguez, al resaltar la importancia de concientizar a las mujeres para que superen esta problemática, darles el apoyo para salir de este círculo vicioso y que no tengan miedo a denunciar.

Y es que, dijo que la violencia más recurrente en la mujer en el seno del hogar es el maltrato psicológico, pero que muchas veces no pueden superarlo, debido a que piensan que también son culpables y que por alguna actitud, lo ocasionaron, de ahí que resaltó la importancia de concientizar a las mujeres para que se valoren y reconozcan que son víctimas del maltrato doméstico.

Lo anterior lo mencionó durante la reinauguración de la Unidad Regional de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, la cual estuvo sin operar durante meses, de ahí que la titular del IPM, trató de evadir esta respuesta y dijo, “no, no, no, no estuvo cerrada sino que estuvo trabajando de manera mucho más lenta”.

Esta situación, explicó, debido a que trabaja con recursos públicos y por el cambio de gobierno federal, las reglas de operación salieron después, pero lo importantes es que –dijo- “ya se logró reactivar la casa y vamos a seguir trabajando”.

En esta unidad se ofrecerán servicios gratuitos en asesorías jurídicas, atención psicológica, trabajo social y acompañamiento para que las mujeres teziutecas y de la región puedan superar la violencia en el hogar.

FUENTE: MUNICIPIOS PUEBLA (MÉXICO)

CAMPAÑA : GOLPEADAS DIOSAS INDIAS

La campaña es de la ONG Save the Children que contrato a la agencia Taprott para idearla. 

India difunde una impactante campaña ante la violencia de género en el país y especialmente, ante la impunidad con la que se trata.

 El país está reaccionando ante las violaciones, los abusos y los asesinatos y la agencia publicitaria Taproot ha cambiado la imagen de las diosas en pinturas clásicas, por mujeres golpeadas.

La campaña se titula “Diosas abusadas” y consiste en tres afiches que muestran la imagen de mujeres con moretones, cortes y manchas de sangre, disfrazadas de las deidades Saraswati, Lakshmi y Durga.

Debajo de cada cartel, junto a una leyenda que dice “Salvemos a nuestras hermanas”, hay un número de teléfono al que se puede llamar para denunciar episodios de maltratos.

La idea es mostrar que, a diferencia de lo que muchos piensan, la mitología india confiere un lugar de privilegio al sexo femenino. Así, se busca generar conciencia sobre lo contrario que resulta a sus valores el abuso contra ellas.

Las estadísticas muestran que en la India 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género.

Sólo a la lo largo de 2012, se registraron 244.270 crímenes contra mujeres, según el National Crime Records Bureau.

FUENTE: NURIA VARELA

#NOesNo Violencia sexual Marta

COLOMBIA: MUJERES LIDERAN REDES DE TRATA DE PERSONAS

COLOMBIA.-

El 8 de agosto del 2012, Jennifer Escobar Osorio viajó desde la ciudad de Pereira con destino a Colón (Panamá). Le habían ofrecido un trabajo “en zona libre, con contrato, y que ellos cubrían todos los gastos de traslado”.

Sus ‘contactos’ en la capital de Risaralda le ayudaron a sacar el pasaporte y la visa y le dieron 500 dólares. Pero cuando llegó a Colón, fue trasladada por un hombre a un bar, quien la despojó de sus documentos y dinero.

“Le notificó que adeudaba la suma de cinco millones de pesos y que el trabajo consistía en ejercer la prostitución en ese bar, trabajo que debía desempeñar todos los días”, se lee en una de las solo seis sentencias que en el último año se han proferido en el país por el delito de trata de personas.

En 5 de esos fallos, una mujer fue acusada y condenada por liderar la banda que engañó a las víctimas, que también son en su mayoría mujeres. En el país cada vez es más difícil llegar a las cabezas del fenómeno delincuencial, que es perseguido en el mundo. Una de las causas es que, por temor a venganzas, las mujeres afectadas no denuncian.

Ante la gravedad del tema, hace algunas semanas el exjuez español Baltasar Garzón pidió tipificar el tráfico de personas “como un delito de lesa humanidad” y pidió una coordinación regional de países para combatirlo.

Un estudio del 2012 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mostró un número total de 20,9 millones de trabajadores forzados en el mundo, de los cuales 18,7 son explotados por la economía privada.

En Colombia, el Valle ocupa el primer deshonroso lugar donde más se denuncia el delito de trata. El año pasado, 18 víctimas fueron repatriadas y este año ya son dos, según la Secretaría de Gobierno de ese departamento.

Además de Valle – que tiene el 41 por ciento de los casos– las principales regiones más afectadas en 2012 por el número de víctimas fueron Antioquia, con el 22 por ciento; Quindío, con el 16 y Risaralda, con el 13 por ciento. Hoy ese escalafón se mantiene, según la Policía, aunque el número de casos se redujo en un 26 por ciento, tras las capturas que se han dado a algunas de las redes que utilizan a las mujeres para llevarlas a otros países con falsas expectativas.

Así le ocurrió a Jennifer, que, enterada de las condiciones del supuesto empleo, que no correspondía con lo que le habían ofrecido, decidió escapar del sitio a donde la habían internado. Al día siguiente logró llegar hasta el aeropuerto de Ciudad de Panamá. “Una vez comentó lo que le había sucedido recibió ayuda de la aerolínea, quien le cambió su tiquete de regreso para ese día a las nueve de la noche”, dice la sentencia.

Su caso fue denunciado y un juez condenó recientemente a Jenny Marcela Ramírez Agudelo de 31 años y Leidy Paola Rodríguez Portela, de 23, a 8 años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas. Sin embargo, el juez les concedió prisión domiciliaria.

El Gobierno asegura que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado en el mundo, después del tráfico de estupefacientes y de armas. La trata interna, la explotación dentro del país, representa un 27 por ciento de los casos identificados a nivel mundial. Hoy se adelantan más de 350 investigaciones por el delito.

FUENTE: EL TIEMPO.COM  - REDACCIÓN JUSTICIA

MEDIA SANCIÓN DE SENADO: UNA NORMA PARA COMBATIR LA TRATA

El Senado aprobó el proyecto que prevé penas de prisión a los usuarios de la trata de personas con fines sexuales. De acuerdo con la edad de la víctima, la condena pueden llegar a los 15 años. Ahora la iniciativa debe ser tratada por la Cámara de Diputados.

El cliente será condenado si sabe o debería saber que la persona es víctima de trata.

Imagen: Luciana Granovsky

El Senado abrió la puerta a la penalización del “usuario o cliente de trata de personas con fines sexuales”, al dar media sanción a un proyecto que prevé condenas de entre 4 y 15 años de prisión, de acuerdo con la edad de la víctima. La iniciativa, que recibió 41 votos favorables y una abstención, estipula que será penado quien “utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata de personas”. El proyecto fue elaborado por Aníbal Fernández, Graciela Di Perna y Sonia Escudero, y ahora, con la media sanción, será girado a la Cámara de Diputados, donde aguarda tratamiento una iniciativa similar pero menos específica, en la que la diputada Marcela Rodríguez proponía castigar a los clientes de prostitución en general.

El proyecto aprobado por el Senado propone incluir como artículo 127 bis del Código Penal estipulaciones específicas para los clientes de trata con fines de explotación sexual. El texto prevé que quien “utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata de personas será penado con prisión de 1 a 4 años”. Las penas serán de 4 a 6 años de prisión cuando el cliente se valga de abuso de autoridad, amenaza o como recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; cuando sea ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. La misma pena les cabría a los clientes que fueran funcionarios públicos o miembros de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cualquiera sea la hipótesis, que la víctima tenga 18 o menos años será considerado un agravante. “Cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 5 a 10 años de prisión” y si la víctima es menor de 13, “la pena será de 6 a 15 años de prisión”, establece el proyecto.

El juez federal platense Carlos Rozanski, quien asesoró en la redacción del proyecto, explicó en diálogo con este diario que la ley, de ser aprobada, es aplicable en la práctica y tiene el potencial suficiente para luchar contra la trata con fines de explotación sexual. “La persona que es comprada, vendida, robada, alquilada, lo que se pueda ocurrir que hagan las redes, todo eso es hecho para un futuro cliente. Si no existiera demanda, si no hubiera cliente, nadie cometería el delito de trata. ¿Por qué? Porque no ganaría nada. El cliente es el objetivo por el cual se roba y se secuestra.”

En los argumentos del proyecto, Fernández, Di Perna y Escudero señalan que los clientes, en casos de víctimas de trata para explotación sexual, “asumen la complicidad de la esclavitud a la que se ven sometidas mujeres y adolescentes encerradas en burdeles, whiskerías o sitios similares”, y detalla este delito como “violaciones a los derechos humanos fundamentales de mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como también de personas transgénero, travestis e intersex” además de ser “un atentado a la dignidad, a la integridad sexual y a la libertad de la persona”. Entre 2008 y principios de 2013, agregaron, fueron rescatadas 4321 víctimas: 169 en 2008, 439 en 2009, 569 en 2010, 1576 en 2011 y 1568 en 2012.

Para el proyecto, la penalización del cliente en casos de trata debe complementar la Ley 26.364, que tipificó específicamente el delito de trata y modificó lo que hacía la Justicia con “aquellos casos judiciales que antes de su vigencia eran caratulados como explotación sexual comercial infantil, secuestro no extorsivo, reducción a servidumbre, tráfico ilícito de inmigrantes y amenazas, entre otros”.

En estos casos específicos, “la introducción de los vocablos ‘cliente’ y ‘demanda’ (...) avanza sobre la pretensión de enmascarar la complicidad de quien paga para ejercer su poder dominante sobre las víctimas y permite visualizar abiertamente la responsabilidad del usuario en los delitos contra la integridad sexual”.

En diálogo con este diario, Rozanski observó que la expresión “sabiendo o debiendo saber” en referencia al cliente y la situación de la víctima es clave. “Lo que define que un cliente sabe o debería saber es el contexto donde se produce la demanda –señaló el juez–. El contexto en el que está la víctima de trata es inequívoco para el cliente.” En los fundamentos, el proyecto se detiene también en esa diferenciación. El “sabiendo o debiendo saber (...) permitirá al juez una mirada más contextualizada en cuanto a, por ejemplo, el lugar donde ocurrió, las condiciones de las víctimas y las cuestiones conexas con las agravantes. Estos factores destierran la exigencia de un conocimiento pleno del cliente-usuario que puede erigirse en una trampa formal en una temática que ya las tiene, y en cantidad”.

FUENTE: PÁGINA 12

AYUDA FINANCIERA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Plata, 14 de septiembre.- El gobierno bonaerense entregará una ayuda económica mensual de 1.200 pesos a víctimas de violencia familiar, a través del programa oficial ANDANDO. 

Los detalles y alcances del nuevo beneficio se acordaron entre el ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, y el Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto. 

Los funcionarios analizaron además los resultados de un informe elaborado por la cartera social, a partir de recomendaciones realizadas por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría, para mejorar las políticas públicas vinculadas con la prevención y asistencia a víctimas de maltrato. 

“Desde la Provincia estamos encarando la lucha contra la violencia de género de una manera integral que permita no solo atender a quienes padecen esta situación desde el punto de vista de la contención emocional, sino también brindar una asistencia económica para ayudarlas a que puedan recuperar el derecho a vivir con dignidad”, sostuvo Ferré. 

Por su parte, Bonicatto remarcó que “lo fundamental de este Programa es que el Estado se ubica como reparador de un derecho vulnerado, en este caso, de las víctimas de violencia de género”. 

El Programa ANDANDO prevé la puesta en marcha de una prestación económica mensual de 1.200 pesos por 6 meses para personas que hayan sufrido violencia doméstica, que será prorrogable por igual período con la presentación de un informe emitido por el equipo interdisciplinario que lleve adelante el caso.

FUENTE:Télam.- 

¿ QUÉ ENTENDEMOS POR DERECHO A LA SALUD?

“La salud no hace referencia únicamente a la ausencia de enfermedad sino que es un “estado de completo bienestar físico, mental y social”. El disfrute del grado máximo de salud que se pueda lograr es un derecho de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica social. ”(Constitución de la OMS. Adoptada por la Conferencia Institucional de la Salud en Nueva York el 22 de julio de 1946 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.)

Es el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, teniendo en cuenta la configuración genética de la persona y la elección de su estilo de vida, así como el grado de conocimiento científico y los recursos de que dispone el Estado. Consta de dos componentes básicos: condiciones de vida saludables y atención médica. La ONU considera que este derecho también abarca los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda digna, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

También, el Comité DESC ha adoptado una concepción integral y amplia del derecho a la salud, que reconoce la relación de indivisibilidad e interrelación existente entre todos los derechos humanos incluyendo

“...el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”

El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible, la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita por tanto al derecho a estar sano.

El Comité DESC recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, programas e investigaciones en materia de salud. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que los Estados adoptarán medidas para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurar, en condiciones de igualdad, el acceso a servicios de atención médica. La protección de los derechos sexuales y reproductivos se hace aun más necesaria todavía en los contextos de conflicto armado.

La Convención sobre los Derechos del Niño también exige a los Estados parte asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres.

Fuente : Amnistia Internacional. / MUJERES DEL MEDITERRÁNEO

PANAMÁ: EXPERTAS/OS SE REUNIERON PARA REVISAR PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE FEMICIDIO/ FEMINICIDIO

  Personas expertas de América Latina se reunirán en Panamá del 9 al 13 de septiembre para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido-feminicidio)redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres. Las actividades se enmarcan dentro de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, ‘ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres’.

El femicidio/feminicidio es considerado como uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina. Según el informe de 2012 del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2011 se registraron 1,139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en ocho países de la región.

“La muerte violenta de mujeres por razones de género constituye la forma más grave de violencia contra las mujeres y pone a millones de mujeres, de todas las edades, en una situación de desasosiego permanente”, subraya la Representante Regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa. “Los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea. Es lo que queremos fomentar con el Modelo de Protocolo”, añade.

Desde 2007, en varios países de América Latina se desarrolla un proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, bajo la denominación de femicidios o feminicidios según los países. El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Bolivia han creado leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres; Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y México han reformado las normas penales nacionales existentes.

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables.

En este sentido, la Directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Moni Pizani, señala que “la redacción del Modelo de Protocolo se enmarca dentro de la estrategia global de lucha contra la impunidad en casos de violaciones de los derechos de las mujeres por parte de ACNUDH y ONU Mujeres”.

La responsable de ONU Mujeres especifica que “se trata de un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados”.

En el proceso de revisión y validación del Modelo de Protocolo participarán especialistas de la magistratura, el poder judicial, la abogacía, policía, forenses y académicas de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay, así como representantes de entidades regionales e iberoamericanas. Tiene como objetivo recoger las experiencias y recomendaciones de las personas responsables de la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Busca así garantizar la utilidad y la aplicación posterior de la herramienta.

Impunidad

El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas ‘Poner fin a la violencia contra la mujer’ de2006 se refirió al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres así: “La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal. El resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la denegación de justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes, sino también en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y asimismo reproduce las desigualdades que afectan a las demás mujeres y niñas”.

En junio de 2012, en el marco de la campaña “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” del Secretario General de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU Mujeres organizaron la primera reunión de expertos y expertas con el fin de redactar un Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

Las actividades que tendrán lugar en Panamá reunirán expertos y expertas de varios países de América Latina con el fin de revisar el documento propuesto para que se pueda convertir en una herramienta útil para luchar contra la impunidad que existe en casos de muertes violentas de mujeres por razones de género.

FUENTE. AMECOPRESS