OTRO PASO EN EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO

En los últimos años las problemáticas vinculadas a la igualdad y la no violencia de género han cobrado una visibilidad inusitada. Se han reconocido derechos que pocos años atrás no estaban problematizados de manera extendida, cuyo tratamiento ha sido promovido por y desde el Estado.

En este contexto, se han sancionado normas que constituyeron verdaderos hitos legislativos tendientes a reparar una histórica relación de desigualdad que ha mantenido durante siglos a las mujeres en una posición de subordinación. Asimismo, se crearon dispositivos y se generaron instancias institucionales a fin de darles cumplimiento. Sin embargo, todavía es mucho lo que queda por hacer para remover los patrones socioculturales que continúan discriminando y cosificando a las mujeres y que generan desigualdad, violencia y muerte.

La problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno: constituye un reclamo social que interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el pasado 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna de “Ni una menos” son la expresión de una comprensión colectiva cada vez mayor respecto de algo tan esencial como que vivir una vida libre de violencia por razones de género es un derecho inalienable de todos y todas, que llama a redoblar los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a un plexo normativo ejemplar.

Y el reclamo que se hizo ver y oír provino de personas de diferentes edades, sexos y géneros, variados orígenes étnicos, a niveles de formación y trayectorias, nucleando también una diversidad de procedencias políticas, sociales y geográficas. Lo que quedó en claro en aquella memorable jornada fue que quienes abrazamos la consigna quisimos aunar nuestras voces en contra de las diferentes expresiones de la violencia de género, consensuando la necesidad de concretar avances en torno de cinco puntos muy precisos. Más allá de adherir a ellos mediante una foto difundida en Internet, desde el lugar de responsabilidad que hoy me toca ocupar impulso este proyecto que se propone abordar uno de esos ejes, el de garantizar el efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

Mi propuesta, que es acompañada por senadores y senadoras de diversas bancadas, apunta a crear un cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, que tendrá como misión garantizar su acceso a la justicia. Este cuerpo, que dependerá del Poder Ejecutivo Nacional, brindará patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género. A su vez, desarrollará mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial. Las personas que integren este cuerpo sólo podrán acceder a él mediante concurso público de oposición y antecedentes y se exigirá una instancia obligatoria y permanente de formación especializada en la materia.

Me gustaría aquí que nos detengamos un instante en la razón de ser de esta iniciativa. Con legítima duda, quien esté leyendo esta nota puede preguntarse por qué no crear cuerpos de abogados especializados para cada delito del código penal. Entre las múltiples razones que se podrían esbozar, hay dos que son decisivas y que, a mi entender y en opinión de especialistas que he consultado, justifican la necesidad de la intervención estatal propuesta.

En primer lugar, por la magnitud del problema. De acuerdo con los datos de la Asociación Civil La Casa de Encuentro, en 2008 una mujer fue asesinada cada 40 horas. En 2014, cada 30. En los últimos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1808 femicidios, que dejaron cerca de 1500 niñas y niños sin madres, no siendo pocos los casos en los que quedaron bajo la tutela de los femicidas.

También es importante destacar la desigualdad de posibilidades para acceder a la justicia que tienen las víctimas de violencia de género en función de su localización geográfica. El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito.

En cuanto a los casos que llegan a instancia judicial la situación es preocupante. Según información de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Scjba) más del 50 por ciento de las causas iniciadas en el fuero penal por hechos típicos de violencia familiar (lesiones leves, graves, amenazas, pero también homicidios, abusos sexuales, otros delitos contra la integridad, apremios ilegales y otros delitos contra la libertad) fueron archivadas y sólo el 5 por ciento elevadas a juicio. Retengamos estos datos: una de cada dos denuncias son archivadas y solo cinco de cada cien llegan a juicio. El resto de esos miles de dramas son invisibles a los ojos de la Justicia.

La segunda razón que me llevó a trabajar este proyecto, y a mi juicio la más importante, es la convicción de que el estado tiene un rol fundamental e indelegable a la hora de garantizar el real acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y de evitar su revictimización en instancias judiciales. Para ello, es necesario adoptar políticas concretas que aseguren una intervención oportuna y efectiva, que sólo puede ser brindada por un equipo idóneo y especializado en la materia, con conocimientos profundos respecto del ciclo de la violencia machista y del entramado sociocultural que la invisibiliza y sostiene. A diferencia de otros delitos, la violencia de género es cíclica e incremental.

Sin embargo, en los casos de violencia de género las posibilidades de que un hombre que acostumbra a amenazar o intimidar a su pareja y/o hijos cometa daños físicos a la misma víctimas es muy alto. Es en la interrupción de esta escalada de violencia machista donde el estado puede ser parte de la solución antes que del problema, marcando la diferencia entre la vida y la muerte.

Por tal motivo, si ponemos a disposición de las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del estado nacional que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos y el acceso real al recurso judicial podremos evitar que este tipo de violencia siga escalando hasta sus expresiones más extremas e irreversibles.

Una sociedad que reclama contra la violencia de género puede hacerlo porque está empoderada, porque sabe que en los últimos años ha habido una profunda transformación tendiente a incluir y ampliar derechos, los conoce y exige su cumplimiento. Con una conciencia cada vez mayor acerca de que “lo personal es político”, que los casos de violencia contra las mujeres no constituyen hechos aislados, y que el estado debe seguir profundizando el rol que ha asumido, protegiendo y garantizando los derechos de las mujeres y de los colectivos de la diversidad, la medida de discriminación positiva que someto al debate legislativo se propone corregir las persistentes desigualdades de una estructura patriarcal anquilosada, para que cada víctima cuente con profesionales del derecho que la asistan y acompañen y no tengamos que decir #NiUnaMenos.

Fuente: Página 12 - Juan M. Abal Medina -Senador nacional (FpV).

SE DENOMINA FEMICIDIO, NECIxS!

Título original: Degolló a su concubina frente a sus hijos, pero no fue femicidio.

CÓRDOBA,Argentina. La Cámara Séptima, con jurados populares, condenó a Néstor Omar Carnero a 27 años de prisión sin admitir la figura de femicidio. Había una denuncia previa por amenazas y una exclusión del hogar, pero entendieron que no fue violencia de género. 

"Esto era para perpetua sí o sí, le cagó la vida a mis tres hermanitos, mató a mi mamá”, decía desgarrada Gabriela tras escuchar que el asesino de Marta Núñez, Néstor Omar Carnero, fue condenado a 27 años de prisión y no a perpetua, porque el jurado no admitió la figura de femicidio.

“No era lo que esperábamos, a mi hermana no me la van a devolver, pero sin dudas Marta fue víctima de violencia de género”, reprochaba también María Núñez, la mujer que tiene la custodia de los tres hijos de la víctima y el femicida, y en los próximos meses los tendrá a los tres viviendo en su casa.

Minutos antes, en uso de su última palabra, había reclamado justicia por la mujer, brutalmente asesinada el 4 de diciembre de 2013 en su humilde vivienda de Cañada de Luque, ante la mirada horrorizada de los niños. “Merece salir de la cárcel como mi hermana salió de su casa, desfigurada y en un cajón”, había dicho María, despertando un profuso aplauso del resto de los familiares y allegados a la familia.

En un juicio con jurados populares, la Cámara Séptima encontró a Carnero culpable de coacción, tenencia ilegal de arma, desobediencia a la autoridad, violación de domicilio y homicidio calificado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación, aplicándole la pena de 27 años de prisión perpetua.

La figura coincide con lo solicitado en su alegato por el abogado defensor, Leonardo Flores, pero no con el monto de pena que había pedido, entre 12 y 15 años. “No hubo femicidio, el fallo es excelente”, expresó al término de la audiencia, y despertó la ira de los familiares de Núñez que le reprocharon su accionar.

El fiscal Altamirano, en cambio, había planteado desde el principio que se trató de un “femicidio atroz” y había solicitado la prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. La denuncia realizada por la víctima dos meses antes de su asesinato por amenazas, que había derivado en la exclusión del hogar de Carnero, demostraba el antecedente violento que no fue considerado en la sentencia.

"Hubo mal trato, la vieron golpeada, Carnero ejercía poder y dominación y ella un rol pasivo, aunque no de sumisión, y había una denuncia previa por amenazas", enumeró Altamirano en su alegato para graficar la violencia de género. Y agregó: "la forma del asesinato y la brutal golpiza previa, la denostación de la víctima aún después de muerta y la violación a la orden de restricción". 

En dos semanas se conocerán los fundamentos del fallo, y es muy posible que el fiscal presente un recurso de casación.

El caso

 Marta fue degollada el 4 de diciembre de 2013 en su humilde vivienda de Cañada de Luque, en presencia de sus tres hijos. Dos meses antes, Carnero había sido excluido del hogar por haber amenazado a la mujer y a sus hijos. 

Además de la imputación por el asesinato, Carnero carga también con dos causas previas por haber amenazado a Marta y a los niños, y por tenencia ilegal de arma de fuego. 

“El papi la mató a la mami”, le dijo llorando la mayor de las hijas a un vecino, que rápidamente pidió ayuda a la Policía y contuvo a los niños, horrorizados con la escena.

Con un auditorio repleto de familiares y allegados a la víctima, y unos pocos de Carnero, el juicio con jurados populares culminó este miércoles entre gritos e insultos. En 15 días se conocerán los fundamentos. 

Fuente: DíaaDía - Por Laura Giubergia.

ESPAÑA: LEGISLADORXS MACHISTAS

Título original: El senado se vacía cuando toca hablar de violencia de género

Las nuevas tecnologías tienen a nuestro favor dar la oportunidad a que gestos reprobables no pasen desapercibidos. Así ha ocurrido recientemente cuando a través de las redes sociales se distribuía la imagen del Senado, vacío para hablar de violencia de género, mientras las mujeres siguen siendo maltratadas y asesinadas.

El pasado miércoles, dos de septiembre, el Senado debatió dos mociones consecutivas. La primera sobre Venezuela, la segunda sobre violencia de género. En la primera, casi todos los asientos de la cámara estaban ocupados. Después, cuando tocaba hablar del Pacto de Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres, el Senado se quedó casi vacío.

No parece que los datos y estadísticas recogidos en informes exigidos por ley y distribuidos por organismos oficiales arañen sus conciencias. Tampoco las noticias difundidas por los medios de comunicación cuando las mujeres acaban siendo asesinadas a manos de sus parejas o exparejas - 30 según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género durante lo que llevamos de 2015-. De nada sirven las macroencuestas que diseccionan el maltrato y su denuncia ni las reclamaciones de las asociaciones de mujeres que conviven cada día con la atrocidad. Para las personas que dicen representarnos –afortunadamente no para todas, aunque tampoco las que se quedaron a la sesión han sido muy virulentas en condenar la actitud de aquellas que abandonaron la cámara- la lucha contra la violencia machista no es una prioridad.

El 10% de las mujeres de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psicológica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y 11% violencia económica, según la Macroencuesta oficial 2015, cifras que se incrementan un 33% en las mujeres con discapacidad. Más de 126.000 mujeres al año denuncian la violencia de género (datos del Consejo General del Poder Judicial), aunque siete de cada diez mujeres que la han sufrido (el 67,8%) nunca lo han denunciado (Macroencuesta 2015)

En Europa, el 33% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual y el 5% han sido violadas desde los 15 años. Respecto a las relaciones de pareja o expareja, el 22 % han experimentado violencia física y/o sexual y el 20% han sufrido violencia física y/o sexual a manos de otra persona distinta a su pareja desde los 15 años. Sólo el 33% de las mujeres que han sufrido violencia a manos de su pareja y el 26% de las víctimas de violencia por parte de una persona distinta a su pareja se pusieron en contacto con la policía u otro tipo de organización tras el acto más grave de violencia sufrido (encuesta europea de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014).

Insistimos en los datos, para ilustrar la magnitud e importancia del asunto. Por si sirve de algo. Mientras el Senado se vacía y las calles se preparan para acoger a todas aquellas personas que quieren un mundo libre de violencias machistas el próximo 7 de noviembre.

Fuente: Archivo AmecoPress, 

EL ABUSO SEGÚN LAS CLASES SOCIALES

título original: Por una sentencia que defienda el consentimiento

Los acusados son alumnos de los colegios más caros de Lomas de Zamora. Concurrieron a una fiesta en una casa en la que también participaban las dos víctimas, de 15 y 16 años. Los chicos las manosearon y abusaron de ellas. Pidieron cinco años de condena.

Hoy se conocerá el veredicto de un juicio muy especial en los tribunales de Lomas de Zamora: los acusados son dos adolescentes de clase alta, jugadores de rugby, uno de ellos hijo de un médico, director de un hospital del Gobierno de la Ciudad. Se les imputa haber abusado sexualmente de dos chicas, que tenían 15 y 16 años al momento de los hechos, durante una fiesta de cumpleaños en una casa, a la que no estaban invitados –y presionaron para ingresar junto con otros amigos–, y en la que no había ningún adulto presente. Víctimas y victimarios eran alumnos de los colegios bilingües más caros de la zona. En su alegato el fiscal pidió 6 años de prisión para ambos.

El delito que se les imputa es abuso sexual doblemente agravado, (por haber sido cometido por dos o más personas y por haber resultado gravemente ultrajante para las víctimas), reiterado por tratarse de dos hechos. Uno de ellos tenía 17 años y el otro 18, en ese momento. Uno iba al colegio Balmoral. El otro habría sido expulsado de esa escuela y terminó sus estudios en 2013 en el Lomas High School. Los dos eran alumnos de sexto año cuando fueron denunciados.

El juicio, a cargo del Tribunal Unico de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se desarrolló entre el 21 y el 31 de agosto, a puertas cerradas. Solo pudieron ingresar familiares de víctimas y victimarios y sus abogados, por tratarse de menores de edad. Fueron cinco audiencias. Los acusados se negaron a declarar. Las dos chicas, en cambio, dieron pormenorizados detalles de los ataques sufridos aquella madrugada del 14 de octubre de 2013. También prestaron testimonios casi una veintena de amigos y amigas de unos y otros, que estuvieron presentes en aquella fiesta.

Para hoy está citada la audiencia donde se dará a conocer el fallo. El tribunal, ubicado en Talcahuano 278, primer piso, de la localidad de Banfield, está conformado por las juezas Isabel Acion –presidenta– y Miriam Beatriz Buzzo y Marta Pascual. En su alegato, el fiscal Jorge Venzano pidió seis años de prisión para cada uno de los adolescentes acusados. El abogado de una de las chicas, Ciro Annicchiarico, reclamó cuatro años y medio para uno y cinco años para el otro. Y además, pidió que siguiera la investigación judicial para individualizar al resto de los atacantes, “ya que quedó claramente probado que los aquí imputados no fueron los únicos que participaron del escarnio que ellas sufrieron”, señaló frente al Tribunal. Si fueran adultos, podría caberle una pena de 8 a 20 años de prisión. La defensa pidió la absolución: no negó que las dos adolescentes hayan sido abusadas en el cumpleaños, pero sostuvo que no se sabía quiénes las habían manoseado. Sin embargo, durante el juicio oral, el fiscal le pidió a una de las víctimas que estaba declarando si podía reconocer a sus atacantes y la chica se dio vuelta, los buscó entre el público y los señaló dando su nombre y apellido. Este diario resguardará los datos personales de las y los involucrados por tratarse de menores de edad.

Las chicas declararon que las metieron por la fuerza en una habitación de la casa –donde se hacía la celebración, en la zona más residencial de Banfield– y varios jóvenes las manosearon en los pechos y genitales, sin dejarlas salir del lugar a pesar de sus esfuerzos por escapar, mientras escuchaban risas. A una de las víctimas la encapucharon. A la otra la atacaron con la luz apagada. Las adolescentes sólo pudieron identificar a dos de los agresores. Una le vio el rostro a uno de ellos. Pero fueron fundamentales para avanzar con la acusación, los testimonios de otros invitados, que declararon como testigos en la instrucción de la causa –entre ellos el hijo del diputado y ex intendente lomense, Martín Insaurralde– y datos de publicaciones que hicieron en Facebook los propios involucrados en los días posteriores a la fiesta.

Prestaron sus testimonios durante el juicio también los peritos psicólogos que examinaron tanto a las víctimas como a los jóvenes responsables, quienes ratificaron sus conclusiones acerca de la confiabilidad de los relatos de las chicas como sobre la completa normalidad psíquica de los imputados. Declararon además las madres de las dos adolescentes, que relataron cómo se enteraron de lo que les pasó a sus hijas y las consecuencias psicológicas que aún hasta hoy sufren: ambas continúan en terapia.

En su momento el episodio tuvo amplia repercusión mediática porque familiares y amigos de las víctimas realizaron una marcha frente al colegio al que concurría uno de los imputados, el Balmoral, ubicado en la zona residencial de Banfield. La noche del 13 de octubre de 2013, un alumno de ese colegio, de tercer año, festejaba su cumpleaños de 15 en su casa, ubicada sobre la calle Alvear, a pocas cuadras del Balmoral. Entre sus invitadas, estaban las dos chicas, amigas de otro colegio de Lomas. Según declararon en la causa varios de los invitados, los dos acusados, de diecisiete y dieciocho años –en ese entonces–, llegaron a la fiesta sin haber sido invitados, en banda, junto a otros adolescentes de la misma edad, la mayoría alumnos de sexto año del Balmoral, que se identifican como parte de un equipo de fútbol conocido como La Gloriosa, que participaba por ese momento en un torneo de unas canchas privadas, cercanas al campo de deportes del colegio, que serían propiedad del padre de uno de ellos. También declararon en la instrucción –algunos con identidad reservada– que eran conocidos los de La Gloriosa por tener conductas agresivas y que por esa razón los dejaron entrar a la casa por temor a ser golpeados en el colegio como represalia.

La causa se abrió a partir de la denuncia que hizo la madre de una de las víctimas, el 16 de octubre de 2013, primero en la comisaría 2ª de Banfield y a los pocos días en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal María Cristina Luzuriaga, sobre quien recayó la investigación del caso. Las chicas prestaron declaración testimonial. Contaron de los manoseos que sufrieron por encima y por debajo de su ropa interior, que escuchaban risas burlonas y que en el grupo de varones había incluso otra chica que también se reía de la situación. Las víctimas declararon en cámara Gesell y relataron en detalle los hechos a partir de un extenso cuestionario que les fue haciendo una perito psicóloga del Ministerio Público Fiscal. En virtud de las pruebas recolectadas, en noviembre de 2013 la fiscal Luzuriaga solicitó al juez de Garantías del Fuero Joven Nº 2 de Lomas de Zamora, Mariano René Alessandrini, la detención de los dos adolescentes acusados de “abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos o más personas y por resultar gravemente ultrajante para las víctimas, reiterado (dos hechos)”. Pero el magistrado denegó el pedido, por considerar que no existía peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Los dos adolescentes imputados llegaron al juicio con una restricción de acercarse a las víctimas, dictada por la Justicia, después de que se cruzaron con uno de ellos una noche de febrero de 2014, cuando iban a tomar un micro en Lomas con amigas para ir a bailar a una disco en la ciudad de Buenos Aires. El chico estaba por tomar otro micro para trasladarse al mismo boliche. Una de las adolescentes denunció que el joven la miró de forma intimidante y le gritó “violada”, “cagona”. La escena la descompuso, llamó a su madre, que recién la había dejado y se encontraba cerca, y se retiró del lugar. Al denunciar el hecho, contó además que tenía problemas para dormir, que la situación le daba mucho miedo porque el grupo de chicos que la atacó en la fiesta frecuenta los mismos lugares de diversión que ella, que esos pibes “no tienen freno”, que ella tenía temor de volver a encontrárselos y que le sigan diciendo cosas, y que un día la vean sola y vuelva a pasarle lo mismo que en el cumpleaños.

Un mes después tuvo otro episodio que la volvió a atemorizar. Denunció que recibió en su celular una llamada y cuando preguntó quién hablaba, una voz de un desconocido le dijo “los del Balmoral” y escuchó a varias personas riéndose detrás de esa conversación y otra voz que le gritó “violada, ¿ya no te acordás de nosotros?”.

Tal vez, el veredicto de hoy quiebre la impunidad, que en otras oportunidades, según testigos, habían quedado hechos similares protagonizados por los mismos imputados y otros jóvenes del mismo grupo de amigos que se “divertían” hostigando y abusando a chicas en bailes y fiestas.

“El poder no da derecho al abuso”

“Si cabe encontrar una particularidad a este caso es que se trató de hechos en los que están involucrados, tanto por parte de las víctimas como de los imputados y sus amigos, jóvenes de clase media acomodada de la zona, que no son justamente los sujetos procesales que habitualmente estamos acostumbrados a ver en estos procesos, tanto de menores como de adultos”, advirtió a Página/12 el abogado de la querella, en representación de una de las denunciantes, Ciro Annicchiarico. El letrado consideró que “este caso va a dar lugar a una seria y profunda reflexión acerca de la educación y los valores que los adultos, tanto a nivel familiar como desde el sistema educativo, estamos brindando a nuestros chicos”.

“Como dije en mi alegato, hay cosas que no se deben hacer y punto. Disponer de dinero o de una cierta cuota de poder social, no da derecho a abusar de alguien que es más débil. Lo que pasó no es una broma, es un delito, y nuestro jóvenes muchas veces no terminan de comprender y de internalizar eso, no ven adecuadamente la línea que separa una broma, un juego, que muchas veces es agresivo y mortificante respecto de otros más débiles, de un delito. Y eso, sin ninguna duda es responsabilidad nuestra, de los mayores, que no fijamos pautas claras desde el seno familiar, que no se fijan y se imponen pautas claras desde la escuela, pública o privada, que no se comunican valores y prohibiciones claramente desde los medios masivos de comunicación, en los que hoy día vemos que se normalizan y aceptan como “gracias” conductas violentas, reñidas con la ética más elemental, fomentándose groserías, irrespeto por los derechos ajenos. Lo vemos todos los días en la televisión, lo escuchamos en muchas emisoras de radio, hacer y decir barbaridades por parte de adultos que, obviamente, después funcionan en los chicos como legitimación de ese tipo de acciones y conductas”, agregó Annicchiarico.

Fuente: Página 12 -   Por Mariana Carbajal

LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA NO ES PRIORITARIA PARA EL ESTADO

Las partidas previstas son insuficientes para la financiación municipal de los puntos de atención, las políticas educativas exigidas por el Convenio de Estambul o para poder ofrecer las ayudas económicas a las víctimas previstas por la ley.

Madrid.Ayer se conocía un nuevo caso: una mujer de 29 años fue agredida este martes presuntamente por su pareja e ingresó muy grave en el Hospital La Fe de Valencia. Es el último dato de la violencia machista, en un año en el que, según cifras oficiales y a falta de confirmar cerca de una decena de casos en investigación, 26 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Debiera ser una prioridad acabar con esta violencia que se ceba con las mujeres por el hecho de serlo. Si así fuera, el Estado tendría que disponer de los recursos necesarios para invertir en prevención y en atención a las víctimas. Pero no es así, tal y como denuncian expertas y organizaciones feministas en su análisis de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

El dinero que destina el Gobierno ha pasado en seis años de los 34,3 millones de 2010 (pico de la financiación) a los 25,2 que prevé gastar en 2016. El programa contra la Violencia de Género sube un 6,32% respecto a 2015 y un 5,5% respecto al comienzo de la legislatura en 2012, pero baja el 10,92% respecto a 2009. En todo caso, es insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención, las políticas educativas exigidas por el Convenio de Estambul o para poder ofrecer las ayudas económicas previstas por la ley a las víctimas.

“Con estos presupuestos es imposible garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de género, que dice que tiene que las víctimas tienen que recibir atención jurídica, psicológica, económica y social”, asegura Begoña San José, integrante de la Plataforma Impacto de Género YA, que evalúa los Presupuestos Generales del Estado desde una perspectiva de género.

Consecuencias de la reforma de la Ley de Régimen Local

La reforma de la Ley de Régimen Local ha eliminado las competencias municipales en la materia y ha prohibido a los ayuntamientos el realizar aportaciones para la lucha contra la violencia de género y a los puntos de encuentro – la reforma establece que las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% por las comunidades autónomas o el Estado-. “De algún modo el Gobierno tiene que sustituir la financiación”, apunta la experta.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género empleará seis millones de euros (en 2015 eran cinco y 6,5 en 2010) para convenios con comunidades autónomas con el objetivo de financiar los servicios sociales de atención (psicológica, judicial y social), emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de la víctima. Algo gestionado en buena parte a través de los puntos de atención municipales. Muchos de estos puntos han sido cerrados y en todo caso cuentan con menos profesionales asignadas.

Desde la plataforma insisten en que “la reforma de la ley debería ser compensada con un incremento de las transferencias a las comunidades, pero el presupuesto solo ha aumentado en un millón de euros”. Para financiar estos servicios demandan aumentar de seis a 60 millones esta dotación.

Sobre los Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de padres maltratadores no pongan en riesgo a los hijos e hijas, además, las organizaciones incluidas en la plataforma denuncian que en los PGE “sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a las familias, cuya partida 48 reparte casi dos tercios del presupuesto en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a entidades que no representan ‘a las familias en su diversidad’, sino mayoritariamente la familia tradicional, discriminatoria para las mujeres y la infancia”. Recientemente la portavoz parlamentaria de Igualdad del Psoe recordó que 25 menores han sido asesinados por sus padres en los últimos años durante el régimen de visitas. Un caso ilustrativo es el de Ángela González Carreño.

Educación

La prevención en el ámbito educativo también ha sufrido un tijeretazo. De hecho las organizaciones critican que no exista una partida específica para tal materia, a pesar de que la ley integral “obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe del cumplimiento”. Begoña insiste en que esta situación “va en contra de las recomendaciones de la CEDAW y de lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, ratificado por España en 2014.

Solo 426 víctimas reciben subsidio

Otro de los puntos fundamentales es el de las ayudas económicas que deben recibir las víctimas de violencia de género. Por un lado, el enfoque del Gobierno tanto en la sensibilización como a la hora de brindar apoyo a las víctimas siempre está vinculado a la denuncia, lo cual no deja de ser limitado y en todo caso no resulta imprescindible para optar a los recursos reconocidos por la ley. Pero además, sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) percibieron en 2014 el subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, en pago único. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, solo 5 mujeres reciben este subsidio.

La ley también prevé otro mecanismo de apoyo económico para las mujeres que sufren violencia. Son contratos con bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social -en 125 €/mes-1.500 €/año durante 4 años por contrato indefinido y 50 €/mes-600 €/año por contrato temporal- a quienes las empleen. Solo se contabilizan 900 contratos de este tipo (0,7% de las denunciantes) en todo el Estado español.

El Psoe ha presentado varias enmiendas a las cuentas del Estado en las que pide que la cantidad de 25 millones presupuestada por el Gobierno para la lucha contra la violencia de género se incremente hasta llegar a los 100 millones. Las enmiendas se enmarcan en el “gran acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género” que el jueves reclamó el líder socialista, Pedro Sánchez, y que se basa en un decálogo de medidas urgentes, como ampliar la ley para que incluya la violencia contra las mujeres ejercida fuera de la pareja, proteger a los y las menores y dar formación específica a jueces, profesionales de la abogacía, forenses y fuerzas de seguridad.

La Plataforma Impacto de Género Ya ha hecho llegar a los Grupos Parlamentarios en el Congreso un Manifiesto junto a diversas propuestas de enmienda a los presupuestos. De momento han respondido IU, CiU, y UPyD.

FUENTE: y fotos: AmecoPress

ARGENTINA , LA CAUSA MÁS GRANDE DE TRATA EN EL PAÍS:57 VÍCTIMAS, 17 ACUSADOS, 200 TESTIGOS:

Las víctimas provenían de distintas provincias de Argentina, Paraguay, Chile y República Dominicana. La mayoría de ellas eran madres solteras con hijos a su cargo, mujeres sin educación formal. Cómo operaba la red de trata con epicentro en San Juan. El juicio comenzó en abril y está entrando en su recta final.

Nancy llegó a Argentina desde Paraguay para trabajar como empleada doméstica. En 2011 tenía tres hijos de 8, 7 y 4 años. Como Nancy no había aprendido a leer ni escribir, firmó un papel que no sabía lo que era y le entregó a una mujer la tenencia del más chico de sus niños. Quería recuperarlo pero para eso necesitaba juntar dinero para pagar un abogado. Un hombre de nombre Marcos le había prometido un empleo en la localidad de Media Agua, en San Juan. Cuando llegó al lugar, con un pasaje pagado por Marcos, se dio cuenta que la habían engañado otra vez: tenía que hacer “copas”. Se quejó y la trasladaron a Caucete donde, además de ser explotada sexualmente en el prostíbulo “Frasse”, estaba obligada a trabajar en la cosecha.

El testimonio de Nancy—que no se llama así pero la nombramos de esa manera en esta nota—es uno de los casi cien relatos que recolectaron las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando intervinieron hace tres años en una de las causas por trata sexual más grandes del país de los últimos tiempos. El juicio comenzó en abril y está entrando en su recta final. En el banquillo de los acusados están sentadas 17 personas, de distintas edades y procedencias, que llegaron al juicio con prisión preventiva. Todas las cifras de este juicio evidencian su magnitud: a las audiencias fueron convocados alrededor de 200 testigos.

“Es uno de los casos más paradigmáticas y en el juicio está quedando probada la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En la mayoría de los casos hubo trata y explotación sexual. En cada uno de los lugares había aprovechamiento, engaños y amenazas”, dijo a Infojus Noticias el fiscal general de San Juan, Francisco Maldonado que representa al Ministerio Público Fiscal en el debate oral.

Una red entre prostíbulos y departamentos privados

“Olev”, “Las Bóvedas”, “Luz Verde”, “Frasse”, “Las Cabañitas” y “Piratas del Cabaret” se escondían bajo la fachada de “confitería”, “whiskería”, “bar nocturno” o “cabaret” pero eran prostíbulos donde había 57 víctimas de trata sexual. En 2012, fueron rescatadas en un mega allanamiento en 13 prostíbulos y los llamados “departamentos privados”. Entre ellas había una menor de edad. El expediente judicial es una estampa de cómo funciona, bajo la sombra de la ilegalidad, el sistema prostibulario en el país. Las víctimas provenían de distintas provincias de Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana. La mayoría de ellas eran madres solteras con hijos a su cargo, mujeres sin educación formal. Muchas de ellas rotaban entre los distintos locales y, también, eran trasladadas a prostíbulos de otras provincias.

Según el entrecruzamiento de teléfonos celulares y agendas de los proxenetas, los investigadores llegaron a la conclusión que los explotadores se conocían entre sí. Las mujeres estaban en departamentos conocidos como “privados”, concentrados en San Juan capital, y distintos prostíbulos ruteros, algunos de ellos en zonas precordilleranas. Los locales, además, estaban distribuidos en cinco localidades. No tenían restricción para salir pero estaban en lugares aislados y sometidas a mecanismos de control muy precisos. La mayoría de las víctimas había llegado al país con la expectativa de ir a Chile y trabajar en restaurants o como empleadas domésticas. Primero pasaban por la provincia de Mendoza y luego arribaban San Juan, tras ser rechazadas en la frontera.

Descuentos, pulseras y una serie de reglas

Casi todas las víctimas declararon que estaban en los lugares por su propia voluntad. Sin embargo, las pruebas recolectadas demostraron que habían sido aleccionadas en sus discursos. Los patrones de la explotación sexual eran evidentes: cuadernos con descuentos del 50%, listas de deudas por pasajes de los micros, combustible para transportarlas, comida, cigarrillos, remedios y estudios médicos, secador de pelo y hasta el maquillaje.

Los prostíbulos tenían sus propias reglas. No podían negarse a ningún “pase”, tenían que vestirse con “ropa sexy”, al “cliente” había que llamarlo “papi” o “mi amor” y tenían que consumir la mayor cantidad de tragos posibles, entre otras normas. Las mujeres llevaban en sus muñecas pulseras de distintos colores para distinguir “pases” de “copas”.

A lo largo del expediente quedó evidenciada la protección policial con la que contaban los proxenetas. De hecho, en uno de los múltiples allanamientos, los investigadores encontraron en un prostíbulo a un efectivo policial uniformado perteneciente a la Policía de la provincia de San Juan. “Ha quedado suficientemente claro que cada uno de los lugares identificados e investigados en este expediente es un lugar en el que se explotó sexualmente la prostitución de mujeres”, escribieron en el pedido de elevación a juicio la fiscal Federal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, junto al titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo.

En ese mismo escrito, los fiscales cuestionaron “la existencia de una normativa provincial y municipal ambigua que pareciera dejar un lugar para la generación de prácticas ilegales de regulación de la explotación sexual”. El Tribunal Federal está integrado por los jueces Juan Carlos Turcumán, Raúl Fourcade y Carlos Parra.  Las audiencias ya comenzaron  y declaró la mayoría de los imputados. El 27 de agosto fue la última jornada en la que hablaron algunas de las víctimas. Además, testimoniaron ante los jueces un policía y tres profesionales del Programa Nacional de Rescate a través de videoconferencia. Ratificaron el informe elaborado al momento de intervenir en los procedimientos y, a su vez, detallaron la situación de vulnerabilidad de las mujeres rescatadas, las condiciones de vida de las víctimas extranjeras respecto a sus países de origen y cómo llegaron a la Argentina para terminar siendo explotadas en la provincia de San Juan.

La punta del ovillo de la investigación fue una denuncia hecha por la asociación civil “Foro No a la Trata San Juan” ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina. Después de tareas de inteligencia, el 14 de abril de 2012 el juez Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Juan, pidió que se allanaran 16 prostíbulos. “Estamos preocupados porque hace una semana se dictó sentencia en la que se absolvió a dos imputados por trata de personas de una niña de 14 años Su hermana y su cuñada la vendieron y ella se escapó”, dijo a Infojus Noticias María Arroyo del Foro NO a la Trata San Juan. A fines del mes pasado, los mismos jueces que hoy abordan la Megacausa, absolvieron a los cuatro acusados de intentar vender por 10.000 pesos a una menor de 14 años en 2012.

Fuente. Infojus- Por: María Florencia Alcaraz

LA FISCAL EN SU LABERINTO

Los antecedentes de Carolina Carballido Calatayud , la funcionaria que ahora interviene en el femicidio de Claudia Schaefer, titular de una fiscalía especializada en violencia de género que hasta ahora nunca acusó a nadie por esa figura aunque sí criminalizó a otras víctimas.

La mujer entra con su celular en la mano. Es joven pero lleva el cansancio acumulado bajo los ojos, como si estuvieran apoyados sobre un pozo de aguas oscuras en el que podrían nadar tanto el miedo como las noches en vela rumiando hartazgo. No le han quitado la determinación. Va hacia la mesa de entradas de la fiscalía de Delitos Conexos con la Violencia de Género de Pilar. Las empleadas de la unidad fiscal que dirige Carolina Carballido Calatayud la reconocen enseguida, la llaman por el nombre de pila, se alegran de verla.

–¿Dónde anduviste? Te estuvimos buscando desde el viernes.

–A él no le resulta difícil encontrarme, mirá –dice la mujer y muestra la pantalla de su teléfono: una atrás de la otra, las amenazas de un tipo que no parece tener miedo de que queden por escrito.

–Mirá vos –dice la empleada leyendo de reojo–, nosotras te buscábamos porque la doctora se reunió con tu denunciado y él tuvo muy buena actitud, se comprometió a parar la mano, te queríamos dar la buena noticia... ¡Qué pena!

–¿Podés tomar la denuncia de las amenazas, por favor? –la bronca se suma a eso que se agita en el pozo negro bajo sus ojos.

–Sí, claro –la empleada se acoda sobre el mostrador, revisa otra vez la pantalla, después levanta los ojos hacia su interlocutora y devuelve el celular.

–Acá enfrente hay una casa de fotocopias donde te pueden bajar los mensajitos, los imprimís y me traes la hoja así te lo puedo sumar al expediente.

La mujer se queja, pregunta si no pueden tomarle una foto directamente a la pantalla, o copiar lo que dice ahí frente a testigos, lo que sea que no signifique una nueva gestión para ella. No tiene suerte; si la víctima quiere aportar pruebas, la prueba de por qué tiene miedo, del por qué de sus ojeras, de por qué el viaje hasta la oficina pública un lunes a la mañana después de un fin de semana de pesadilla cuando debería estar trabajando o en cualquier otro lado, si quiere hacerlo tendrá que ser por escrito y con las formalidades del caso, le tendrá que costar, siempre un poco más. Más de lo que le costó a “su denunciado” convencer a la doctora de su buena voluntad para frenar la violencia.

Sofía Carabelos y Laurana Malacalza miran la escena desde un banco de madera. Están ahí mientras esperan que la titular de la fiscalía, Carballido Calatayud, las reciba en tanto integrantes del Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires que depende de la Defensoría del Pueblo. No las sorprende, ni que se haya citado a un agresor como si fuera un chico de primaria a la dirección de la escuela ni que se carguen sobre la víctima los trámites que hacen a su causa. De hecho María Belén Morán, también asesinada en Pilar, en la jurisdicción de Carballido, tenía la orden de restricción en su cartera cuando la mataron, ese escudo de papel que las mismas víctimas tienen que presentar en las comisarías para que tenga algún efecto, con el riesgo que implica toparse aunque sea de casualidad con sus agresores cuando están en ese trámite. Carabelos y Malacalza saben que es moneda corriente, aun cuando ésta es una fiscalía supuestamente especializada en violencia de género y deberían saber cómo funciona, cómo se repiten las tretas de los agresores, arrepentidos un rato, justificándose en sus frustraciones, el mucho trabajo o su falta, las ausencias de ellas, la pérdida de control que juran no sucederá más.

A Fernando Farré, el hombre que degolló a su ex esposa mientras su madre y al menos dos abogados escuchaban los gritos del otro lado de la puerta del vestidor de un chalet de barrio cerrado, también le creyeron cuando dijo que lo preocupaba ser tildado de violento, que ya había entendido, aceptado la separación. Fue en otra fiscalía, es cierto, una de la Ciudad de Buenos Aires, donde le levantaron la medida de restricción que le impedía acercarse a Claudia Schaefer para que entre “las partes” de un divorcio conflictivo solucionaran la división de bienes. En eso estaban cuando la mató, en Pilar, bajo la jurisdicción de la agitada fiscalía de Carolina Carballido Calatayud.

“Es un caso muy conmovedor”, fue lo primero que se le escuchó decir a la fiscal a los medios con los que ahora es receptiva, “vamos a pedir la pena máxima”, dijo también y habló de un homicidio doloso doblemente agravado. “Por el vínculo y por el contexto de violencia de género”. Suena bien, aunque no se sabe a qué se refiere Carballido con el “contexto” de violencia de género, eso no es un tipo legal y lo cierto es que los antecedentes no permiten creer que vaya a ir por ese camino. Según el relevamiento de las cifras de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que hizo el Observatorio de Violencia de Género, ni en 2013 ni en 2014 hubo una sola causa elevada a juicio en la que se haya aplicado el artículo 11 del Código Penal, que habla de Violencia de Género y no de “contexto”. “No hay registros oficiales de femicidios, pero si los hubiera, al ir a mirar esos números, habría que decir que en esos años en nuestra provincia no hubo ningún femicidio”, dice Malacalza.

Pero ahora Carballido quiere hacer buena letra, trabajar bien, no adelantarse. Así lo repitió en los medios, con los que estuvo receptiva, “todavía no pasó una semana, no puedo decir exactamente qué sucedió, todas las hipótesis están abiertas”, se la escuchó por radio antes del cierre de esta nota y entre esas hipótesis se cuentan también las de la defensa que van desde buscar un atenuante por emoción violenta a la inimputabilidad lisa y llana de Farré.

Llama la atención la prudencia de Carballido ahora; cuando le tocó acusar a Celina Benítez, una joven migrante de 23, por abandono de persona después de que la pareja de ésta asesinara a golpes su hijita apenas necesitó 48 horas. El hecho sucedió el 10 de junio y el 12 ya estaba lista la acusación, la joven mamá detenida sin poder asistir al entierro de su hija, y el único dato que sostiene la hipótesis de la fiscal es el testimonio de una vecina que escuchó un llanto una semana antes al que Celina no habría respondido con celeridad, como tampoco acudió a una guardia cuando vio una quemadura en el cuerpo de su hijita. “En cambio eligió otros caminos, como irse a trabajar”, dice Carballido en su escrito en el que nunca se menciona que Celina misma vivía amenazada, que era golpeada sistemáticamente, obligada a tener relaciones sexuales o, sin eufemismos, violada constantemente. Nada de eso figura en el escrito porque nadie se lo preguntó a Celina. Como nadie se lo preguntó a Yanina González, otra joven mamá que estuvo presa durante más de un año porque Carballido la acusó con la misma figura que a Celina y con la misma inconsistencia de pruebas; tanto es así que Yanina fue absuelta y la procuración decidió dejar sin efecto la apelación de la fiscal especializada en delitos conexos con la violencia de género en Pilar.

Cuando a Carballido se le pregunta por el caso de Celina, contesta con las fotos forenses que se tomaron sobre el cuerpo de la pequeña Melina. “¿Qué quiere que haga con esto?”, le soltó a Malacalza como si la brutalidad del agresor justificara la detención de su otra víctima, la madre de la niña. Ahora las que se filtraron a la prensa fueron las fotos forenses de lo que se llama “el crimen del country”, Farré mirando a cámara, gesto dislocado, la sangre tiñéndolo todo y hasta la marca de un golpe que ella, la víctima, le habría dado. Un regalito extra para la estrategia de la defensa que quiere mostrar a un hombre dominado por sus pasiones. Mientras los medios las reproducían y se consultaban especialistas que explicaran la figura de la emoción violenta para justificar lo imposible, se filtraron las fotos del cuerpo de Schaefer. Una crueldad innecesaria que completa “el caso conmovedor”, este con el que Carballido parece querer maquillar su falta de perspectiva de género, tal vez usando por primera vez, ella que está en una fiscalía especializada, la figura de la violencia de género como agravante.

Fuente Y Fotografía: Página 12/ la 12 -   Por Marta Dillon

LAS EXCUSAS DEL PATRIARCADO: EMOCIÓN VIOLENTA Y ALIENACIÓN PARENTAL

La psicoanalista María Cristina Rebollo Paz analiza los recursos utilizados por abogados y la opinión pública para naturalizar los episodios de violencia machista aduciendo “confusión”, “depresión”, “pérdida del empleo”, “furia” y lo vincula con el falso síndrome de alienación parental. Ambos, dice, culminan con la reversión de la imputabilidad del delito: el victimario se convierte en víctima y la víctima en victimaria.

El femicidio perpetrado en contra de Claudia Schaefer en presencia de abogados de ambas partes y de la madre del femicida, nos vuelve a confrontar con una realidad que no cesa de sorprendernos: hombres de todas las clases sociales, ignorantes o instruidos, ricos o pobres, desconocidos o famosos, se arrogan el “derecho” de quitar la vida de sus parejas mujeres, convivientes o no. La “opinión pública”, a través de abogados, profesionales y periodistas se ve asaltada por los intentos de naturalización de tales episodios o al menos de atenuación de la responsabilidad del autor, aduciendo “confusión, “depresión”, “pérdida del empleo o de status”, “obnubilación psíquica transitoria o permanente”, “sentirse humillados”  por la mujer (Barreda), “traicionados”, “estafados”, “burlados”, “provocados”, “abandonados”… y la lista es tan interminable como absurda.

Más allá de que serán los jueces quienes en última instancia harán lugar o no a la inimputabilidad de Farré o a su supuesto estado de emoción violenta, las declaraciones de sus abogados inundando diarios y redes sociales con el objeto de minimizar su responsabilidad en el hecho  nos llenan de indignación.

Estos “recursos” -  inimputabilidad, estado de emoción violenta, etc., -  no hacen más que desenmascarar, una vez más, a un sistema atravesado por la misoginia y el desprecio por la vida y los derechos de las mujeres y de los/as niños/as que se perpetúa en la forma de un patriarcado obsoleto pero ferozmente vigente.

Cuando el victimario se convierte en víctima.

En un artículo publicado en El Psicoanalítico (1), vinculaba al atenuante “emoción violenta”, recurso utilizado por los abogados defensores de femicidas, con el llamado “síndrome de alienación parental” (SAP), inventado con el fin de minimizar los delitos de abuso sexual y/o maltrato en la infancia, en su mayoría perpetrados por los padres biológicos en contra de sus propios/as hijos/as.

Sin embargo, lo más notable de ambos recursos es que culminan con la “reversión de la imputabilidad” del delito: el victimario se convierte en víctima y la víctima en victimaria.

En los casos de femicidio con el atenuante de estado de emoción violenta, claramente es la mujer la que disparó ese estado de desinhibición momentánea y fatal con su conducta, por tanto, viene a ser responsable por su propia muerte. El latiguillo “se lo buscó” es la versión menos erudita del femicidio pero no por eso menos fuerte en el imaginario colectivo.

En los casos en que las madres denuncian al padre de sus hijos/as por abuso sexual o maltrato hacia alguno/a de ellos/as, antes de escuchar al niño/a, los abogados de los perpetradores esgrimen explícita o implícitamente al mencionado síndrome - que no cuenta con el menor aval científico -, que define a priori que fue la mujer la que introdujo esas “ideas” en la cabeza de los/as niños/as con el fin de perjudicar al padre.

Nuevamente se produce la “reversión de la imputabilidad”: el victimario se transforma en víctima de la mujer, al igual que el/la niño/a - quien conserva el lugar de víctima pero ahora de su madre - sólo que en este caso muchas veces termina siendo efectivamente imputada por “la justicia” por impedimento de contacto (léase: intento de protección al menor) y paradójicamente, luego de la “reversión de imputabilidad” se ejecuta la reversión de tenencia… Sí, los/as niños/as abusados/as o maltratados/as por su padre son obligados/as por “la justicia” a convivir con su agresor. Lamentablemente, son muchos los casos en que esto ha sucedido, y hay madres protectoras aguerridas que hace años que no pueden ver a sus hijos/as.

Qué pasa con los hijos

Como puede observarse, el exhibir la paternidad biológica exime de prácticamente cualquier delito, lo cual no hace sino aseverar la antigua y vigente creencia de que mujer e hijos/as son objetos de su propiedad. Por ello es que muchos femicidas no sólo no pierden la patria potestad “de oficio” – como indicaría el simple sentido común - sino que mantienen la tenencia y conviven con sus hijos/as huérfanos/as de madre por su causa… (José Arce y su madre, ambos condenados a cadena perpetua por el femicidio de Rosana Galliano y beneficiados con el “arresto domiciliario”, conviven con sus hijos y mantienen la custodia, a pesar del reclamo de los abuelos maternos desde la muerte de su hija).Cabe preguntarse por lo que ocurrirá con los hijos de Claudia.

Un párrafo aparte merece la consideración de que tener dinero y/o algún tipo de notoriedad constituye un salvoconducto para obtener cierta impunidad. Sin embargo, parecería que en esta sociedad netamente machista, el maltrato de todo tipo a las mujeres está legitimado por el mero hecho de ser varón.

Resulta más que claro que, a pesar de todos los intentos sociales, culturales y jurídicos por proteger mujeres y niños/as de quienes ejercen la violencia contra ellos/as, existe una resistencia machista/patriarcal, fuertemente enraizada en nuestra cultura, que hace que muchos hombres y mujeres tengan la necesidad de preservar el lugar de dominio del varón contra viento y marea.

Como dice Pilar Aguilar Malpartida, “Para el sistema, persiste la concepción de que el honor supuestamente mancillado de los hombres ya sea por adulterio, por el abandono o simplemente por el ejercicio de la libertad, vale más que la vida de las mujeres de las que no hace tanto se podía disponer legalmente” (2). Podríamos agregar que la “humillación pública” recibida por los hombres denunciados por sus mujeres en ocasión de protegerse a sí mismas y a sus hijos/as de abuso o maltrato, constituye una afrenta que los embarca en una persecución judicial, psicológica y económica devastadoras contra sus ex mujeres e hijos/as incluidos/as.

(1) Rebollo Paz, María Cristina: Femicidio y emoción violenta: cuando la mujer termina siendo responsable de su propio asesinato. http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num11/sociedad-rebollo-paz-femicidio-emocion-violenta.php

(2)  Aguilar Malpartida, Pilar: La Emoción Violenta como Atenuante de  los Asesinatos contra las Mujeres a Manos de sus Parejas, pág. 11.pilaram30@yahoo.com. http://www.caminos.org.uy/emocionviolenta.pdf

Fuente: Infojus

GUÍA " VIVIR SIN VIOLENCIA ESTÁ BUENÍSIMO"

Este material aborda el desafío de incluir la perspectiva de género en la educación de niños y niñas con el objetivo de avanzar hacia una pedagogía no discriminatoria, revertir las desigualdades por razones de género y promover prácticas educativas tendientes a combatir los estereotipos y toda forma de discriminación 

La Guía ofrece instrumentos y materiales didácticos que brindan una estrategia que quiere contribuir a la construcción de una ciudadanía ampliada. La misma está dirigida a los y las docentes para su trabajo con niños y niñas en los centros educativos, con las familias y la comunidad. Esto constituye otro paso en el cambio cultural hacia la equidad de género y hacia la promoción de una vida libre de violencia.

 Carmen Beramendi. Directora Instituto Nacional de las Mujeres-URUGUAY.

Descargar info: 3_guiadidacticavivirsinviolenciafinal_2009.pdf
Descargar archivo

http://porelpanyporlasrosas.weebly.com/uploads/1/1/8/1/11810035/3_guiadidacticavivirsinviolenciafinal_2009.pdf

Fuente. Página web. Por el pan y por  las Rosas