martes, 21 de febrero de 2017

LA INVISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

¿La planificación y el diseño urbano ha sido testigo, cómplice y reproductor del histórico fenómeno de desigualdad que afecta a las mujeres? Es la interrogante con la que los columnistas abren la ventana a la invisibilidad de la violencia y discriminación que afecta a las mujeres en el diseño de políticas públicas. Poniendo el foco en la planificación y el diseño urbano, hacen un cruce de distintos indicadores y datos oficiales para ofrecer una vía que busque combatir esa violencia cuya manifestación extrema son los feminicidios que sacuden a nuestro continente.




El 19 de octubre de 2016 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible que determina la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III), vivía su tercera y penúltima jornada en Quito (Ecuador). El mismo día, hubo manifestaciones masivas en gran parte del continente que denunciaron la violencia hacia las mujeres provocadas por los feminicidios, los que subieron las ya altas tasas de esos crímenes en distintos países. Bajo el lema “Ni una menos”, cientos de miles de latinos –y sobretodo latinas– repletamos las calles de nuestras ciudades a lo largo de toda Latinoamérica.





Según estudios de la CEPAL, sólo en 2014 hubo 1.678 feminicidios en Latinoamérica y el Caribe. La cifra es más impactante aún si se considera que siguen en aumento y que el 98% de estos delitos –según ONU Mujeres– se mantiene en la impunidad. Este escenario podría ser aún más crítico si a esa cifra se suman aquellas que no manejan los organismos oficiales, como crímenes por lesbofobia o transfobia, que en muchos países e indicadores a nivel latinoamericano no califican como feminicidios.





En este contexto, es válido preguntarse si la planificación y el diseño urbano han sido testigo, cómplice y reproductor de este histórico fenómeno de desigualdad. ¿Cómo incentivamos y desarrollamos una planificación, gestión y diseño igualitario de nuestras ciudades? ¿Está incorporado el enfoque de género en la planificación de las ciudades chilenas? Esas interrogantes cobran ahora nueva fuerza ya que en Hábitat III al fin se ha logrado –aunque tibiamente– que se consideren en la agenda urbana.

Una ciudad para el hombre

Luego de la aparición de la ciudad industrial en el siglo XIX, las grandes urbes modernas fueron planificadas y diseñadas con el fin de mantener una estrecha relación del individuo con el trabajo. A mitad del siglo pasado, la optimización de procesos, priorización del vehículo por sobre el peatón y densificación, tenían como fin el desarrollo de una ciudad más productiva y eficiente que elevara las cifras de orden económico. Todos ámbitos que han sido asignados como propios a los hombres, debido a que se le ha entregado mayor protagonismo como principal fuerza de trabajo.

Lo anterior provocó en este incipiente escenario neoliberal que las ciudades no consideren en su diseño y planificación a la mujer como parte y usuaria de la urbe y, a su vez, como componente fundamental de la organización, reproducción y funcionamiento de nuestra sociedad y sus espacios urbanos. Esto marca un precedente importante para analizar la configuración social y espacial de las ciudades actuales cuando hablamos de una perspectiva de género.

Si bien el debate sobre la ciudad y lo urbano continúa presente, hay un factor que muestra el cambio: la ciudad ya no gira en torno a la industria, sino que está comenzando a girar en torno a sí misma, convirtiendo el espacio en una nueva forma de producción y reproducción de capital y patriarcado, transformándolo en un espacio en constante disputa. Este debate se ha expresado en Chile, que vive una fase neoliberal, en una ciudad para muchos pero construida y planificada por pocos, con bajos o nulos niveles de planificación y regulación por parte del Estado. Peor aún, con cuestionables sistemas de participación de quienes la habitamos, siendo el único factor determinante el mercado de suelo y su función económica más que social.

Este modelo expansivo y desregulado de la ciudad trae consigo no sólo desigualdades de clase y segregación socio espacial. También genera desigualdades de género que se viven cotidianamente, y que deberían ser materia de las políticas sociales y urbanas del país.

Política urbano-residencial y enfoque de género

El caso de Santiago es interesante para analizar las desigualdades de género en el desarrollo urbano, pues expresa en muchas dimensiones las consecuencias del modelo urbano actual. Desde la primera mitad del siglo XX la ciudad ha vivido un alto nivel de crecimiento, el que desde los años ‘80 se ha basado en la construcción masiva de viviendas sociales a través de subsidios que entregan una gran potestad al sector privado en el desarrollo urbano-residencial. Ello ha generado largos debates sobre la segregación y desigualdad urbana [1], ejemplificados por la pobreza de la periferia, inseguridad y violencia. Sin embargo, lo que pocas veces se explicita es que esa violencia afecta particularmente, y en mayor medida, a las mujeres.

La política de vivienda social en Chile se fundamenta en sistemas de selección que miden niveles de vulnerabilidad social y pobreza, donde mujeres madres solteras tienen altos puntajes, así como las familias con muchos hijos. El producto de esta selección es generalmente una vivienda de escasos metros cuadrados y en comunas periféricas, allí donde se han concentrado las poblaciones de vivienda social y, por lo tanto, configuran paños homogéneos de pobreza, sin equipamientos ni servicios.

Para la mujer y madre soltera esta situación genera gran conflicto: implica una re-localización lejos de las redes vecinales o familiares, lo que suma dificultades respecto del cuidado de los hijos al punto de tener que abandonar su trabajo, buscar uno más cercano o simplemente no postular a vivienda social, porque el rol impuesto de labor reproductiva y maternidad le impide dejar a los niños solos.

Las cifras sobre la potencial demanda educacional pública para niños entre 0 y 5 años, son elocuentes: menos del 10% de la oferta de salas cunas se encuentra en un radio aceptable de 2 kilómetros [2], por lo que se entiende que entre el 49% y el 76% de las madres reclamen problemas de ubicación y lejanía de estos centros.

De allí la urgencia de que la planificación aborde la necesidad de abastecer de manera homogénea los servicios de cuidado de niños (jardines infantiles y salas cunas) a lo largo de todo el territorio y sobre todo en los lugares de mayor concentración de la oferta laboral.

En el caso de las familias numerosas sucede una situación similar: generalmente se le otorga a la mujer el rol de dueña de casa y cuidadora de los hijos en la nueva vivienda. Esta situación se condice con los datos entregados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indican que en los países en vías de desarrollo, el hombre dedica en promedio 1,5 horas a labores no remuneradas de un total de ocho horas diarias, mientras que la mujer dedica cuatro horas de un total de 9,5 horas en la misma jornada [3].

Esta creciente incorporación femenina al empleo en las ciudades, contrasta con la situación masculina, ya que la mujer, además de adquirir un rol activo en la economía, sigue cargando con la mayor parte de la responsabilidad doméstica. Esto genera un doble efecto: una ilusión de reconocimiento y derechos, y una doble explotación, lo que produce dobles dificultades y condiciona las oportunidades laborales.

Lo anterior no solo provoca un problema laboral. El nivel de hacinamiento que generan las condiciones de la vivienda social, produce pérdida de privacidad, dificulta la vida en pareja y profundiza conflictos familiares que terminan en actos de violencia que generalmente es ejercida por el hombre. Esto último es producto de la relación de poder desigual de lo masculino hacia lo femenino, el que se reproduce y refuerza en el seno de la familia. Este desequilibrio se agudiza por la imposibilidad de la mujer de salir al mundo laboral y alcanzar la independencia económica, lo que le otorgaría mayor libertad por sobre el control económico del hombre, permitiendo a la vez fracturar el rol masculino de “jefe de familia” [4].

De hecho, estudios dan cuenta de la estrecha relación entre la violencia intrafamiliar ejercida contra la mujer y el hecho de que esta trabaje [5]. Una cifra para graficar: en Chile, en los tres primeros quintiles las jefas de hogar son mayoritariamente de sexo femenino [6].

Estos son ejemplos de cómo la política de vivienda, al no incorporar una perspectiva de género, expresa la violencia hacia las mujeres y la reproduce de diferentes maneras.

Es necesario puntualizar que no es el propósito de esta columna entrar en una crítica profunda sobre lo que se ha hecho en materia de vivienda en el país. Lo que buscamos es utilizar algunos ejemplos para pensar en qué transformaciones se hacen urgentes y necesarias. Esto implica cambiar las dinámicas machistas, una arista a incorporar en la modernización de programas que consideren las redes vecinales, los espacios públicos, privados y su relevancia para la convivencia familiar. Ello también presupone cuestionar el rol protagónico que se le da al sector privado con mínimas exigencias de regulación.

Junto a lo anterior, la violencia machista también se manifiesta en el espacio público, principal campo de estudio de los urbanistas. Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es la inseguridad producida por la escasa iluminación o la mono funcionalidad de algunos espacios de la ciudad, lo que disminuye su uso en ciertos horarios del día o la semana y genera áreas muertas que, en muchos casos, son apropiadas por hombres, donde las mujeres se sienten vulnerables a asaltos y delitos sexuales. Otro es la publicidad sexista, la que se ha convertido en un paisaje permanente de las principales avenidas y paseos de la ciudad, donde se refuerza la cosificación femenina y los roles sexo-género socialmente impuestos.

En este punto es importante apuntar a que la perspectiva de género se incorpore en los diferentes planos de la planificación. Por ejemplo, diseñar espacios seguros con mixtura de usos, mobiliario urbano con luminaria y equipamientos accesibles [7], entendiendo que tras esto debe existir un gobierno local fortalecido, que reconozca y pueda trabajar los problemas directamente con sus usuarios. Otra forma de enfrentar esta violencia sería la regulación de la publicidad [8] en el espacio público, la que debiese incorporar la promoción de la igualdad y libertad entre hombres y mujeres o, por lo menos, prohibir la promoción del machismo en una primera instancia.

Para pensar la ciudad y la planificación urbana con perspectiva de género es necesario incorporar este debate en nuestra disciplina. Las dificultades y desigualdades que genera la sociedad machista y patriarcal permea distintos espacios y se reproducen en el urbanismo. Por ello, abordarlo como parte de la formulación, evaluación, diseño y gestión y de toda política urbano habitacional es fundamental para generar ciudades donde todas y todos seamos admitidos bajo las mismas condiciones, superando proyectos y programas aislados o intervenciones del tipo “acupuntura urbana”.

Debemos impulsar estrategias con perspectiva de género conscientes, validadas por procesos de co-construcción y que definan políticas, programas y proyectos con mayor seguridad y transversalidad, dejando atrás la visión heteronormada y que posibiliten el uso igualitario de lo que ofrecen nuestras urbes, ejerciendo el derecho pleno a la ciudad.

Es imperante avanzar hacia la institucionalización del componente género en todas las escalas de planificación y de manera intersectorial (territorial, social, de salud, género, educación, seguridad, entre otros). Ello permitirá visibilizar y mejorar las condiciones de nuestros barrios y ciudades con un enfoque integral e inclusivo. De lo contrario, estaremos emulando lo sucedido el 19 de octubre pasado, donde mientras a dos cuadras de la Conferencia Habitat III se manifestaban cientos de mujeres y hombres en contra de la violencia de género, importantes autoridades de nivel mundial hacían caso omiso a esta manifestación, discutiendo a puerta cerrada “políticas urbanas de inclusión”.

Notas:

[1] Tapia, Ricardo (2011). Vivienda social en Santiago de Chile. Análisis de su comportamiento locacional, periodo 1980-2002. Revista INVI. Santiago.

[2] Dussaillant, Francisca (2012). Asistencia de niños a establecimientos preescolares: aproximándonos a la demanda a través de un análisis de las elecciones de cuidado y trabajo de los hogares. Centro de Estudios MINEDUC. Santiago.

[3] Las Mujeres en el trabajo, tendencias 2016. Organización Internacional del trabajo. 2016. Ginebra.

[4] Ducci, M. E. (2007). La política habitacional como instrumento de desintegración social. Efectos de una política exitosa. En M. J. Hidalgo, 1906/2006. Cien años de política de vivienda en Chile (págs. 107-123). Santiago: UNAB

[5] Intervención de Ximena Valdés en el contexto de los talleres de debate en torno a ciudades más seguras para tod@s: “Perspectiva de género para enfocar la violencia en los guetos de Santiago”. Programa Regional “Ciudades Seguras: Violencia contra las mujeres y políticas públicas”. Sur Corporación. 2007.

[6]Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2013. Ministerio de Desarrollo Social. 2015. Santiago.

[7] Noguera, María (2013). Planificación y gestión con perspectiva de género. Revista Planeo Nº 13. Santiago.

[8] Definida en el artículo 2.7.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sobre instalación de publicidad en la vía pública y respecto de las empresas que realizan actividad económica que podría ser vista u oída desde aquella.

* Fernando Toro Cano es arquitecto, candidato a magister en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile, profesor instructor de Urbanismo en la UTEM, ayudante en asignaturas de Urbanismo en la Universidad de Chile, coordinador de la muestra Academia y Sector público XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2017 e integrante de la comisión “Ciudades y Territorio” de Revolución Democrática.

* Valentina Saavedra Meléndez es egresada de Arquitectura de la Universidad de Chile, estudiante de Magíster en Urbanismo en la Universidad de Chile, ex presidenta de la FECh (2014-2015) y miembro de la dirección de la Izquierda Autónoma.

Fuentes: AmecoPress/Ciper. Foto: Ciper.

domingo, 19 de febrero de 2017

ARGENTINA 8M :FUNDAMENTOS DESDE UNA MIRADA FEMINISTA

TÍTULO ORIGINAL: El nuevo feminismo y sus precursoras




 En octubre de 2016 se llevó a cabo el primer Paro Nacional al actual gobierno. No fueron organismos sindicales tradicionales quienes lo hicieron, sino mujeres convocadas y autogestionadas por organizaciones de una nueva y originalísima floración del feminismo, bajo el llamado de “Ni una menos. Vivas nos queremos”, sugerente expresión que habla de vacíos y ausencias intolerables. Esta demostración de hastío, de osadía y de bravura colocó definitivamente la cuestión de género en la consideración primaria de la discusión política y obliga a repensar bajo estímulos novedosos los actos de crítica general a todas las formas de la existencia menoscabada y a las agraviantes acciones gubernamentales en estas y otras tantas materias.

La movilización masiva de las mujeres, sus organizaciones lenta y sólidamente construidas, sus manifiestos, reclamos y proclamas, acompañadas por miles de hombres, pusieron en un lugar expectante las luchas por la transformación estructural y las reformas inmediatas de una sociedad capitalista moderna que anida secretos bastiones de un arcaico patriarcalismo. No son lo mismo, pero en su yuxtaposición, capitalismo avanzado y la lengua patriarcal asentada en su impalpable despotismo cotidiano, dan lugar a uno de los rostros más opresivos del mundo contemporáneo. Ambos se especializan en desplegar violencias explícitas y violencias sutiles, entrelazadas en una combinación que alterna la sangre con el tiempo. Las violentas se expresan cuando se desata la furia ante lo que consideran insoportable de las conciencias femeninas que se rebelan. Las sutiles están vinculadas a los vericuetos fraguados en los escondites fósiles del lenguaje, que se inscriben silenciosamente sobre los cuerpos para vejarlos con un sello letal. Ocurre cuando descubren que lo que creen que es el asfixiante nudo que predestina a la subordinación de las mujeres, se va aflojando. 





Los brutales femicidios como forma extrema de violencia de género, muchas veces salen de la forma en que va madurando explosivamente un alambique lingüístico antediluviano, que muy habitualmente se esconde en la supuesta inocencia de un chiste o un proverbio que atravesó indemne generaciones desatentas. Todo ello fue originando, precisamente en este nuevo tiempo histórico de sombrías características, el surgimiento masivo de una respuesta de miles de mujeres, hecho de masas inédito en nuestro continente. La voluntad explícita de las mujeres argentinas –de diversas clases sociales y franjas etarias– fue la de no aceptar una rendición hacia estos protocolos de la humillación, sean los más encubiertas o los más costumbristas. Ese núcleo de violencia se expresa bajo invisibles formas cotidianas que muchas veces cobra víctimas que son sentenciadas de antemano en conversaciones aparentemente triviales, donde el lugar común sumado a arcaicas arrogancias, expone el borde amenazante en que se sitúa un lenguaje que le dictamina a las mujeres una inferioridad que creen justificada en imaginarias culpas, ya juzgadas por tribunales misteriosos. Muchos, crédulamente, aceptan que fue esta situación la que ha tallado para siempre órdenes de la naturaleza y mandatos modelados por viejos manuales de biología.

A lo largo de siglos la despolitización del cuerpo de la mujer, sustraído por el Estado, las instituciones confesionales o los pactos de servidumbre que sostienen a los partidos del Orden, pudo ser convertido en un ámbito obsequioso, cuyo acatamiento servil era elogiado como sustento mismo de la vida en común a condición de suprimirle sus posibilidades sensitivas y sus tendencias a la emancipación. Este largo ciclo de hundimiento de vidas en una supuesta culpa de incapacidad, se convirtió en un grito público de protesta, donde habitó desde siempre la intensa voz silenciosa que heredan todas las sociedades en las fisuras donde las mujeres, una y otra vez hicieron saber de sus existencias libres y creadoras.

De la aparición de los feminismos sufragistas a comienzos del siglo XX hasta los movimientos sociales surgidos con distintas motivaciones en largos períodos de nuestra historia, un núcleo social de sensibilidades irredentas buscaba rostros femeninos para manifestarse, sea el de Alicia Moreau de Justo, el de Salvadora Medina Onrubia, Cecilia Grierson, Hermina Brumana, Liliana Maresca, Alejandra Pizarnik, Mary Sánchez, Alicia Eguren, Eva Perón, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Las diferencias entre ellas las conocemos, pero el nuevo movimiento feminista las solicita como precursoras y las convoca en las mismas pancartas. Esta historia es conocida, heterogénea y conmocionante. Las distintas etapas, ciclos, obras y teorizaciones del movimiento feminista escriben un largo capítulo de las luchas sociales del siglo que pasó y de éste. Muchos quisieran arrancar estos retratos y nombres –y los que mencionamos son apenas un puñado– con un grotesco manotón administrativo. Pero ellas están adheridas a las paredes públicas donde se guardan los largos adobes de toda memoria social activa.



Los Encuentros Nacionales de Mujeres atravesaron estos últimos 31 años en un crecimiento incesante (llegando el Encuentro 2016 a reunir más de 80 mil asistentes) elevando la calidad, mecanismos, instrumentos y fronteras de nuestra democracia, multiplicando y masificando las organizaciones específicas, sus demandas y la construcción creciente de protagonismo femenino en la vida económica, política, social y cultural del país.

Los temas que se señalan ya son ampliamente conocidos: están vinculados a la reflexión sobre los modelos tradicionales de familia, a la construcción alternativa de subjetividades, a la reflexión sobre las neutralidades supuestas del lenguaje y cómo tratarlas, a la crítica a las imágenes femeninas construidas por los medios masivos, a las formas oblicuas de un nuevo patriarcalismo que se presenta esgrimiendo renovados fetichismos de devoción sobre el cuerpo femenino, al que se le otorgan excepcionalidades sigilosamente vigiladas por nuevos órdenes publicitarios. Estos últimos pueden constituir un patriarcalismo encubierto que imagina pseudo-libertades femeninas que previamente encapsulan en nuevos y refinados prejuicios. Pero, finalmente, las distintas fórmulas de ataque al símbolo cultural de lo femenino, pero en demasiados casos cobrando víctimas concretas, es el odioso y multiplicado femicidio, un atroz fantasma que recorre a la Argentina puntuando con su presencia fatídica lugares públicos o domésticos.

En la actualidad, la eliminación y debilitamiento sistemático de instancias públicas destinadas a garantizar los derechos y asegurar la integridad de las mujeres, se suma a la persecución de dirigentes sociales agravada por su condición de género, como el caso de Milagro Sala en Jujuy.

La lucha social de las clases trabajadoras condujo históricamente a la demanda por la igualdad en la obtención del empleo y en las condiciones de salario y trabajo, y hoy estas luchas miran con interés a las del feminismo, así como estas muchas veces encarnan con sus singularidades nuevas y heredadas luchas, como hoy ocurre en distintas latitudes en materia de minorías étnicas, migrantes y religiosas, entre otras. Constituyen así igual, las luchas de género, un estímulo para los reclamos impostergables de trabajadores en general, niños, personas desvalidas, condenados de la tierra o personas que los sistemas de dominio consideran descartables. Las luchas feministas son también como campanillas de alerta ante las grandes organizaciones sociales y políticas, que a pesar de la función activa que deberían cumplir, parecen paralizadas ante un conjunto de sórdidas decisiones políticas que atemorizan a todo un país y logran en muchos casos un apoyo pasivo.

Pero en estas manifestaciones que recorren ahora ilimitados territorios en todo el mundo, se aprietan memorias disímiles que hoy afloran a la memoria, por ser parte inescindible de las tareas; asoman pues tanto la ley del voto femenino del peronismo como la fuerte participación de las mujeres en las insurgencias de décadas pasadas, las grandes escritoras olvidadas como Eduarda Mansilla o las maestras socialistas Chertkoff, en su pionerismo barrial en la ciudad de Buenos Aires.




El paro de mujeres del 8 de marzo, que apoyamos muy explícitamente, es un aviso general para encontrar la clave que desprenda los nudos que traban el toque de alerta para resistir todas las violencias antidemocráticas y de género hoy en curso. El actual movimiento feminista nos llama porque sus banderas, de tan nítidamente específicas en defensa de la vida, enseguida cobran el rostro activo de la defensa del trabajo y de la democracia. La tradición socialista y anarquista fue la precursora de las luchas por la igualdad de la mujer, junto a los liberales progresistas que acompañaron a los sectores más avanzados de la prédica de la igualdad, y la tradición nacional y popular ofreció siempre su democrática versión de la mujer movilizada y sapiente de sus derechos, y la diseminó masivamente, generando aún más altos niveles de participación política y creciente reconocimiento de la diversidad. 

La dictadura de 1976 se ensañó de la manera más brutal con las mujeres en los campos de concentración, no solo acudiendo a las tremendas razones generales del genocidio ya planificado, sino también por haberse atrevido a “tomar el cielo por asalto”. A la tortura que no discriminaba géneros se sumaron los delitos sexuales ejecutados de manera sistemática. La represión dictatorial fue enfrentada como nadie puede ignorarlo, por la acción de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que produjeron con su lucha un giro copernicano en los combates por los derechos humanos en general, incluidos muy especialmente en ellos las demandas de las mujeres.

Los gobiernos posteriores no incrementaron los avances en el espacio social, más allá de la sanción de la ley de cupo que sostuvo que las listas de legisladores nacionales no podían tener más de dos tercios de candidatos de un mismo sexo y obligó a intercalar uno entre tres a personas de sexo diferente. Y, sin embargo, se generaron e incrementaron los movimientos feministas y de género –colectivos como LGBTTTIQ, incluyendo identidades lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer–, creció la preocupación en distintas organizaciones políticas, sociales y culturales, se produjo una literatura, un cine, una televisión y unas artes plásticas que se sumaron e inspiraron las luchas por generar los cambios que muchas mujeres y también hombres demandaban. Estas acciones fueron enfrentadas desde múltiples frentes, pero en su fondo último, a pesar de mostrarse dadivosos o condescendientes, también fueron atacadas o relativizadas en los grandes medios de comunicación, más allá de excepciones señalables. Es que allí sigue predominando una línea general basada en temáticas, lenguajes y marco publicitarios que deben dejar de considerarse sexistas y discriminatorios.

¿No es tiempo de una reflexión autocrítica de los compañeros hombres del campo popular? Pues muchos no han comprendido aun de qué modo el lenguaje de la violencia manifiesta, habita los mismos prejuicios acerca del carácter pasivo, en todo sentido, que habría de tener la mujer. Lo manifiesto y lo latente se conjugan en forma cómplice, pues bajo un teñido de aceptación de las demandas de género, se sigue sosteniendo la misma lengua inculpatoria hacia el cuerpo femenino.

El movimiento de las mujeres está llamado, al incluir subjetividades excluidas por la sociedad, a un lugar en la construcción política con formas totalmente inéditas, en múltiples formas de acción. El verdadero combate entonces, es el cambio de los núcleos éticos que propone el movimiento de las mujeres, horizonte renovado para el conjunto de la política y marca el futuro de una posibilidad emancipadora. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tan injustamente denostado, se aprobaron disposiciones y leyes que es necesario mencionar: la del Matrimonio Igualitario, Regulación del pago de trabajo al personal doméstico, Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, la de Educación Sexual Integral, de Parto Humanizado, de Anticoncepción Quirúrgica, así como la suscripción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y la sanción de la Ley Contra la Trata de Personas porque –aun contemplando un universo social más amplio– abrió cauce al combate de la trata de mujeres y niñas con destino a la prostitución, su recuperación y reinserción social mediante trabajo digno. 

Más temprano que tarde se deberán aprobar leyes de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, discusión de la que nadie puede desconocer sus delicados aspectos pero que es reclamada por el cuerpo vivo de millones de mujeres. Esta luchas tienen y deben tener autonomía y dirección libre, pero para ser victoriosas debe siempre estar inscriptas en el proceso y el contexto de la marcha del movimiento popular por la soberanía popular, la justicia social, la independencia nacional y la solidaridad con los pueblos de América Latina y el mundo.

Fuente. Página 12 - Carta Abierta

sábado, 18 de febrero de 2017

INSTITUTO PROVOLO: CURAS ABUSADORES DE NIÑOS SORDOS

TÍTULO ORIGINAL: ADMITEN QUE CURAS ITALIANOS ACUSADOS DE ABUSOS ERAN ENVIADOS A LA ARGENTINA


Un ex sacerdote del Instituto Provolo de Italia reconoció en un video que la institución envió a Argentina a curas que habían sido acusados de abusos en la sede educativa en Verona, en el norte del país europeo.

"Estaba Don Turati, él también hacía estas cosas y luego lo mandaron a América. A Argentina, a Argentina", reconoció en un video de 13 minutos publicado por el sitio fanpage.it el ex sacerdote Eligio Piccoli, uno de los 24 acusados de abusos en las décadas de 1960 a 1980 en el Provolo de Italia, en referencia a otro de los acusados, ya fallecido, Giovani Turati.


"En la época" los abusos eran una cosa común, reconoció Piccoli en el video que obtuvo un periodista que se le acercó simulando ser un antiguo estudiante del Provolo. 

El escándalo del Instituto Provolo vio la luz en Italia cuando en 2009 un grupo de 67 ex alumnos de la institución para sordomudos del norte de Italia denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte de religiosos, entre ellos Nicola Corradi, imputado por delitos similares en el Instituto Provolo de Mendoza. De hecho, uno de los testimonios lo acusa de los mismos abusos en Verona, donde trabajó hasta 1972.

La denuncia apunta a que más allá de los abusos, se había establecido un circuito, como el que reconoce Piccoli, en el cual los sacerdotes acusados de abusos en Italia eran enviados a otros países, incluida Argentina.

"¿Sexo?", le preguntó el periodista, quien luego de la respuesta afirmativa del ex sacerdote, vuelve a preguntar si incluso había "sodomía". "Sí, es sodomía la que hay", agregó Piccoli, a quien dos jóvenes sordomudos denunciaron que los abusó y que actualmente vive en una estructura vaticana en Negrar, cerca de Verona. 






En el video de 13 minutos el ex sacerdote reconoció también que cuando se descubrían los abusos los religiosos eran "puestos fuera", aunque luego matizó que "no todos" los que eran enviados a Argentina eran abusadores. "Alguno era", agregó.


Si bien la Magistratura italiana tomó en un primer momento las denuncias de los 67 jóvenes sordomudos, consideró que los delitos prescribieron, por lo que 14 acusados que aún están con vida pueden gozar de libertad.

"Entre los años 50' y 1984 una veintena de sacerdotes abusaron continuadamente de decenas de niños alojados en el Instituto", aseguró a finales de 2006 a Télam el portavoz de la asociación de víctimas de Verona, Marco Lodi Rizzini.

Entre ese grupo, agregó el portavoz, está Corradi, italiano de 82 años, uno de los dos curas detenidos en Mendoza por las denuncias en su contra en noviembre pasado. Además, según afirman familiares de las víctimas en el video dado a conocer este jueves, en 2015 entregaron en mano una carta al papa Francisco denunciando los abusos en Verona en la que figuraba el nombre de Corradi.

El video publicado hoy hace hincapié en la búsqueda de una reunión con el papa Francisco por parte de las familias de las víctimas. 

Ya antes, el 18 de julio de 2011, las víctimas de los abusos enviaron una carta al entonces Papa Benedicto XVI denunciando los abusos en el instituto veronés y pidiendo que cómo algunos de los hechos ("masturbaciones, sodomizaciones, relaciones orales") habían tenido lugar en tres sitios de la región se "desconsagrara" a esos lugares.



VIDEO:  1)Fanpage.it

 2)

3) luego colocar: Scarica video 
"Abusavamo dei bambini sordi, eravamo almeno in dieci": la confessione del prete dell'Istituto Provolo

Podrán ver con qué liviandad este cura comenta las perversidades de sus colegas.



Fuente: Minuto Uno

viernes, 17 de febrero de 2017

CURSO AUTOFORMATIVO GRATUITO DDHH DE LAS MUJERES



Información:

***Aula Virtual Interamericana | Curso autoformativo gratuito, certificado por el IIDH***
Ficha técnica: http://www.iidh.ed.cr/iidh/media/4843/ficha-recursos.pdf
Matrícula: 15 al 30 de marzo de 2017
Inicio de los cursos: 17 de abril de 2017
Más información en http://www.iidh.ed.cr/iidh/carrusel/matriculese-en-el-avi-con/

TE NECESITAMOS







Nos tomamos un tiempo como organización para re-armarnos, física y psicológicamente. 
Hoy, más fortalecidas, con orgullo les contamos que estamos en tarea: necesitamos nuevxs voluntarixs, ya que se ha  conformado un grupo en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. A quienes deseen ayudarnos  ayudar, se pueden comunicar o dejar un mensaje en 

FB: (página) Desafíos y Compromisos
  nuestro e- mail: desafiosycompromisos@yahoo.com.ar


Trabajar en la prevención es nuestro horizonte, nuestro objetivo principal. Nos faltan manos, te necesitamos.
Algunxs se preguntarán: " pero si no tenemos ni idea"  ""¿ y qué hago?" " No sé nada de violencia"...No te preocupes, TE CAPACITAMOS!

NOS ESTÁN MATANDO

Mucho por hacer como ONG, en Argentina, sólo 44 días 58 femicidios. NOS ESTÁN MATANDO, cada 18 hs muere una mujer por el sólo hecho de ser mujer. Muchas de ellas eran madres, por lo que, detrás de la muerte de ella quedan niñxs huérfanos y muchas veces algunxs operadores judiciales le otorgan la tenencia al femicida.
Nos matan a pesar de las medidas cautelares ( por ej. perimetral) ya que nadie controla. Nos esperan en la puerta de nuestras casas y delante de nuestros hijxs, nos matan. Y redoblan alguno esta escalada de violencia: matan a nuestras familias, al propio hijo.

 SIN LÍMITES

Existe un " combo" letal: la lentitud en llevarlo a juicio al femicida (muchos de ellos llegan al juicio en libertad) y la DESIDIA del Estado en ésta materia, configurando, desde el lugar de la complicidad, el feminicidio.
Así, el femicida tiene total libertad para matarnos y las víctimas acorraladas. En sus garras.
¡Así estamos!

8 DE MARZO





Este año, mujeres de todo el mundo nos hemos organizado para PARAR. SI, ESTAREMOS DE PARO. de 14 a 15 hs. saldremos de nuestros trabajos. Algunas organizaciones nos reuniremos en un punto estratégico de cada localidad, ganaremos las calles, algunas en silencio, otras con cánticos, pero TODAS JUNTAS.Porque señores, tendremos que gritar muy fuerte que 
VIVAS NOS QUEREMOS


ONG DESAFÍOS Y COMPROMISOS



viernes, 5 de agosto de 2016

UN HOMBRE FUE CONDENADO POR MANOSEAR A UNA CHICA DE 14 AÑOS

Titulo original: El abuso de los toqueteos


Un tribunal de Río Negro condenó a seis meses de prisión a un colectivero que manoseó a una pasajera. El delito, abuso sexual simple, no suele ser denunciado y pocas veces la eventual investigación avanza. La prueba principal fue el testimonio de la víctima.




Un colectivero que manoseó a una adolescente de 14 años en un tramo del recorrido de la línea que conducía, cuando se quedó a solas con ella, su última pasajera, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por el delito de “abuso sexual simple”. La sentencia fue dictada por la Cámara Criminal Segunda de Roca, provincia de Río Negro, en relación a un delito que suele ser silenciado por quienes lo padecen. O no ser castigado por considerar insuficiente como pruebas el testimonio de la propia víctima, cuando no hay testigos. El tribunal tuvo en cuenta el relato de la chica en Cámara Gesell, y el testimonio de su madre, y del director de la escuela rural, a la que concurre, que describió las consecuencias del impacto emocional del hecho sufrido en su rendimiento escolar.

La condena fue firmada por los jueces Oscar Gatti (voto rector), María Evelina García Balduini y Gastón Martín. Le impusieron la pena que pidió el fiscal de Cámara subrogante Miguel Fernández Jahde y la defensora de menores Alicia Terraza, además de la obligación de “presentarse mensualmente” ante el tribunal y “mantener la prohibición de acercamiento” a la víctima en un radio de 100 metros, todo bajo apercibimiento de ordenarse su detención.

El imputado D.A.H., de 40 años, prestaba servicio en la Empresa de Transporte Urbano 18 de Mayo y realizaba el recorrido de regreso de una escuela secundaria de la zona rural hacia el centro de la localidad de Roca. El hecho ocurrió a fines de octubre de 2014 y fue denunciado en la policía por la mamá de la adolescente apenas la hija le contó lo sucedido. Según se tuvo por acreditado con la prueba producida durante el juicio oral, esa tarde el chofer y la adolescente quedaron solos en el micro luego de que descendiera el último pasajero en una chacra. Poco después, “detuvo la marcha en la banquina de la Ruta 22, hizo como que limpiaba el colectivo, cerraba las ventanillas y manoseó a la menor por sobre la ropa”, para finalmente regresar al volante y proseguir el viaje hasta el lugar donde descendió la estudiante.


La fiscalía destacó la “firme imputación” que hizo la adolescente al declarar en cámara Gesell y la situación de “preeminencia” del chofer sobre la víctima, tanto por su función como por ser el padre de un amigo de la adolescente. También señaló que después del hecho “la menor tuvo tratamiento psicológico” y el director del colegio advirtió en ella “importantes del cambio de actitud”. En su alegato solicitó la pena mínima legal prevista por el Código Penal. A su criterio adhirió la Defensoría de Menores. Mientras que el defensor particular, Roberto Arias, pidió la absolución: sostuvo que “el imputado no realizó ninguna conducta delictiva”.

La sentencia de Cámara concluyó que “la hipótesis de descargo ensayada por el imputado y que fuera sostenida por su abogado defensor en el juicio se ve plenamente desvirtuada por el testimonio brindado por la víctima (...) el cual, a su vez, no constituye la única prueba de cargo que pesa sobre el encartado. Sino que por el contrario se ve solventado con el testimonio de su madre (...), con más el testimonio brindado por el director de la escuela, (...) aunados a los informes y pericias psicológicas”. “Vemos entonces que la incriminación que de manera directa, segura y precisa le dirige la víctima a su victimario se ve corroborada por el bagaje probatorio que fuera detallado (...), que si bien no es abundante, emerge como suficiente. Por cuanto surgen del mismo diversos indicios que por su correlación y concordancia, al ser valorados conjuntamente, no hacen otra cosa que sustentar la imputación que pesa sobre D.A.H”, concluyó el Tribunal.

Durante el debate, la mamá de la adolescente declaró que su hija “no lo quería contar porque se sentía culpable por lo sucedido y no quería hacer la denuncia porque H. es el padre de su amigo”.

Entre otros elementos, los jueces valoraron “conjuntamente los dichos de la madre y el director de la escuela”, ya que ambos coincidieron en que “luego del hecho la menor cambió de actitud, mostrándose más triste y callada, a la vez que bajó su rendimiento académico en el colegio”. “La postura adoptada por la defensa (...) sólo descansa en la férrea negativa del hecho por parte del enjuiciado y se encuentra huérfana de todo otro elemento, al menos indiciario, que derribe la acusación (...) máxime si se meritúa que no surge de estos actuados prueba alguna que nos permita sospechar de algún tipo de animosidad o venganza de la denunciante para con el imputado y mucho menos se advierte ‘manipulación’ alguna de la menor víctima para que declare en tal sentido”, señaló la Cámara en su sentencia.

Fuente: Página12 - Por Mariana Carbajal

miércoles, 3 de agosto de 2016

CUANDO LA JUSTICIA GARANTIZA LOS DERECHOS

Un hombre violento había denunciado penalmente a su pareja y a dos médicas de una sala porteña. La mujer había quedado embarazada y concretó un aborto con pastillas provistas. La jueza que tomó el caso sobreseyó a las tres al considerar la violencia de género.

                              Imagen: Leandro Teysseire


La Justicia consideró legal un aborto que se realizó una mujer víctima de violencia de género, al sostener que ese embarazo podría ser resultado de un abuso sexual y que su continuidad, en esas circunstancias, pondría en peligro, su salud mental. Con esa interpretación, la jueza nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16, Laura Graciela Bruniard, sobreseyó a la mujer y a las dos médicas de un centro de salud dependiente de la ciudad de Buenos Aires, que la asistieron, al suministrarle información y la medicación necesaria para la interrupción del embarazo. Bruniard recordó que frente a un aborto no punible “los jueces tenemos la obligación de garantizar los derechos” y “nuestra intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, ya que quedan exclusivamente reservados a lo que decidan la paciente y su médico”. La sentencia se conoce en momentos en que en Tucumán, una joven está presa desde hace dos años y tres meses, tras sufrir un aborto espontáneo, y fue condenada por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”, en un proceso judicial plagado de irregularidades (ver aparte).

“Es un fallo de avanzada, porque amplía las causales legales de aborto no punible, al incorporar la violencia contra la mujer como un abuso a su salud mental”, destacó en diálogo con Página/12 la abogada defensora de las médicas, Nina Brugo Marcó, especializada en derechos de las mujeres.

La jueza Bruniard ponderó además otro aspecto importante: “el derecho a un pronunciamiento penal rápido”, para que las imputadas no queden involucradas durante años en una causa penal, con las consecuencias que esa situación implica. Por esa razón dictó su sentencia, en un plazo corto de tiempo, que no es usual en la justicia del país.

La causa se inició en 2015 con la denuncia de la pareja violenta de la mujer, que se oponía a su decisión de interrumpir la gestación. La denunció a ella y a las médicas después de enterarse de que había concretado el aborto con las píldoras que le habían dado en el centro de salud. La mujer, de clase media, intentó realizarse un aborto previamente con métodos inseguros: con una medicación que había comprado a través de Internet. Tiene alrededor de 30 años y cursa estudios universitarios.

La fiscalía de instrucción N° 43 que intervino, imputó a las dos médicas y la propia paciente, –cuyas identidades se protegen– del delito de aborto ilegal: a su criterio el caso no encuadraba en las causales de no punibilidad previstas en el Código Penal, porque no corría riesgo la vida física de la mujer. De modo que para la fiscalía no existía justificación legal. Se basó en los peritajes de una psicóloga y de una psiquiatra del Cuerpo Médico Forense. Pidió que las imputadas fueran indagadas. Pero su postura fue rechazada de plano por la magistrada. El fallo fue firmado el 28 de junio pero recién trasciende ahora. Está firme porque el fiscal no apeló. Entre sus fundamentos, la magistrada enumeró el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que clarificó en 2012 los alcances de los permisos para abortar en la Argentina, tratados de Derechos Humanos y la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud como un concepto integral.

“Nuestros tribunales han entendido con justo criterio que no sólo importa el peligro para la salud física y la autodeterminación de la madre para adoptar decisiones sobre su propio cuerpo, sino también que el uso del término ‘salud’ es el que ‘ampara el derecho a la salud en forma integral’ (sic) de manera que no considero adecuado escindir, según lo entiendo procedente, las eventuales consecuencias posibles a la salud mental de la madre de llevar el embarazo a término; y limitar el criterio y la justificación legal a los casos en los que peligre, exclusivamente, la salud física de la mujer embarazada”, señaló la magistrada. Y agregó: “De acuerdo a las circunstancias expuestas, entiendo razonable inferir que X era víctima de alguna clase de abuso por parte del denunciante, quien también era su pareja y padre del no nato; y que por ello pretendía abortar la gestación, para lo cual, recurrió a sus coimputadas Y y Z para que éstas últimas, en su rol de médicas, la ayuden a llevar a cabo la labor de una manera segura para su salud física, sin dejar de lado tampoco, el peligro para su salud mental que la situación que se presentaba ante sus ojos demostraba. Asimismo, que Y y Z juzgaron la situación desde sus propias perspectivas, y decidieron ayudar a X, en la propia convicción que en el caso de no hacerlo, peligraría la salud mental de la madre”, dice en la sentencia.

La jueza aclaró que “no escapa” a su conocimiento que la mujer no hubiera denunciado los abusos de los cuáles habría sido víctima por parte de su pareja. Tuvo en cuenta el hecho de que familiares confirmaron el contexto de violencia machista que vivía en el marco de su pareja y que su madre le confió a una trabajadora social, que declaró como testigo en la causa, que su hija había intentado abortar con métodos inseguros. Además, la magistrada consideró que al tratarse la violación de un delito de instancia privada, es facultad exclusiva de la víctima denunciarlo. “No es posible exigirle a la embarazada que denuncie lo que no quiere denunciar para justificar el aborto que quiere concretar o que llevó a cabo a consecuencia de la acción de su agresor”, subrayó la jueza. Y apuntó que “de acuerdo a la sana crítica racional, existen elementos de prueba para suponer con fundamentos, y así lo entendieron las médicas imputadas en la causa al consignarlo expresamente en la historia clínica, que X fue víctima de una situación de abuso sexual por parte de su pareja que la posicionó en la situación especial descripta por el artículo 86 inciso 2° del Código Penal”. Ese inciso, en el cual encuadraron las médicas el aborto solicitado por la mujer, establece que no es punible cuando proviene de un abuso sexual o una violación. El inciso 1°, se considera legal la interrupción cuando el embarazo pone en riesgo para “la salud o la vida” de la mujer.

“Sea ese (el del inciso 2°) el encuadre legal adecuado, o aquél previsto por el inciso 1° de la misma norma cuando afirmé que a criterio de los médicos, peligraba la salud mental de X de llevarse a término el embarazo”, de acuerdo con el fallo FAL de Corte Suprema “los jueces tenemos la obligación de garantizar los derechos y que nuestra intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, ya que quedan exclusivamente reservados a lo que decidan la paciente y su médico”. En ese sentido, consideró que “debe tenerse en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia y los distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de la Organización de las Naciones Unidas que se citan en el precedente del máximo tribunal, los que dejan en evidencia la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro territorio y la eliminación de las barreras u obstáculos institucionales y judiciales que han impedido a la mujeres acceder a un derecho reconocido por la ley”.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal

domingo, 17 de julio de 2016

LAS MUJERES TIENEN "DUEÑO " EN BAHÍA BLANCA

Título original: Los “privados” mantienen vivo el negocio de la explotación sexual en Bahía.

** Nota al pie: REFLEXIONES






BAHÍA BLANCA. Una ordenanza de 2015 mandó a cerrar los cabarets, pero la actividad mutó un poco.

El 16 de abril de 2015 sonó con bombos y platillos la aprobación de la ordenanza de cierre de los cabarets. Fue el principio del fin, pero solo el principio. No existió desarrollo para enfrentar la problemática y, menos, final para la prostitución, como algunos pudieron creer, casi de manera utópica. Sí hubo cierta inacción y el servicio sexual -uno de los pilares que, según algunos especialistas en la materia, posiciona a Bahía Blanca como una suerte de capital de la trata de personas- mutó inevitablemente, porque la demanda no decreció.

Las casas de citas y los privados reemplazaron a los cabarets. Y no a todos. Otros siguieron funcionando con la persiana cerrada y en días no convencionales, como se pudo comprobar en Cat's (avenida Colón y Sixto Laspiur), que atendía domingos, miércoles y jueves, entre la 0 y las 8, para no despertar sospechas. O algunos de Ingeniero White (Kaos, Las Vegas o El Gran Chaparral), que para la fiscalía federal se mantenían con la "protección" de un prefecto en actividad.

Primer informe: http://www.lanueva.com/la-ciudad-impresa/871982/posicionan-a-bahia-blanca-como-la-capital-de-la-trata-de-personas.html


La ordenanza 18.164 estipulaba una autoridad de aplicación, un plazo de 120 días para revisar todas las habilitaciones otorgadas a ese tipo de locales, cuyos dueños debían presentar un proyecto alternativo de funcionamiento para ponerlo en marcha tres meses después y se debía conformar una comisión evaluadora y una oficina para contención de las víctimas. Casi nada de esto se hizo. Ni en el gobierno pasado ni en el actual.


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"La ordenanza tiene una parte altamente positiva y otra que no se cumplió. La primera se dio con la imposibilidad de renovar la habilitación, porque ya se vencieron los plazos y nadie volvió a solicitar nuevas habilitaciones de lo que se llamaba cabarets. La segunda parte, que todavía no se reglamentó, es la implementación del control de los privados y de las inmobiliarias que alquilan, con conocimiento de que en esos lugares funcionan casas de citas. Tampoco se conformó el cuerpo multidisciplinario para seguimiento del problema", opinó el fiscal Mauricio del Cero, encargado de causas conexas a la trata de personas.

Impulsora de la normativa, la concejala Miriam Iantosca le pidió al intendente Héctor Gay “que se ponga a la cabeza”, porque se vencieron todos los términos.




“Hice un proyecto dirigido al intendente para que se ponga a la cabeza, porque se cumplieron los plazos de la ordenanza y no se avanzó. Por ahora, son las organizaciones no gubernamentales las que estamos trabajando principalmente con el tema”, aseguró Iantosca, quien además de edil de Integración Ciudadana integra la ONG Bahía contra la trata.

La exconcejala Gisela Ghigliani, también clave en este envión y ahora en funciones en Salud municipal, reconoció que "la comisión todavía no está funcionando y falta articulación", aunque dijo que ya existen algunos nombres propuestos para conformarla. También admitió que la oferta sexual cambió y, a la par, "se están haciendo muchos más operativos".

A partir de la tarea de la ONG Bahía contra la trata -conformada por estudiantes de Derecho, muchos de ellos varones-, se pudo concientizar a una parte de la comunidad, a través de charlas en escuelas y reparto de folletería.

“En el mismo intercambio con los alumnos surgen datos importantes. Por ejemplo, en una de las escuelas descubrimos que otras tres chicas ya habían tenido contacto por las redes sociales con Jonathan Luna”, sostuvo Iantosca, quien afronta otro desafío: crear un observatorio. "No tenemos estadísticas en Bahía. Nadie mira qué pasa en la terminal de ómnibus, un punto clave, ni siquiera hay cartelería", declaró.

Para la abogada especialista Raquel Hermida Leyenda, en tanto, "sirve muchísimo" la ordenanza de cierre de cabarets, "porque en ese tipo de lugares es más fácil ocultar delitos".

"Es importante que la ordenanza le haya dado visibilidad a un problema que antes parecía naturalizado", admitió, por su lado, Del Cero.

Plano, “gatos” y rotación

Hasta el año pasado, el "mapa gatero", creado por el usuario guilleamadorpirata@gmail.com, ubicaba en el plano de Bahía Blanca al menos 24 privados. El portal, que aún hoy está vigente aunque no se actualiza, se ofrece como un servicio para los clientes, con referencias casi "de antología", como la de un local que existía en Luiggi al 500: "Buen lugar y buenas minas, labura 24 horas. Punto en contra, a veces te abre la puerta el fiolo, pero igual es piola". o Godzila Home, de Brown al 500: "No vale la pena ni gastar el dedo tocando timbre. Te afanan la billetera y, si no llevas, te afanan las medias".

"Para los que viven en Villa Mitre les queda cerca, pero por lo general son unas dominicanas entradas en kilos y años, algún trava y alguna paracaidista", era la insólita consigna para una casa de Remedios de Escalada al 400.

En la actualidad, muchos de los teléfonos de contacto publicados no contestan o no pertenecen a un abonado en servicio. De todas maneras, la oferta sigue vigente, cambia constantemente, así como rotan las chicas, los canales de contacto y los puntos de encuentro. Y hoy, varios de esos privados siguen bajo la lupa de los investigadores.

"No es una novedad que en el ambiente prostibular se distingue entre 'el dueño del privado' y el 'dueño de las mujeres'. Las mujeres tienen un dueño -salvo las independientes, que son una absoluta minoría- que las 'alquila' a los propietarios de privados, una suerte de 'mayoristas', porque el mercado del sexo exige rapidez y mano de obra, siendo un negocio extremadamente lucrativo", explicó Del Cero.

"Chicas que estaban en Diábolo, luego aparecieron en Tako's, de Punta Alta o las de El Regional, en el Chupacabras (Médanos)", amplió.

Esto mismo sucede con los privados. Y es muy difícil la recuperación total de las víctimas. En poco más de tres años, se rescataron en la ciudad y la zona a 106 chicas, la mayoría paraguayas y dominicanas, pero casi todas volvieron al "sistema". Sufren lo que se llama sindrome de Estocolmo, casi una ausencia de conciencia de su condición de explotada sexual. La necesidad económica es superior y las somete inconcientemente a proteger sus fuentes de trabajo y hasta a sus victimarios.

Pese a todo, existen relatos contundentes. Como el de M.A.R., en 2015, siendo prostituta en un local rosaleño: "...llegaba y hacía copas, pases, el 50% me corresponde nada más y si te dan propina los clientes, te sacan la mitad. Si faltás un día, así tu casa se esté prendiendo fuego, te cobran 200 pesos sin compasión..."


“Fiestas” para grandes y chicos

"Bomba", como se lo conoce a Fernando Mario Long, fue un precursor en la promoción de la prostitución sin ser proxeneta. En 2005 se motivó en la página Área Vip de Buenos Aires para crear Bahía Love, un portal de "clasificados" sexuales que -según él- llegó a tener 16 mil visitas diarias, lo cual denota el interés por el "servicio", que se disparó especialmente después de 2011, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández decretó la eliminación del "rubro 59" de los medios gráficos.

Long -quien en abril pasado fue condenado a 4 años de prisión, aunque actualmente está excarcelado-, cobraba entre 1.500 y 3.000 pesos a cada prostituta que (sola o a través de su "fiolo") promovía su cuerpo, con perfil de datos y fotos sugerentes. Como difundía las "prestaciones" de unas 70 mujeres, se especula que sus ingresos mensuales superaban cómodamente los 100 mil pesos. Cobraba la publicidad en los domicilios o mediante una cuenta bancaria a su nombre y, lo más llamativo del caso, es que tomaba los avisos de contenido sexual (se hacía llamar Gaspar) con el mismo celular que empleaba para alquilar su quinta, en el barrio Los Chañares, para fiestas infantiles. Por ser esa la única vía de contacto, seguramente se prestó más de una vez a confusión el tipo de "fiesta" requerida.

También tenían un sorprendente encuadre infantil las piezas del privado de Sarmiento al 200, desarticulado en 2015. Es que esa propiedad, anteriormente, habría funcionado como un jardín de infantes y las paredes de lo que fueran las salas para chicos aún conservaban grandes figuras ploteadas de superhéroes y dibujos animados, tal como se registró a través del video del allanamiento. Claro que no había mesitas y sillitas, sino luces tenues y camas de dos plazas.


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Dinero sucio (mucho) y... ¿protección?

Luis Daniel Contreras, exencargado del bar El Regional, en Láinez 2516, tendrá que ir a juicio en la órbita federal como facilitador de la prostitución en el local, que pertenecería al también procesado Roque Arturo Campo. En su declaración indagatoria, aún en el ámbito provincial, no reconoció los cargos en su contra, aunque se mostró casi como un "arrepentido" y ventiló detalles que dimensionan lo lucrativo del negocio.

Según su cálculo, para 2014, El Regional podría superar los 200 mil pesos de ingresos mensuales. “La recaudación era de unos $9.000 los viernes y los sábados podía llegar a $15.000; los días de semana, $3.000 o $4.000. Estas sumas son limpias, es decir descontados los gastos y lo que se le da a las chicas”, afirmó Contreras en el expediente judicial.

También dijo que gran parte del efectivo era guardado “en una cámara frigorífica que estaba cerrada con candado” y que todo lo que él cobraba lo anotaba en una planilla como "limpieza" o "servicio de limpieza". No aludió a una "protección" policial, aunque trascendió por otro lado que la noche del allanamiento en ese comercio se produjo un incidente entre efectivos de la Policía Federal, que llevaban adelante el operativo, y algún agente de la comisaría Cuarta, que tiene a su cargo la jurisdicción.

Una alternadora de Diábolo, que trabajó 5 años en el lugar, declaró que "cuando iba a haber un allanamiento, ellos (los dueños) sabían dos o tres días antes, ya que había un informante".

En otra causa judicial, a Carlos Alberto Sánchez, entonces regente del prostíbulo de Sarmiento al 200, se lo escucha hablar -en una intervención telefónica- con una bruja a la que consultaba permanentemente, porque "tenía temor" de que le "cayera" un allanamiento, debido a que "había estado  hablando con un policía (provincial), que le dijo que no le podía cobrar más". En una nueva escucha, en diálogo con Fernando Long, demuestra su "preocupación" por una supuesta reiteración de robos en los prostíbulos.

Infieren los investigadores que esto último se dio una vez que las fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) activaron los controles y profundizaron los operativos, y el "peaje" obligatoriamente desapareció. Obviamente que no hay denuncias en ese sentido, porque nadie puede reconocer que le robaron "plata sucia".

Según la OIM

Los tres actores que articulan el negocio

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene en claro que, según el reconocimiento de los propios actores, existen tres funciones en el negocio de trata y prostitución.

En primer lugar están los regentes de los prostíbulos donde se produce la explotación, quienes se comportan como propietarios del local incluso cuando no lo son. Es el tipo de tratante más visible y vulnerable a la persecución penal.


En segundo lugar figuran los proxenetas, "propietarios" de mujeres a las que explotan sexualmente. No cuentan con establecimientos propio sino que "alquilan" a sus mujeres a los regentes.

Por último, están los reclutadores cuya función es captar a las mujeres para su posterior explotación. Los reclutadores pueden trabajar de manera independiente, a cambio de una comisión por cada mujer captada para otro tratante, o en relación de dependencia para el regente de un prostíbulo.

Controles

Los tres encuadres de tipo jurídico

1 -Abolicionismo: Toda prostitución es una explotación del cuerpo del ser humano y la reglamentación de la actividad solo consigue perpetuar esta injusticia. Desde esta posición se penaliza al explotador, pero no a quien explota (es el caso de la Argentina).

2 - Reglamentarismo: el Estado asume el control de la actividad. Delimita los espacios públicos y privados, horarios y características. Identifica y registra la oferta con credenciales. Existe un sistema de control médico obligatorio y se identifican los centros clandestinos de comercio sexual (Holanda o Bélgica).

3 - Prohibicionismo: La represión penal alcanza a todos los involucrados. Los países que lo practican tienen como política tomar acciones policíacas ante cualquier oferta sexual, pública o privada, que implique retribución monetaria. Se pretende eliminar tanto la reglamentación como el ejercicio de la prostitución (Irán).

“No creo que sea la capital de la trata; se visibilizó el fenómeno”

Sin ánimo de entrar en polémicas, el fiscal Mauricio del Cero no consideró acertada la afirmación de que Bahía Blanca es la capital de la trata, tal como sostuvieron, en el primer informe de La Nueva. una funcionaria del Ministerio de Justicia y una abogada experta en la temática.

"Tengo una visión desde un ángulo diferente, de quien trabaja diariamente con delitos conexos (a la trata). La situación de Bahía no es distinta a la que ocurre en muchos lugares del país, solo que en nuestra ciudad se pide la asistencia de la oficina de rescate de las víctimas, eso le da visibilidad al fenómeno y, a partir de esa situación, se deduce que el problema es grave en Bahía, sin advertir que en otros lugares permanece oculto o tapado, porque no hay intervenciones", dijo.

En esa línea, calificó de "inédito" que en la ciudad existan -además de cinco fallos por trata en el fuero federal- seis condenas en delitos conexos en menos de dos años. "Y de lugares emblemáticos", agregó.

Señaló las sentencias contra Miguel Ángel "Sapo" Álvarez (Diábolo), Juan Carlos Alcaraz (El Pibe de Oro), Fernando Long (página de promoción sexual), Cristina Herrera de la Rosa (El Chupacabras, Médanos), Ubaldo Roque López (privado de Luiggi al 500) y Amelia Iris Travela (privado de Sixto Laspiur al 1500).

"Sí coincido con Zaida Gatti (titular de la oficina de Acompañamiento y Rescate de Víctimas del Delito de Trata, que consideró a nuestra ciudad como una zona roja) en que Bahía es una región militarizada, atravesada por una ruta nacional, como la 3, por todo el departamento judicial y con acceso a la Patagonia, y con al menos tres puertos. La realidad la configura de una manera diferente a una ciudad que no es portuaria", afirmó.

De todas maneras, insistió con que "no creo que Bahía sea la capital de la trata; se visibilizó el fenómeno a partir de los procedimientos judiciales".

Fuente: La Nueva

**Reflexiones: Esta ONg no adhiere la mirada que se vierte en esta nota sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en general y en particular con el trato hacia las mujeres que se pueden observar no sólo en palabras como en fotografías y los meta mensajes  , encuadre misógino y de des-trato hacia las mujeres, consideramos que se encuadra en lo que se denomina y sanciona la ley Nac. 26.485 " violencia simbólica y mediática", en la CEDAW y en la Convención de Belem Dó Pará.
 No obstante, consideramos necesario subirla al blogs  para vidibilizar la inercia en políticas públicas proactivas en materia político-social ante este flagelo.En la ausencia  de un Estado anómico - desde la persepectiva de las Ciencias Sociales -  y en políticas neoliberales como las que hoy estamos padeciendo son las Ong quienes, en definitiva,  se dedican - en su gran mayoría con escaso presupuesto - a problemáticas complejas en las cuales se están jugando situaciones de poder y crueldad todos los días sobre los cuerpos de las mujeres, de parte de estos machos que accionan de manera cuasi impune, subvertiendo subjetividades colectivas.