sábado, 25 de marzo de 2017

MUJERES EN DICTADURA, EL TERRORISMO DE ESTADO SOBRE NUESTROS CUERPOS

ARGENTINA - A 41  AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR. 
FUE UN GENOCIDIO


En el marco de los juicios por lesa humanidad llevados a cabo en el país, creemos necesario mirar con perspectiva de género los hechos que sucedieron en la última dictadura.

Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% del total de los desaparecidos y desaparecidas entre 1976 y 1983, fueron mujeres. A partir de los testimonios de las sobrevivientes, sabemos que existía una violencia específica hacia ellas. Fue sistemática, planificada y aplicada en casi todas las detenidas, en los diversos Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país.

Torturas especializadas

En los CCD todos los maltratos estaban permitidos tanto para varones como para mujeres. Denigración, golpes, picana, submarino, violaciones, desnudez obligatoria. En el caso específico de las mujeres, además de todas las anteriores, incluían otros métodos. Por ejemplo, introducían objetos en las vaginas, cuando menstruaban no tenían acceso a protección, eran manoseadas por los torturadores, entre otras.

Además, como parte del plan de exterminio y desaparición, las mujeres embarazadas recibían los mismos tipos de vejaciones que todos. Los partos y nacimientos en cautiverio ocurrían incluso dentro de los CCD que contaban con salas especiales para ello. De hecho, muchas denunciaron que las torturas les produjeron abortos. Otras, que las condiciones de salud, higiene y limpieza eran pésimas. En muchos casos, a los siete meses de embarazo, aproximadamente, les inducían el parto, que en general eran cesáreas. Además de médicos, uniformados y civiles armados presenciaban los nacimientos. En otros casos, las detenidas empezaban el trabajo de parto y no recibían asistencia médica sino de sus mismas compañeras detenidas. Muchas veces se obligaba a las mujeres que acababan de parir, a limpiar el lugar donde habían dado a luz.

A todos estos métodos de tortura, se sumaba la incertidumbre sobre sus vidas y las de sus hijos, si iban a quedar juntos o si iban a ser liberados. Otra práctica común, era hacer que la detenida escribieran una carta para sus parientes, a quienes se la iban a entregar junto con sus hijos. Pero esto casi nunca ocurrió. Cientos de bebés expropiados fueron arrancados de los brazos de sus madres al momento del parto. De la mayoría de ellos, todavía no se conoce el paradero.

Lo que se calla

Sonderéguer, coordinadora de la investigación Análisis de la relación entre violencia sexual, tortura y violación a los derechos humanos, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes, indica que el castigo de la dictadura hacia las mujeres era no sólo por “subversivas”, sino también por ir en contra de lo que la sociedad patriarcal esperaba de ellas por ser mujeres.

Según la investigadora María Sonderéguer, las mujeres que fueron víctimas de la última dictadura militar en Argentina, sufrieron un doble castigo: Por militantes y por transgredir el orden machista establecido.
Sonderéguer señala que el silencio respecto de la violencia específica sobre las mujeres en la última dictadura se relaciona con dos razones. Por un lado “es una cuestión postergada” y por otro, “su tratamiento pone en discusión el orden sociocultural actual y no sólo el del contexto del terrorismo de Estado”. Al respecto también apunta que la impunidad con la que se ejecutó la violencia sexual durante el terrorismo de Estado “pone de manifiesto todos los prejuicios sexistas que subyacen aún hoy en la valoración de los delitos sexuales”.

Desde el año 2000 la Corte Penal Internacional considera delito de “lesa humanidad” a las violaciones, la esclavitud sexual, la trata, la esterilización forzada y los abusos sexuales cometidos dentro de un plan sistemático contra una población civil.

En Argentina, recién en 2010, este tipo de delitos cometidos sistemáticamente por los represores durante la última dictadura militar, pasaron a ser considerados de lesa humanidad.

Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto. Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias.
En Córdoba

En la Megacausa La Perla/La Ribera sí se juzgaron los delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad, tratados como tales y no simplemente bajo la figura legal de tormentos. Hubo siete condenas por abuso deshonesto, figura jurídica que que se refiere a actos sexuales que atentan contra la libertad sexual y no necesariamente llegan a la penetración. También los militares fueron juzgados y condenados por primera vez en Córdoba, por el robo de bebés.

La violencia que se ejerció en esos años sobre el cuerpo de las mujeres, no se puede igualar a otras. Su particularidad radica en que es consecuencia también, de una estructura de poder machista que se repite hasta la actualidad con diferentes caras. Esta mirada hacia el pasado y hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre mujeres, aporta a la reparación del daño como sociedad, a los procesos de justicia y a la construcción de una memoria colectiva que repudie el terrorismo de Estado.

También afirmamos que es imprescindible seguir analizando así la relación entre mujeres y Estado para poder problematizar y transformar las violencias que son ejercidas cotidianamente sobre nuestros cuerpos. Cada vez que en un hospital nos niegan la posibilidad de un parto respetado, cada vez que un policía no nos permite amamantar en la calle, cada vez que un funcionario público es miembro de una red de trata, entre múltiples ejemplos de situaciones que vivimos a diario.

Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto. Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias.


Fuente: LA TINTA. 

miércoles, 22 de marzo de 2017

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO TORTURA



Las organizaciones que formamos parte del proyecto Cerrando Brechas presentamos un informe al Comité contra la Tortura brindando información sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Argentina en materia de violencia contra las mujeres.

(Buenos Aires, 21 de marzo de 2017) – En el día de ayer, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), la fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21, organizaciones que trabajan conjuntamente en el marco del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, presentaron un informe sombra ante el Comité contra la Tortura.

El mencionado Comité es el encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención Contra la Tortura. Para tal fin, evalúa periódicamente a los Estados que se han comprometido por este tratado. En el 60° periodo de sesiones, que se llevará a cabo entre el 17 de abril y el 12 de mayo próximos, el Comité evaluará al Estado argentino y emitirá Observaciones Finales a modo de conclusión.

El informe presentado por las organizaciones integrantes de Cerrando Brechas releva el estado de situación de la violencia contra las mujeres en Argentina. Resalta los pilares en los que se basa la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales y cómo su intención de integralidad se ve opacada por líneas unidireccionales de trabajo, principalmente en temas de violencia doméstica (o violencia intrafamiliar). Asimismo, hace notar los numerosos problemas de coordinación y de superposición de esfuerzos que existen, aún dentro de las mismas unidades de gobierno.

Otro punto importante que se señala es la falta de información. En efecto, la “producción de información sobre violencia contra las mujeres continúa siendo fraccionada, diversa y esporádica. Esto no sólo dificulta la elaboración de diagnósticos para conocer la dimensión de las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres sino que también impide conocer el impacto y eficacia que tienen las políticas públicas existentes”.

Se destaca que aun cuando los registros administrativos sean sumamente necesarios para evaluar las políticas públicas que llevan adelante las instituciones del Estado, estos sólo pueden “capturar aquellos casos en los que las personas involucradas han tomado contacto con alguna de estas instituciones quedando así excluidos todos aquellos casos en los que las niñas, adolescentes y mujeres, no buscaron ayuda”. En este sentido, son las encuestas las que permiten conocer la prevalencia e incidencia de este fenómeno en la sociedad. Por este motivo, presentamos al Comité datos fundamentales que surgen de la primera encuesta de este tipo que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El informe sombra también destaca las distintas barreras adicionales que enfrentan las mujeres migrantes y las mujeres indígenas y resalta la importancia de contar con un enfoque interseccional en el abordaje de la violencia contra las mujeres.
Por último, se mencionan distintas formas de violencia insuficientemente abordadas y poco visibilizadas como ser la violencia sexual y las situaciones de violación dentro de las relaciones de pareja.

la versión completa puedas encontrarla en PDF en la fuente que citamos.

FUENTE: ELA ( Equipo latinoAmericano De Justicia y Género)


FEMINICIDIOS: TRES LÓGICAS DE PODER, PATRIARCADO, COLONIALISMO Y CAPITALISMO

Título original: "En el feminicidio convergen tres enormes lógicas de poder: patriarcado, colonialismo y capitalismo"

Expertos de El Salvador, Colombia, México y Guatemala reflexionan sobre la lucha contra la impunidad en una de las regiones con mayores tasas de violencia contra las mujeres.

  • "De un tiempo a esta parte, ya no se encuentran los cadáveres. Las mujeres están sin vida y las autoridades se niegan a buscarlas", señala Karla Salas, de México.
  • "La impunidad se vuelve el principal mecanismo para mantener la opresión contra las mujeres", afirma Silvia Juárez, de El Salvador.


"No fue el fuego, fue el Estado". La consigna que se ha popularizado en Guatemala tras la muerte de 40 niñas en un incendio durante su protesta por los abusos que sufrían en su internado, no deja, para Mercedes Hernández –investigadora experta en feminicidio– lugar a dudas: se trata de un "femicidio colectivo", un asesinato de las mujeres por el hecho de serlo cuyo responsable último es el Estado.

"Mi concepción del feminicidio es una forma de violencia política, una modalidad de exterminio social y una persecución hacia las mujeres por el hecho de serlo, que se manifiesta a través de los cuerpos individuales, pero que es un crimen contra la colectividad, contra la humanidad", argumenta la también directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala.

Guatemala es uno de los 16 países de América Latina y el Caribe que han tipificado el delito de feminicidio en la última década. Legislaciones, muchas de ellas avanzadas, que se han ido aprobando en una de las zonas del mundo con las tasas más altas de violencia contra las mujeres. Pero las conquistas jurídicas, fruto –en la mayoría de los casos– de los esfuerzos de los movimientos sociales, se topan con el muro de la impunidad, que alcanza "niveles alarmantes" en la región, según Naciones Unidas y se refleja en lemas globales como 'Ni una menos'. 




"Guatemala no es un hogar seguro". Manifestantes realizan un acto simbólico frente a la Casa Presidencial por la muerte de 40 niñas en un centro de menores. EFE

"Nos sentimos como en el mito de Sísifo: estamos siempre empujando esta piedra, esta montaña, de la justicia y cuando vamos a llegar a la cima, otra vez vuelve a caer", opina  Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social en México. Desde finales de 2011, 31 de los 32 Estados mexicanos han incorporado el feminicidio como delito. Todos salvo Chihuahua, apunta Salas, donde se encuentra Ciudad Juárez, "que dio la vuelta al mundo por la violencia extrema contra las mujeres".

Sin embargo, "el entramado de la impunidad", señala, se refleja en que el 97% de los crímenes –en general – "no se investigan ni se sancionan". En este contexto, desde su organización han optado por el trabajo en las calles, "sustituyendo al Estado". Desde hace unos meses han organizado "rastreos ciudadanos", operativos de búsqueda de los restos de mujeres y niñas desaparecidas tras ser torturadas y asesinadas en Arroyo del Navajo, una zona cercana a Ciudad Juárez.

Allí se ha identificado, explica, una suerte de "panteón clandestino". "Ni siquiera las entierran, las arrojan. Mientras en otros delitos los criminales tratan de borrar sus huellas, en muchos de los feminicidios no: los cuerpos se exponen, se lanza un mensaje a la asesinada pero también al resto de mujeres. Y todo esto frente a las autoridades ineficaces y cómplices", critica. 


El feminicidio en Ciudad Juárez es una práctica normalizada y silenciada EFE
 
"De un tiempo a esta parte, ya no se encuentran los cadáveres. Las mujeres están sin vida y las autoridades se niegan a buscarlas", explica Salas. "Nos hemos organizado junto a los familiares de las desaparecidas, pero también con la sociedad juarense, porque la transformación no va a venir de los gobiernos, sino de las personas organizadas", prosigue. Desde el comienzo de los rastreos, han encontrado a 28 mujeres que ya han sido identificadas.

Por otro lado, continúan litigando cada caso con el objetivo de que los tribunales vaya sentando jurisprudencia. Así se ha logrado, por ejemplo, que todos los asesinatos de mujeres deban ser investigados como feminicidios. "Se parte de esa hipótesis y en la investigación se determina si lo son o no. Según nuestras investigaciones, la regla es que son crímenes cometidos por razones de género", puntualiza.

"Es poner un techo a una estructura a punto de caer"

En el Salvador, la Ley para una vida libre de violencia para las mujeres entró en vigor en 2012. "Es un avance simbólico que no es menor: el Estado, por primera vez reconoce que la vida se pierde por razones de desigualdad históricas", comenta  Silvia Juárez, una de las expertas participantes en el proceso legislativo.

"Cuando nos permitimos evidenciar, a través de la ley, la discriminación, la impunidad se vuelve el principal mecanismo para mantener la opresión contra las mujeres. Es como poner un techo nuevo a una estructura desvencijada, a punto de caer: la estructura de los Estados sigue siendo patriarcal", razona. 

Juárez considera que en su país hay "un acomodamiento de la judicatura en evidenciar el feminicidio cuando solo lo comete la pareja". La norma, sin embargo, recoge una definición más amplia de feminicidio en un contexto donde "los asesinatos de defensoras de la tierra están a la orden del día". "No han sido sus parejas, han sido transnacionales a través de grupos de exterminio o las mismas fuerzas estatales", precisa. 

Lo mismo sucede en el caso de las pandillas. Las autoridades estiman, a veces, que "las mujeres asesinadas son parejas de los pandilleros por tener un hijo suyo, cuando las niñas y adolescentes son continuamente captadas para ser esclavas sexuales". En 2015, 574 mujeres habían perdido la vida de manera violenta en El Salvador, según cifras del Ministerio de Justicia. Ese año se contabilizaron más de 20.300 hechos de violencia contra las mujeres que incluían las muertes maternas y suicidios, por considerarse "muertes prevenibles", asevera Juárez.

Pese a todo, la salvadoreña considera que al menos hay que esperar una década para evaluar los cambios reales de la ley, pero insiste en que las autoridades deben cumplir con la norma e invertir en prevención. "El Estado no está invirtiendo ni un solo centavo en que estas violencias no ocurran. La prevención tiene que ver con la transformación cultural, y es la de mayor inversión y más a largo plazo", sentencia.

"Están asesinando a mujeres líderes de paz en Colombia"

Colombia ha sido de los últimos países latinoamericanos en subirse al carro de la legislación contra el feminicidio. En 2015 aprobó la ley 'Rosa Elvira Cely' como culmen de la lucha de los movimientos de mujeres del país. Uno de sus redactores, David Márquez, señala que, a pesar del poco recorrido, "ya hay condenas paradigmáticas e investigaciones serias".

Ahora el reto es, dice, que las medidas de protección y de atención se cumplan. "Muchas veces, una mujer que va a denunciar que su esposo la golpea se encuentra con un funcionario que le pregunta si es la primera vez. Si lo es, le responde que si vuelve a ocurrir se tomarán medidas", denuncia. 

La primera causa que se ha detectado en este tiempo de aplicación es es la relación de poder de pareja, pero la ley también contempla otros tipos de feminicidios, como los asesinatos de mujeres trans y lesbianas. "En el conflicto armado y fuera de él, se ha quitado la vida a mujeres por su naturaleza homosexual", comenta Márquez.

La norma cobra especial trascendencia en el proceso de paz que vive el país. "Están siendo asesinadas muchas mujeres que han sido líderes de paz, han trabajado en la restitución de las tierras o han defendido los derechos humanos en los territorios más apartados y más golpeados", añade.

Suma de desigualdades

Los expertos consultados coinciden en que el empobrecimiento de las mujeres las expone a un mayor riesgo de ser víctimas de feminicidios. Ocurrió con las niñas de Guatemala, que estaban bajo tutela estatal.
En el feminicidio convergen, tres "enormes lógicas de poder", según Hernández: "La más antigua y extendida es el patriarcado; pero también está el colonialismo, que permite entender por qué continentes colonizados tienen mayor número de asesinatos de mujeres, y el capitalismo, cuya misión esencial es despojar de valor determinadas vidas". 

En Colombia, e l 91% de los casos de violencia sexual se dan en los estratos sociales más bajos y en mujeres que no superan los estudios básicos, asegura Márquez. "Mujer, pobre y afrodescendiente... la suma de desigualdades expone a las mujeres a una situación de mayor riesgo de sufrir violencia de género", argumenta. Juárez coincide, pero matiza que el fenómeno "no es exclusivo de las mujeres empobrecidas".

En México, un ejemplo es el de las mujeres migrantes, sobre todo centroamericanas, que tratan de llegar a Estados Unidos.  "Tienen historias terribles: toman pastillas anticonceptivas para cruzar por el país porque saben que van a ser víctimas de violaciones por parte de agentes migratorios, maras, narcotraficantes...", critica Salas.

La experta relata cómo, en una frontera mexicana, la comisión legislativa que investigó en 2004 los feminicidios en el país halló un "monumento a la violación": un árbol en cuyas ramas habían colgado ropa interior de mujeres. "Los criminales la colocaban como un símbolo de las migrantes que habían pasado por ahí y habían sido violadas", recuerda.

 La llamada 'guerra contra el narcotráfico', constata Salas, ha desplazado la violencia feminicida del debate público: "A las autoridades les ha venido muy bien porque parece que les deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar". Rechaza el "uso nefasto" del lenguaje: "Cuando se relaciona los crímenes contra las mujeres con la prostitución o con drogas, se las manda automáticamente al lado del 'no me importa', porque 'esa mujer se lo había buscado".


"Cuando nos empecemos a preocupar por esa niña que no está en las aulas o esa mujer que no está en su trabajo o su casa, cuando decidamos saber qué pasó, avanzaremos. En México no vamos a poder reconstituirnos como sociedad mientras no reconstruyamos nuestro pasado reciente", concluye.

fuente: El diario es. - El Desalambre - Por Icíar Gutierrez

martes, 21 de marzo de 2017

CONDENA FIRME DE LA CORTE SUPREMA PARA EL ABUSADOR Y PEDÓFILO DE GRASSI

" La conspiración del silencio por la cual todo el mundo trabaja constituye, claro, la estrategia menos costosa" *

Se fragmentó esta conspiración
 hoy, se hizo justicia.

CONDENA FIRMA DE LA CORTE SUPREMA: 15 años de lucha para lograr que este " cura"  abusador, pedófilo fuera condenado . Mis respetos a las víctimas y mi profundo repudio a sus abogados y a las oscuras fuerzas religiosas, políticas, económicas, y periodísticas que siempre lo apoyaron.




De este modo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n°1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, que condenó a Grassi de 15 años de prisión como autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima que vivía en su fundación " Felices los niños" ( hay que se perverso para denominar a la fundación así).

Solo faltaría un último paso  - que debería haber sido el primero -  que la iglesia lo expulse, porque, vaya paradoja, en estos 15 años de lucha, los diveros poderes ( económicos, políticos y periodísticos) han colocado obstáculos de diversas modalidades para que Grassi hasta fuera encarcelado aún condenado.
La máxima cúpula de la Iglesia Argentina NUNCA SE EXPIDIÓ, ni mucho menos el vaticano. Aún ante los  reclamos de la sociedad a través de notas, marchas... no hicieron mella. Silencio de radio.




Reconocimiento especial desde el punto de vista jurídico al Dr. Gallego y equipo.









 Uno muy especial  al Dr. en psiquiatría Enrique Stola,** perito de parte del menor abusado que jamás bajó los brazos, demostró fehacientemente las atrocidades de ese animal, el daño emocional que ocasionó a la víctima ( hablo en singular ya que si bien existían muchas más, la justicia desestimó el relato de prácticamente todas). 
El Dr. Stola y su familia soportaron hasta último momentos amenazas de quienes defendían a Grassi. Recurrió a la justicia mediante cartas documentos. Lo comento para poner en contexto de qué manera y hasta último momento utilizaron todos los medios a su alcance para amedentrar y silenciar.

El victimario está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, Provincia de Buenos Aires. Por su alta peligrosidad la unidad penitenciaria de Sierra Chica ***.


* Cyrulnik, Boris; " La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia"; Ed. Granica; 1998.- Dr. en Neuropsiuiatría.

** Dr. Stola, Enrique, colaborador ad- honorem de la ONG. En el año 2013 nuestra institución organizó un seminario y contamos con su disertación.

*** Cárcel de Sierra Chica: cuyo nombre oficial es Unidad Penal N°2 es un establecimiento penitenciario de máxima seguridad ubicado en Sierra Chica, Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina y una de las cárceles más antiguas del país ya que fue inaugurado el 4 de marzo de 1882. 

Ong Desafíos y Compromisos

lunes, 20 de marzo de 2017

UE: EL DEBATE DE LA PROSTITUCIÓN

Título original: Prohibido pagar por sexo en Suecia, Francia y otros seis países





En Suecia, quien pague para tener relaciones sexuales es un delincuente. Este país fue el pionero, en 1999, en penalizar a los clientes de la prostitución, que pueden enfrentarse hasta a un año de cárcel. Su modelo, basado en el principio de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres —ellas son una abrumadora mayoría— y una muestra de desigualdad de género, se ha ido expandiendo por el mundo. El último país en adoptarlo ha sido Francia, que hace unos días aprobó, tras un largo camino parlamentario, una ley que castiga con hasta 3.750 euros a quien pague por sexo.

La ley francesa ha vuelto a encender el debate sobre la prostitución y si esta debe regularse o abolirse. Suecia y Francia apuestan por un nuevo modelo de abolicionismo, que en vez de penalizar a las prostitutas —a las que considera víctimas que no ejercen libremente— pretende acabar con el comercio sexual estrechando el cerco sobre los clientes; es decir, si no hay demanda, no habrá oferta. En el lado opuesto están las corrientes legalistas, que sostienen que el sexual es un trabajo que puede ejercerse de manera libre y que apuestan por regularlo; como Holanda, donde las trabajadoras del sexo pagan impuestos y obtienen prestaciones sociales, Dinamarca o Alemania.




En los últimos tiempos, es el llamado modelo sueco —o nórdico, ya que los primeros en copiarlo fueron algunos de sus vecinos del norte— el que está cobrando fuerza. Tras Suecia, la criminalización de los clientes de la prostitución se ha aprobado en Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte (desde 2015) y Francia. También en Noruega, con el añadido de que ese país también persigue a aquellos que hacen turismo sexual. Además, el Parlamento Europeo instó en 2014 a los Estados miembros a adoptar fórmulas similares y Bélgica, Irlanda y Escocia debaten actualmente proyectos de ley basados en el nuevo abolicionismo. Otros países, como Finlandia, han apostado por un sistema híbrido: castigan la compra de servicios sexuales, pero solo si la prostituta es víctima de las redes de trata.



Un vínculo, el de la prostitución con la esclavitud sexual que, según los partidarios del nuevo abolicionismo, es prácticamente indivisible. Los que defienden el modelo nórdico afirman que quien vende su cuerpo nunca lo hace libremente. Que o lo elige, sino que se ve obligada a ello. Bien por las redes de trata o explotación sexual o bien empujada por la pobreza u otro tipo de desigualdad.


“La ley se basa en que es vergonzoso e inaceptable que, en una sociedad con igualdad de género, los hombres obtengan relaciones sexuales casuales con mujeres a cambio de dinero”, afirma Kajsa Wahlberg, directora de la unidad sobre temas de trata de la policía sueca, quien incide en que su ley envió una “señal” importante a otros países. Hoy, este nuevo abolicionismo se ha convertido en una parte importantísima de la política exterior sueca. Una ‘marca’ del país. “La prostitución produce un grave daño, tanto a los individuos como a la sociedad”, argumenta la detective, que remarca que quien paga por sexo no solo atenta contra la dignidad de las mujeres, sino que también está contribuyendo a que esa arquitectura criminal prolifere.


Wahlberg asegura que la ley ha funcionado: diez años después de que entrara en vigor, el número de compradores de sexo había descendido del 13,6% a menos del 8% de la población, según datos del Instituto Sueco. “La norma tiene un objetivo disuasorio sobre los potenciales compradores de sexo. También ha servido para reducir el interés de diversos grupos o individuos de establecer actividades organizadas de prostitución en Suecia”, añade. Desde que entró en vigor, unas 6.600 personas —todos, salvo contadísimas excepciones, hombres— han sido detenidas por comprar sexo o intentar hacerlo. De ellos, aproximadamente la mitad han sido condenados (aunque aún no están disponibles los datos de sentencias de 2015). Eso sí, ninguno ha entrado en prisión. Para esquivar las rejas han pagado una multa de al menos un tercio de sus ingresos diarios durante dos meses.

Y esa, la falta de condenas graves es una de las principales críticas a la ley que, según las estadísticas, tiene una gran aceptación social en el país. Otra es que, en realidad, el sistema no acaba con la prostitución sino que la esconde y, por tanto, pone en una posición todavía más peligrosa y vulnerable a quien la ejerce.



Este es también el argumento fundamental de aquellos que se oponen a la nueva ley francesa. “La penalización del cliente no beneficia a las trabajadoras del sexo, sino que las expone más a las violencias --tanto las de las redes como de la policía— y al aislamiento”, sostienen desde Strass, uno de los colectivos de prostitutas de Francia –donde cálculos de las entidades sociales estiman que hay entre 30.000 y 40.000 meretrices— que más se ha movilizado contra la norma. Esta tampoco ha convencido a organizaciones sociales como Médicos del Mundo, que reclama que el abolicionismo lleva a las prostitutas a la clandestinidad y las deja a merced del cliente o de las mafias, y sostiene que la red prevista para ayudar a las mujeres a salir de la prostitución es demasiado precaria.

“Este modelo legal aboca a las trabajadoras sexuales, sobre todo las de la calle, a trabajar a las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes”, argumentan en Tampep, un colectivo europeo de trabajadoras del sexo, que opinan que la penalización del cliente socava la autodeterminación de las prostitutas, refuerza el estigma y la discriminación hacia ellas.

A la luz de las estadísticas, la detective Wahlberg tiene razón: estrechar el cerco sobre el cliente ha reducido la prostitución en Suecia; al menos visiblemente. Antes de la ley, unas 600 mujeres vendían sexo en las calles de Estocolmo, según la policía. Actualmente son menos de diez. Sin embargo, los burdeles y las aceras se encienden ahora en Internet. Un campo mucho más difícil de controlar.



ABOLIR, PROHIBIR O REGULAR
En Europa conviven varios modelos

- Legalista. Holanda, Alemania, Dinamarca. En Holanda la prostitución está regulada como un trabajo desde el año 2000. La ley obliga a los propietarios de los burdeles a pagar impuestos y la Seguridad Social de las prostitutas. Éstas, que deben tener una licencia municipal, tienen derecho a Seguridad Social y a cobrar el paro. La misma situación que en Alemania. En Dinamarca, las prostitutas pagan impuestos pero no tienen paro ni Seguridad Social.

- Nuevo abolicionismo. Suecia, Noruega, Islandia. Suecia fue pionero, en 1999, en aprobar una ley contra la compra de servicios sexuales. Esta normativa prohíbe pagar por el sexo y penaliza al cliente con multas de prisión y económicas. Es un modelo actualmente en expansión.

- Alegalidad. España, Italia. La prostitución es alegal en España –sí está penado el proxenetismo--, donde dos de cada diez hombres admiten que han pagado los servicios de una prostituta (estudio de la Universidad de Comillas para el Ministerio de Sanidad). Sin embargo, algunas ordenanzas municipales la prohíben y multan tanto a los clientes como a las mujeres. Una situación similar a la de Italia, donde en los últimos años han proliferado las situaciones que penalizan tanto la compra de sexo como la venta.

- Prohibicionista. En Hungría la prostitución es ilegal. Se penaliza, sobre todo a la meretriz que ejerza en “zonas protegidas”. Ellas se enfrentan a multas o incluso a cárcel, al cliente solo se sanciona si “acepta” los servicios de una menor.


FUENTE: EL PAÍS- Por María R. Sahuquillo.

miércoles, 15 de marzo de 2017

GUATEMALA: EL FEMINICIDIO COLECTIVO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

La muerte de las 43 niñas y adolescentes en el incendio del denominado "Hogar Seguro" de Guatemala no es un accidente: es un feminicidio colectivo cuyo máximo responsable es el Estado. Su muerte es solo el punto y final de la larga cadena de violencias a las que eran sometidas por los operarios y las operarias del centro: continuo maltrato físico; abusos sexuales, embarazos y abortos forzados; vejaciones cotidianas, desde la obligación de desnudarse como medida coactiva hasta la alimentación con gusanos que mantenía a muchas en un estado de desnutrición crónica; además del hacinamiento —el centro duplicaba su capacidad de 400 personas internas— que hacía el lugar inhabitable. 

Las víctimas, que un día antes habían tratado de escapar del centro y habían sido apresadas y devueltas por los monitores, fueron encerradas en una sala que nadie abrió mientras el fuego las calcinaba.






No es un caso aislado: es la consecuencia de la impunidad con la que el Estado sanciona las prácticas de "limpieza social", el asesinato selectivo de personas marginalizadas y marcadas como desechables, que solo en siete años (de 2006 a 2013) se llevó en Guatemala las vidas de más de 1400 adolescentes, según el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. CALDH también calcula que el Ministerio Público tiene una tasa de averiguación de la verdad del 0.32%. Impunidad, también, de los asesinatos de mujeres, de los que solo se esclarecen un 2% (ONU) pese a las atroces cifras: 6423 mujeres han sido asesinadas en Guatemala en los últimos ocho años, según informe del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), de las cuales 739 lo fueron en el primer año de administración de Jimmy Morales, el más cruento de las últimas tres legislaturas.

El Estado guatemalteco es responsable directo de estas muertes: de las torturas y vejaciones a las que las niñas del centro han sido sometidas diariamente por parte de los operarios y de la omisión flagrante de sus deberes, máxime cuando se ha hecho público por parte del comisario de la Policía Nacional Civil que el Presidente estaba al tanto de los hechos desde las 22 h del martes —según Publinews—, y siendo su esposa, la Primera Dama del país, la responsable de la Secretaría de Bienestar Social, autoridad encargada de la supervisión del centro "Hogar Seguro" Virgen de la Asunción.


Fuente y fotos AmecoPress

martes, 14 de marzo de 2017

LAS ATROCIDADES IMPUNES DE LA JERARQUÍA CATÓLICA




Son los máximos representantes de la Iglesia Católica en un territorio. En sus homilías, artículos en prensa y programas en radio, exponen la doctrina cristiana a sus fieles y pontifican sobre cómo deben actuar en su vida. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a verles pronunciar desde sus púlpitos frases homófobas y sexistas que indignan a la sociedad, como en las últimas semanas tras la victoria de una drag queen en el carnaval de Las Palmas.

Si nos fijamos en los últimos disparates pronunciados por miembros de la jerarquía eclesiástica, podremos extraer dos conclusiones: 

La primera, que están obsesionados con los menores, el sexo, los gays y la mujer. 
La segunda, que, a los obispos y cardenales, les sale gratis decir esas cosas desde sus tribunas, porque ninguno de ellos ha sido retirado de sus cargos.

A continuación, un repaso a las locuras de la jerarquía católica




“Hay abortos de niñas pero no es porque hayan abusado de ellas, es porque la mujer se pone como en un escaparate, provocando”

Arzobispo de Lima











El cardenal peruano y arzobispo de Lima Juan Luiz Cipriani hizo estas declaraciones hace unos meses en su propio programa de radio. La frase es aún más indignante porque Perú ocupa el tercer lugar en casos de violaciones en todo el mundo. Cipriani sigue en su cargo.





"Hay abortos de niñas; pero no porque hayan abusado de ellas.Son muchas veces porque la mujer se pone como un escaparate provocando." 








“Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan”

Obispo de Tenerife
Esta aberrante frase fue pronunciada en 2007 por el obispo de Tenerife Bernando Álvarez, en una entrevista en el diario La Opinión. Álvarez también comparó la homosexualidad con los abusos y llamó “enfermos” a los gays. Sigue en el cargo.







“El sida es un acto de justicia”

Arzobispo de Bruselas-Malinas

Sí, parece que no hay burrada que no haya dicho un alto cargo de la Iglesia. En este caso, la frase fue pronunciada en 2010 por el entonces arzobispo de Bruselas-Malinas y presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica, André-Joseph Leonard. También aseguró que jugar con la naturaleza del amor puede conducir a catástrofes así. Siguió en su cargo hasta 2015, hoy es ‘emérito’.

Arzobispo de Granada
 Martínez ha pasado su carrera envuelto en escándalos de todo tipo. Se sentó en el banquillo, acusado de coacciones y amenazas, pero fue absuelto porque los presuntos delitos habían prescrito. Su diócesis publicó un libro titulado 'Cásate y sé sumisa'. Sigue en su puesto.






El arzobispo de Granada, Javier Martínez, dijo esta salvajada en 2011 durante una homilía. También comparó el aborto con el holocausto y dijo que “los nazis no eran tan repugnantes”.




El aborto, como “los trenes de Auschwitz”

Obispo de Alcalá de Henares

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, conocido entre otras cosas por oficiar una misa con una bandera franquista, hizo esta comparación en 2014. Fue denunciado por el colectivo feminista 'Tren de la libertad', a quién se refería Plá. La justicia no consideró injuriosas sus palabras y, por supuesto, sigue impartiendo su doctrina desde su cargo.





"Hay males mayores que lo de Haití, como nuestra situación espiritual”

Obispo de San Sebastián
El ultraconservador obispo de San Sebastián, que hace unos días también puso el grito en el cielo por el Carnaval de Las Palmas, dijo en 2010 que quizá “es un mal más grande el que nosotros estamos padeciendo que el que esos inocentes están sufriendo", sentenció. Munilla también escribió un libro sobre sexo en el que explica que masturbarse es “una agresión al propio cuerpo”. ¿Sigue en el cargo? Por supuesto.






"La racha de feminicidios tiene que ver con la desaparición del matrimonio”







Arzobispo de La Plata
Héctor Aguer, arzobispo de La Plata (Argentina), explicó que el matrimonio “dignificaba a la mujer y la ponía en un lugar de igualdad con el hombre”. Además aseguró que los abusos sexuales a niños se den en el ámbito familiar se debe a la aparición del divorcio. Por supuesto, sigue como arzobispo.




Para juzgar el robo de bebés “hay que hacerlo con criterios de aquel tiempo”

Arzobispo de Barcelona
El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, minimizó con estas palabras una aberrante realidad que tuvo lugar en España durante el franquismo con la colaboración de miembros de la Iglesia. Sistach también lo calificó como “una cosa puntual”. Se mantuvo como arzobispo de Barcelona hasta 2015. Ahora es emérito.




Ante todas las anteriores burradas, El Vaticano no consideró necesario tomar ninguna medida. Sí lo hizo, sin embargo, ante un caso: el obispo de Mallorca, que fue echado del cargo por tener una amante. El prelado fue denunciado por el marido de una estrecha colaboradora, que le visitaba a escondidas en su domicilio y que era conocida en toda la isla como "la novia del obispo". Parece que El Vaticano juzgó más grave este asunto que las declaraciones ahora vistas.

Fuente y fotografías: Tremending.



jueves, 9 de marzo de 2017

8M BAHIA BLANCA PARO INTERNACIONAL de MUJERES





A pesar del temporal, la lluvia y  el anegamiento de las calles MARCHAMOS.
 A cada minuto se iban sumando  diversas organizaciones sociales  y/o  mujeres y varones que de manera espontánea marchaban, con carteles, banderas, pañuelos, remeras, con cánticos y consignas.
 Jóvenes, mujeres y varones con sus hijxs, amigas y amigos.
Jovenes , maduras, mujeres sin edad, todas juntas pidiendo justicia, reclamando por nuestros derechos arrebatados, por igualdad de condiciones en un mundo machista. 
en Argentina, el año pasado cada 28 hs nos mataban. En lo que va del 2017, cada 18 hs matan a una de nosotras, POR EL SÓLO HECHO DE SER MUJER.
Exigimos que el Estado declare la Emergencia ante la cantidad de femicidios, que asista inmediatamente a las víctimas y a sus hijos. 
Necesitamos que las instituciones que DEBEN OCUPARSE DE ATENDER A LAS VÍCTIMAS, LO HAGAN.
PUES NO LO HACEN, las víctimas están desamparadas. El Estado ejerce de éste modo , violencia institucional. Es cómplice del macho violento,del macho que mata, del macho femicida.




martes, 7 de marzo de 2017

UN MUNDO CON ESCASA IGUALDAD PARA LAS MUJERES

TÍTULO ORIGINAL: 12 datos sobre la desigualdad que sufren las mujeres en el mundo laboral

ONU Mujeres ha lanzado varias infografías que muestran la desigualdad de las mujeres en un mundo laboral en constante cambio. La globalización, las innovaciones digitales, el cambio climático, entre otros factores, continúan transformando el mundo en el que trabajamos, planteando tanto retos como oportunidades para liberar el potencial económico que atesoran las mujeres para crear un futuro mejor.

Aquí algunos datos que deberías conocer.

1. POBLACIÓN ACTIVA




Pese a que la globalización ha ayudado a millones de mujeres a encontrar un empleo remunerado, el número de mujeres en situación de actividad es muy inferior al de hombres. Las desigualdades de género también han concentrado a las mujeres en el segmento inferior de la cadena de valor mundial: ocupan los puestos de trabajo peor remunerados, realizan trabajos subcontratados a destajo y trabajos poco estables por cuenta propia, con escaso o ningún acceso al trabajo decente y a la protección social. Las mujeres representan la mitad del potencial del mundo. Para liberarlo es necesario que tengan acceso a un trabajo decente, remunerado y de buena calidad, y también se necesitan políticas y regulaciones sensibles al género, como licencias de maternidad y paternidad adecuadas y horarios flexibles. Este tipo de medidas también tienen sentido desde el punto de vista económico: si las mujeres desempeñaran una función idéntica a la de los hombres en los mercados laborales, el producto interno bruto mundial anual podría aumentar en 28 billones de dólares estadounidenses (un 26%) de aquí a 2025.

2. DESEMPLEO


A nivel mundial, las mujeres tienen mayor probabilidad de estar desempleadas que los hombres, si bien se observan amplias disparidades entre regiones. En 2015, alrededor de 197 millones de personas en edad de trabajar se encontraban desempleadas; esto supone 27 millones más que el nivel de paro anterior a la crisis financiera (2007). El desempleo juvenil resulta particularmente preocupante y puede tener efectos muy perjudiciales a largo plazo, como la pérdida de medios de vida, la pobreza o las repercusiones psicológicas: en 2015, la tasa de desempleo juvenil se situaba en el 13,1%, muy por encima de la tasa de desempleo mundial (5,8%). La disparidad de género es muy acusada en algunas regiones, como África del Norte y los Estados árabes, donde la tasa de desempleo juvenil de las mujeres casi duplica la de los hombres jóvenes, situándose próxima a un 44% pese al incremento del nivel educativo que se observa entre las jóvenes en dichas regiones. Esto sugiere que la educación, por sí sola, no puede superar las barreras estructurales que existen en los mercados de trabajo.

3. SEGREGACIÓN OCUPACIONAL 



Las mujeres están concentradas en empleos menos remunerados, de menor cualifi-cación y mayor inseguridad laboral; además, están insuficientemente representadas en puestos con responsabilidad de toma de decisiones y en campos como la ciencia y la tecnología. Hoy en día, la mitad de la población activa a escala mundial trabaja en el sector servicios, un ámbito en el que predominan las mujeres. La proporción de mujeres en este sector llega al 77% en Asia Oriental y al 91,4% en América del Norte. Sin embargo, las ocupaciones de las mujeres varían de forma considerable por región y por nivel de ingresos: en los países de ingresos altos, las mujeres se concentran en los sectores de la salud, la educación y el comercio (tanto al por mayor como al por menor), mientras que en los países de ingresos bajos y medianos-bajos, las mujeres trabajan principalmente en la agricultura. La segregación sectorial y ocupacional es una de las consecuencias de las barreras estructurales y de la discriminación basadas en el género, como la pobreza, la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo, el acceso limitado o nulo a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, las deficientes políticas en materia de licencia de maternidad y paternidad y las actitudes sociales, entre otros muchos factores. El liderazgo y la representación de las mujeres en sindicatos, organizaciones profesionales y patronales y órganos de gobierno corporativos es crucial para defender los derechos laborales fundamentales y garantizar un trabajo decente para todas y todos.

4. BRECHA SALARIAL


A nivel mundial, las mujeres sólo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres por un trabajo de igual valor. Esta es una causa fundamental de desigualdad en términos de ingresos a lo largo de toda la vida. Al ritmo actual, esta brecha tardará 70 años en cerrar. Las políticas laborales representan un factor crucial en este tema. Por ejemplo, las mujeres se enfrentan a mayores limitaciones para conciliar las responsabilidades familiares con el empleo remunerado. Las políticas restrictivas, como la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo y las limitadas licencias de maternidad y paternidad, pueden impedir la movilidad de las mujeres en el seno de la fuerza laboral y arrastrarlas al empleo a tiempo parcial. A su vez, esto las expone a nuevas desigualdades, como el limitado acceso a la protección social, en particular a las pensiones de vejez. Las mujeres con hijas/os son más vulnerables a estas desigualdades, que también se conocen como “la penalización de la maternidad”. En África Subsahariana y Asia Meridional, la brecha salarial de género es de un 31% y un 35%, respectivamente, para las mujeres con hijas/os, en comparación con el 4% y el 14% de las mujeres sin hijas/os.

5. TRABAJO NO REMUNERADO


Desde limpiar y cocinar hasta recoger agua y leña o cuidar de niñas/os y personas ma-yores, las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo no remunerado en todo el mundo. El trabajo no remunerado sustenta la economía y a menudo suple la falta de gasto público en servicios sociales e infraestructura. De hecho, se calcula que el trabajo no remunerado y el empleo del hogar alcanzan un valor equivalente a entre un 10% y un 39% del producto interno bruto. Esto significa que puede contribuir más a la economía que la industria, el comercio o el sector del transporte. Además de que los hombres deben asumir una parte mayor de este trabajo, las políticas orientadas a reducir y redistribuir el trabajo no remunerado que realizan las mujeres y las niñas, ampliar el empleo remunerado en el sector de los cuidados y proporcionar protección social e infraestructuras básicas, como el acceso a agua limpia, son fundamentales para que las mujeres accedan al empleo remunerado, permanezcan en él y liberen todo su potencial económico.

6. PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD



La licencia de maternidad y paternidad y los servicios de cuidado infantil pueden ayudar a las familias a distribuir las responsabilidades de cuidado y atender sus prioridades laborales, así como permitir a las mujeres acceder al mercado laboral y permanecer en él si así lo deciden. Pese a que casi todos los países del mundo han adoptado alguna forma de legislación de protección de la maternidad, tan sólo 63 países cumplen las normas mínimas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, según las cuales las madres deben disfrutar al menos de 14 semanas de licencia de maternidad retribuida. Incluso en aquellos países que cuentan con leyes en esta materia, se calcula que tan sólo un 28% de las mujeres trabajadoras a escala mundial disfrutan actualmente de este tipo de licencias. Las políticas de licencia de maternidad y paternidad que posibilitan el reparto de responsabilidades de cuidado infantil entre ambos progenitores desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar el bienestar personal y económico de las mujeres, las familias y las sociedades.

7. TRABAJO INFORMAL


Las mujeres, sobre todo las migrantes, están insuficientemente representadas en el sector informal en todo el mundo. En los países en desarrollo, el sector informal es la principal fuente de empleo para las mujeres. El trabajo informal puede incluir a personas que trabajan por cuenta propia –como vendedoras/es callejeras/os, comerciantes de bienes y servicios de pequeña cuantía o agricultoras/es de subsistencia–, así como trabajadoras/es asalariadas/os en el empleo del hogar o en cultivos de temporada. Una de las formas más vulnerables de empleo informal es la contribución al trabajo familiar. A nivel mundial, las mujeres representan un 63% de este colectivo, que trabaja en negocios o explotaciones agrícolas familiares sin percibir una remuneración directa por ello. La economía informal, también denominada “economía gris”, queda fuera del ámbito de aplicación de las leyes laborales; en consecuencia, muchas personas quedan expuestas a salarios bajos, a condiciones de inseguridad laboral y sin acceso a prestaciones sociales (como las pensiones, la licencia de enfermedad o el seguro de salud). Las precarias condiciones de trabajo que se viven en la economía informal se ven agravadas por la discriminación laboral, el sexismo, el racismo y la xenofobia.

8. TRABAJADORAS MIGRANTES



Las personas migrantes contribuyen al bienestar económico y social de las sociedades tanto en sus países de origen como de destino. El dinero (conocido como remesas) que las/os migrantes envían a sus hogares de origen puede mejorar los medios de vida de millones de personas y, a su vez, fortalecer las economías. En 2015, las/os migrantes internacionales enviaron unos 581.600 millones de dólares estadounidenses a sus familias en los países de origen. De esta cantidad, los países en desarrollo recibieron unos 431.600 millones de dólares, una cifra cercana al triple de la que se invierte en asistencia oficial para el desarrollo. Las mujeres migrantes tienen un peso mayor en la fuerza de trabajo global que las mujeres no migrantes; se concentran en sectores predominantemente feminizados de la economía informal, como el del cuidado y el sector de servicios. Uno de los grupos más vulnerables de trabajadoras/es migrantes son las/os empleadas/os del hogar; la inmensa mayoría son mujeres, que se ven sometidas a precarias condiciones laborales, largas jornadas de trabajo y un acceso limitado o nulo a la protección social. A escala mundial, un 57% de las/os trabajadoras/es del hogar carecen de limitaciones en cuanto a la duración de su jornada laboral. Un problema relacionado con lo anterior es la trata de trabajadoras/es a través de las fronteras: las personas migrantes y jóvenes tienen mayor probabilidad de caer en las redes de intermediarios laborales carentes de toda ética, quienes, a través de la coerción y el engaño, las exponen a contratos precarios y a muchas otras vulneraciones de sus derechos humanos y laborales.

9. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


La violencia contra las mujeres en el mundo laboral constituye una vulneración de los derechos humanos que afecta a las mujeres con independencia de su edad, ubicación, nivel de ingresos o condición social. Las mujeres pueden experimentar acoso o agresión sexual en el trabajo o en el trayecto de ida y vuelta a este. Pese a que muchos países cuentan con leyes o disposiciones para combatir este tipo de violencia, su repercusión es limitada. En la Unión Europea, por ejemplo, un 55% de las mujeres han experimentado acoso sexual en al menos una ocasión desde que cumplieron 15 años. De ellas, un 32% lo sufrió en el trabajo. La violencia contra las mujeres puede limitar su potencial económico y social y tener una incidencia significativa en su salud física y mental, que puede conducir al absentismo, la pérdida de oportunidades de promoción y la pérdida de puestos de trabajo.

10. BARRERAS LEGALES



En todos los países siguen existiendo barreras para la igualdad de género, tanto en la esfera pública como en la privada, y estos obstáculos tienen su origen en unas relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres. Las barreras legales se suman a las desigualdades de género, lo que se manifiesta en la asistencia de un menor número de niñas a la enseñanza secundaria en relación con los niños, menores cifras de mujeres ocupadas o dirigiendo negocios y una brecha salarial de género mayor. En la actualidad, continúa existiendo al menos una restricción legal basada en el género para el empleo y el emprendimiento de las mujeres en 155 países*; en 18 países*, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; y solamente existen leyes contra la discriminación de género en las prácticas de contratación de mujeres en 67 países. Para que las mujeres puedan realizar todo su potencial económico, es necesario que los países eliminen la discriminación contra las mujeres en su legislación, en consonancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el tratado de derechos humanos de las mujeres que obliga a los países a adoptar medidas concretas para el adelanto de la mujer en vida pública y privada.

11. PROTECCIÓN SOCIAL



Las mujeres se encuentran excesivamente representadas en el 73% de la población mundial que carece de acceso a la protección social o sólo disfruta de un acceso parcial a ésta; esto las expone a una mayor vulnerabilidad a la pobreza y a otras desigualdades. Las barreras específicas de género pueden ejercer un efecto dominó en el tipo y grado de protección social que recibe una mujer a lo largo de su vida. A modo de ejemplo, debido a su menor participación en el mercado laboral y a su tendencia a cobrar salarios inferiores y a disfrutar de un acceso menor que los hombres al crédito y a otros recursos, las mujeres pueden enfrentarse a una inseguridad mayor en términos de ingresos y tener menos acceso a (y cobertura por parte de) los instrumentos de protección social de carácter contributivo, como las pensiones, la prestación por desempleo o incluso el seguro de salud. Muchas terminan por caer en la pobreza. En torno al 65% de la población mundial que ha superado la edad de jubilación y no recibe ningún tipo de pensión ordinaria está compuesta por mujeres. Esto significa que 200 millones de mujeres de edad avanzada viven sin ingresos regulares procedentes del sistema de protección social, frente a 115 millones de hombres.

12. BRECHA DIGITAL



La automatización, la inteligencia artificial, la robótica e internet, entre otras nuevas tecnologías, han transformado el mundo laboral, planteando tanto desafíos como oportunidades para el empoderamiento económico de las mujeres. Pese a las brechas de género que existen en el acceso a (y la utilización de) las tecnologías digitales, esas mismas tecnologías eliminan las barreras geográficas, que pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales para las mujeres. Echemos un vistazo al modelo de trabajo que se observa en la denominada “economía de los pequeños encargos”, que tiene lugar a través de plataformas en línea que conectan a las empresas con trabajadoras/es a escala mundial, proporcionando a las personas oportunidades de generación de ingresos con independencia de dónde se encuentren. Sí, la mayoría de estas/os trabajadoras/os son contratistas que trabajan por cuenta propia y carecen de protecciones laborales, por lo que son más vulnerables a los riesgos y responsabilidades asociados a las operaciones que desarrollan con sus clientes. En este tipo de economía las desigualdades de género que ya sufren las mujeres solamente se ven reproducidas (cuando no agravadas), ya que se trata de un sector que, en su mayor parte, ha eludido la protección laboral y la regulación del empleo. Dado que se trata de un espacio que sigue evolucionando, las mujeres necesitan enfrentarse a él con la educación, la capacitación y las aptitudes profesionales y empresariales requeridas para lograr idénticos resultados que los hombres y aprovechar las nuevas oportunidades a medida que surjan.



FUENTE: Este reportaje está tomado de la web de ONU Mujeres. Tribuna Feminista es medio oficial de UN Women’s Step It Up! Media Compact, alianza de medios internacionales para jugar un rol activo en el avance de la igualdad de género dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.