viernes, 5 de agosto de 2016

UN HOMBRE FUE CONDENADO POR MANOSEAR A UNA CHICA DE 14 AÑOS

Titulo original: El abuso de los toqueteos


Un tribunal de Río Negro condenó a seis meses de prisión a un colectivero que manoseó a una pasajera. El delito, abuso sexual simple, no suele ser denunciado y pocas veces la eventual investigación avanza. La prueba principal fue el testimonio de la víctima.




Un colectivero que manoseó a una adolescente de 14 años en un tramo del recorrido de la línea que conducía, cuando se quedó a solas con ella, su última pasajera, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por el delito de “abuso sexual simple”. La sentencia fue dictada por la Cámara Criminal Segunda de Roca, provincia de Río Negro, en relación a un delito que suele ser silenciado por quienes lo padecen. O no ser castigado por considerar insuficiente como pruebas el testimonio de la propia víctima, cuando no hay testigos. El tribunal tuvo en cuenta el relato de la chica en Cámara Gesell, y el testimonio de su madre, y del director de la escuela rural, a la que concurre, que describió las consecuencias del impacto emocional del hecho sufrido en su rendimiento escolar.

La condena fue firmada por los jueces Oscar Gatti (voto rector), María Evelina García Balduini y Gastón Martín. Le impusieron la pena que pidió el fiscal de Cámara subrogante Miguel Fernández Jahde y la defensora de menores Alicia Terraza, además de la obligación de “presentarse mensualmente” ante el tribunal y “mantener la prohibición de acercamiento” a la víctima en un radio de 100 metros, todo bajo apercibimiento de ordenarse su detención.

El imputado D.A.H., de 40 años, prestaba servicio en la Empresa de Transporte Urbano 18 de Mayo y realizaba el recorrido de regreso de una escuela secundaria de la zona rural hacia el centro de la localidad de Roca. El hecho ocurrió a fines de octubre de 2014 y fue denunciado en la policía por la mamá de la adolescente apenas la hija le contó lo sucedido. Según se tuvo por acreditado con la prueba producida durante el juicio oral, esa tarde el chofer y la adolescente quedaron solos en el micro luego de que descendiera el último pasajero en una chacra. Poco después, “detuvo la marcha en la banquina de la Ruta 22, hizo como que limpiaba el colectivo, cerraba las ventanillas y manoseó a la menor por sobre la ropa”, para finalmente regresar al volante y proseguir el viaje hasta el lugar donde descendió la estudiante.


La fiscalía destacó la “firme imputación” que hizo la adolescente al declarar en cámara Gesell y la situación de “preeminencia” del chofer sobre la víctima, tanto por su función como por ser el padre de un amigo de la adolescente. También señaló que después del hecho “la menor tuvo tratamiento psicológico” y el director del colegio advirtió en ella “importantes del cambio de actitud”. En su alegato solicitó la pena mínima legal prevista por el Código Penal. A su criterio adhirió la Defensoría de Menores. Mientras que el defensor particular, Roberto Arias, pidió la absolución: sostuvo que “el imputado no realizó ninguna conducta delictiva”.

La sentencia de Cámara concluyó que “la hipótesis de descargo ensayada por el imputado y que fuera sostenida por su abogado defensor en el juicio se ve plenamente desvirtuada por el testimonio brindado por la víctima (...) el cual, a su vez, no constituye la única prueba de cargo que pesa sobre el encartado. Sino que por el contrario se ve solventado con el testimonio de su madre (...), con más el testimonio brindado por el director de la escuela, (...) aunados a los informes y pericias psicológicas”. “Vemos entonces que la incriminación que de manera directa, segura y precisa le dirige la víctima a su victimario se ve corroborada por el bagaje probatorio que fuera detallado (...), que si bien no es abundante, emerge como suficiente. Por cuanto surgen del mismo diversos indicios que por su correlación y concordancia, al ser valorados conjuntamente, no hacen otra cosa que sustentar la imputación que pesa sobre D.A.H”, concluyó el Tribunal.

Durante el debate, la mamá de la adolescente declaró que su hija “no lo quería contar porque se sentía culpable por lo sucedido y no quería hacer la denuncia porque H. es el padre de su amigo”.

Entre otros elementos, los jueces valoraron “conjuntamente los dichos de la madre y el director de la escuela”, ya que ambos coincidieron en que “luego del hecho la menor cambió de actitud, mostrándose más triste y callada, a la vez que bajó su rendimiento académico en el colegio”. “La postura adoptada por la defensa (...) sólo descansa en la férrea negativa del hecho por parte del enjuiciado y se encuentra huérfana de todo otro elemento, al menos indiciario, que derribe la acusación (...) máxime si se meritúa que no surge de estos actuados prueba alguna que nos permita sospechar de algún tipo de animosidad o venganza de la denunciante para con el imputado y mucho menos se advierte ‘manipulación’ alguna de la menor víctima para que declare en tal sentido”, señaló la Cámara en su sentencia.

Fuente: Página12 - Por Mariana Carbajal

miércoles, 3 de agosto de 2016

CUANDO LA JUSTICIA GARANTIZA LOS DERECHOS

Un hombre violento había denunciado penalmente a su pareja y a dos médicas de una sala porteña. La mujer había quedado embarazada y concretó un aborto con pastillas provistas. La jueza que tomó el caso sobreseyó a las tres al considerar la violencia de género.

                              Imagen: Leandro Teysseire


La Justicia consideró legal un aborto que se realizó una mujer víctima de violencia de género, al sostener que ese embarazo podría ser resultado de un abuso sexual y que su continuidad, en esas circunstancias, pondría en peligro, su salud mental. Con esa interpretación, la jueza nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16, Laura Graciela Bruniard, sobreseyó a la mujer y a las dos médicas de un centro de salud dependiente de la ciudad de Buenos Aires, que la asistieron, al suministrarle información y la medicación necesaria para la interrupción del embarazo. Bruniard recordó que frente a un aborto no punible “los jueces tenemos la obligación de garantizar los derechos” y “nuestra intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, ya que quedan exclusivamente reservados a lo que decidan la paciente y su médico”. La sentencia se conoce en momentos en que en Tucumán, una joven está presa desde hace dos años y tres meses, tras sufrir un aborto espontáneo, y fue condenada por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”, en un proceso judicial plagado de irregularidades (ver aparte).

“Es un fallo de avanzada, porque amplía las causales legales de aborto no punible, al incorporar la violencia contra la mujer como un abuso a su salud mental”, destacó en diálogo con Página/12 la abogada defensora de las médicas, Nina Brugo Marcó, especializada en derechos de las mujeres.

La jueza Bruniard ponderó además otro aspecto importante: “el derecho a un pronunciamiento penal rápido”, para que las imputadas no queden involucradas durante años en una causa penal, con las consecuencias que esa situación implica. Por esa razón dictó su sentencia, en un plazo corto de tiempo, que no es usual en la justicia del país.

La causa se inició en 2015 con la denuncia de la pareja violenta de la mujer, que se oponía a su decisión de interrumpir la gestación. La denunció a ella y a las médicas después de enterarse de que había concretado el aborto con las píldoras que le habían dado en el centro de salud. La mujer, de clase media, intentó realizarse un aborto previamente con métodos inseguros: con una medicación que había comprado a través de Internet. Tiene alrededor de 30 años y cursa estudios universitarios.

La fiscalía de instrucción N° 43 que intervino, imputó a las dos médicas y la propia paciente, –cuyas identidades se protegen– del delito de aborto ilegal: a su criterio el caso no encuadraba en las causales de no punibilidad previstas en el Código Penal, porque no corría riesgo la vida física de la mujer. De modo que para la fiscalía no existía justificación legal. Se basó en los peritajes de una psicóloga y de una psiquiatra del Cuerpo Médico Forense. Pidió que las imputadas fueran indagadas. Pero su postura fue rechazada de plano por la magistrada. El fallo fue firmado el 28 de junio pero recién trasciende ahora. Está firme porque el fiscal no apeló. Entre sus fundamentos, la magistrada enumeró el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que clarificó en 2012 los alcances de los permisos para abortar en la Argentina, tratados de Derechos Humanos y la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud como un concepto integral.

“Nuestros tribunales han entendido con justo criterio que no sólo importa el peligro para la salud física y la autodeterminación de la madre para adoptar decisiones sobre su propio cuerpo, sino también que el uso del término ‘salud’ es el que ‘ampara el derecho a la salud en forma integral’ (sic) de manera que no considero adecuado escindir, según lo entiendo procedente, las eventuales consecuencias posibles a la salud mental de la madre de llevar el embarazo a término; y limitar el criterio y la justificación legal a los casos en los que peligre, exclusivamente, la salud física de la mujer embarazada”, señaló la magistrada. Y agregó: “De acuerdo a las circunstancias expuestas, entiendo razonable inferir que X era víctima de alguna clase de abuso por parte del denunciante, quien también era su pareja y padre del no nato; y que por ello pretendía abortar la gestación, para lo cual, recurrió a sus coimputadas Y y Z para que éstas últimas, en su rol de médicas, la ayuden a llevar a cabo la labor de una manera segura para su salud física, sin dejar de lado tampoco, el peligro para su salud mental que la situación que se presentaba ante sus ojos demostraba. Asimismo, que Y y Z juzgaron la situación desde sus propias perspectivas, y decidieron ayudar a X, en la propia convicción que en el caso de no hacerlo, peligraría la salud mental de la madre”, dice en la sentencia.

La jueza aclaró que “no escapa” a su conocimiento que la mujer no hubiera denunciado los abusos de los cuáles habría sido víctima por parte de su pareja. Tuvo en cuenta el hecho de que familiares confirmaron el contexto de violencia machista que vivía en el marco de su pareja y que su madre le confió a una trabajadora social, que declaró como testigo en la causa, que su hija había intentado abortar con métodos inseguros. Además, la magistrada consideró que al tratarse la violación de un delito de instancia privada, es facultad exclusiva de la víctima denunciarlo. “No es posible exigirle a la embarazada que denuncie lo que no quiere denunciar para justificar el aborto que quiere concretar o que llevó a cabo a consecuencia de la acción de su agresor”, subrayó la jueza. Y apuntó que “de acuerdo a la sana crítica racional, existen elementos de prueba para suponer con fundamentos, y así lo entendieron las médicas imputadas en la causa al consignarlo expresamente en la historia clínica, que X fue víctima de una situación de abuso sexual por parte de su pareja que la posicionó en la situación especial descripta por el artículo 86 inciso 2° del Código Penal”. Ese inciso, en el cual encuadraron las médicas el aborto solicitado por la mujer, establece que no es punible cuando proviene de un abuso sexual o una violación. El inciso 1°, se considera legal la interrupción cuando el embarazo pone en riesgo para “la salud o la vida” de la mujer.

“Sea ese (el del inciso 2°) el encuadre legal adecuado, o aquél previsto por el inciso 1° de la misma norma cuando afirmé que a criterio de los médicos, peligraba la salud mental de X de llevarse a término el embarazo”, de acuerdo con el fallo FAL de Corte Suprema “los jueces tenemos la obligación de garantizar los derechos y que nuestra intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, ya que quedan exclusivamente reservados a lo que decidan la paciente y su médico”. En ese sentido, consideró que “debe tenerse en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia y los distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de la Organización de las Naciones Unidas que se citan en el precedente del máximo tribunal, los que dejan en evidencia la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro territorio y la eliminación de las barreras u obstáculos institucionales y judiciales que han impedido a la mujeres acceder a un derecho reconocido por la ley”.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal

domingo, 17 de julio de 2016

LAS MUJERES TIENEN "DUEÑO " EN BAHÍA BLANCA

Título original: Los “privados” mantienen vivo el negocio de la explotación sexual en Bahía.

** Nota al pie: REFLEXIONES






BAHÍA BLANCA. Una ordenanza de 2015 mandó a cerrar los cabarets, pero la actividad mutó un poco.

El 16 de abril de 2015 sonó con bombos y platillos la aprobación de la ordenanza de cierre de los cabarets. Fue el principio del fin, pero solo el principio. No existió desarrollo para enfrentar la problemática y, menos, final para la prostitución, como algunos pudieron creer, casi de manera utópica. Sí hubo cierta inacción y el servicio sexual -uno de los pilares que, según algunos especialistas en la materia, posiciona a Bahía Blanca como una suerte de capital de la trata de personas- mutó inevitablemente, porque la demanda no decreció.

Las casas de citas y los privados reemplazaron a los cabarets. Y no a todos. Otros siguieron funcionando con la persiana cerrada y en días no convencionales, como se pudo comprobar en Cat's (avenida Colón y Sixto Laspiur), que atendía domingos, miércoles y jueves, entre la 0 y las 8, para no despertar sospechas. O algunos de Ingeniero White (Kaos, Las Vegas o El Gran Chaparral), que para la fiscalía federal se mantenían con la "protección" de un prefecto en actividad.

Primer informe: http://www.lanueva.com/la-ciudad-impresa/871982/posicionan-a-bahia-blanca-como-la-capital-de-la-trata-de-personas.html


La ordenanza 18.164 estipulaba una autoridad de aplicación, un plazo de 120 días para revisar todas las habilitaciones otorgadas a ese tipo de locales, cuyos dueños debían presentar un proyecto alternativo de funcionamiento para ponerlo en marcha tres meses después y se debía conformar una comisión evaluadora y una oficina para contención de las víctimas. Casi nada de esto se hizo. Ni en el gobierno pasado ni en el actual.


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"La ordenanza tiene una parte altamente positiva y otra que no se cumplió. La primera se dio con la imposibilidad de renovar la habilitación, porque ya se vencieron los plazos y nadie volvió a solicitar nuevas habilitaciones de lo que se llamaba cabarets. La segunda parte, que todavía no se reglamentó, es la implementación del control de los privados y de las inmobiliarias que alquilan, con conocimiento de que en esos lugares funcionan casas de citas. Tampoco se conformó el cuerpo multidisciplinario para seguimiento del problema", opinó el fiscal Mauricio del Cero, encargado de causas conexas a la trata de personas.

Impulsora de la normativa, la concejala Miriam Iantosca le pidió al intendente Héctor Gay “que se ponga a la cabeza”, porque se vencieron todos los términos.




“Hice un proyecto dirigido al intendente para que se ponga a la cabeza, porque se cumplieron los plazos de la ordenanza y no se avanzó. Por ahora, son las organizaciones no gubernamentales las que estamos trabajando principalmente con el tema”, aseguró Iantosca, quien además de edil de Integración Ciudadana integra la ONG Bahía contra la trata.

La exconcejala Gisela Ghigliani, también clave en este envión y ahora en funciones en Salud municipal, reconoció que "la comisión todavía no está funcionando y falta articulación", aunque dijo que ya existen algunos nombres propuestos para conformarla. También admitió que la oferta sexual cambió y, a la par, "se están haciendo muchos más operativos".

A partir de la tarea de la ONG Bahía contra la trata -conformada por estudiantes de Derecho, muchos de ellos varones-, se pudo concientizar a una parte de la comunidad, a través de charlas en escuelas y reparto de folletería.

“En el mismo intercambio con los alumnos surgen datos importantes. Por ejemplo, en una de las escuelas descubrimos que otras tres chicas ya habían tenido contacto por las redes sociales con Jonathan Luna”, sostuvo Iantosca, quien afronta otro desafío: crear un observatorio. "No tenemos estadísticas en Bahía. Nadie mira qué pasa en la terminal de ómnibus, un punto clave, ni siquiera hay cartelería", declaró.

Para la abogada especialista Raquel Hermida Leyenda, en tanto, "sirve muchísimo" la ordenanza de cierre de cabarets, "porque en ese tipo de lugares es más fácil ocultar delitos".

"Es importante que la ordenanza le haya dado visibilidad a un problema que antes parecía naturalizado", admitió, por su lado, Del Cero.

Plano, “gatos” y rotación

Hasta el año pasado, el "mapa gatero", creado por el usuario guilleamadorpirata@gmail.com, ubicaba en el plano de Bahía Blanca al menos 24 privados. El portal, que aún hoy está vigente aunque no se actualiza, se ofrece como un servicio para los clientes, con referencias casi "de antología", como la de un local que existía en Luiggi al 500: "Buen lugar y buenas minas, labura 24 horas. Punto en contra, a veces te abre la puerta el fiolo, pero igual es piola". o Godzila Home, de Brown al 500: "No vale la pena ni gastar el dedo tocando timbre. Te afanan la billetera y, si no llevas, te afanan las medias".

"Para los que viven en Villa Mitre les queda cerca, pero por lo general son unas dominicanas entradas en kilos y años, algún trava y alguna paracaidista", era la insólita consigna para una casa de Remedios de Escalada al 400.

En la actualidad, muchos de los teléfonos de contacto publicados no contestan o no pertenecen a un abonado en servicio. De todas maneras, la oferta sigue vigente, cambia constantemente, así como rotan las chicas, los canales de contacto y los puntos de encuentro. Y hoy, varios de esos privados siguen bajo la lupa de los investigadores.

"No es una novedad que en el ambiente prostibular se distingue entre 'el dueño del privado' y el 'dueño de las mujeres'. Las mujeres tienen un dueño -salvo las independientes, que son una absoluta minoría- que las 'alquila' a los propietarios de privados, una suerte de 'mayoristas', porque el mercado del sexo exige rapidez y mano de obra, siendo un negocio extremadamente lucrativo", explicó Del Cero.

"Chicas que estaban en Diábolo, luego aparecieron en Tako's, de Punta Alta o las de El Regional, en el Chupacabras (Médanos)", amplió.

Esto mismo sucede con los privados. Y es muy difícil la recuperación total de las víctimas. En poco más de tres años, se rescataron en la ciudad y la zona a 106 chicas, la mayoría paraguayas y dominicanas, pero casi todas volvieron al "sistema". Sufren lo que se llama sindrome de Estocolmo, casi una ausencia de conciencia de su condición de explotada sexual. La necesidad económica es superior y las somete inconcientemente a proteger sus fuentes de trabajo y hasta a sus victimarios.

Pese a todo, existen relatos contundentes. Como el de M.A.R., en 2015, siendo prostituta en un local rosaleño: "...llegaba y hacía copas, pases, el 50% me corresponde nada más y si te dan propina los clientes, te sacan la mitad. Si faltás un día, así tu casa se esté prendiendo fuego, te cobran 200 pesos sin compasión..."


“Fiestas” para grandes y chicos

"Bomba", como se lo conoce a Fernando Mario Long, fue un precursor en la promoción de la prostitución sin ser proxeneta. En 2005 se motivó en la página Área Vip de Buenos Aires para crear Bahía Love, un portal de "clasificados" sexuales que -según él- llegó a tener 16 mil visitas diarias, lo cual denota el interés por el "servicio", que se disparó especialmente después de 2011, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández decretó la eliminación del "rubro 59" de los medios gráficos.

Long -quien en abril pasado fue condenado a 4 años de prisión, aunque actualmente está excarcelado-, cobraba entre 1.500 y 3.000 pesos a cada prostituta que (sola o a través de su "fiolo") promovía su cuerpo, con perfil de datos y fotos sugerentes. Como difundía las "prestaciones" de unas 70 mujeres, se especula que sus ingresos mensuales superaban cómodamente los 100 mil pesos. Cobraba la publicidad en los domicilios o mediante una cuenta bancaria a su nombre y, lo más llamativo del caso, es que tomaba los avisos de contenido sexual (se hacía llamar Gaspar) con el mismo celular que empleaba para alquilar su quinta, en el barrio Los Chañares, para fiestas infantiles. Por ser esa la única vía de contacto, seguramente se prestó más de una vez a confusión el tipo de "fiesta" requerida.

También tenían un sorprendente encuadre infantil las piezas del privado de Sarmiento al 200, desarticulado en 2015. Es que esa propiedad, anteriormente, habría funcionado como un jardín de infantes y las paredes de lo que fueran las salas para chicos aún conservaban grandes figuras ploteadas de superhéroes y dibujos animados, tal como se registró a través del video del allanamiento. Claro que no había mesitas y sillitas, sino luces tenues y camas de dos plazas.


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Dinero sucio (mucho) y... ¿protección?

Luis Daniel Contreras, exencargado del bar El Regional, en Láinez 2516, tendrá que ir a juicio en la órbita federal como facilitador de la prostitución en el local, que pertenecería al también procesado Roque Arturo Campo. En su declaración indagatoria, aún en el ámbito provincial, no reconoció los cargos en su contra, aunque se mostró casi como un "arrepentido" y ventiló detalles que dimensionan lo lucrativo del negocio.

Según su cálculo, para 2014, El Regional podría superar los 200 mil pesos de ingresos mensuales. “La recaudación era de unos $9.000 los viernes y los sábados podía llegar a $15.000; los días de semana, $3.000 o $4.000. Estas sumas son limpias, es decir descontados los gastos y lo que se le da a las chicas”, afirmó Contreras en el expediente judicial.

También dijo que gran parte del efectivo era guardado “en una cámara frigorífica que estaba cerrada con candado” y que todo lo que él cobraba lo anotaba en una planilla como "limpieza" o "servicio de limpieza". No aludió a una "protección" policial, aunque trascendió por otro lado que la noche del allanamiento en ese comercio se produjo un incidente entre efectivos de la Policía Federal, que llevaban adelante el operativo, y algún agente de la comisaría Cuarta, que tiene a su cargo la jurisdicción.

Una alternadora de Diábolo, que trabajó 5 años en el lugar, declaró que "cuando iba a haber un allanamiento, ellos (los dueños) sabían dos o tres días antes, ya que había un informante".

En otra causa judicial, a Carlos Alberto Sánchez, entonces regente del prostíbulo de Sarmiento al 200, se lo escucha hablar -en una intervención telefónica- con una bruja a la que consultaba permanentemente, porque "tenía temor" de que le "cayera" un allanamiento, debido a que "había estado  hablando con un policía (provincial), que le dijo que no le podía cobrar más". En una nueva escucha, en diálogo con Fernando Long, demuestra su "preocupación" por una supuesta reiteración de robos en los prostíbulos.

Infieren los investigadores que esto último se dio una vez que las fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) activaron los controles y profundizaron los operativos, y el "peaje" obligatoriamente desapareció. Obviamente que no hay denuncias en ese sentido, porque nadie puede reconocer que le robaron "plata sucia".

Según la OIM

Los tres actores que articulan el negocio

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene en claro que, según el reconocimiento de los propios actores, existen tres funciones en el negocio de trata y prostitución.

En primer lugar están los regentes de los prostíbulos donde se produce la explotación, quienes se comportan como propietarios del local incluso cuando no lo son. Es el tipo de tratante más visible y vulnerable a la persecución penal.


En segundo lugar figuran los proxenetas, "propietarios" de mujeres a las que explotan sexualmente. No cuentan con establecimientos propio sino que "alquilan" a sus mujeres a los regentes.

Por último, están los reclutadores cuya función es captar a las mujeres para su posterior explotación. Los reclutadores pueden trabajar de manera independiente, a cambio de una comisión por cada mujer captada para otro tratante, o en relación de dependencia para el regente de un prostíbulo.

Controles

Los tres encuadres de tipo jurídico

1 -Abolicionismo: Toda prostitución es una explotación del cuerpo del ser humano y la reglamentación de la actividad solo consigue perpetuar esta injusticia. Desde esta posición se penaliza al explotador, pero no a quien explota (es el caso de la Argentina).

2 - Reglamentarismo: el Estado asume el control de la actividad. Delimita los espacios públicos y privados, horarios y características. Identifica y registra la oferta con credenciales. Existe un sistema de control médico obligatorio y se identifican los centros clandestinos de comercio sexual (Holanda o Bélgica).

3 - Prohibicionismo: La represión penal alcanza a todos los involucrados. Los países que lo practican tienen como política tomar acciones policíacas ante cualquier oferta sexual, pública o privada, que implique retribución monetaria. Se pretende eliminar tanto la reglamentación como el ejercicio de la prostitución (Irán).

“No creo que sea la capital de la trata; se visibilizó el fenómeno”

Sin ánimo de entrar en polémicas, el fiscal Mauricio del Cero no consideró acertada la afirmación de que Bahía Blanca es la capital de la trata, tal como sostuvieron, en el primer informe de La Nueva. una funcionaria del Ministerio de Justicia y una abogada experta en la temática.

"Tengo una visión desde un ángulo diferente, de quien trabaja diariamente con delitos conexos (a la trata). La situación de Bahía no es distinta a la que ocurre en muchos lugares del país, solo que en nuestra ciudad se pide la asistencia de la oficina de rescate de las víctimas, eso le da visibilidad al fenómeno y, a partir de esa situación, se deduce que el problema es grave en Bahía, sin advertir que en otros lugares permanece oculto o tapado, porque no hay intervenciones", dijo.

En esa línea, calificó de "inédito" que en la ciudad existan -además de cinco fallos por trata en el fuero federal- seis condenas en delitos conexos en menos de dos años. "Y de lugares emblemáticos", agregó.

Señaló las sentencias contra Miguel Ángel "Sapo" Álvarez (Diábolo), Juan Carlos Alcaraz (El Pibe de Oro), Fernando Long (página de promoción sexual), Cristina Herrera de la Rosa (El Chupacabras, Médanos), Ubaldo Roque López (privado de Luiggi al 500) y Amelia Iris Travela (privado de Sixto Laspiur al 1500).

"Sí coincido con Zaida Gatti (titular de la oficina de Acompañamiento y Rescate de Víctimas del Delito de Trata, que consideró a nuestra ciudad como una zona roja) en que Bahía es una región militarizada, atravesada por una ruta nacional, como la 3, por todo el departamento judicial y con acceso a la Patagonia, y con al menos tres puertos. La realidad la configura de una manera diferente a una ciudad que no es portuaria", afirmó.

De todas maneras, insistió con que "no creo que Bahía sea la capital de la trata; se visibilizó el fenómeno a partir de los procedimientos judiciales".

Fuente: La Nueva

**Reflexiones: Esta ONg no adhiere la mirada que se vierte en esta nota sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en general y en particular con el trato hacia las mujeres que se pueden observar no sólo en palabras como en fotografías y los meta mensajes  , encuadre misógino y de des-trato hacia las mujeres, consideramos que se encuadra en lo que se denomina y sanciona la ley Nac. 26.485 " violencia simbólica y mediática", en la CEDAW y en la Convención de Belem Dó Pará.
 No obstante, consideramos necesario subirla al blogs  para vidibilizar la inercia en políticas públicas proactivas en materia político-social ante este flagelo.En la ausencia  de un Estado anómico - desde la persepectiva de las Ciencias Sociales -  y en políticas neoliberales como las que hoy estamos padeciendo son las Ong quienes, en definitiva,  se dedican - en su gran mayoría con escaso presupuesto - a problemáticas complejas en las cuales se están jugando situaciones de poder y crueldad todos los días sobre los cuerpos de las mujeres, de parte de estos machos que accionan de manera cuasi impune, subvertiendo subjetividades colectivas.
 

jueves, 14 de julio de 2016

ENORME POTENCIAL CONTRA EL MACHISMO

UNAS 200 ENTIDADES RECLAMAN LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
Organizaciones de mujeres, gremiales, universitarias y espacios académicos y políticos de todo el país expresaron su preocupación por el creciente recorte de personal y acciones del programa que depende del Ministerio de Educación Nacional.


Imagen. Gonzalo Martinez

“Para decir Ni una menos, hay que defender la Educación Sexual Integral.” Con esa consigna, casi 200 entidades de mujeres, gremiales, estudiantiles, universitarias, espacios académicos y agrupaciones políticas de todo el país expresaron su preocupación por la situación de precariedad laboral en la que se encuentran las y los trabajadores del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que depende del Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich. Y exigieron la continuidad de las acciones que venía desarrollando el programa, las únicas de alcance nacional dirigidas a prevenir embarazos no deseados en la adolescencia, el abuso sexual infantil y los noviazgos violentos.



“Esta política es una conquista de las organizaciones sociales que promueven la igualdad de género y tiene un enorme potencial para construir un sistema educativo que busque reflexionar y combatir el machismo de nuestra sociedad”, advirtieron a través de un documento conjunto, que se difundió en las últimas horas, y que lleva la firma, entre otras referentes de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, y de la socióloga Eleonor Faur, dos de las especialistas convocadas en su momento durante la gestión del ex ministro Alberto Sileoni, para elaborar los lineamientos básicos sobre los cuales se redactaron los contenidos mínimos curriculares de la ESI, para cada nivel educativo. También lo suscribieron la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso; la directora del Conicet, Dora Barrancos; La Colectiva Ni Una Menos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista (PAR), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y áreas de género y de diversidad de varias universidades nacionales, entre tantísimas adhesiones.

El documento advierte que el jueves 30 de junio el jefe de gabinete del Ministerio de Educación y Deportes, Diego Marías, comunicó que en julio no se renovaría la contratación de más de un centenar de trabajadoras/es que estaban empleadas/os de forma precaria y tercerizada en distintos programas, muchos/as de los cuales hoy están prácticamente desmantelados. De las/os 15 trabajadoras/es que sostienen hace años las acciones del Programa ESI, a cinco les comunicaron que sus contratos “no serían renovados sin justificativos válidos, lo que da cuenta de una voluntad de vaciamiento y desinterés frente a un programa que requiere de esos puestos para llegar a todas las escuelas del país y atender la enorme demanda que esta política requiere”, señala el documento. En la última semana, tal como informó este diario, desde el Ministerio se asumió el compromiso de renovar por solo dos meses los contratos de esas cinco personas inicialmente despedidas. Pero solo tres aceptarían continuar con esas condiciones de renovación contractual que no ofrece una solución de fondo. “Desde diciembre de 2015 que las actividades se desaceleraron abruptamente y aún no se imprimieron materiales ni se transfirieron fondos específicos a las provincias”, denuncia en documento.

En diálogo con Página/12, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, destacó que las acciones que se vienen desarrollando desde el Programa de ESI son la única política de alcance nacional para prevenir la violencia machista.

Consultada por este diario, la decana de Filosofía y Letras de la UBA recordó por qué fue necesaria una ley de ESI. “La educación –explicó Morgade– nunca fue ajena a cuestiones de la sexualidad, los géneros y los cuerpos, simplemente porque toda educación por acción u omisión es sexual. Siempre estamos hablando desde y a cuerpos sexuados. Pero había un silencio sistemático en relación con algunas temáticas particularmente sensibles con la perspectiva de género y las mujeres, y no solo había silencio, sino que las prácticas consuetudinarias y establecidas tendían –y tienden aún– a reproducir ciertos modelos, imágenes estereotipadas, como son las que predominan de las identidades femeninas y las masculinas. La ESI habla de la dimensión del conocimiento, del disfrute, del placer y también del padecimiento, la violencia, que en los últimos tiempos y en particular con los femicidios, fue tomando una visibilidad cada vez mayor”, detalló.

–¿Por qué es importante que el programa de ESI continúe? –le preguntó este diario.

Porque esta mirada que parte de reconocer que existen cuerpos, requiere una formación sistemática de docentes, porque no la han tenido en su formación de base. Y porque el programa de ESI está pensado como una política transversal y eso significa que en todas las áreas curriculares y en todos los niveles educativos, hay que enseñar alguna dimensión de esa construcción social del cuerpo, desde la historia, la lengua y literatura, la biología, la educación física, el arte. Este proyecto está en plena construcción.

El documento firmado por más de 200 organizaciones de diversos ámbitos y más de un centenar de referentes de la educación, la investigación, los gremios y el activismo por los derechos de las mujeres y la diversidad advierte que “este avance del gobierno de Cambiemos contra esta política pública de vital importancia para el combate del machismo se da en el marco de un sistemático desmantelamiento y desfinanciamiento de programas nacionales comprometidos con la inclusión educativa, y con las demandas de los movimientos de mujeres y LGBT”. Y recuerda: “Ya contamos con el antecedente de la gestión de Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, caracterizada por una progresiva disminución del presupuesto para ESI, así como también la exclusiva tercerización de las tareas en manos de ONG”.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal 

miércoles, 6 de julio de 2016

VIOLENCIAS: ALGUNAS CIFRAS PARA LA VERGÜENZA

Cuando desde el feminismo denunciamos cualquier tipo de violencia machista, y que van desde las actitudes micromachistas cotidianas como llamarte por un genérico "mari" o "niña" hasta asesinatos de mujeres y niñas, siempre se nos tilda de exageradas y de buscar agujas en pajares para cuestionar el orden establecido. Y no hay duda de que este tipo de reacciones ante nuestras denuncias comporta una justificación del patriarcado puro y duro.







Pero ahí están las cifras para la vergüenza que justifican descaradamente nuestras denuncias ante un patriarcado que utiliza todos los medios para mantenerse vivo. Aunque ello suponga cambiar algunas cosas para que nada cambie.

Hoy sólo voy a dar algunas cifras y datos para la reflexión y intentar demostrar que nuestras palabras están sobradamente justificadas.

Si tenemos en cuenta que según fuentes del Ministerio del Interior, sólo en 2015 fueron violadas en el Estado Español mil ciento veintisiete mujeres y apenas se habla de ello en los medios, nos encontraremos de nuevo con esos silencios cómplices a los que tan acostumbradas nos tiene el patriarcado.

Y es que hablar de violencia sexual hacia las mujeres implica hablar de hombres agresores, violentos e incluso asesinos y de eso cuesta hablar. Con cada agresión sexual se impone el orden patriarcal. Y con cada silencio impuesto o auto impuesto se alimenta y se justifica ese orden criminal para con las mujeres. Pero sigamos con las cifras oficiales.

Según los datos ofrecidos esta misma semana por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referidos al primer trimestre del año en curso, en el Estado Español trece de cada diez mil mujeres han sido víctimas de violencias machistas por parte de sus parejas o exparejas. O lo que es lo mismo más de treinta y dos mil mujeres han sido víctimas violencia de género sólo en el primer trimestre. Insisto en que son cifras oficiales.

Según vamos viendo cifras podemos comprobar que las feministas no exageramos cuando seguimos denunciando que se nos agrede y se nos asesina cada día pero que eso parece no importar demasiado a quienes se siguen peleando por gobernarnos pero sin tenernos en cuenta más que para cumplir la vigente ley de igualdad.

Vamos con la brecha salarial de género

Según el Informe Mundial de Salarios 2014/2015 de la OIT en España los salarios cayeron un 1’5% en 2013 mientras que en el mundo subieron un 2%. Según dicho informe, el Estado Español es, entre los países desarrollados, el estado en donde más han crecido las desigualdades salariales por razón de género. Alguna cosa habrán tenido que ver en este aumento de la desigualdad las dos reformas laborales de los años 2010 del PSOE y 2012 del PP cuando nos dejaron a la clase trabajadora en general y a las mujeres trabajadoras en particular a los pies de los caballos. Y como capitalismo y patriarcado van de la mano, seguimos siendo las mujeres quienes nos llevamos la peor parte como venimos comprobando (y sufriendo) históricamente.

Y si con estos tres ejemplos de cifras oficiales espeluznantes no fuera suficiente, ahora pasamos a las cifras no oficiales que todavía son más horrorosas.

Según el portal www.feminicidio.net, en el primer semestre del 2016 han sido asesinadas 48 mujeres y niñas y un hombre como consecuencia de las violencias machistas.

Y ante tanta cifra desgarradora, yo me sigo preguntando ¿Cómo es posible que la semana pasada hubiera elecciones generales y sólo se dedicaran 26 segundos de un debate televisivo a hablar sobre las violencias machistas? Pues así actúa el patriarcado.

Y que conste que estas cifras tanto las oficiales como las no oficiales y que son una vergüenza, se producen en un Estado teóricamente avanzado y moderno como lo es el Estado Español. No quiero ni imaginar cómo serán las cifras en estados en donde no existe democracia o donde las mujeres apenas tienen derechos. O cómo serán tratadas las miles de mujeres y niñas refugiadas. O las mujeres y niñas secuestradas por los salvajes del Estado Islámico. O las mujeres afganas bajo dominio de los salvajes talibanes. O las mujeres de México usadas como moneda de cambio de los narcotraficantes. o las que viven conflictos armados en demasiados lugares de África.

No quiero ni pensar en el dolor y el miedo que deben sentir en sus vidas y cada uno de los días.

Son cifras para la vergüenza y pasan inadvertidas. Situaciones que el patriarcado se encarga de normalizar para que dejen de escandalizar y por tanto dejen de ser extraordinarias para pasar a ser ordinaras. Pero no lo son. En ningún caso lo son ni pueden serlo. Y de vez en cuando como hoy, hay que parar y revisarlas y reflexionar sobre ellas para decir alto y claro que nunca unas cifras como las mostradas pueden ser normales. En ningún caso la desigualdad, las violaciones o los asesinatos de mujeres pueden ser normales.

Quienes directa o indirectamente lo permiten por su acción o por su omisión son culpables de fomentar sociedades profundamente injustas e insolidarias. Y también permiten que el patriarcado y toda su maquinaria se retroalimente para profundizar en las desigualdades que nos afectan y que deberían ser corregidas y nunca aumentadas.

A todas las personas que permiten que el patriarcado se perpetúe con sus silencios cómplices o sus actitudes les acuso de todos y cada uno de los asesinatos de mujeres y niñas y de todas y cada una de las cifras de la vergüenza que aquí he expuesto y de las que se siguen produciendo cada día.

En días como hoy siento la necesidad de decir alto y claro que quien no combate al patriarcado con todas sus fuerzas es su cómplice directo. Y yo no quiero ser cómplice de un sistema opresor y asesino.

Fuente  AmecoPress. - Por Teresa Mollá Castell

WOMEN´S LINK DENUNCIA A LA COMISIÓN EUROPEA POR VULNERACIONES DE GÉNERO, DDHH DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La queja recoge las vulneraciones que sufren las mujeres refugiadas a vivir una vida digna, a vivir libres de violencia, a acceder a protección internacional, incluyendo el asilo, al acceso a servicios de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y a la libertad de movimiento.




La organización Women’s Link presentó una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo en la que denuncia a la Comisión Europea por no proteger los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que intentan entrar por sus fronteras o que están ya instalados en su territorio, específicamente los de mujeres y niñas. 


La queja afirma que la Comisión Europea violó el marco normativo de la UE, así como sus principios y valores, al no realizar un análisis del impacto que el Acuerdo entre la UE y Turquía tiene sobre mujeres, niñas y niños. En la práctica, la Comisión está permitiendo la violación sistemática de los derechos de los colectivos más vulnerables, tal y como ha podido documentar la organización en dos misiones realizadas a Grecia y Turquía recientemente.

“Con este tratado, la Comisión Europea, y Europa en su conjunto, está haciendo dejación de sus funciones más básicas en la defensa de los derechos humanos. Pretenden mirar hacia otro lado cuando estamos viviendo la crisis de refugiados más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La declaración de Turquía como ‘tercer país seguro´, sin ninguna valoración sobre las consecuencias sobre mujeres y niñas es una receta catastrófica para la violación de sus derechos. No existe el concepto de ‘país seguro’ a menos que se analice caso por caso y eso no está ocurriendo”, afirma Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link.

Es la primera vez que se presenta una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo con un análisis diferencial sobre las consecuencias que el Acuerdo tiene para mujeres y niñas y niños refugiados. En la queja se expone que si la Comisión hubiera realizado un análisis del impacto sobre los derechos humanos que tienen sus políticas y acciones, y principalmente el Acuerdo con Turquía, hubiera evitado las dramáticas situaciones que hoy en día están viviendo los miles de personas refugiadas, y en particular las mujeres, niñas y niños, en territorio europeo.

La queja, presentada el pasado 21 de junio, denuncia que la Comisión Europea no ha tenido en cuenta ni ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho a la dignidad de las personas migrantes y solicitantes de refugio. Women’s Link ha comprobado las extremadamente precarias condiciones de alojamiento, alimentación, aseo, iluminación y seguridad en que se encuentran las personas en los centros de detención y en los asentamientos informales, y principalmente las mujeres, niños y niñas. El acceso a servicios de salud es mínimo, las mujeres embarazadas no están recibiendo tratamiento médico adecuado y tampoco hay asistencia médica para bebés recién nacidos y niños pequeños, que se encuentran expuestos a múltiples enfermedades.

Estas condiciones colocan a mujeres, niñas y niños en riesgo de sufrir violencia por parte de autoridades y población local, de violencia y abusos sexuales, y los hace aún más vulnerables a las redes de tráfico y a las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

El acceso al procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo que hay para recurrir y apelar impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.

“Es inadmisible que la Comisión siga actuando como si estas personas no estuvieran también bajo su responsabilidad. Esta queja contra la Comisión Europea es una llamada de atención para que pongan a las personas por encima de los intereses económicos y políticos y para que apliquen todos los tratados y directivas sobre derechos humanos, derechos de mujeres y de la infancia que ha adoptado la Unión Europea”, concluye Waisman.

La voz de las mujeres y de las organizaciones

Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de un millón de personas han llegado a Grecia desde principios de 2015, mayoritariamente personas refugiadas de Siria, Irak y Afganistán.

El 85% de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que han llegado a Europa han desembarcado en Grecia. En estos momentos la llegada por mar de mujeres y niños a Grecia supone el 60% del total. Mientras que en el año 2015 el 70% de la población que llegaba eran hombres. Esto supone que más mujeres, niñas y niños ponen en riesgo sus vidas y están en situación de mayor vulnerabilidad tanto en el tránsito migratorio como cuando llegan a Europa. El 38% de las personas migrantes que llegaron a Grecia hasta enero de 2016 eran niños.

Somod (nombre ficticio), mujer Siria de 50 años, viuda y con seis hijos, se encuentra en el puerto del Pireo en Grecia: “No duermo por las noches. Me siento en una silla afuera, vigilando las tiendas de mis nueras y mis hijos, para que nadie entre y les haga daño. Este no es un lugar seguro. Los afganos, que están al otro lado de la carretera interna del puerto, se emborrachan y pasan a nuestra parte merodeando para meterse en las tiendas de las mujeres. Yo soy responsable de toda mi familia”. Testimonio recogido por Women’s Link Worldwide durante su investigación.

Reem, mujer siria de 20 años que viajaba con su primo de 15 años, afirmó: “Nunca quise dormir en las instalaciones. Tenía demasiado miedo de que alguien me tocara. Las tiendas eran mixtas y fui testigo de escenas de violencia. Me sentía más segura mientras nos desplazábamos, especialmente en autobús, el único lugar donde podía cerrar los ojos y dormir. En los campamentos hay muchas probabilidades de que te toquen, y las mujeres realmente no pueden quejarse, porque, además, no quieren causar problemas que perturben el viaje.” Amnistía Internacional (2016). Las refugiadas sufren agresiones físicas, explotación y acoso sexual al atravesar Europa.

“Me gustaría que un hombre nos acompañara al baño pero no hay ninguno. Mi mayor miedo es el largo camino que hay que hacer hasta el baño y tengo miedo por mi seguridad”, nos cuenta una mujer Siria de 36 años que está en el campo de Vathi en Samos. Otra mujer afgana de 27 años añade “la situación es muy complicada en las duchas de mujeres. No hay cortinas pero no tenemos otra opción más que bañarnos sin cortinas. Si hay otras mujeres están en las duchas me siento más segura”. Human Rights Watch (Mayo 2016). Greece: Refugee ‘Hotspots’ Unsafe, Unsanitary.

“Muchas mujeres y niñas viajando solas están completamente expuestas, sin el apoyo de sus familias o comunidades que las protejan”, dijo Vincent Cochetel, Director del ACNUR para Europa. “E incluso aquellas viajando con su familia son frecuentemente vulnerables al abuso. Con frecuencia no se reportan los crímenes y en consecuencia no reciben el apoyo que necesitan. Incluso algunas mujeres nos han dicho que se han casado por desesperación”. ACNUR (2016). Este informe advierte que las mujeres refugiadas en continuo movimiento en Europa están en riesgo de violencia sexual y de género.

Fuente y foto: Amecopress. 

martes, 28 de junio de 2016

LxS ADOLESCENTES Y LAS REDES SOCIALES

CUATRO DE CADA DIEZ SE ENCONTRARON CON ALGUIEN QUE HABIAN CONOCIDO EN LA WEB

Casi la mitad configura su perfil de manera abierta. Y el 80 por ciento dice haber vivido al menos una experiencia negativa. Son datos de un estudio presentado por Unicef sobre el uso de Internet por parte de jóvenes de entre 13 a 18 años. Los riesgos, la familia.


Imgen: Corbis


Seis de cada diez de los más de 13 millones de niños, niñas y adolescentes argentinos “se comunican usando celular”, mientras que “ocho de cada diez usan internet”, de manera tal que “la tecnología atraviesa su existencia e impacta en sus modos de conocer, expresarse, divertirse y comunicarse”. Los datos fueron dados a conocer por María José Ravalli, especialista en Comunicación de Unicef argentina, al presentar el estudio “Kids Online/ Chic@s Conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes en internet y redes sociales”. En Argentina, donde el estudio se hizo entre agosto de 2015 y abril de 2016, se procesaron más de mil entrevistas a jóvenes de entre 13 y 18 años. Ocho de cada diez entrevistados dijeron haber vivido al menos una situación perturbadora, el 37 por ciento de ellos por la exposición de imágenes obscenas o pornográficas. Y casi el 40 por ciento se encontró cara a cara con alguien que había conocido en la web.

El trabajo forma parte de la iniciativa Global Kids Online (GKO), que busca “fortalecer el conocimiento sobre el acceso, oportunidades, riesgos y seguridad de niños, niñas y adolescentes en relación con los medios sociales e Internet”. Las entrevistas incluyeron grupos focales con chicos, chicas, padres y madres.

Ravalli destacó que “para los chicos y chicas, los medios digitales son un modo habitual de comunicación y de interacción con el mundo” a través de actividades tales como “chatear, jugar en línea, buscar y compartir información y contenidos”. Se trata de “acciones cotidianas en sus vidas y, en definitiva, del ejercicio de su ciudadanía digital”. La mayoría se conecta a Internet por medio del celular, utiliza las redes sociales para intercambiar mensajes con amigos y en un 80 por ciento de los casos usa la red para hacer tareas escolares. El estudio indagó sobre “el acompañamiento en la web que dan las familias y las situaciones de riesgo” en el mundo online.

La iniciativa Global Kids Online (GKO) es impulsada por la Oficina de Investigación de Unicef; The London School of Economics y la Unión Europea KidsOnLine. Según el trabajo, el promedio del primer ingreso a la web es “a los 11 años, una edad que está en descenso y varía según el nivel socioeconómico de las familias”. Si bien más de la mitad de los entrevistados de entre 13 y 15 años accedió a Internet entre los 7 y los 11 años, “entre los chicos de nivel socioeconómico alto el ingreso es a partir de los 7”.

Uno de los capítulos del estudio indaga sobre las experiencias negativas que les tocó vivir a los chicos en Internet. Ocho de cada 10 entrevistados vivió al menos una situación perturbadora como la exposición a imágenes obscenas/pornográficas (37 por ciento); de violencia (24 por ciento); bullying o maltrato (20 por ciento), y discriminación por distintos motivos (13 por ciento). Mientras tanto, uno de cada tres entrevistados recibió mensajes desagradables e hirientes por Internet en los últimos 12 meses.

La pregunta fue cuáles son las acciones que realizan los chicos cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Las respuestas fueron las siguientes: boquean a la persona que los perturba (65 por ciento); elimina sus mensajes (58 por ciento); ignora el problema (54 por ciento); tratan de que la otra persona lo deje en paz (51 por ciento). Sólo el 10 por ciento quiso vengarse. Muchos adolescentes manifestaron conocer gente a través de las redes sociales, aunque no todos acceden a un encuentro presencial con una persona conocida exclusivamente por esa vía.

Sí lo hizo el 38 por ciento de los entrevistados, que se encontró en los últimos 12 meses cara a cara con alguien que conoció primero por Internet. En esos casos, hay cierto consenso entre los jóvenes en que se deben tomar recaudos como pautar el encuentro en lugares públicos, en horarios diurnos, acompañados por un amigo o incluso por los padres.

El 56 por ciento de los adolescentes entrevistados que ve o experimenta algo en Internet que le molesta lo habla con un amigo. El 30 por ciento lo hace con alguno de sus padres, el 25 por ciento con algún hermano, el 24 por ciento con un adulto en quien confía y el 9 por ciento con un profesor. Casi el 70 por ciento de los chicos y las chicas cree que sus padres saben entre “más o menos y nada acerca de sus actividades en Internet y subestiman la necesidad de diálogo porque creen que sus padres redundan en cuestiones básicas que ya conocen o consideran que pueden aportar poco porque saben menos que ellos”. De todos modos, dicen acudir a la familia “ante situaciones de gravedad”.

Casi la mitad (47 por ciento) de los adolescentes que utilizan redes sociales configuran su perfil de manera que todo el mundo pueda verlo, mientras que el 33 por ciento la configura de manera que solo sus amigos lo puedan hacer. El aspecto polémico del fenómeno de la privacidad del perfil también fue un emergente en los focus group de adolescentes, y ambas investigaciones coinciden en que tal configuración depende en gran medida de la red social de la que se hable.

Los usuarios de Twitter son los que más configuran su perfil de manera pública (62 por ciento), seguido por los de Facebook (47 por ciento) e Instagram (41 por ciento). Los varones son los que mantienen su perfil público en mayor proporción y en lo que se refiere a la edad, los usuarios de menor rango etario (13 a 15 años) son los que mayormente configuran el perfil de forma pública en 4 puntos porcentuales más que los adolescentes de 16 a 18 años. Quienes configuraron su perfil de manera pública dijeron que lo hacen buscando obtener mayor cantidad de amigos, seguidores o likes, dato que habla de la necesidad de tener “popularidad”.

El informe señala que “a pesar de ser este un aspecto controversial, parece existir cierto consenso en que no todo lo que se sube a las redes debiera tener el mismo grado de privacidad”. De todas maneras, los consultados opinaron que no es lo mismo “compartir públicamente un número teléfono celular, la composición familiar o la ubicación de la esquina de la propia casa, que una foto con amigos”.

Bajo esta lógica “sería esperable que un perfil en Instagram o Twitter, por ejemplo, estuviera configurado de manera pública”. Dicho por los entrevistados “Instagram y Twitter da igual” porque “no hay posibilidad de tanto robo de identidad”. Una joven del grupo de entre 15 y 17 años, señaló: “Yo tengo todo público menos Facebook que es privado”.

Entre los padres, hubo respuestas heterogéneas ante la consulta sobre la configuración de privacidad del perfil en las redes sociales de sus hijos. Algunos dijeron saber “con seguridad que el perfil es privado, otros que es público” y otros no pudieron dar ninguna precisión. En general, “solo conocían el comportamiento en Facebook e ignoraban cómo habían configurado la privacidad” en otras redes sociales.

El 51 por ciento de los chicos y chicas usa Internet “todo el tiempo” y un 20 por ciento “más de una vez al día”. El 96 por ciento utiliza Facebook o Twitter, y el 82 por ciento utiliza WhatsApp. El 93 por ciento busca información en la red a través de Google o Yahoo! y el 80 por ciento usa Internet para hacer tareas escolares.








LA PROPUESTA DE UNICEF

Formar en la web

“Nosotros propiciamos una política nacional de alfabetización digital y mediática porque entendemos que es una herramienta indispensable para el acceso equitativo a la información y al conocimiento”, le dijo a Página/12 María José Ravalli, especialista en Comunicación de Unicef. En ese sentido, señaló que “una de las actividades destacadas por los adolescentes en las entrevistas es la visualización de videos en plataformas como Youtube, pero es baja la cantidad de chicos que estén capacitados para producir blogs, programar una página web o editan contenidos producidos por otros”. La recomendación de Unicef tiene por objetivo “expandir la formación en competencias vinculadas a la programación y a la producción de contenidos multimedia”.

Además de la “alfabetización digital”, Unicef propicia políticas públicas para “la inclusión digital, teniendo especialmente en cuenta a aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad, como los niños indígenas, los migrantes, los que están en situación de pobreza, los que viven en zonas rurales o tienen algún tipo de discapacidad”.

Ravalli consideró que es preciso instrumentar “una política nacional de alfabetización digital y mediática” que promueva la inclusión social porque hoy “los datos del acceso a los medios digitales señala una relación de dos por uno entre los sectores altos y medios en relación con los sectores de menor nivel económico”. Sostuvo que es una “política a desarrollar porque no se está aplicando en el sistema educativo y esto representa un verdadero desafío para la formación equitativa de niños y jóvenes en las 24 provincias”. Advirtió que para ello será necesario “avanzar en la provisión de equipamiento y planes de estudio”.

La experta de Unicef resaltó que la formación de los chicos y adolescentes “para poder afrontar con mayor conocimiento los riesgos y al mismo tiempo podrán tener acceso pleno a todos los beneficios que ofrecen los medios digitales para la formación de los jóvenes”. Unicef aboga también por “la concientización de las familias y de la opinión pública, en forma periódica y mantenida en el tiempo”.

En pos de ese objetivo de concientización, el estudio se presentó junto con una serie de videos producidos por la agencia Siete Peces que incluyen testimonios de figuras del espectáculo sobre sus experiencias en el uso de la tecnología junto a sus hijos. Ravalli afirmó que buena parte de los adultos “tienen una presencia que en muchos casos no va mucho más allá de aconsejar ‘no uses internet a la hora de la cena’ y es necesario la construcción de una conciencia que lleve a evitar los riesgos, pero al mismo tiempo al aprovechamiento pleno de todos los beneficios que ofrece el ecosistema digital”.

Pedido por el caso de Micaela

Un fiscal de Bahía Blanca solicitó la prisión preventiva del hombre detenido por el crimen de Micaela Ortega, la niña de 12 años que fue golpeada y estrangulada cuando fue al encuentro de su asesino, quien la engañó a través de la red social del Facebook haciéndose pasar por una chica, en esa ciudad bonaerense. El requerimiento fue realizado por el fiscal Eduardo de Lucía a la jueza de Garantías 1 de Bahía Blanca, Gilda Sthempelet, quien cuenta con un plazo de cinco días para definir la situación de Jonathan Luna (28), acusado de los delitos de homicidio calificado por haber sido cometido por alevosía, para procurar impunidad y habiendo mediado violencia de género, y captación de menor por medios tecnológicos con fines sexuales y robo. “Tenemos elementos suficientes para pensar que Luna es el autor del hecho y, por la gravedad de la pena que tiene en expectativa y porque ha sido declarado rebelde y tenía pedido de captura y condena anterior, pensamos que se puede fugar, por lo que pedimos que esté detenido hasta el juicio”, explicó el fiscal.

Una campaña para prevenir

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la campaña “L@s chic@s y las redes”, a través de la cual busca concientizar acerca de las precauciones que hay que tomar a la hora de utilizar Internet. La campaña está dirigida a chicas y chicos, pero también a adultos, describe consejos básicos que pueden aplicarse cada vez que se ingresa a una red social, como configurar las opciones de privacidad o no usar la cámara para chatear ni compartir datos o fotos íntimas con desconocidos, y llama a tomar conciencia de que reenviar información privada de los demás puede resultar un perjuicio.

El Facebook del organismo (www.facebook.com/mptutelar) estará abocado a subir información sobre grooming, sexting, malware y ciber acoso. La campaña incluye el número 0800 12 ASESORÍA (27376), una línea telefónica gratuita y confidencial de orientación y asistencia por los derechos de niñas, niños y adolescentes y de personas con padecimiento en su salud mental.

Fuente: Página 12 .
Título original: Radiografía del vínculo entre los adolescentes y las redes